TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

 

 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela, en adelante denominados “las Partes”;

ANIMADOS por el deseo de fortalecer los vínculos de amistad entre los pueblos y Gobiernos

 

de ambas Partes;

 

CONSCIENTES de la importancia de cooperar estrechamente en la lucha contra la delincuencia y de prestarse mutuamente con ese fin asistencia en materia de extradición;

Han convenido lo siguiente:

 

 

ARTICULO I

 

 

La Partes se obligan a entregarse mutuamente, según las reglas y bajo las condiciones determinadas en los artículos siguientes, los individuos contra los cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un delito.

 

 

ARTICULO II

 

 

1. Darán lugar a la extradición los hechos delictivos sancionados por las leyes de ambas Partes, tanto en el momento de la comisión de la conducta delictiva, como de la entrega, con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea superior a un año.

2. Si la extradición se solicita para la ejecución de una sentencia se requerirá, además, que la

 

parte de la pena que aún falte por cumplir no sea inferior a seis meses.

 

3. Bajo las condiciones establecidas en los numerales 1 y 2, la extradición también será concedida por la tentativa y/o frustración de cometer un hecho delictivo, la intervención en su preparación o la participación en su ejecución, cuando estos actos se consideren punibles de acuerdo con la legislación interna de cada Parte.

 

 

ARTICULO III

 

 

También darán lugar a la extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean Partes.

 

 

ARTICULO IV

 

 

1. La extradición no será concedida por delitos considerados como políticas por la Parte Requerida o conexos con delitos de esta naturaleza. Para los fines de la aplicación de este Tratado, el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no será considerado como delito político.

2. Tampoco se concederá la extradición si la Parte Requerida tiene fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición motivada por un delito común ha sido presentada con al finalidad de perseguir o castigar a un individuo a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de esta persona pueda ser agravada por estos motivos.

 

 

ARTICULO V

 

 

La extradición por delitos estrictamente militares queda excluida del campo de aplicación del presente Tratado.

 

 

ARTICULO VI

 

 

En materia de delitos fiscales, contra la hacienda pública, de contrabando y relativos a control de cambio, la extradición se considerará con arreglo a las disposiciones de este Tratado, si los hechos reúnen los requisitos establecido en el artículo II.

 

 

ARTICULO VII

 

 

1. Ambas Partes tendrán la facultad de negar la extradición de sus nacionales. La condición de nacional será apreciada en el momento de la decisión sobre la extradición.

2. En el caso de que la Parte Requerida no entregue a un individuo que tenga su nacionalidad, deberá poner el hecho en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, por si ha lugar, según la ley del Estado Requerido, a iniciar la acción penal correspondiente. A estos efectos los documento, informes, y objetos relativos a la infracción serán enviados gratuitamente por la vía prevista en el artículo XIII y la Parte Requirente será informada de la decisión adoptada.

 

 

ARTICULO VIII

 

 

La Parte Requerida podrá negar la extradición cuando, conforme a sus propias leyes, corresponda a sus tribunales conocer del delito por el cual aquélla haya sido solicitada.

 

 

ARTICULO IX

 

 

La extradición no será concedida si el individuo ha sido juzgado por las autoridades de la

 

Parte Requerida por los mismos hechos que originaron la solicitud.

 

 

No se concederá la extradición cuando la acción penal se hubiere extinguido por prescripción antes o después de la condena u otra causa conforme a la legislación de cualquiera de las Partes.

 

 

ARTICULO XI

 

 

Si el delito que se imputa al reclamado es punible, según la legislación de la Parte Requirente con la pena capital, la extradición sólo se concederá si la Parte Requirente da seguridades consideradas como suficientes por la Requerida de que la pena capital no será ejecutada.

 

 

ARTICULO XII

 

 

El individuo cuya extradición se solicite no podrá ser sometido en el territorio de la Parte Requirente a un tribunal de excepción. No se concederá la extradición para ello ni para la ejecución de una pena impuesta por tribunales que tengan ese carácter.

 

 

ARTICULO XIII

 

 

La solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática.

 

 

ARTICULO XIV

 

 

1. Con la solicitud de extradición se enviará:

 

a) exposición de los hechos por los cuales la extradición se solicita, indicando en la forma más exacta posible el tiempo y lugar de su perpetración y su calificación legal;

b) original y copia auténtica de la sentencia condenatoria incluyendo el cómputo del tiempo que falte por cumplir, orden de aprehensión, auto de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza, según la legislación a la Parte Requirente y de la que se desprenda la existencia del delito y los indicios racionales de su comisión por el reclamado;

c) texto de las disposiciones legales relativas al delito o delitos de que se trate, penas correspondientes y plazos de prescripción;

d)    datos que permitan establecer la identidad y la nacionalidad del individuo reclamado y, siempre que sea posible, los conducentes a su localización.

Todos los documentos presentados por las Partes deberán ser legalizados conforme a los requisitos previstos por las leyes de la Parte Requerida.

 

 

La información o pruebas enviadas con la solicitud de extradición resultaran insuficientes o defectuosas, la Parte Requerida pondrá en conocimiento de la Requirente las omisiones o defectos para que puedan ser subsanados.

 

 

ARTICULO XVI

 

 

1. Para que el individuo entregado pueda ser juzgado, condenado o sometido a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores distintos a los que hubiere motivado su extradición, la Parte Requirente deberá solicitar la autorización correspondiente a la Parte Requerida. Esta podrá exigir a la Parte Requirente los documentos previstos en el artículo XIV. El consentimiento será otorgado cuando la infracción por la que solicita origine la obligación de conceder la extradición según los términos de este Tratado.

La autorización podrá concederse aún cuando no cumpliere con las condiciones de los

 

numerales 1 y 2 del artículo II de este Tratado.

 

2. Las disposiciones a que se refiere el numeral I del presente artículo, también serán aplicables cuando el inculpado, estando en libertad de abandonar el territorio de la Parte a la que fue entregado, haya permanecido en el país más de cuarenta y cinco días sin hacer uso de esa facultad.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1, la Parte Requirente podrá adoptar las

 

medidas necesarias según su legislación para interrumpir la prescripción.

 

4. Cuando la calificación del hecho impugnado sea modificada en el curso del procedimiento, el individuo entregado sólo será procesado o juzgado en el caso de que la reclasificación se base en los mismos hechos establecidos en la solicitud de extradición.

 

 

ARTICULO XVII

 

 

Salvo en el caso previsto en el numeral 2 del artículo XVI, la reextradición en beneficio de un tercer Estado sólo será otorgada con el consentimiento de la Parte que ha concedido la extradición. Esta podrá exigir el envío previo de la documentación prevista en el artículo XIV, así como un acta que contenga la declaración razonada del reclamado sobre si acepta la reextradición o se opone a ella.

 

 

ARTICULO XVIII

 

 

1. En caso de urgencia, cualquiera de las Partes podrá solicitar, por la vía diplomática, la detención preventiva del individuo reclamado. La solicitud de detención preventiva indicará la existencia de una de las resoluciones mencionadas en el inciso b) del artículo XIV y la intención de formalizar la solicitud de extradición. Mencionará, igualmente, la infracción, el tiempo y el

lugar en que ha sido cometida y los datos que permitan establecer la identidad, nacionalidad del individuo reclamado y, siempre que sea posible, los conducentes a su localización.

2. Al recibo de la solicitud a que se refiere el numeral I, la Parte Requerida adoptará las medidas conducentes a obtener la detención del reclamado. La Parte Requirente será informada del curso de su solicitud.

3. Se pondrá fin a la detención preventiva si dentro del plazo de cuarenta y cinco días

 

después de la aprehensión del reclamado, la Parte Requerida no ha recibido la solicitud formal de extradición y los instrumentos mencionados en el artículo XIV.

4. La puesta en libertad no impedirá el curso normal del procedimiento de extradición, si la solicitud y los documentos mencionados en el artículo XIV se llegar a recibir posteriormente.

 

 

ARTICULO XIX

 

 

1. Si la extradición de un mismo individuo hubiera sido solicitada por varios Estados, la Parte Requerida determinará a cuál de esos Estados entregará al reclamado y notificará su decisión a la Parte Requirente.

2. Para tomar la decisión se considerarán, entre otros factores, los siguientes:

 

a) el Estado en cuyo territorio se cometió el delito;

 

b) la gravedad de los delitos si los Estados solicitan la extradición por diferentes delitos;

 

c) la posibilidad de reextradición entre los Estados Requirentes; y d) el orden en que fueron recibidas las solicitudes.

 

 

ARTICULO XX

 

 

1. La Parte Requerida comunicará a la Requirente, por vía diplomática su decisión respecto a la solicitud de extradición.

2. Toda negativa, total o parcial, será motivada.

 

3. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega del reclamado, que deberá llevarse a efecto dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que la Parte Requirente haya recibido la comunicación a que se refiere el numeral 1.

4. Si el reclamado no ha sido trasladado dentro del plazo señalado, será puesto en libertad y

 

la Parte Requerida podrá posteriormente negar la extradición por el mismo delito, a menos que hubiere existido un motivo razonable para que no se efectuara el traslado. En ese caso, se fijará un nuevo plazo de menor duración que el anterior.

 

 

ARTICULO XXI

 

 

1. La Parte Requerida podrá, después de haber resuelto sobre la solicitud de extradición, diferir la entrega del individuo reclamado a fin de que pueda ser jugado o, si ya ha sido condenado, para que pueda cumplir en su territorio una pena impuesta por un hecho diferente de aquel por el que se concedió la extradición.

2. La entrega podrá igualmente ser diferida cuando por las condiciones de salud del reclamado el traslado pueda poner en peligro su vida o agravar su estado, previa presentación de un certificado médico expedido por la autoridad competente de la Parte Requerida.

 

 

ARTICULO XXII

 

 

1. A petición de la Parte de Requirente, la Requerida asegurará y entregará, en la medida en que lo permita su legislación, y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, los objetos:

a) que puedan servir de medios de prueba;

 

b)    que, provenientes de la infracción, fuesen encontrados en poder del reclamado en el momento de su detención o descubiertos posteriormente.

2. La entrega de los objetos citados en el numeral anterior será efectuada aunque la

 

extradición ya acordada no pueda llevarse a cabo por muerte, desaparición o fuga del individuo reclamado.

3. La Parte Requerida podrá retener temporalmente o entregar bajo condición de restitución los objetos a que se refiere el numeral I, cuando puedan quedar sujetos a una medida de aseguramiento en el territorio de dicha Parte dentro de un procedo penal en curso.

4. Cuando existan derechos de la Parte Requerida o de terceros sobre objetos que hayan sido

 

entregados a la Requirente para los efectos de un proceso penal, conforme a las disposiciones de este artículo, dichos objetos serán restituidos a la Parte Requerida lo más pronto posible y sin costo alguno.

 

 

ARTICULO XXIII

 

 

El tránsito por el territorio de una de las Partes de un individuo que no sea nacional de esa Parte, entregado a la otra Parte por un tercer Estado, será permitido mediante la presentación, por vía diplomática de una copia auténtica de la resolución por la que se concedió la extradición, siempre que no se opongan razones de orden público.

 

 

ARTICULO XXIV

 

 

En lo dispuesto en el presente Tratado se aplicarán las leyes internas de las respectivas

 

Partes en cuanto regulen el procedimiento de extradición.

 

 

ARTICULO XXV

 

 

Los gastos ocasionados por la extradición en el territorio de la Parte Requerida serán sufragados por ésta, excepto los relativos al transporte del reclamado que recaerán sobre la Parte Requirente.

ARTICULO XXVI

 

 

1. El presente Tratado está sujeto a ratificación. El canje de los instrumentos tendrá lugar en la Ciudad de México.

2. El Tratado entrará en vigor treinta días después del canje de los instrumentos de ratificación y continuará vigente mientras no sea denunciado por cualquiera de las Partes. Sus efectos cesarán seis meses después de la fecha de notificación de denuncia, por vía diplomática.

3. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y las

 

modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 2 del presente artículo.

Hecho en la ciudad de Caracas, el quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.- Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: la Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green.- Rúbrica.- Por el Gobierno de la República de Venezuela: el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Angel Burelli Rivas.- Rúbrica.