AMPARO EN REVISIÓN 582/2020 Discriminación empresa Outsourcing zona fronteriza

QUEJOSA Y RECURRENTE: MRCI PUEBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

RECURRENTE ADHESIVO: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ponente: ministro josé fernando franco gonzález salas

secretaria: maura angélica sanabria martínez

COLABORÓ: JOSÉ FUENTES ROSALES

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de junio de dos mil veintiuno.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

1.         PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, MRCI Puebla, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y los actos siguientes:

 

“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como tales en términos del artículo 5 fracción I y 108 fracción III de la Ley de Amparo a:

  1. La Cámara de Diputados del H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Av. Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, C.P. 15960.
  • Cámara de Senadores del H. Congreso de los Estados Unidos mexicanos, con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 135, esquina Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C.P. 06030.
  • El C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Palacio Nacional, Ciudad de México.

IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME:

a) Del H. Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y de Senadores) se reclama:

  1. La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de Diciembre de 2009, específicamente el artículo 1°.
  • La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, específicamente el artículo 9°.

b) Del Presidente Constitucional de México se reclama:

  1. La promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de Diciembre de 2009, específicamente el artículo 1°.
  • La promulgación del Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, específicamente el artículo 9°.

c) Se reclama a todas las autoridades antes precisadas en el ámbito de sus respectivas competencias:

La UNIDAD JURÍDICA INDISOLUBLE conformada por el artículo 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 9° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, en específico, los artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Décimo, Décimo Primero y Décimo Tercero de dicho decreto, ya que se encuentran relacionados entre sí, toda vez que el artículo 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece una tasa del 16% para el cálculo del impuesto al valor agregado misma que es reducida a través del decreto reclamado. Por su parte el artículo 9° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la tasa del 30% para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta el cual es reducido por el Decreto, toda vez que señala que se otorgan dos estímulos consistentes en 1) aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del Impuesto Sobre la Renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada región fronteriza norte, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales y 2) un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado prevista en el artículo 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo cual conforman una verdadera unidad jurídica indisoluble, ya que a través del Decreto que se reclama se ven reducidas las tasas de las contribuciones antes señaladas dando como resultado la determinación de dichas contribuciones una cuantía que es distinta a la que se determina con la sola aplicación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta siendo procedente el juicio de amparo en su contra.

Al respecto resulta aplicable la siguiente tesis:

AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. (Se transcribe).

Conforme al criterio trascrito es procedente el juicio de amparo en contra de la unidad jurídica indisoluble reclamada con motivo de la entrada en vigor del DECRETO de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2018..

2.         SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La quejosa señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1°, 14, 16, 25, 31, fracción IV, 49, 89, fracción I, 124, 131 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

3.         TERCERO. Trámite en el juzgado de distrito. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, cuyo titular, mediante acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve, radicó la demanda bajo el expediente 109/2019 y requirió a la quejosa para que manifestara si también señalaba como autoridades responsables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, así como el acto que en su caso le atribuyera a dichas autoridades.

 

4.         Luego, sin que la quejosa cumpliera con el requerimiento mencionado, el juez de distrito del conocimiento emitió el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve en el que admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veinticinco de abril del año referido.

 

5.         Seguido el procedimiento en sus fases legales, el juez de distrito emitió sentencia el treinta de abril de dos mil diecinueve en el sentido de sobreseer en el juicio contra las autoridades y los actos reclamados.

 

6.         CUARTO. Interposición y trámite del recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado en el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, bajo el expediente R.A. 250/2019, y admitido por su Presidente mediante acuerdo de siete de junio de dos mil diecinueve. Por su parte, el Presidente de la República presentó revisión adhesiva.

 

  • QUINTO. Determinación del tribunal colegiado. En sesión celebrada el nueve de enero de dos mil veinte, el órgano colegiado emitió resolución en la que modificó la sentencia recurrida, pues confirmó el sobreseimiento en contra de los artículos sexto, fracciones X, XI y XII, y decimotercero, fracciones III, IV y V, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, y revocó el sobreseimiento únicamente respecto del artículo sexto, fracción XVI, del Decreto referido, por lo que reservó jurisdicción a este Alto Tribunal para el conocimiento de esta última disposición.
  1. OCTAVO. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, el Ministro Presidente radicó el recurso de revisión principal y el adhesivo presentado por el Presidente de la República, bajo el expediente 582/2020, los tuvo por admitidos y turnó el asunto para su estudio al Ministro José Fernando Franco González Salas, por lo que ordenó la remisión de los autos a esta Segunda Sala para la emisión del acuerdo de radicación respectivo.
  1. NOVENO. Avocamiento. Por acuerdo de dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, la Ministra Presidenta de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avocó el asunto al conocimiento de la misma.
  1. DÉCIMO. Publicación del proyecto de sentencia. El proyecto de sentencia con el que se propuso resolver el presente asunto fue publicado dentro del plazo y con las formalidades previstas en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo vigente, por versar sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general; y,

C O N S I D E R A N D O:

13.     PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso.[1]

  1. SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Resulta innecesario el estudio de la oportunidad del recurso de revisión principal y de la revisión adhesiva, así como de la legitimación de la parte recurrente principal y del Presidente de la República (autoridad responsable), puesto que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento se ocupó de dichos presupuestos procesales en los considerandos segundo y sexto de la resolución de nueve de enero de dos mil veinte, emitida en el amparo en revisión R.A. 250/2019.
  1. TERCERO. Antecedentes. Previo al estudio de la constitucionalidad de la norma general materia del presente asunto, es necesario destacar los siguientes antecedentes.
  1. Impugnación de las normas impugnadas. MRCI Puebla, sociedad anónima de capital variable, manifestó ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas cuyo objeto social consiste, entre otras actividades, en el ejercicio, asesoría y suministro de toda clase de servicios profesionales, especialmente los relacionados con lo administrativo, financiero, jurídico, fiscal, contable, protección patrimonial, mercadológico, publicidad, diseño, computación, estadística, ingeniería, medicina, etc., dentro de la República Mexicana a las empresas en las cuales tenga inversiones y al público en general.
  1. También afirmó estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con domicilio fiscal en ********** y tener una sucursal en ********** desde el uno de octubre de dos mil dieciocho.
  1. El treinta de enero de dos mil diecinueve, MRCI Puebla, sociedad anónima de capital variable presentó ante la autoridad fiscal dos avisos para acceder a la aplicación de los estímulos fiscales en el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado establecidos en el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. A dichos avisos se les asignó los folios AV201962219702 y AV201962219812, respectivamente.
  1. Derivado de la hipótesis de exclusión prevista en la fracción XVI del artículo Sexto del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte[2], la contribuyente decidió promover demanda de amparo indirecto.
  • Demanda de amparo. En su demanda de amparo, la quejosa señaló que su pretensión es reclamar la “unidad jurídica indisoluble” conformada por los artículos 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 9° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Décimo, Décimo Primero y Décimo Tercero del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, con motivo de la entrada en vigor del Decreto referido.
  • En los conceptos de violación fueron planteados, en esencia, los argumentos siguientes:

Primer concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada contraviene el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 31, fracción III y 43, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que para la emisión del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte no se siguió el procedimiento previsto en los preceptos legales señalados, pues no fue acreditado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal hayan estudiado y formulado previamente el correspondiente proyecto de decreto de estímulos fiscales.

Segundo concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada, específicamente los artículos Tercero y Quinto del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, resulta violatoria del derecho humano de libre tránsito previsto en los artículos 1° y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se limita el beneficio de estímulos fiscales a los contribuyentes que acrediten tener su domicilio fiscal o sucursal en la región fronteriza norte por lo menos en los últimos dieciocho meses a la fecha de su inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, de modo que dicha restricción obliga a la quejosa a permanecer en dicha región fronteriza, lo que se traduce en una limitación a su derecho constitucional y humano de libre tránsito.

Tercer concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada, específicamente los artículos Sexto, fracciones X, XI y XII, y Décimo Tercero, fracciones III, IV y V, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, transgrede los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica previstos en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que al excluir del estímulo fiscal a los contribuyentes que se les haya aplicado la presunción establecida en los artículos 69, 69-B y 69-B Bis, del Código Fiscal de la Federación, se establece con ello una consecuencia jurídica en perjuicio de la quejosa que no se prevé en dichos preceptos legales, pues en ninguno de ellos se determina como consecuencia de las conductas ahí sancionadas que los contribuyentes no puedan acceder a los estímulos fiscales que al efecto emita el Titular del Ejecutivo Federal en términos del artículo 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

Cuarto concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada, específicamente los artículos Sexto, fracción XI, y Décimo Tercero, fracción IV, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, es violatoria del principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se hace referencia al tipo de presunción de operaciones inexistentes en que se ubican los contribuyentes en términos del artículo 69-B del Código Fiscal para quedar excluidos del estímulo fiscal, esto es, si se trata de la presunción provisional o de la definitiva, lo cual produce un estado de inseguridad e incertidumbre jurídica para los contribuyentes al existir ambigüedad en la situación de hecho en la que se deben encontrar para quedar excluidos de los estímulos fiscales del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado previstos en el Decreto referido.

Quinto concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada, específicamente los artículos Sexto, en sus once fracciones y Décimo Tercero, en sus cinco fracciones, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, contraviene el derecho de igualdad y no discriminación previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se establece un trato diferenciado constitucionalmente injustificado por razón de giro comercial, actividad económica y situación de hecho en la que se encuentran los contribuyentes cuyos ingresos se obtengan en la región fronteriza.

En el caso específico, la quejosa tiene como actividad económica el suministro de personal permanente y servicios de consultoría en administración, por lo que conforme a la unidad normativa reclamada, específicamente el artículo Sexto, fracción XVI, del Decreto relativo, se excluye a dicha actividad del beneficio del estímulo fiscal para efectos del impuesto sobre la renta, no obstante que conforme al artículo 5° de la Constitución General no se puede prohibir al gobernado a dedicarse a la actividad económica que más le convenga siendo lícita, lo cual se corrobora con los artículos 15-A de la Ley Federal del Trabajo y 15 -A de la Ley del Seguro Social que reconocen la subcontratación o intermediación laboral como una actividad lícita, de tal manera que no existe justificación válida para que los contribuyentes que se dediquen a dicha actividad queden excluidos del estímulo fiscal.

En ese sentido, la exclusión señalada limita la libertad de trabajo, pues prácticamente se prohíbe a la quejosa a dedicarse a determinadas actividades económicas en caso de tener intención de ser beneficiaria de las prerrogativas contenidas en el Decreto impugnado.

Máxime si se considera que la propia exposición de motivos del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte claramente refiere que los contribuyentes de dicha región, por su cercanía con los Estados Unidos de América, producen efectos diferenciados con los del resto del país y, por consiguiente, resulta menester impulsar la competitividad económica, el desarrollo y el bienestar de los habitantes mediante la implementación de estímulos fiscales.

Así, de la exposición de motivos se aprecia que el Ejecutivo Federal reconoce la existencia de un estado de desigualdad económica y de competencia entre los contribuyentes que se localizan en la región fronteriza norte y los que obtienen sus ingresos en el resto del país, de ahí la necesidad de impulsar su crecimiento y desarrollo mediante los estímulos fiscales, de modo que la cláusula de exclusión contraviene el espíritu del estímulo fiscal aplicado.

Bajo esa tesitura, el artículo Sexto del Decreto impugnado, al consagrar una cláusula de excepción respecto de determinados contribuyentes que no podrán beneficiarse por el estímulo fiscal, resulta inconstitucional por violar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1° constitucional.

Así, la diferenciación ejecutiva es injustificada porque los parámetros de exclusión atienden al giro económico y situación de hecho en la que se encuentra el contribuyente, aunado a que no hay justificación constitucionalmente válida para prohibir el estímulo fiscal a contribuyentes que realizan operaciones por suministro de personal, que desarrollan sus actividades productivas mediante plataformas digitales, o bien, que obtienen ingresos por intangibles, pues ninguna de dichas actividades es ilícita o se encuentran prohibidas por la legislación vigente.

Consiguientemente, la razón de instrumentalidad de la cláusula de exclusión de contribuyentes no existe, de ahí que la quejosa resienta en su esfera jurídica una distinción ejecutiva en relación con otros contribuyentes que tributan en la misma zona fronteriza norte, por lo que aceptar lo anterior sería tanto como permitir que se le discrimine al particular por ejercer su derecho a la libertad de comercio y de trabajo.

Sexto concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada, específicamente el artículo Décimo del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, atenta contra el derecho humano de seguridad jurídica contenido en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se prevé la posibilidad de revocar la autorización concedida y dar de baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte” a los contribuyentes que incumplan los requisitos establecidos en las Reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, lo cual se traduce en que la temporalidad y vigencia de la citada autorización y alta en el padrón referido queden al arbitrio de dicho órgano desconcentrado.

Séptimo concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada, específicamente el artículo Décimo del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, no respeta las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que los contribuyentes que dejen de aplicar el estímulo fiscal concedido en el impuesto sobre la renta, ya sea por revocación o por haberlo solicitado al Servicio de Administración Tributaria, en ningún caso podrán volver a aplicarlos, lo cual constituye un acto privativo en los derechos de la quejosa respecto del cual no se prevé un procedimiento ante el órgano de autoridad con el cual aquella pueda defenderse correctamente, ofrezca y desahogue pruebas, y formule alegatos.

Octavo concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada, específicamente los artículos Segundo y Décimo Primero del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, resulta violatoria de los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que modifica de forma expresa la tasa prevista en el artículo 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como la tasa determinada en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo que por mandato constitucional las contribuciones deben establecerse en una ley, sin que puedan modificarse mediante un Decreto del Poder Ejecutivo. Además, la modificación en los elementos esenciales de las contribuciones señaladas va más allá de la intención del legislador, por lo que se transgreden los principios de subordinación jerárquica y reserva de ley.

Noveno concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada, específicamente el artículo Décimo Primero del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, resulta violatoria del artículo 16 en relación con el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Ejecutivo Federal al emitir el Decreto señalado y modificar la tasa del impuesto al valor agregado invadió, en perjuicio de la quejosa, la competencia del Congreso de la Unión para imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.

Décimo concepto de violación. La unidad jurídica indisoluble impugnada, específicamente el artículo Décimo Primero del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, es notoriamente violatoria del artículo 16 en relación con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para regular las tasas del IVA o del ISR, sino únicamente la facultad para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas en materia de exportación e importación.

  • Juicio de amparo. De la demanda tocó conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, bajo el expediente 109/2019. Posteriormente, el treinta de abril de dos mil diecinueve, el juez de distrito emitió sentencia en la que sobreseyó en el juicio contra las autoridades y los actos reclamados.
  • En el considerando primero determinó su competencia para resolver el juicio de amparo indirecto.
  • En el considerando segundo fijó la materia de la litis en los términos siguientes:
  • Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, se reclama la promulgación, por lo que hace a la primera autoridad, y a las dos restantes la discusión, aprobación y expedición, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de Diciembre de dos mil nueve, específicamente el artículo 1°; así como del Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, específicamente el artículo 9°.
  • Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en específico, los artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Décimo, Décimo Primero y Décimo Tercero de dicho decreto.

En específico, la unidad normativa conformada por el artículo 9°, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 1°, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y el Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

  • En el considerando tercero determinó la certeza de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
  • En el considerando cuarto realizó el estudio de las causas de improcedencia en los siguientes términos.

Lo anterior, pues el juez de distrito consideró que del contenido de los artículos segundo, tercero, quinto, sexto, décimo, décimo primero y décimo tercero del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte no producen, por su sola vigencia, una afectación concreta en la persona o patrimonio de la justiciable al tratarse de normas heteroaplicativas.

En tal virtud, sostuvo que los efectos de las normas reclamadas ocurrirán una vez que se realice el acto que le dé individualización, esto es, que se presente la solicitud de inscripción y que la autoridad pronuncie resolución en la que le niegue expresamente la aplicación del decreto, o bien, se abstenga en el plazo señalado a la emisión de la resolución, lo que se entenderá como una negativa, lo cual no demostró en juicio la quejosa

Derivado de lo anterior, hizo extensiva la improcedencia a los artículos 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 9º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues éstos fueron reclamados como una unidad jurídica indisoluble.

Por tanto, decretó el sobreseimiento de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

  • Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en el que formuló los agravios siguientes:
  • correspondiente por ser un contribuyente que se dedica a la actividad de suministro de personal, tal como lo dispone el artículo sexto, fracción XVI, del Decreto en cuestión.
  • Del recurso de revisión conoció el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, bajo el expediente R.A. 250/2019.
  • En sesión de nueve de enero de dos mil veinte, el órgano colegiado resolvió modificar la sentencia recurrida a efecto de confirmar el sobreseimiento en contra de los artículos Sexto, fracciones X, XI y XII, y Decimotercero, fracciones III, IV y V, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, y revocar el sobreseimiento en cuanto al artículo Sexto, fracción XVI de dicho Decreto, dejando a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del problema de constitucionalidad planteado en relación a esta última porción normativa.
  • Las consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito fueron las siguientes:
  • En el considerando primero determinó su competencia para conocer del recurso de revisión, entre otros preceptos, en términos de lo dispuesto en el punto cuatro, fracción I, inciso A), y punto noveno, del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • En el considerando segundo estableció que el recurso de revisión principal y la revisión adhesiva se presentaron oportunamente.
  • En el considerando tercero señaló que resultaba innecesario transcribir la sentencia impugnada y los agravios formulados por los recurrentes.
  • En el considerando cuarto examinó los agravios del recurso de revisión principal y el de la revisión adhesiva relacionado con el sobreseimiento del juicio, conforme a los siguientes razonamientos:
  • En primer lugar, precisó que de la demanda de amparo se desprende que no obstante que la quejosa señaló como acto reclamado los artículos 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 9º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los artículos segundo, tercero, quinto, sexto, décimo, decimoprimero y decimotercero, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, lo cierto es que su verdadera intención es que se le apliquen los beneficios fiscales que contempla el referido Decreto, tanto para el impuesto sobre la renta, como para el impuesto al valor agregado.

De ese modo, determinó que solo los artículos que contemplan las hipótesis de exclusión de los referidos estímulos fiscales son los que pueden vulnerar los derechos fundamentales de la quejosa, pues lo que impugna en esta instancia constitucional es que la norma reclamada la excluya de dichos beneficios.

Bajo esa tesitura, advirtió que la quejosa no combatió todas y cada una de las hipótesis de exclusión que prevé el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, sino únicamente las previstas en los artículos Sexto, fracciones X, XI, XII y VI, y Decimotercero, fracciones III, IV, V, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, por lo que únicamente respecto de tales porciones normativas debe examinarse si resultaba procedente o no el juicio de amparo conforme a los agravios expuestos en el recurso de revisión.

  • En ese sentido, calificó de parcialmente fundados los agravios formulados por la recurrente, toda vez que los gobernados que pretendan acudir al juicio de amparo en contra de la exclusión de los beneficios fiscales que para el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado contempla el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, solo están obligados a demostrar que se encuentran en alguna de las hipótesis de hecho que los excluye.

Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando el juicio de amparo es promovido como consecuencia de que la norma reclamada excluye al contribuyente de los beneficios que contempla, éste deberá acreditar únicamente que se encuentra en la hipótesis de hecho excluida por la norma para que el órgano jurisdiccional de amparo valore si el alegado trato desigual se encuentra justificado o no dentro de los términos de comparación propuestos por la parte impugnante.

Destacó que en el presente caso la quejosa sostiene que a pesar de que es una persona moral contribuyente del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, y contar con una sucursal dentro de la región fronteriza, se encuentra en las hipótesis de exclusión que refiere el propio Decreto.

Por consiguiente, estimó que contrario a lo considerado por el juez de distrito, no debe requerirse a la quejosa demostrar, como acto concreto de aplicación, que le haya sido negada expresa o tácitamente su solicitud de inscripción en el padrón de beneficiarios, pues precisamente la norma la excluye de la posibilidad de obtener una respuesta favorable.

Máxime que la solicitud de inscripción al padrón de beneficiarios que establece el propio Decreto reclamado es únicamente para disfrutar del beneficio fiscal que se establece en su artículo segundo, esto es, el previsto para el impuesto sobre la renta, no así para el beneficio del impuesto al valor agregado.

Por ello, consideró que para acreditar la quejosa su interés jurídico para combatir las hipótesis de exclusión que precisan el artículo Sexto, fracciones X, XI, XII y XVI, así como el artículo Decimotercero, fracciones III, IV y V, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, debe demostrar fehacientemente que se ubica en todas y cada una de ellas.

Bajo esa línea argumentativa, el órgano colegiado sostuvo que conforme a las documentales que la quejosa aportó al juicio de amparo, logró demostrar su interés jurídico únicamente para combatir el artículo Sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, que prevé una causa de exclusión para disfrutar del beneficio contemplado para el impuesto sobre la renta.

Lo anterior, pues la quejosa acreditó ser una contribuyente del impuesto sobre la renta que cuenta con una sucursal ubicada en ********** –uno de los municipios citados en el artículo primero del Decreto cuestionado– y cuya actividad económica principal –90%– es suministrar personal mediante subcontratación laboral.

Sin embargo, consideró que la quejosa no acreditó su interés jurídico para impugnar la constitucionalidad del artículo Sexto, fracciones X, XI y XII, así como el artículo Decimotercero, fracciones III, IV y V, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, pues no ofreció prueba alguna con la que demostrara que se ubica en alguna de esas hipótesis de exclusión.

  • Por otro lado, declaró infundado el agravio expuesto en la revisión adhesiva presentada por el Presidente de la República en el que solicitó la confirmación del sobreseimiento decretado en la sentencia impugnada.

Al respecto, el órgano colegiado sostuvo que el juicio de amparo sí es procedente debido a que la pretensión de la quejosa es que se le considere parte de los contribuyentes que son destinatarios de los estímulos fiscales que otorga el decreto reclamado.

Finalmente concluyó que el juicio de amparo que la quejosa promovió en contra de los artículos sexto, fracciones X, XI y XII, y decimotercero, fracciones III, IV y V, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte es notoriamente improcedente al subsistir la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo por razones distintas a las expuestas por el juez de distrito, por lo que respecto de tales porciones normativas procede confirmar el sobreseimiento revisado.

  • En el considerando quinto examinó las causas de improcedencia cuyo estudio omitió el juez de distrito:
  • Calificó de infundada la causa de improcedencia que formuló el Presidente de la República al rendir su informe justificado, consistente en que se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 77 y 78, de la Ley de Amparo respecto de los artículos primero y segundo del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, en tanto que no podrían concretarse los efectos de una eventual concesión del amparo, dado que no puede eximirse a la quejosa del cumplimiento de los diversos requisitos que dicho decreto exige para poder ser sujeto de los beneficios fiscales ahí contenidos; además, que de concederse el amparo se contravendría la obligación constitucional de contribuir para el gasto público.

La calificativa obedeció porque de concederse el amparo en favor de la promovente, el efecto de dicha ejecutoria se traduciría en que se le permitiera ingresar al padrón de beneficiarios de tal decreto, siempre que acredite el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos en él exigidos, aun cuando su actividad económica principal sea el suministrar personal mediante subcontratación laboral.

  • Precisó que toda vez que el juicio de amparo promovido por la quejosa es procedente para discutir la constitucionalidad del artículo sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, era innecesario analizar las diversas causales de improcedencia propuestas por el Presidente de la República, ya que las mismas están vinculadas con diversas porciones normativas que no forman parte de la litis constitucional que se resolverá de fondo.
  • Finalmente, en el considerando sexto sostuvo las consideraciones siguientes:
  • Se declaró legalmente impedido para conocer sobre la inconstitucionalidad del artículo sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que ordenó la remisión de los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señaló que sobre tal temática no se está en los supuestos de competencia delegada previstos en el punto cuarto, fracción I, incisos B), C) y D), del Acuerdo General 5/2013.

  • En cumplimiento al artículo Noveno del Acuerdo General 5/2013, concluyó que el recurso de revisión principal y la revisión adhesiva son procedentes y oportunos, además de provenir de parte legitimada para ello.

Por otra parte, determinó que no existía motivo alguno que permita considerar un desistimiento expreso o implícito de los recursos por la parte quejosa o del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como alguna vulneración a las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo que amerite la reposición del procedimiento.

Asimismo, reiteró que debía subsistir el sobreseimiento decretado respecto de los artículos sexto, fracciones X, XI y XII, y decimotercero, fracciones III, IV y V, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, en tanto que la quejosa no demostró plenamente ubicarse en las hipótesis de exclusión previstas en dichas porciones normativas.

“QUINTO. Estudio. Esta Segunda Sala considera que en el presente caso existen elementos suficientes para reasumir su competencia originaria para conocer del amparo en revisión 250/2019 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, pues la resolución que se emita al respecto fijará un criterio de interés y trascendencia para el orden jurídico nacional.

Lo anterior, ya que los antecedentes relatados en párrafos anteriores ponen de manifiesto que en este asunto se analizará la constitucionalidad del supuesto de exclusión previsto en el artículo sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, consistente en que no podrá aplicarse el estímulo fiscal previsto en el artículo Segundo del Decreto señalado, a los contribuyentes que suministren personal mediante subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

Esto es, se determinará si se vulnera algún derecho fundamental al prohibir el beneficio del estímulo fiscal mencionado a los contribuyentes que suministren personal mediante subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo, a la luz de los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación con esta cuestión específica, este Alto Tribunal no se ha pronunciado por lo que se cumplen con las características de interés y trascendencia y, en consecuencia, se ejerce la reasunción de competencia para conocer del recurso de revisión 250/2019.”

  • CUARTO. Precisión del problema jurídico a resolver. Conforme a lo resuelto en la solicitud de reasunción de competencia 22/2020[3], esta Segunda Sala procederá al estudio de los argumentos expuestos en la demanda de amparo vinculados con el problema de constitucionalidad del artículo Sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, y en caso de que sean fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, se procederá al estudio de los argumentos contenidos en la revisión adhesiva que sostienen la constitucionalidad de dicha norma general.
  • Cabe aclarar que el estudio del problema de constitucionalidad antes precisado se realizará bajo el principio de estricto derecho, ya que no se advierte la actualización de alguno de los supuestos de suplencia de la queja que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo.
  • Argumenta que al tener como actividad económica preponderante el suministro de personal permanente y de servicios de consultoría en administración, la norma combatida la excluye del beneficio del estímulo fiscal para efectos del impuesto sobre la renta a pesar de que su actividad económica es lícita, pues está reconocida en los artículos 15-A de la Ley Federal del Trabajo y 15-A de la Ley del Seguro Social, los cuales regulan el régimen de subcontratación o intermediación laboral, de tal manera que, desde su perspectiva, no existe justificación válida para que los contribuyentes que se dediquen a dicha actividad queden excluidos del estímulo fiscal.
  • Sostiene que la exclusión señalada limita su libertad de trabajo, pues prácticamente se le prohíbe dedicarse a determinadas actividades económicas en caso de tener intención de ser beneficiaria de las prerrogativas contenidas en el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte.
  • Destaca que la exposición de motivos del propio Decreto refiere claramente que los contribuyentes de dicha región, por su cercanía con los Estados Unidos de América, producen efectos diferenciados con los del resto del país y, por consiguiente, resulta menester impulsar la competitividad económica, el desarrollo y el bienestar de los habitantes mediante la implementación de estímulos fiscales.
  • Señala que lo anterior significa que el Ejecutivo Federal reconoce la existencia de un estado de desigualdad económica y de competencia entre los contribuyentes que se localizan en la región fronteriza norte y los que obtienen sus ingresos en el resto del país, de ahí la necesidad de impulsar su crecimiento y desarrollo mediante los estímulos fiscales, de modo que la cláusula de exclusión contraviene el espíritu del estímulo fiscal aplicado.
  • Los argumentos propuestos son infundados, por lo siguiente.

“Artículo Segundo. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas y morales residentes en México, así como a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, que tributen en los términos del Título II “De las personas morales”; Título IV “De las personas físicas”; Capítulo II, Sección I “De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales”, y Título VII, Capítulo VIII “De la opción de acumulación de ingresos por personas morales” de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte a que se refiere el artículo Primero del presente Decreto, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada región fronteriza norte, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales.

La proporción a que se refiere el párrafo anterior, se calculará dividiendo los ingresos totales que obtenga el contribuyente en la citada región fronteriza norte durante el periodo de que se trate, entre la totalidad de los ingresos que obtenga dicho contribuyente durante el mismo periodo; el cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en porcentaje. Para calcular la proporción, los ingresos totales de la región fronteriza norte deberán excluir los ingresos que deriven de bienes intangibles, así como los correspondientes al comercio digital.

Se considera que se perciben ingresos exclusivamente en la referida región fronteriza norte, cuando los ingresos obtenidos en esa región representen al menos el 90% del total de los ingresos del contribuyente del ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo Sexto. No podrán aplicar el estímulo fiscal previsto en el artículo Segundo del presente Decreto los sujetos siguientes:

[…]

XVI. Los contribuyentes que suministren personal mediante subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

[…]”

  • De las disposiciones transcritas se advierte el otorgamiento de un estímulo fiscal en el pago del impuesto sobre la renta a los contribuyentes residentes en México o en el extranjero con establecimiento permanente en México, que tributen en los regímenes previstos en el Título II, Título IV, Capítulo II, Sección I y Título VII, Capítulo VIII  de la Ley del Impuesto sobre la Renta y perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte que se describe en el artículo Primero del propio Decreto[4].
  • De igual modo, se dispone que dicho estímulo fiscal consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada región fronteriza norte, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales.
  • Asimismo, se detalla la mecánica para determinar la proporción mencionada y se especifica que los ingresos se perciben exclusivamente en la referida región fronteriza norte cuando éstos representen al menos el 90% del total de los ingresos del contribuyente del ejercicio inmediato anterior de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.
  • Por último, se establece que no podrá aplicarse el estímulo fiscal en el impuesto sobre la renta a los contribuyentes que suministren personal mediante subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.
  • Por otra parte, las causas y fines que motivaron al Ejecutivo Federal para otorgar los estímulos fiscales en la zona fronteriza norte, son los siguientes:

“DECRETO de estímulos fiscales región fronteriza norte.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracción III del Código Fiscal de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Federal considera necesario establecer mecanismos que fortalezcan la economía de los contribuyentes de la frontera norte de nuestro país, con el fin de estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo;

Que en 2016, México estuvo clasificado en el segundo lugar a nivel mundial como “zona de conflicto mortal” (International Institute for Strategic Studies, 2017) después de Siria, en particular, la zona norte del país, ya que ha sido fuertemente afectada por los elevados niveles de violencia y actividad del crimen organizado y por una pérdida de dinamismo en la actividad económica, en virtud de que hay una relación entre la violencia y la baja actividad en ambas direcciones, por lo que en los municipios fronterizos se ha generado un círculo vicioso entre estos factores, lo que justifica el apoyo gubernamental en distintos frentes;

Que en los últimos años, los municipios más cercanos a Estados Unidos de América, en especial aquellos con puentes fronterizos, han presentado altos y crecientes índices de homicidios, lo cual se corrobora con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que muestra que la brecha de dichos sucesos entre los municipios de la frontera norte y el resto del país ha venido creciendo en los últimos años. Mientras que en 2015, en los municipios de la frontera norte la tasa promedio de homicidios era de 26.2 por cada 100 mil habitantes, en el resto del país la cifra era de 17.8 y para 2017, estas cifras fueron 50.4 por cada 100 mil habitantes para frontera y 26.3 para el resto del país;

Que la actividad económica de la franja fronteriza norte ha experimentado choques negativos, especialmente relacionados con la entrada de China como un competidor comercial relevante en la industria manufacturera. Un estudio reciente realizado por Dell et al. (2018) estima que en México hay una disminución de una desviación estándar en el empleo proporcionado por las empresas del sector manufacturero lo cual incrementa la tasa de homicidios en 5.4 por cada 100 mil habitantes. La alta concentración de la industria manufacturera en la zona fronteriza ha hecho que ésta se vea afectada por la combinación de baja generación de empleo e incrementos en la violencia. En los municipios colindantes con la frontera norte, la tasa de empleo registrado por los censos económicos bajó aproximadamente en 2 puntos porcentuales entre 2010 y 2015;

Que así como la disminución de oportunidades laborales facilita el desarrollo del crimen, la violencia afecta la producción de las empresas, el empleo y el ingreso económico en las familias (Calderón et al, 2015). Durante 2010 y 2015, de acuerdo a cifras de los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el producto interno bruto per cápita de municipios fronterizos disminuyó drásticamente, particularmente en los municipios de General Plutarco Elías Calles (45.6%) y de Sáric (40.6%), ambos del estado de Sonora; el municipio de Mexicali (8%), estado de Baja California, y el municipio de Reynosa (36.7%), estado de Tamaulipas, lo cual es consistente con los hallazgos de la literatura sobre la relación entre violencia y actividad económica, lo cual es particularmente relevante para una región que constantemente recibe flujos migratorios que tienden a establecerse en el lugar por periodos prolongados de tiempo, generando choques exógenos al mercado laboral de la región;

Que la frontera con Estados Unidos de América, constituye un elemento muy particular que el Ejecutivo Federal a mi cargo reconoce, ya que por su cercanía de México con dicho país se producen efectos diferenciales entre los contribuyentes que viven en esa región de los del resto del país, condición que afecta el bienestar general y encarece la vida de los que habitan en esa región, desacelerando la actividad comercial y de servicios, así como el desaliento a los visitantes extranjeros;

Que la frontera del norte de México mantiene una dinámica económica distinta al resto del país, y que derivado de su ubicación geográfica existe competencia directa con estados del sur de los Estados Unidos de América, lo que ha ocasionado una dependencia del dólar como moneda utilizada en esa región como valor de intercambio;

Que resulta necesario impulsar la competitividad económica, el desarrollo y el bienestar de los habitantes de la región fronteriza norte de México, buscando con ello el crecimiento económico el cual está relacionado con la productividad de las actividades empresariales y el capital disponible para invertir en éstas y, así promover la economía de esa región;

Que es política del Gobierno Federal establecer mecanismos que fortalezcan el crecimiento de los contribuyentes de la región fronteriza norte de nuestro país, con el fin de evitar la desigualdad con los habitantes del resto del país, y con la firme convicción de acrecentar la inversión y la productividad y con ello crear fuentes de empleo.

Que los beneficios establecidos en el presente Decreto, buscan mejorar la competitividad frente al mercado de los Estados Unidos de América y así retener al consumidor en el comercio mexicano; reactivar la economía doméstica regional y de esta manera, elevar los ingresos por mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar general de la población y por ende, mayor recaudación fiscal, además de atraer al turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos y mejores productos; crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y con ello generar riqueza y bienestar para la población; dar respuesta a la alta inmigración a la región fronteriza norte desarrollando una nueva política económica para la frontera y el resto del país, con visión de futuro basada en lograr una economía con fundamento en el conocimiento.

Que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que los beneficios fiscales como los que aquí se plantean, no se pueden examinar a la luz de los principios de justicia fiscal, porque este tipo de estímulos no inciden en los elementos esenciales de la contribución como es el caso del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, ya que no modifica su objeto, ni elimina la obligación del sujeto beneficiado, tampoco incide en la base gravable de las contribuciones en la tasa o tarifa que deberá aplicarse o en su mecánica de causación, ya que los estímulos contenidos en el presente Decreto persiguen un fin extra fiscal;

Que el fin extra fiscal trata de incentivar directamente el crecimiento económico de la región fronteriza norte de México, para que resulte integral y sustentable en aras de fortalecer la soberanía nacional como instrumento de crecimiento del país;

Que adicionalmente, la propuesta para la región fronteriza norte es acorde con el principio de competitividad previsto en el primer párrafo del artículo 25 y primer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los mismos, respectivamente, establecen que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución Federal, así como que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Que en virtud de lo anterior, con el presente Decreto, en relación con el desarrollo integral y sustentable del país para la consecución de los fines políticos, sociales, culturales y económicos, se busca mejorar la competitividad con el mercado del país vecino, retener al consumidor en el comercio mexicano y atraer nuevos consumidores; reactivar la economía doméstica regional y de esa manera, elevar los ingresos por mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar general en la población y por ende mayor recaudación fiscal; recuperar la actividad comercial y de servicios, atrayendo el turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos, variedad y mejores productos; impulsar la economía regional en la frontera norte para el mejor aprovechamiento de sus fortalezas, ventajas geográficas, estratégica ubicación, vocaciones naturales, condiciones climatológicas, atractivos turísticos, oferta extraordinaria de servicios, eficiente mano de obra, población dinámica, responsable y trabajadora, desarrollo de tecnología, comunicaciones, experiencia y relaciones internacionales;

Que asimismo, con los beneficios fiscales que se establecen en el presente Decreto, se crearan condiciones y medios efectivos para atraer la inversión, que permitirán generar riqueza y bienestar para la población en igualdad de condiciones; canalizar el diferencial del Impuesto al Valor Agregado ahorrado mediante la aplicación, regulación y actualización de salarios mínimos acorde a la realidad del mercado fronterizo y transfronterizo; dar respuesta a la alta migración por las nuevas fuentes de empleo que se generarán en dicha región fronteriza norte; desarrollar una nueva política económica para la frontera y el resto del país, con visión de futuro basada en lograr una economía con fundamento en el conocimiento, y corregir las distorsiones en la región fronteriza norte, con instrumentos orientados para fortalecer y promover la inversión de empresas en dicha región para acrecentar la planta productiva, fomentar y permitir el desarrollo regional equilibrado de nuestro país para una mayor competitividad;

Que el estímulo fiscal para la franja fronteriza norte es parte de una estrategia integral del Gobierno Federal cuya intención es mejorar el bienestar de la población en esa región, a través de beneficios fiscales consistentes en proponer una tasa reducida del impuesto al valor agregado para reactivar los mercados y reducir una tasa del impuesto sobre la renta a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, para destinar mayores recursos a la inversión, generar empleos y aumentar su competitividad;

Que el Ejecutivo Federal a mi cargo estima conveniente otorgar un estímulo fiscal en materia del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte provenientes de actividades empresariales, consistente en un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, el cual se acreditará contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda;

Que la aplicación del estímulo anterior permitirá que los contribuyentes, personas físicas y morales, que realicen actividades empresariales en la región fronteriza norte, paguen solamente las dos terceras partes del impuesto sobre la renta a su cargo, por los ingresos que por dichas actividades realicen en la región fronteriza norte del país;

Que para poder gozar del estímulo al impuesto sobre la renta antes mencionado, los contribuyentes deberán acreditar tener su domicilio fiscal en la región fronteriza norte, por lo menos los últimos dieciocho meses a la fecha de la solicitud de inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte” y siempre y cuando, no gocen de otro estímulo fiscal;

Que para efectos del beneficio fiscal a que se refiere el considerando que antecede, se considera que perciben ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte cuando los ingresos obtenidos en la referida región representan al menos el 90% del total de los ingresos del contribuyente en el ejercicio fiscal anterior, de conformidad con las reglas generales que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria;

Que del mismo modo, para efectos de control y revisión, es necesario establecer un “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte” administrado por el Servicio de Administración Tributaria, que contenga los datos de todos aquellos contribuyentes que opten por acogerse al estímulo;

Que existen actualmente contribuyentes que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta reciben un tratamiento fiscal que les otorga ciertos beneficios fiscales, los cuales se estima que no deben convivir con el estímulo fiscal al impuesto sobre la renta previsto en el presente Decreto, ya que ello generaría un doble beneficio que ocasionaría condiciones desiguales en materia de competitividad e igualdad entre contribuyentes de la región fronteriza norte del país;

Que tampoco se estima conveniente otorgar el estímulo fiscal a los contribuyentes que han incurrido en conductas dolosas para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo que no será aplicable el beneficio mencionado a los contribuyentes que se les haya aplicado la presunción de la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales, entre otros supuestos;

Que para tener acceso a los beneficios en materia del impuesto sobre la renta, los contribuyentes deberán solicitar autorización ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal de que se trate;

Que los contribuyentes deberán cumplir con una serie de requisitos, como acreditar la antigedad (sic) del domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento dentro de la región fronteriza norte; contar con firma electrónica avanzada; tener acceso al buzón tributario, entre otros;

Que el Servicio de Administración Tributaria deberá emitir resolución a la solicitud de autorización de que se trate, a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud y de ser favorable, efectuar el registro del contribuyente en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”;

Que los beneficios previstos en el presente Decreto en materia del impuesto sobre la renta son optativos, por lo que se permite a los contribuyentes solicitar en cualquier momento al Servicio de Administración Tributaria, su baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, con lo cual se entenderá revocada la autorización para aplicar dichos beneficios, los cuales se perderán por la totalidad del ejercicio en que esto suceda y los contribuyentes deberán presentar a más tardar en el mes siguiente a aquél en que solicitaron la baja, las declaraciones complementarias y realizar el pago correspondiente del impuesto sobre la renta sin considerar la aplicación del estímulo fiscal previsto en el presente Decreto;

Que el cumplimiento de los citados requisitos para obtener el estímulo por parte de los contribuyentes debe ser continuo, de ahí que se establece que el Servicio de Administración Tributaria podrá revocar en cualquier momento la autorización concedida a los contribuyentes para aplicar los beneficios en materia del impuesto sobre la renta y darlos de baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte;

Que se estima conveniente otorgar un estímulo fiscal consistente en un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado, aplicable a las personas físicas o morales, que realicen actos o actividades de enajenación de bienes, de prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte;

Que no se otorga dicho estímulo para la importación de bienes ni de servicios, a efecto de asegurar que se pague el impuesto al valor agregado a la tasa general en todos los casos, con independencia del lugar en donde se vaya a utilizar el bien o servicio, considerando que los contribuyentes importadores podrán recuperar la carga fiscal pagada en la importación mediante el mecanismo de acreditamiento del impuesto pagado, cuando se adquieran bienes o servicios de proveedores establecidos fuera de la región fronteriza norte, éstos trasladarán el impuesto al valor agregado a la tasa del 16%, carga fiscal que los contribuyentes adquirentes de los bienes o servicios con establecimientos o locales dentro de dicha región también podrán recuperar mediante su acreditamiento;

Que dicho estímulo consiste en un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado prevista en el artículo 1o de la Ley de la materia, aplicable a los actos o actividades beneficiados con el estímulo;

Que por simplificación administrativa, el crédito fiscal se aplicará en forma directa sobre la tasa mencionada, a fin de que la tasa disminuida se aplique al valor de los actos o actividades beneficiados con el estímulo fiscal, conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de forma tal que se asegura que únicamente se traslade al adquirente de los bienes o servicios una carga fiscal del 8%;

Que con la finalidad de asegurar un aprovechamiento correcto del estímulo fiscal, los contribuyentes lo podrán aplicar siempre que realicen la entrega material de los bienes o la prestación de los servicios en la región fronteriza norte;

Que a efecto de tener un adecuado control del beneficio mencionado, se establece que los contribuyentes que se encuentren realizando actividades en la región fronteriza norte, deberán presentar un aviso de aplicación del estímulo fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; en el caso de contribuyentes que inicien actividades con posterioridad a la entrada en vigor del mismo, deberán presentar el mencionado aviso conjuntamente con la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;

Que el estímulo fiscal en cuestión no se aplicará tratándose de la enajenación de bienes inmuebles, habida cuenta que el mismo busca incentivar el consumo en la región fronteriza norte, evitando el desplazamiento de los consumidores al país vecino para adquirir los bienes, lo cual no sucede en la enajenación de bienes inmuebles por su propia naturaleza;

Que también es necesario excluir de la aplicación del estímulo fiscal a la enajenación de bienes intangibles y al suministro de contenidos digitales, tales como audio o video o de una combinación de ambos, mediante la descarga o recepción temporal de los archivos electrónicos, entre otros, dado que por su naturaleza pueden ser aprovechados fuera de la región fronteriza norte;

Que, por otra parte, tampoco se estima conveniente otorgar el estímulo fiscal a los contribuyentes que han incurrido en conductas dolosas para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo que no podrán aplicar el beneficio mencionado los contribuyentes a quienes se les haya aplicado la presunción de inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales, entre otros supuestos;

Que los estímulos fiscales que se proponen en el presente Decreto no se considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta, y como una medida de simplificación administrativa, se relevará a los contribuyentes de la obligación de presentar el aviso de acreditamiento de estímulos fiscales previsto en el Código Fiscal de la Federación, y

Que con la finalidad de apoyar la economía de la región fronteriza norte resulta necesario otorgar a los contribuyentes que se describen un estímulo fiscal, para lo cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, fracción III del Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal al tener a mi cargo facultades para otorgar beneficios y estímulos fiscales, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

[…]”

  • De lo anterior se aprecia que las causas que impulsaron al Poder Ejecutivo Federal para establecer estímulos fiscales radicaron en el efecto económico negativo en la región fronteriza norte del país ocasionado por los elevados niveles de violencia y actividad del crimen; la entrada de China como un competidor comercial relevante en la industria manufacturera y la competencia directa con estados del sur de los Estados Unidos de América.
  • Ante ello, el Ejecutivo Federal consideró pertinente instaurar estímulos fiscales en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado con el objeto de cumplir con las siguientes finalidades:
  • Mejorar la competitividad con el mercado de los Estados Unidos de América, retener al consumidor en el comercio mexicano y atraer nuevos consumidores.
  • Recuperar la actividad comercial y de servicios, atrayendo el turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos, variedad y mejores productos.
  • Impulsar la economía regional en la frontera norte para el mejor aprovechamiento de sus fortalezas, ventajas geográficas, estratégica ubicación, vocaciones naturales, condiciones climatológicas, atractivos turísticos, oferta extraordinaria de servicios, eficiente mano de obra, población dinámica, responsable y trabajadora, desarrollo de tecnología, comunicaciones, experiencia y relaciones internacionales.
  • En relación con el estímulo fiscal en materia del impuesto sobre la renta, se propuso que los contribuyentes personas físicas y morales que realicen actividades empresariales en la región fronteriza norte paguen solamente las dos terceras partes del impuesto sobre la renta a su cargo por los ingresos que por dichas actividades realicen en dicha zona.
  • Cabe agregar que el Ejecutivo Federal al diseñar el otorgamiento de los estímulos fiscales lo hizo atendiendo a fines extrafiscales acordes con la rectoría económica con la que cuenta y que está reconocida en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución General de la República.
  • Ahora bien, en el caso concreto la quejosa pretende demostrar que la hipótesis prevista en la fracción XVI del artículo Sexto del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte establece un trato diferenciado injustificado al excluir del estímulo fiscal en el impuesto sobre la renta a contribuyentes que suministran personal mediante subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.
  • Lo anterior, pues desde su punto de vista, la norma le da un trato desigual injustificado atendiendo al giro económico que realiza              –consistente en el suministro de personal mediante subcontratación laboral– en relación con otros contribuyentes que de igual manera obtienen ingresos y tributan en la misma zona fronteriza norte y sí pueden acceder al estímulo fiscal, pero no llevan a cabo tales actividades.
  • Bajo tales premisas, esta Segunda Sala considera que la parte quejosa plantea un punto de comparación idóneo entre los contribuyentes cuyo objeto social consiste en el suministro de personal mediante subcontratación laboral y aquellos que sin llevar dicha actividad de igual manera se allegan de ingresos en la misma zona fronteriza norte, de manera que el punto a dilucidar consiste en determinar si es o no constitucional que el estímulo en el impuesto sobre la renta previsto en el Decreto impugnado se niegue a los contribuyentes que se dedican a la subcontratación laboral en comparación con el resto de los contribuyentes que se dedican a otra actividad.
  • Ahora bien, como fue anticipado, el argumento de inconstitucionalidad referido es infundado en razón de que el trato diferenciado resulta objetivo y razonable, pues su justificación obedece a los fines que trazó el Ejecutivo Federal para otorgar los beneficios fiscales a los contribuyentes que tributen en la zona fronteriza norte.
  • Al respecto, cabe recordar que uno de los fines que dieron origen al Decreto referido radica en reactivar la economía doméstica regional a efecto de elevar los ingresos por mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar general en la población y, por ende, mayor recaudación fiscal.
  • En el presente caso, la exclusión prevista en la fracción XVI del artículo Sexto del Decreto impugnado se relaciona directamente con la finalidad de lograr el desarrollo económico de la región fronteriza norte y la generación de empleos en aras del mayor bienestar general en la población.
  • Luego, si lo que se pretende lograr con el acceso al estímulo fiscal en el impuesto sobre la renta es, entre otros fines, crear nuevas fuentes de empleo, entonces resulta inconcuso que las empresas dedicadas a la prestación del servicio de suministro de personal bajo el esquema de subcontratación laboral –también llamadas outsourcing– no contribuyen a dicha finalidad en las mismas condiciones como lo hacen los contribuyentes que se dedican a giros comerciales distintos y que para llevar a cabo su actividad comercial celebran contratos laborales, creando con ello nuevas fuentes empleos.
  • Cabe destacar que el régimen de subcontratación laboral aplicable al momento de los hechos estaba regulado por los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo[5] (vigentes hasta el veintitrés de abril de dos mil veintiuno) y el artículo 27, fracción V, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta[6] (vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve), entre otros ordenamientos.
  • Así, conforme a la legislación federal del trabajo mencionada, el régimen de subcontratación laboral fue definido como el medio por el cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante persona física o moral que fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.
  • Dicha legislación fue objeto de interpretación por parte de las Salas de este Alto Tribunal derivado de las diversas condiciones que el legislador estableció a cargo de la empresa contratista y el contratante con el fin de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores ante la situación de vulnerabilidad en la que queda la clase trabajadora en una relación bajo el régimen de subcontratación.
  • Los criterios que dan cuenta de lo anterior establecen lo siguiente:

SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. El señalado precepto, al definir el régimen de subcontratación como aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas, no viola el principio de seguridad jurídica por el hecho de que se otorgue al patrón contratante la facultad de fijar las tareas del contratista y supervisar ese trabajo. Lo anterior, en virtud de que el legislador no elimina de la esfera jurídica del contratista el derecho de supervisar y asignar las tareas a sus empleados, pues las seguirá teniendo conforme a la relación laboral que rige entre él y sus trabajadores, ni está defraudando expectativas legítimas que a aquél se le hubiesen creado (derecho que previamente había adquirido); sólo se trata de una medida legislativa razonable, emitida y regulada, principalmente, en beneficio y protección de los derechos de los trabajadores.[7]

SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS 15-A, 15-B, 15-C Y 15-D DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VIOLAN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. Los artículos citados, que regulan el régimen de subcontratación laboral, no violan el derecho a la libertad de trabajo, sino que son acordes con el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues contienen una regulación especial para efectos de que, tanto empresas contratistas como contratantes desarrollen su actividad productiva, sólo que al hacerlo y por la situación de vulnerabilidad en la que queda la clase trabajadora en una relación bajo el régimen de subcontratación, deberán cumplir con un mínimo de condiciones que permitan que su actividad se realice con la debida protección de los derechos laborales de los trabajadores.[8]

SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS 15-A, 15-B, 15-C Y 15-D DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE REGULAN ESE RÉGIMEN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. Dichos preceptos, adicionados por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, que regulan el régimen de subcontratación laboral, no violan el principio de seguridad jurídica, pues tal regulación persigue un fin constitucionalmente legítimo, relacionado con la protección del derecho al trabajo de los empleados, que se materializa con el pago oportuno de sus salarios y demás prestaciones de seguridad social a las que tienen derecho, protegiéndolos ante el eventual incumplimiento de las obligaciones legales por parte de la contratista. Esta medida permite que el trabajador, ubicado dentro de una relación de subcontratación, no quede desprotegido respecto de su derecho a obtener un salario digno y a la seguridad social, ya que para proteger sus derechos, el legislador, en los artículos 15-B y 15-C invocados, estableció como condición para el usuario de los servicios contratados bajo este régimen, la verificación permanente de que la empresa contratista cumple con las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.[9]

SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN V, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NO VIOLAN LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme a los artículos 15-A a 15-D de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista, lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas y, entre otras obligaciones, debe cerciorarse no sólo al momento de celebrar el contrato, sino durante el tiempo que dure la prestación del servicio, de que el contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Por su parte, el artículo 27, fracción V, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece como requisito para deducir los gastos derivados de la subcontratación laboral, que el contratante obtenga del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere ese párrafo, mientras que el diverso 5o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que como requisito para la procedencia del acreditamiento del tributo, el contratante deberá obtener del contratista copia simple de la declaración correspondiente, del acuse de recibo y de la información reportada al Servicio de Administración Tributaria sobre el pago de dicho impuesto, así como que, a su vez, el contratista deberá proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, además de que el contratante, en el caso de que no recabe la documentación, deberá presentar declaración complementaria para disminuir el acreditamiento que hubiere efectuado. Pues bien, de la interpretación teleológica y armónica de las normas laborales y fiscales de mérito, se advierte que estas últimas no violan los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se especifican el motivo y los documentos con los que los contratantes se cerciorarán permanentemente de que el contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad social y fiscal, aunado a que el contribuyente puede acceder a la documentación de este último, ya que conforme con la situación jurídica especial que guarda la figura de la subcontratación, la propia normativa en materia del trabajo exige del contratante una constante vigilancia respecto del contratista, además de que el vínculo jurídico entre los sujetos que la pactan se ubica en situación de coordinación y no de subordinación, con lo que es posible que entre las partes tomen medidas que tiendan al cumplimiento de las disposiciones aplicables. Aunado a ello, la documentación de que se trata no es reservada o secreta, sino que está relacionada con las aportaciones de seguridad social y con la declaración de impuestos, con lo que no se revela información confidencial del contratista.[10]

RENTA. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, implica que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Ahora bien, el artículo 27, fracción V, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta al condicionar la deducción de un servicio subcontratado a que el contratante obtenga del contratista diversos documentos relacionados con los trabajadores respectivos y con el pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, no vulnera el principio constitucional aludido, pues si bien a quienes tributan bajo el mismo régimen general, pero contratan servicios a través de otras figuras (por ejemplo: comisión mercantil, la permuta o el contrato de prestación de servicios) no se les requiere la documentación mencionada, lo cierto es que las deducciones que se plantean por el empleo de servicios de subcontratación laboral no comparten la misma naturaleza que aquellos servicios derivados de otras formas de contratación, máxime cuando estos últimos atienden a disposiciones en materias laboral y tributaria diferentes a las del régimen denominado como “outsourcing” o de subcontratación laboral, aunado a que la diferencia de trato en cuestión tuvo como finalidad evitar prácticas de evasión fiscal y fortalecer el control de las obligaciones de los contribuyentes que emplean trabajadores subcontratados.[11]

RENTA. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir al gasto público en función de su capacidad contributiva real, lo cual implica que los gravámenes deben fijarse de acuerdo a la capacidad contributiva de cada persona, de tal forma que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad y menos quien la tenga en menor proporción. Ahora bien, el artículo 27, fracción V, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al condicionar la deducción de un servicio subcontratado a que el contratante obtenga del contratista diversos documentos relacionados con los trabajadores respectivos y con el pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, no vulnera el principio constitucional aludido, en virtud de que no veda el acceso a la deducción tratándose de gastos derivados de la subcontratación laboral, sino únicamente condiciona su ejercicio a que se exhiba la documentación mencionada, por lo cual la capacidad contributiva no se construye de forma ficticia o irreal.[12]

  • Se dice lo anterior, pues los contribuyentes que generan ingresos en la franja fronteriza norte mediante actividades económicas distintas al outsourcing son generadores de empleos directos, ofrecen condiciones de certidumbre laboral a sus trabajadores e impulsan el crecimiento económico en la región, con lo cual contribuyen a lograr los fines del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte.
  • En contrapartida, los contribuyentes que se dedican a la subcontratación laboral, aun cuando de cierta manera coadyuvan al desarrollo económico en la región, sus actividades económicas no tienen el mismo impacto en la creación de nuevas fuentes de trabajo, toda vez que mediante los contratos de suministro de personal el contratista ejecuta con sus propios trabajadores la obra y los servicios pactados en el contrato en beneficio de una persona física o moral denominada contratante, con lo cual no necesariamente se crean nuevas relaciones laborales.
  • Además, si lo que se busca con el estímulo fiscal es la creación de nuevas fuentes de trabajo para el mayor bienestar general en la población, entonces tampoco existen las mismas condiciones objetivas entre la quejosa y los contribuyentes cuya actividad no es el suministro de personal mediante subcontratación laboral, pues si bien la legislación que reguló el régimen de subcontratación laboral al momento de los hechos se encaminó al reforzamiento de los derechos de los trabajadores con la previsión de diversos requisitos para la empresa contratista y el contratante, lo cierto es que ello demuestra la preexistencia de un estado de vulneración de las personas que trabajan bajo dicho esquema y que hizo necesario que el legislador implementara dicho régimen especial con el objeto de que no se defraudaran los derechos laborales de las personas.
  • Por tanto, es incorrecta la aseveración de la quejosa al señalar que la cláusula de exclusión contraviene los fines del propio Decreto de impulsar el crecimiento y desarrollo en la región fronteriza norte ante el estado de desigualdad económica y de competencia entre los contribuyentes que se localizan en dicha región.
  • Ello es así, pues la hipótesis de exclusión impugnada es acorde con las finalidades previstas en el Decreto de estímulos fiscales, toda vez que la limitación al acceso al estímulo fiscal se justifica en atención a que se pretende apoyar a los contribuyentes que para obtener sus ingresos en la franja fronteriza norte generan fuentes de trabajo directas en beneficio de la sociedad, circunstancia respecto de la cual difieren los contribuyentes como la parte quejosa, pues al llevar a cabo como actividad económica la prestación de servicios de subcontratación laboral, no necesariamente son creadores de nuevas fuentes de trabajo, aunado a que sus trabajadores están en un estado de vulneración reconocida por el derecho, tan es así que para su regulación fue implementada en la Ley Federal del Trabajo un régimen especial con el fin de que no se defraudaran los derechos de las personas que trabajan bajo dicho esquema.
  • Además, debe tenerse presente que atendiendo a la trascendencia y efectos que la institución de la subcontratación laboral tiene en los trabajadores, es claro que el Poder Ejecutivo Federal pueda desincentivarla, lo que puede lograr a través de la exclusión de estímulos fiscales.
  • Por último, debe decirse que la quejosa no tiene razón cuando señala que el artículo Sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte debe considerarse inconstitucional en razón de que no hay justificación constitucionalmente válida para prohibir el estímulo fiscal a contribuyentes que realizan operaciones por suministro de personal, que desarrollan sus actividades productivas mediante plataformas digitales, o bien, que obtienen ingresos por intangibles, pues ninguna de dichas actividades es ilícita o se encuentra prohibida por la legislación vigente.
  • Ello es así, pues la exclusión del beneficio fiscal en estudio no se sustenta en si la actividad que lleva a cabo la quejosa es ilícita, tan es así que la propia norma expresamente reconoce su licitud al señalar expresamente su regulación en términos de la Ley Federal del Trabajo (vigente al momento de los hechos).
  • El argumento reseñado es infundado, por lo siguiente.
  • El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la quejosa afirma vulnerado con la disposición controvertida, dispone:

“Artículo 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.”

  • En relación a este precepto constitucional, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/1998[14] el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la libertad de trabajo se sujeta a los siguientes lineamientos:

a) A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

b) El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros.

c) También podrá vedarse por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

  • Asimismo, se sostuvo que la libertad de trabajo no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que su ejercicio está condicionado a que: (I) la actividad realizada sea lícita; (II) que no afecte derechos de terceros; y (III) que no se afecten derechos de la sociedad en general.
  • En cuanto al primer presupuesto, el referido derecho humano cobra vigencia en la medida en que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la aludida libertad no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro.
  • Finalmente, el tercer presupuesto implica que el derecho humano será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, “existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado”.
  • Lo anterior se desprende de la jurisprudencia P./J. 28/99 que se lee bajo el rubro: “LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”[15]
  • En cuanto a la naturaleza jurídica de los estímulos fiscales, al resolver el amparo en revisión 50/2010[16], esta Segunda Sala explicó que aquellos son prestaciones económicas concedidas a una persona que puede hacer valer a su favor respecto de un tributo a su cargo con el objeto de obtener a través de ese beneficio un fin parafiscal o extrafiscal.
  • Se indicó que los elementos de los estímulos fiscales pueden identificarse de la siguiente manera:

1. El beneficiario debe ser contribuyente del impuesto. Este elemento es fundamental porque el estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las cargas tributarias que pesan sobre él.

2. La situación especial del sujeto beneficiado establecida en abstracto en la disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigir el otorgamiento de dicho estímulo en su favor.

  • Se expuso que los estímulos fiscales, a pesar de su denominación tributaria, no siempre quedan integrados a la estructura de la contribución, ya que el Estado puede sólo utilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines públicos, es decir, por facilidad operativa se incorporan al final de la mecánica de la contribución para disminuir la carga impositiva, siendo este último el beneficio económico que recibe el gobernado, aunque puede adoptarse cualquier otra forma como la entrega directa del monto dinerario o que se disminuya el precio de la adquisición de un bien o servicio.
  • Asimismo, se señaló que la característica principal de este tipo de beneficios es que el legislador no trata de medir o graduar la capacidad contributiva de los sujetos obligados, de modo que al no tener relevancia impositiva atienden a factores que no guardan relación con el hecho imponible o los demás elementos cuantitativos del tributo, ni parecen razonables a su mecánica, por lo que pueden surgir en un ejercicio o no estar presentes en otro de acuerdo con las políticas económicas del Estado, sin afectar a la tributación misma, pues la correspondencia sólo se refleja en el sujeto obligado y la carga económica que tiene que cubrir.
  • De las anteriores consideraciones en torno a los estímulos fiscales, pueden destacarse las siguientes conclusiones:
  • Son prestaciones económicas que el Estado concede a un grupo de personas, para disminuir su carga tributaria.
  • Persiguen fines parafiscales o extrafiscales, es decir, el Estado sólo puede utilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines públicos.
  • Pueden surgir en un ejercicio y no estar presentes en otro.
  • Teniendo en cuenta que los estímulos fiscales son mecanismos de política fiscal, implementados por el Estado para disminuir la carga tributaria de los contribuyentes con la finalidad de conseguir un fin público; entonces puede concluirse que el estímulo fiscal y, por tanto, la norma jurídica que lo contiene surge no derivado de un derecho de los contribuyentes, sino como una facultad del Estado.
  • En otras palabras, no puede afirmarse que el Estado esté obligado a conceder en todo tiempo y lugar estímulos fiscales a los contribuyentes, ni menos aún que éstos tengan un derecho subjetivo a exigirlos de aquél; porque lejos de ser un derecho humano, el estímulo fiscal es simplemente un instrumento de política fiscal, en tanto otorga un beneficio a los contribuyentes (disminución de la carga tributaria), con una finalidad específica de carácter público.
  • En ese sentido, si bien el artículo Sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte es una norma general cuya naturaleza jurídica proviene de la facultad del Estado de implementar estímulos fiscales, lo cierto es que a juicio de esta Segunda Sala no contraviene la libertad de comercio prevista en el artículo 5° de la Constitución General, ya que solo limita el acceso al estímulo fiscal en el pago del impuesto sobre la renta a contribuyentes que suministran personal mediante subcontratación laboral, sin que ello impida que este tipo de contribuyentes dejen de realizar su objeto social para allegarse de ingresos.
  • En consecuencia, contrariamente a lo alegado por la quejosa, el artículo Sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, no contraviene los artículos 1° y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  1. Finalmente, cabe hacer la aclaración que atendiendo a la materia de la litis precisada en el considerando que antecede, resulta innecesario pronunciarse respecto a los distintos temas de constitucionalidad contenidos en los restantes conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo.
  1. SEXTO. Revisión adhesiva. La revisión adhesiva presentada por el Presidente de la República, por conducto del Director General de Amparos contra actos administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe quedar sin materia, ya que en el considerando anterior se declararon infundados los argumentos formulados por la recurrente principal.
  1. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª/J. 166/2007, de rubro: “REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA.”[17]

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia del recurso de revisión, competencia de esta Segunda Sala, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA, en contra del artículo Sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

SEGUNDO. Queda SIN MATERIA la revisión adhesiva.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.   

Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala, el Ponente y la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

                        PRESIDENTA DE LA SEGUNDA SALA

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

PONENTE

MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

La Secretaria de Acuerdos CERTIFICA que esta hoja corresponde a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente relativo al amparo en revisión 582/2020 en la sesión ordinaria celebrada vía remota el veintitrés de junio del dos mil veintiuno. DOY FE.

Revisó: ACH

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.


[1] Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el punto primero, última parte, en relación con el tercero, cuarto, fracción I, inciso c), y décimo cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2013. Lo anterior, en virtud de que el presente recurso de revisión se interpuso contra una sentencia emitida en un juicio de amparo indirecto en el que subsiste el problema de constitucionalidad de una norma de carácter general contenida en un Decreto de estímulos fiscales, cuya materia además de ser de interés y trascendencia para el orden jurídico nacional, corresponde a la especialidad de esta Segunda Sala, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

[2] Artículo Sexto. No podrán aplicar el estímulo fiscal previsto en el artículo Segundo del presente Decreto los sujetos siguientes:

[…]

XVI. Los contribuyentes que suministren personal mediante subcontratación laboral o se consideren intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

[3] Fallada por unanimidad de cinco votos de esta Segunda Sala en sesión de diecisiete de junio de dos mil veinte.

[4] Artículo Primero. Para efectos del presente Decreto, se considera como región fronteriza norte a los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali del estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta del estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides del estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo del estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac del estado de Nuevo León, y Nuevo Laredo; Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros del estado de Tamaulipas.

[5] (ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.

(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.

[6] Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

[…]

V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 76 de esta Ley.

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social.

[N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO.]

(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016)

Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo.

[7] Tesis: 2a. LXXXIV/2015 (10a.); Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 1201; Registro digital: 2009830.

[8] Tesis: 2a. LXXXIII/2015 (10a.); Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 1202; Registro digital: 2009831.

[9] Tesis: 2a. LXXXII/2015 (10a.); Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 1203; Registro digital: 2009832.

[10] Tesis: 2a. LXXIII/2018 (10a.); Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 1250; Registro digital: 2017715.

[11] Tesis: 1a. XCI/2019 (10a.); Instancia: Primera Sala; Décima Época; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1160; Registro digital: 2020865.

[12] Tesis: 1a. XC/2019 (10a.); Instancia: Primera Sala; Décima Época; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1161; Registro digital: 2020866.

[13] Texto: “Los citados preceptos establecen la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, la cual se cumple en los términos previstos en los propios dispositivos constitucionales, cuando el Estado alienta la producción, concede subsidios, otorga facilidades a empresas de nueva creación, estimula la exportación de sus productos, concede facilidades para la importación de materias primas, organiza el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y el sistema nacional de desarrollo social, entre otras acciones. En estos preceptos constitucionales se establece la responsabilidad del Estado de organizar y conducir el desarrollo nacional, mediante el establecimiento de un sistema de planeación democrática que sea sólido, dinámico, permanente y equitativo al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. De este modo, la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y las diversas leyes que las desarrollan establecen.”

Datos de identificación: Novena Época; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Julio de 2009, página 1543; Registro digital: 166883.

[14] Fallada el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, aprobada por unanimidad de diez votos. Ausente: Ministro Aguinaco Alemán

[15] Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, abril de 1999, página 260, registro digital 194152.

[16] Resuelto por unanimidad de cinco votos en sesión de tres de marzo de dos mil diez.

[17] De texto: “El artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, y en su último párrafo establece que en todos los casos a que se refiere ese precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión principal. Ahora bien, si se toma en cuenta que el recurso de revisión adhesiva carece de autonomía, al señalar el párrafo indicado que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste, es evidente que si la revisión principal resulta infundada, aquél debe declararse sin materia, por su naturaleza accesoria.”

Datos de identificación: Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 552; Registro digital: 171304.