CJI/doc. 238/07

 

PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL

 

(presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra)

 

 

I. MANDATOS

Durante su 66º período ordinario de sesiones, celebrado en Managua, Nicaragua, del 28 de febrero al 11 de marzo de 2005, el Comité Jurídico Interamericano aprobó la inclusión dentro de los temas en consideración de los “Principios de ética judicial”, decidiendo postergar la elección de su relator para el próximo período ordinario de sesiones.

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos-OEA, en su 35º período ordinario de sesiones celebrado en Fort Lauderdale, Estados Unidos de América, en junio de 2005, por resolución AG/RES. 2069 (XXXV-O/05), denominada “Observaciones y recomendaciones al informe Anual del Comité Jurídico Interamericano”, resolvió alentar las iniciativas que pueda adoptar el Comité Jurídico para realizar estudios con otros organismos del sistema interamericano y en particular con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en distintos aspectos tendientes al fortalecimiento de la administración de justicia y de la ética judicial.

En cumplimiento de la anterior resolución el Comité Jurídico Interamericano durante su

67o período ordinario de sesiones, celebrado en Rio de Janeiro, Brasil, en agosto de 2005, recibió a los doctores Juan Enrique Vargas Viancos, Secretario del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), y Rodolfo Vigo, Ministro de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, República Argentina, Representante del CEJA, con quienes se mantuvo un diálogo y un intercambio de ideas en relación al tema, estableciéndose que la ética judicial es uno de los medios para fortalecer a los poderes judiciales y que esta temática había sido

abordada en las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales

Supremos de Justicia, así en la VI Cumbre celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, en mayo de 2001, se aprobó el Estatuto de Juez Iberoamericano; en la VII Cumbre celebrada en Cancún, México, en noviembre de 2002, se adoptó la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia y en la VIII Cumbre, realizada en Copán, Honduras y San Salvador, El Salvador, en junio de 2004, se emitió la Declaración Copán-San Salvador, constituyendo una de sus áreas temáticas la Ética Judicial.

En esta reunión con los representantes del CEJA, el Comité Jurídico Interamericano optó por establecer principios generales de derecho en materia de ética judicial para los Estados, quedando a la espera de que el CEJA contara con un documento más concreto sobre “Principios de ética judicial” sobre el cual el Comité Jurídico se pueda pronunciar.

Durante su 68º período ordinario de sesiones, celebrado en Washington, D.C., Estados Unidos de América, en marzo de 2006, el Comité Jurídico Interamericano designó como relator del tema “Principios de ética judicial” al doctor José Manuel Delgado Ocando, para presentar su informe durante el 69º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico, en Rio de Janeiro, Brasil, en agosto de 2006.

En vista de que el doctor José Manuel Delgado Ocando no pudo presentarse al 69º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano, ya que por razones de salud renunció a ser miembro del mismo, el Presidente del Comité Jurídico procedió a hacer un resumen verbal del informe que preparó el doctor Delgado Ocando, titulado “Notas preliminares sobre principios de ética judicial” (CJI/doc. 221/06), en la sesión de trabajo del 11 de agosto de

2006 en la que se analizó este tema, presentando los antecedentes del mismo, destacando el esfuerzo de recopilación de los instrumentos internacionales en materia de ética judicial; explicó el planteamiento por parte del relator respecto a los conceptos de ética y moral, así como los principios y reglas que rigen en la materia y la manera en la cual se abordaron los principios internacionalmente aceptados en materia de ética judicial; describió también los

 

 

 

 

resultados obtenidos en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, y explicó además el análisis del relator en cuanto a los principios de ética judicial y de los códigos en la materia existentes en algunos países de las Américas y posteriormente dio lectura a las conclusiones del doctor Delgado Ocando contenidas en su informe, con especial énfasis en el análisis del efecto que puede o no tener la promulgación de códigos de Ética Judicial sobre la independencia del Poder Judicial.

Una vez presentado el informe, el Presidente abrió un espacio para el diálogo del mismo entre los miembros del Comité Jurídico Interamericano. Concluido esto, se mencionó que debido a la renuncia del doctor Delgado Ocando era necesario nombrar a un nuevo relator del tema designándose en dicha reunión como relatora del tema a la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra.

En cumplimiento de esta designación y de las resoluciones antes mencionadas, es que la suscrita como relatora del tema, presenta en este 70o período ordinario de sesiones del CJI, el siguiente informe:

II. ANTECEDENTES

a) Principios de ética judicial

 

Estos tienen su principal antecedente en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, en septiembre de 1985, en el que se establecieron los Principios Básicos relativos a la Independencia Judicial, los cuales fueron confirmados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución A/RES/40/32 de 29 de noviembre de 1985.

Estos principios han sido retomados posteriormente por los Foros y Congresos Judiciales e incluidos en los Códigos de Ética Judicial adoptados por algunos de los países americanos.

El Código de Ética de los Estados Unidos de América se fundamenta en los siguientes

Principios: 1

Los jueces deberán mantener la integridad e independencia del poder judicial.

Los jueces deberán evitar la incorrección y la apariencia de incorrección en todas sus actividades.

Los jueces deberán desempeñar los deberes de su cargo en forma imparcial y con diligencia.

Los jueces pueden realizar actividades extrajudiciales para perfeccionar la ley, el régimen jurídico y la administración de justicia.

Los jueces deberán ordenar sus actividades extrajudiciales de manera de reducir al mínimo el riesgo de conflicto con sus deberes judiciales.

Los jueces deberán someter informes periódicamente sobre la compensación recibida por actividades relacionadas con la ley y extrajudiciales; y

Los jueces deberán abstenerse de actividades políticas”.

Estos Principios del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas fueron también confirmados en el Proyecto del Código de Bangalore sobre la conducta judicial de 2001, los cuales han sido relacionados en el informe del doctor José Manuel Delgado Ocando, denominado “Notas Preliminares sobre Principios de Ética Judicial”2.

En la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales

Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España en mayo de

2001, en la que se adoptó el Estatuto del Juez Iberoamericano en el que se considera que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado Constitucional y Democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible y en el cual en el capítulo relativo a la “Ética Judicial” también se retoman estos principios, en sus artículos: 37 – Servicio y respeto a las Partes; 38 – Obligación de independencia; 39 – Debido proceso; 40 – Limitaciones en la averiguación de la

 

1 KENNEDY, Anthony. La ética judicial y el imperio del derecho. Juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América.

2 DELGADO OCANDO, José Manuel. Notas preliminares sobre principios de ética judicial (CJI/doc. 221/06).

 

 

 

 

verdad; 41 – Motivación; 42 – Resolución en plazo razonable; 43 – Principio de Equidad, y 44 – Secreto Profesional, y cuyos textos son los siguientes3:

Art. 37 – Servicio y respeto a las partes

En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.

Art. 38 – Obligación de independencia

El juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Art. 39 – Debido proceso

Los jueces tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular, velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general, toda situación de indefensión.

Art. 40 – Limitaciones en la averiguación de la verdad

Los jueces habrán de servirse tan sólo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los casos de que conozcan.

Art. 41 – Motivación

Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten.

Art. 42 – Resolución en plazo razonable

Los jueces deben procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable. Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.

Art. 43 – Principio de equidad

En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.

Art. 44 – Secreto profesional

Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.

No evacuarán consulta ni darán asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible.

La relevancia del Estatuto del Juez Iberoamericano es normar los principios fundamentales de ética judicial que son: la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la probidad, el profesionalismo y la excelencia en el ejercicio de la judicatura.

En la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Cancún, México en noviembre de 2002, se adoptó la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, considerando que es un derecho fundamental de la población tener acceso a una justicia independiente, imparcial, responsable, eficiente, eficaz y equitativa.

En esta Carta se establece que las personas tienen derecho a una justicia moderna y accesible a todas las personas, que sea transparente, comprensible, atenta con todas las personas, responsable ante el ciudadano, ágil y tecnológicamente avanzada, que proteja a los

 

 

 

3 Estatuto del Juez Iberoamericano. VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de

Justicia. Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, mayo de 2001.

 

 

 

 

más débiles (víctimas, poblaciones indígenas, niño y adolescente, personas con discapacidades)4.

b) Código de Ética Judicial

 

En la VIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Copán, Honduras y en San Salvador, El Salvador, en junio de 2004, en la que se emitió la Declaración Copán-San Salvador se introdujo dentro de sus áreas temáticas el tema de “Ética Judicial” donde se reiteró que los principios fundamentales que inspiran la actitud ética de los jueces son la independencia judicial, la imparcialidad, la objetividad, la probidad, el profesionalismo y la excelencia en el ejercicio de la judicatura, mediante el cultivo de las virtudes judiciales, en ese sentido, la VIII Cumbre, reiteró como Principios Éticos Básicos para todos los juzgadores iberoamericanos los ya establecidos en la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, que tienen su reflejo en el Estatuto del Juez Iberoamericano y en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Iberoamericano, debiéndose realizar todos los esfuerzos necesarios para que se aprueben e implanten dichos Principios en la normativa interna de todos los países de Iberoamérica, en particular en aquellos donde todavía no existe un código de ética, promoviendo en éstos su creación.

En los Estados en donde existen estos códigos conviene revisar el texto de los mismos, a efecto de promover que las normas que rigen la ética de los jueces se acoplen al Principio de Independencia, así como dar a conocer los principios de ética que se consagran en estos Códigos en los programas de capacitación existentes e impulsar la elaboración de un Código

Modelo Iberoamericano de Ética Judicial5.

Estos códigos son necesarios para el fortalecimiento integral del Poder Judicial, indispensables para su buen funcionamiento así como para restaurar su credibilidad y legitimidad.

Es en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana en junio de 2006, que se aprueba el Código Modelo Ibero-Americano de Ética Judicial, el cual en su Parte I, consagra los Principios de Ética Judicial Iberoamericana, siendo estos: la independencia, la imparcialidad, la motivación, el conocimiento y capacitación, la justicia y equidad, la responsabilidad institucional, la cortesía, la integridad, la transparencia, el secreto profesional, la prudencia, la diligencia y la honestidad profesional, y en la Parte II de dicho Código se establece la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial que se integra por nueve miembros y un Secretario Ejecutivo, elegidos por un período de cuatro años con posibilidad de reelección, siendo estos cargos honoríficos.

Esta Comisión tiene como funciones: asesorar a los diferentes Poderes Judiciales y Consejos de la Judicatura Iberoamericanos o a la propia Cumbre Judicial Iberoamericana, en materia de Ética Judicial; facilitar la discusión, difusión y desarrollo de la ética judicial, a través de publicaciones o de la realización de cursos, seminarios, diplomados y demás encuentros académicos y fortalecer la conciencia ética judicial de los impartidores de justicia

iberoamericanos6.

En este Código en lo relativo a la independencia judicial se establece que:

Las Instituciones que, en el marco del Estado constitucional, garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales.

En cuanto a la imparcialidad expresa:

Art. 9º – La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional.

 

4 Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito judicial Iberoamericano, VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, noviembre de 2002.

5 XIII Cumbre Judicial Iberoamericana. Santo Domingo, República Dominicana, 21 y 22 de junio de 2006.

6 XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, Santo Domingo, República Dominicana, 21 y 22 de junio de 2006.

 

 

 

 

Art. 10 – El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio.

Esta Comisión tuvo su Reunión Constitutiva en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina el día primero de septiembre de 2006, en la que se emitió la declaración final denominada Reunión Constitutiva de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Esta reunión se integró por los miembros titulares de la Primera Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y por su Secretario Ejecutivo.

En esta reunión dicha Comisión asumió el reto de cumplir fielmente las obligaciones que les asigna el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, de difundirlo y enriquecerlo, así como de fortalecer la conciencia ética judicial de los impartidores de justicia de Iberoamérica. Se comprometió también a impulsar las iniciativas y proyectos aprobados en esta reunión constitutiva, consistentes en la creación de una biblioteca virtual Iberoamericana de Ética Judicial, en la institución del Premio Iberoamericano al Mérito Judicial, en la promoción de un concurso de trabajos en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial y la creación de cursos virtuales y presenciales de ética judicial para formación de jueces.

Esta Comisión está integrada por representantes de: la República Federativa de Brasil, la República de Costa Rica, la República de Chile, la República de El Salvador, del Reino de España, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Portuguesa, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de la República Oriental del Uruguay y como Secretario Ejecutivo el doctor Rodolfo Luís Vigo de la República Argentina.

Esta Comisión también elaboró las normas provisionales para su funcionamiento, esto es lo relativo al quórum, sus reuniones tanto ordinarias como extraordinarias y sus acuerdos, así como normas de procedimiento.

III. EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL

Por este principio los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa, estando a su vez los otros Poderes del Estado y en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales e internacionales, así como todas las organizaciones sociales, económicas y políticas obligadas a respetar y hacer efectivo este Principio.

A su vez el Poder Judicial debe evolucionar a la consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado Constitucional Democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

La Independencia Judicial constituye además una garantía a los justiciables de ser juzgados con parámetros jurídicos y salvaguardando sus derechos fundamentales, por lo que la justicia debe estar en manos de jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética, haciéndose necesario que cuenten con un instrumento que norme sus derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañarlos y orientarlos en el ejercicio de sus delicadas tareas.

La Independencia Judicial, la administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza de la ciudadanía en su sistema judicial contribuyen a afianzar y consolidar las bases democráticas de nuestra sociedad. Al promover una judicatura independiente, se garantiza que los juzgadores sean defensores del constitucionalismo y del principio de legalidad.

Los cánones en materia de ética judicial son normas mínimas de conducta que deben cumplir celosamente quienes tienen la encomienda de impartir justicia, sirviendo de estructura para la reglamentación de la conducta judicial, fortaleciendo de manera prioritaria la independencia judicial como pilar de la sociedad democrática, garantizando el eficiente desempeño de los operadores de justicia al estimularlos para ser: laboriosos, imparciales, independientes, prudentes, serenos, sensibles, estudiosos y cuidadosos en la interpretación de la ley.

 

 

 

 

Para garantizar la autonomía e independencia efectiva (funcional y financiera) del Poder Judicial, es aconsejable que todos los países tengan previsto en sus Constituciones un porcentaje del Presupuesto General del Estado destinado al Poder Judicial, de conformidad a las particularidades de cada país para cubrir sus necesidades garantizando de esta manera la independencia económica del Poder Judicial.

En la Constitución de la República de El Salvador de 1983 se regula expresamente en el artículo 172, el Principio de la Independencia Judicial cuando dice en su inciso tercero: “Los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son

independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes”7.

En ese mismo artículo de la Constitución de El Salvador relativo al órgano judicial, con el objeto de garantizar la autonomía e independencia efectiva del mismo se destina a dicho órgano un porcentaje del presupuesto general del Estado y así el inciso final del artículo 172 literalmente expresa: “El Órgano Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”8.

En el artículo 186 de la Constitución de El Salvador en el que se establece la carrera judicial, también se hace relación al Principio de la Independencia Judicial tanto en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como todo lo relativo a su actuación, siendo su texto el siguiente:

Art. 186 – Se establece la carrera judicial9

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de nueve años, podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada tres años. Podrán ser destituidos por la Asamblea legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos de dos tercios de los Diputados electos.

La elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará a la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los Abogados de El Salvador y donde deberán estar representados las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico.

Los magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, los Jueces de Primera Instancia y los Jueces de Paz integrados a la carrera judicial, gozarán de estabilidad en sus cargos.

La ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen; y los medios que les garanticen una remuneración justa y un nivel de vida adecuado a la responsabilidad de sus cargos.

La Ley regulará los requisitos y la forma de ingresos a la carrera judicial, las promociones, ascensos, traslados, sanciones disciplinarias a los funcionarios incluidos en ella y las demás cuestiones inherentes a dicha carrera.

Por el Principio de Independencia Judicial, el Juzgador debe poner de manifiesto que no recibe influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado interno o externo al Poder Judicial, por lo que, el Juez tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación a su independencia y a su vez de ser respaldados por los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.

Los medios de comunicación social pueden atentar contra el Principio de Independencia Judicial al influir en el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan al legítimo derecho a la libertad de expresión e información.

 

 

 

 

7 Constitución de la República de El Salvador, 1983, Capítulo III – Órgano Judicial, art. 172.

8 Ibid.

9 Constitución de la República de El Salvador, 1983, Capítulo III – Órgano Judicial, art. 186, reformada por el DL nº 64, del 31 de octubre de 1991.

 

 

 

 

En ese sentido, tanto el sistema judicial como los medios de comunicación social deben ser independientes e imparciales, y regir sus actuaciones con niveles de profesionalidad y ética aceptables contribuyendo así, a la gobernabilidad democrática.

En razón de lo anterior, las normas de ética judicial que rigen a los operadores de justicia deben no solamente acoplarse al Principio de Independencia Judicial, sino que fortalecerlo, consolidando de esta manera la sociedad democrática.

La Independencia Judicial en ningún momento debe impedir el acceso a la justicia, entendiendo ésta como “el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de la justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial, ya que es derecho fundamental de las personas tener acceso a

una justicia independiente, imparcial, responsable, eficiente, eficaz y equitativa”10.

Esta relación de balance entre la Independencia Judicial y el acceso a la justicia fue tratada en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, en noviembre de 2002, en la cual se emite la Declaración de Cancún en la que se aprueba la noción de acceso a la justicia y la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano.

IV. RECOMENDACIONES

Los Códigos de Ética Judicial para que sean verdaderamente eficientes deben ser elaborados por la propia judicatura, con equidad e independencia a fin de afrontar y resolver sus propios problemas, solamente de esta manera los cánones de ética judicial no afectarán el “Principio de la Independencia Judicial”.

En este mismo sentido, es a la propia judicatura a quien le corresponde la ejecución y supervisión del cumplimiento de los códigos de ética judicial, a fin de que éstos sean eficientes y eficaces.

Es también importante que cualquier mecanismo que censure y amoneste a los jueces esté en manos de la judicatura, debiendo ésta a su vez observar una ética suficientemente fuerte para su corrección.

La Ética Judicial proyectada al Juzgador es un medio complementario del derecho a los fines de la excelencia del servicio judicial y apela principalmente a la conciencia del Juez para racionalmente comprometerlo a ser mejor.

Un Poder Judicial que cuenta con un Código de Ética está más legitimado para exigir de las otras profesiones vinculadas a su servicio una respuesta equivalente para sus integrantes. Los Códigos de Ética también constituyen una herramienta en manos de la sociedad, para evaluar éticamente a los jueces ya sea para reprocharles su conducta o para reconocer su excelencia judicial.

Actualmente en la región tanto la autoridad política en un contexto general, como la autoridad judicial en uno particular, están afrontando una visible crisis de legitimidad haciéndose necesario que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones. Por lo que la adopción de un Código de Ética Judicial implica, un mensaje que los mismos Poderes Judiciales envían a la sociedad reconociendo la inquietud que provoca esta crisis y el empeño de asumir un compromiso fuerte por la excelencia en la prestación de servicio de justicia, así como el afrontar la responsabilidad ética de los miembros del Poder Judicial.

La XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en República Dominicana en junio de

2006, integrada por los Poderes Judiciales y Consejos de la Judicatura de Iberoamérica aprobó y promulgó el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que recoge el acervo ético de la identidad Iberoamericana y que compromete al Juzgador a su excelencia con el fin de fortalecer la calidad del servicio público de la justicia.

Este Código se centra en regular tanto los “Principios de la Ética Judicial Iberoamericana”

como la “Comisión Iberoamericana de Ética Judicial”.

 

 

 

10 Declaración de Cancún. VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, Cancún, México, 27 al 29 de noviembre de 2002.

 

 

 

 

Considerando que ya se cuenta con un código de ética judicial a nivel de Iberoamérica y del cual forman parte muchos de los Estados del Continente Americano, sería oportuno tomarlo como base para la elaboración de un código que regule los Principios de Ética Judicial en el ámbito Interamericano.

Este Código al igual que el Iberoamericano podría normar los principios de ética judicial únicamente para Juzgadores, es decir, a nivel jurisdiccional debiendo ser elaborado y promulgado por la propia judicatura, así como ejecutado y supervisado por ella misma con el objeto de asegurar y garantizar su independencia e imparcialidad.

Si se considera la conveniencia de contar con un Código de Ética Judicial en el Sistema Interamericano, sería conveniente que en su elaboración se pudiera contar con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), por su relación directa con los Poderes u Órganos Judiciales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Un Código de Ética Judicial de las Américas vendría a fortalecer a los Poderes u Órganos Judiciales de los Estados miembros de la OEA, siempre y cuando en el mismo se preserve y se tenga un balance con la Independencia Judicial, además contribuiría a consolidar el Estado Democrático Constitucional de derecho de la región.

Ahora bien, podría también considerarse la conveniencia de elaborar un Código de Ética Judicial, que rija no solamente para los Poderes Judiciales sino también que regulara a todos los demás operadores de justicia en el sistema judicial, por lo que normaría a Procuradores, Fiscales y demás agentes involucrados con el sector Justicia.

La existencia de un Código de Ética Judicial en la región, contribuiría además prevenir y combatir la corrupción, ya que fortalecería la probidad del sistema judicial, haciendo más transparente la tarea de impartir justicia.

En razón de lo anterior, sería conveniente que este tema de los “Principios de Ética Judicial”, si el Comité Jurídico Interamericano resuelve la conveniencia de elaborar un Código de Ética Judicial para el Sistema Interamericano, se realice conjuntamente con el Centro de Justicia de las Américas (CEJA) por su vinculación con los poderes u órganos judiciales de la región, a efecto de que estos, contribuyan directamente en la elaboración del mismo.

Bibliografía

Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano. VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, Cancún, México, 27 al 29 de noviembre de 2002.

Código Iberoamericano de Ética Judicial. XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, Santo Domingo, República Dominicana, 21 y 22 de junio de 2006.

DELGADO OCANDO, José Manuel. Notas preliminares sobre principios de ética judicial, CJI/doc.221/06, 23 mayo 2006.

Estatuto del Juez Iberoamericano. VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes

Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España,

23 al 25 de mayo de 2001.

KENNEDY, Anthony. La ética judicial y el imperio del derecho. (Nota: Juez del Tribunal

Supremo de los Estados Unidos de América)

Declaración Copán-San Salvador. VIII Cumbre Iberoamericanas de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia. Copán, Honduras, 27 de enero de 2002. Declaración final del VI Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura y VIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia.

Declaración de Canarias. VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas Y Tribunales Supremos de Justicia, mayo 2001.

Declaración de Cancún. VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas Y Tribunales Supremos de Justicia, Cancún, México, noviembre de 2002.

Código Iberoamericano de Ética Judicial. XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, Santo Domingo, República Dominicana, 21y 22 de junio de 2006.