II. Declaraciones y planes de acción

 

32. Declaración de principios y programas de acción del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal*

 

 

Nosotros, los Estados Miembros de las Naciones Unidas,

 

Reunidos en París para estudiar los medios y formas de fomentar la cooperación internacional en materia de prevención del delito y justicia penal, así como de fortalecer el programa de las Naciones Unidas en dicha materia para que sea plenamente eficaz y responda a las necesidades y prioridades de los Estados Miembros,

 

Considerando que uno de los propósitos de las Naciones Unidas, según se declara en la Carta, es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

 

Convencidos de la urgente necesidad de establecer mecanismos internacionales más eficaces para ayudar a los Estados y facilitar estrategias conjuntas en materia de prevención del delito y justicia penal, reforzando así la función de las Naciones Unidas como centro de coordinación en esta materia,

 

Observando la importancia de los principios contenidos en el Plan de Acción de Milán1 y los Principios rectores en materia de prevención del delito y justicia penal en el contexto del desarrollo y de un nuevo orden económico internacional2, así como otros instrumentos pertinentes formulados por los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente y aprobados por la Asamblea General,

 

 

 

* Resolución 46/152 de la Asamblea General, anexo.

1 Véase Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de agosto a 6 de septiembre de 1985; informe preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.86.IV.1), cap. I, secc. A.

2 Ibíd., secc. B.

 

 

 

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Reafirmando la obligación asumida por las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal,

 

Teniendo en cuenta los objetivos de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, concretamente la reducción de la criminalidad, la consecución de una mayor eficacia y efectividad en el cumplimiento de la ley y la administración de justicia, la observación de los derechos humanos y la promoción de las más altas normas de equidad, humanidad y conducta profesional,

 

Reconociendo que es esencial obtener un apoyo activo para un programa eficaz de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y proporcionar los medios de asistencia necesarios para su elaboración y arbitrar los mecanismos adecuados para su ejecución,

 

Profundamente preocupados por la extensión y el crecimiento de la criminalidad, con sus consecuencias financieras, económicas y sociales,

 

Alarmados por el elevado costo de la delincuencia en recursos humanos y materiales, así como por sus nuevas formas nacionales y transnacionales, y conscientes de sus consecuencias para los Estados y las víctimas,

 

Reconociendo que la prevención del delito y la justicia penal incumben fundamentalmente a los Estados Miembros,

 

Subrayando la necesidad de intensificar la cooperación regional e internacional para luchar contra el delito y la reincidencia, lograr un mejor funcionamiento de los sistemas de justicia penal, promover el respeto de los derechos individuales y proteger los derechos de las víctimas de los delitos y la seguridad general de la población,

 

Conscientes de que hay unanimidad respecto de la necesidad de elaborar un nuevo y vigoroso programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, así como acuerdo sobre la necesidad de establecer un órgano intergubernamental que se encargue de la formulación de normas y la fijación de prioridades, aumentar la eficacia de la dependencia de la Secretaría adscrita al Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena e incrementar la cooperación técnica para ayudar a los países, en particular a los países en desarrollo, a poner en práctica las directrices de las Naciones Unidas, incluida la capacitación,

 

Resueltos a plasmar nuestra voluntad política en medidas concretas:

 

a) Creando los mecanismos esenciales de colaboración práctica frente a los problemas comunes;

 

 

b) Estableciendo un marco de cooperación y coordinación interestatal para responder a las nuevas formas graves de delincuencia y a sus aspectos y dimensiones transnacionales;

 

c) Instituyendo intercambios de información sobre el cumplimiento y la eficacia de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal;

 

d) Facilitando medios de asistencia, en particular a los países en desarrollo, para conseguir una mayor eficacia en la prevención del delito y una justicia más humana;

 

e) Estableciendo una base suficiente de recursos para que el programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal sea verdaderamente eficaz,

 

Proclamamos nuestra firme adhesión a los principios antes mencionados y convenimos en lo siguiente:

 

 

I. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

 

1. Reconocemos que el mundo está experimentando cambios muy importantes conducentes a un clima político más favorable para la democracia, la cooperación internacional, un goce más generalizado de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la consecución de las aspiraciones de todas las naciones al desarrollo económico y el bienestar social. Ello no obstante, el mundo de hoy sigue acosado por actos de violencia y otras formas de delincuencia grave que, allí donde se producen, constituyen una amenaza para el mantenimiento del imperio de la ley.

 

2. Creemos que la justicia basada en el imperio de la ley constituye el pilar sobre el que descansa la sociedad civilizada, por lo que tratamos de mejorar su calidad. Un sistema de justicia penal más humano y eficaz puede constituir un instrumento de equidad, cambio social constructivo y justicia social que proteja los valores fundamentales y los derechos inalienables de los pueblos. Cada uno de los derechos de la persona debe estar protegido por la ley contra su violación, proceso en el cual el sistema de justicia penal habrá de desempeñar un papel decisivo.

 

3. Tenemos presente que la disminución del índice de delincuencia a escala mundial depende, entre otros factores, de que mejoren las condiciones sociales de los pueblos. Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo padecen situaciones difíciles a ese respecto. Sin embargo, los problemas específicos que afrontan los países en desarrollo justifican que se dé cierta preferencia a corregir la situación que afrontan esos países.

 

 

4. Creemos que el aumento de la delincuencia está obstaculizando el proceso de desarrollo y el bienestar general de la humanidad y provocando una inquietud general en nuestra sociedad. De proseguir esta situación, las víctimas de la delincuencia serán en definitiva el progreso y el desarrollo;

 

5. Creemos asimismo que la creciente internacionalización de la delincuencia debe suscitar respuestas nuevas y proporcionadas a la misma. La delincuencia organizada se está aprovechando de la mayor apertura de las fronteras destinada a fomentar el comercio legítimo y, en consecuencia, el desarrollo. De no adoptarse medidas preventivas adecuadas, se registrarán en los próximos años nuevos aumentos en la incidencia y el alcance de esta forma de delincuencia. A ello se debe la particular importancia de adelantarse a los acontecimientos y ayudar a los Estados Miembros a elaborar estrategias idóneas de prevención y control.

 

6. Reconocemos que muchos delitos tienen dimensiones internacionales. A este respecto, es urgente que los Estados, respetando la soberanía de cada uno de ellos, resuelvan los problemas que plantean la obtención de pruebas, la extradición de sospechosos y el fomento de la asistencia jurídica recíproca, cuando los delitos se perpetran atravesando fronteras o valiéndose de ellas para eludir su descubrimiento o enjuiciamiento. Pese a las diferencias entre los ordenamientos jurídicos, la experiencia ha demostrado que la asistencia mutua y la cooperación pueden ser medidas eficaces para luchar contra la delincuencia y contribuir a prevenir los conflictos de competencia.

 

7. Reconocemos, asimismo, que la democracia y la calidad de la vida sólo pueden florecer en un contexto de paz y seguridad para todos. La delincuencia amenaza la estabilidad y la seguridad del entorno social. La prevención del delito y la justicia penal, con el debido respeto de los derechos humanos, son, pues, una contribución directa al mantenimiento de la paz y la seguridad.

 

8. Debemos velar por que todo aumento de la capacidad y de los medios de que disponen los delincuentes quede contrarrestado por un aumento similar de la capacidad y de los medios de los funcionarios encargados del mantenimiento del orden jurídico y de la administración de la justicia penal. Aunando nuestros conocimientos y estableciendo medidas de lucha adecuadas, podrá maximizarse el éxito de la labor emprendida para la prevención de la delincuencia y la disminución del número de víctimas. Reconocemos, en particular, la necesidad de mejorar y reforzar los medios a disposición de las autoridades encargadas de la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia en los países en desarrollo, cuya situación económica y social crítica acentúa las dificultades en este terreno.

 

 

9. Exhortamos a la comunidad internacional a que brinde mayor apoyo a las actividades de cooperación y asistencia técnicas en beneficio de todos los países, incluidos los países en desarrollo y los países más pequeños, con el objetivo de ampliar y fortalecer las infraestructuras que se requieren para una prevención eficaz de la delincuencia y para establecer sistemas viables, equitativos y humanos de justicia penal.

 

10. Reconocemos la contribución que aporta a la comunidad internacional el programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. Observamos la insuficiencia de los recursos asignados a la ejecución del programa, reconocida hace ya tiempo, que impidió en el pasado desarrollar sus posibilidades. Observamos asimismo que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente3; el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente4 y el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente5 han pedido el reforzamiento de los recursos dedicados a la ejecución del programa. Observamos además que el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, en su 11º período de sesiones, concedió atención prioritaria a las conclusiones y recomendaciones del subcomité creado para realizar un estudio general del problema de la delincuencia y evaluar los medios más eficaces para estimular la acción internacional práctica en apoyo de los Estados Miembros, en cumplimiento de la resolución 44/72 de la Asamblea General, de 8 de diciembre de 1989. El Comité, en su resolución 11/3, de 16 de febrero de 19906, aprobó por unanimidad un informe del subcomité sobre la necesidad de establecer un programa eficaz en materia de prevención del delito y justicia penal7. El informe, que recibió el apoyo del Octavo Congreso, fue uno de los principales instrumentos utilizados para el establecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, en armonía con las disposiciones de la resolución 45/108 de la Asamblea General.

 

 

3 Véase Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Caracas, 25 de agosto a 5 de septiembre de 1980: informe preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.81.IV.4).

4 Véase Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de agosto a 6 de septiembre de 1985: informe preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.86.IV.1).

5 Véase Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.91.IV.2).

6 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1990, Suplemento

Nº 10 (E/1990/31), cap. I, secc. D.

7 E/1990/31/Add.1.

 

 

11. Recomendamos, por consiguiente, que se intensifique la cooperación internacional en materia de prevención del delito y justicia penal, incluido el establecimiento de un programa eficaz de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal.

 

12. Estamos convencidos de la necesidad de que los gobiernos definan con mayor claridad el papel y las funciones del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, así como los de la secretaría del programa, y de que establezcan un orden de prioridad dentro de ese programa.

 

13. Creemos firmemente que el examen del programa debería tener por objeto fortalecer su eficacia, mejorar su rendimiento y establecer una adecuada estructura de apoyo en la Secretaría.

 

 

II. PROGRAMA DE ACCIÓN

 

A. Definición

 

14. El programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal aunará la labor de la comisión de prevención del delito y justicia penal, de los institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, de la red de corresponsales nacionales designados por los gobiernos en la esfera de la prevención del delito y justicia penal, de la Red de Información Mundial sobre la Delincuencia y la Justicia Penal y de los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en la prestación de asistencia a los Estados Miembros en sus esfuerzos por reducir la incidencia y los costos del delito y en la consecución de un funcionamiento adecuado de sus sistemas de justicia penal. La ejecución de este programa se hará según las modalidades que se definen a continuación y en el marco de la totalidad de los recursos disponibles de las Naciones Unidas.

 

B. Objetivos

 

15. El programa tendrá por finalidad ayudar a la comunidad internacional a satisfacer sus apremiantes necesidades en la esfera de la prevención del delito y justicia penal y facilitar a los países asistencia oportuna y práctica para hacer frente a los problemas de la delincuencia tanto en el plano nacional como transnacional.

 

16. Los objetivos generales del programa serán contribuir a:

 

a) La prevención del delito en los Estados y entre los Estados;

 

 

b) La lucha contra la delincuencia tanto en el plano nacional como internacional;

 

c) El fortalecimiento de la cooperación regional e internacional en la prevención del delito, la justicia penal y la lucha contra la delincuencia transnacional;

 

d) La integración y consolidación de los esfuerzos de los Estados

Miembros para prevenir y combatir la delincuencia transnacional;

 

e) Una administración de justicia más eficaz y efectiva, con el debido respeto a los derechos humanos de todos los afectados por la delincuencia y de todos los relacionados con el sistema de justicia penal;

 

f) La promoción de las más altas normas de equidad, humanidad, justicia y conducta profesional.

 

 

C. Alcance del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal

 

17. El programa incluirá formas apropiadas de cooperación con el propósito de prestar asistencia a los Estados Miembros para hacer frente a los problemas de la delincuencia nacional y transnacional. En particular, podrá abarcar:

 

a) Investigaciones y estudios en los planos nacional, regional y mundial sobre cuestiones concretas de prevención y medidas específicas de justicia penal;

 

b) Encuestas internacionales periódicas para evaluar las tendencias de la delincuencia y la evolución del funcionamiento de los sistemas de justicia penal y las estrategias de prevención del delito;

 

c) Intercambio y difusión de información entre los Estados en materia de prevención del delito y justicia penal, sobre todo con respecto a medidas innovadoras y a los resultados obtenidos en su aplicación;

 

d) Capacitación y perfeccionamiento de las aptitudes del personal que trabaja en las diversas esferas de la prevención del delito y la justicia penal;

 

e) Asistencia técnica, incluidos los servicios de asesoramiento, especialmente con respecto a la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas de prevención del delito y justicia penal, la capacitación y el empleo de técnicas modernas de comunicación e información, asistencia que podrá prestarse mediante, por ejemplo, becas, viajes de estudio, consultorías, adscripciones, cursos, seminarios, proyectos de demostración y proyectos piloto.

 

 

18. En el marco del programa, las Naciones Unidas deberían poner en práctica directamente las formas de cooperación mencionadas, o actuar como agente de coordinación o facilitación. Debería prestarse una atención especial al establecimiento de mecanismos que permitan brindar una asistencia flexible y adecuada y responder a las necesidades de los Estados Miembros que lo soliciten, sin duplicar las actividades de otros mecanismos existentes.

 

19. A los efectos de estas formas de cooperación, los Estados Miembros deberían establecer y mantener canales de comunicación fiables y eficaces entre ellos y con las Naciones Unidas.

 

20. El programa también podrá incluir, cuando corresponda y respetando la soberanía de los Estados, la revisión de la eficacia y la aplicación de los instrumentos internacionales existentes en materia de prevención del delito y justicia penal y, cuando sea necesario, la elaboración y la promoción de nuevos instrumentos.

 

D. Prioridades del programa

 

21. Al elaborar el programa, se determinarán las esferas prioritarias en respuesta a las necesidades e inquietudes de los Estados Miembros, prestándose particular atención a lo siguiente:

 

a) Las pruebas empíricas, incluidos los resultados de las investigaciones y otros datos sobre la índole, el alcance y las tendencias de la delincuencia;

 

b) Los costos sociales, financieros y de otra índole de las diversas formas de delincuencia y de lucha contra la delincuencia, tanto personales como para las comunidades locales, nacionales e internacionales y para el proceso de desarrollo;

 

c) Las necesidades de los Estados, sean países en desarrollo o países desarrollados, que tropiecen con dificultades concretas, debido a circunstancias nacionales o internacionales, en la obtención de expertos y de otros recursos necesarios para el establecimiento y la ejecución de programas de prevención del delito y justicia penal que sean apropiados en los planos nacional y local;

 

d) La necesidad de lograr un equilibrio en el programa de trabajo entre la elaboración de programas y las medidas prácticas;

 

e) La protección de los derechos humanos en la administración de justicia y en la adopción de medidas de prevención del delito y lucha contra la delincuencia;

 

f) La determinación de esferas en las que resultaría más eficaz una acción concertada a nivel internacional y en el marco del programa;

 

 

g) La necesidad de evitar la duplicación de actividades con otras entidades del sistema de las Naciones Unidas o con otras organizaciones.

 

22. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal no estará obligada por mandatos conferidos con anterioridad a su constitución, sino que los evaluará en función de su utilidad a la luz de los principios enunciados en el párrafo 21 supra.

 

E. Estructura y administración

 

1. La Comisión de prevención del delito y justicia penal

 

23. Se establecerá una comisión de prevención del delito y justicia penal como comisión orgánica del Consejo Económico y Social. La comisión estará facultada para crear grupos de trabajo especiales y designar relatores especiales, siempre que lo juzgue necesario.

 

Composición

 

24. La comisión estará integrada por cuarenta Estados Miembros de las Naciones Unidas, elegidos por el Consejo Económico y Social sobre la base del principio de la distribución geográfica equitativa. Sus miembros tendrán un mandato de tres años; sin embargo, el mandato de la mitad de los miembros que sean elegidos la primera vez, cuyos nombres se escogerán al azar, expirará a los dos años. Cada Estado Miembro velará en todo lo posible por que su delegación incluya expertos y funcionarios de nivel superior con capacitación especializada y experiencia práctica en materia de prevención de la delincuencia y justicia penal, que ocupen de preferencia cargos con funciones normativas en esta esfera. Deberían consignarse en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas créditos para sufragar los gastos de viaje de los representantes de los países menos adelantados que sean miembros de la comisión8.

 

Período de sesiones

 

25. La comisión celebrará anualmente un período de sesiones de no más de diez días laborables.

 

Funciones

 

26. La comisión tendrá las funciones siguientes:

 

 

8 Se recomienda que, a fin de que la comisión pueda empezar su labor lo antes posible, su distribución geográfica sea la siguiente: Estados de África (12), Estados de Asia (9), Estados de América Latina y el Caribe (8), Estados de Europa occidental y otros Estados (7) y Estados de Europa oriental (4). El número de miembros y la distribución geográfica de la comisión podrán examinarse dos años después de la celebración de su primer período de sesiones.

 

 

a) Proporcionar orientación normativa a las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal;

 

b) Fomentar, supervisar y examinar la aplicación del programa sobre la base de un sistema de planificación a mediano plazo y de conformidad con los principios de prioridad enunciados en el párrafo 21 supra;

 

c) Facilitar y ayudar a coordinar las actividades de los institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente;

 

d) Movilizar a los Estados Miembros para que aporten su apoyo al programa;

 

e) Preparar los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente y examinar las sugerencias relativas a posibles temas para el programa de trabajo que hayan sido presentadas por los congresos.

 

 

2. Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia

 

27. El Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia debería ser disuelto por el Consejo Económico y Social tan pronto como el Consejo establezca la comisión de prevención del delito y justicia penal. Habrá una necesidad básica de recabar los servicios de expertos independientes en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia.

 

28. La comisión utilizará, cuando sea necesario, los servicios de un número limitado de expertos cualificados y con experiencia, bien como consultores individuales o en grupos de trabajo, para que colaboren en la preparación y el seguimiento de los trabajos de la comisión. Sus dictámenes se remitirán a la comisión para que los examine. Se alentará a la comisión a que solicite dicho asesoramiento cada vez que se necesite. Una de las principales tareas de los expertos será ayudar en la preparación de los congresos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente9.

 

 

9 La secretaría del programa mantendrá una lista de esos expertos. Los expertos serán seleccionados por la comisión en colaboración con la Secretaría, los institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente y las organizaciones no gubernamentales. La comisión, en consulta con los Estados Miembros, elaborará un mecanismo con este fin. Los expertos, que podrán ser funcionarios públicos o particulares, serán elegidos sobre la base de una distribución geográfica equitativa. Deberán estar disponibles para prestar sus servicios en el programa como expertos independientes durante por lo menos tres años. La celebración de reuniones de grupos de expertos estará sujeta a las condiciones establecidas en el párrafo 14.

 

 

3. Congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente

 

 

29. Los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, como órganos consultivos del programa, servirán de foro para:

 

a) El intercambio de opiniones entre los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y los expertos individuales que representen a diversas profesiones y disciplinas;

 

b) El intercambio de experiencias en materia de investigación, derecho y formulación de políticas;

 

c) La identificación de las nuevas tendencias y de las cuestiones que se planteen en materia de prevención del delito y justicia penal;

 

d) La prestación de asesoramiento y la presentación de observaciones a la comisión de prevención del delito y justicia penal sobre asuntos determinados que les haya sometido la comisión;

 

e) La presentación de sugerencias, para ser examinadas por la comisión relacionadas con posibles temas para el programa de trabajo.

 

30. A fin de aumentar la eficacia del programa y obtener resultados óptimos, deberían aplicarse las siguientes disposiciones:

 

a) Los congresos deberían celebrarse cada cinco años y su duración sería de cinco a diez días laborables;

 

b) La comisión seleccionará temas claramente definidos para los congresos a fin de dar unidad y eficacia a las deliberaciones;

 

c) Deberían celebrarse reuniones regionales quinquenales bajo la orientación de la comisión sobre cuestiones relacionadas con el programa de la comisión o de los congresos, o sobre cualquier otro asunto, salvo que una región no considere necesario celebrar esa reunión. Los institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente deberían participar plenamente, cuando proceda, en la organización de esas reuniones. La comisión prestará la debida atención a la necesidad de financiar esas reuniones, especialmente si se celebran en regiones en desarrollo con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

 

d) Debería alentarse la celebración de cursos prácticos de investigación sobre temas sustantivos seleccionados por la comisión, como parte del programa de alguno de los congresos y reuniones auxiliares relacionadas con los congresos.

 

 

4. Estructura orgánica de la secretaría y del programa

 

31. La secretaría del programa será el órgano permanente encargado de facilitar la aplicación del programa, cuyo orden de prioridades establecerá la comisión de prevención del delito y justicia penal, y de prestar asistencia a la comisión en la labor de evaluación de los progresos efectuados y análisis de las dificultades encontradas. Con ese fin la secretaría:

 

a) Movilizará, a efectos de la ejecución del programa, los recursos existentes, incluidos los institutos, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades competentes;

 

b) Coordinará las actividades de investigación, capacitación y reunión de datos en materia de delincuencia y justicia penal y facilitará asistencia técnica e información práctica a los Estados Miembros, especialmente a través de la Red de Información Mundial sobre la Delincuencia y Justicia Penal;

 

c) Prestará asistencia a la comisión en la organización de sus trabajos y en la preparación, bajo su dirección, de los congresos y de cualesquiera otros eventos relacionados con el programa;

 

d) Velará por que los donantes potenciales de asistencia en materia de justicia penal puedan ponerse en relación con los países que necesiten esa ayuda;

 

e) Fundamentará ante los organismos de financiación correspondientes las solicitudes de asistencia en materia de justicia penal.

 

32. Se recomienda al Secretario General que, en reconocimiento del alto grado de prioridad que debe darse al programa, se eleve lo antes posible al rango de división a la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría, en las condiciones establecidas en el párrafo 14 supra, teniendo en cuenta la estructura de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

 

33. Los funcionarios del cuadro orgánico de la secretaría del programa se denominarán “Funcionarios de prevención del delito y justicia penal”.

 

34. Al frente de la secretaría del programa habrá un funcionario de nivel superior encargado de la gestión y supervisión general ordinaria del programa, así como de la comunicación con los funcionarios competentes de las administraciones estatales y con los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales cuyas actividades guarden relación con el programa.

 

 

F. Apoyo al programa

 

1. Institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente

 

35. Las actividades de los institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente deberían recibir el apoyo de los Estados Miembros y las Naciones Unidas, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los institutos situados en países en desarrollo. Los institutos, en vista del importante papel que desempeñan, de su contribución a la formulación y aplicación de normas y de sus necesidades de recursos, especialmente en el caso del Instituto Africano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente deberían quedar plenamente integrados en el programa global.

 

 

2. Coordinación entre los institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente

 

36. Los institutos deberían mantenerse mutuamente informados e informar periódicamente a la comisión de prevención del delito y justicia penal acerca de sus programas de trabajo y su ejecución.

 

37. La comisión podrá pedir a los institutos, dentro de los límites de los recursos disponibles, que apliquen determinados elementos del programa. La comisión también podrá proponer esferas de actividades comunes a los institutos.

 

38. La comisión procurará movilizar apoyo extrapresupuestario para las actividades de los institutos.

 

 

3. Red de corresponsales nacionales designados por los gobiernos en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal

 

39. Los Estados Miembros deberían designar uno o más corresponsales nacionales en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal como agentes de coordinación a efectos de mantener una comunicación directa con la secretaría del programa y otros elementos del programa.

 

40. Los corresponsales nacionales facilitarán los contactos con la secretaría en cuestiones de cooperación jurídica, científica y técnica, capacitación, información sobre leyes y reglamentos nacionales, política jurídica, organización del sistema de justicia penal, medidas de prevención del delito y cuestiones penitenciarias.

 

 

4. Red de Información Mundial sobre la Delincuencia y la Justicia Penal

 

41. Los Estados Miembros apoyarán a las Naciones Unidas en el establecimiento y mantenimiento de la Red de Información Mundial sobre la Delincuencia y la Justicia Penal a fin de facilitar, cuando proceda, la recopilación, el análisis, el intercambio y la difusión de información y la centralización de las aportaciones de las organizaciones no gubernamentales y las instituciones científicas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal.

 

42. Los Estados Miembros se comprometerán a proporcionar al Secretario General, periódicamente cuando lo solicite, datos sobre la dinámica, la estructura y la magnitud de la delincuencia y sobre el funcionamiento de las estrategias de prevención del delito y justicia penal en sus respectivos países.

 

 

5. Organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

 

43. Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y la comunidad científica constituyen una valiosa fuente de conocimientos técnicos profesionales, apoyo y asistencia. Sus contribuciones deberían ser ampliamente aprovechadas para la formulación y la ejecución de programas.

 

 

G. Financiación del programa

 

44. El programa se financiará con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Los fondos asignados a la asistencia técnica podrán complementarse con contribuciones voluntarias directas de los Estados Miembros y de las entidades de financiación interesadas. Se alienta a los Estados Miembros a que hagan contribuciones al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Defensa Social, que pasará a llamarse Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal. Se les anima también a que hagan contribuciones en especie para las actividades operacionales del programa, particularmente mediante la adscripción de personal, la organización de cursos y seminarios de capacitación y el suministro del equipo y los servicios necesarios.