TRATADO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA SOBRE ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA PENAL

 

 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Bolivia, en adelante denominados “las Partes”;

ANIMADOS por el deseo de cooperar en el marco de sus relaciones de amistad y de prestarse asistencia jurídica para procurar la aplicación de la justicia en materia penal;

Han convenido lo siguiente:

 

ARTICULO l

 

ALCANCE DEL TRATADO

 

1. Las Partes se comprometen a prestarse asistencia jurídica, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de su respectiva legislación nacional, en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal relativo a hechos que en el momento en que fueron cometidos estuvieren dentro de la jurisdicción de la Parte Requirente.

2. El presente Tratado no faculta a las autoridades de una de las Partes a emprender, en el territorio de la Otra, el ejercicio y el desempeño de las funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a las autoridades de esa otra Parte por su legislación nacional.

3. Para el caso de la ejecución de medidas tales como el aseguramiento de objetos, decomiso, cateos o registros domiciliarios, la asistencia se prestará cuando el hecho que la origine sea punible según la legislación de ambas Partes. Cuando el hecho que la origine no sea punible según la legislación de la Parte Requerida, ésta podrá autorizar la prestación de la asistencia dentro de los límites previstos por su legislación nacional.

4. Para los propósitos de este Artículo “materia penal” significará, para los Estados Unidos Mexicanos, investigaciones y procedimientos penales relativos a cualquier delito, ya sean del orden federal o local; y para la República de Bolivia, investigaciones y procedimientos penales relativos a cualquier delito tipificado por la legislación penal boliviana.

5. Se podrá prestar cualquier asistencia que sea consistente con los objetivos de este

 

Tratado, siempre y cuando sea compatible con la legislación de la Parte Requerida.

 

ARTICULO II OBJETO DE LA ASISTENCIA

La asistencia jurídica comprenderá:

 

a) práctica de diligencias, obtención y remisión de pruebas solicitadas;

 

b) remisión de información y documentos;

 

c) notificación de providencias, autos, sentencias y otros actos procesales;

 

d) localización y traslado voluntario de personas en calidad de testigos o peritos;

 

e) ejecución de peritajes, decomisos, aseguramientos, inmovilización de bienes, embargos, así como la identificación o detección del producto de los bienes e instrumentos de la comisión de un delito, inspecciones oculares, registros domiciliarios o cateos;

f) intervención de comunicaciones privadas siempre que sea compatible con la legislación nacional de la Parte Requerida;

g) facilitar el ingreso y permitir la libertad de desplazamiento en el territorio de la Parte Requerida a funcionarios de la Parte Requirente, en calidad de observadores, previa autorización de las autoridades competentes de la Parte Requerida, con el fin de asistir a la práctica de las actuaciones descritas en el presente Tratado, siempre que la legislación nacional de la Parte Requerida lo permita;

h) obtención de declaraciones; y

 

i) cualquier otra forma de asistencia que convengan las Partes, que sea compatible con el objeto del presente Tratado y que no contravenga la legislación nacional de la Parte Requerida.

ARTICULO III

 

DENEGACION O DIFERIMIENTO DE LA ASISTENCIA

 

1. La asistencia jurídica será denegada si:

 

a) existen motivos fundados para creer que la solicitud de asistencia se ha formulado con el fin de procesar a una persona por razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que la situación de esa persona puede resultar perjudicada por cualquiera de esas razones;

b) la ejecución de la solicitud implica que la Parte Requerida exceda su competencia legal, o que de cualquier otra manera esté prohibida por sus disposiciones legales en vigor, en cuyo caso las autoridades coordinadoras se consultarán para procurar medios legales alternativos para proporcionar la asistencia;

c) la solicitud se refiere a un hecho tipificado como delito sólo en la legislación militar, a un delito político, o a cualquier delito conexo con los anteriores, a juicio de la Parte Requerida;

d) la Parte Requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta contra su orden público, soberanía o seguridad nacional;

e) el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual la persona ha sido exonerada definitivamente de responsabilidad penal o habiéndose condenado, se hubiere extinguido la sanción y las obligaciones derivadas del hecho punible; y

f) la solicitud no satisface los requisitos exigidos por el presente Tratado.

 

2. La ejecución de la asistencia podrá ser aplazada si la prestación de la misma, perjudica una investigación o procedimiento judicial en el territorio de la Parte Requerida o la seguridad de cualquier persona relacionada con estos. En este caso se podrá disponer el aplazamiento o el conveniente condicionamiento de la ejecución, de lo que se informará a la Parte Requirente.

 

3. Antes de denegar el cumplimiento de cualquier solicitud, con arreglo a lo dispuesto en el presente Tratado, la autoridad coordinadora de la Parte Requerida, deberá determinar si existen condiciones cuya satisfacción haga posible que la asistencia se pueda proporcionar. Si la Parte Requirente acepta la asistencia sujeta a dichas condiciones, deberá ajustarse a ellas.

4. La autoridad coordinadora de la Parte Requerida informará a la de la Parte Requirente, a la brevedad posible, sobre los motivos que tenga para no ejecutar una solicitud.

ARTICULO IV

 

EJECUCION DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA

 

1. El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida, atendiendo a las diligencias solicitadas expresamente conforme al Artículo XI y las conexas y necesarias que se deriven de la naturaleza de la petición para su cabal cumplimiento.

2. Si la Parte Requirente tuviere interés en una condición especial o forma de tramitación de la solicitud de asistencia, lo deberá hacer del conocimiento de la Parte Requerida, de manera expresa y en forma oportuna, la cual accederá si lo permite su legislación nacional.

3. La Parte Requerida ejecutará la solicitud de asistencia relativa a un procedimiento penal que le sea dirigida por las autoridades judiciales o por el Ministerio Público de la Parte Requirente, a través de las respectivas autoridades coordinadoras, y que tenga por objeto actos de instrucción o averiguación.

4. Si la solicitud de asistencia tiene por objeto la transmisión de autos, elementos de prueba y en general cualquier clase de documentos, la Parte Requerida podrá entregar solamente copias debidamente certificadas.

5. La Parte Requerida podrá enviar objetos, autos o documentos originales que le hayan sido solicitados, cuando su legislación nacional se lo permita y no sean necesarios en un procedimiento penal en curso.

6. Los objetos o documentos que hayan sido enviados en cumplimiento de una solicitud de asistencia serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte Requerida renuncie expresamente a ellos.

7. La Parte Requirente será informada de la fecha y lugar de cumplimiento de la solicitud de asistencia.

8. Las Partes podrán autorizar, en condiciones de reciprocidad, la participación de autoridades de la Otra Parte, durante el desahogo de las diligencias que deban realizarse en su

 

territorio. Esta participación será admitida exclusivamente en calidad de observador, de conformidad con la legislación nacional de la Otra Parte.

ARTICULO V NOTIFICACION DE ACTOS PROCESALES

1. La Parte Requerida procederá a la notificación de las resoluciones judiciales o documentos relativos a actos procesales que le haya sido solicitada por la Parte Requirente.

2. La notificación podrá ser realizada mediante la simple remisión del documento al destinatario o, a solicitud de la Parte Requirente, en alguna de las formas previstas por la legislación nacional de la Parte Requerida o en cualquier otra forma compatible con su legislación.

3. La información de la notificación a que hace referencia el párrafo precedente, se hará del conocimiento de las respectivas Cancillerías.

4. La notificación se acreditará mediante recibo fechado y firmado por el destinatario, o por certificación de la autoridad competente que acredite el hecho, la forma y la fecha de notificación. Uno u otro de estos documentos, serán enviados a la Parte Requirente, y si la notificación no ha podido realizarse se harán constar las causas.

ARTICULO VI

 

TRASLADO DE PERSONAS BAJO CUSTODIA

 

1. La solicitud de asistencia que tenga por objeto la citación de un indiciado, testigo o perito ante las autoridades de la Parte Requirente, sólo se realizará si no existen objeciones de la Parte Requerida y la persona que deba comparecer otorga expresamente su consentimiento para el traslado. La Autoridad Coordinadora de la Parte Requerida expedirá una certificación por escrito del consentimiento de la persona requerida en el territorio de la Parte Requirente. La Autoridad Coordinadora de la Parte Requerida deberá informar de manera expedita tal respuesta a la Autoridad Coordinadora Requirente.

2. La solicitud de asistencia formulada conforme al numeral anterior podrá ser diligenciada si es recibida con un mínimo de cuarenta y cinco (45) días de antelación a la fecha señalada para la comparecencia.

3. Si la Parte Requirente estima que la comparecencia personal de un testigo o perito ante sus autoridades judiciales resulta especialmente necesaria, lo hará constar en la solicitud de citación.

4. La solicitud a que se refiere el apartado anterior deberá mencionar el importe de los viáticos y honorarios que percibirá el testigo o perito.

 

ARTICULO VII

 

DECLARACION DE TESTIGOS Y PERITOS EN EL TERRITORIO DE LA PARTE REQUERIDA

 

1. El testigo o perito cualquiera que sea su nacionalidad que, como consecuencia de una citación comparezca ante las autoridades judiciales de la Parte Requirente, no podrá ser perseguido o detenido por esa Parte por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte Requerida.

2. La inmunidad prevista en el apartado precedente cesará cuando el testigo o perito permaneciere más de treinta (30) días en el territorio de la Parte Requirente, a menos que exista causa, considerada como grave por ambas Partes, por la que el testigo o perito esté imposibilitado para abandonar el territorio de la Parte Requirente.

3. El plazo establecido en el párrafo anterior se contará a partir del momento en que su presencia ya no fuere requerida expresamente por las autoridades judiciales o administrativas de la Parte Requirente.

ARTICULO VIII

 

DISPONIBILIDAD DE PERSONAS PARA PRESENTAR PRUEBAS O AUXILIAR EN UNA INVESTIGACION

1. La persona que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida cuyo testimonio sea solicitado por la Parte Requirente será citada por la autoridad competente de la Parte Requerida, para comparecer y testificar o presentar documentos, registros u objetos en la Parte Requerida, en la misma medida en que se haría en averiguaciones previas o diligencias penales en dicha Parte.

 

2. Cualquier reclamación de inmunidad, incapacidad o privilegio establecidos conforme a la legislación nacional de la Parte Requirente, serán resueltas exclusivamente por las autoridades competentes de dicha Parte. Consecuentemente se tomará el testimonio en la Parte Requerida y este será enviado a la Parte Requirente, en donde dicha reclamación será resuelta por sus autoridades competentes.

3. La autoridad coordinadora de la Parte Requerida informará a la de la Parte Requirente sobre la fecha y lugar que se hayan fijado para la recepción de la declaración del testigo. Cuando resulte posible, las autoridades coordinadoras se consultarán con el fin de asegurar una fecha conveniente para ambas Partes.

 

ARTICULO IX

 

DISPONIBILIDAD DE PERSONAS BAJO CUSTODIA PARA PRESENTARSE COMO TESTIGOS O PARA CAREOS

1. Si en una causa penal se considerase necesaria la comparecencia personal ante autoridades de la Parte Requirente, de una persona bajo custodia en la Parte Requerida, en calidad de testigo o para un careo, se formulará la solicitud correspondiente. Se accederá a ella

 

si la persona bajo custodia presta su consentimiento, por escrito, y si la Parte Requerida estima que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.

2. La Parte Requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud que dio lugar al traslado, o en cualquier momento previo que haya establecido la Parte Requerida.

3. La Parte Requirente no exigirá a la Parte Requerida que inicie un procedimiento de extradición para asegurar el regreso de la persona trasladada.

4. El tiempo cumplido bajo la custodia de la Parte Requirente se acreditará a la sentencia que haya sido impuesta, en la Parte Requerida, a la persona trasladada.

5. Los gastos ocasionados por la aplicación de este Artículo serán sufragados por la Parte

 

Requirente.

 

ARTICULO X INTERCAMBIO DE INFORMACION

1. Las Partes se informarán acerca de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la Otra.

 

2. Cuando una de las Partes solicite de la Otra antecedentes penales de una persona, haciendo constar el motivo de la petición, dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación nacional de la Parte Requerida.

ARTICULO XI

 

CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA

 

1. Las solicitudes de asistencia se presentarán por escrito. En casos urgentes la solicitud podrá formularse por cualquier medio y la Parte Requerida tomará las medidas necesarias para cumplimentarla, en la inteligencia de que tan pronto como sea posible la solicitud deberá ser formalizada por escrito.

2. Las solicitudes de asistencia deberán incluir:

 

a) el nombre de la autoridad competente que lleva a cabo la investigación o diligencia referida en la solicitud y la autoridad que la solicita;

b) el propósito por el que se formula la solicitud y la naturaleza de la asistencia solicitada;

 

c) cuando sea posible, la identidad, nacionalidad y localización de la persona o personas que estén sujetas a la investigación o procedimiento;

d) descripción de las pruebas, información o cualquier otra asistencia solicitada;

 

e) explicación concisa de los hechos u omisiones que constituyen el delito, así como el texto de las disposiciones legales aplicables; y

f) descripción de cualquier procedimiento específico a seguir en la ejecución de la solicitud de asistencia y, en su caso, detalles del término en el que se debe satisfacer la solicitud.

 

3. Las solicitudes de asistencia deberán incluir, adicionalmente:

 

a) en el caso de solicitudes para la entrega de notificaciones, el nombre y dirección de la persona a quien se le notificará, y la relación de esa persona con las diligencias;

b) en el caso de que deban tomarse medidas de seguridad o preventivas, una declaración indicando las razones por las que las pruebas pueden ser encontradas en el territorio de la Parte Requerida;

c) en el caso de cateos, la descripción exacta del lugar a ser cateado o de los recursos, productos o instrumentos del en el caso de solicitudes para tomar la declaración de una persona o para que presente pruebas, el motivo de su testimonio, incluyendo, cuando sea posible, una lista de las preguntas a formular y los detalles sobre cualquier derecho que tenga esa persona para rehusarse a rendir la declaración;

d) en el caso de solicitudes para trasladar a una persona bajo custodia, la persona o autoridad que estará a cargo de su custodia durante el traslado, el lugar al cual la persona va a ser trasladada y la fecha de regreso de esa persona;

 

e) en el caso de préstamo de pruebas, nombre de la persona o autoridad que tendrá la custodia de las pruebas, el sitio al que deberán ser trasladadas y la fecha en la que la prueba debe ser devuelta;

 

f) en el caso de cuentas bancarias, nombre del titular, nombre del banco, dirección y el

 

(los) número(s) de cuenta(s); y

 

g) cualquier requerimiento confidencial.

 

4. La Parte Requirente deberá proporcionar información adicional a la Parte Requerida, si esta lo juzga necesario para la ejecución de la solicitud.

5. Cuando una solicitud de asistencia no sea cumplimentada por la Parte Requerida, ésta la devolverá con expresión de la causa.

 

ARTICULO XII PRODUCTOS DEL DELITO

1. La Parte Requerida, a petición de la Parte Requirente, deberá esforzarse por verificar si cualquier producto de un delito está localizado dentro de su jurisdicción y deberá notificar a la Parte Requirente de los resultados de sus indagaciones o averiguaciones. Al formular la solicitud, la Parte Requirente expondrá los motivos por los que considera que dichos productos están localizados en el territorio de la Parte Requerida.

 

2. Cuando de conformidad con el numeral 1 de este Artículo, sean ubicados dichos productos del delito, la Parte Requirente podrá solicitar a la Parte Requerida que tome las medidas que sean permitidas por su legislación nacional para su aseguramiento y decomiso, a fin de evitar que la transferencia, comercio o disposición de los recursos que se sospecha tengan una procedencia ilícita, hasta que la autoridad competente de la Parte Requirente emita una determinación final con respecto a esos recursos.

 

3. Los recursos asegurados o decomisados conforme al presente Tratado deben ser retenidos por la Parte Requerida, salvo que se acuerde lo contrario entre las Partes.

4. Conforme a este Artículo, deberán respetarse los derechos de terceras personas de buena fe.

 

ARTICULO XIII

 

LIMITACIONES SOBRE EL USO DE LA INFORMACION Y DE LAS PRUEBAS

 

Toda información o pruebas suministradas con base en el presente Tratado, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que estas sean requeridas en investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la solicitud de asistencia, o que la Parte Requirente y la Parte Requerida acuerden lo contrario.

ARTICULO XIV GASTOS

1. La Parte Requerida cubrirá los gastos de la ejecución de la solicitud de asistencia y la

 

Parte Requirente deberá cubrir:

 

a) los gastos relativos al traslado de cualquier persona, desde o hacia la Parte Requerida, y cualquier costo o gasto pagadero a esa persona, mientras se encuentre en su territorio; y

b) los gastos y honorarios de peritos, en los casos en que estos hubieren sido trasladados a su territorio.

 

2. Si resulta evidente que la ejecución de la solicitud requiere de gastos de naturaleza extraordinaria, las Partes se consultarán previamente para resolver los términos y condiciones bajo los cuales la asistencia solicitada puede ser proporcionada.

 

ARTICULO XV AUTORIDADES COORDINADORAS

1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia

 

jurídica objeto del presente Tratado, los Estados Unidos Mexicanos designan como Autoridad Coordinadora a la Procuraduría General de la República y la República de Bolivia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La Autoridad Coordinadora de la Parte Requerida deberá cumplir en forma expedita con las solicitudes de asistencia formuladas de conformidad con el presente Tratado o, cuando sea apropiado, las transmitirá a otras autoridades competentes para ejecutarlas, pero conservará la coordinación de la ejecución de dichas solicitudes.

2. Las Partes también podrán utilizar en todo caso la vía diplomática o encomendar a sus cónsules la práctica de diligencias permitidas por la legislación de la Parte Requerida conforme al Derecho Internacional aplicable.

La práctica de las diligencias a que se refiere el párrafo precedente se deberá realizar en coordinación y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

ARTICULO XVI LEGALIZACION DE DOCUMENTOS

Las pruebas y documentos transmitidos en aplicación del presente Tratado se deberán certificar y apostillar por las autoridades competentes de las Partes.

 

ARTICULO XVII CONSULTAS

1. Las Partes celebrarán consultas, a petición de cualquiera de ellas, en relación con la

 

interpretación, aplicación o cumplimiento del presente Tratado.

 

ARTICULO XVIII SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las Partes con motivo de la interpretación o aplicación del

 

presente Tratado serán resueltas entre las Autoridades Coordinadoras, si no fuera posible, dichas controversias se resolverán mediante consultas realizadas a través de la vía diplomática.

ARTICULO XIX DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de que las Partes hayan intercambiado notificaciones, por la vía diplomática, indicando que sus respectivos requisitos legales para la entrada en vigor han sido cumplidos.

2. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud presentada después de su entrada en vigor, incluso si los actos u omisiones relevantes ocurrieron antes de esa fecha.

 

3. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 de este Artículo.

 

4. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Tratado en cualquier momento, mediante notificación escrita, por la vía diplomática y dejará de estar en vigor ciento ochenta (180) días después de recibida tal notificación; en ese caso, las solicitudes en trámite se llevarán a cabo de manera normal, hasta su conclusión.

Firmado en la ciudad de La Paz, Bolivia el tres de mayo de dos mil cinco, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.- Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.- Por el Gobierno de la República de Bolivia: Rúbrica.- p. Juan Ignacio Siles.- Pedro Gareca Perales.- Fiscal General de la República.