TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA SOBRE LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES

 

Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia.

 

ANIMADOS por el deseo de acrecentar sus vínculos de cooperación en el ámbito de la

Administración de la Justicia y,

 

TENIENDO en cuenta que esta cooperación cristaliza el deseo de ambos Gobiernos por hacer más efectiva la rehabilitación social de quienes han infringido las normas básicas de la convivencia social, al lograr que ésta se lleve a cabo en el país del que son nacionales,

 

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

 

ARTICULO 1

 

Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de la República de Bolivia, podrán ser cumplidas en establecimientos penales de Boliva, o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

 

Las penas impuestas en la República de Bolivia a nacionales de los Estados Unidos Mexicanos podrán ser cumplidas en establecimientos penales de los Estados Unidos Mexicanos o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

 

ARTICULO II

 

Para los efectos consiguientes al presente Tratado, se entenderá por:

 

1) “ESTADO TRASLADANTE” la Parte de la cual el reo habrá de ser trasladado.

 

2) “ESTADO RECEPTOR” la Parte a la que el reo habrá de ser trasladado.

 

3) “REO” a la persona que en el territorio de una de las Partes ha sido declarada responsable de un delito y se encuentra sujeta en virtud de una sentencia o de cualquier medida legal adoptada en ejecución de dicha sentencia ya sea a presión, ya sea al régimen de condena condicional, de libertad sujeta a vigilancia.

 

4) “DOMICILIADO” la persona que ha radicado en el territorio de una de las Partes por lo menos cinco años con el propósito de permanecer en él.

 

ARTICULO III

 

El presente Tratado se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

 

1) Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable y sentenciado sea también punible en el

Estado Receptor, “aun cuando no se encuentren tipificados en forma idéntica por las

Leyes de ambos Estados”.

 

2) Que el reo sea nacional del Estado Receptor y que no esté domiciliado en el Estado

Trasladante.

 

3) Que el reo no haya sido condenado a la pena de muerte, que el delito involucrado no sea de los previstos en las leyes militares, y que el Estado Receptor se abstenga de someter a proceso al reo, una vez trasladado, por hechos anteriores que constituyan delitos políticos.

 

4) Que el tiempo de la sentencia del reo que quede por cumplirse en el momento de la solicitud a que se refiere el Artículo V sea por lo menos de seis meses.

 

5) Que la sentencia se encuentre ejecutoriada y no esté pendiente de resolución, procedimiento de apelación, recurso o juicio alguno en contra de ellos en el Estado Trasladante, y que el

término prescrito para la apelación de la condena haya vencido en el momento de invocarse el presente Tratado.

 

6) Que aquellas disposiciones de la sentencia distintas a las de privación de libertad, hayan sido satisfechas.

 

ARTICULO IV

 

Las Partes designarán las autoridades encargadas de ejercer las funciones previstas en el presente Tratado.

 

ARTICULO V

 

1.- Cada Parte deberá explicar el contenido del presente Tratado a cualquier reo que quede comprendido dentro de lo dispuesto por el Tratado.

 

2.- Todo traslado de reos se iniciará por la autoridad del Estado Trasladante. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado impedirá a un reo presentar una solicitud al Estado Trasladante para que considere su traslado.

 

3.- Si la autoridad del Estado Trasladante considera procedente el traslado de un reo y si éste da su consentimiento expreso, dicha autoridad transmitirá una solicitud en ese sentido, por los conductos diplomáticos a la autoridad del Estado Receptor. La resolución del Estado Receptor respecto a la solicitud será comunicada sin demora por los canales diplomáticos a la autoridad del Estado Trasladante, para que, cumplidas las formalidades internas, se efectúe la entrega del reo en cualquier lugar mutuamente convenido.

 

4.- El Estado Receptor será responsable de la custodia y conducción del reo a la prisión o lugar donde debe cumplir la condena en su propio territorio, desde el momento en que recibió al reo, debiendo en cada caso solicitar a terceros países la cooperación necesaria para el tránsito por sus territorios.

 

5.- Para decidir sobre el traslado del reo y con el propósito de que dicho traslado contribuya efectivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las Partes considerará, entre otros factores, la índole y gravedad del delito, los antecedentes penales si los hubiere, las condiciones de su salud y los vínculos que el reo pueda tener con la vida social del Estado Trasladante y del Estado Receptor.

 

6.- En el caso de que un reo boliviano haya sido sentenciado por un Estado de los Estados Unidos Mexicanos, será necesaria tanto la aprobación de las autoridades estatales como de las federales.

 

7.- El Estado Trasladante proporcionará al Estado Receptor una certificación que indique el delito por el cual fue sentenciado el reo, la duración de la pena, el tiempo ya cumplido por el reo y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como, entre otros, trabajo, buena conducta o prisión preventiva. El Estado Trasladante también proporcionará al Estado Receptor una copia certificada de la sentencia dictada por la autoridad judicial competente y de cualesquiera modificaciones que haya tenido. El Estado Trasladante también proporcionará toda información adicional que pueda ser útil a la Autoridad del Estado Receptor para determinar el tratamiento del reo con vistas a su rehabilitación social.

 

8.- Si el Estado Receptor considera que los informes proporcionados por el Estado Trasladante no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Tratado, podrá solicitar información complementaria.

 

9.- Antes del traslado, el Estado Trasladante permitirá al Estado Receptor, si éste lo solicita, verificar por conducto del funcionario competente conforme a las leyes del Estado Receptor que el consentimiento del reo para su traslado fue otorgado voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias legales inherentes.

 

10.- El Estado Receptor no podrá reclamar el reembolso de los gastos en que incurra con motivo de la custodia, del traslado y de la ejecución de la sentencia del reo.

 

ARTICULO VI

 

1.- Un reo entregado para el cumplimiento de una sentencia conforme al presente Tratado, no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado nuevamente en el Estado Receptor por el mismo delito que motivó la sentencia dictada en el Estado Trasladante.

 

2.- Salvo disposición en contrario de este Tratado, el cumplimiento de la sentencia de un reo trasladado se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluyendo la aplicación de toda disposición relativa a la condena condicional, y a la reducción del período de prisión mediante libertad preparatoria o cualquier otra forma de preliberación. El Estado Trasladante conservará, sin embargo, su facultad de indultar al reo o concederle amnistía y el Estado Receptor, al recibir aviso de tal indulto o amnistía, pondrá al reo en libertad.

 

3.- Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado Receptor de tal manera que prolongue la duración de la pena más allá del término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal del Estado Trasladante. A requerimiento del Estado Trasladante, el Estado Receptor remitirá información sobre el cumplimiento de la sentencia, incluyendo datos sobre la excarcelación, sea libertad condicional, preparatoria o absoluta del reo.

 

4.- El hecho de que un reo haya sido trasladado conforme a las disposiciones del presente Tratado no afectará sus derechos civiles en el Estado Receptor más allá de lo que pueda afectarlos, conforme a las leyes del Estado Receptor, el hecho mismo de haber sido objeto de una condena en el Estado Trasladante.

 

ARTICULO VII

 

El Estado Trasladante tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto impugnar, modificar o dejar sin efectos las sentencias dictadas por sus tribunales. En consecuencia, el Estado Receptor no tendrá jurisdicción respecto de tales procedimientos. El Estado Receptor, al recibir aviso del Estado Trasladante de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas que correspondan, conforme a dicho aviso.

 

ARTICULO VIII

 

1.- El presente Tratado será también aplicable a personas sujetas a supervisión u otras medidas conforme a las leyes de una de las partes relacionadas con infractores menores. Las Partes, de conformidad con sus leyes, acordarán el tratamiento que se aplicará a tales personas una vez trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien esté legalmente facultado a otorgarlo.

 

2.- Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las partes puedan tener, independientemente de este Tratado, para conceder o aceptar

el traslado de un infractor menor de edad u otra clase de infractor.

 

ARTICULO IX

 

Con el fin de dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Tratado, cada una de las Partes signatarias adoptará las medidas legislativas necesarias y los procedimientos administrativos adecuados para que las sentencias dictadas surtan efectos legales en sus respectivos territorios.

ARTICULO X

 

1.- -El presente Tratado estará sujeto a ratificación y entrará en vigor en la fecha en que se efectúe el canje de ratificaciones.

 

2.- El canje de los respectivos instrumentos se hará en la Ciudad de México, Distrito Federal.

 

3.- El presente Tratado tendrá una duración de tres años y será automáticamente renovado por períodos adicionales de tres años, salvo que una de las Partes dé aviso escrito a la Otra de su intención de denunciar el Tratado por lo menos seis meses antes del vencimiento de cualquier período de tres años.

 

Hecho en la ciudad de La Paz, Bolivia, a los nueve días del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y cinco, en dos ejemplares, en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos.

 

Por los Estados Unidos Mexicanos, Ricardo Galán, Embajador.- Rúbrica.- Por la República de

Bolivia, Dr. Valentín Abecia, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.- Rúbrica.