ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS

 

 

Los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, en lo sucesivo las Partes

 

Contratantes ,

 

DESEANDO fortalecer los tradicionales lazos de amistad y extender e intensificar las relaciones económicas entre ellos particularmente en relación a las inversiones de los nacionales de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante,

RECONOCIENDO que el acuerdo sobre el tratamiento que habrá de darse a tales inversiones

 

estimulará el flujo de capital, tecnología, y el desarrollo económico de las Partes Contratantes, así como que el trato justo y equitativo de las inversiones es deseable,

Han acordado lo siguiente:

 

 

ARTICULO 1

 

Definiciones

 

 

Para los fines del presente Acuerdo:

 

1. El concepto de inversiones comprende toda clase de activos, en particular, aunque no exclusivamente:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles adquiridos o utilizados con la expectativa de

 

obtener un beneficio económico o con otros fines empresariales, así como otros derechos in rem relacionados con dicha propiedad;

b) derechos derivados de acciones, bonos y cualquier tipo de participación en sociedades y

 

joint-ventures;

 

c)    reclamaciones pecuniarias derivadas de otros activos o de cualquier otra prestación que tenga un valor económico, excepto:

i) reclamaciones pecuniarias que se deriven única y exclusivamente de contratos

 

comerciales para la venta de bienes o servicios;

 

ii) el otorgamiento de créditos para financiar transacciones comerciales, tales como financiamiento al comercio;

iii) créditos con duración menor de tres años,

 

de un nacional en el territorio de una de las Partes Contratantes a un nacional en el territorio de la otra Parte Contratante. No obstante, la excepción relativa a los créditos con una duración menor de tres años, no aplicará a los créditos que un nacional de una de las Partes Contratantes otorgue a una persona jurídica de la otra Parte Contratante, siempre que ésta sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por el primero;

d) derechos en el campo de la propiedad intelectual, procedimientos tecnológicos, prestigio

 

y clientela (Good-will) y conocimientos técnicos (Know-how);

 

e) derechos derivados de concesiones.

2. La obligación de pago de, o el otorgamiento de un crédito a una Parte Contratante o a una empresa del Estado, no se considerará una inversión.

3. El concepto de nacional comprenderá, con relación a ambas Partes Contratantes:

 

a) personas físicas que tengan la nacionalidad de una de las Partes Contratantes;

 

b) personas jurídicas constituidas de acuerdo con las leyes de una de las Partes

 

Contratantes;

 

c)    personas jurídicas constituidas de acuerdo con la ley de una de las Partes Contratantes que sean controladas, directa o indirectamente, por las personas físicas descritas en el inciso a) o las personas jurídicas descritas en el inciso b).

4. El concepto territorio incluye cualquier área adyacente al mar territorial que, de acuerdo

 

con las leyes del Estado en cuestión y el derecho internacional, sea la zona económica exclusiva y la plataforma continental de dicho Estado, en la que ejerce derechos soberanos o tiene jurisdicción.

 

 

ARTICULO 2

 

Promoción de Inversiones

 

 

Con el ánimo de incrementar significativamente los flujos bilaterales de inversión,

 

1. Cada Parte Contratante deberá, dentro del marco de sus leyes y reglamentos, promover la cooperación económica a través de la protección de las inversiones en su territorio de nacionales de la otra Parte Contratante. Cada Parte Contratante, sin menoscabo del derecho para ejercer las facultades que le confieran sus leyes o reglamentos, deberá admitir dichas inversiones.

2. Las Partes Contratantes podrán elaborar documentos para la promoción de la inversión y proveerán a la otra Parte Contratante de información detallada en relación con:

a) oportunidades de inversión;

 

b) leyes, reglamentos o disposiciones que, directa o indirectamente, afecten a la inversión extranjera, incluyendo entre otras, el régimen fiscal y de control de cambios; y

c) estadísticas de inversión extranjera

 

en sus respectivos territorios.

 

 

ARTICULO 3

 

Tratamiento

 

 

1. Cada una de las Partes Contratantes garantizará un trato justo y equitativo a las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante y no impedirá, a través de medidas injustificadas o discriminatorias, la operación, administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de éstas que realicen dichos nacionales. Cada una de las Partes Contratantes otorgará plena protección y seguridad a dichas inversiones.

2. En particular, cada una de las Partes Contratantes otorgará a tales inversiones un

 

tratamiento, que en ningún caso deberá ser menos favorable que el otorgado, en circunstancias

relevantes y similares, a las inversiones de sus propios nacionales o a las inversiones de nacionales de un tercer Estado, cualquiera que sea más favorable para el nacional en cuestión.

3. Si una de las Partes Contratantes ha convenido en otorgar ventajas especiales a nacionales de cualquier tercer Estado:

a)    en virtud de acuerdos que establezcan zonas de libre comercio, uniones aduaneras, económicas o monetarias o instituciones similares;

b)    en base a acuerdos que rijan interinamente dichas uniones, instituciones u organizaciones;

c) de conformidad con un acuerdo para evitar la doble tributación; o, d) sobre la base de reciprocidad en asuntos tributarios;

dicha Parte Contratante no estará obligada a conceder tales ventajas a los nacionales de la otra Parte Contratante.

4. Cada Parte Contratante observará cualquier otra obligación por escrito que haya asumido

 

en relación a inversiones en su territorio por nacionales de la otra Parte Contratante. Las controversias surgidas respecto de dichas obligaciones, serán solucionadas únicamente de acuerdo a los términos contenidos en el contrato respectivo.

5. Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, o de las obligaciones del

 

Derecho Internacional al margen del presente Acuerdo, actuales o futuras que se establezcan entre las Partes Contratantes, resultare una regulación general o especial, en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha regulación prevalecerá sobre el presente Acuerdo, en cuanto sea más favorable.

 

 

ARTICULO 4

 

Transferencias

 

 

1. Las Partes Contratantes garantizarán el derecho a que los pagos relacionados con una inversión puedan ser transferidos. Las transferencias deberán realizarse en una divisa de libre convertibilidad, sin restricción o demora. Dichas transferencias incluyen en particular, aunque no exclusivamente:

a) ganancias, intereses, dividendos, y otros ingresos corrientes derivados de la inversión;

 

b) sumas necesarias para la operación o expansión de la inversión; c) sumas adicionales necesarias para el desarrollo de una inversión; d) sumas para la amortización de préstamos;

e) regalías u honorarios;

 

f) ganancias de personas físicas;

 

g) productos de la venta o liquidación de la inversión;

 

h) pagos a los que se refiere el Artículo 6.

 

2. No obstante lo dispuesto por el párrafo (1), una Parte Contratante podrá demorar o impedir la realización de transferencias mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de medidas:

a) para proteger los derechos de los acreedores,

 

b) relativas a, o para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos:

 

i) para la emisión, transmisión y negociación de valores, futuros y derivados, ii) relativos a reportes o registros de transferencias, o

c)    relacionadas con infracciones penales y resoluciones en procedimientos administrativos o de adjudicación.

Sin embargo, tales medidas y su aplicación no deberán ser utilizadas como un medio para evadir el cumplimiento de las obligaciones de las Partes Contratantes contenidas en este Acuerdo.

 

 

ARTICULO 5

 

Expropiación e Indemnización

 

 

1. Ninguna de las Partes Contratantes podrá tomar medidas que priven, directa o indirectamente, a los nacionales de la otra Parte Contratante de sus inversiones, a menos que:

a) las medidas sean tomadas por causa de utilidad pública y conforme a un debido proceso legal,

b) las medidas no sean discriminatorias, y

 

c) una indemnización sea pagada, conforme a los párrafos (2) y (4) de este Artículo.

 

2. La indemnización deberá ser equivalente al valor justo de mercado o, a falta de dicho valor, al valor real que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la expropiación se haya llevado a cabo y no reflejará cambio alguno en el valor debido a que la intención de expropiar se haya conocido con anterioridad a la fecha de expropiación. Los criterios de valuación incluirán el valor corriente, el valor del activo incluyendo el valor fiscal declarado de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado.

3. El pago de la indemnización se hará sin demora y será completamente liquidable.

 

4. La cantidad pagada en la fecha de pago, no deberá ser inferior a la cantidad equivalente que por indemnización se hubiese pagado en la fecha de expropiación en una divisa de libre convertibilidad en el mercado financiero internacional, si esta divisa se hubiese convertido a la cotización de mercado vigente en la fecha de valuación, más los intereses que se hayan generado a una tasa comercial normal para dicha divisa desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago.

 

 

ARTICULO 6

 

Indemnización por Pérdidas

 

 

Los nacionales de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante por caso fortuito, guerra o conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, motín, insurrección o rebelión, no serán tratados por esta

última, menos favorablemente que sus propios nacionales o nacionales de terceros Estados, lo que resulte más favorable, en lo referente a restituciones, indemnizaciones u otros pagos.

 

 

ARTICULO 7

 

Subrogación

 

 

Si las inversiones de un nacional de una de las Partes Contratantes están aseguradas por una institución aseguradora que sea propiedad y esté bajo control privado (en lo sucesivo la aseguradora ), contra riesgos no comerciales o de otra manera se genere el pago de una indemnización con respecto a tales inversiones bajo un sistema establecido por ley, reglamento o contrato gubernamental, cualquier subrogación de la aseguradora en los derechos del nacional mencionado, conforme a los términos de dicha garantía o de acuerdo con cualquier otra indemnización dada, deberá ser reconocida por la otra Parte Contratante. Solamente el nacional o la aseguradora estarán facultados para ejercer dichos derechos y para interponer las reclamaciones respectivas.

 

 

ARTICULO 8

 

Solución de Controversias entre una de las Partes Contratantes y un nacional de la otra Parte Contratante

 

 

Con relación a la solución de controversias entre una de las Partes Contratantes y un nacional de la otra Parte Contratante, serán aplicables las disposiciones del Apéndice que forma parte integral del presente Acuerdo.

 

 

ARTICULO 9

 

Aplicación

 

 

Las disposiciones de este Acuerdo deberán aplicarse a partir de su fecha de entrada en vigor, también a las inversiones que se hayan realizado antes de esa fecha.

 

 

ARTICULO 10

 

Consultas

 

 

Cada una de las Partes Contratantes podrá proponer a la otra Parte Contratante que se lleven a cabo consultas en cualquier materia acerca de la interpretación o aplicación del Acuerdo. La otra Parte Contratante tomará en consideración la propuesta y dará oportunidad para que se lleven a cabo dichas consultas.

 

Solución de Controversias entre las Partes Contratantes

 

 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo que no pudiere ser dirimida en un lapso de tiempo razonable a través de negociaciones diplomáticas, deberá, a menos de que las Partes Contratantes pacten lo contrario, y a petición de cualquiera de las Partes Contratantes, ser sometida a un tribunal arbitral compuesto por tres miembros. Cada Parte designará un árbitro y los dos árbitros nombrarán al tercero, quien será el presidente del tribunal arbitral y no deberá ser nacional de ninguna de las Partes Contratantes.

2. Si una de las Partes Contratantes no designase a su árbitro y no llevase a cabo ningún

 

acto tendiente a su designación en un periodo de dos meses después de que la otra Parte le hubiere requerido para hacer esa designación, esta última podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que haga la designación necesaria.

3. En caso de que los dos árbitros designados por las Partes no lleguen a un acuerdo en un

 

plazo de dos meses después de su designación respecto del nombramiento del tercer árbitro, cualquiera de las Partes Contratantes podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que lleve a cabo la designación necesaria.

4. Si en los casos previstos en los párrafos 2 y 3 de este Artículo, el Presidente de la Corte

 

Internacional de Justicia está impedido para desempeñar la función mencionada o es nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, el Vice-Presidente deberá ser invitado para hacer los nombramientos correspondientes. Si el Vice-Presidente está impedido para desempeñar la función mencionada o es nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, corresponderá efectuar los nombramientos al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y que no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes.

5. El tribunal tomará sus decisiones en la base del respeto a la ley. Antes de que el tribunal

 

emita su resolución, puede proponerse a cualquiera de las Partes Contratantes, en cualquier etapa del procedimiento una amigable composición de la controversia. Las disposiciones mencionadas se entenderán sin perjuicio de que la controversia se solucione ex aequo et bono si las Partes Contratantes así lo acuerdan.

6. Salvo que las Partes Contratantes acuerden lo contrario, el tribunal determinará su propio

 

procedimiento.

 

7. El tribunal tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones serán definitivas y obligatorias para las Partes Contratantes.

 

Ambito de Aplicación

 

 

Con respecto al Reino de los Países Bajos, el presente Acuerdo será aplicable al territorio del Reino en Europa, las Antillas Holandesas y en Aruba, salvo que la notificación prevista en el Artículo 13, párrafo 1 disponga algo distinto.

 

 

ARTICULO 13

 

Entrada en Vigor y Terminación

 

 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en la que las Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente por escrito que sus requisitos constitucionales se han cumplido y deberá tener una vigencia por un periodo de diez años.

2. Salvo que alguna de las Partes Contratantes diera por terminado el Acuerdo y así lo notificare a la otra Parte seis meses antes de la fecha de terminación de su vigencia, el presente Acuerdo se prorrogará tácitamente por periodos de diez años, dentro de los cuales cada una de las Partes Contratantes se reservará el derecho de dar por terminado el Acuerdo, mediante previa notificación a la otra Parte Contratante que realice por escrito y con doce meses de anticipación a la fecha de terminación de cada periodo.

3. Con relación a las inversiones realizadas antes de la fecha de terminación del presente Acuerdo, sus disposiciones seguirán rigiendo respecto de dichas inversiones por un periodo posterior de quince años a la fecha de terminación.

4. Sujetándose al periodo mencionado en el párrafo 2 de este Artículo, el Reino de los Países Bajos tendrá la facultad de dar por terminada por separado la aplicación del presente Acuerdo con respecto a cualquiera de las partes del Reino.

En testimonio de lo cual, los representantes debidamente autorizados, han firmado el

 

presente Acuerdo.

 

Hecho en la Ciudad de México, el trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en idioma español, holandés e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpretación, se estará a lo dispuesto por el texto en idioma inglés.

Por los Estados Unidos Mexicanos: El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio

 

Blanco Mendoza.- Rúbrica.- Por el Reino de los Países Bajos: El Ministro de Asuntos

 

Económicos, Hans Wijers.- Rúbrica.

PROTOCOLO

 

En el acto de la firma del Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, los plenipotenciarios designados, han acordado adicionar las siguientes disposiciones, que se considerarán como parte integral de dicho Acuerdo:

Ad Artículo 1 (1)

 

Para efectos de la interpretación de este párrafo y en particular del subpárrafo (b), la definición de inversión extranjera directa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como cualquier modificación en ese sentido como sea aplicable en la fecha en la que la inversión se lleve a cabo, queda incorporada a través de esta referencia.

Ad Artículo 1 (2)

 

La exclusión de ciertos aspectos de la definición de inversión se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones relacionados con los mismos.

Para efectos del Artículo 5, las cuentas pendientes por cobrar de la inversión expropiada deberán ser consideradas en el momento de hacerse la valuación.

Ad Artículo 1 (1) (c) y 1 (3) (c)

 

El concepto controlada no comprenderá el control ejercido a través de personas jurídicas constituidas en terceros Estados, sino solamente el control ejercido por personas jurídicas constituidas en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes.

Ad Artículo 3

 

No obstante el principio de trato nacional, cualquiera de las Partes Contratantes podrá requerir a una sociedad que se encuentre en su territorio y sea propiedad o esté controlada por un nacional de la otra Parte Contratante, que proporcione información rutinaria referente a esa inversión para efectos estadísticos. La Parte Contratante que requiera la información protegerá la información que sea confidencial, de cualquier divulgación que pudiera perjudicar la situación competitiva de la inversión.

Ad Artículo 4

 

En caso de un desequilibrio fundamental de la balanza de pagos o de una amenaza del mismo, los Estados Unidos Mexicanos podrán limitar temporalmente por un periodo máximo de doce meses, la libre transferencia de capital únicamente conforme al Artículo 4 (1) (g). Estas restricciones se establecerán de forma equitativa, no discriminatoria y de buena fe.

Ad Artículo 4 (2)

 

Para efectos de interpretación del último enunciado de este párrafo, se ha acordado que, de conformidad con dicho enunciado, ninguna de las Partes Contratantes podrá aplicar medidas de una manera no razonable, ni utilizar un requerimiento de información para demorar indebidamente una transferencia.

Ad Artículo Dos (2) del Apéndice

 

Un supuesto incumplimiento de este Acuerdo debe estar causalmente ligado a una pérdida o daño para el nacional o sociedad para que el nacional tenga derecho de acción para iniciar una reclamación en contra del Estado receptor de la inversión. El daño, siendo inminente, no tendrá que haberse sufrido antes de que la controversia pueda someterse a arbitraje, pero deberá

haber ocurrido para que el tribunal arbitral tome la decisión que corresponda, excepto en el caso del Artículo Nueve, párrafo 1, subpárrafos (a) y (d).

Hecho en la Ciudad de México, el trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en idioma español, holandés e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpretación, se estará a lo dispuesto por el texto en idioma inglés.- Por los Estados Unidos Mexicanos: El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.- Por el Reino de los Países Bajos: El Ministro de Asuntos Económicos, Hans Wijers.- Rúbrica.

 

 

APENDICE

 

Solución de Controversias entre una Parte Contratante y un nacional de la otra Parte

 

Contratante

 

 

Artículo Uno Definiciones

 

 

Para los fines de este Apéndice:

 

nacional contendiente significa un nacional que entabla una reclamación en los términos dispuestos por el presente Acuerdo;

parte contendiente significa el nacional contendiente o la Parte Contratante contendiente;

 

Parte Contratante contendiente significa la Parte Contratante contra la cual se hace una reclamación en los términos dispuestos por el presente Acuerdo;

partes contendientes significa el nacional contendiente y la Parte Contratante contendiente;

sociedad significa una persona jurídica de una de las Partes Contratantes propiedad de o

 

controlada por un nacional de la otra Parte Contratante;

 

CIADI significa el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones;

 

Convenio de CIADI significa el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, celebrado en Washington el 18 de marzo de 1965;

Convención de Nueva York significa la Convención de Naciones Unidas sobre el

 

Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York, el 10 de junio de 1958;

Secretario General significa el Secretario General de CIADI;

 

tribunal significa un tribunal arbitral establecido conforme al Artículo Seis de este Apéndice;

 

tribunal de acumulación significa un tribunal arbitral establecido conforme al Artículo Siete de este Apéndice; y

Reglas de Arbitraje de CNUDMI significa las reglas de Arbitraje de la Comisión de

 

Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), aprobadas por la Asamblea

 

General de las Naciones Unidas, el 15 de diciembre de 1976.

Artículo Dos

 

Solución de controversias entre una Parte Contratante y un nacional de la otra Parte

 

Contratante

 

 

1. Este Apéndice establece un mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión que se susciten a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

2. Un nacional de una Parte Contratante podrá, por cuenta propia o en representación de una sociedad de la otra Parte Contratante, someter una reclamación a arbitraje cuyo fundamento sea el que la otra Parte Contratante ha violado una obligación establecida en el presente Acuerdo, siempre y cuando el nacional o su inversión hayan sufrido pérdidas o daños en virtud de la violación o a consecuencia de ella.

3. Un nacional no podrá presentar una reclamación si han transcurrido más de tres años a partir de la fecha en la cual el nacional tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la presunta violación, así como de las pérdidas o daños sufridos.

4. Una sociedad no podrá someter una reclamación a arbitraje conforme a este Apéndice.

 

5. En caso de que un nacional del Reino de los Países Bajos o su sociedad inicie procedimientos ante cualquier tribunal judicial o administrativo de los Estados Unidos Mexicanos con respecto a una medida presuntamente violatoria de este Acuerdo, la controversia solamente podrá someterse a arbitraje conforme a este Artículo si el tribunal nacional competente no ha dictado sentencia de primera instancia sobre el fondo del asunto. Lo anterior no se aplica a procedimientos administrativos ante las autoridades administrativas que ejecuten la medida presuntamente violatoria de este Acuerdo.

6. Si un nacional de una de las Partes Contratantes somete una controversia a arbitraje, ni el nacional ni su sociedad, podrán iniciar o continuar procedimientos ante un tribunal nacional.

 

 

Artículo Tres

 

Solución de Controversias mediante Consulta y Negociación

 

 

Las partes contendientes intentarán primero dirimir la controversia por vía de consulta o negociación.

 

 

Artículo Cuatro

 

Sometimiento de la Reclamación a Arbitraje

 

 

1. Siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los actos que motivan la reclamación, el nacional contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de acuerdo con:

a) el Convenio de CIADI, siempre que tanto la Parte Contratante contendiente como la

 

Parte Contratante del nacional sean partes del mismo;

 

b)    las Reglas del Mecanismo Complementario de CIADI, cuando la Parte Contratante contendiente o la Parte Contratante del nacional, pero no ambas, sean parte del mismo;

c) las Reglas de Arbitraje de CNUDMI.

 

2. El nacional contendiente notificará por escrito a la Parte Contratante contendiente de su intención de someter una reclamación a arbitraje con una anticipación de por lo menos noventa días antes de presentar la reclamación; esta notificación podrá ser presentada después de que hayan transcurrido, cuando menos, los primeros tres meses de los seis meses mencionados en el párrafo (1).

3. Las reglas de arbitraje aplicables regirán el arbitraje, salvo en la medida de lo modificado por este Apéndice.

 

 

Artículo Cinco

 

Consentimiento para someterse a Arbitraje

 

 

1. Cada una de las Partes Contratantes conviene en someter a arbitraje una reclamación de conformidad con los procedimientos establecidos en este Apéndice.

2. El consentimiento otorgado en el párrafo (1) y la presentación de una reclamación por el

 

nacional contendiente deberán satisfacer el requisito de:

 

a) Capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) y las Reglas del Mecanismo

 

Complementario para el consentimiento escrito de las partes;

 

b) Artículo II de la Convención de Nueva York para un acuerdo por escrito;

 

c)    Artículo I de las Reglas de Arbitraje de CNUDMI: Las partes del contrato han convenido por escrito .

 

 

Artículo Seis

 

Número de Arbitros y Método de Nombramiento

 

 

1. A menos que las partes contendientes convengan otra cosa, el tribunal estará integrado por tres árbitros, un árbitro nombrado por cada una de las Partes contendientes y el tercero, quien será el presidente del tribunal arbitral, será designado por los árbitros de común acuerdo.

2. Los árbitros que se designen conforme a este Apéndice, deberán tener experiencia en

 

Derecho Internacional en materia de inversiones.

 

3. Si un tribunal establecido conforme a este Apéndice no ha sido constituido en un término de noventa días a partir de la fecha en que la reclamación fue sometida a arbitraje, ya sea porque una parte contendiente no designó árbitro o los árbitros designados no llegaron a un acuerdo en la designación del presidente del tribunal arbitral, cualquiera de las partes contendientes podrá invitar al Secretario General para que designe a su discreción, al árbitro o árbitros aún no designados. No obstante, el Secretario General, en el caso del nombramiento del presidente del tribunal, deberá asegurarse que dicho presidente no sea nacional de la Parte Contratante contendiente o nacional de la Parte Contrante del nacional contendiente.

Artículo Siete

 

Acumulación

 

 

1. Un tribunal de acumulación establecido conforme a este Artículo se instalará de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de CNUDMI y procederá de conformidad con lo establecido en dichas Reglas, salvo lo dispuesto por este Apéndice.

2. Los procedimientos se acumularán en los siguientes casos:

 

a)    cuando un nacional contendiente presente una reclamación en representación de una sociedad que esté bajo su control directo o indirecto y, simultáneamente, otro u otros nacionales que tengan participación en la misma sociedad, pero sin tener el control de ésta, presenten reclamaciones por cuenta propia como consecuencia de las mismas violaciones; o

b) cuando se sometan a arbitraje dos o más reclamaciones que planteen en común

 

cuestiones de facto y de derecho.

 

3. El tribunal de acumulación resolverá sobre la jurisdicción a la que habrán de someterse las reclamaciones y examinará conjuntamente dichas reclamaciones, salvo que determine que los intereses de alguna de las partes contendientes se ven perjudicados.

 

 

Artículo Ocho

 

Derecho Aplicable

 

 

1. Un tribunal establecido conforme a este Apéndice decidirá las controversias que se sometan a su consideración de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo y las reglas aplicables de derecho.

2. Una interpretación que formulen de común acuerdo las Partes Contratantes sobre una disposición de este Acuerdo, será obligatoria para cualquier tribunal establecido de conformidad con este Apéndice. Si las Partes Contratantes no presentan su interpretación dentro de sesenta días a partir de la fecha de la solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, el tribunal decidirá la cuestión.

 

 

Artículo Nueve

 

Laudo Definitivo

 

 

1. Cuando un tribunal establecido conforme a este Apéndice dicte un laudo final desfavorable a una Parte Contratante, el tribunal sólo podrá otorgar, conjunta o separadamente:

a)    una declaración de que la Parte Contratante no ha cumplido con sus obligaciones de conformidad con este Acuerdo;

b) daños pecuniarios y los intereses correspondientes;

 

c) la restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá que la Parte Contratante contendiente podrá pagar daños pecuniarios, más los intereses que procedan, en lugar de la restitución.

d) con el consentimiento de las partes contendientes, cualquier otra forma de resolución.

 

2. Cuando la reclamación la haga un nacional en representación de una sociedad:

 

a) el laudo que prevea la restitución de la propiedad dispondrá que la restitución se otorgue a la sociedad;

b)    el laudo que conceda daños pecuniarios y los intereses correspondientes dispondrá que la suma de dinero se pague a la sociedad.

3. El laudo proveerá que se dicta sin perjuicio de los derechos que cualquier persona con interés jurídico tenga sobre la reparación de los daños que haya sufrido, conforme a la legislación local aplicable.

4. Un tribunal establecido conforme a este Apéndice no podrá ordenar a una Parte

 

Contratante el pago de daños que tenga carácter punitivo.

 

 

Artículo Diez

 

Definitividad y Ejecución del Laudo

 

 

1. Un laudo dictado por cualquier tribunal establecido conforme a este Apéndice será obligatorio sólo para las partes contendientes y solamente con respecto al caso concreto.

2. Conforme a lo dispuesto en el párrafo (3) de este Artículo y al procedimiento de revisión aplicable a un laudo provisional, una parte contendiente acatará y cumplirá el laudo sin demora.

3. La parte contendiente no podrá exigir el cumplimiento del laudo definitivo hasta que:

 

a) en el caso de un laudo definitivo pronunciado conforme al Convenio del CIADI:

 

i) hayan transcurrido ciento veinte días desde la fecha del pronunciamiento del laudo y ninguna de las partes contendientes haya solicitado la revisión o anulación del mismo, o

ii) los procedimientos de revisión o anulación hayan concluido; y

 

b)    en el caso de un laudo definitivo pronunciado conforme al Mecanismo Complementario del CIADI o las Reglas de Arbitraje de CNUDMI:

i) hayan transcurrido tres meses desde la fecha del pronunciamiento del laudo y

 

ninguna de las partes contendientes haya comenzado un procedimiento de revisión, para dejar sin efectos o anular el laudo, o

ii) una Corte haya desestimado una solicitud para revisar, dejar sin efectos o anular el laudo y no exista ulterior recurso, o

iii) una Corte haya autorizado una solicitud para revisar, dejar sin efectos o anular el

 

laudo y el procedimiento haya concluido sin que exista ulterior recurso.

 

4. Cada una de las Partes Contratantes dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio.

5. El nacional contendiente podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral conforme al

 

convenio del CIADI o a la Convención de Nueva York.

 

6. Para los efectos del Artículo 1 de la Convención de Nueva York, se considerará que la reclamación que se somete a arbitraje conforme a este Apéndice ha surgido de una relación u operación comercial.

Artículo Once

 

Publicación de un Laudo

 

 

El laudo definitivo se publicará únicamente en el caso de que exista acuerdo por escrito entre las partes contendientes.

 

 

Artículo Doce

 

Exclusiones

 

 

Las disposiciones sobre la solución de controversias de este Apéndice no se aplicarán a las resoluciones adoptadas por una de las Partes Contratantes por razones de seguridad nacional.