AMPARO EN REVISIÓN 513/2015.

QUEJOSO Y RECURRENTE: **********.

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIo: DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ VELÁZQUEZ.

COLABORÓ: ILEANA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA.

Vo. Bo.

ministro:

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil quince.

COTEJADO:

V I S T O S;

Y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el dos de abril de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

Señalo al efecto como autoridades responsables a las siguientes:

En su carácter de ordenadoras:

  • Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores;
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
  • Secretario de Gobernación;
  • Director del Diario Oficial de la Federación;

En su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras:

  • Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
  • Lic. **********, Comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

IV. ACTOS RECLAMADOS:

De las autoridades señaladas como responsables y que han quedado precisadas, reclamo lo siguiente:

  1. Del H. Congreso de la Unión, tanto en lo correspondiente a la Cámara de Diputados, como a la Cámara de Senadores, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 16, fracción VI, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco.
  2. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 16, fracción VI, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco, respecto a su aprobación, promulgación y publicación.
  3. Del Secretario de Gobernación, se reclama la inconstitucionalidad  de los artículos 16, fracción VI, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco, por lo que hace a su refrendo y firma.
  4. Del Director del Diario Oficial de la Federación, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 16, fracción VI, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco, respecto de su publicación.
  5. Del C. Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la aplicación de los artículos 16, fracción VI, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco.
  6. Del Lic. **********, Comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se reclama la emisión de la resolución número **********, de fecha cinco de marzo de dos mil catorce, por la que impone una multa de $********** (**********).

El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, relató los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

SEGUNDO. Correspondió conocer de la demanda de amparo, por cuestión de turno, al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en donde se admitió a trámite por acuerdo de cuatro de abril de dos mil catorce y se registró con el número de expediente **********. En el propio auto se ordenó integrar por separado y duplicado el incidente de suspensión, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables.

TERCERO. Previos los trámites de ley, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional el ocho de diciembre de dos mil catorce y enseguida dictó sentencia, terminada de engrosar el veintiuno de enero de dos mil quince, en la que resolvió sobreseer en el juicio por una parte y negar el amparo por otra.

En el considerando primero de dicha resolución, el juzgador de primer grado justificó su competencia para conocer del asunto.

En el segundo considerando, el a quo fijó los actos reclamados en los siguientes términos:

  • La expedición, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley General para el Control del Tabaco, específicamente respecto de sus artículos 16, fracción VI, y 47.
  • La resolución número **********, de cinco de marzo de dos mil catorce, que impone una multa de mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $********** (**********).

A su vez, en el tercer considerando, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de la aplicación de los artículos 16, fracción VI, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco, atribuida al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, al estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Arribó a esa conclusión sobre la base de que el quejoso no desvirtuó la negativa del acto reclamado que manifestó la referida autoridad al rendir su informe justificado.

En el considerando cuarto, tuvo por ciertos los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 16, fracción VI, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco. De igual forma, tuvo por cierto el acto reclamado del Comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, relativo a la emisión de la resolución **********, de cinco de marzo de dos mil catorce.

Por otra parte, en el considerando quinto, el a quo examinó las causas de improcedencia, advirtiendo de oficio que respecto de los actos consistentes en el refrendo y publicación de la Ley General para el Control del Tabaco, específicamente de los artículos 16, fracción VI, y 47, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en los diversos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no controvirtió dichos actos por vicios propios.

Con base en lo anterior, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto del acto atribuido al Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación, consistente en el refrendo y publicación de las disposiciones precisadas.

Asimismo, en el considerando sexto, el Juez de Distrito se pronunció sobre la causa de improcedencia invocada por el Presidente de la República y el Comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, relativa en que el quejoso carece de interés jurídico. Al respecto, determinó que no cobra vigencia dicho motivo de improcedencia, toda vez que el peticionario de amparo reclamó una resolución mediante la cual se le impuso una multa, que evidentemente afecta su interés jurídico.

En el considerando séptimo, el juzgador federal analizó los conceptos de violación dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 16, fracción VI, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco.

Al respecto, concluyó que el primero de los preceptos apuntados no viola el derecho fundamental de libertad de comercio consagrado en el artículo 5o. de la Constitución Federal, por lo que calificó de infundado el concepto de violación correspondiente.

Respecto del segundo de los preceptos impugnados, sostuvo que resulta inoperante el argumento con el que el quejoso pretendió demostrar su inconstitucionalidad, en virtud de que hacía depender tal situación de la regularidad del acto de aplicación de la autoridad administrativa. En consecuencia, negó el amparo respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, relativos a la expedición, aprobación y promulgación de los aludidos dispositivos.

Finalmente, en el octavo considerando, el Juez de Distrito estudió los conceptos de violación vinculados con la ilegalidad de la resolución impositora de multa, con número **********, y sostuvo que eran infundados porque la autoridad responsable determinó imponer al quejoso la sanción mínima, razón por la cual no estaba obligada a exponer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las que estimó pertinente fijar la multa en cantidad de $********** (**********).

CUARTO. Inconforme con el fallo anterior, el quejoso, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión, del cual conoció, por razón de turno, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde se admitió a trámite mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil quince, con el número de expediente **********.

Mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil quince, el Tribunal Colegiado del conocimiento admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por **********, Subdirector de Recursos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, en representación de la autoridad responsable Presidente de la República.

En sesión de nueve de abril de dos mil quince, el mencionado órgano colegiado dictó sentencia, en la que resolvió lo siguiente:

PRIMERO. NO ES MATERIA DE LA REVISIÓN los sobreseimientos decretados en los considerandos tercero y quinto de la sentencia recurrida, así como la negativa del amparo decretada en el considerando séptimo de la sentencia sujeta a revisión, respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 16, fracción VI, al ser violatorio de la garantía de libre comercio, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco.

SEGUNDO. En la materia de la competencia de este Tribunal, se MODIFICA la sentencia recurrida, en términos del considerando octavo de esta sentencia.

TERCERO. Este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, respecto a la constitucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, al ser violatorio de la garantía de igualdad prevista en el artículo 1° constitucional, la cual, se estima, se surte a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CUARTO. Este Tribunal se reserva la competencia para conocer sobre los planteamientos de legalidad.

QUINTO. Previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente, con testimonio de esta resolución, se ordena remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los autos del amparo en revisión ********** y los del sumario de garantías ********** del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para lo que a su competencia originaria corresponda.

 En el considerando primero de dicha resolución, el Tribunal Colegiado justificó su competencia para conocer del asunto.

En los considerandos segundo y tercero analizó la oportunidad de los recursos principal y adhesivo, respectivamente.

En los considerandos cuarto y quinto revisó la legitimación de los recurrentes principal y adhesivo, respectivamente.

En el considerando sexto, el Tribunal señaló que se agregó copia certificada del escrito de agravios y de la sentencia recurrida; asimismo, que resulta innecesaria su reproducción. A su vez, en el considerando séptimo, narró los antecedentes del caso.

En el considerando octavo precisó que no es materia de la revisión, al no haber sido impugnado, el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, relativo al acto reclamado del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, consistente en la aplicación de los artículos 16, fracción VI, y 47 de la Ley General para el Control del Tabaco; así como el sobreseimiento ordenado en el considerando quinto del fallo de primera instancia, en relación con los actos atribuidos al Secretario de Gobierno y al Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación de la Ley General para el Control del Tabaco.

De igual forma, señaló que tampoco es materia de la revisión la negativa del amparo decretada en el considerando séptimo, respecto del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, por ser violatorio de la garantía de libertad de comercio prevista en el diverso 5o. de la Constitución Federal, y del artículo 47 de la misma legislación, por no haber sido combatida.

Agregó que al no existir causa de improcedencia que requiera de análisis ni advertir oficiosamente la individualización de alguna, procedía al examen de los agravios.

En este sentido, en el considerando noveno emprendió el estudio de los agravios primero, segundo, tercero y cuarto, los cuales determinó que eran fundados, ya que el Juez de Distrito omitió pronunciarse respecto de todos los argumentos expuestos en el primer concepto de violación, específicamente, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, por ser violatorio de la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Ello, explicó el Tribunal Colegiado, toda vez que el a quo únicamente determinó que dicho precepto no viola los derechos fundamentales consagrados en el artículo 5o. de la Constitución Federal, al existir un valor que se pondera y se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular, en la especie por cuestiones de salud y, en aras de ese interés mayor, se prohíbe la comercialización de diversos productos que se relacionan con aquellos derivados del tabaco.

 Por ello, el Tribunal Colegiado consideró que lo procedente era analizar los argumentos omitidos por el Juez de Distrito respecto del tema de la igualdad.

Definido lo anterior, en el considerando décimo, el Tribunal Colegiado indicó carecer de competencia para abordar el estudio de inconstitucionalidad relativo al artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, por ser violatorio de la garantía de igualdad prevista en el diverso 1o. de la Constitución Federal, por lo que dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera el tema de constitucionalidad subsistente respecto de dicha disposición legal.

Asimismo, reservó su competencia para resolver las cuestiones de legalidad propuestas en el quinto agravio y proveer respecto del recurso de revisión adhesiva que hizo valer el Presidente de la República.

En resumen, se tiene que el Tribunal Colegiado decidió que no formaban parte de la revisión, por no haber sido cuestionados, los sobreseimientos decretados respecto de los actos atribuidos al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, al Secretario de Gobierno y al Director del Diario Oficial de la Federación, así como la negativa del amparo decretada respecto de la inconstitucionalidad del artículo 47 y 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, este último desde la óptica de la garantía de libertad de comercio prevista en el numeral 5o. de la Constitución Federal.

Sin embargo; dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para analizar el tema de constitucionalidad que subsiste en relación con el artículo 16, fracción VI, de la multicitada legislación, por ser violatorio de la garantía de igualdad prevista en el diverso 1o. de la Carta Magna.

QUINTO. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil quince, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó asumir la competencia originaria para conocer de los recursos de revisión principal  y adhesivo, y ordenó su registro con el número de amparo en revisión 513/2015; asimismo, turnó el expediente para su estudio al Ministro José Fernando Franco González Salas, y ordenó su envío a la Sala de su adscripción.

SEXTO. Por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil quince, el Presidente de la Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó remitir el expediente relativo al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

SÉPTIMO. El proyecto de sentencia fue publicado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo en vigor; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión.[1]

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Es innecesario analizar la oportunidad en la interposición de los recursos de revisión principal y adhesivo, así como la legitimación de los recurrentes, en virtud de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ya se pronunció al respecto.[2]

TERCERO. Fijación de la litis. El Tribunal Colegiado que inicialmente conoció de este recurso declaró fundado el agravio formulado por el quejoso en el que adujo que el Juez de Distrito omitió pronunciarse respecto de la cuestión efectivamente planteada, pues se limitó a analizar la constitucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, por ser contrario a lo dispuesto en el numeral 5o. constitucional; soslayando el resto de los argumentos relativos al trato desigual y discriminatorio que da la disposición combatida a los productos que no derivan del tabaco, pero que contienen alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que los identifiquen con productos del tabaco, con respecto a los productos que sí provienen del tabaco, los cuales son susceptibles de comercio bajo ciertas condiciones de etiquetado, publicidad y venta, lo cual resulta contrario de la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Consecuentemente, toda vez que en esta instancia subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, esta Segunda Sala reasume jurisdicción para conocer de este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo vigente.

Cabe precisar que si bien el Tribunal Colegiado indicó, en el considerando octavo de su fallo, que no es materia de la revisión, al no haber sido impugnada, la negativa del amparo decretada por el Juez Federal respecto del invocado artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, por ser violatorio de la garantía de libertad de comercio prevista en el diverso 5o. de la Carta Magna, lo cierto que se trata de una calificación indebida, en tanto que al subsistir el problema de constitucionalidad de la norma apuntada, dado que existen planteamientos que combaten la decisión asumida por el juzgador de primer grado de negar la protección de la Justicia de la Unión solicitada, corresponde a este Alto Tribunal delimitar la litis a resolver en torno a la regularidad constitucional del multicitado artículo 16, fracción VI, lo que no puede ser acotado por el ad quem en ejercicio de la competencia delegada que le corresponde.

De ahí que esta Segunda Sala abordará, en su integridad, el tema de constitucionalidad que subsiste en torno al artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, a partir del contenido tanto de los agravios como del concepto de violación que fue analizado de manera incompleta por el a quo.

CUARTO. Estudio de fondo. Corresponde ahora abordar el tema de constitucionalidad que subyace respecto del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, tomando en cuenta que no quedan causales de improcedencia pendientes de examen que hayan hecho valer las partes ni que este órgano judicial advierta oficiosamente en relación con la norma que nos ocupa.

Establecido lo anterior, conviene precisar que, en primer lugar, será objeto de examen por parte de esta Segunda Sala el concepto de violación identificado como primero, en la parte conducente que fue soslayada por el Juez de Distrito, en la que el quejoso alega que el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, que se refiere a la prohibición de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, es contrario a las garantías de igualdad y no discriminación previstas en el numeral 1o. de la Constitución General de la República.

Al respecto, el agraviado adujo, esencialmente, que el mencionado artículo 16, fracción VI, otorga un trato desigual y discriminatorio a las sustancias que no sean producto del tabaco, toda vez que, conforme a lo dispuesto en el diverso 6, fracción XIX, de dicha legislación, se considera producto del tabaco “cualquier sustancia o bien manufacturado preparado total o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco destinado para ser fumado, chupado, mascado o utilizado como rapé”, cuya comercialización no está prohibida.

Además, se establece un trato desigual e incongruente con el fin que la referida legislación pretende alcanzar, pues de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones I y II de su artículo 5o., se advierte que dicha finalidad consiste en proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco, así como proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir espacios libres de humo y de tabaco; sin embargo, por un lado se permite la venta de productos del tabaco, supeditada a ciertas condiciones de etiquetado y venta y, por otro, se prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.

En apoyo a sus argumentos, el recurrente citó la jurisprudencia 1a./J. 55/2006 de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes:

IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado.

A efecto de dar solución al planteamiento sintetizado, se considera oportuno citar, en primer lugar, el texto del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, que es el que el quejoso tilda de inconstitucional:

Artículo 16. Se prohíbe:

(…)

VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.

En opinión del agraviado, ese precepto establece un trato desigual en tanto prohíbe la comercialización de cualquier objeto que no sea producto del tabaco, pero contenga elementos alusivos; sin embargo, se permite, bajo condiciones específicas, la venta de productos que sí derivan del tabaco.

Para determinar si, como lo aduce el recurrente el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, establece un trato discriminatorio, es importante precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto del tipo de razonamiento que un tribunal de control constitucional debe desplegar para determinar si una previsión legislativa respeta o no el principio de igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal[3], para lo cual debe hacerse el análisis que a continuación se explica:

  1. Debe identificarse la finalidad de la medida legislativa examinada y su compatibilidad con la Constitución;
  • Hay que examinar si la distinción puede considerarse  una  medida racionalmente adecuada para la consecución de dicha finalidad, esto es, si existe una objetiva relación medios-fines entre la clasificatoria y el objetivo que la misma persigue; y
  • Debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella, pues la persecución de un objetivo constitucionalmente admisible no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos.[4]

Por otra parte, siempre que las distinciones legislativas incidan centralmente en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente o se articulen en torno a categorías explícitamente mencionadas en el artículo 1o. (como el origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil), o en torno a cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas, las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación deberán ser aplicadas con especial intensidad.

Cabe destacar que al legislador no le está vedado el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, pero el juez constitucional deberá someter su labor a un escrutinio estricto desde el punto de vista de la garantía de igualdad.

En este sentido, es claro que la norma impugnada no introduce una clasificación legislativa articulada alrededor de alguna de las categorías mencionadas en el artículo 1o. de la Constitución, como motivos prohibidos de discriminación.

En efecto, como el precepto examinado de la Ley General para el Control del Tabaco impide la comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, es claro que de ningún modo utiliza un criterio de distinción referido al origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, religión, estado civil o cualquier otra que aluda a una categoría de personas que compartan o hayan compartido históricamente una condición de exclusión, ni se articula en torno a elementos que atenten contra la dignidad humana o tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Es decir, lo que la norma incluye es una prohibición dirigida a todos los que se dediquen a la comercialización de objetos que no son producto del tabaco, los cuales no constituyen un grupo, sociológicamente hablando, equiparable a los articulados alrededor de los criterios mencionados en el artículo 1o. constitucional, ni tampoco una categorización que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar sus libertades.

Se trata, por el contrario, de una disposición sobre la comercialización y venta de ese tipo de productos que se aplica a todas las personas, físicas y jurídicas, que desarrollen dicha actividad empresarial, como tantas otras que se proyectan sobre el desempeño de las actividades profesionales de las personas.

Desde esta perspectiva, no hay motivos en el presente caso para someter la disposición normativa impugnada a un escrutinio de constitucionalidad estricto.

Establecido lo anterior, para descartar si la norma reclamada tiene o no un carácter desigual y discriminatorio, basta con comprobar si la distinción denunciada en los argumentos del recurrente persigue una finalidad constitucionalmente admisible; si resulta racional para la consecución de tal finalidad, esto es, si guarda una relación identificable de instrumentalidad respecto de ella misma; y si constituye además un medio proporcional que evita el sacrificio innecesario de otros bienes y derechos, es decir, si no existe un desbalance desproporcional entre lo que se consigue con la medida legislativa y los costos que la misma impone desde la perspectiva de otros intereses y derechos constitucionalmente protegidos. Estos dos últimos puntos son esenciales: cuando se somete la ley a un escrutinio de igualdad ordinario, como acontece en el caso, no se exige que el legislador persiga los objetivos constitucionalmente admisibles por los mejores medios imaginables, basta que los que usa estén encaminados a la consecución del fin, que constituyan un medio de avance hacia él, aunque sea posible imaginar medios más efectivos y más adecuados desde otros puntos de vista; esto es, para que pueda estimarse que superan el examen de constitucionalidad, es suficiente que sean instrumentalmente aptos para impulsar las cosas en algún grado hacia el fin que se persigue.

En primer lugar, la finalidad de la norma consiste, como lo señaló el juzgador federal, en proteger el derecho a la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco, así como la protección a un medio ambiente digno, lo cual se corrobora con la exposición de motivos del decreto que contiene la misma, que a continuación se transcribe en su parte conducente:

… Tanto en México como en el mundo la exposición al humo de tabaco es una epidemia de carácter grave que representa una de las principales causas de enfermedad, muerte y discapacidad evitables.

[…]

El derecho a la vida, el derecho a la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente digno, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, y otros tratados internacionales y leyes mexicanas reconocen y justifican proteger la salud pública a través de la protección contra la exposición a HTSM.

[…]

La salud pública tiene una meta común en cualquier país o población “el máximo nivel de salud y calidad de vida posible”.

[…]

Por lo expresado en los capítulos I a IV de esta exposición de motivos elaboramos las siguientes consideraciones con las que concluimos reforzando nuestros motivos para impulsar la Ley General para el Control del Tabaco.

a) Considerando que el derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, son garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todo individuo, mismas que no pueden suspenderse ni restringirse.

[…]

e) Considerando que el uso de los productos del tabaco constituye uno de los problemas más importantes de salud pública en el mundo, causando una gran proporción de mortalidad, morbilidad y discapacidad prevenibles.

[…]

h) Considerando que se ha comprobado que la comercialización de los productos de tabaco, mediante el diseño, la promoción, el envasado, la fijación de precios y la distribución de productos contribuye a la demanda de productos del tabaco.

[…]

Como se advierte de la transcripción anterior, los objetivos o finalidades de la norma sobre control del uso y consumo del tabaco que se examinan, son claros. Así, la medida legislativa prohíbe la comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, en aras de proteger el derecho a la salud tanto de las personas fumadoras como de las no fumadoras; por tanto, se trata de un objetivo indudablemente protegido por las previsiones de nuestra Constitución Federal, que en su artículo 4o. establece:

Artículo 4o. (…)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

(…)

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

(…)

La protección a la salud es una previsión constitucional sobradamente importante para operar como objetivo o finalidad de la limitación a la convivencia de los fumadores con los no fumadores representada por una norma que dispone la prohibición de venta y distribución de mercancía que permita su identificación con productos del tabaco.

Asimismo, debe decirse que la medida considerada restrictiva es racionalmente adecuada para la consecución de la finalidad buscada, ello, porque existe una relación objetiva y lógica entre dicha medida y el objetivo que la misma persigue, esto es, a través de ella se busca reducir el hábito del tabaquismo, es decir, desincentivar el consumo del tabaco y, en consecuencia, proteger la salud de quienes pudieran adoptarlo en su perjuicio y de quienes se encuentran cerca y que reciben el humo de segunda mano.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que el modo para alcanzar la finalidad antes identificada es desproporcional, ya que si bien persigue un objetivo constitucionalmente admisible (proteger la salud de las personas de los efectos nocivos del tabaco), no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida respecto de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos.

Para justificar la afirmación anterior, es importante destacar que si bien por una parte en el artículo 5o.[5] de la legislación combatida se establecen como finalidades que persigue, la protección de la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco y de los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios cien por ciento libres de humo de tabaco, entre otras, lo cierto es que, por otra parte, en su Título Tercero, denominado Sobre los Productos del Tabaco, se regula el empaquetado y etiquetado de dichos productos, así como su publicidad, promoción y patrocinio; de igual forma se prevé un capítulo sobre el consumo y protección contra la exposición al humo del tabaco, y otro relativo a las medidas para combatir la producción ilegal y el comercio ilícito de productos del tabaco.

Lo anterior pone de manifiesto que la venta y comercialización de productos del tabaco se encuentra permitida, es decir, si bien se establece cierta regulación para llevar a cabo dichas actividades, ello no da lugar a que su ejercicio se encuentre vedado por completo, sino que únicamente se establecen los lineamientos y parámetros bajo los cuales deben realizarse tales actividades.

Ahora, a juicio de esta Segunda Sala, la distinción introducida por el legislador en el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, en el sentido de prohibir la comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, constituye una medida desproporcional, toda vez que no es la menos restrictiva para garantizar otros derechos constitucionalmente protegidos, pues por una parte se busca lograr la protección del derecho a la salud de las personas, pero a costa de vedar por completo las actividades comerciales de venta, distribución, producción, etcétera, de productos que no son del tabaco, mientras que, como quedó precisado en párrafos anteriores, la comercialización de productos del tabaco se encuentra permitida y regulada bajo condiciones específicas.

En este orden de ideas, la concretización de la finalidad de la norma no puede sujetarse únicamente a la tajante prohibición de llevar a cabo actividades comerciales con productos que no sean del tabaco, en tanto que la estrategia anti-tabaco y pro-salud seleccionada por el legislador parte de la premisa de luchar legamente contra los efectos del tabaco en la salud de las personas, lo cual no debe traducirse en una prohibición absoluta de actividad comercial de productos que no derivan del mismo [especialmente porque el comercio de productos del tabaco, que son los que efectivamente inciden en la salud de las personas, está permitido bajo ciertas condiciones], sino en la introducción de estrictas restricciones de las condiciones en las que estos productos pueden ser comercializados por las personas adultas, es decir, existen otras medidas por las que se puede optar para lograr el fin deseado, tales como las previstas para la regulación de los productos del tabaco y que, como se mencionó, están contenidas en el Título Tercero de la propia legislación examinada, denominado Sobre los Productos del Tabaco, y que se relacionan con reglas para el empaquetado y etiquetado externo; información sobre sus contenidos, emisiones y riesgos de conformidad con las disposiciones aplicables; promoción dirigida a mayores de edad exclusivamente, etcétera[6].

Consecuentemente, esta Segunda Sala estima que el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco es contrario a la garantía de igualdad tutelada en el diverso 1o. de la Constitución Federal, en tanto que no cumple con el requisito de proporcionalidad, derivado de que, aunque el legislador persigue objetivos constitucionalmente legítimos relacionados con la salud pública y el medio ambiente, la veda absoluta de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, se encuentra fuera de proporción, habida cuenta de la situación que impera en torno a los productos que efectivamente provienen del tabaco, mismos que, bajo ciertas restricciones (pese a que son los verdaderos generadores del resultado no deseado), se encuentran dentro del comercio, lo que implica una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos.

En atención a las explicaciones que anteceden, se hace innecesario el análisis de los restantes argumentos propuestos por el inconforme para evidenciar la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, pues su estudio no variaría la decisión alcanzada.

Cobra aplicación la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 175-180, Cuarta Parte, página 72, que establece:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.

En mérito de lo expuesto, lo que se impone es, en la materia del recurso, revocar el fallo sujeto a revisión y conceder la protección constitucional solicitada contra el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, lo cual tiene como efecto que dicha disposición sea desincorporada de la esfera jurídica del quejoso en tanto no sea reformada; protección que no se traduce en una autorización libre e irrestricta para la comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que contenga elementos alusivos a él, sino en que se le permita su realización bajo las mismas condiciones que aquellos productos derivados del tabaco, debiendo, por tanto, sujetarse en lo que corresponda a las reglas y limitantes aplicables a estos últimos, tales como las relacionadas con el empaquetado y etiquetado, publicidad, promoción y patrocinio, y que estén contenidas en la ley, su reglamento y demás normatividad aplicable.

En efecto, los alcances de la protección constitucional en torno a la disposición indicada no pueden ser irrestrictos, derivado de que si bien se estableció que es desproporcionadamente gravosa la prohibición absoluta de comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que contenga elementos que lo relacionen con él, también lo es que la reparación merced al amparo solo puede tender a que el quejoso pueda efectuar tales actividades, pero en las mismas condiciones que quienes producen, enajenan, distribuyen o promocionan artículos de tabaco; de ahí que si estos últimos se encuentran en el comercio, pero bajo ciertas restricciones respecto de su empaquetado, publicidad y promoción, entre otras, es claro que el agraviado deberá sujetarse igualmente a dichas medidas que, además, son acordes con la finalidad que busca la Ley General para el Control del Tabaco y que se vinculan con el cuidado del ambiente y la protección de la salud pública.

Cabe señalar que las restricciones a que se ha hecho referencia se advierten, en forma enunciativa y no limitativa, de los artículos 14 y 15 (relacionados con la exigencia de contar con licencia sanitaria para la venta de productos de tabaco; la prohibición de suministro de esos productos a menores; la exhibición de material con fines de advertencia autorizado por la Secretaría de Salud, entre otras); 18 a 22 (etiquetado externo de los productos con fines de advertencia sobre los efectos nocivos del tabaco; información sobre el contenido del producto; no inclusión de información falsa o engañosa en el empaquetado; textos en idioma español, etcétera); y 23 a 25 (prohibición de hacer propaganda a menores de edad y de uso de incentivos que fomenten la compra de tabaco), todos de la Ley General para el Control del Tabaco, cuyo contenido fue reproducido, grosso modo, en líneas anteriores.

Consecuentemente, se reitera, el amparo otorgado contra el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, implica que esa norma no sea aplicada al promovente mientras no sea reformada, y lo autoriza para que, bajo las mismas condiciones que aquellos productos derivados del tabaco en cuanto a restricciones y condiciones de comercialización, pueda vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que, sin ser un producto del tabaco, contenga elementos alusivos a él (se reitera, previa sujeción, en lo que corresponda, a las reglas y limitantes aplicables a los productos derivados del tabaco en materia de empaquetado y etiquetado, publicidad, promoción y patrocinio).

Finalmente, la protección constitucional otorgada debe hacerse extensiva al acto concreto de aplicación del precepto apuntado, esto es, a la resolución **********, de cinco de marzo de dos mil catorce, por la que el Comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios impuso al agraviado una multa por contravenir la norma que esta Segunda Sala estima inconstitucional, cuya consecuencia inmediata y directa es su ineficacia jurídica.

QUINTO. Revisión adhesiva. Atento a la decisión alcanzada en el considerando que antecede, lo que procede es analizar el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad responsable, Presidente de la República, por conducto de su representante, Subdirector de Recursos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud.

En esencia, la autoridad responsable esgrime argumentos tendentes a sostener la constitucionalidad de la norma impugnada, bajo las siguientes consideraciones:

  • Señala que los agravios del recurrente resultan infundados, toda vez que el Juez de Distrito sí analizó cada uno de los conceptos de violación.
  • Indica que la norma impugnada no infringe el derecho a la igualdad, ya que no se articula en torno a elementos que atenten contra la dignidad humana o tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
  • La restricción introducida por el legislador en el precepto que se combate no constituye una limitación que condicione la posibilidad de ejercer la titularidad de un establecimiento mercantil, sino únicamente se traduce en un condicionamiento respecto de uno de los productos que vende el quejoso.
  • La restricción contenida en el artículo reclamado tiene como finalidad desincentivar el consumo del tabaco y, en consecuencia, proteger la salud de las personas. Asimismo, dicha medida es necesaria para lograr la finalidad de la norma, ya que es la única vía de mantener a salvo a las personas de dicha publicidad.
  • La medida en comento es proporcional, toda vez que el grado de restricción es recompensada por los efectos benéficos que se obtienen desde una perspectiva preocupada en garantizar la salud de la población, en general, a los menores de edad.
  • Finalmente, manifiesta que si bien la norma combatida impone límites a la promoción, producción y comercialización de productos que no son derivados del tabaco, lo cierto es que se trata de una medida que tiende a disminuir enfermedades y padecimientos que causa el tabaquismo en la población.

En atención a la conclusión a que se arribó en el considerando que precede, deben desestimarse los agravios de la autoridad relacionados con la no discriminación y con la garantía de libertad de comercio, en tanto que son aspectos que no se relacionan con la causa efectiva que condujo a este Alto Tribunal a declarar la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, y que se vincula con la igualdad.

La misma decisión debe asumirse en torno a lo alegado respecto de la exhaustividad de la sentencia recurrida, puesto que ese aspecto ya fue juzgado por el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento de este medio de defensa.

Por otra parte, en torno al tema de la igualdad, basta recordar que, como ya se explicó, el precepto cuestionado es contrario a la garantía de igualdad tutelada en el diverso 1o. de la Constitución Federal, en tanto que no cumple con el requisito de la proporcionalidad, derivado de que, aunque el legislador persigue objetivos constitucionalmente legítimos relacionados con la salud pública y el medio ambiente, la veda absoluta de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, se encuentra fuera del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación que impera en torno a los productos que efectivamente provienen del tabaco, mismos que, bajo ciertas restricciones (pese a que son los verdaderos generadores del resultado no deseado), se encuentran dentro del comercio, lo que implica una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos.

Corolario de lo anterior, debe declararse infundada la revisión adhesiva formulada por la autoridad responsable.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, y de la resolución **********, de cinco de marzo de dos mil catorce, emitida por el Comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para los efectos precisados en el cuarto considerando de este fallo.

TERCERO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad responsable, Presidente de la República, conforme al considerando quinto de esta sentencia.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas (ponente), Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Alberto Pérez Dayán.

Firman los Ministros Presidente y Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE

                    ________________________________

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

PONENTE

___________________________________________________

MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

SECRETARIO DE ACUERDOS

        ____________________________________________

LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ

Esta hoja corresponde al amparo en revisión 513/2015. Quejoso y Recurrente: **********, fallado el día veinticuatro de septiembre de dos mil quince en el sentido siguiente: PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco, y de la resolución **********, de cinco de marzo de dos mil catorce, emitida por el Comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para los efectos precisados en el cuarto considerando de este fallo. TERCERO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad responsable, Presidente de la República, conforme al considerando quinto de esta sentencia. CONSTE.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.


[1] De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo vigente, así como por los diversos 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos primero, última parte, en relación con el tercero y cuarto, fracción I, inciso c), del Acuerdo General Plenario número 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor al día siguiente; lo anterior, en atención a que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco. Asimismo, se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

En el caso es aplicable la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la demanda de amparo génesis de este recurso se presentó durante su vigencia (dos de abril de dos mil catorce).

[2] Lo cual se constata en las fojas 105 a 108 del expediente **********, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

[3] El tercer párrafo del artículo 1o. constitucional es del tenor literal siguiente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

[4] Este criterio ha sido sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Segunda Sala comparte, en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo  XXIV, septiembre de 2006, página 75, de rubro: IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.

[5] Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco;

II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco;

III. Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco;

IV. Establecer las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco;

V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores;

VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco;

VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas basadas en evidencia contra el tabaquismo;

VIII. Establecer los lineamientos generales para la entrega y difusión de la información sobre los productos del tabaco y sus emisiones, y

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

[6] Artículo 18. En los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos del tabaco, además se sujetarán a las siguientes disposiciones:

I. Serán formuladas y aprobadas por la Secretaría;

II. Se imprimirán en forma rotatoria directamente en los empaques;

III. Serán de alto impacto preventivo, claras, visibles, legibles y no deberán ser obstruidas por ningún medio;

IV. Deberán ocupar al menos el 30% de la cara anterior, 100% de la cara posterior y el 100% de una de las caras laterales del paquete y la cajetilla;

V. Al 30% de la cara anterior de la cajetilla se le deberán incorporar pictogramas o imágenes;

VI. El 100% de la cara posterior y el 100% de la cara lateral serán destinados al mensaje sanitario, que del mismo modo será rotativo, deberá incorporar un número telefónico de información sobre prevención, cesación y tratamiento de las enfermedades o efectos derivados del consumo de productos del tabaco, y

VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o haga referencia a alguna disposición legal directamente en el empaquetado o etiquetado.

La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la formulación, aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios que se incorporarán en los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Artículo 19. Además de lo establecido en el artículo anterior, todos los paquetes de productos del tabaco y todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, deberán contener información sobre sus contenidos, emisiones y riesgos de conformidad con las disposiciones aplicables. Las autoridades competentes deberán coordinarse para tales efectos.

Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como medio para posicionar los elementos de la marca de cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos del tabaco por parte de la población.

La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos.

La industria, los propietarios y/o administradores de establecimientos donde se realice publicidad o promoción de estos productos deberán demostrar la mayoría de edad de los destinatarios de la misma.