TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES

 

Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, animados por el deseo de prestarse mutuamente asistencia en la lucha contra la criminalidad en la medida en que los efectos de ésta trascienden sus fronteras y de proveer a una mejor administración de la justicia mediante la adopción de métodos que faciliten la rehabilitación social del reo, han resuelto concluir un Tratado sobre la Ejecución de Sentencias Penales y, con tal fin, han nombrado sus plenipotenciarios:

 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al señor licenciado Alfonso García Robles, Secretario de Relaciones Exteriores, y

 

El Presidente de los Estados Unidos de América, al señor Joseph John Jova, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en México quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes y haberlos encontrado en buena y debida forma han convenido en los Artículos siguientes:

 

ARTICULO I

 

1. Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de los Estados Unidos de América podrán ser extinguidas en establecimientos penales de los Estados Unidos de América o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

 

2. Las penas impuestas en los Estados Unidos de América a nacionales de los Estados Unidos Mexicanos podrán ser extinguidas en establecimientos penales de los Estados Unidos Mexicanos o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

 

ARTICULO II

 

El presente Tratado se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

 

1) Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable y sentenciado sea también generalmente punible en el Estado Receptor, en la inteligencia que, sin embargo, esta condición no será interpretada en el sentido de requerir que los delitos tipificados en las leyes de ambos Estados sean idénticos en aquellos aspectos que no afectan a la índole del delito como, por ejemplo, la cantidad de los bienes o del numerario sustraído o en posesión del reo, o la presencia de factores relativos al comercio interestatal.

 

2) Que el reo sea nacional del Estado Receptor.

 

3) Que el reo no esté domiciliado en el Estado Trasladante.

 

4) Que el delito no sea político en el sentido del Tratado de Extradición de 1899 entre las Partes, ni tampoco un delito previsto en las leyes de migración o las leyes puramente militares.

 

5) Que la parte de la sentencia del reo quede por cumplirse en el momento de la solicitud sea de por lo menos seis meses

 

6) Que ningún procedimiento de apelación, recurso o juicio en contra de la sentencia o de la pena esté pendiente de resolución en el Estado Trasladante y que el término prescrito para la apelación de la condena del reo haya vencido.

 

ARTICULO III

 

Cada Estado designará una autoridad que se encargará de ejercer las funciones previstas en el presente Tratado.

ARTICULO IV

 

1) Todo traslado conforme al presente Tratado se iniciará por la Autoridad del Estado Trasladante. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado impedirá a un reo presentar una solicitud al Estado Trasladante para que considere su traslado.

 

2) Si la Autoridad del Estado Trasladante considera procedente el traslado de un reo y si éste da su consentimiento expreso para su traslado, dicha Autoridad transmitirá una solicitud en ese sentido, por los conductos diplomáticos, a la Autoridad del Estado Receptor.

 

3) Si la Autoridad del Estado Receptor acepta la solicitud, lo comunicará sin demora al Estado Trasladante e iniciará los procedimientos necesarios para efectuar el traslado del reo. Si no la acepta, lo hará saber sin demora a la Autoridad del Estado Trasladante.

 

4) Al decidir respecto del traslado de un reo, la Autoridad de cada una de las Partes tendrá en cuenta todos los factores pertinentes a la probabilidad de que el traslado contribuya a la rehabilitación social del reo, incluyendo la índole y gravedad del delito y los antecedentes penales del reo, si los tuviere; las condiciones de su salud; los vínculos que, por residencia, presencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, pueda tener con la vida social del Estado Trasladante y del Estado Receptor.

 

5) Si el reo fue sentenciado por los tribunales de un Estado de una de las Partes, será necesario tanto la aprobación de las autoridades de dicho Estado, como de la Autoridad Federal. No obstante, la Autoridad Federal del Estado Receptor será responsable de la custodia del reo.

 

6) No se llevará a cabo el traslado de reo alguno a menos que la pena que esté cumpliendo tenga una duración determinada o que las autoridades administrativas competentes hayan fijado posteriormente su duración.

 

7) El Estado Trasladante proporcionará al Estado Receptor una certificación que indique el delito por el cual fue sentenciado el reo, la duración de la pena, el tiempo ya cumplido por el reo y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como, entre otros, trabajo buena conducta o prisión preventiva. Dicha certificación será traducida al idioma del Estado Receptor y debidamente legalizada. El Estado trasladante también proporcionará al Estado Receptor una copia certificada de la sentencia dictada por la autoridad judicial competente y de cualesquiera modificaciones que haya tenido. El Estado Trasladante también proporcionará toda información adicional que pueda ser útil a la Autoridad del Estado Receptor para determinar el tratamiento del reo con vistas a su rehabilitación social.

 

8) Si el Estado Receptor considera que los informes proporcionados por el Estado Trasladante no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Tratado, podrá solicitar información complementaria.

 

9) Cada una de las Partes tomará las medidas legislativas necesarias y, en su caso, establecerá los procedimientos adecuados, para que, para los fines del presente Tratado, surtan efectos legales en su territorio las sentencias dictadas por los tribunales de la otra Parte.

 

ARTICULO V

 

1) La entrega del reo por las autoridades del Estado Trasladante a las del Estado Receptor se efectuará en el lugar en que convengan ambas Partes. Antes del traslado, el Estado Trasladante dará al Estado Receptor la oportunidad, si éste la solicita, de verificar, por conducto del funcionario competente conforme a las leyes del Estado Receptor, que el consentimiento del reo para su traslado fue otorgado voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias inherentes.

 

2) Salvo disposición en contrario del presente Tratado, el cumplimiento de la sentencia de un reo trasladado se someterá a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluyendo la aplicación de toda disposición relativa a la condena condicional y a la reducción del período de

prisión mediante libertad preparatoria o cualquier otra forma de preliberación. El Estado Trasladante conservará sin embargo, la facultad de indultar al reo o concederle amnistía y el Estado Receptor, al recibir aviso de tal indulto o amnistía, pondrá al reo en libertad.

 

3) Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado Receptor de manera a prolongar la duración de la pena más allá de la fecha en que quedaría extinguida de acuerdo con la sentencia del tribunal del Estado Trasladante.

 

4) El Estado Receptor no podrá reclamar el reembolso de los gastos en que incurra con motivo de la ejecución de la sentencia del reo.

 

5) Las Autoridades de las Partes intercambiarán, cada seis meses, informes sobre el estado que guarde la ejecución de las sentencias de todos los reos trasladados conforme al presente Tratado, incluyendo en particular los relativos a la excarcelación (libertad preparatoria o libertad absoluta) de cualquier reo. Cualquiera de las Partes podrá solicitar, en cualquier momento, un informe especial sobre el estado que guarde la ejecución de una sentencia individual.

 

6) El hecho de que un reo haya sido trasladado conforme a las disposiciones del presente Tratado no afectará sus derechos civiles en el Estado Receptor más allá de lo que pueda afectarlos, conforme a las leyes del Estado Receptor o de cualquiera de sus entidades federativas, el hecho mismo de haber sido objeto de una condena en el Estado Trasladante.

 

ARTICULO VI

 

El Estado Trasladante tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto impugnar, modificar o dejar sin efectos las sentencias dictadas por sus tribunales. El Estado Receptor, al recibir aviso del Estado Trasladante de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas que correspondan, conforme a dicho aviso.

 

ARTICULO VII

 

Un reo entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Tratado no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado en el Estado Receptor por el mismo delito que motivó la sentencia a ser ejecutada. Para los fines de este Artículo, el Estado Receptor no ejercitará acción penal en contra del reo por cualquier delito respecto del cual el ejercicio de la acción penal no sería posible conforme a las leyes de ese Estado, en el caso de que la sentencia hubiere sido impuesta por uno de los tribunales, federal o estatal.

 

ARTICULO VIII

 

1) El presente Tratado podrá también aplicarse a personas sujetas a supervisión u otras medidas conforme a las leyes de una de las Partes relacionadas con menores infractores. Las Partes, de conformidad con sus leyes, acordarán el tipo de tratamiento que se aplicará a tales personas una vez trasladadas. Para el traslado, se obtendrá el consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo.

 

2) Por acuerdo especial entre las Partes, las personas acusadas de un delito, respecto de las cuales se haya comprobado que sufren una enfermedad o anomalía mental podrán ser trasladadas para ser atendidas en instituciones en el país de su nacionalidad.

 

3) Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes puedan tener, independientemente del presente Tratado, para conceder o aceptar el traslado de un menor infractor u otra clase de infractor.

ARTICULO IX

 

Para los fines del presente Tratado:

 

1) “Estado Trasladante” significa la Parte de la cual el reo habrá de ser trasladado.

 

2) “Estado Receptor” significa la Parte a la que el reo habrá de ser trasladado.

 

3) “Reo” significa una persona que, en el territorio de una de las Partes ha sido declarado responsable de un delito y se encuentra sujeta en virtud de una sentencia o de cualquier medida legal adoptada en ejecución de dicha sentencia, ya sea a prisión ya sea al régimen de condena condicional de libertad preparatoria o de cualquier otra forma de libertad sujeta a vigilancia.

 

4) Un “domiciliado” significa una persona que ha radicado en el territorio de una de las Partes por lo menos cinco años con el propósito de permanecer en él.

 

ARTICULO X

 

1) El presente tratado estará sujeto a ratificación. El canje de ratificaciones tendrá lugar en

Washington.

 

2) El presente Tratado entrará en vigor treinta días después del canje de ratificaciones y tendrá una duración de tres años.

 

3) Si ninguna de las Partes Contratantes hubiere notificado a la otra noventa días antes de la expiración del período de tres años a que se refiere el Apartado anterior, su intención de dejar que el Tratado termine, éste continuará en vigor por otros tres años y así sucesivamente de tres en tres años.

 

Hecho en la ciudad de México, en duplicado, a los veinticinco días del mes de noviembre del año mil novecientos setenta y seis, en los idiomas español e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténticos.

 

Por los Estados Unidos Mexicanos: Por los Estados Unidos de América:

La presente es copia fiel y completa en español del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la Ejecución de Sentencias Penales, suscrito en la Ciudad de México, el día veinticinco del mes de noviembre del año mil novecientos setenta y seis.