Época: Novena Época
Registro: 160714
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a. CCXXV/2011 (9a.)
Página: 193

AGRAVACIÓN DE LA PENA BASADA EN LA CALIFICACIÓN “PERSONA CONFLICTIVA PARA LA SOCIEDAD”. EL ARTÍCULO 353, INCISO F, DE LA LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE LO PREVÉ, ES INCONSTITUCIONAL.

El artículo 353, inciso f), de la legislación mencionada, resulta contrario a la lógica del derecho penal de acto, protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que permite establecer, como agravante de la pena, que el inculpado “tenga antecedentes de ser persona conflictiva para la sociedad, según informes que proporcionen al respecto las autoridades policiacas.” En efecto, la autorización que el legislador otorga al juez para tomar en cuenta la calificación de la personalidad por parte de una autoridad administrativa, viola el artículo 14 constitucional, porque permite graduar la pena en función de una etiqueta y no en razón de la comisión de la conducta típica, antijurídica y culpable, por la que deba ser sancionado, en su caso. Esto es, el reproche no obedece a la ejecución de una conducta prohibida penalmente, sino al tipo de persona que un órgano administrativo estima que es. Ahora bien, el término “conflictivo para la sociedad” carece de cualquier significación jurídica, su grado de indeterminación permite al juez fundamentar la decisión en categorías provenientes de fuentes no jurídicas de producción normativa, como puede ser la racionalización subjetiva o el mero determinismo. Por otro lado, la norma referida viola los artículos 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de ellos, al permitir que la pena recaiga sobre la personalidad, cuestión opuesta a la intención de la reforma penal del dieciocho de junio de dos mil ocho, que abandona la visión correccionalista de la sanción para optar por un régimen de reinserción (ya no de readaptación). El segundo precepto constitucional se ve transgredido porque la norma autoriza que la estigmatización de la persona como “conflictiva” tenga consecuencias adversas en la punición, generando con ello una pena inusitada.

Amparo directo en revisión 1562/2011. 24 de agosto de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.