CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO EN MEXICO DE UNA REPRESENTACION DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

 

CONSIDERANDO

 

Que la V Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en 1950, adoptó la Resolución 428 (V) del 14 de diciembre de ese año, relativa al Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;

 

Que, de conformidad con su Estatuto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados actúa bajo la autoridad de la Asamblea General a fin de proporcionar protección internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas a los refugiados que reúnen las condiciones previstas en dicho Estatuto;

 

Que el Alto Comisionado, en su tarea de buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados, ayuda a los gobiernos y, con su aprobación, facilita la repatriación voluntaria de tales refugiados o su asimilación en nuevas comunidades Nacionales;

Que la labor del Alto Comisionado tiene un carácter enteramente apolítico, humanitario y social; Que, también de conformidad con su Estatuto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los refugiados ha decidido, con la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,

establecer una Representación en México, en adelante denominada “La Oficina”. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominado “El Gobierno”, y el Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Refugiados han resuelto convenir en lo siguiente:

 

ARTICULO I

 

1. El Gobierno reconoce personalidad jurídica a la Oficina y, en particular, la capacidad de ésta para celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes mexicanas, e intervenir en toda acción judicial o administrativa en defensa de sus intereses.

 

2. El Gobierno reconoce el derecho de la Oficina de convocar a reuniones en su sede, o informando al Gobierno, en cualquier otro lugar del territorio mexicano.

 

ARTICULO II

 

1. La Oficina y sus bienes disfrutarán de inmunidad de jurisdicción, salvo en la medida en que en algún caso la Oficina haya renunciado expresamente a esta inmunidad. Se entiende sin embargo que ninguna renuncia de inmunidad se extenderá a medida ejecutoria alguna.

 

2. El local de la Oficina, así como sus archivos, serán inviolables y su correspondencia y comunicaciones oficiales no estarán sujetas a censura alguna.

 

3. La Oficina gozará, para sus comunicaciones oficiales, de facilidades de comunicación no menos favorables que aquellas acordadas por el Gobierno a cualquier otro organismo internacional en lo que respecta a prioridades, contribuciones e impuestos sobre correspondencia, cables, telegramas, radiogramas, telefotos y otras comunicaciones, así como tarifas de prensa para material de información destinado a los medios de información.

 

4. La Oficina podrá tener libremente fondos o divisas de toda clase y tener cuentas en cualquier moneda, e igualmente podrá transferir libremente estos fondos o estas divisas de México a otro país o viceversa y en el interior del territorio de México, así como convertir a cualquier otra moneda las divisas que por sus funciones tenga en su poder. Las modalidades de operación se ajustarán a las disposiciones legales vigentes en México.

 

5. La Oficina y sus bienes estarán exentos:

 

a) de impuestos, entendiéndose, sin embargo, que la Oficina no reclamará exención alguna por concepto de derechos que, de hecho, constituyen una remuneración por servicios públicos;

 

b) de todo derecho de aduana y de toda prohibición y restricción de importación o exportación por la Oficina para su uso oficial, entendiéndose, que los artículos importados con tal exención no serán vendidos en el territorio mexicano, salvo con la autorización expresa del Gobierno;

 

c) de todo derecho de aduana y de cualquiera prohibición y restricción respecto a la importación y exportación de sus Publicaciones.

 

ARTICULO III

 

1. El Gobierno se compromete a aplicar a la Oficina, al Representante del Alto Comisionado que estará al frente de ella y a su personal, a los fondos y bienes de la misma, así como a los expertos y consultores adscritos a la Oficina debidamente aceptados por el Gobierno, los privilegios e inmunidades necesarias, en los términos de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 30 de diciembre de 1961, según Decreto publicado en el Diario Oficial del 16 de febrero de 1962. La mencionada Convención se aplicará al personal de Nacionalidad mexicana con las reservas hechas por el Gobierno al ratificar la misma Convención.

 

2. El Representante de la Oficina comunicará al Gobierno los nombres de los funcionarios no mexicanos a quienes se aplicarán las disposiciones de este artículo.

 

ARTICULO IV

 

1. La Oficina cooperará en todo momento con las autoridades correspondientes del Gobierno a fin de facilitar la debida administración de justicia, procurar que se observen los reglamentos de policía e impedir que se cometan abusos en relación con las prerrogativas, inmunidades y franquicias previstas por el presente Convenio.

 

2. La Oficina deberá prever procedimientos adecuados para la solución de:

 

a) las controversias a que den lugar los contratos u otros conflictos de derecho privado en las cuales sea parte la Oficina.

 

b) las controversias en que esté implicado un funcionario de la Oficina, que por razón de su posición oficial goce de inmunidad, si el Representante de la Oficina no ha renunciado a dicha inmunidad.

 

3. Toda diferencia entre el Gobierno y la Oficina relativa a la interpretación o aplicación del presente Convenio, o de cualquier arreglo o convenio complementario, o suplementario, que no pueda ser solucionado mediante negociaciones, será sometida a la decisión de una junta de tres árbitros, el primero de los cuales será designado por el Gobierno, el segundo por el Representante de la Oficina y un tercero, que presidirá dicha junta, designado de común acuerdo.

 

ARTICULO V

 

El presente Convenio se interpretará teniendo en cuenta su fin principal, que es el de permitir que la Oficina pueda desempeñar las funciones previstas en el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

 

ARTICULO VI

 

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, a petición de cualquiera de Ellas. Las modificaciones entrarán en vigor una vez que el Gobierno, a través de la

Secretaría de Relaciones Exteriores, comunique su conformidad al Representante de la Oficina o en la fecha en que la Oficina lo acepte, si ésta es posterior.

 

ARTICULO VII

 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunique su conformidad al representante de la Oficina o en la fecha en que éste lo acepte, si ésta es posterior. El presente Convenio tendrá una duración indefinida pero cualquiera de las partes podrá darlo por terminado, dando aviso por escrito a la Otra con un año de anticipación.

 

En fe de lo cual, los que suscriben, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Convenio en dos ejemplares igualmente auténticos, en la Ciudad de México, a los cinco días del mes de octubre del año de mil novecientos ochenta y dos.-Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Tello.-Rúbrica.-Subsecretario de Asuntos Multilaterales. Por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Pierre Jambor.-Rúbrica.-Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

 

La presente es copia fiel y completa en español del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, relativo al Establecimiento en México de una Representación de la Oficina del Alto Comisionado, suscrito, en la Ciudad de México, el día cinco del mes de octubre del año de mil novecientos, ochenta y dos.