AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
QUEJOSO Y RECURRENTE:
**, POR CONDUCTO DE
SU DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL **
PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES
COLABORÓ: EUNICE DELGADILLO BRISEÑO
En atención a lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de la
Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.) de
rubro: “PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE
AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA
CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA
NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN
DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN
TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS”.
A continuación, se hace público el fragmento del proyecto de
sentencia, en el cual se realiza el estudio de constitucionalidad
respectivo:
“…
V. ESTUDIO DE FONDO

B. Análisis del asunto.

  1. El cuestionamiento que debe responder esta Primera Sala para
    resolver el presente asunto es el siguiente:
    ¿Procede revisar la duración de la prisión preventiva oficiosa
    que prevé el artículo 19 constitucional, en el plazo de dos años a
    que se refiere la fracción IX, Apartado B, del artículo 20 de la
    Carta Magna y, en su caso, determinar si cesa o se prolonga su
    aplicación?
  2. La respuesta a la interrogante es en sentido positivo. Por tanto, se
    estiman sustancialmente fundados los agravios expuestos por elAMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    2
    recurrente, aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo
    dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de
    Amparo.17
  3. Para corroborar la respuesta a dicho cuestionamiento se debe
    considerar el origen de la prisión preventiva oficiosa establecida en el
    artículo 19 constitucional, lo que a continuación se desarrolla:
  4. La reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, que
    introdujo el sistema penal acusatorio al orden jurídico mexicano,
    también dio las bases para contextualizar a la medida cautelar de la
    prisión preventiva, de forma diferente a cómo se entendía y operaba
    en el sistema de justicia penal identificado como tradicional o mixto.
  5. A partir de esa reforma, el artículo 19 de la Constitución Federal, se
    modificó para establecer que la medida cautelar de la prisión
    preventiva, se ordenaría oficiosamente respecto de los delitos
    expresamente señalados; ello, en concordancia con el principio de
    presunción de inocencia, y el establecimiento de los principios de
    subsidiariedad y excepcionalidad, así como la observancia del
    principio de proporcionalidad en cada caso.
  6. Al respecto, en el dictamen que rindió la Cámara de Origen, se refirió:
    “(…) Medidas cautelares y prisión preventiva
    Para los efectos de evitar los excesos cometidos hasta ahora
    con la prisión preventiva, se acordó establecer el principio de
    subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de este
    instituto. La aplicación de medidas cautelares, las cuales son
    17 Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los
    conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
    […]
    III. En materia penal:
    a) En favor del inculpado o sentenciado;AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    3
    auténticos actos de molestia, procederá
    únicamente cuando exista la necesidad de
    cautela del proceso o de protección de las
    víctimas. Esto quiere decir que sólo cuando exista necesidad
    de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el
    desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de
    los testigos o de la comunidad; cuando el imputado esté
    siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la
    comisión de un delito doloso, procederá la aplicación de
    alguna medida cautelar de las que prevea la ley. La prisión
    preventiva sólo procederá cuando ninguna otra medida
    cautelar sea suficiente para el logro de los propósitos
    indicados.
    Este nuevo diseño es acorde con el principio de presunción
    de inocencia. Diversos procesalistas clásicos y
    contemporáneos han hecho notar, con razón, la inevitable
    antinomia que supone afectar los derechos de las personas
    sometiéndolas a prisión preventiva, sin que antes se haya
    derrotado su presunción de inocencia en un juicio en el que
    se respeten todas las garantías del debido proceso. La
    antinomia es de por sí insalvable, pero para paliarla en alguna
    medida se prevé que la procedencia de tales afectaciones sea
    excepcional.
    Otro de los elementos que se debe tener en cuenta es que las
    medidas cautelares sean proporcionales, tanto al delito que se
    imputa, como a la necesidad de cautela. Los riesgos
    mencionados con anterioridad admiten graduación y nunca
    son de todo o nada, dependerán de cada caso concreto. Por
    ello es que la necesidad de cautela siempre deberá ser
    evaluada por el ministerio público y justificada por él ante el
    juez, con la posibilidad de que tanto el imputado como su
    defensor ejerzan su derecho de contradicción en una
    audiencia.
    Finalmente, la procedencia de las medidas cautelares deberá
    estar regida por el principio de subsidiariedad, de modo tal que
    siempre se opte por aquella medida cautelar que sea lo menos
    intrusiva para la esfera jurídica de los particulares. El propósito
    en este caso será provocar la menor afectación posible.
    Prisión preventiva y delitos graves.
    A la regulación de las medidas cautelares en aquellos casos
    en los que se trate de delitos graves y de delincuencia
    organizada se le da un tratamiento diverso. Se pretende evitar
    que se produzca con el tema de los delitos graves y la
    delincuencia organizada, lo que hasta ahora ha venidoAMPARO EN REVISIÓN 315/2021
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    sucediendo, es decir, que sea el legislador ordinario el que en
    definitiva decida a qué casos se aplica la Constitución y cuáles
    requieren un tratamiento excepcional por tratarse de delitos
    graves o delincuencia organizada. Debe apreciarse que se
    requiere una regulación especial de las medidas cautelares
    cuando se trate de estos casos, sin embargo, las excepciones
    tienen que estar previstas en el propio texto constitucional, ya
    que si se hace un reenvío a la ley, inevitablemente se debilita
    el principio de supremacía constitucional.
    Cuando por primera vez se creó el sistema de delitos graves
    para la procedencia de la libertad provisional bajo caución, se
    tenía el propósito de que éstos fueran excepcionales. No
    obstante, la experiencia estatal y federal ha mostrado que este
    sistema excepcional ha colonizado el resto del ordenamiento.
    Hoy por hoy existe un enorme abuso de la prisión preventiva,
    toda vez que la mayoría de los delitos están calificados como
    graves por la legislación ordinaria. Con la finalidad de superar
    este estado de cosas se impone que sea la propia
    Constitución la que determine aquellos casos excepcionales,
    para los que bastará acreditar el supuesto material para que
    en principio proceda la prisión preventiva.
    El propio artículo 19 constitucional establece la posibilidad de
    que los ordenamientos procesales de las entidades
    federativas y de la Federación, incorporen una excepción al
    diseño normativo de las medidas cautelares y de la prisión
    preventiva recién explicado. Se prevé que el juez aplique
    prisión preventiva para los casos de delincuencia organizada,
    homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con
    medios especialmente violentos como armas y explosivos, así
    como delitos graves que determine la ley en contra de la
    seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y
    de la salud, si el ministerio público logra acreditar, en
    audiencia, las condiciones exigidas para vincular a proceso
    por esos delitos.
    La decisión sobre medidas cautelares es evidentemente
    revisable, tan es así que expresamente se prevé que se podrá
    revocar la libertad de los individuos ya vinculados a proceso,
    cuando se acrediten los extremos previstos en la propia
    Constitución y de conformidad con lo que disponga la ley.
    (…)”
  7. Así, desde la adopción del sistema penal acusatorio y oral, el segundo
    párrafo, del artículo 19 de la Constitución Federal, estableció lasAMPARO EN REVISIÓN 315/2021
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    conductas delictivas por las que sería procedente
    imponer como medida cautelar la prisión preventiva
    oficiosa, en el contexto del sistema penal acusatorio y oral. Precepto
    que quedó redactado en los términos siguientes:
    “Art. 19. (…)
    El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión
    preventiva cuando otras medidas cautelares no sean
    suficientes para garantizar la comparecencia del imputado
    en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección
    de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como
    cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido
    sentenciado previamente por la comisión de un delito
    doloso. El juez ordenará la prisión preventiva,
    oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada,
    homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos
    con medios violentos como armas y explosivos, así como
    delitos graves que determine la ley en contra de la
    seguridad de la nación, el libre desarrollo de la
    personalidad y de la salud.”
  8. Cabe destacar que en la citada reforma constitucional de dieciocho
    de junio de dos mil ocho, también se estableció que la Federación,
    los Estados y el entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en
    el ámbito de sus respectivas competencias, debían expedir y poner
    en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios a fin
    de incorporar el sistema procesal penal acusatorio.18
    18 “Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos
    segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de
    la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria
    correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la
    publicación de este Decreto.
    En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
    respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u
    ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal
    acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal
    acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.
    En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo
    anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una
    declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale
    expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichosAMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    6
  9. Posteriormente, en Decreto que se publicó en el Diario Oficial de la
    Federación, el catorce de julio de dos mil once, el párrafo segundo,
    del artículo 19 constitucional, se modificó con el único propósito de
    adicionar al catálogo de ilícitos respecto de los que era procedente la
    prisión preventiva oficiosa, el delito Trata de personas.
  10. En reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la
    Federación, el ocho de octubre de dos mil trece, el Constituyente
    confirió al Congreso de la Unión, la facultad para expedir la legislación
    única en materia de procedimientos penales que regiría en la
    República, tanto en el orden federal como en el fuero común.19
  11. Así, el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Diario
    Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos
    Penales,20 a través del cual se implementó y reguló de manera
    homogénea en nuestro país, el sistema procesal penal acusatorio y
    oral. Por lo que constituye la legislación secundaria que reglamenta
    lo estipulado en la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos
    mil ocho.
  12. De esta manera, a partir de que el Código Nacional de
    Procedimientos Penales empezó a operar en las distintas entidades
    federativas –lo que ya ocurre en todo el territorio mexicano–, la
    ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución
    empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.”
    19 “Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
    (…) XXI. Para expedir:
    (…) c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativas de
    solución de
    controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el
    fuero común. (…)”
    20 El Congreso de la Unión, en ejercicio de la potestad constitucional que le fue conferida, expidió
    el Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo que su entrada en vigor se haría
    de manera gradual, sin que pudiera exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    7
    procedencia de la prisión preventiva oficiosa, prevista
    en el párrafo segundo, del artículo 19 de la
    Constitución Federal, se encuentra regulada en el mismo.
  13. Al respecto, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos
    Penales, inserto en el Libro Primero –Disposiciones Generales–,
    Título VI –Medidas de Protección Durante la Investigación, Formas
    de Conducción del Imputado al Proceso y Medidas Cautelares–,
    Capítulo IV –Medidas Cautelares–, en su origen regulaba lo relativo a
    la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, en los términos
    siguientes:
    “Artículo 167. Causas de procedencia
    El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la
    prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras
    medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la
    comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la
    investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de
    la comunidad así como cuando el imputado esté siendo
    procesado o haya sido sentenciado previamente por la
    comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa
    diversa no sea acumulable o conexa en los términos del
    presente Código.
    En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por
    otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión
    preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son
    susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de
    proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la
    prisión preventiva.
    El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará
    la prisión preventiva oficiosamente en los casos de
    delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
    secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios
    violentos como armas y explosivos, así como delitos graves
    que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre
    desarrollo de la personalidad y de la salud.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    8
    Las leyes generales de salud, secuestro y trata de
    personas establecerán los supuestos que ameriten
    prisión preventiva oficiosa.
    La ley en materia de delincuencia organizada establecerá
    los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
    (Énfasis añadido)
    Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa,
    los previstos en el Código Penal Federal de la manera
    siguiente:
    I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al
    307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;
    II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;
    III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;
    IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125
    y 126;
    V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;
    VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y
    terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148
    Quáter;
    VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;
    VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;
    IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de
    edad o de personas que no tienen capacidad para comprender
    el significado del hecho o de personas que no tienen
    capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201;
    Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad
    o de personas que no tienen capacidad para comprender el
    significado del hecho o de personas que no tienen capacidad
    para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en
    contra de personas menores de dieciocho años de edad o de
    personas que no tienen capacidad para comprender el
    significado del hecho o de personas que no tienen capacidad
    para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis;
    Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o
    de personas que no tienen capacidad para comprender el
    significado del hecho o de personas que no tienen capacidad
    para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto
    en el artículo 209 Bis;
    X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;
    XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis,
    196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo
    tercero.
    El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá
    por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el
    Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar
    la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de
    la investigación, la protección de la víctima y de los testigos oAMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    9
    de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con
    la autorización del titular de la Procuraduría o el
    funcionario que en él delegue esa facultad.”
  14. Numeral que fue objeto de modificación en Decreto que se publicó el
    ocho de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de adicionar a su
    contenido la siguiente previsión:
    “Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva
    oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de
    la siguiente manera:
    I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo
    dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, cuando
    estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III,
    párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando
    sean calificados;
    II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo
    dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo
    defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del
    artículo 108 del Código Fiscal de la Federación,
    exclusivamente cuando sean calificados, y
    III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de
    comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes,
    falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo
    dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la
    Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor
    de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido
    en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la
    Federación.”
  15. Como puede advertirse de lo anterior, respecto de la prisión
    preventiva oficiosa, su cuarto párrafo reproduce -en esencia- lo
    establecido en el párrafo segundo, del artículo 19 de la Constitución
    Federal, en su texto modificado mediante reforma de catorce de julio
    de dos mil once.
  16. Asimismo, se observa que, en sus párrafos quinto y sexto se hace
    una remisión expresa a las leyes generales en materia de salud,AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    10
    secuestro, trata de personas y delincuencia organizada, al señalar
    que serán las mismas las que establecerán los supuestos que
    ameriten prisión preventiva oficiosa; es decir, se acota el margen de
    procedencia de esa medida cautelar, a los supuestos que se precisan
    en las leyes especiales que regulan las correspondientes materias.
  17. Además, en párrafos subsecuentes, establece un listado taxativo en
    el que se incluyen tipos penales específicos del Código Penal
    Federal, respecto de los que también procede la prisión preventiva
    oficiosa, así como un listado en el que se contienen diversos ilícitos
    previstos en el Código Fiscal de la Federación, con relación a los que
    igualmente procede la medida cautelar de forma oficiosa.
  18. Finalmente, se destaca que por Decreto publicado en el Diario Oficial
    de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, se reformó
    de nueva cuenta el párrafo segundo, del artículo 19 de la Constitución
    General, a fin de incorporar diversos delitos al catálogo de aquéllos
    por los que procede la prisión preventiva oficiosa. 21
  19. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que la aplicación de la
    prisión preventiva oficiosa, constitucionalmente prevista en el
    contexto del sistema penal acusatorio y oral, en los términos fijados
    21 El texto reformado quedó redactado en los términos siguientes:
    “Art. 19. (…)
    El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas
    cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el
    desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así
    como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la
    comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos
    de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso,
    feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas
    sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y
    ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades,
    delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de
    desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos
    con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos
    de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que
    determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y
    de la salud.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    11
    por el Constituyente, se encuentra regulada por lo
    dispuesto en el artículo 167 del Código Nacional de
    Procedimientos Penales.
  20. Y en cuanto a los delitos descritos en leyes especiales que ameritan
    esa medida cautelar, se emplea como metodología la remisión a las
    mismas, para que sean estas las que los establezcan22.
  21. Como puede advertirse de la anterior narrativa del origen y regulación
    de la prisión preventiva oficiosa, ésta se creó en específico para
    delitos considerados como graves y para el de delincuencia
    organizada, estableciéndose directamente en el articulo 19
    constitucional como una forma de establecer un régimen especial que
    no quedara su aplicación en manos del legislador ordinario23.
  22. En ese entendido, al determinar la oficiosidad de la medida, el Poder
    Reformador de la Constitución ordena que sea el Juez de Control
    quien en automático la imponga a una persona a quien se le impute
    la probable comisión de uno o varios de los delitos que el mismo
    artículo 19 constitucional prevé.
  23. Sin embargo, se destaca que el único supuesto para que esa
    imposición no sea oficiosa, es que el Ministerio Público solicite la no
    imposición por no resultar proporcional para garantizar la
    comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la
    investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la
    22
    La mayoría de las consideraciones del origen de la prisión preventiva oficiosa se sostuvieron
    por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 551/2019, aprobada por mayoría de 4
    votos, en sesión de 10 de junio de 2020.
    23 Al respecto, se destaca que el legislador de la Constitución al asumir la excepcionalidad de la
    aplicación de la prisión preventiva oficiosa, en la citada reforma al artículo 19 constitucional,
    publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019 ordenó evaluar la continuidad
    de su aplicación, eficacia y eficiencia en el sistema penal acusatorio, a los 5 años de la vigencia
    de dicho decreto, en los términos que detalló en el artículo Cuarto Transitorio.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    12
    comunidad, lo anterior, en términos del artículo 167 del Código
    Nacional de Procedimientos Penales. Dicho precepto también señala
    que esa solicitud deberá tener la autorización del titular de la Fiscalía
    o del funcionario que en él se delegue esa facultad.
  24. De hecho, mediante reforma a dicho precepto, publicada en el Diario
    Oficial de la Federación del 19 de febrero de 202124 se estableció otro
    supuesto para la no imposición de dicha medida, relativa a cuando
    exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de
    cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos
    en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del
    procedimiento. Se estableció que en caso de haberse impuesto la
    medida, el Ministerio Público podrá solicitar la sustitución de la
    medida cautelar.
  25. Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si la prisión
    preventiva oficiosa tiene la posibilidad de que sea revisada y en su
    caso decretar su cese o prolongación, debemos analizar el contenido
    24 (REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021)
    El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar,
    únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la
    comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la
    víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para
    celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de
    los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La
    solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en
    la cual delegue esa facultad.
    (ADICIONADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021)
    Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad
    de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al
    juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo
    del Órgano especializado en la materia.
    (ADICIONADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021)
    En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un
    Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida
    cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento
    o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la
    materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    13
    de la fracción IX, Apartado B, del artículo 20
    constitucional, que establece como derecho de todo
    imputado:
    “…
    IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por
    falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra
    prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún
    otro motivo análogo.
    La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como
    máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso
    y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su
    prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del
    imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado
    sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato
    mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para
    imponer otras medidas cautelares.
    En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se
    computará el tiempo de la detención.
    …”
  26. Al respecto, debe señalarse que esta Primera Sala de la Suprema
    Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 408/201525
    tuvo la oportunidad de interpretar el contenido del artículo 20,
    apartado B, fracción IX de la Constitución General, en cuanto a la
    prolongación de la prisión preventiva, en donde se tomó como
    parámetro los tratados internacionales de los que México es parte, así
    como la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de
    Derechos Humanos.
  27. En dicho precedente, se consideró:
    25 Resuelto en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil quince, por mayoría de cuatro votos
    de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz,
    Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en contra
    del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular
    voto particular.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    14
    ➢ Respecto de la regulación de la prisión preventiva en el
    ámbito internacional, se hizo énfasis en que la Corte
    Interamericana ha desarrollado una línea jurisprudencial
    firme respecto de esta medida. Este tribunal internacional se
    ha enfocado en tres rubros, que son: los fines legítimos que
    persigue la prisión preventiva; los principios para dictarla y
    la duración de la misma.
    ➢ En cuanto a los fines legítimos, se indicó, que la prisión
    preventiva únicamente puede ser impuesta en procesos
    penales26. Por lo tanto, las autoridades deben fundarla en
    elementos probatorios suficientes para suponer que la
    persona sometida a un proceso penal participó en el ilícito
    que se investiga. Dichos elementos deben ser hechos
    específicos, más no conjeturas o suposiciones27. En la
    doctrina de la Corte Interamericana, la existencia de un fin
    legítimo constituye el detonador o el motivo por el cual la
    prisión preventiva se vuelve indispensable, por lo tanto, si es
    la base para dictarla, este fin legítimo deberá estar presente
    todo el tiempo que dure la medida cautelar. Por otro lado, si
    el fin legítimo desaparece, la prisión preventiva tiene que
    cesar porque ya no tiene un fundamento o un fin legítimo
    que perseguir o proteger. Por ejemplo, el riesgo de presión
    sobre los testigos es un fin legítimo para imponer la prisión
    preventiva, pero cuando dichas personas ya han sido
    suficientemente cuestionadas, la posibilidad de presionarlos
    26 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva
    en las Américas, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de
    España/Comisión Interamericana de Derechos Humanos/Organización de Estados Americanos,
    2013, visible en http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf, última
    visita 15 de junio de 2015, párra. 143.
    27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes,
    miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile, op. cit., párra. 311.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    15
    disminuye y se pierde el fin legítimo que
    persigue la medida cautelar de prisión
    preventiva28.
    ➢ Además, es obligación de las autoridades, más no de la
    persona acusada o su defensa, acreditar los elementos que
    demuestren que el imputado obstaculizará la realización del
    proceso penal29. En el caso de la Corte Interamericana
    Barreto Leiva vs. Venezuela, se determinó que se podrá
    dictar prisión preventiva cuando existan indicios suficientes
    que persuadan a un observador objetivo, de que el acusado
    va a obstaculizar el desarrollo del juicio o eludir la acción de
    la justicia30. En dicho caso, se concluyó que el Estado
    Venezolano no había demostrado los indicios suficientes
    que justificaran la prisión preventiva, por lo que consideró
    que la detención era arbitraria en los términos del artículo
    7.3 de la Convención Americana31.
    ➢ En el Caso Norín Catrimán, y otros (dirigentes, miembros y
    activistas del pueblo indígena mapuche vs. Chile), que versa
    sobre el proceso penal seguido en contra de ocho personas
    que fueron acusadas de actos de terrorismo, y que fueron
    sometidas a prisión preventiva, la Corte Interamericana
    indicó que el Estado podrá recurrir al encarcelamiento
    28 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jorge Luis Bronstein et. al., vs. Argentina,
    Informe No. 2/97, visible en http://www1.umn.edu/humanrts/cases/Scommissn.htm#1997, última
    visita 9 de junio de 2015, párra. 35.
    29 Íbidem, párra. 145.
    30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia de
    fondo, reparaciones y costas, 17 de noviembre de 2009, Serie C, No. 206, párra. 115. Este caso
    trata sobre la detención e imposición de la prisión preventiva del señor Óscar Enrique Barreto
    Leiva quien fue acusado de malversación genérica agravada de fondos públicos cometida durante
    su encargo como Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la
    Secretaría de la Presidencia de Venezuela.
    31 Íbidem, párra. 116.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    16
    preventivo para asegurar que el imputado no impedirá el
    desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la
    justicia. Añadió que las características personales del
    supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no
    son motivos suficientes para decretar la prisión preventiva32.
    ➢ Por otra parte, la Comisión Interamericana claramente indicó
    que el tipo de delito, la reincidencia y la severidad de la pena
    pueden ser tomados en cuenta como factores que
    determinen la necesidad de imponer prisión preventiva. Sin
    embargo, estos elementos en sí mismos y valorados de
    manera aislada, no constituyen un fin legítimo para imponer
    la prisión preventiva, ni para prolongarla33.
    ➢ Asimismo, no se podrá determinar la necesidad de la prisión
    preventiva con base en la alarma social o la repercusión
    social que genera el delito, ni sobre la peligrosidad que la
    persona acusada pudiera representar, ya que son juicios
    que se fundan en criterios materiales y convierten a la prisión
    preventiva en una pena anticipada34.
    ➢ Respecto a los principios para dictar la prisión preventiva, se
    hizo referencia al caso Bayarri vs. Argentina, en éste la
    Corte Interamericana señaló que la prisión preventiva “es la
    medida más severa que se puede aplicar a una persona
    acusada de un delito, por lo cual su aplicación debe tener
    carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad,
    la presunción de inocencia, la necesidad y la
    32Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes,
    miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile, op. cit., párras. 310 y 312.
    33 Comisión Interamericana de Derecho Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva
    en las Américas, op. cit., párras. 151 y 157.
    34 Íbidem, párra. 151.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    17
    proporcionalidad, de acuerdo con lo que es
    estrictamente necesario en una sociedad
    democrática”35. Se observa que este párrafo enuncia los
    principios que rigen a la prisión preventiva, que son:
    excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad36.
    ➢ En cuanto a la excepcionalidad se indicó, que la prisión
    preventiva es una medida cautelar excepcional, ya que la
    libertad siempre es la regla, mientras que la prisión es la
    excepción37. Esto es así porque las personas que se
    encuentran en prisión preventiva gozan del derecho a la
    presunción de inocencia, por lo que el Estado les tiene que
    proporcionar un tratamiento acorde con lo anterior. Es por
    esto que la prisión preventiva es una medida cautelar, más
    no una medida punitiva, pues está dirigida a asegurar el
    proceso penal.
    ➢ Respecto a la necesidad, se indicó que en la doctrina de la
    Corte Interamericana, el principio de necesidad significa que
    la prisión preventiva tiene que ser indispensable para
    conseguir el fin legítimo que ésta persigue. Tiene que haber
    una relación entre la prisión preventiva y el motivo por el cual
    se dictó la medida cautelar, de tal manera que la prisión
    preventiva aparezca como la medida ideal para conseguir el
    fin legítimo que se busca.
    35 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bayarri vs. Argentina, op.cit., párra. 69.
    36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes,
    miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile, op. cit., párras. 311 y 312;
    Comisión Interamericana de Derecho Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en
    las Américas, op. cit., pp. 66 -71.
    37 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs.
    Ecuador, op. cit., párra. 53. Véase también Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
    Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile,
    op. cit., párr. 309.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    18
    ➢ La prisión preventiva se impondrá cuando sea el único
    medio que permita asegurar los fines del proceso penal,
    después de haberse demostrado que otras medidas
    cautelares no serán adecuadas para lograr tal fin38.
    ➢ El principio de necesidad está íntimamente ligado con el fin
    legítimo que persigue la prisión preventiva, ya que dicha
    medida cautelar no puede prolongarse cuando el Estado no
    pueda justificar la necesidad de la misma. Así, el principio
    de necesidad es relevante para la determinación de imponer
    la prisión preventiva, pero también para justificar su
    prolongación.39
    ➢ Se precisó que dicho principio de proporcionalidad significa
    que el sacrificio inherente a la privación de la libertad no
    debe ser desmedido en relación a las ventajas que se
    obtienen mediante la prisión preventiva. En cumplimiento a
    ese principio, las autoridades no deben restringir la libertad
    de la persona acusada, más allá de lo estrictamente
    necesario para asegurar que ella no obstaculizará el
    desarrollo del proceso penal.
    ➢ Asimismo, las personas que se encuentran en prisión
    preventiva gozan del derecho a la presunción de inocencia,
    por lo que las autoridades deben evitar que la medida
    cautelar sea igual o más onerosa que la pena que será
    38 Comisión Interamericana de Derecho Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva
    en las Américas, op. cit., párra. 159.
    39 Ídem.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    19
    recibida en caso de que se determine la
    responsabilidad penal de la persona40.
    ➢ El principio de proporcionalidad también requiere que antes
    de imponer la prisión preventiva, las autoridades consideren
    la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas.
    Si esto no es así, la prisión preventiva será
    desproporcionada, y a su vez, será una detención arbitraria
    en los términos del artículo 7.3 de la Convención
    Americana41.
    ➢ Respecto a la duración de la prisión preventiva en el citado
    amparo en revisión 408/2015 se insistió en la naturaleza
    excepcional de la prisión preventiva, la cual solamente podrá
    durar mientras tenga sustento en un fin legítimo que
    perseguir. Así, la prisión preventiva está sujeta a una
    duración o plazo razonable.
    ➢ Al respecto se consideró que en el artículo 7.5 de la
    Convención Americana se imponen límites temporales a la
    prolongación de la prisión preventiva, ya que mantener la
    privación de la libertad de una persona más allá de lo
    necesario, es decir, mientras se persiga un fin legítimo,
    equivaldría a imponer una pena anticipada42.
    ➢ Ejemplo de lo anterior es lo sustentado en el Caso Tibi vs.
    Ecuador, en éste la Corte Interamericana determinó que la
    restricción de la libertad producida por la prisión preventiva
    40 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, op.cit., párra.
    122.
    41 Comisión Interamericana de Derecho Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva
    en las Américas, op. cit., párra. 162.
    42 Íbidem, párra. 165.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    20
    no podía durar más allá de los límites estrictamente
    necesarios para asegurar que la persona acusada no
    obstaculizará el desarrollo del procedimiento penal. Añadió
    que habría una violación a la Convención Americana si la
    prolongación de la prisión preventiva se aplica por un plazo
    no razonable o desproporcionado a personas cuya
    responsabilidad criminal no ha sido establecida, lo cual
    equivaldría a anticipar la pena43.
    ➢ La duración de la prisión preventiva no puede establecerse
    en forma abstracta, sino que tiene que ser estudiada con
    base en las particularidades del caso en concreto. Al
    respecto, la Comisión Interamericana señaló que la
    extensión de dicha medida cautelar tiene que sustentarse en
    razones relevantes que la justifiquen.
    ➢ En el Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, que versa sobre el
    asesinato del joven de dieciséis años Jean Paul Genie
    Lacayo cometido por soldados, y el posterior enjuiciamiento
    penal de los perpetradores, mismo que se prolongó por
    bastante tiempo44 la Corte Interamericana indicó que la
    definición del plazo razonable no es una tarea fácil y que hay
    que realizar un análisis global del procedimiento. Dado lo
    anterior, retomó los criterios emitidos por el Tribunal
    Europeo de Derechos Humanos para determinar el plazo
    razonable, los cuales son i) la complejidad del asunto ii) la
    43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi vs. Ecuador, sentencia de
    excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Serie C, No. 114, párra. 180.
    44 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua,
    sentencia de fondo, reparaciones y costas, 29 de enero de 1997, Serie C, No. 30, párras.
    12-15 y 71.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    21
    actividad procesal del interesado iii) la conducta
    de las autoridades judiciales45.
    ➢ Sobre la complejidad del asunto, el tribunal internacional
    señaló que se requiere tomar en cuenta las características
    del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la
    dificultad probatoria. Respecto de la actividad procesal, la
    Corte Interamericana ha puesto énfasis en la conducta de la
    parte afectada, de la cual no deben derivarse actos que
    entorpezcan la tramitación del proceso penal. Se consideró
    que interponer los medios de impugnación reconocidos por
    la legislación es una conducta normal realizada por la parte
    interesada. Sobre el último elemento, la Corte
    Interamericana tomó en cuenta el grado de diligencia por
    parte de las autoridades en la conducción del proceso penal
    y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas
    que lo constituyen46.
    ➢ Los elementos descritos fueron retomados47 por la Corte
    Interamericana en el Caso Suárez Rosero vs. Ecuador que
    versa sobre la detención del señor Suárez Rosero en el
    contexto de la operación policial “Ciclón” que buscó
    desintegrar una de las organizaciones más grandes del
    narcotráfico internacional que operaba en Ecuador48. En este
    caso, se mencionó que el plazo razonable es un principio
    contemplado en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención
    Americana sobre Derechos Humanos, el cual tiene por
    45 Íbidem, párras. 77 y 81.
    46 Íbidem, párras. 78-80.
    47 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador,
    sentencia de fondo, 12 de noviembre de 1997, Serie C, No. 35, párra. 72.
    48 Íbidem, párra. 34.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    22
    finalidad impedir que los acusados permanezcan largo
    tiempo bajo una acusación y asegurar que ésta se decida
    prontamente49 para proteger el derecho de acceso a la
    justicia de las víctimas.
    ➢ Por último, en el Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia,
    que trató sobre el asesinato del defensor de derechos
    humanos colombiano Jesús María Valle Jaramillo y el
    posterior proceso penal seguido en contra de los
    perpetradores del asesinato, se consideró que el derecho de
    acceso a la justicia implica que la solución de la controversia
    se produzca en tiempo razonable, ya que una demora
    prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una
    violación de las garantías judiciales50. Se añadió que el
    “plazo razonable” debe ser determinado con base en los
    elementos ya mencionados51.
    ➢ Por otro lado, se indicó que para asegurar que la prisión
    preventiva no exceda el plazo razonable, ésta tiene que
    estar sujeta a una revisión periódica ya que no debe
    mantenerse si han dejado de existir las razones que hayan
    motivado su adopción. Al revisarla, se deberán ofrecer los
    fundamentos suficientes para demostrar la necesidad de
    que la prisión preventiva continúe. La revisión periódica
    servirá para verificar si el plazo de la prisión ha rebasado los
    límites que imponen la ley y la razón.52
    49 Íbidem, párra. 70.
    50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia,
    sentencia de fondo, reparaciones y costas, 27 de noviembre de 2008, Serie C, No. 192, párra.
    154.
    51 Íbidem, párra. 155.
    52 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes,
    miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile, op. cit., párra. 311.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    23
    ➢ Sí se ha vencido el plazo razonable, “el
    Estado ha perdido la oportunidad de continuar
    asegurando el fin del proceso por medio de la privación de
    la libertad del imputado.”53 Por lo tanto, la prisión preventiva
    tiene que cesar y la autoridad podrá decretar otra medida
    cautelar menos restrictiva, pero en dado caso, deberá
    decretar la libertad.
    ➢ En este precedente que se narra, al analizar la prisión
    preventiva en el sistema de justicia mexicano, se indicó, que
    la esencia del proceso penal acusatorio está definida por los
    principios que se insertaron en el texto constitucional,
    principalmente en los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la
    Constitución. Sin embargo, es en el artículo 20
    constitucional en donde se encuentra el núcleo del nuevo
    modelo procesal al definir su esencia y establecer los
    criterios para su desarrollo legislativo.
    ➢ En efecto, los principios de publicidad, contradicción,
    concentración, continuidad e inmediación, constituyen la
    esencia del sistema penal acusatorio, pues con ellos se
    busca la celeridad procesal, la igualdad probatoria entre las
    partes, la continuidad del proceso y algo muy importante:
    que el juez y las partes estén presentes en el desarrollo del
    proceso. En otras palabras, mediante estos principios se
    busca un sistema de justicia penal más protector de los
    derechos de las personas.
    53 Comisión Interamericana de Derecho Humanos, Informe sobre el uso de la prisión
    preventiva en las Américas, op. cit., párra. 170.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    24
    ➢ De los artículos 18 y 19 constitucionales, que regulan a la
    prisión preventiva se observa que la prisión preventiva sólo
    puede ser impuesta por delitos que merezcan una pena
    privativa de libertad y que su ejecución deberá darse en un
    lugar distinto al destinado para la compurgación de penas
    derivadas de una sentencia condenatoria.
    ➢ Con dicha medida, se afirmó, se pretende garantizar la
    comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la
    investigación y la protección de la víctima y los testigos,
    entre otras causales. Además, prevé que a la prisión
    preventiva le rigen los principios de subsidiariedad y
    excepcionalidad. Si bien no se establecieron expresamente
    en el precepto, lo cierto es que sí se fijaron sus contenidos.
    ➢ En efecto, el principio de subsidiaridad significa que antes
    de imponer prisión preventiva, deberá optarse por una
    medida cautelar que afecte en menor medida los derechos
    de la persona acusada. Por su parte, el principio de
    excepcionalidad entraña que la prisión preventiva sólo
    procederá cuando otros mecanismos de cautela no sean
    suficientes para las finalidades establecidas en el artículo 19
    constitucional.
    ➢ A pesar de que el régimen de la prisión preventiva fue
    reformado en dos mil ocho, esta medida cautelar no deja de
    entrar en conflicto con el principio de presunción de
    inocencia, pues afecta los derechos de la persona acusada.
    Es por esto que la prisión preventiva tiene que aplicarse de
    conformidad con los estándares nacionales e
    internacionales y con base en el principio pro persona.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    25
    ➢ La Suprema Corte de Justicia de la
    Nación tiene diversos precedentes sobre la prisión
    preventiva, que incluyen al amparo en revisión 1028/96.
    Sobre la naturaleza de la prisión preventiva, esta Primera
    Sala enfatizó su carácter provisional, al indicar que, por
    medio de la prisión preventiva legalmente estipulada, una
    persona puede verse sujeta a la privación de libertad durante
    un tiempo, mientras culmina el proceso al que se halla
    sometida como inculpada en un delito54.
    ➢ Por su parte, el amparo en revisión 27/2012 estudió la
    duración o plazo razonable y se señalaron diversos factores
    para analizarlo. Posteriormente, en el amparo en revisión
    205/2014, se indicó que los rubros estudiados por el amparo
    27/2012 para determinar el plazo razonable, en realidad se
    refieren a los fines legítimos que esta medida cautelar
    persigue o a los motivos en los cuales se fundamenta. Así,
    los rubros mencionados en el amparo 27/2012 sirven para
    justificar la imposición inicial de la prisión preventiva, y no
    para determinar el plazo razonable de prolongación de dicha
    medida,55 lo cual es compartido por la presente resolución.
    ➢ De conformidad con el artículo 19 constitucional, solamente
    serán fines legítimos para justificar la prisión preventiva, los
    que buscan asegurar que el acusado comparezca al juicio,
    proteger el desarrollo de la investigación y la protección de
    la víctima y los testigos.
    54 Amparo en revisión 334/2008, p. 33.
    55 Amparo en revisión 205/2014, párra. 85.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    26
    ➢ Sobre los fines legítimos, el amparo en revisión 205/2014
    hizo aportaciones importantes al indicar que el riesgo de
    comisión de nuevos delitos, la reincidencia, la preservación
    del orden público o el riesgo para la sociedad o la
    comunidad, no son fines legítimos para concluir la necesidad
    de dictar prisión preventiva ya que éstos no son acordes con
    el principio pro persona, ni con el principio de presunción de
    inocencia, debido a que adelantan la conclusión punitiva o
    juzgan conductas futuras56.
    ➢ Ahora bien, señala la Sala en dicho precedente, el artículo
    20, Apartado B, fracción IX de la Constitución Federal
    establece que la prisión preventiva no podrá exceder del
    tiempo de la pena que como máximo merezca el delito que
    motivare el proceso penal, y en ningún caso se extenderá
    por un lapso superior a dos años, salvo que su prolongación
    se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.
    Así, el límite absoluto e inamovible de duración de la prisión
    preventiva, es el tiempo de pena máxima que merezca el
    delito del que nace el proceso penal.
    ➢ El precepto bajo análisis claramente señala que la prisión
    preventiva no podrá prolongarse por más de dos años, a
    menos de que la prolongación se haya debido a la actividad
    procesal derivada del ejercicio del derecho a la defensa del
    imputado. En efecto, el ejercicio del derecho a la defensa
    necesariamente impacta en la duración del proceso penal
    porque implica la activación de la maquinaria procesal
    contemplada en la ley para que las personas que enfrentan
    un proceso penal puedan ofrecer y desahogar los elementos
    56 Amparo en revisión 205/2014, párras. 85 y 86.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    27
    de prueba necesarios, los cuales están
    sometidos al principio de contradicción que rige
    en el sistema penal acusatorio.
    ➢ Por lo tanto, el plazo de duración de la prisión preventiva
    necesariamente se prolongará, pero dicho lapso no puede
    existir sin estar sujeto a un escrutinio que evitará que esta
    medida cautelar se extienda innecesariamente.
    ➢ De conformidad con los estándares internacionales y los
    precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la
    Nación, para realizar este escrutinio, se tomarán en cuenta
    tres elementos i) la complejidad del asunto ii) la
    actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las
    autoridades.
    ➢ En este sentido, en el amparo en revisión 619/2008 y en el
    amparo directo 22/2010, al igual que en el amparo en
    revisión 205/2014, se retomaron los parámetros utilizados
    por la Corte Interamericana para estudiar el plazo razonable,
    el cual dependerá de todas las circunstancias del asunto.
    Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha
    determinado que para analizar el plazo razonable de
    duración de la prisión preventiva, es necesario realizar un
    análisis holístico del caso y que se tomen en cuenta la
    complejidad del mismo, la actividad procesal del interesado
    y la conducta de las autoridades en la conducción del
    proceso penal57.
    57 Íbidem, párra. 77 y 79.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    28
    ➢ Al estudiar la prisión preventiva en el sistema penal
    acusatorio, las autoridades deberán tomar en cuenta los
    estándares internacionales mencionados, los cuales
    señalan que la libertad del acusado es la regla y que la
    prisión preventiva es la excepción. También deberán
    considerar que esta medida cautelar restringe
    profundamente el derecho a la libertad personal de las
    personas, por lo tanto, ésta tiene que ser dictada con base
    en los principios de excepcionalidad, necesidad y
    proporcionalidad.
    ➢ Por lo tanto, se concluye en el precedente, los casos en los
    que la persona se haya bajo una medida cautelar que limita
    en extremo el derecho a la libertad personal, como lo es la
    prisión preventiva, imponen a las autoridades la obligación
    judicial de tramitarlos, no solo de manera diligente, sino
    además con mayor prontitud, tal y como lo indica el artículo
    primero de la Constitución y el Caso Bayarri vs. Argentina,
    resuelto por la Corte Interamericana58.
  28. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
    considera que de la exposición de motivos que permite conocer el
    origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa,
    establecida en el artículo 19 constitucional, así como de la
    interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20,
    Apartado B, fracción IX, constitucional, no se logra advertir
    impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión
    preventiva impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el
    sistema penal acusatorio pueda ser revisada en el plazo de dos años,
    58 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bayarri vs. Argentina,
    op.cit., párra. 70.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    29
    previsto en dicha fracción, para el efecto de que el
    juez de control, hecha la petición, determine su cese
    o prolongación.
  29. En efecto, la necesidad del Poder Reformador de la Constitución de
    establecer la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal
    acusatorio, a efecto de que, por determinados delitos de alto impacto,
    considerados así por nuestra sociedad, sea impuesta en forma
    automática por el juez de control, no permite determinar que dicha
    medida sea de cumplimiento permanente e indefinido y que, por ello,
    no pueda ser revisable, ya sea para su prolongación o su conclusión.
  30. Es claro que, si esa hubiera sido la intención del legislador de la
    Constitución y del legislador federal, no hay duda que así lo hubieran
    expresamente previsto, como excepción, en la fracción IX del citado
    artículo 20 constitucional y en el artículo 165 del Código Nacional
    Procesal.
  31. Por el contrario, como ya se indicó, del contenido del artículo 19
    constitucional, solo se advierten -expresamente- dos posibilidades
    para restringir la libertad a las personas imputadas en un proceso
    penal, a través de la prisión preventiva:
    a) Cuando la solicita por el Ministerio Público en virtud de
    que otras medidas cautelares no son suficientes para
    garantizar la comparecencia de la persona imputada,
    el desarrollo de la investigación, la protección de la
    víctima, los testigos o de la comunidad y cuando dicha
    persona esté siendo procesado o haya sidoAMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    30
    sentenciado previamente por la comisión de un delito
    doloso. Considerada prisión preventiva justificada.
    b) Cuando el juez de control la impone de oficio, es decir,
    en automático, sin solicitud alguna, sólo al advertir que
    se impute a la persona uno o varios de los delitos
    establecidos en el multicitado artículo 19 constitucional
    y en el diverso 167 del Código Nacional de
    Procedimientos Penales. Considerada prisión
    preventiva oficiosa.
  32. Luego, de ese precepto constitucional no se desprende limitante
    alguna que permita decidir -ni por algún método interpretativo- que la
    prisión preventiva, una vez impuesta, no podrá ser revisable.
  33. Lo mismo se puede decir del contenido del artículo 20, Apartado B,
    fracción IX, de cuyo texto se advierte la indicación del legislador de la
    Constitución de que los imputados tienen derecho a que la prisión
    preventiva que se les imponga no podrá exceder del tiempo que como
    máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en
    ningún caso será superior a dos años.
  34. Lo anterior, con la salvedad de que su prolongación se deba al
    ejercicio del derecho de defensa del imputado. Empero, advierte el
    precepto, si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia,
    dicha persona será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue
    el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.
  35. De esa previsión no se logra entender -se insiste, ni a través de algún
    método interpretativo- que su contenido no pueda comprender a la
    prisión preventiva en su modalidad de oficiosa.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    31
  36. Más aún, del contenido de cada uno de los
    preceptos que integran el Capítulo IV denominado “Medidas
    Cautelares” y del Capítulo V, intitulado “De la supervisión de las
    medidas cautelares” que corresponden, del artículo 153 al 182, del
    Código Nacional de Procedimientos Penales, no se advierte la
    intención del legislador federal de impedir que la prisión preventiva
    oficiosa pudiera ser revisable en el plazo de los dos años, referidos.
  37. De hecho, el único artículo que prevé la referencia a la prisión
    preventiva oficiosa es el tercer párrafo del artículo 167 de dicho
    ordenamiento, en el que básicamente reitera el contenido del artículo
    19 constitucional, al señalar: “… El juez de control en el ámbito de su
    competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los
    casos de …”.
  38. En efecto, del contenido de todos los demás artículos que conforman
    los capítulos IV y V, citados del Código Nacional, únicamente se
    desprende la referencia -en general- de “las medidas cautelares”
    previstas en dicha legislación, así como las reglas generales de su
    imposición, su procedencia, los tipos, la proporcionalidad al
    imponerlas, su imposición, el debate que se realice para ello, el
    contenido de la resolución que las imponga, la impugnación de la
    decisión judicial, la revisión de la medida, la audiencia de revisión, los
    medios de prueba para la imposición y revisión de la medida,
    evaluación y supervisión.
  39. Es, en los artículos 165 a 167 del citado ordenamiento, en los que se
    especifica la aplicación de la prisión preventiva, así como las
    excepciones a su imposición y las causas de procedencia, empero,AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    32
    no hace distinción entre justificada u oficiosa. Lo mismo se advierte
    del diverso precepto 171, que refiere a las pruebas para la imposición,
    revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva.
  40. En ese orden de ideas, bajo el entendimiento de que la prisión
    preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad
    personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida
    excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador
    de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción
    alguna de aquélla figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese
    o prolongación. Como sea, la prisión preventiva (en cualquier
    modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad
    personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto,
    debe ser revisable.
  41. En ese sentido, contrario a lo determinado por el Tribunal de Amparo,
    el contenido de la fracción IX, del Apartado B, del artículo 20, de la
    Carta Magna, le es aplicable a las condiciones de la prisión preventiva
    oficiosa. Consecuentemente, llegado el límite de dos años de
    duración, plazo que refiere dicho precepto constitucional, que se
    reitera en el diverso 165 del ordenamiento procesal penal, y
    formulada la petición ante el juez de control, como en el caso sucedió,
    procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su
    aplicación.
  42. En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa
    deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá
    estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que
    esta medida cautelar se extienda innecesariamente.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    33
  43. De conformidad con los estándares
    internacionales y los precedentes emitidos por la
    Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio,
    las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: i) la
    complejidad del asunto ii) la actividad procesal del interesado y iii) la
    conducta de las autoridades.
  44. En cuanto a la complejidad del asunto, se requiere tomar en cuenta
    las características del hecho delictivo, la extensión de las
    investigaciones y la dificultad probatoria. Respecto de la actividad
    procesal, no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del
    proceso penal. Se considera que interponer los medios de
    impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal
    realizada por la parte interesada. Sobre el último elemento, debe
    considerarse el grado de diligencia por parte de las autoridades en la
    conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en
    las diversas etapas que lo constituyen.
  45. Ahora, ¿cuándo podrá cesar o tenerse por concluida la medida?
    Cuando del análisis de los elementos antes mencionados, el
    procesado y su defensa demuestren que el asunto no es complejo,
    que su actividad procesal no es la detonante de la dilación para la
    culminación del proceso y que la conducta de las autoridades no ha
    sido diligente en la conducción del proceso. El resultado de
    comprobar lo anterior será el cese de la prisión preventiva oficiosa y
    dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia la imposición
    de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155
    del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme
    a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código
    procesal.AMPARO EN REVISIÓN 315/2021
    34
  46. Lo expuesto, de ninguna manera se frustra por el contenido del
    artículo 19 constitucional, pues como se determinó, se trata de
    supuestos diversos, ya que este precepto -únicamente- marca las
    pautas para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva
    oficiosa, pero no se refiere al tiempo de duración, menos a su posible
    revisión, cese o prolongación.
  47. Esta determinación se considera acorde con los parámetros
    internacionales, pues como se ha señalado, la imposición de la prisión
    preventiva presupone una figura de carácter excepcional, cuya
    finalidad es asegurar que el acusado comparezca al juicio, proteger
    el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima y los
    testigos, siempre y cuando otras medidas cautelares no sean
    suficientes para cumplimentar los fines que se persiguen.
  48. No obstante que la prisión preventiva oficiosa pueda cumplir los fines
    mencionados, tiene la trascendencia de que es impuesta de oficio –
    en automático- por el Juez de Control cuando se vincule a proceso a
    una persona por algunos de los delitos establecidos en el artículo 19
    Constitución, de ahí que, con mayor razón, deba revisarse en los
    términos fijados en esta ejecutoria.
    …”