CONVENCIÓN CONSULAR ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Jefe del Commonwealth (Comunidad Británica);

Deseando reglamentar los derechos, prerrogativas, exenciones e inmunidades de los funcionarios consulares de una de las Partes en los territorios de la otra;

Han resuelto celebrar una Convención Consular, y para el efecto han designado como sus

Plenipotenciarios:

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Por los Estados Unidos Mexicanos:

Al Señor José Gorostiza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho;

Su Majestad la Reina del Reino Unido de La Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Jefe del Commonwealth (Comunidad Británica), (que en lo sucesivo será designada “Su

Majestad”)

Por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Al señor John William Taylor, Esq. C.M.G., M.B.E., Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en

México.

Quienes, después de haberse comunicado mutuamente sus respectivos Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

 

PARTE 1. APLICACION Y DEFINICIONES.

 

 

Esta Convención se aplica:

Articulo 1

 

(1) Por parte de los Estados Unidos Mexicanos, a todas las partes que integran su Federación, incluyendo sus islas adyacentes en ambos océanos, así como la de Guadalupe y las que forman el Archipiélago de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacifico;

(2) Por parte de Su majestad, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales el Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido es

responsable.

 

Artículo 2

 

Para los efectos de esta Convención,

(1) el término “Estado representado” significa, de acuerdo con el contexto, la Alta Parte Contratante que nombra al funcionario consular, o bien la totalidad de los territorios de dicha Parte en los que se

aplique esta Convención;

(2) el término “Estado receptor” significa, de acuerdo con el contexto,

La Alta Parte Contratante en cuyos territorios el funcionario consular ejerce las funciones inherentes a su cargo, o bien la totalidad de los territorios de dicha Parte en los que se aplique esta Convención;

(3) el término “territorio” significa cualquier parte de los territorios del Estado receptor en la que se

encuentre situada la totalidad o parte de un distrito consular y que constituya una unidad territorial para los efectos de todos o de algunos de los artículos de la Convención, y que haya sido notificada

como tal al Estado representado de acuerdo con lo previsto en el Artículo 37 de la Convención;

(4) el término “nacionales” significa,

(a) con respecto a los Estados Unidos Mexicanos, toda persona que tenga la calidad de mexicano por nacimiento o por naturalización de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo, en donde el contexto lo permita, todas las personas morales debidamente constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

(b) con respecto a Su Majestad, todos los ciudadanos del Reino Unido y de sus Colonias, todos los de Rodesia del Sur, y todas las personas que estén bajo la protección británica, incluyendo, en donde el contexto lo permita, todas las entidades jurídicas debidamente constituidas conforme a las leyes de

cualquiera de los territorios en que se aplique la Convención;

(5) el término “nave” de una Alta Parte Contratante significa, para los efectos de la Parte VII de la

Convención, cualquier buque o embarcación matriculado en un puerto de cualquiera de los territorios

de dicha Alta Parte Contratante en los que se aplique la Convención; y para los efectos de las otras partes de ésta, la palabra “nave” significa cualquier buque o embarcación (que no sea de guerra) que esté o no esté matriculada así;

(6) el término “funcionario consular” significa cualquier persona a quien las autoridades competentes del territorio le hayan otorgado un exequátur o cualquiera otra autorización (inclusive un permiso de carácter provisional) para actuar con tal carácter. Un funcionario consular puede ser de carrera u

honorario;

(7) el término “empleado consular” significa cualquier persona que no sea funcionario consular y esté empleado en un consulado, siempre que su nombre haya sido debidamente comunicado a las

autoridades competentes del territorio conforme a lo previsto en el Articulo 6 de esta Convención. El término no incluye a los conductores de vehículos ni a ninguna otra persona empleada exclusivamente en labores domesticas o en el mantenimiento de los recintos consulares;

(8) el termino “oficina consular” significa cualquier edificio o parte de un edificio que se ocupa

exclusivamente para el ejercicio de las labores oficiales de un funcionario consular.

(9) el termino “ofensa grave” significa, por lo dispuesto en los Artículos 14 y 29 (2) de la Convención; (a) en el caso de cualquiera de los territorios señalados en el párrafo (2) del Artículo 1 de la

Convención, una ofensa que amerite una pena de cinco o más años de prisión;

(b) en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, una ofensa por la cual, de acuerdo con el Código

Penal para el Distrito y Territorios Federales, se imponga una sentencia máxima de cinco años o más.

 

 

PARTE II.—NOMBRAMIENTOS Y JURISDICCIONES.

 

Artículo 3

 

(1) Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá establecer y mantener consulados en cualquier lugar de los territorios de la otra en el que un tercer Estado tenga un consulado, y en cualquier otro lugar en que el Estado receptor convenga en que se establezca un Consulado. Quedara a juicio del Estado representado determinar el que sus consulados sean consulados generales, consulados, viceconsulados o agencias consulares.

(2) El Estado representado informará al receptor acerca de los distritos que asigne como jurisdicción a cada uno de sus consulados y, de acuerdo con el párrafo (3) de este Articulo, podrá fijar o modificar a su juicio los limites de tales distritos.

(3) El Estado receptor tendrá derecho a objetar la inclusión, dentro del distrito de un Consulado, de: (a) cualquier área que no esté incluida dentro de un distrito consular y que no esté abierta a los Comisionados de Comercio o a los representantes comerciales de un tercer Estado; y de:

(b) cualquier territorio de un tercer Estado.

(4) Previa notificación al Estado receptor, un funcionario consular podrá ejercer funciones consulares fuera de su distrito consular, a menos que el Estado receptor se oponga a ello.

 

Artículo 4

 

(1) El Estado representado podrá designar en cualquiera de sus consulados el número y clase de funcionarios consulares que considere necesarios. El Estado representado notificará por escrito al Estado receptor la designación de todo funcionario consular a determinado consulado. En el caso de funcionarios consulares honorarios que sean nacionales del Estado receptor, éste podrá exigir que se obtenga previamente, por la vía diplomática, su consentimiento en la designación de tales funcionarios a un consulado

(2) A la presentación de la patente del funcionario consular o de otra notificación de nombramiento, el

Estado receptor concederá, tan pronto como le sea posible y sin costo alguno, el exequátur o la autorización respectiva. En caso necesario, el Estado receptor concederá un permiso provisional en tanto extiende el exequátur o la autorización respectiva.

(3) No podrá negarse sin causa justificada la expedición del exequátur o de la autorización respectiva.

(1) Solo hasta que el Estado receptor otorgue el exequátur o la autorización respectiva se considerara que consiente a la actuación de un funcionario consular como tal o que le concede los beneficios de esta Convención.

 

(1) El Estado receptor informará sin demora a sus autoridades competentes el nombre de cualquier funcionario consular que tenga derecho de ejercer sus funciones conforme a esta Convención.

(2) Como agente oficial del Estado representado, un funcionario consular tendrá derecho a protección especial y a la alta consideración de todos los funcionarios del Estado receptor con los

cuales tenga relaciones oficiales.

(3) El Estado receptor podrá revocar el exequátur o la autorización respectiva a un funcionario consular cuya conducta sea causa de serios motivos de quejas. Cuando se soliciten las razones de

dicha revocación, éstas deberán proporcionarse al Estado representado por el conducto diplomático.

 

Artículo 6

 

El Estado representado tendrá libertad de emplear en sus consulados el número necesario de empleados consulares, sean éstos nacionales suyos o del Estado receptor, o de un tercer Estado. Los funcionarios consulares mantendrán informado al gobierno del territorio de los nombres y direcciones de dichos empleados. Corresponderá al gobierno del territorio designar la autoridad a la cual debe comunicarse tal información.

 

Artículo 7

 

A un funcionario o empleado consular podrá encargársele provisionalmente el desempeño de las atribuciones de un funcionario consular que haya fallecido o que esté incapacitado por enfermedad, ausencia u otra causa. Previa notificación al gobierno del territorio dicho encargado podrá desempeñar tales atribuciones y gozar de los beneficios que señala esta Convención, mientras regresa a sus labores el funcionario respectivo o se nombra uno nuevo que lo reemplace.

 

Artículo 8

 

Con el permiso del Estado receptor, el Estado representado podrá, en el asiento del Gobierno central del Estado receptor, asignar a las labores de un consulado a uno o más miembros de su misión diplomática acreditada ante el Estado receptor. Tales designaciones Se harán de acuerdo con lo que establece el Artículo 4 de esta Convención. Dichos funcionarios continuarán gozando de todos los privilegios e inmunidades que se derivan de su estatuto diplomático, excepto que, en su capacidad consular, estarán sujetos a lo dispuesto en esta Convención.

 

 

PARTE III. DERECHOS E INMUNIDADES LEGALES.

 

Artículo 9

 

(1) El Estado representado podrá, de acuerdo con las condiciones que fijen las leyes del territorio, adquirir, tener u ocupar en cualquier forma de posesión, salvo la plena propiedad, que exista conforme a las leyes de dicho territorio, sea en nombre propio en el de una o más personas físicas o morales que le representen, terrenos, edificios, partes de edificios o pertenencias ubicadas en el territorio y que dicho Estado representado requiera para las funciones de un consulado o para la residencia de un funcionario consular de carrera, o para cualquier otro propósito al cual el Estado receptor no se oponga, pero que provenga del funcionamiento del servicio consular del Estado representado. Si conforme a las leyes del territorio se debe obtener el permiso de las autoridades del mismo como requisito previo para cualquier adquisición de tal naturaleza, dicho permiso se concederá siempre que se hayan cumplido las formalidades del caso.

(2) El Estado representado tendrá el derecho de construir, para cualquiera de los fines especificados en el párrafo (1) de este Artículo, edificios y pertenencias en los terrenos que haya adquirido al efecto.

(3) Queda entendido que el Estado representado no estará exento de cumplir con los requisitos o de someterse a las restricciones que exijan los reglamentos o disposiciones que sobre edificación o planificación se apliquen al área en que estén situados los terrenos, edificios, partes de edificios o

pertenencias a los que se refieren los párrafos (1) y (2) de este Artículo.

 

(1) En la fachada del edificio en que esté un Consulado y en la barda o verja que lo circunde, podrá colocarse el escudo o insignia nacionales del Estado representado, con una leyenda apropiada que designe el Consulado, en el idioma oficial de dicho Estado. Igualmente se permitirá colocar tales escudos o insignias y leyenda a un lado, encima o en la puerta de entrada al consulado.

(2) Tanto la bandera del Estado representado como la bandera consular respectiva podrán enarbolarse en el Consulado y, en ocasiones convenientes, en la residencia del funcionario consular. Asimismo, este podrá colocar el escudo o insignia nacionales y enarbolar tanto la bandera del Estado representado como la consular en los vehículos, naves y aeronaves que use en el ejercicio de sus funciones.

(3) Ni la policía ni otras autoridades del territorio podrán entrar en una oficina consular a menos que sea con el consentimiento del titular en funciones o, si no es posible obtener tal consentimiento, con

una orden judicial y con el consentimiento del Secretario de Relaciones Exteriores, cuando se trate de los Estados Unidos Mexicanos, o del Secretario de Estado de Negocios Extranjeros, cuando se trate de los territorios señalados en el párrafo (2) del Articulo 1. Se presumirá que ha habido consentimiento

del funcionario consular en caso de incendio y otros desastres o cuando las autoridades del territorio tengan motivos suficientes para creer que en la oficina consular se ha cometido, se comete o está por cometerse un delito haciendo uso de violencia. Lo previsto en este párrafo no se aplicará tratándose

de una oficina consular que esté a cargo de un funcionario consular que sea nacional del Estado receptor o que no sea nacional del Estado representado.

(4) Un consulado no deberá usarse para dar asilo a prófugos de la justicia. Si un funcionario consular se negare a entregar a un prófugo de la justicia a las autoridades del territorio que conforme a la ley

lo demandaren, éstas podrán, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo (3) de este Artículo en lo que respecta a la oficina consular, entrar en ella si es necesario para aprehender al prófugo.

(5) Toda entrada o pesquisa dentro de una oficina consular conforme a los párrafos (3) y (4) de este

Artículo, se hará con el debido respeto a la inviolabilidad de los archivos consulares, de acuerdo con lo reconocido en el párrafo (1) del articulo 12.

(6) Ningún funcionario consular se aprovechará de las prerrogativas que esta Convención concede a la

oficina consular, para fines o propósitos ajenos al ejercicio de sus funciones consulares.

 

 

Artículo 11

 

(1) Los terrenos, edificios, partes de edificios y pertenencias, incluyendo los mobiliarios y equipos respectivos, que se tengan y ocupen exclusivamente para cualquiera de los usos especificados en el párrafo (1) del Artículo 9, y de acuerdo con lo dispuesto en dicho Artículo, así como los vehículos, naves y aeronaves de un consulado, no estarán sujetos a requisiciones o prestaciones de alojamientos militares. Dichos terrenos, edificios, partes de edificios y pertenencias no estarán exentos de expropiación o confiscación para fines de defensa nacional o de utilidad pública de acuerdo con las leyes del territorio; pero en el caso de que sea necesario llegar a tales medidas con respecto a cualquiera de los bienes de que se trata, deberá procederse con toda clase de consideración para evitar cualquier interferencia con el ejercicio de las funciones consulares.

(2) Igualmente, un funcionario o empleado consular, siempre que cumpla en uno u otro caso con las condiciones especificadas en el párrafo (4) de este Artículo, así como su residencia, su mobiliario y menaje de casa, y todos los vehículos, naves y aeronaves que tenga o posea, estarán exentos de toda requisición, contribución o prestación de alojamientos militares. Esta prerrogativa no se extenderá a otras propiedades o bienes que le pertenezcan. La residencia de un funcionario o empleado consular no estará exenta de expropiación o confiscación para fines de defensa nacional o de utilidad pública de acuerdo con las leyes del territorio.

(3) Un funcionario consular, que no sea nacional del Estado receptor, así como un empleado consular que satisfaga las condiciones especificadas en el párrafo (4) de este Artículo, estarán exentos de toda clase de servicios militares, navales, aéreos, policíacos, administrativos o judiciales.

(4) Las condiciones a que se refieren los párrafos (2) y (3) de este Artículo son que la persona mencionada deberá:

(a) Ser nacional del Estado representado y no poseer la nacionalidad del Estado receptor;

(b) no dedicarse en el territorio a ninguna ocupación particular lucrativa; y

(c) no haber sido residente legal en el territorio en la fecha de su adscripción al Consulado.

Articulo 12

 

(1) Los archivos, papeles y demás documentos oficiales de un consulado serán siempre inviolables, y las autoridades del territorio no podrán por ningún motivo o pretexto examinarlos o retenerlos.

(2) Los referidos archivos, papeles y documentos oficiales deberán guardarse separados de los papeles, libros o correspondencia de un funcionario o empleado consular, relativos a otros asuntos.

Esta disposición no exige la separación de los archivos y documentos oficiales diplomáticos de los consulares cuando las oficinas consulares estén situadas dentro del local de una misión diplomática.

(3) Un funcionario consular podrá comunicarse con su gobierno o con la misión diplomática o

consulado de cuya jurisdicción depende, por medio del correo, telégrafo, teléfono, o cualquier otro servicio público, y podrá asimismo enviar y recibir correspondencia oficial por medio de valijas consulares selladas, bolsas u otras formas de envase, pudiendo en ambos casos hacer uso de claves secretas. Sin embargo cuando el Estado receptor esté en guerra, el derecho de comunicación y correspondencia del funcionario consular con la misión diplomática o consulado de cuya jurisdicción dependa, podrá restringirse si esta misión o consulado se encuentran situados fuera de los territorios del estado receptor. Un funcionario consular podrá, además, tener de igual manera comunicación y correspondencia con otras misiones diplomáticas y consulares del Estado representado o con las autoridades de otros territorios de dicho Estado, en la inteligencia de que, cuando el Estado receptor esté en guerra, tal derecho adicional podrá restringirse.

(4) La correspondencia oficial consular a que se refiere el párrafo anterior será inviolable, y las autoridades del territorio no deberán examinarla ni retenerla. No obstante, en casos especiales, las autoridades del territorio podrán solicitar que las valijas consulares selladas, bolsas u otros envases sean abiertos en su presencia por un funcionaria consular, a fin de convencerse de que los envases solo contienen correspondencia oficial.

(5) Un funcionario o empleado consular tendrá derecho a rechazar cualquier solicitud de los tribunales o de las autoridades del territorio para presentar o exhibir cualquier documento de sus archivos u

otros documentos oficiales, o para declarar o dar fe en relación con asuntos que estén dentro de sus atribuciones oficiales. A pesar de lo anterior, se deberán satisfacer tales solicitudes cuando esté de por medio el interés de la justicia siempre que, a juicio del titular de la oficina consular, sea posible

hacerlo sin perjuicio para los intereses del Estado que representa.

(6) Un funcionario consular también tendrá el derecho de negarse a declarar o dar fe como perito en lo que respecta a las leyes del Estado que representa.

 

Articulo 13

 

(1) Un funcionario o empleado consular no adquirirá ninguna responsabilidad, ante los tribunales del Estado receptor, en procedimientos relacionados con los actos que desempeñe en su carácter oficial y que estén comprendidos dentro del ejercicio de las funciones consulares conforme al derecho internacional, a menos que el Estado representado solicite o consienta dichos procedimientos por conducta de su respectivo representante diplomático.

(2) Queda entendido que las disposiciones del párrafo (1) de este Artículo no impiden que el funcionario o empleado consular adquiera la responsabilidad pertinente en cualquier acción civil que resulte de un contrate celebrado por él, en el cual no lo hayan contratado expresamente como agente

de su gobierno y en el que la parte contraria le haya tenido como persona privada para el cumplimiento de dicho contrato. Queda asimismo entendido que las disposiciones del párrafo (5) del Artículo 12 no dan derecho al funcionario o empleado consular para negarse a presentar o exhibir

cualesquiera documentos o a declarar en lo relativo a un contrato de esa naturaleza.

(3) Un funcionario o empleado consular podrá ser requerido para declarar o atestiguar en un proceso civil o penal, con excepción de los casos estipulados en los párrafos (5) y (6) del Artículo 12. La

autoridad o el tribunal que requieran su testimonio adoptarán todas las medidas razonables para evitar cualquier interferencia con el cumplimiento de sus atribuciones oficiales. En el caso de un funcionario consular, la autoridad o el tribunal deberá, siempre que le sea posible y permitido, dar los pasos necesarios para que dicha declaración se tome, verbalmente o por escrito, en su residencia u

oficina.

(4) Todo vehículo de motor, nave o aeronave pie pertenezca al Estado representado y que esté al servicio de un consulado o de un funcionario e empleado consular, así como todo vehículo de motor,

nave o aeronave que pertenezca a un funcionario o empleado consular, deberá estar asegurado adecuadamente mediante pólizas contra riesgos de tercera persona. Cualquier reclamación de tercera persona por lo que respecta a riesgos de esta naturaleza, deberá considerarse come una acción que

implica responsabilidad conforme al párrafo (2) de este Artículo; y las disposiciones del párrafo (5) del Artículo 12 no darán derecho a un funcionario o empleado consular para negarse a presentar e exhibir cualquier documento o a declarar en lo relativo a dicha acción.

(5) Un funcionario consular y su esposa e hijos menores que residan con el, estarán exentos de los requisitos de las leyes del territorio en lo que respecta al registro de extranjeros y permisos de residencia, y no podrán ser deportados mientras el funcionario consular posea un exequátur válido u

otra autorización similar.

 

Artículo 14

 

(1) A no ser a petición o con el consentimiento del Estado representado, un funcionario consular de carrera no podrá ser aprehendido en cualquier territorio del Estado receptor, excepto cuando fuere acusado de haber cometido una ofensa grave tal como ésta se define en el párrafo (9) del Artículo 2 de esta Convención.

(2) Sin perjuicio de lo que se señala en el párrafo (1) de este Artículo con relación a la inmunidad personal, un funcionario consular de carrera no gozará de inmunidad por parte del Estado receptor

salvo en lo que señalan los párrafos (5) y (6) del Artículo 12 y en el párrafo (1) del Articulo 13.

 

Parte IV. Prerrogativas Fiscales

 

Artículo 15

 

Ninguna clase de impuestos o gravámenes similares, (sean nacionales, estatales, provinciales, municipales o de otra naturaleza) se causarán o cobrarán en el territorio del Estado representando, o a cualquier persona física o moral que actué en nombre de dicho Estado, con respecto a:

(a) la propiedad u ocupación de terrenos, edificios, partes de edificio o pertenencias que se usen exclusivamente para cualquiera de los fines especificados en el párrafo (1) del Artículo 9 de esta

Convención, con excepción de los impuestos u otras contribuciones que se impongan por servicios o

mejoras públicas locales que beneficien a dichos predios; y ello solamente en la extensión o alcance de tales beneficios;

(b) las transacciones o instrumentos relacionados con la adquisición de bienes raíces para cualquiera

de tales fines;

(c) la propiedad, posesión o uso de bienes muebles para cualquiera de los mismos fines antes señalados.

 

Artículo 16

 

(1) (a) Ninguna clase de impuestos o gravámenes similares se impondrán o cobraran dentro del territorio por el Estado receptor, o por cualquier Estado, provincia, municipalidad u otra subdivisión política local, en lo que se relaciona con los derechos u otros cargos similares que se cobren a nombre del Estado representado por compensación de servicios consulares, o por cualquier recibo dado en pago de tales derechos e cargos similares.

(b) El Estado representado o un funcionario o empleado consular estará, por tanto, exento dentro del territorio de toda clase de impuestos e gravámenes similares que se impongan o cobren por el Estado

receptor, e por cualesquier estado, provincia, municipalidad u otra subdivisión política local, relativa a

los actos ejecutados en el curso de las funciones oficiales del funcionario o empleado. Esta exención no regirá con respecto a los impuestos u otros gravámenes similares, del pago de los cuales sea

legalmente responsable otra persona, aun en el caso de que la obligación del pago del impuesto o del

gravamen similar se haya transferido al Estado representado o al funcionario o empleado consular.

(2) Ninguna clase de impuestos u otros gravámenes similares se impondrán o cobraran en el territorio por el Estado receptor, o por cualquier estado, provincia, municipalidad o otra subdivisión política local, en lo que respecta a los emolumentos, salario, jornales u otras cantidades que se paguen oficialmente a un funcionario consular por sus servicios consulares.

(3) Las disposiciones del párrafo (2) de este Artículo se aplicaron también a los emolumentos, salarios, jornales u otras cantidades que como compensación se paguen a un empleado consular por sus servicios en un consulado, a menos que dicho empleado sea nacional del Estado receptor.

(4) Sin perjuicio de cualquier exención que se otorgue de acuerdo con los párrafos procedentes de este Artículo, un funcionario o empleado consular, salvo lo previsto en el párrafo (5) de este Artículo, estará, además, exento en el territorio de toda clase de impuestos o gravámenes similares que se

impongan o cobren por el Estado receptor, o por cualquier estado, provincia, municipalidad y otra subdivisión política local, que no sean los impuestos e derechos que recaigan sobre la importación al territorio o a causa de ésta, cuya exención se trata exclusivamente en el Artículo 17, siempre que dicho funcionario o empleado:

(a) no sea nacional del Estado receptor;

(b) no se dedique a ocupaciones privadas lucrativas en el territorio; y

(c) sea un empleado permanente del Estado representado, o, si no es un empleado permanente del mismo, que no haya sido residente legal en el territorio en la fecha de su adscripción al Consulado.

(5) (a) Lo previsto en el párrafo (4) de este Artículo se aplicará solamente a los impuestos u otros

gravámenes similares con respecto a los cuales el funcionario e empleado consular sea, a falta de la exención prevista por este Articulo, la persona responsable legalmente, y no se aplicará a los impuestos u otros gravámenes similares cuando alguna otra persona sea la responsable legalmente, aun en el caso de que la obligación del pago del impuesto u otro gravamen similar se transfiera al funcionario o empleado consular. Sin embargo, si un funcionario o empleado consular tiene derecho a ingresos provenientes de fuentes situadas fuera del territorio, y si tal ingreso se lo paga, o cobra a su nombre, un banquero u otro agente dentro del territorio que tenga la responsabilidad de deducir el impuesto sobre la renta en el pago de dicho ingreso y rendir cuentas sobre el monto deducible, el funcionario o empleado consular tendrá derecho a la devolución del mencionado impuesto deducible. (b) Las disposiciones del párrafo (4) no se aplicarán a: (I) Los impuestos que se causen o cobren por la propiedad u ocupación de bienes inmuebles situados dentro del territorio;

(II) los impuestos sobre la renta derivados de otras fuentes, dentro del territorio;

(III) los impuestos que se causen o cobren dentro del territorio en casos de sucesiones cuando el funcionario o empleado consular sea la persona que fallece o bien la que reciba la herencia;

(IV) los impuestos sobre transacciones e instrumentos por medio de los cuales se efectúen transacciones, tales como los impuestos sobre renta o transferencia de moneda o de propiedad, o los derechos del timbre que se causen o cobren con relación a los mismos;

(V) los impuestos sobre consumo u otros gravámenes similares, en los que no deben incluirse, sin embargo, aquellos que se apliquen o cobren por la propiedad, el uso o por la operación de vehículos, naves e aeronaves o de cualquier aparato de radio o televisión o sobre artículos importados al

territorio de conformidad con lo que estatuye el Artículo 17.

 

Artículo 17

 

(1) Todos los muebles, equipos, enseres, y otros artículos, incluyendo vehículos. naves y aeronaves, destinados para los usos oficiales dentro del territorio que se relacionen con cualquiera de los fines especificados en el párrafo (1) del Artículo 9, podrán entrar a dicho territorio libres de todo impuesto o derecho que recaiga sobre la importación o a causa de la misma.

(2) Siempre que se cumpla con los requisitos que se detallan en el párrafo (4) del Artículo 16, los equipajes y efectos personales, así como otros artículos, incluyendo vehículos, naves y aeronaves, que

el funcionario o empleado consular importe al territorio para su uso exclusivo o de los miembros de su familia que residan con él, estarán exentos de todos los impuestos o derechos (nacionales, estatales, provinciales, municipales u otros) que recaigan sobre la importación, o a causa de la misma, ya sea que el funcionario o empleado les lleve consigo al lugar de su nueva adscripción o en viajes

subsecuentes, o que posteriormente se le consignen al mismo lugar, o que los importe en cualquier tiempo mientras permanezca adscrito o empleado en dicho puesto.

(3) Queda entendido, sin embargo, que:

(a) el Estado receptor podrá, como requisito para otorgar la exención a que se refiere este artículo, exigir que se le notifique de cualquier importación o reexportación de acuerdo con las formalidades que tenga a bien establecer, y podrá, además, requerir que tales artículos sean sometidos a inspección aduanal.

(b) En vista de que la exención a que se refiere este Artículo es solo aplicable a artículos importados para usos oficiales o personales, no ampara, inter alia, los importados para servicio o destino de otras personas, o para venta u otros fines comerciales. No obstante, los artículos que se importen como

muestras de productos comerciales para exhibirse exclusivamente en un consulado y después reexpedirse e destruirse, no se considerarán como excluidos de la exención señalada en este Artículo; (c) el Estado receptor podrá decidir que la exención a que se refiere este Artículo no se aplique a los

artículos que se cosechen, produzcan o fabriquen en el territorio de donde hayan sido exportados sin el pago o con el reembolso de los derechos e impuestos que se hubieren causado si no se hubieren exportado; y

(d) nada de lo anterior deberá interpretarse en el sentido de que se permite la entrada en el territorio de cualquier artículo cuya importación esté expresamente prohibida por la ley.

 

Parte V. Funciones Consulares de Carácter General

 

Artículo 18

 

(1) Un funcionario consular tendrá derecho dentro de su distrito, a proteger a los nacionales del

Estado representado y a sus propiedades e intereses. Para este objeto podrá:

(a) entrevistar, aconsejar y comunicarse con cualquier nacional del Estado representado: (b) investigar lo relativo a cualquier incidente que afecte los intereses de dicho nacional;

(c) ayudar a éste en actuaciones o juicios que se sigan ante las autoridades del territorio, o en sus relaciones con las mismas; dar los pasos convenientes para su defensa legal, cuando sea necesario; y,

a petición de las autoridades o con su consentimiento, servirles de intérprete o nombrarle uno que le sirva con tal carácter.

(d) Recurrir o dirigirse por escrito a las autoridades competentes de su distrito y a las dependencias

competentes del gobierno central del territorio. No tendrá, en cambio, el derecho de dirigirse por escrito a la Secretaria de Relaciones Exteriores o al Ministerio de Negocios Extranjeros, según sea el case, salvo en la ausencia de todo representante diplomático del Estado representado. Cuando haya necesidad de hacer tales representaciones por escrito, la autoridad o dependencia competente podrá solicitar del funcionario consular que agregue la traducción del documento en el idioma oficial del territorio.

(2) Un nacional del Estado representado tendrá derecho en cualquier momento a comunicarse con el funcionario consular competente y, a menos que se encuentre detenido legalmente, de visitarle en el

Consulado.

 

Articulo 19

 

(1) Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a expedir desde luego y mantener en vigor las instrucciones necesarias a fin de que las autoridades competentes informen inmediatamente al funcionario consular de la otra Parte cuando a un nacional de esta última Parte se le confirme en prisión en espera del juicio respectivo, o de alguna otra manera se le detenga en custodia dentro de los limites del distrito de dicho funcionario consular.

(2) Se permitirá a un funcionario consular visitar inmediatamente a cualquier nacional del Estado representado, conversar en lo privado con él y dar los pasos necesarios para su defensa legal, cuando dicho nacional se encuentre confinado o detenido para cualquier juicio o investigación o cuando tenga derecho de apelar conforme a los procedimientos ordinarios en cuanto al tiempo dentro el cual la apelación deba hacerse. Cualquier comunicación que dicho nacional dirija al funcionario consular debe despacharse sin demora por las autoridades del territorio.

(3) Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo (2) de este Artículo, cuando un nacional del Estado representado se encuentre detenido purgando una sentencia, el funcionario consular del distrito respectivo tendrá derecho a visitarle, previa notificación a la autoridad competente. Toda visita de esta naturaleza se hará ajustándose los reglamentos en vigor del establecimiento penal donde se encuentre detenido el preso, en la inteligencia de que, sin embargo tales reglamentos deberán permitir acceso razonable para entrevistar a dicho nacional y dar una oportunidad para conversar con él.

 

Artículo 20

 

Un funcionario consular podrá recibir, para guardarles en custodia, toda clase de sumas de dinero, documentos y objetos que le entreguen personalmente, nacionales del Estado representado o que por cuenta de éstos les sean entregados con ese fin.

 

Queda entendido que lo previsto en los Párrafos (5) y (6) del Artículo 12 de esta Convención no dará derecho a un funcionario consular para negarse a presentar cualquier documento que se relacione con tales depósitos, y que si un funcionario consular llega a ejercer el derecho a que se refiere este párrafo quedará sujeto, en lo que a ello atañe, a las leyes del territorio, y a la jurisdicción de los tribunales de dicho territorio, de igual manera que si fuese un nacional del Estado receptor.

Artículo 21

 

Dentro de su distrito, un funcionario consular podrá desarrollar y fomentar los intereses comerciales, artísticos, científicos, profesionales y educacionales del Estado que representa.

 

Artículo 22

 

Un funcionario consular podrá, dentro de su distrito:

(1) (a) Recibir las declaraciones a que haya lugar conforme a las leyes de nacionalidad del Estado representado;

(b) expedir las notificaciones del caso, conforme a las leyes del Estado representado, referentes al

servicio militar obligatorio de sus nacionales, y recibir las declaraciones que sobre el particular hagan los mismos;

(c) Registrar los nacimientos o defunciones de los nacionales del Estado representado y registrar asimismo los matrimonios celebrados conforme a las leyes del territorio, siempre que por lo menos una de las partes sea nacional del Estado representado. Queda entendido, sin embargo. que dichos

registros de nacimientos o defunciones, o de los matrimonios, que deba hacer un funcionario consular, no eximen en modo alguno a los interesados de cualquier obligación que conforme a las leyes del territorio contraigan ante las autoridades del territorio en lo que respecta a la notificación y registro de

nacimientos, defunciones o matrimonios;

(d) expedir pasaportes y documentos para viajar a los nacionales del Estado representado y otorgar visas y otra clase de documentos adecuados a las personas que deseen entrar en el Estado representado;

(e) expedir, en lo que atañe a mercancías en general, certificados de origen e interés para uso en el

Estado representado;

(f) diligenciar documentos judiciales o recabar testimonios en nombre de los tribunales del Estado representado, en la forma que lo permitan los acuerdos especiales que sobre el particular se

concierten entre las Altas Partes Contratantes o de otra manera que no sea incompatible con las leyes

del territorio;

(2) ejecutar actos notariales, extender y recibir declaraciones; legalizar, autenticar o certificar firmas o documentos, traducir documentos, en todos aquellos casos en que se soliciten estos servicios por una persona de cualquier nacionalidad para aplicación o uso dentro del Estado representado o requeridos por las leyes en vigor del mismo. Si conforme a éstas se exige prestar un juramento e aseveración, se podrá otorgar uno y otra. Un funcionario consular podrá también desempeñar dichas funciones con relación a documentos que solicite un nacional del Estado representado para aplicación o uso en otros lugares situados fuera del Estado representado, en la inteligencia de que esta disposición no implica obligación alguna de parte de las autoridades del Estado receptor, de reconocen la validez de tales actos notariales o de aquellos otros que, de acuerdo con este párrafo, ejecute un funcionario consular en relación con documentos que exijan las leyes del Estado receptor.

 

 

Parte VI. Sucesiones y Traslados de Propiedad

 

 

Articulo 23

 

(1) En cualquier caso en que una persona fallecida deje bienes de su propiedad en un territorio, y que un nacional del Estado representado, que no sea residente en el territorio y no tenga en éste ningún representante legal, posea o reclamen interés legal o equitativo tocante a dichos bienes (por ejemplo, como albacea o beneficiario de un testamento o en los casos de intestado) el funcionario consular en cuyo distrito se radique la sucesión del finado, o se encuentren los bienes, si es que no se ha iniciado el juicio sucesorio, tendrá el derecho de representar a dicho nacional en lo concerniente a los intereses que tenga en la sucesión o en los bienes respectivos, como si éste lo hubiese otorgado poder válido. Si posteriormente el nacional obtiene representación legal en el territorio la posición del funcionario consular será como si previamente hubiese tenido poder del nacional, el cual haya cesado de ser válido desde la fecha en que se informe al funcionario consular que el nacional ya está legalmente representado por otra persona, o, si se ha concedido un permiso de albaceazgo al funcionario consular de acuerdo con las disposiciones del párrafo (3) de este Artículo, desde la fecha en que se haya otorgado un permiso posterior a dicho nacional por solicitud de éste o de su representante legal.

(2) Las disposiciones del párrafo (1) de este Artículo serán aplicables cualesquiera que sean la nacionalidad del finado y el lugar en que haya fallecido.

(3) En todo caso en que un funcionario consular tenga derecho de representación conforme a lo

estipulado en el párrafo (1) de este Artículo, tendrá el derecho de tomar las medidas necesarias para la protección y preservación de los intereses de la persona a quien esté autorizado a representar. Tendrá, además, el derecho de tomar posesión de los bienes de la sucesión, o de las propiedades, con las mismas facultades que tendría si fuese el apoderado nombrado debidamente por la persona cuyos intereses representa, a menos que otra persona con iguales o superiores derechos, haya tornado las medidas necesarias para asumir la posesión antes mencionada. Si de acuerdo con las leyes del territorio se requiriese un permiso de albaceazgo o una orden judicial con objeto de habilitar al funcionario consular para que proteja o tome posesión de la propiedad, el permiso a orden que se hubiera extendido a favor del apoderado debidamente nombrado por la persona cuyos intereses estén representados por el funcionario consular, se extenderá a favor de éste en el memento en que lo solicite. Cuando haya pruebas prima facie de la necesidad de proteger y preservar inmediatamente los bienes de la sucesión, y de la existencia de personas que tengan un interés en el asunto, interés que el funcionario consular tenga derecho a representar, el tribunal, en caso de encontrar justificada tal necesidad, deberá otorgar provisionalmente el permiso u orden respectiva al funcionario consular, limitando uno u otra a la protección y preservación de los bienes de la sucesión hasta el momento en que se otorgue un ulterior permiso u orden.

(4) (a) Con sujeción a los incisos (b) y (c) de este párrafo, el funcionario consular tendrá el derecho de administrar plenamente todos los bienes de la sucesión con las mismas facultades que tendría si fuese apoderado debidamente nombrado por la persona cuyos intereses represente. Si en acatamiento a las leyes del territorio es necesario un permiso de un tribunal, el funcionario consular tendrá el mismo derecho de solicitar y recibir tal permiso, cuando lo requiera, que el que le corresponda a un apoderado debidamente nombrado por la persona cuyos intereses represente dicho funcionario consular.

(b) El tribunal podrá, si así le cree conveniente, aplazar el otorgamiento de dicho permiso al funcionario consular por todo el tiempo que considere necesario con objeto de dar una oportunidad a la persona representada por dicho funcionario consular para que se le informe debidamente y decida si desea ser representada por otra persona que no sea el citado funcionario.

(c) El tribunal podrá, si así lo cree conveniente, ordenar al funcionario consular que presente pruebas satisfactorias de que las personas con derecho, según la ley, han recibido los bienes disponibles o bien que pague o devuelva éstos a la persona o a la autoridad competente, en el caso de que no pueda

presentar las pruebas antes referidas, o también podrá ordenarle, si salvo lo anterior, el funcionario consular ha administrado plenamente la sucesión, que pase los bienes disponibles a dichas personas por los conductos que tenga a bien disponer el referido tribunal.

(5) Un funcionario consular tendrá el derecho adicional, dentro de su distrito de recibir y distribuir los bienes de una sucesión de pequeña cuantía en el caso de fallecimiento de un nacional del Estado representado, sin el requisito previo de obtener un permiso de albaceazgo en la medida y en las

condiciones en que lo permitan las leyes del territorio.

(6) Si un nacional del Estado representado fallece viajando o en tránsito por el territorio pero sin estar domiciliado o ser residente de éste, el funcionario consular en cuyo distrito dicho nacional haya fallecido, estará autorizado con el objeto de poner a salvo el dinero. y los efectos personales que

llevare consigo el finado, a tomar uno y otros bajo su inmediata custodia, a reserva de los derechos que tengan las autoridades administrativas o judiciales del territorio para tomar posesión tanto dcl dinero como de los objetos mencionados, en aquellos cases en que así lo requiera el interés de la

justicia o de una investigación criminal. Cualquier derecho para retener la posesión o para disponer del dinero o de los efectos señalados antes, estará sujeto a las leyes del territorio y las disposiciones de los párrafos precedentes de este Artículo.

(7) El funcionario consular que ejerza los derechos señalados en los párrafos precedentes de este Artículo en lo relativo a una sucesión, estará sujeto, por lo que toca a este asunto, a las leyes del territorio y a la jurisdicción de los tribunales de éste, de igual manera que cualquier nacional del Estado receptor.

(8) En todo caso que se haga del conocimiento de las autoridades (administrativas o judiciales) del territorio, que:

(a) existe una sucesión en el territorio en la que el funcionario consular tenga el derecho de

representar intereses conforme a los párrafos precedentes de este Artículo; o que:

(b) un nacional del Estado representado ha fallecido en el territorio y parezca que no esté presente o representada en dicho territorio personal alguna, fuera del ejecutor público u otra autoridad

competente, que tenga derecho a reclamar la administración de los bienes que haya dejado el finado en el territorio, deberá hacerse la notificación procedente al funcionario consular para tal efecto.

 

Articulo 24

 

Un funcionario consular podrá recibir de un tribunal, de una dependencia o de una persona, para su debida reexpedición a un nacional del Estado representado, que no resida en el territorio, el dinero o bienes a que tenga derecho dicho nacional como consecuencia del fallecimiento de alguna persona. Tales cantidades de dinero o de bienes podrán incluir, sin que se limite a ello, participaciones en una sucesión, pagos hechos conforme a las leyes de compensación a trabajadores u otras similares, y productos de pólizas sobre seguro de vida. El tribunal, la dependencia o la persona que tenga que efectuar la distribución no tendría la obligación de remitir el dinero o los bienes de referencia por conducto del funcionario consular, ni tampoco tendrá éste la obligación de recibir dicho dinero o bienes para su respectiva remisión. Si recibe uno u otros, tendrá que cumplir con las condiciones que le señale el tribunal, la dependencia o la persona respecto a la presentación de pruebas suficientes de que el nacional a quien se remitieron ha recibido el dinero o los bienes; y también tendrá que cumplir con las condiciones relativas a la devolución del dinero o de los bienes, en caso de que no pueda presentar tales pruebas.

 

Articulo 25

 

El dinero y otros bienes podrán pagarse, entregarse o remitirse a un funcionario consular de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 22 y 23, solamente en los casos, y con sujeción a las condiciones respectivas, en que las leyes o reglamentos del Estado receptor permitan tal pago, entrega o remisión a la persona que representa dicho funcionario consular o en cuyo nombre éste reciba el dinero o los bienes. El funcionario consular no adquirirá por este hecho mayores derechos respecto al dinero o bienes de referencia que los que adquiriría la misma persona que representa, o en cuyo nombre recibe el dinero o bienes de que se trate, si uno u otros hubieren sido pagados, entregados o remitidos directamente a dicha persona.

 

Parte VII. Marina Mercante

 

Artículo 26

 

 

(1) Cuando una nave del Estado representado visite un puerto (término que incluye cualquier lugar al que pueda llegar la nave) del Estado receptor, se permitirá al capitán y a los miembros de la tripulación que se comuniquen con el funcionario consular en cuyo distrito se encuentre el puerto, y se permitirá que dicho funcionario consular desempeñe libremente las atribuciones enumeradas en el Artículo 27, sin interferencia alguna por parte de las autoridades del territorio. Para el desempeño de cualquiera de esas atribuciones, el funcionario consular acompañado, si así lo desea, de empleados consulares pertenecientes a su personal, podrá ir personalmente a bordo de la nave después de que ésta haya quedado a libre práctica. De acuerdo con dichas atribuciones, el capitán y los miembros competentes de la tripulación podrán trasladarse al consulado situado dentro del distrito consular a menos que las autoridades del territorio se opongan por consideran que no haya tiempo para que el capitán y los miembros de la tripulación regresen a la nave antes de que ésta parta. En el caso de que se hiciere una objeción de esta naturaleza, las autoridades del territorio la comunicaran inmediatamente al respectivo funcionario consular.

(2) El funcionario consular podrá solicitan la ayuda de las autoridades del territorio para cualquier asunto relacionado con el desempeño de estas atribuciones, y dichas autoridades prestarán la ayuda

referida a menos que tengan razones especiales que justifiquen plenamente la negativa en un caso

determinado.

 

Artículo 27

 

(1) El funcionario consular podrá interrogar al capitán y a los miembros de la tripulación, examinar la documentación de la nave, tomar informes con respecto al viaje y destino de la nave, y, en general, facilitar la entrada y salida de la misma.

(2) El funcionario consular o un empleado consular, podrá comparecer con el capitán o con miembros

de la tripulación ante las autoridades y tribunales locales, prestar su ayuda (incluyendo, cuando sea necesario la obtención de consejo legal), y actuar como intérprete en los casos que surjan entre ellos y las autoridades locales. Solo se negarán estos derechos cuando medien cuestiones de seguridad nacional.

(3) Sin perjuicio de los derechos que las autoridades judiciales del territorio tengan para atribuirse jurisdicción de acuerdo con las disposiciones del Artículo 29, el funcionario consular podrá resolver las

disputas que se susciten entre el capitán y los miembros de la tripulación, incluyendo las relativas a salarios y contratación de servicios, dan los pasos necesarios para la contratación y separación del capitán y de miembros de la tripulación y tomar medidas para el mantenimiento del orden y de la

disciplina a bordo de la nave y para el cumplimiento de las leyes marítimas del Estado representado. (4) El funcionario consular podrá, cuando fuere necesario, arreglar todo lo conducente para el tratamiento en un hospital y la respectiva repatriación del capitán o de miembros de la tripulación de la nave.

(5) El funcionario consular podrá recibir, extender e ejecutar cualquiera declaración traspaso u otro documento que prescriban las leyes del Estado representado en lo que concierne a

(a) El traspaso de dominio o la cancelación de la matricula de una nave en los registros del Estado

representado; o

(b) el traspaso de la matricula de una nave, en los mismos registros, de un propietario a otro; o

(c) el registro de cualquier hipoteca o gravamen sobre dicha nave.

 

Articulo 28

 

(1) Cuando un marinero deserte de una nave del Estado representado en un puerto del Estado receptor, las autoridades judiciales y administrativas del territorio deberán, a solicitud del respectivo funcionario consular del Estado representado a ayudar a la captura del desertor, y, al comprobarse la deserción proceder a su detención y ordenar que se le remita a bordo de la nave o que se entregue al capitán o al dueño de la misma, o a los agentes de este último, para su debida transporta

(2) Las autoridades del territorio, sin embargo, no estarán obligadas a seguir el procedimiento indicado en el párrafo anterior en el caso de un marinero

(i) que sea nacional del Estado receptor; o

(ii) cuando haya base suficiente para considerar que su vida o libertad peligran por motivos de raza, nacionalidad, opiniones políticas e religión, en cual país hacia el cual probablemente se dirija la nave. (3) Cuando se acuse al desertor de una ofensa (distinta de la propia deserción) reconocida por las

leyes del territorio, o cuando esté convicto de tal ofensa, las autoridades del territorio no estarán obligadas a ordenan que se le lleve a borde de la nave o que sea entregado al capitán o al dueño, o a los agentes de éste, para su debida transportación sino hasta después de que se le juzgue y de que

purgue la pena que le corresponda.

 

Artículo 29

 

(1) A menos que sea a petición o con el consentimiento del funcionario consular, las autoridades administrativas del territorio no intervendrán en ningún asunto relacionado con el gobierno interno de la nave. Las autoridades judiciales del territorio podrán, sin embargo, tener jurisdicción, de conformidad con las leyes del territorio, en relación con disputas sobre salarios y contratación de servicios que se susciten entre el capitán y miembros de la tripulación, siempre que un nacional del Estado receptor sea parte en ellas. Las autoridades administrativas y judiciales no intervendrán cuando se arreste a borde a un marinero por faltas disciplinarias, siempre que dicho arresto sea legal de acuerdo con las leyes del Estado representado y no sea injustificadamente severo o inhumano.

(2) Sin perjuicio de sus derechos para conocer las ofensas que se cometan a bordo de cualquier nave en puertos o aguas territoriales y que sean de la competencia de las leyes locales, o de los derechos

que tienen para hacer cumplir las leyes locales aplicables a dichas naves o personas y a los bienes a

bordo, las Altas Partes Contratantes confirman su aprobación de la práctica por la que las autoridades del territorio no deben, salvo a solicitud o con el consentimiento de un funcionario consular:

(a) intervenir en cualquier asunto que suceda a borde de la nave, a menos que tenga por objeto el mantenimiento de la paz y el orden o el de cuidar los intereses de la salubridad o seguridad públicas; o

(b) iniciar procesos con respecto a ofensas cometidas a bordo de una nave, a menos que:

(i) comprometan la tranquilidad o seguridad del puerto, o violen las leyes del territorio relacionadas con la salubridad pública, seguridad de la vida en el mar, aduanas, inmigración u otros asuntos

similares; o

(ii) se cometan por personas, o en contra de éstas, que no sean ni el capitán ni los miembros de la tripulación o por personas, o en contra de éstas que posean la nacionalidad del Estado receptor; o

(iii) que constituyan ofensas graves, según se definen éstas en el párrafo (9) del Artículo 2 de esta

Convención.

(3) Cuando las autoridades del territorio tengan intención, en el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo (2) de este Artículo, de arrestar e interrogar a cualquier persona e confiscar

cualesquiera bienes, o practicar cualquier investigación formal a bordo de una nave, se dará una

oportunidad al capitán, o al oficial que actúe en su nombre, para que informe de ello al funcionario consular, y, a menos que esto sea imposible por causa de urgencia, avisarle con la anticipación debida

a fin de que el funcionario consular, o un empleado consular de su oficina, pueda estar presente si el

funcionario consular así lo desea. Si el funcionario consular no ha estado presente e representado, tendrá derecho, a petición suya, de recibir de las autoridades del territorio una información completa

de lo que sucedió. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán sin embargo, las inspecciones reglamentarias por las autoridades dcl territorio, que se relacionen con asuntos aduanales, de sanidad, de admisión de extranjeros, o de detención de la nave o de cualquier parte de su cargamento como

resultado de juicios civiles o mercantiles seguidos en los tribunales del territorio.

 

Artículo 30

 

(1) Siempre que el capitán lo permita, el funcionario consular tendrá derecho de inspeccionar, en los puertos de su distrito consular, toda nave de cualquier nacionalidad que salga con destino a un puerto del Estado representado, a fin do recabar la información necesaria para preparar y extender la documentación quo elijan las leyes de dicho Estado como condición para la entrada de tal nave en sus puertos, y proporcionar también aquellos datos que en asuntos sanitarios o de otra índole requieran las autoridades competentes del Estado representado.

(2) Al ejercer los derechos que le confiere este Artículo, el funcionario consular deberá proceder con la mayor diligencia posible.

 

Artículo 31

 

(1) En caso de naufragio de una nave del Estado representado en aguas del Estado receptor, el funcionario consular en cuyo distrito ocurra el desastre deberá ser notificado lo más pronto posible por las autoridades competentes del territorio acerca de dicho naufragio.

(2) Las autoridades competentes en la medida de sus posibilidades del territorio deberán tomar todas las medidas de orden practico que tiendan a la conservación de la nave averiada, de las vidas de las

personas a bordo, y del cargamento u otros bienes que acarree, así como para la prevención y suspensión de saqueos o desordenes que pudiera haber a bordo. Estas medidas se harán también extensivas a los artículos pertenecientes a la nave o que formen parte de su cargamento pero que se

encuentren separados de ella.

(3) Si el naufragio ocurre dentro de un puerto o constituye un peligro para la navegación en aguas territoriales del Estado receptor, las autoridades del territorio podrán ordenar también que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier daño o perjuicio que la nave pueda causar al puerto o a

otras embarcaciones.

(4) Si el dueño, o los agentes de éste (o los aseguradores respectivos), o el capitán de la nave averiada, no están en aptitud de hacer los arreglos conducentes, se considerará que el funcionario

consular queda facultado, como agente del dueño, para hacer los mismos arreglos que el propio dueño hubiera hecho de haber estado allí presente, en lo concerniente a lo que se disponga acerca de la nave conforme a lo que pertinentemente señalen las leyes del territorio.

(5) Las autoridades del territorio no cobrarán derechos aduanales (ni otros que recaigan sobre la importación, o que se cobren a causa do ésta) por la internación del cargamento, de las provisiones, del equipo, de los pertrechos o de los artículos que acarree la nave averiada o que formen parte de la misma, a menos que sean llevados a tierra para su respectivo aprovechamiento o consumo en el

territorio. Las autoridades de este podrán, si lo consideran conveniente, exigir una fianza como medida protectora de los intereses del fisco en lo que se refiere a dichas mercancías.

(6) Las autoridades del territorio no exigirán cargo alguno (con excepción de los derechos aduanales

referido en el párrafo (5) de este Artículo) con relación a la nave averiada, a su cargamento o a cualesquiera otros bienes que lleve a borde, a no ser los iguales en naturaleza y monto quo en circunstancias similares se impongan a las naves del Estado receptor.

Artículo 32

 

Cuando se encuentren en las costas del Estado receptor o cerca de las mismas, o cuando se lleven a un puerto de dicho Estado, los artículos que pertenezcan o formen parte del cargamento de dicha nave, el funcionario consular en cuyo distrito se encuentren o se lleven al puerto tales artículos se considerará que queda facultado para hacer, como agente del dueño de los artículos referidos, los arreglos convenientes que requieran la custodia y disposición futura de los artículos, de conformidad con las leyes, de igual manera que del territorio, lo hubiera hecho el propio dueño si:

(a) en el caso de los artículos pertenecientes o que formen parte de la nave, ésta es del Estado representado, o, en el caso del cargamento, este es de nacionales del Estado representado; y se:

(b) el dueño de los artículos o los agentes de éste, o los aseguradores, o el capitán de la nave, no

estén en condiciones de llevar a efecto tales arreglos.

 

Parte VIII. Disposiciones Generales Sobre Funciones Consulares

 

Artículo 33

 

Esta Convención se aplicará por igual a los funcionarios consulares de carrera y honorarios, salvo en aquellos casos en que las disposiciones de los artículos 11 párrafo (4), lo párrafo (4) y 17 párrafo (2), requieran una diferencia con respecto a las Partes III y IV.

 

Artículo 34

 

(1) Las disposiciones de los artículos 18 al 32 relacionadas con las funciones de los funcionarios consulares, no son todas las que pueden aplicarse. Un funcionario consular estará facultado para ejercer también otras funciones, siempre que:

(a) se apeguen al derecho o prácticas internacionales, en lo que se relaciona a los funcionarios consulares, tal como se aplican en el territorio; o que

(b) no estén en conflicto con las leyes del territorio y que las autoridades de éste no se opongan a

dichas funciones.

(2) Queda entendido que cuando un Artículo de esta Convención faculte a un funcionario consular para ejercer cualesquiera funciones, corresponde al Estado representado determinar hasta donde sus funcionarios consulares ejercerán los derechos que se los concede.

 

Artículo 35

 

Un funcionario consular podrá, dentro de su distrito, recaudar los derechos y demás gravámenes similares proscritos por el Estado representado correspondientes a la prestación de los servicios consulares.

 

Parte IX. Disposiciones Finales

 

Artículo 36

 

Toda disputa que pueda surgir entre las Altas Partes Contratantes por lo que respecta a la correcta interpretación o aplicación de cualquiera de las disposiciones de esta Convención se llevará, a petición de una de Las Partes, ante la Corte Internacional de Justicia, a menos que en un case particular dichas Partes convengan en someter la disputa a otro tribunal o resolverla por medio de cualquier otra forma de procedimiento.

 

Artículo 37

 

(1) Cada Alta Parte Contratante deberá, antes de que esta Convención entre en vigor notificar a la otra por escrito, y usando el conducto diplomático, las partes de su territorio que deban considerarse como unidades territoriales para los efectos de todos o algunos de los Artículos de la Convención, y, en este último caso, para señalar los artículos que deban aplicarse a dichas unidades.

(2) Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá, por medio de notificación o notificaciones escritas informan a la otra de su decisión de modificar la distribución territorial previamente notificada, y cada nueva notificación entrará en vigor seis meses después de la fecha en que acuse recibo la Alta

Parte Contratante respectiva.

 

Artículo 38

 

Esta Convención deberá ratificarse y el canje de los instrumentos de ratificación se llevarán a cabo en Londres. La Convención entrará en vigor treinta días después de la fecha del Canje de los instrumentos de ratificación y seguirá en vigor hasta seis meses después de la fecha en que cualquiera de las Altas Partes Contratantes haya dado a la otra el aviso respectivo de expiración.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios precitados firmaron esta Convención y fijaron sus sellos en la misma.

Hecho en la ciudad de México, por duplicado, en español e inglés, siendo ambos textos igualmente

auténticos, a los veinte días del mes de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Por el Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos. [L.S.] José Gorostiza. Por Su Majestad. [LS.] John W. Taylor.

 

Primera Minuta Acordada

 

Queda entendido, con referencia a la Convención que el derecho que tiene el Personal Consular de importar o poseer naves, de acuerde con la definición del Artículo 2 (5), y aeronaves, queda sujeto en todos los casos, al consentimiento especifico del Estado receptor y que el mismo, tomando debida

nota de los requerimientos oficiales y personales de la oficina consular o del individuo que lo solicita, se reserva la facultad en cada caso particular, de rehusar tal consentimiento.

 

Por el Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos. [L.S.] José Gorostiza.

Por Su Majestad. [L.S.] John W. Taylor.

 

Segunda Minuta Acordada

 

Se observa que, en relación a los territorios a que se refiere el artículo 1 (1) de la Convención, las autoridades judiciales tienen jurisdicción sobre las disputas, por lo que respecta a los salarios y contratos de trabajo de los marinos, que ocurran a borde de naves extranjeras que se encuentren en sus aguas internas o territoriales, poro que dichas autoridades estarán dispuestas, al intervenir la oficina consular competente del Estado bajo cuya bandera navegue la nave, a abstenerse de ejercer dicha jurisdicción.

Por tanto, se conviene en que en casos en que nacionales británicos no sean parto y como se define en el artículo 2 (4) (a) si el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos desease, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 29, retirar tales disputas de la jurisdicción local, el

funcionario consular competente será instruido al efecto para que solicite del tribunal respectivo que no continúe tramitando el juicio.

 

Primer Protocolo de Firma

 

Por el Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos. [L.S.] José Gorostiza.

Por Su Majestad. [L.S.] John W. Taylor.

 

En el momento de firmar la Convención Consular de esta fecha, en nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y de Su Majestad, la Reina de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, Jefe del Commonwealth (Comunidad Británica), con respecto al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, declaran lo que sigue:

Las Altas Partes Contratantes desean manifestar que en su opinión los principies siguientes tienen

aplicación a los consulados y a los funcionarios consulares, conforme al derecho internacional, en el caso de guerra o de ruptura de relaciones diplomáticas:

(1) en el caso de guerra o de ruptura de relaciones diplomáticas entre dos estados, cada Estado

tendrá derecho de pedir al otro la clausura de todos o de cualquiera de los consulados que tenga establecidos en el territorio. Tendrá también el derecho de cerrar todos o cualquiera de los consulados que este (último estado tonga en los países que el primero de dichos estados ocupe militarmente;

(2) en el caso de la clausura de todos o de cualquiera de los consulados de un Estado en el territorio del otro o en el territorio que ocupe militarmente este último Estado, los funcionarios consulares (inclusive los honorarios) y los empleados consulares del primer estado que sean sus nacionales y que

no lo sean del último, siempre que sus nombres hayan sido comunicados debidamente por el apropiado conducto, tendrán, juntamente con todos los miembros de sus familias, derecho a que se les da un plazo razonable y las facilidades necesarias para abandonar el territorio y dirigirse a su país. Gozarán, además, de la debida protección y consideración hasta el momento de su salida, la cual se

efectuará dentro de un plazo razonable, y se le permitirá llevar consigo sus archivos y documentos oficiales así como sus efectos de uso personal y mobiliario, o, de preferirlo, se los permitirá depositarlos en lugar seguro en el territorio. En uno u otro casos, sus archivos y demás papeles

oficiales serán inviolables, y se adoptarán todas las medidas prácticas para salvaguardar su mobiliario y efectos personales.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios precitados firmaron el presente Protocolo y fijaron sus

respectivos sellos en el mismo.

Hecho en la ciudad de México, por duplicado, en español o inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, a los veinte días del mes de marzo de mil novecientos

cincuenta y cuatro.

 

Por el Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos.

[L.S.] José Gorostiza.

Por Su Majestad. [L.S.] John W.Taylor.

 

Segundo Protocolo de Firma

 

En el momento de firmar la Convención Consular de esta fecha en nombre de Su Majestad la Reina de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Jefe del Commenwealth (Comunidad Británica), con respecto al Reino Unido de la Gran Bretaña o Irlanda del Norte, y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, declaran lo que sigue:

Las Altas Partes Contratantes han convenido en que las disposiciones del Artículo 14 de la Convención no entrarán en vigor sino hasta la fecha en que cada Alta Parte Contratante haya notificado a la otra

lo conducente a esto respecto.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios precitados firmaron el presente Protocolo y fijaron sus respectivos sellos en el mismo.

Hecho en la ciudad de México, por duplicado, en español o inglés siendo ambos textos igualmente

auténticos, a los veinte días del mes de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

 

Por el Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos

[L.S.] José Gorostiza.

Por Su Majestad. [L.S.] John W. Taylor.