Época: Novena Época
Registro: 165412
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Enero de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: I.4o.C.247 C
Página: 2209

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS. POR REGLA GENERAL NO AFECTA EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN.

Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo cuando sus efectos o consecuencias afectan directa e inmediatamente derechos fundamentales del gobernado, tutelados en la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Un acto reclamado no es susceptible de conculcar directamente el derecho a la jurisdicción consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si ordena la reposición de las actuaciones necesarias del procedimiento para hacer posible y oportuno el desahogo de una prueba, porque tal derecho a la jurisdicción se integra con distintos elementos, como son: la completitud, la imparcialidad, la prontitud, así como el apego a los plazos y términos que fijen las leyes. Los elementos desglosados se encuentran expuestos con vocablos de gran generalidad y abstracción, que son además de carácter relativo, especialmente el concepto prontitud, por lo cual requieren un desarrollo y precisión en la legislación secundaria, de modo que difícilmente podía existir un caso en que se violara directamente alguno de estos imperativos constitucionales, sino que su transgresión sólo se dará de manera indirecta a través del incumplimiento de las leyes ordinarias. Por otra parte, la satisfacción de los valores tutelados con el derecho a la jurisdicción sólo queda satisfecha con el cumplimiento concurrente de todos sus elementos, de modo que no resulta jurídicamente factible, como por ejemplo, privilegiar la prontitud de una decisión judicial, frente a los términos previstos por la ley para llegar a la decisión; esto es, no tendría validez un fallo judicial hecho con gran celeridad, pero con violación de las formalidades esenciales del procedimiento; de modo que la prontitud hace referencia al menor tiempo posible para resolver un litigio con apego a la normatividad procedimental y sustantiva que resulte aplicable.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 177/2009. Armando García Paz. 9 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Rubén Darío Fuentes Reyes.