TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE HONDURAS

Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras, en adelante denominados “las Partes”;

 

CONSCIENTES de los estrechos vínculos de amistad entre ambos pueblos;

 

ANIMADOS por el deseo de promover una mayor cooperación entre los dos países en todas las áreas de interés común, incluyendo la represión del crimen;

 

CONSCIENTES de la importancia de cooperar en el marco de sus relaciones de amistad, y de prestarse asistencia jurídica en materia penal;

 

Han convenido lo siguiente:

 

ARTICULO I ALCANCE DEL TRATADO

 

1. Las Partes se comprometen a prestarse asistencia jurídica mutua de conformidad con las disposiciones de este Tratado, en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento competa a la Parte Requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada.

 

2. Este Tratado no faculta a las autoridades de una de las Partes a emprender, en la jurisdicción territorial de la Otra, el ejercicio y desempeño de las funciones cuya jurisdicción o competencia estén exclusivamente reservadas a las autoridades de esa otra Parte por su legislación nacional.

 

3. La asistencia jurídica se prestará con independencia de que el motivo de la investigación, el enjuiciamiento o el procedimiento que se siga en la Parte Requirente sea o no delito con arreglo a la legislación nacional de la Parte Requerida.

 

4. Para el caso de la ejecución de medidas cautelares, aseguramiento o secuestro de bienes, registros domiciliarios, intercepción de correspondencia o intervención de comunicaciones, la asistencia se prestará cuando el hecho que la origine sea punible según la legislación de ambas Partes. Cuando el hecho que la origine no sea punible en la Parte Requerida, ésta podrá autorizar la prestación de la asistencia dentro de los límites previstos por su legislación.

 

5. La finalidad del presente Tratado es únicamente la asistencia jurídica entre las Partes. Las disposiciones del presente Tratado no generarán derecho alguno a favor de los particulares en cuanto a la obtención, eliminación o exclusión de pruebas o a la obstaculización en el cumplimiento de una solicitud.

 

ARTICULO II OBJETO DE LA ASISTENCIA

 

La asistencia incluirá:

 

a) reunir evidencias y obtener la declaración de personas;

 

b) proveer de información, documentos y otros archivos, incluyendo resúmenes de archivo penales;

 

c) localización de personas y objetos incluyendo su identificación;

 

d) registro y decomiso, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1, numeral 4;

 

e) entrega de propiedad, incluyendo préstamo de documentos;

 

f)    hacer disponibles a personas detenidas y otras para que rindan testimonio o auxilien en investigaciones;

 

g) notificación de documentos incluyendo documentos que soliciten la presencia de personas; y

 

h)    otra asistencia consistente con los objetivos de este Tratado, que no sea incompatible con la legislación de la Parte Requerida.

 

ARTICULO III DENEGACION O DIFERIMIENTO DE ASISTENCIA

 

1. La asistencia podrá ser denegada si:

 

a) la solicitud se refiere a delitos políticos o conexos con infracciones de este tipo, a juicio de la Parte

Requerida;

b)    la solicitud se refiere a un delito tipificado como tal en la legislación militar pero no en el derecho común de la Parte Requirente;

 

c)    existen motivos fundados para creer que la solicitud de asistencia se ha formulado con miras a procesar a una persona por razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que la situación de esa persona pueda resultar perjudicada por cualquiera de esas razones;

 

d) se solicita a la Parte Requerida que adopte medidas de cumplimiento obligatorio que serían incompatibles con su legislación nacional si el delito fuese objeto de investigación o enjuiciamiento dentro de su propia jurisdicción;

 

e)    la Parte Requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta contra su orden público, seguridad u otros intereses esenciales;

 

f)    el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual la persona ha sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente o, habiendo sido condenada, se hubieren extinguido la sanción y las obligaciones derivadas del hecho;

 

g)    la ejecución de la solicitud requerirá que la Parte Requerida exceda su autoridad legal o de otra manera fuera prohibida por las disposiciones legales en vigor en la Parte Requerida, en cuyo caso las Autoridades Coordinadoras a que se refiere el Artículo XVIII de este Tratado consultarán entre ellas para identificar medios legales para garantizar la asistencia, o

 

h)    existe la posibilidad de que la prisión vitalicia o la pena de muerte sean impuestas o ejecutadas durante los procedimientos, en virtud de los cuales se solicita la asistencia.

 

2. La asistencia podrá ser diferida por la Parte Requerida sobre la base de que conceder la asistencia en forma inmediata puede interferir con una investigación o procedimiento que se esté llevando a cabo.

 

3. Antes de rehusar conceder la asistencia solicitada o antes de diferir dicha asistencia, la Parte Requerida considerará si la asistencia podrá ser otorgada sujeta a aquellas condiciones que juzgue necesario. Si la Parte Requirente acepta la asistencia sujeta a estas condiciones, deberá cumplir con las mismas.

4. La Parte Requerida informará rápidamente a la Parte Requirente sobre la decisión de no otorgar en su totalidad o en parte una solicitud de asistencia, o si su ejecución se difiere, expondrá las razones para dicha decisión.

 

ARTICULO IV LEY APLICABLE

 

1 El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida.

 

2. Si la Parte Requirente tuviese interés en una condición o forma de tramitación especial, lo comunicará expresamente a la Parte Requerida.

 

ARTICULO V EJECUCION DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA

 

1. Si la Parte Requirente lo solicita expresamente, será informada de la fecha y lugar de la ejecución de la asistencia. Las autoridades de la Parte Requirente podrán asistir al diligenciamiento si la Parte Requerida lo consintiese y bajo los términos que ésta establezca.

 

2. Si la solicitud de asistencia no es ejecutada la Parte Requerida dará a conocer a la Parte Requirente las razones de la falta de ejecución.

 

3. Las solicitudes de asistencia serán ejecutadas rápidamente de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida y, en tanto no esté prohibido por dicha legislación, en la manera solicitada por la Parte Requirente.

 

4. Si la Parte Requirente desea que los testigos o expertos den declaración bajo protesta de decir verdad, deberá expresamente indicarlo en la solicitud.

5. A menos que se requieran expresamente documentos originales, la entrega de copias certificadas de aquellos documentos será suficiente para cumplir con la solicitud.

 

ARTICULO VI NOTIFICACION DE LOS ACTOS PROCESALES

 

1. La Parte Requerida procederá a la notificación que le haya sido solicitada por la Parte Requirente.

2. La notificación podrá ser efectuada mediante la simple remisión del documento al destinatario o, a petición de la Parte Requirente, en alguna de las formas previstas por la legislación nacional de la Parte Requerida, o en cualquier otra forma compatible con dicha legislación.

 

3. La notificación se acreditará mediante recibo fechado por el destinatario o por certificación de la autoridad competente que acredite el hecho, la forma y la fecha de la misma. La constancia de dicha notificación será enviada a la Parte Requirente. Si la notificación no ha podido realizarse, se harán constar las causas.

 

4. La solicitud que tenga por objeto la citación del probable responsable o imputado, testigo o perito ante las autoridades de la Parte Requirente, deberá presentarse con cuarenta y cinco (45) días de antelación a la fecha señalada para la comparecencia.

 

ARTICULO VII LIMITES PARA LA UTILIZACION DE INFORMACION Y PRUEBAS

 

1. La Parte Requirente no podrá revelar o utilizar la información confidencial o pruebas facilitadas con ese mismo carácter para otros propósitos que no sean los que se indican en el requerimiento, sin el previo consentimiento de la Parte Requerida.

 

2. Cuando resulte necesario, la Parte Requerida podrá solicitar que la información o las pruebas suministradas se conserven en confidencialidad de conformidad con las condiciones que dicha Parte especifique. Si la Parte Requirente no puede cumplir tal solicitud, ambas Partes se consultarán para determinar las condiciones de confidencialidad que mutuamente resulten convenientes.

 

3. La información o pruebas que no tengan el carácter de confidencial, una vez que hayan sido hechas públicas en la Parte Requirente, dentro del procedimiento descrito en la solicitud de asistencia, no estarán sujetas a la restricción a la que se refiere el numeral 1 del presente Artículo.

 

ARTICULO VIII MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO O SECUESTRO DE BIENES

 

1. Cualquiera de las Partes podrá notificar a la Otra, las razones que tiene para presumir que los objetos, productos o instrumentos de un delito se encuentran en el territorio de esa otra Parte.

2. Las Partes se prestarán asistencia mutua en la medida permitida por su legislación nacional para promover los procedimientos precautorios y las medidas de aseguramiento o secuestro de los objetos, productos o instrumentos del delito.

 

ARTICULO IX REGISTRO DOMICILIARIO Y DECOMISO

 

1. Las solicitudes referentes a registro domiciliario, decomiso y entrega de los objetos así obtenidos, serán ejecutadas si contienen la información y, en su caso, la documentación que justifiquen dichas acciones, de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida.

 

2. La autoridad que haya ejecutado una solicitud de registro domiciliario o decomiso proporcionará a la Parte Requirente una certificación, según se indique en la solicitud, sobre la identidad del objeto asegurado o secuestrado, la integridad de su condición y la continuidad de su custodia. Esta certificación será admisible como prueba legal en el procedimiento de que se trate.

 

ARTICULO X ENTREGA DE BIENES PARA USO EN INVESTIGACIONES O PROCEDIMIENTOS

 

1. Al atender una solicitud de asistencia los bienes que sean usados en investigaciones o sirvan como pruebas en procedimientos en la Parte Requirente, serán entregados a dicha Parte en los términos y condiciones que la Parte Requerida estime conveniente.

2. La entrega de bienes de conformidad con el párrafo 1 no afectará los derechos de terceras Partes bona fide.

 

ARTICULO XI DEVOLUCION DE BIENES

 

Cualquier bien, incluyendo archivos originales o documentos, entregados en la ejecución de una solicitud será devuelto tan pronto comos sea posible, a menos que la Parte Requerida renuncie al derecho de recibir

en devolución dichos bienes.

 

ARTICULO XII PRODUCTOS DEL DELITO

 

1. La Parte Requerida deberá, a solicitud de la Parte Requirente, esforzarse por definir si cualquier producto de un delito está localizado dentro de su jurisdicción y deberá notificar a la Parte Requirente de los

resultados de su averiguación. Al hacer la solicitud la Parte Requirente informará a la Parte Requerida sobre el fundamento de su opinión de que dichos productos están localizados en su jurisdicción.

2. Cuando de conformidad con el párrafo 1, sean encontrados productos de delito, la Parte Requirente podrá solicitar a la Parte Requerida que tome las medidas que sean permitidas por su legislación nacional para el aseguramiento, embargo y decomiso de dichos frutos.

 

3. En la aplicación de este Artículo, los derechos de terceras partes de bona fide serán respetados.

 

ARTICULO XIII

 

COMPARECENCIA DE TESTIGOS EXPERTOS EN LA PARTE REQUIRENTE

 

1. Podrán formularse solicitudes de asistencia para hacer que una persona declare o auxilie en investigaciones en el territorio de la Parte Requirente.

 

2. La Parte Requerida enviará a la Parte Requirente prueba de ejecución de dichas solicitudes.

 

ARTICULO XIV DECLARACION EN LA PARTE REQUERIDA

 

1. Una persona en la Parte Requerida, cuya declaración se requiera, será citada por la autoridad competente de la Parte Requerida para presentarse y declarar o entregar documentos, archivos y objetos.

2. La Parte Requerida deberá, a solicitud, informar a la Parte Requirente del tiempo y lugar de ejecución de la solicitud de asistencia.

3. La Parte Requerida deberá autorizar la presencia, al momento de tomar la declaración de las personas especificadas en la solicitud de la Parte Requirente, pero únicamente en calidad de observadores.

4. Cualquier solicitud de inmunidad, incapacidad o privilegio de conformidad con la legislación nacional la

Parte Requirente será decidida por las autoridades competentes de la Parte Requerida.

 

ARTICULO XV DISPONIBILIDAD DE PERSONAS DETENIDAS, PARA DAR DECLARACION O AUXILIAR EN INVESTIGACIONES EN LA PARTE REQUERIDA

 

1. Una persona bajo custodia en la Parte Requerida deberá, a solicitud de la Parte Requirente, ser transferida temporalmente a la Parte Requirente, para auxiliar en investigaciones o procedimientos, siempre que la persona consienta en dicho traslado y no haya bases excepcionales para rehusar la solicitud.

 

2. Cuando de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida se requiera que la persona transferida sea mantenida bajo custodia, la Parte Requirente deberá mantener a dicha persona bajo custodia y devolverla al cumplimiento de la solicitud o en cualquier momento previo que haya establecido la Parte Requerida.

 

3 Cuando la sentencia impuesta expire o cuando Parte Requerida informe a la Parte Requirente que ya no se requiere mantener bajo custodia a la persona transferida, esa persona será puesta en libertad y tratada como tal en la Parte Requirente de acuerdo con una solicitud formulada bajo el Artículo XVII que requiera la

presencia de esa persona.

 

ARTICULO XVI SALVOCONDUCTO

 

1. Un testigo o experto presente en la Parte Requirente en respuesta a una solicitud que busca la comparecencia de esa persona, no será procesado, detenido o sujeto a cualquier otra restricción de libertad personal en esa Parte por cualquier acto u omisión previo a la partida de esa persona de la Parte Requerida, ni tampoco estará obligada esa persona a dar declaración en cualquier otro procedimiento diferente al que refiere la solicitud.

 

2. El párrafo 1 dejará de aplicarse si una persona, estando en libertad para abandonar la Parte Requirente, no la ha dejado en un periodo de treinta (30) días después de que oficialmente se haya notificado que ya no se requiere la presencia de esa persona o habiendo partido, haya regresado voluntariamente.

 

3. Una persona que no atienda una solicitud que requiera la comparecencia de esa persona, aún si la solicitud se refiere a la notificación de una persona, no deberá ser sometida a pena o medida de apremio.

 

ARTICULO XVII CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES

1. En todos los casos, la solicitud de asistencia incluirá:

 

a)    el nombre de la autoridad competente que lleve a cabo las investigaciones o procedimientos a los que se refiere la solicitud y la autoridad que la solicita;

 

b) el propósito por el que se formula la solicitud y la naturaleza de la asistencia solicitada;

 

c)    cuando sea posible, la identidad, nacionalidad y localización de la persona o personas que estén sujetas a la investigación o procedimiento; y

 

d)    excepto en los casos de solicitudes para notificación de documentos, una descripción de los presuntos actos u omisiones que constituyan el delito y una declaración sobre el derecho y jurisdicción relevantes.

 

2. Las solicitudes de asistencia deberán incluir, adicionalmente:

 

a)    en el caso de solicitudes para notificación de documento, el nombre y dirección de la persona a quien se le notificará;

 

b)    en caso de solicitudes para medidas de apremio, una declaración indicando las razones por las cuales se realizó la solicitud y los datos de ubicación del lugar donde se localizan las pruebas en la Parte Requerida a menos que esto se deduzca de la solicitud misma;

 

c)    en el caso de cateo y decomiso, una declaración de la autoridad competente de que el decomiso puede lograrse a través de medidas de apremio si los bienes estuvieran localizados en la Parte Requirente;

d)    en el caso de solicitudes para tomar la declaración de una persona, la materia acerca de la cual habrá de examinarse a esa persona, incluyendo, cuando sea posible, una lista de las preguntas y detalles sobre cualquier derecho que tenga esa persona para rehusarse a dar declaración;

 

e)    en el caso de que se presenten personas detenidas, la persona o tipo de personas que tendrán la custodia durante el traslado al sitio al cual la persona va a ser trasladada y la fecha de regreso de esa persona;

 

f)    en el caso de préstamo de pruebas, la persona o tipo de personas que tendrán la custodia de las pruebas, el sitio al que deberán ser trasladados y la fecha en la que la prueba debe ser devuelta;

 

g)    detalles de cualquier procedimiento particular que la Parte Requirente quiera que se siga, y las razones para ello;

 

h) cualquier requisito de confidencialidad.

 

3. Deberá proporcionarse información adicional si la Parte Requerida lo juzga necesario para la ejecución de la solicitud.

 

ARTICULO XVIII AUTORIDADES COORDINADORAS

 

Las solicitudes de asistencia podrán hacerse a nombre de los Tribunales, Procuradores y autoridades responsables de investigar o procesar en materia penal. Las solicitudes y respuestas serán formuladas por o a través de la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos y la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras, como las Autoridades Coordinadoras de las Partes.

 

ARTICULO XIX LIMITACIONES EN EL USO DE INFORMACION O PRUEBA

 

1. La Parte Requirente no usará la información o prueba obtenidas de conformidad con el presente Tratado para propósitos diferentes a aquellos que se formulan en la solicitud, sin consentimiento previo de la Autoridad Coordinadora de la Parte Requerida.

 

2. Cuando sea necesario, la Parte Requerida podrá solicitar que la información o pruebas proporcionadas se mantengan confidenciales de conformidad con las condiciones que especifique. Si la Parte Requirente no puede cumplir con dichas condiciones, las Autoridades Coordinadoras se consultarán para determinar condiciones de confidencialidad mutuamente acordadas.

 

3. El uso de cualquier información o prueba que haya sido obtenida de conformidad con el presente

Tratado, que se haya hecha pública en la Parte Requirente dentro de un procedimiento resultado de las

investigaciones o diligencias descritas en la solicitud, no estará sujeta a las restricciones a que se refiere el párrafo 1.

 

ARTICULO XX LEGALIZACION

 

Las pruebas o documentos transmitidos a través de las Autoridades Coordinadoras de conformidad con el presente Tratado, no requerirán ningún tipo de legalización.

 

ARTICULO XXI OTRA ASISTENCIA

 

Este Tratado no derogará las obligaciones que subsistan entre las Partes, sea de conformidad con otros tratados, arreglos o en forma diversa, ni impedirá a las Partes proporcionarse o seguir proporcionándose asistencia de conformidad con otros tratados, arreglos o en forma diversa.

 

ARTICULO XXII COSTOS

 

1. La Parte Requerida cubrirá el costo de la ejecución de solicitud de asistencia, mientras que la Parte

Requirente deberá cubrir:

 

a)    los gastos asociados al traslado de cualquier persona desde o hacia la Parte Requerida a solicitud de la Parte Requirente, y cualquier costo o gasto pagadero a esa persona mientras se encuentre en la Parte Requirente a consecuencia de una solicitud, bajo los Artículos XVII o IX de este Tratado;

 

b) los costos y honorarios de expertos sean en la Parte Requerida o en la Parte Requirente.

 

2. Si la solicitud de asistencia requiere costos de naturaleza extraordinaria, las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones bajo los cuales la asistencia puede ser proporcionada.

 

ARTICULO XXIII CONSULTAS

 

Las Partes se consultarán rápidamente, a petición de cualquiera de ellas, sobre la interpretación y el cumplimiento de este Tratado, incluyendo los Artículos VI y XVIII, para evitar cualquier efecto desproporcionado en cualquiera de las Partes.

 

ARTICULO XXIV TERCEROS ESTADOS

 

Cuando una nacional o residente de una de las Partes sea instruido por autoridades judiciales de un tercer Estado para actuar en forma que contravenga el derecho o interés público de la otra Parte, las Partes deberán consultarse para identificar medios para minimizar dicho conflicto.

 

ARTICULO XXV ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACION

 

1. Este Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de que las Partes se hayan notificado, a través de la vía diplomática, que han sido cumplidos los requisitos exigidos por su legislación nacional para tal efecto.

 

2. Este Tratado se aplicará a cualquier solicitud presentada después de su entrada en vigor, incluso si los actos u omisiones relevantes ocurrieron antes de esa fecha.

3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Tratado, en cualquier momento, mediante notificación escrita, cursada por la vía diplomática, y dejará de estar en vigor ciento ochenta (180) días después de recibida tal notificación.

 

Firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, en dos originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.- Por los Estados Unidos Mexicanos: el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.- Por la República de Honduras: el Secretario de Relaciones Exteriores, Leonidas Rosa Bautista.- Rúbrica.