CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CHILE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL PATRIMONIO

 

 

Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y al patrimonio, que en lo sucesivo se denominará el Convenio ;

Han acordado lo siguiente:

 

 

CAPITULO I

 

AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO

 

 

ARTICULO 1

 

AMBITO SUBJETIVO

 

 

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados

 

Contratantes.

 

 

ARTICULO 2

 

IMPUESTOS COMPRENDIDOS

 

 

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:

 

a) en la República de Chile, los impuestos comprendidos en la Ley sobre Impuesto a la

 

Renta , (en adelante denominado el impuesto chileno );

 

b) en México:

 

i) el impuesto sobre la renta,

 

ii) el impuesto al activo, (en adelante denominado el impuesto mexicano ).

 

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o substancialmente análoga e impuestos al patrimonio que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente, al final de cada año, las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones impositivas.

CAPITULO II DEFINICIONES

 

 

ARTICULO 3

 

DEFINICIONES GENERALES

 

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

a)    las expresiones un Estado Contratante y el otro Estado Contratante significan, según sea el caso, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile;

b)    el término México significa los Estados Unidos Mexicanos y, en un sentido geográfico, comprende las partes integrantes de la Federación; las islas, incluyendo los arrecifes y los cayos en los mares adyacentes; las islas de Guadalupe y Revillagigedo; la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales y las marítimas interiores y más allá de las mismas zonas sobre las cuales, de conformidad con el derecho internacional, México ejerce derechos soberanos de exploración y explotación de los recursos naturales de los fondos marinos, de su subsuelo y de las aguas suprayacentes; y el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional;

c) el término Chile significa la República de Chile y, en un sentido geográfico, comprende, además del territorio nacional, las zonas marinas y submarinas sobre las que la República de Chile, ejerce derechos de soberanía o jurisdicción de conformidad al Derecho Internacional;

d) el término persona comprende las personas físicas o naturales, las sociedades y

 

cualquier otra agrupación de personas;

 

e)    el término sociedad significa cualquier persona jurídica o moral o cualquier entidad que se considere persona jurídica o moral a efectos impositivos;

f) las expresiones empresa de un Estado Contratante y empresa del otro Estado

 

Contratante significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;

g) la expresión tráfico internacional significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa de un Estado Contratante, salvo que el transporte se realice exclusivamente entre dos puntos situados en el otro Estado Contratante;

h) la expresión autoridad competente significa:

 

i) en el caso de Chile, el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;

 

ii) en el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

 

i) el término nacional significa:

 

i) cualquier persona física o natural que posea la nacionalidad de un Estado

 

Contratante; o

ii)    cualquier persona jurídica o moral, o asociación constituida conforme a la legislación vigente de un Estado Contratante.

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante, en un momento dado, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado Contratante, para los efectos de los impuestos a los que se aplica el presente Convenio, prevaleciendo cualquier significado bajo la legislación impositiva aplicable en ese Estado Contratante.

 

 

ARTICULO 4

 

RESIDENTE

 

 

1. A los efectos de este Convenio, la expresión residente de un Estado Contratante significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeto a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye al Estado. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en él.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona física o natural sea

 

residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

 

a)    dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

b)    si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde viva habitualmente;

c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se

 

considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;

 

d)    si fuera nacional de ambos Estados, o de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso mediante un procedimiento de acuerdo mutuo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una sociedad sea residente de ambos

 

Estados Contratantes, será considerada residente sólo del Estado de la que sea nacional.

 

4. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona que no sea una persona física o natural, o sociedad a la que se le aplique el párrafo 3, sea residente de ambos Estados Contratantes, las autoridades competentes de los Estados Contratantes, de acuerdo mutuo, harán lo posible por resolver el caso y determinar la forma de aplicación del Convenio a dicha persona. En ausencia de un acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes, dicha persona no tendrá derecho a exigir ninguno de los beneficios o exenciones impositivas contempladas por este Convenio.

ARTICULO 5

 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

 

 

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

2. La expresión establecimiento permanente comprende, en especial:

 

a) una sede de dirección;

 

b) una sucursal;

 

c) una oficina;

 

d)    una fábrica; un taller; una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar en relación a la exploración, explotación o extracción de recursos naturales.

3. La expresión establecimiento permanente también incluye:

 

a)    una obra, un proyecto de construcción, montaje o instalación, o una actividad de supervisión relacionada con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto o actividad tenga una duración superior a 6 meses;

b) la prestación de servicios por parte de una empresa de un Estado Contratante, incluidos

 

los servicios de consultorías, por intermedio de empleados u otras personas naturales o físicas encomendados por la empresa para ese fin, pero sólo en el caso de que tales actividades prosigan en el otro Estado Contratante durante un período o períodos que en total excedan 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses.

A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este párrafo, las

 

actividades realizadas por una empresa asociada a otra empresa, en el sentido del Artículo 9, serán agregadas al período durante el cual son realizadas las actividades por la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son idénticas o sustancialmente similares.

4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo, se considera que la expresión establecimiento permanente no incluye:

a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;

b)    el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa

 

con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;

 

d)    el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa;

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad,

 

suministrar información, realizar investigaciones científicas, u otras actividades similares, que tengan carácter preparatorio o auxiliar, para la empresa.

5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona, distinta de un agente independiente, al cual se le aplica el párrafo 7, actúe en nombre de una empresa y ostente y

ejerza habitualmente en un Estado Contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de todas las actividades que esta persona realiza por cuenta de la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el párrafo

4 y que, de haber sido ejercidas por medio de un lugar fijo de negocios, dicho lugar fijo de negocios no se hubiera considerado como un establecimiento permanente, de acuerdo con las disposiciones de ese párrafo.

6. No obstante las disposiciones anteriores del presente artículo, se considera que una

 

empresa aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante si recauda primas en el territorio de ese otro Estado o asegura contra riesgos situados en él por medio de una persona distinta de un agente independiente al que se aplique el párrafo 7.

7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en el otro Estado

 

por el mero hecho de que realice sus actividades en ese otro Estado por medio de un corredor, un comisionista general, o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad, y que en sus relaciones comerciales o financieras con dichas empresas no se pacten o impongan condiciones aceptadas o impuestas que sean distintas de las generalmente acordadas por agentes independientes.

8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea

 

controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

 

 

CAPITULO III IMPOSICION DE LAS RENTAS

 

 

ARTICULO 6

 

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

 

 

1. Las rentas que un residente de uno de los Estados Contratantes obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. A los efectos del presente Convenio, la expresión bienes inmuebles tendrá el significado

 

que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende, en todo caso, los bienes accesorios de bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas y silvícolas, los derechos a los que se apliquen las disposiciones de Derecho común o general relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas derivadas de la utilización directa, del arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles, y a las rentas derivadas de su enajenación.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los

 

bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales independientes.

 

 

ARTICULO 7

 

BENEFICIOS EMPRESARIALES

 

 

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a:

a) ese establecimiento permanente;

 

b)    enajenaciones de bienes o mercancías en ese otro Estado de tipo idéntico o similar a los bienes o mercancías enajenados por medio del establecimiento permanente.

Sin embargo, los beneficios derivados de las enajenaciones descritas en la letra b) no

 

serán sometidos a imposición en el otro Estado si la empresa demuestra que dichas ventas han sido realizadas de esa manera por razones distintas a las de obtener un beneficio del presente Convenio.

2. Sujeto a lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice o haya realizado actividades empresariales en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente y con todas las demás personas.

3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la

 

deducción de los gastos incurridos para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración así incurridos, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte. Sin embargo, no serán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, el establecimiento permanente (que no sean los hechos como reembolso de gastos efectivos) a la oficina central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales, a título de regalías, honorarios o pagos análogos a cambio del derecho de utilizar patentes, informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas ( know-how ) u otros derechos, a título de comisión, por servicios concretos prestados, o por gestiones hechas, o salvo en el caso de un banco, a título de intereses sobre el dinero prestado al establecimiento permanente.

4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá que este Estado Contratante determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo con los principios contenidos en este artículo.

5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías para la empresa.

6. A los efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.

7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no se verán afectadas por las del presente artículo.

 

 

ARTICULO 8

 

TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO

 

 

1. Los beneficios de un residente de un Estado Contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

2. Los beneficios a que se refiere el párrafo 1, no incluyen los beneficios que se obtengan de la prestación del servicio de hospedaje o de una actividad de transporte distinta a la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

3. A los efectos de este artículo:

 

a) el término beneficios comprende:

 

i) los ingresos brutos que se deriven directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, y

ii) los intereses sobre cantidades generadas directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, siempre que dichos intereses sean accesorios a la explotación;

b) la expresión explotación de buques o aeronaves por un residente, comprende también:

 

i) el fletamento o arrendamiento de buques o aeronaves;

 

ii) el arrendamiento de contenedores y equipo relacionado, y

 

iii) la enajenación de buques, aeronaves, contenedores y equipo relacionado, siempre que dicho flete, arrendamiento o enajenación sea accesorio a la explotación, por ese residente, de buques o aeronaves en tráfico internacional, y

c) las rentas de valores y de capitales mobiliarios obtenidas por una empresa a que se refiere este artículo, se someten al régimen general aplicable a dichas rentas.

4. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un consorcio ( pool ), empresa conjunta o en una agencia internacional de explotación.

ARTICULO 9

 

EMPRESAS ASOCIADAS

 

 

1. Cuando

 

a)    una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o

b)    unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, y, en cualquiera de estos casos, las dos empresas estén unidas, en sus relaciones comerciales o financieras, por condiciones aceptadas o impuestas, que sean distintas de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas, de no existir estas condiciones y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, pueden ser incluidos por un Estado Contratante en los beneficios de esa empresa y sometidos a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empresa de este Estado, y

 

somete, en consecuencia, a imposición los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del primer Estado si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieren sido las que se hubiesen convenido entre dos empresas independientes, el otro Estado procederá, si está de acuerdo, al ajuste correspondiente del monto del impuesto que haya percibido sobre esos beneficios. Para determinar este ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio, consultándose las autoridades competentes de los Estados Contratantes en caso necesario.

3. Un Estado Contratante no modificará las rentas o beneficios de una persona que se

 

encuentre en los supuestos a que se refiere el párrafo 1, después del vencimiento de los plazos previstos en su legislación nacional y, en todo caso, después de cinco años contados a partir del último día del año en que las rentas o beneficios se hubieran obtenido, de no haber existido las condiciones a que se refiere el párrafo 1.

4. Las disposiciones del párrafo 2 no se aplicarán en el caso de fraude, culpa o negligencia.

 

 

ARTICULO 10

 

DIVIDENDOS

 

 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Estos dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de ese Estado. Sin embargo, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:

a)    5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea al menos el 20 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos;

b) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos.

 

Este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos ni tampoco afectan la imposición aplicable sobre los beneficios con cargo a los cuales se paguen las distribuciones de una persona atribuibles a un establecimiento permanente en ese otro Estado.

3. El término dividendos empleado en el presente artículo significa los rendimientos de las acciones u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como los rendimientos derivados de otros derechos sujetos al mismo régimen impositivo que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en que resida la sociedad que las distribuye.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado Contratante o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado Contratante con los que la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En estos casos, se aplican las disposiciones del Artículo

7 o del Artículo 14, según proceda.

 

5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situados en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficio o rentas procedentes de ese otro Estado.

 

 

ARTICULO 11

 

INTERESES

 

 

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro

 

Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

2. Sin embargo, estos intereses pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan, de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder del 15 por ciento del importe bruto de los intereses.

3. El término intereses empleado en el presente artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias, y especialmente los

rendimientos de valores públicos y bonos u obligaciones, así como cualquiera otra renta que la legislación del Estado de donde procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas en préstamo. Sin embargo, el término intereses no incluye las rentas a que se refiere el Artículo 10.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en él, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de una base fija situada en él, con los que el crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.

5. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija que soporte la carga de los mismos, éstos se considerarán como procedentes del Estado Contratante donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.

6. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario

 

efectivo de los intereses o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses pagados exceda, por cualquier motivo, del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican a este último importe. En este caso, la parte excedente del pago puede someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

7. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán si el propósito o uno de los principales

 

propósitos de cualquier persona vinculada con la creación o atribución del crédito en relación al cual los intereses se pagan, fuera el de sacar ventaja de este artículo mediante tal creación o atribución.

 

 

ARTICULO 12

 

REGALIAS

 

 

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro

 

Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado del que proceden, de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el perceptor de las regalías es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder del 15 por ciento del importe bruto de las regalías.

3. El término regalías empleado en el presente artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas en relación con el uso de, o concesión de uso, de un derecho de autor sobre una obra literaria ( copyright ), patente, marca comercial, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, u otro derecho o propiedad intangible, o por información relativas a

experiencias industriales, comerciales o científicas, e incluye pagos de cualquier clase en relación con películas cinematográficas y obras registradas en películas, video u otros medios de reproducción para uso en televisión, e incluye pagos de cualquier especie en virtud de la recepción de, o el derecho de recibir, imágenes visuales o auditivas, o ambas, transmitidas al público vía satélite o por cable, fibra óptica u otra tecnología similar, o el uso en relación con la transmisión por televisión o radio, o el derecho a usar en relación con la transmisión por televisión o radio, imágenes visuales o auditivas, o ambas transmitidas vía satélite o por cable, fibra óptica u otra tecnología similar.

4. Las disposiciones del párrafo 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realice en el otro Estado Contratante de donde proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en él, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de una base fija situada en él, con los que el derecho o propiedad por los que se pagan las regalías esté vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo

14, según proceda.

 

5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una de sus autoridades locales o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija que soporte la carga de las mismas, éstas se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.

6. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario

 

efectivo de las regalías o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías pagadas, habida cuenta del uso, derecho o información por los que son pagadas, exceda del importe que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo se aplican solamente a este último importe. En este caso, la parte excedente del pago puede someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

7. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán si el propósito principal o uno de los principales propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de derechos en relación a los cuales las regalías se paguen fuera el de sacar ventaja de este artículo mediante tal creación o atribución.

 

 

ARTICULO 13

 

GANANCIAS DE CAPITAL

 

 

1. Las ganancias que un residente de uno de los Estados Contratantes obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro

Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa de la que forme parte) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico

 

internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde resida el enajenante.

4. Nada de lo establecido en el presente Convenio afectará la aplicación de la legislación de un Estado Contratante para someter a imposición las ganancias de capital provenientes de la enajenación de cualquier otro tipo de propiedad distinta de las mencionadas en este artículo.

 

 

ARTICULO 14

 

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

 

 

1. Las rentas obtenidas por una persona natural o física que es residente de un Estado Contratante, con respecto a servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente llevadas a cabo en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este último Estado, pero el impuesto exigible no excederá de 10 por ciento del monto bruto percibido por dichos servicios o actividades, excepto en el caso en que este residente disponga de una base fija en ese otro Estado a efectos de llevar a cabo sus actividades. En este último caso, dichas rentas podrán someterse a imposición en ese otro Estado y de acuerdo a la legislación interna, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a la citada base fija.

2. La expresión servicios profesionales comprende especialmente las actividades

 

independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores.

 

 

ARTICULO 15

 

SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES

 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se realice en el otro Estado Contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de

 

un Estado Contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si:

a)    el perceptor permanece en el otro Estado, uno o varios períodos, que no exceden en total 183 días, en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado;

b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, una persona empleadora que no es

 

residente del otro Estado, y

 

c)    las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una base fija que la persona empleadora tiene en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas

 

por razón de un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional por una empresa de un Estado Contratante, sólo serán sometidas a imposición en ese Estado, a menos que la remuneración se obtenga por un residente del otro Estado Contratante, en cuyo caso, dichas remuneraciones sólo podrán someterse a imposición en ese último Estado.

 

 

ARTICULO 16

 

PARTICIPACIONES DE CONSEJEROS

 

 

Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones que un residente de un Estado Contratante obtenga como administrador, comisario o miembro de un consejo de administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este último Estado.

 

 

ARTICULO 17

 

ARTISTAS Y DEPORTISTAS

 

 

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado Contratante, en calidad de artista, tal como un actor de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Las rentas a que se refiere el presente párrafo incluyen las rentas que dicho residente obtenga de cualquier actividad personal ejercida en el otro Estado Contratante relacionada con su renombre como artista o deportista.

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades personales de los artistas o de los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que se realicen las actividades del artista o del deportista.

 

 

ARTICULO 18

 

PENSIONES

 

 

Las pensiones procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro

 

Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado de donde proceden.

ARTICULO 19

 

FUNCIONES PUBLICAS

 

 

1.    a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales, a una persona física o natural, por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado;

b) No obstante, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones sólo pueden

 

someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física o natural es un residente de ese Estado que:

i) posee la nacionalidad de ese Estado; o

 

ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.

2. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 17 y 18 del presente Convenio, se aplica a los sueldos, salarios y otras remuneraciones, y pensiones, pagados por razón de servicios prestados dentro del marco de una actividad empresarial realizada por uno de los Estados Contratantes o una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales.

 

 

ARTICULO 20

 

ESTUDIANTES

 

 

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o formación un estudiante o una persona en práctica que es, o ha sido inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar solamente con el propósito de continuar sus estudios o formación, no pueden someterse a imposición en ese Estado, siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

 

 

ARTICULO 21

 

OTRAS RENTAS

 

 

Las rentas no mencionadas en los artículos anteriores del presente Convenio pueden someterse a imposición en ambos Estados Contratantes.

CAPITULO IV IMPOSICION DEL PATRIMONIO

 

 

ARTICULO 22

 

PATRIMONIO

 

 

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, que posea un residente de un Estado Contratante y esté situado en el otro Estado Contratante, puede someterse a imposición sólo en ese otro Estado.

2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un

 

establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante disponga en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

 

CAPITULO V

 

METODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICION

 

 

ARTICULO 23

 

ELIMINACION DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

 

 

1. En Chile, la doble imposición se evitará de la manera siguiente:

 

a)    las personas residentes en Chile que obtengan rentas que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en México, podrán acreditar contra los impuestos chilenos correspondientes a esas rentas los impuestos mexicanos, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación chilena. Este párrafo también se aplicará a las rentas a que se refieren los Artículos 6 y 11, y

b) cuando de conformidad con cualquier disposición del presente Convenio, las rentas

 

obtenidas por un residente de Chile o el patrimonio que éste posea estén exentos de imposición en Chile, Chile podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre las demás rentas o el patrimonio de dicho residente.

2. En México, la doble tributación se evitará de la manera siguiente:

 

México permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto sobre la renta mexicano, con arreglo a las disposiciones y sin perjuicio a las limitaciones de la legislación mexicana y conforme a las modificaciones ocasionales de esta legislación que no afecten sus principios generales:

a) el impuesto chileno pagado por el ingreso obtenido con fuente de riqueza en Chile en

 

una cantidad que no exceda el impuesto exigible en México sobre dichas rentas, y

 

b)    en el caso de una sociedad propietaria de al menos 10 por ciento del capital de una sociedad residente de Chile y de la cual la sociedad mencionada en primer lugar recibe los dividendos, el impuesto sobre la renta chileno pagado por la sociedad que distribuye

dichos dividendos, respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los

 

dividendos.

 

CAPITULO VI DISPOSICIONES ESPECIALES

 

 

ARTICULO 24

 

NO DISCRIMINACIÓN

 

 

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosas que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto en el Artículo 1, la presente disposición se aplica también a los nacionales de alguno de los Estados Contratantes que no residan en ninguno de ellos.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en el

 

otro Estado Contratante no serán sometidos en ese Estado a imposición en ese otro Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.

3. Este artículo no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a

 

conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.

4. A menos que se apliquen las disposiciones del Artículo 9, del párrafo 7 del Artículo 11 o del párrafo 6 del Artículo 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de esta empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar.

5. Las sociedades que sean residentes de un Estado Contratante y cuyo capital esté total o

 

parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante no estarán sometidas en el primer Estado a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas las sociedades similares del primer Estado cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes de un tercer Estado.

6. Las sociedades de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado

 

o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante no estarán sometidas en el primer Estado a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas las otras empresas similares del Estado mencionado en primer lugar.

7. En el presente artículo, los términos impuesto e imposición se refieren a los impuestos que son objeto de este Convenio y al impuesto al valor agregado.

ARTICULO 25

 

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

 

 

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 24, a la del Estado Contratante del que sea nacional.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si ella misma no está en

 

condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. En tal caso, cualquier acuerdo alcanzado se implementará dentro de los plazos previstos en la legislación interna de cada Estado Contratante.

3. Salvo por lo dispuesto en el Artículo 4, párrafo 2, letra d), del presente Convenio, en el

 

que las autoridades competentes deberán llegar a un acuerdo, las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo.

4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden comunicarse

 

directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo según se indica en los párrafos anteriores.

 

5. Si surge una dificultad o duda acerca de la interpretación o aplicación de este Convenio, que no pueda ser resuelta por las autoridades competentes de los Estados Contratantes, el caso puede, si las autoridades competentes lo acuerdan, ser sometido a arbitraje. El procedimiento será acordado bajo los principios internacionales básicos de arbitraje y será establecido entre los Estados Contratantes a través de notas que serán cambiadas por los canales diplomáticos.

Los Estados Contratantes pueden someter a arbitraje, establecido en el presente párrafo, la información que sea necesaria para cumplir con este procedimiento, pero estarán sujetos a la limitación de no revelar la información, establecida en el párrafo 1 del Artículo 26.

 

 

ARTICULO 26

 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

 

 

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán las informaciones necesarias para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o en el derecho interno de los Estados Contratantes relativo a los impuestos comprendidos en el Convenio, en la medida en que la imposición exigida por aquél no fuera contraria al Convenio, la que podrá ser utilizada para determinar el impuesto de valor agregado. El intercambio de información se aplica a impuestos de cualquier clase o denominación y no está limitado por el Artículo 1. La

información recibida por uno de los Estados Contratantes será mantenida secreta en igual forma que la información obtenida con base al Derecho interno de este Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos establecidos por este Estado, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos o medios de defensa en relación con estos impuestos. Estas personas o autoridades sólo utilizarán estas informaciones para fines fiscales. No obstante lo anterior, podrán revelar esta información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.

2. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

a)    adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estado Contratante;

b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de la legislación o en el

 

ejercicio de la práctica administrativa normal de éste o del otro Estado Contratante;

 

c) suministrar informaciones que revelen un secreto comercial, empresarial, industrial o profesional, o un procedimiento comercial, o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

3. Cuando la información sea solicitada por un Estado Contratante de conformidad con el presente artículo, el otro Estado Contratante hará lo posible por obtener la información a que se refiere la solicitud en la misma forma como si se tratara de su propia imposición, sin importar el hecho de que este otro Estado, en ese momento, no requiera de tal información. Cuando sea solicitado en forma específica por la autoridad competente de un Estado Contratante, la autoridad competente del otro Estado Contratante hará lo posible por proporcionar la información en los términos del presente artículo en la forma requerida, la que podrá consistir en declaraciones de testigos y copias de documentos originales y sin enmiendas (incluyendo libros, papeles, declaraciones, registros, informes o escritos), en la misma medida en que tales declaraciones y documentos puedan ser obtenidos de conformidad con la legislación y prácticas administrativas de ese otro Estado Contratante en relación a sus propios impuestos.

 

 

ARTICULO 27

 

MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMATICAS Y OFICINAS CONSULARES

 

 

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

 

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

 

 

1. Nada en este Convenio podrá evitar la aplicación del derecho interno de alguno de los Estados Contratantes en relación a la tributación de las rentas, beneficios, dividendos, ganancias o remesas de instituciones de inversión, o fondos de cualquier tipo incluyendo los fondos de inversión y de pensiones o sus participantes, que sean residentes del otro Estado Contratante, siempre que dicha renta no se someta a imposición de conformidad con las disposiciones de este Convenio.

2. Para los fines del párrafo 3 del Artículo XXII (Consulta) del Acuerdo General sobre

 

Comercio de Servicios, los Estados Contratantes acuerdan que, sin perjuicio de ese párrafo, cualquier disputa entre ellos respecto de si una medida cae dentro del ámbito de esa Convención, puede ser llevada ante el Consejo de Comercio de Servicios conforme a lo estipulado en dicho párrafo, pero sólo con el consentimiento de ambos Estados Contratantes. Cualquier duda sobre la interpretación de este párrafo será resuelta conforme el párrafo 3 del Artículo 25 o, en caso de no llegar a acuerdo con arreglo a este procedimiento, conforme a cualquier otro procedimiento acordado por ambos Estados Contratantes.

3. Nada en este Convenio afectará la aplicación de las actuales disposiciones del D.L. 600 de la legislación chilena, conforme estén en vigor a la fecha de la firma de este Convenio y aun cuando fueren eventualmente modificadas sin alterar su principio general.

4. Considerando que el objetivo principal de este Convenio es evitar la doble imposición

 

internacional, los Estados Contratantes acuerdan que, en el evento de que las disposiciones del Convenio sean usadas en forma tal que otorguen beneficios no contemplados ni pretendidos por él, las autoridades competentes de los Estados Contratantes deberán, en conformidad al procedimiento de acuerdo mutuo del Artículo 25, recomendar modificaciones específicas al Convenio. Los Estados Contratantes además acuerdan que cualquiera de dichas recomendaciones será considerada y discutida de manera expedita con miras a modificar el Convenio en la medida en que sea necesario.

5. Las contribuciones previsionales en un año por servicios prestados en ese año y pagados por, o por cuenta de, una persona natural o física residente de un Estado Contratante o que está presente temporalmente en ese Estado, a un plan de pensiones que es reconocido para efectos impositivos en el otro Estado Contratante deberá, durante un período que no supere en total tres años, ser tratada en el Estado mencionado en primer lugar, de la misma forma que una contribución pagada a un sistema de pensiones reconocido para fines impositivos en ese Estado,

si:

 

a)    dicha persona natural o física estaba contribuyendo en forma regular al plan de pensiones por un período que hubiera terminado inmediatamente antes de que pasara a ser residente de o a estar temporalmente presente en el Estado mencionado en primer lugar; y

b)    las autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar acuerdan que el plan de pensiones corresponde en términos generales a un plan de pensiones reconocido para efectos impositivos por ese Estado.

Para los fines de este párrafo, plan de pensiones incluye el plan de pensiones creado

 

conforme el sistema de seguridad social de cada Estado Contratante.

 

A estos efectos, las autoridades competentes, de conformidad con el Artículo 25, determinarán los planes de pensiones que se consideran reconocidos para efectos impositivos.

Las disposiciones anteriores no serán aplicables en tanto la ley de seguridad social de cada Estado Contratante obligue a dicho trabajador a contribuir al plan de pensiones del Estado Contratante en el cual ejerce el empleo.

6. Cada uno de los Estados Contratantes conserva el derecho de someter a imposición, de conformidad con su legislación, las rentas de sus residentes cuya imposición se atribuya al otro Estado por el Convenio, pero que no se encuentran efectivamente sometidas a imposición por la legislación de ese otro Estado. Asimismo, un Estado Contratante conserva el derecho de someter a imposición, de conformidad con su legislación, las rentas procedentes de este Estado obtenidas por un residente del otro Estado Contratante que esté sometido a imposición en ese otro Estado exclusivamente respecto de rentas que obtenga procedentes de fuentes situadas en ese otro

Estado.

 

CAPITULO VII DISPOSICIONES FINALES

 

 

ARTICULO 29

 

ENTRADA EN VIGOR

 

 

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor del presente Convenio. Dicho Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación.

2. Las disposiciones del Convenio se aplicarán:

 

a) en Chile,

 

con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquél en que el Convenio entre en vigor, y

b) en México,

 

i)    en relación a los impuestos retenidos en la fuente, por las cantidades pagadas o exigibles, a partir del primer día del mes de enero siguiente a la fecha en que el Convenio entre en vigor, y

ii) en relación a otros impuestos, por los ejercicios fiscales iniciados a partir del primer

 

día del mes de enero siguiente a la fecha en que el Convenio entre en vigor.

 

DENUNCIA

 

 

1. El presente Convenio permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Contratantes podrá, a más tardar el 30 de junio de cada año calendario, una vez transcurridos 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigencia, dar al otro Estado Contratante un aviso de término por escrito, a través de la vía diplomática.

2. Las disposiciones del Convenio dejarán de surtir efectos:

 

a) en Chile,

 

con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, a partir del primer día del mes de Enero del año calendario inmediatamente siguiente;

b) en México,

 

i)    en relación a los impuestos retenidos en la fuente, por las cantidades pagadas o exigibles, a partir del primer día del mes de Enero siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de seis meses referido, y

ii) en relación a otros impuestos, por los ejercicios fiscales iniciados a partir del primer

 

día del mes de Enero siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de seis meses referido.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente

 

Convenio.

 

HECHO en la ciudad de Santiago, Chile, el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, en duplicado, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos. Por los Estados Unidos Mexicanos: la Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green.- Rúbrica.- Por la República de Chile: el Ministro de Hacienda, Eduardo Aninat Ureta.- Rúbrica.

 

 

PROTOCOLO

 

 

Al momento de la firma del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y al Patrimonio, los abajo firmantes han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante del presente Convenio:

1. Artículo 2, párrafo 3.

 

Se entiende que el impuesto al activo establecido por México, no se aplicará a los residentes de Chile que no están sometidos a imposición en los términos de los Artículos 5 y 7 del presente Convenio, salvo por los activos a que se refiere el párrafo 2 del Artículo 6 y los activos otorgados por el uso o goce temporal que consistan en equipos industriales, comerciales o científicos, proporcionados por dichos residentes a un residente de México. En el primer caso, México concederá un crédito contra el impuesto sobre dichos activos en un importe igual al impuesto sobre la renta que les hubiera correspondido de conformidad con la Ley del impuesto sobre la Renta de México, a las rentas brutas a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 6, siempre que

más del 50 por ciento de las rentas brutas sean obtenidas por un residente en Chile que sea el beneficiario efectivo. En el último caso, México no someterá a imposición con el impuesto al activo cuando los residentes de Chile no tengan un establecimiento permanente en México y siempre que, más del 50 por ciento de las rentas brutas sean obtenidas por un residente en Chile que sea el beneficiario efectivo de dichas rentas.

2. Artículo 10, párrafo 2.

 

En el caso de Chile se entenderá que la expresión imposición de la sociedad e imposición aplicable comprende, tanto el impuesto de primera categoría, como el impuesto adicional contenido en su legislación interna, siempre que el impuesto de primera categoría sea deducible totalmente contra el impuesto adicional. Nada en este Convenio podrá interpretarse en el sentido de evitar que se apliquen los impuestos a que se refiere este párrafo.

3. Artículo 11.

 

Si en una fecha posterior a aquélla en la que se firme el presente Convenio, Chile concluye un Acuerdo o Convenio con otro Estado, por el que Chile acuerde una tasa de impuesto sobre intereses que sea menor o preferencial a la propuesta en el presente Convenio respecto de tales ingresos, dicha tasa menor o preferencial, se aplicará para los propósitos del párrafo 2 del Artículo 11 en forma automática a los efectos de este Convenio, a partir de la fecha en que las disposiciones de dicho nuevo Acuerdo o Convenio sean aplicables, según corresponda.

Sin embargo, dicha tasa menor, no podrá ser inferior al 5 por ciento, si son intereses pagados

 

a bancos, y al 10 por ciento en los demás casos. Estos límites no se aplicarán si se trata de exenciones o tasas inferiores aplicables a los intereses cuando:

a)    el beneficiario efectivo sea uno de los Estados contratantes, una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales;

b) los intereses sean pagados por cualquiera de las personas mencionadas en la letra a);

 

c)    los intereses procedan de alguno de los Estados Contratantes, según corresponda, y sean pagados respecto de un préstamo a plazo no menor de tres años, y

i) en el caso de México concedido, garantizado o asegurado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C., o Banco Nacional de Obras Públicas, S.N.C.; y

ii) en el caso de Chile concedido, garantizado o asegurado, por alguna institución

 

financiera de similares características a las mencionadas en el caso de México.

 

4. Artículo 12.

 

Si en una fecha posterior a aquélla en que se firme el presente Convenio, Chile concluye un Acuerdo o Convenio con otro Estado, por el que Chile acuerde una tasa de impuesto sobre regalías que sea menor a la propuesta en el presente Convenio respecto de tales ingresos, dicha tasa menor se aplicará para los propósitos del párrafo 2 del Artículo 12 en forma automática a los efectos de este Convenio, a partir de la fecha en que las disposiciones de dicho nuevo Acuerdo o Convenio sean aplicables, según corresponda. Sin embargo, dicha tasa menor no podrá ser inferior al 10 por ciento.

5. Artículo 14.

Si con posterioridad a la firma del presente Convenio, Chile concluye un Acuerdo o Convenio con un tercer Estado en el que acuerde exentar las rentas derivadas de la prestación de servicios personales independientes que se encuentran sometidas a imposición en Chile, en los términos de la letra a) del párrafo 1 del Artículo 14 o acuerde con dicho Estado una tasa inferior al 10 por ciento (incluida una exención), dicha exención o tasa menor se aplicará automáticamente a los afectos del presente Convenio, a partir de la fecha en que las disposiciones de dicho nuevo Acuerdo o Convenio sean aplicables.

6. Artículo 21.

 

Para los efectos de la aplicación de este artículo, se entiende que quedan comprendidos en el mismo los ingresos obtenidos bajo un sistema de tiempos compartidos.

7. Artículo 23.

 

Para los efectos del presente artículo, el impuesto al activo establecido en México se considera un impuesto sobre la renta.

8. Artículo 24, párrafo 4.

 

Nada en este párrafo afectará la aplicación de la actual disposición del Artículo 31, número

 

12, contenida en la Ley sobre Impuesto a la Renta de Chile, aun cuando fuere eventualmente modificada sin alterar su principio general. Sin embargo, la tasa de 30% a que se refiere dicha norma se calculará adicionando a la tasa del impuesto sobre la renta aplicable a personas morales, el impuesto aplicable a las utilidades distribuidas.

9. Artículo 24, párrafo 6.

 

Lo dispuesto en el Artículo 24, en relación al impuesto al valor agregado, no afectará a ninguna disposición disconforme a él y que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente

 

Protocolo.

 

HECHO en la ciudad de Santiago, Chile, el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, en duplicado, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.- Por los Estados Unidos Mexicanos: la Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green.- Rúbrica.- Por la República de Chile: el Ministro de Hacienda, Eduardo Aninat Ureta.- Rúbrica.