Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2002662
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Penal, Común
Tesis: I.2o.P.18 P (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2234
Tipo: Aislada

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE LA PREVÉ SÓLO A FAVOR DEL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN JUSTIFICADA AL DERECHO DE IGUALDAD PROCESAL DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO (MAYORES DE EDAD).

El artículo 1o., párrafo primero, constitucional, en concordancia con los numerales 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, II y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, prevén el derecho de igualdad de trato ante la ley y su vertiente de igualdad procesal de las partes. En materia penal, además, en congruencia con dicha prerrogativa, el numeral 20, apartado B (antes de su reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho) y actualmente C, de la aludida Norma Fundamental, dispone que a la víctima u ofendido se le reconoce la calidad de parte en el proceso criminal, a fin de otorgarle determinados derechos que equilibren su intervención en el mismo en comparación a la del imputado. Ahora bien, en términos del actual precepto 1o., párrafo segundo, de la Carta Magna, todo derecho fundamental debe interpretarse atendiendo su más amplia protección, sin embargo habrá casos en que sea factible su limitación, pero no de manera arbitraria, según lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), intitulada: “RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.”. Pues bien, conforme a tal criterio, se advierte que la limitación que el aludido artículo 76 Bis, fracción II, impone al derecho de igualdad procesal, al prever que la suplencia en cuestión sólo opera a favor del imputado, está justificada porque: a) en la propia Constitución no sólo no existe prohibición alguna en cuanto a que no pueda restringirse aquella prerrogativa, por el contrario, se advierte factible conforme a su artículo 107, fracción II, antes de su reforma de seis de junio del año próximo pasado, incluso considerando el actual contenido de la misma y de la diversa fracción III, inciso a), pues dicha norma remite a la ley secundaria para que ahí se regulen (principio de reserva de ley) los casos en que pudiera proceder la suplencia de que se habla, esto es, permitió la posibilidad de fijar límites en ese aspecto procesal; b) el imputado y la víctima u ofendido (mayor de edad) no están en igualdad de circunstancias, dado que estos últimos pretenden que al imputado se le enjuicie y a la postre condene, generalmente con pena privativa de la libertad, a fin de obtener la reparación del daño en los casos que proceda. En tanto que el inculpado o “reo”, trata de preservar el principio de presunción de inocencia, en el caso de que proceda prisión, que es en la mayoría de los casos, diferencia que conduce a determinar que no están en igualdad de condiciones, pues de la ponderación entre tales derechos, debe decirse que la inocencia y la libertad de las personas, específicamente ambulatoria (una de las prerrogativas más preciadas), son de mayor peso que la reparación del daño, que finalmente redunda en lo económico; de ahí que la restricción de la suplencia de la queja en las condiciones anotadas se advierta necesaria e idónea para mantener el equilibrio entre las partes en cuanto a los conceptos de violación o agravios que esgriman en defensa de tales derechos; y, c) tal restricción es proporcional, pues es tendente a la protección del derecho de libertad del inculpado y su inocencia, en la medida en que aquélla sólo procede respecto de éste, porque las últimas prerrogativas en cita, se insiste, son de superior valía en comparación con el de reparación del daño que asiste al denunciante, víctima u ofendido (mayor de edad).

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 104/2012. 12 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: Marco Antonio Meneses Aguilar.

Nota: El criterio contenido en esta tesis fue objeto de las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 346/2012 y 419/2012, resueltas por la Primera Sala el 28 de noviembre de 2012.

La tesis de jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 533.