OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

 

 

 

 

Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas*

 

 

Índice

 

 

Pá rrafos Página

 

Principios recomendados sobre l os derechos humanos y la trata de personas . . 1–17 1

 

La primacía de los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–3 1

 

Prevención de la trata de personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–6 1

 

Protección y asi sten cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–11 1

 

Penalización, sanción y reparación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–17 2

 

Directrices recomendadas sobre los derechos humanos y la trata de personas . . . . . . . . . . . 3

 

Directriz 1: Promoción y pr otección de los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 

Directriz 2: Identificación de las víctimas de la trata de personas y de los tratantes . . . . 4

 

Directriz 3: Investigación, análisis, evaluación y difusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 

Directriz 4: Establecer un marco jurídico adecuado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 

Directriz 5: Medios de hacer cumplir adecuadamente la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

 

Directriz 6: Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas . . . . . . . . . . . . 9

 

Directriz 7: Prevención de la trata de personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 

Directriz 8: Medidas especial es para la protección y la asistencia a los niños víctimas

de trata de personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 

Directriz 9: Acceso a recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 

Directriz 10: Obligaciones del personal de mantenimiento de la paz, de policía civil,

humanitario y diplomático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 

Directriz 11: Cooperación y coordinación entre Estados y region es . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Texto presentado al Consejo Económico y Social como adición al informe del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos (E/2002/68/Add.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trata de personas es una forma particularmente abusiva de la migración. En la Declaración del Milenio, los Estados resolvieron tomar medidas para asegu- rar el respeto de la protección de los derechos de los migrantes e intensificar sus esfuerzos en la lucha contra la trata.

 

Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, que están incluidos como adición a mi informe al Consejo Económico y Social (E/2002/68/Add.1), han sido desarrollados para proporcio- nar una guía, práctica y basada en derechos, sobre la prevención de la trata de personas y la protección de sus víctimas. Su propósito es el de promover y faci- litar la integración de una perspectiva de derechos humanos en las leyes, políti- cas e intervenciones contra la trata a nivel nacional, regional e internacional.

 

Los Principios y Directrices sirven como base y punto de referencia para el tra- bajo del ACNUDH sobre este tema. Invito a los Estados y organizaciones inter- gubernamentales a utilizar los Principios y Directrices en sus propios esfuerzos para prevenir la trata y proteger los derechos de las víctimas del tráfico.

 

Mary Robinson

Alta Comisionada para los Derechos Humanos

 

 

Principios recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas1

 

 

 

La primacía de los derechos humanos

 

 

Los derechos humanos de las personas objeto de trata const ituirán el centro de toda la labor para prevenir y co mbatir la trata de personas y para proteger y dar asistencia y reparación a las víctimas.

 

Los Estados t ienen la obligación, con arreglo al derecho int ernacional, de actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes la co meten y ayudar y proteger a las víct imas de ella.

 

Las medidas contra la trata no redundarán en desmedro de los derechos huma- nos y la dignidad de las personas, en part icular los derechos de las víctimas de ella, ni de los migrantes, las personas internamente desplazadas, los refugiados y quienes soliciten asilo.

 

 

Prevención de la trata de personas

 

 

Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas fundamentales.

 

Los Estados y las organizaciones intergubernamentales se asegurarán de tener en cuenta en su acción los factores que aumenten la vulnerabilidad a la trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus for mas.

 

Los Estados ejercerán la debida diligencia para detectar y eliminar la participa- ción o complicidad del sector público en la trata de personas. Los funcionarios públicos respecto de los cuales haya sospechas de estar implicados en la trata de personas serán so metidos a investigación y proceso y, de ser condenado s, su- frirán las sanciones correspondientes.

 

 

Protección y asistencia

 

 

Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino ni por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de tales.

 

1 A los efect os de los presentes Prin cipios y Dir ectrices, por “trata de personas” se enten derá la captación, el tran sport e, el traslado, la acogida o la recepción de personas, r ecurriendo a la am enaza o al uso de la fuerza u otras for mas de coacción, al rapto, al fraude, al engañ o, al abuso de poder o de una situación de vulnera bilidad o a la con cesión o r ecepción de pagos o ben eficios para obten er el consentimiento de una per sona que tenga autoridad sobr e otra, con fines d e explota ción. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la pr ostitución ajen a u otras for mas de explota ción sexual, los trabajos o ser vicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la ser vidumbr e o la extracción de órgan os. Fuente: Pr otocolo para prevenir, r eprimir, y sancion ar la trata de per sonas, especialmente mujer es y niñ os, que complementa la Conven ción de las Nacion es Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (artículo 3 a)).

 

Los Estados velarán por proteger a las víct imas de la trata de personas de mayor explotación o mayores daños y por que tengan acceso a atención física y si- cológica adecuada. La protección y la asistencia no estarán subordinadas a que las víctimas de la trata de personas puedan o quieran cooperar en un procedi- miento judicial.

 

Se proporcionará asist encia jurídica y de otra índole a las víctimas de la trata de personas mientras duren las acciones penales, civiles o de otra índole contra los presuntos tratantes. Los Estados darán protección y concederán per miso s de residencia temporal a las víctimas y los test igos mientras duren los procedi- miento s judiciales.

 

Los niños que sean víct imas de trata de personas serán ident ificados como tales. Sus int ereses const ituirán la consideración primordial en todo momento. Se proporcionará asistencia y protección adecuadas a los niños víctimas de trata de personas. Se tendrán plenament e en cuenta su vulnerabilidad, sus derechos y sus necesidades especiales.

 

Tanto el Estado receptor como el Estado de origen garantizarán a las víctimas de la trata de personas la repatriación en condiciones de seguridad ( y en la me- dida de lo posible voluntaria) y les ofrecerán alternativas jurídicas a la repatria- ción en los casos en que sea razonable llegar a la conclusión de que ella const i- tuiría un grave riesgo para su seguridad o la de sus familias.

 

 

Penalización, sanción y reparación

 

 

Los Estados adoptarán las debidas medidas legislativas y de otra índole que se- an necesarias para tipificar co mo delitos penales la trata de personas, los actos que la const ituyen2 y las conductas afines3.

 

Los Estados procederán a investigar, procesar y fallar efectivamente los casos de trata de personas, con inclusión de sus actos const itutivos y las conductas afines, con prescindencia de que sean cometidos o no por agent es de gobierno.

 

Los Estados se asegurarán de que la trata de personas, sus actos constitutivos y los delitos conexos constitu yan delito s que den lugar a extradición en virtud del derecho interno y los tratados en la materia. Los Estados cooperarán para cer-

 

 

 

2 A l os efectos de los presentes Principios y Directrices, se enten derá que los “actos con stitutivos” y los “delitos con stitutivos” de la trata de personas consisten en la capta ción, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas ma yores de 18 años de edad r ecurriendo a la am enaza o al uso d e la fuerza o a otras for mas de coacción o en gañ o con fines de explotación. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un men or d e

18 años de edad constituyen actos con stitutivos y delitos constitutivos de la trata de niñ os. Fuente: Pr otocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata d e personas, especialm ente mujer es y niñ os, que complementa la Con ven ción de las Nacion es Unidas contra la Delincuen cia Organizada Transnacional (artícul o

3 a) y c)).

3 A l os efectos de los presentes Prin cipios y Directrices, se entien de que la conducta y los delitos “r elacionados con” la trata con sisten en la explota ción

de la prostitución ajen a u otras for mas de explotación sexual, los trabajos o ser vicios for zados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y la ser vidumbre. Fuente: Pr otocolo para preven ir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialm ente mujer es y niñ os, que complementa la Con ven ción de

las Nacion es Unidas contra la Delincuen cia Organizada Transnacional (artícul o

3 a)).

 

ciorarse de que se apliquen los procedimiento s debidos de extradición de con- formidad con el derecho int ernacional.

 

Se aplicarán penas efectivas y proporcionadas a las personas naturales o jurídi- cas que sean declaradas culpables de trata de personas o de sus delitos const itu- tivos o conexos.

 

En los casos en que proceda, los Estados congelarán y decomisarán los bienes de personas naturales o jurídicas involucradas en la trata de personas. En la me- dida de lo posible, los bienes decomisado s serán destinados a dar asistencia e indemnizar a las víctimas de la trata.

 

Los Estados se cerciorarán de que las víct imas de la trata de personas tenga n acceso a recursos judiciales eficaces y adecuados.

 

 

 

Directrices recomendadas sobre los derechos humanos y la trata de personas

 

 

 

 

Directriz 1: Promoción y protección de los derechos humanos

 

 

 

 

Las infracciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas. Por lo tanto, es indispensable que la protección de todo s los derechos humanos ocupe un lugar central en las medidas que se ado pten para prevenir esa trata y ponerle término. Las medidas para combatir la trata de personas no deben redund ar en desmedro de sus derechos humanos y su dignidad y, en particular, de los derechos de quienes han sido víctimas de ella, los migrantes, las personas des- plazadas internamente, los refu giados y quienes soliciten asilo.

 

Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, deberían considerar la posibilidad de:

 

Tomar disposiciones para cerciorarse de que las medidas adoptadas a fin de prevenir y co mbat ir la trata de personas no redunden en el desmedro de los de- rechos o la dignidad de las personas, incluidas las que han sido víctimas de ella.

 

Celebrar consultas con órganos jud iciales y legislativos, instituciones naciona- les de derechos humano s y los sectores que corresponda de la sociedad civil pa- ra la preparación, aprobación, puesta en práctica y revisión de leyes, normas y programas de lucha contra la trata de personas.

 

Establecer planes nacionales de acción para poner término a la trata de perso- nas. Este proceso debería aprovecharse para institu ir vínculos y alianzas entre las instituciones de gobierno que part icipen en la lucha contra la trata de perso- nas o la prestación de asistenc ia a las víctimas de ella y los sectores que corres- ponda de la sociedad civil.

 

Asegurarse en particular de tener sistemáticamente en cuenta la cuestión de la dis- criminación por razones de género cuando se propongan medidas de lucha contra la trata de personas a fin de que esas medidas no se apliquen en forma discrimina- toria.

 

Proteger el derecho de todas las personas a la libertad de desplazamiento y ase- gurarse de que las medidas contra la trata de personas no lo vulneren.

 

Cerciorarse de que las leyes, las nor mas, los programas y las actividades de lu- cha contra la trata de personas no afecten al derecho de todos, incluidas las víctimas de la trata, de pedir y obtener asilo contra la persecución de confor mi- dad con las normas internacionales sobre los refugiados y mediante, en particu- lar, la aplicación efectiva del principio de no devolución.

 

Establecer mecanismos para supervisar los efectos de las leyes, las nor mas, los programas y las actividades de lucha contra la trata de personas en los derechos humano s. Habr ía que considerar la posibilidad de asignar esta func ión a inst it u- ciones nacionales independientes de derechos humanos en los países en que exist an. Habría que alent ar a las organizaciones no gubernament ales que traba- jan con víct imas de la trata de personas a que part iciparan en la observación y evaluación de los efectos para los derechos humanos de las med idas de lucha contra esa trata.

 

Presentar, en sus infor mes periódicos a los órganos de las Naciones Unidas que supervisan los tratados de derechos humanos4, infor mación detallada acerca de las med idas que hayan adoptado para prevenir y combat ir la trata de personas.

 

Cerciorarse de que los acuerdos de cooperación bilateral, regional e internacio- nal y otras leyes y nor mas relativas a la trata de personas no afecten a los dere- chos, las obligaciones o la responsabilidad de los Estados con arreglo al dere- cho int ernacional, con inclusión de las nor mas de derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados.

 

Ofrecer asistencia financiera y técnica a los Estados y a los sectores que corres- ponda de la soc iedad civil a los efectos de formular y poner en práctica estrate- gias de lucha contra la trata de personas sobre la base de los derechos humanos.

 

 

 

 

Directriz 2: Identificación de las víctimas de la trata de personas y de los tratant es

 

 

 

 

La trata significa mu cho más que el desplazamiento organizado de perso- nas con un fin de lucro. El factor adicional crítico que distingue la tra- ta del contrabando de migrantes es la presencia de fuerza, coacción o engaño en todo el proceso o en alguna etapa de él y con fines de explo- tación. Si bien los elementos adicionales que distinguen la trata de l contrabando de migrantes pued en a veces ser evident es, en muchos ca- sos es difícil probarlos sin una investigación activa. De no identificarse correctamente a una víctima de trata de personas, el resu ltado consis- tirá probablemente en seguir denegándole sus derechos. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de que esa identificación sea posible y se lleve a cab o.

 

Los Estados también están obligados a actuar con la debida diligencia en la identificación de los tratantes5, incluidos los que controlan o explotan a las víctimas de la trata de personas.

 

 

 

4 Los órgan os que super visan los tratados de derech os humanos son el Comit é de Der ech os Humanos, el Comité de Der ech os Econ ómicos, Sociales y Culturales, el Comit é para la Eliminación de la Discriminación con tra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comit é contra la Tortura y el Comité de Der ech os del Niño.

 

Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían considerar la posibilidad de:

 

Establecer directrices y procedimiento s para las autoridades y los funcionarios competentes del Estado, tales co mo los func ionarios de policía, de fronteras o de inmigración y otros que participen en la detección, detención y recepción de migrantes en situación irregular o en la tramitación de sus casos, a fin de per mi- tir la identificación rápida y exacta de las víctimas de trata de personas.

 

Impartir capacitación adecuada a las autoridades y los funcionarios co mpetentes del Estado en la identificación de víctimas de la trata de personas y la aplica- ción correcta de las directrices y procedimientos a que se hace referencia en el párrafo precedente.

 

Velar por la cooperación entre las autoridades, los funcionarios y las organiza- ciones no gubernamentales co mpetentes a fin de facilitar la identificación de las víctimas de trata de personas y la asistencia a ellas. Esa cooperación, para que surta los mayores efectos, debe organizarse y ponerse en práctica de manera oficial.

 

Identificar centros de acción adecuados para advert ir a los migrantes o posibles migrant es de los posibles peligros y consecuencias de la trata de personas y pa- ra recibir infor mac ión que les per mita pedir asistencia si la necesit an.

 

Cerciorarse de que las víctimas de la trata de personas no sean procesadas por infracciones de las leyes de inmigración o por actividades en que participen como consecuencia directa de su situación de tales.

 

Cerciorarse de que las víctimas de trata de personas no sean objeto, en circuns- tancia alguna, de detención con arreglo a las normas de inmigración ni de nin- guna otra forma de detención.

 

Cerciorarse de que exist an procedimientos y procesos para recibir y estudiar las solicitudes de asilo que presenten tanto víctimas de trata como de contrabando de personas y de que se respete y haga valer en todo momento el principio de la no devolución.

 

 

 

 

Directriz 3: Investigación, análisis, evaluación y difusión

 

 

 

 

Una estrategia eficaz y realista de lucha contra la trata de personas debe tener como base información, experiencia y análisis fidedignos y al día. Es esencial que todos los que participen en la formu lación y aplicación de estas estrategias comp ren dan claramente las cuestiones en juego y lo sigan haciend o.

 

Cabe a todos los medios de comu nicación un importante papel, propo rcio- nando información exacta de conformid ad con los principios de ética

 

 

 

5 La expr esión “tratant e” a los efectos de los present es Prin cipios y Dir ectri ces, se r efiere a quien es se dediquen a la captación y el transport e de person as, quien es ejerz an contr ol sobr e las víctimas de la trata, quien es las trasladen o mantengan en situacion es de explotación, quien es participen en delitos con exos y quien es obten gan un lucr o directo o indirect o de la trata, sus actos constitutivos y los delitos con exos.

 

profesional, en la tarea de que se cobre cada vez más conciencia públi- ca del fenómeno de la trata de personas.

 

Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían considerar la posibilidad de:

 

1. Adoptar y aplicar siste mática mente la definición internacionalmente con- venida de trata de personas que se enuncia en el Protocolo de Paler mo6.

 

2. Siste matizar la reunión de infor mac ión estadística sobre la trata de perso- nas y los desplazamientos conexos (como el contrabando de migrantes) que puedan tener un elemento de trata de personas.

 

3. Desagregar los datos relativos a las víctimas de la trata de personas según la edad, el género, el origen étnico y otras características pertinentes.

 

4. Realizar, financiar y recop ilar investigaciones de la trata de personas. La investigación debe estar sólidamente fundada en principios ét nicos que incluyan la conciencia de la necesidad de no volver a traumatizar a las víctimas de la tra- ta. La metodología y las técnicas de interpretación de la investigación deben ser de la más alta calidad.

 

5. Observar y evaluar la relación entre la intención de las leyes, las nor mas y las act ividades contra la trata de personas y sus efectos reales y, en part icular, cerciorarse de establecer una distinción entre las med idas que efectivamente re- ducen la trata de personas y las que no surten más efecto que el de traspasar el problema de un lugar o un grupo a otro.

 

6. Reconocer la importante contribución que los sobrevivientes de la trata de personas pueden aportar, a título estrictamente voluntar io, para formular y po- ner en práctica medidas contra la trata de personas y evaluar sus efectos.

 

7. Reconocer el papel central que pueden desempeñar las organizaciones no gubernamentales para mejorar la acción de los agentes del orden contra la trata de personas proporcionando a las autoridades competentes infor mación acerca de casos y tendencias de la trata de personas y siempre que se tenga en cuenta la necesidad de salvaguardar la privacidad de las víctimas de ella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 En el Pr otocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de person as, especialmente mujer es y niñ os, que complementa la Conven ción de las Nacion es Unida s contra la Delincuen cia Organizada Transnacional (el Pr otocolo de Palermo) se define la trata de personas como “… la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la r ecepción de personas, r ecurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras for mas de coacción, al rapto, al fraude, al en gañ o, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la con cesión o r ecepción de pagos o ben eficios para obtener el con sentimiento d e una per sona que tenga autori dad sobr e otra, con fines de explotaci ón. Esa explota ción incluirá como un mínimo, la explotación de la prostitución ajen a u otras for mas de explotación sexual, los trabajos o ser vicios for zados, la escla vitud o las prácticas análogas a la escla vitud, la ser vidumbr e o la extracción de órganos” (artículo 3 a)). El Pr otocolo agrega que la captación, el transport e, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines d e explota ción se con siderará “trata de per sonas” incluso cuando n o se r ecurra a ningun o de los medios precedentemente en unciados (artículo 3 c)).

 

Directriz 4: Establecer un marco jurídico ad ecuado

 

 

 

 

Se ha determina do que la falta de legislación específica o adecuada acerca de la trata de personas a nivel nacional constituye uno de los prin cipa- les obstácu los en la lucha contra esa trata. Es imperiosa la necesidad de armonizar las definiciones legales, los procedimientos jurídicos y la cooperación judicial en los planos nacional y regional de conformidad con las normas internacionales. El establecimiento de un marco jurídi- co adecuado que sea compatible con las normas y los instrumentos in- ternacionales en la materia tend rá también un papel importante en la prevención de la trata de personas y la explotación conexa.

Los Estad os deberían considerar la posibilid ad de:

 

1. Adoptar legislac ión nacional o enmendar la existente de confor midad co n las nor mas int ernacionales de manera que el delito de trata de personas quede definido con precisión en el derecho int erno y haya orient ación detallada acerca de sus diversos elementos penales. Habrá que tipificar también todas las prácti- cas co mprendidas en la definición de trata de personas, co mo la servidu mbre por deuda, los trabajos forzados y la prostitución forzada.

 

2. Promulgar legislación en que se establezca la responsabilidad administrati- va, civil y, cuando proceda, penal de las personas jurídicas, además de las per- sonas naturales, por delito s de trata de personas. Revisar la legislac ión, los con- troles administrativos y las condiciones vigentes que se refieran a la concesió n de autorización y al funcionamiento de empresas que puedan servir para encu- brir la trata de personas como, por ejemplo, agencias de matrimonio, de empleo o de viaje, hoteles o servicios de acompañant es.

 

3. Establecer en la legislación sanciones penales efectivas y proporcionales (con inclus ión de penas de reclusión que den lugar a la extradición en el caso de personas naturales). Cuando proceda, la legislación debería establecer la impo- sición de penas adicionales a quienes sean declarados culpables de trata de per- sonas con circunstancias agravantes, incluidos los delito s de trata de niños o aquellos cuyos autores o cómplices sean funcionarios del Estado.

 

4. Est ablecer en la legislac ió n el deco miso de los inst rumentos y el pro duc- to de la trata de personas y de lit os co nexo s. De ser po sible, la legislac ió n de- bería indicar que el producto deco misado de la trata de perso nas sea ut ilizado en beneficio de las víct imas de ella. Habr ía que considerar la pos ibilidad de est ablecer un fo ndo de inde mnizació n para esas víct imas y de ut ilizar los haberes deco misados para financiarlo.

 

5. Cerciorarse de que la leg islación impida que las víctimas de la trata de per- sonas sean procesadas, detenidas o sancionadas por el carácter ilegal de su en- trada al país o residencia en él o por las actividades en que participen como consecuencia directa de su situación de tales.

 

6. Incorporar en la legislac ión contra la trata de personas disposiciones para proteger a las víct imas de ella, que co mprendan la protección respecto de la de- portación sumaria o la repatriación cuando haya mot ivos razonables para llegar a la conclus ión de que la deportación o repatriación constituiría un gran riesgo de seguridad para la víctima de la trata o su familia.

 

7. Dar protección legal a las víctimas de trata de personas que acepten volun- tariamente cooperar con los agentes del orden y proteger su derecho a per mane-

 

cer lícit ament e en el país de dest ino mientras duren las actuaciones judiciales del caso.

 

8. Establecer disposiciones efectivas para que las víctimas de trata de perso- nas reciban asist encia e información jurídicas en un idio ma que ent iendan, así como asistencia social adecuada y suficiente para atender a sus necesidades in- mediatas. Los Estados deben cerciorarse de que el derecho a esa infor mación, asistencia y apo yo inmed iato no sea discrecional sino que esté a disposición de todos los que hayan sido identificados como víctimas de trata de personas.

 

9. Establecer en la leg islación el derecho de las víctimas de trata de personas a interponer acciones civiles contra los presuntos traficantes.

10. Garant izar por ley la protección de los testigos.

 

11. Establecer en la ley sanciones en caso de participación o complicidad del sector público en la trata de personas o actos conexos de explotación.

 

 

 

 

Directriz 5: M edios de hacer cump lir adecuadamente la ley

 

 

 

 

Si bien los datos indican que la trata de personas va en aumento en todas las regiones del mund o, pocos tratantes han sido apreh endid os. Al apli- car más eficazmente la ley se creará un desincentivo para el tratante y ello tend rá por lo tanto un efecto directo en la demanda.

 

Para aplica r ade cuada men te la ley a los tratant es se necesita la coop e ra- ción de las vícti mas de la trata de person as y de otro s testigos. En mu cho s casos, hay pe rsona s que no quieren o no pueden denun ciar a los t ratantes o co mpa recer co mo testigos p o rque no tienen con fianza en la policía o en el siste ma jud icial o po rque no hay un mecani smo efectivo pa ra protegerla s. Esto s p rob lem a s se ag rava n cuando son fue rzas de l o rden la s que pa rticipan o son có mp lices en la trata de pe rsonas. Hay que adopta r resu elta s medid as para que esa pa rticipa- ción sea objeto de investigación, pro cesa mient o y sanción. Asimi smo hay que hacer que los ag entes de l o rd en cob ren c onsciencia del re- quisito pri mo rdia l de vela r po r la segu rid a d de la s vícti mas de la tra- ta de pe rson as. Esta re sponsab ilidad incu mb e al investigado r y no ad mite exc epción.

 

Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían considerar la posibilidad de:

 

1. Hacer que las autoridades y los funcionarios encargados de hacer cu mplir la ley cobren conciencia de su responsabilidad primaria de velar por la seguri- dad y el bienestar inmediato de las víctimas de la trata de personas.

 

2. Impartir a las fuerzas del orden capacitación adecuada en la invest igación y el procesamiento de casos de trata de personas. En esa capacit ación hay que te- ner en cuenta las necesidades de las víctimas de la trata de personas, en part icu- lar las de las mujeres y los niños, y reconocer la utilidad práctica de incent ivos para que las víctimas de la trata de personas y otros denuncien a los tratantes. La participación en esa capacit ación de organizac iones no gubernament ales competentes en la materia debe ser considerada una for ma de hacerla más perti- nent e y eficaz.

 

3. Dotar a los agent es del orden de facultades y técnicas de investigación ade- cuadas para hacer posible la investigación y el procesamiento efectivos de los presuntos tratantes. Los Estados deben alentar y apo yar el establecimiento de procedimientos proact ivos de investigación en los que no se dependa excesiva- ment e del test imonio de la víct ima.

 

4. Establecer unidades especiales de lucha co ntra la trata de personas (int e- gradas por mujeres y ho mbres) a fin de promover la co mpetencia y la profesio- nalidad.

 

5. Garantizar que el tratante sea y siga siendo el objeto principa l de las estra- tegias de lucha contra la trata de personas y que la acción coercit iva en la mate- ria no exponga a la víctima al riesgo de ser sancionado por delitos cometidos como consecuencia de su situación.

 

6. Poner en práctica medidas para que las operaciones de “rescate” no vulne- ren aún más los derechos y la dignidad de las víctimas de la trata de personas. Esas operaciones deben llevarse a cabo única mente después de haber establec i- do procedimientos apropiados y adecuados para atender a las necesidades de las víctimas cu ya libertad se obtenga de esa manera.

 

7. Hacer que la policía, los fisca les, las autoridades de fronteras, inmigración y jud iciales y los asistentes sociales y e l personal de salud pública cobren con- ciencia del problema de la trata de personas e impartir les for mación especiali- zada para detectar casos de esta trata, combatirla y proteger los derechos de las víctimas.

 

8. Tomar las disposiciones adecuadas para proteger a cada una de las víct imas de la trata de personas en el curso de la investigación y el proceso y, posterior- mente, cuando su seguridad lo haga necesario. Un progra ma adecuado de pro- tección puede consistir en algunos de los siguientes elemento s o en todos ellos: deter minación de un lugar seguro en el país de dest ino, acceso a asesora miento jurídico independiente, protección de la ident idad en el curso de los procesos judiciales, determinación de las opciones para per manecer en el país, ser re- asentado o ser repatriado.

 

9. Alentar a los agentes del orden a trabajar en colaboración con las organiza- ciones no gubernament ales a fin de que las víctimas de la trata de personas re- ciban el apo yo y la asistencia necesar ios.

 

 

 

 

Directriz 6: Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas

 

 

 

 

No es posib le romper el ciclo de la trata de personas sin prestar atención a los derechos y las necesidades de las víctima s. Hay que dar asistencia y protección adecuados a todas las víctimas de la trata de personas sin discriminación.

 

Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, deberían considerar la posibilidad de:

 

1. Cerciorarse, en cooperación con las organizaciones no gubernament ales, de que se ofrezca alo jamiento seguro y adecuado que atienda a las necesidades de las víctimas de trata de personas. Ello no debe estar subordinado en que las víctimas estén dispuestas a rendir testimonio en un proceso penal. Las víctimas

 

de la trata de personas no deben ser recluidas en centros de detención para in- migrantes, otros centros de detención o refugios para personas sin hogar.

 

2. Cerciorarse, en asociac ión con las organizaciones no gubernament ales, de que las víctimas de la trata de personas tengan acceso a atención primaria de sa- lud y a atención sico lógica. No debe exigirse a las víct imas de la trata de perso- nas que acepten esa atención o asist encia ni obligarlas a hacerse análisis para deter minar si padecen enfermedades, incluido el VIH/SIDA.

 

3. Cerciorarse de que se infor me a las víctimas de la trata de personas de que tienen derecho a ponerse en contacto con represent antes diplo máticos y consu- lares del Estado de su nacionalidad. Hay que impartir al personal de embajadas y consulados for mación adecuada para que atienda a las necesidades de infor- mación y asist encia de esas víctimas. Estas disposiciones no serían aplicables a las víctimas de la trata de personas que pidieran asilo en el país.

 

4. Cerciorarse de que los procedimiento s judiciales en que tomen parte las víctimas de trata de personas no redunden en desmedro de sus derechos, su dig- nidad ni su bienestar físico o sicológ ico.

 

5. Dar a las víct imas de la trata de personas asist encia letrada o de otra índole en relación con las acciones penales, civiles o de otra índole contra los tratantes o quienes las hayan explotado. Debe darse a las víctimas infor mación en un idio ma que ent iendan.

 

6. Proteger efectivamente a las víct imas de la trata de personas de daños, amenazas o actos de intimidación por parte de los tratantes y personas asocia- das a ellos. A estos efectos, no debería revelarse en público la ident idad de las víct imas de la trata de personas y habría que respetar y proteger su privac idad en toda la medida de lo posible, teniendo en cuenta al mismo t iempo el derecho de los acusados a un juicio imparcial. Habría que advert ir plenamente y con an- telación a las víct imas de la trata de personas de las dificult ades que entraña proteger su ident idad y no habría que dejar que se for maran expectativas falsas o poco realistas en cuanto a las posibilidades de los agent es del orden a este respecto.

 

7. Disponer el regreso en condiciones de seguridad y, de ser posible volunta- rio, de las víctimas de la trata de personas y estudiar la opción de que residan en el país de dest ino o la de reasentar los en un tercer país en ciertas circunst ancias especiales (para impedir represalias o en casos en que se considere probable que vuelvan a ser objeto de trata, por ejemplo).

 

8. En colaboración con las organizaciones no gubernamenta les, hacer que se proporcione a las víctimas de la trata de personas que regresen a sus países de origen la asistencia y el apoyo necesarios a los efectos de su bienestar, de facili- tar su int egración social y de prevenir que sean objeto nuevamente de trata de personas. Habría que adoptar medidas para proporcionar a las víct imas de la trata de personas que regresan a sus países atención méd ica y sicológica, vi- vienda y servicios de enseñanza y empleo adecuados.

 

Directriz 7: Prevención de la trata de personas

 

 

 

 

Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas deben ten er en cuenta qu e la demanda constituye una causa fundamental. Los Estados y las organizaciones internacionales deben también tener en cuenta los factores que au mentan la vu lnerabilidad a la trata de personas, entre ellas la desigu aldad, la pobreza y la discrim inación y los prejuicios en todas sus formas. Una estrategia eficaz de prevención debe ten er com o base la experiencia adquirida e in formación fidedigna.

 

Los Estados, en colaboración con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y, cuando proceda, aprov echand o los prog rama s y las políticas de cooperación para el desa rro llo, deb erían considerar la posibilidad de:

 

1. Analizar los factores que crean demanda de servicios de co mercio sexual y de trabajo en condiciones de explotación y adoptar fir mes med idas legislativas, nor mativas y de otra índole para hacer frente a estos problemas.

 

2. Establecer progra mas que ofrezcan dist int as maneras de ganarse la vida, entre ellos educación básica, capacitación y alfabet ización, especialment e para mujeres y otros grupos que han estado tradicionalmente en sit uación de desven- taja.

 

3. Dar mayores oportunidades educacionales a los niños y au ment ar la matrí- cula esco lar, especialment e de niñas.

 

4. Cerciorarse de que los posibles migrantes, especialmente las mujeres, sean debida mente informados de los riesgos de la migración (explotación, servidu m- bre por deudas y cuestiones de salud y seguridad como la exposición al VIH/SIDA, por ejemplo) así como de las posibilidades existentes de emigrar en forma legal y en condiciones que no sean de explotación.

 

5. Preparar campañas de infor mación para la poblac ión en general con miras a pro mover una mayor conciencia de los peligros que entraña la trata de perso- nas. En esas campañas hay que dar a conocer las complejas circunstancias que rodean la trata de personas y las razones por las cuales una persona puede adop- tar decisiones potencialment e peligrosas en cuanto a la migración.

 

6. Revisar y mo dificar las nor mas que puedan obligar a t rabajadores a mi- grar en condicio nes irregulares y vulnerables. Este proceso debería incluir un exa men de los efecto s que surten para la mujer la legislació n represiva o dis- criminator ia en materia de nac io nalidad, propiedad, inmigració n, emigració n y mano de obra migrator ia.

 

7. Estudiar med ios de dar mayores oportunidades para la migración de traba- jadores en for ma legal y remunerada y en condiciones que no sean de explota- ción. El fo mento de la migración laboral por parte del Estado debe depender de la exist encia de los mecanismos de regulac ión y supervisión para proteger los derechos de los trabajadores migratorios.

 

8. Dar mayor capacidad, como medida prevent iva, a los agentes del orden pa- ra detener y enjuiciar a quienes part icipan en la trata de personas. Para ello hay que cerciorarse de que esos agent es cu mplan a su vez las obligaciones que la ley les impone.

 

9. Adoptar medidas para reducir la vulnerablidad cerciorándose de que todas las personas puedan obtener certificados en regla de nacimiento, ciudadanía y matrimonio.

 

 

 

 

Directriz 8: M edidas especiales para la protección y la asistencia a los niños víctimas de trata de personas

 

 

 

 

El daño físico, sicológico y sicosocial que sufren en especial los niños objeto de trata y su mayor vulnerabilidad a la explotación hacen necesario un tratamiento separado del previsto para los adultos víctimas de trata de personas en las leyes, las normas, los programa s y la acción. Los mejo- res intereses del niño deben constituir una consideración primordial en todas las medidas relativas a las víctimas de trata de niños, sean adop- tadas por instituciones públicas o priv adas de bienestar social, tribuna- les, autoridades administrativas u órganos legislativos. Las víctimas de la trata de niños deben recibir asistencia y protección adecuadas y hay que tener plenamente en cuenta sus derechos y necesidades especiales.

 

Los Estados, cuando proceda, y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían consid erar, además de las medidas indi- cadas en la directriz 6, las siguientes:

 

1. Cerciorarse de que las definiciones de trata de niños que se adopten tanto en la leg islación co mo en la polít ica tengan en cuenta su necesidad de salva- guardias y atención especiales, con inclus ión de una protección legal adecuada. En particular, y de confor midad con el Protocolo de Paler mo, los elementos de engaño, fuerza u otras for mas de coacción, etc., no deben for mar parte de la de- finición de la trata cuando la víctima sea un niño.

 

2. Establecer procedimientos para la rápida ident ificación de las víctimas de trata de niños.

 

3. Cercior arse de que las víctimas de la trata de niños no sean objeto de pro- cedimiento o de acciones penales o delito s relacionados con su situación como tales.

 

4. En los casos en que los niños no estén aco mpañados de familiares o tuto- res, adoptar med idas para identificar y localizar a familiares. Tras proceder a una evaluación del riesgo y consult ar con el niño, habría que to mar medidas pa- ra facilitar la reunión de las víctimas de trata de niños con sus familias cuando se considere que ello redunde en su beneficio.

 

5. En los casos en que el regreso del niño a su familia en condiciones de se- guridad no sea posible o no redunde en su beneficio, establecer disposiciones adecuadas de atención que respeten sus derechos y su dignidad.

 

6. En las sit uaciones a que se hace referencia en los párrafos precedentes, asegurar que el niño que pueda for marse su propia opinión tenga el derecho de expresarla libre ment e en todas las cuestiones que le afecten, especialment e res- pecto de las decisiones acerca de su posible regreso a su familia y ponderar de- bida mente esas opiniones de confor midad con la edad y la madurez del niño.

 

7. Adoptar programas y nor mas especializados para proteger y ayudar a las víct imas de trata de niños. Ha y que proporcionar a los niños asistencia física, sicosocial, jurídica, educacional, de vivienda y de salud adecuada.

 

8. Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y los intereses de las víctimas de trata de niños en todas las etapas de los procesos penales contra los presuntos autores y en los procedimientos para obtener una indemni- zación.

 

9. Proteger, según proceda, la privacidad y la identidad de las víctimas de tra- ta de niños y to mar medidas para que no se difunda informac ión que pueda ser- vir para ident ificarlos.

 

10. Adoptar medidas para impartir capacitación adecuada y apropiada, espe- cialmente legal y sicológica, a quienes trabajen co n víctimas de la trata de ni- ños.

 

 

 

 

Directriz 9: Acceso a recursos

 

 

 

 

La s víctimas de la trata de person as, en su calidad de víctimas de infrac- ciones de los derechos humanos, tienen derecho en el plano internacio- nal a recursos adecuados y apropiados. Sin embargo, ese derecho no siempre está efectivamente a su disposición porque suelen carecer de información acerca de las posibilidades y los mecanismos para obtener una reparación, incluida una indemnización , en casos de trata de per- sonas y actos conexos de explotación. Para rectificar este problem a habría que proporcionar a las víctimas de trata de personas asistencia jurídica y asistencia material de otra índole para que puedan materia- lizar su derecho a recursos adecuados y ap ropiados.

 

Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían considerar la posibilidad de:

 

1. Cerciorarse de que las víctimas de la trata de personas tengan y puedan hacer valer su derecho a recursos justos y adecuados, con inclus ión de los me- dios para la rehabilitación más co mpleta posible. Esos recursos podrán ser de índole penal, civil o administrativa.

 

2. Proporcionar infor mac ió n y asistencia jurídica y de otra índo le para que las víct imas de la trat a de personas t engan acceso a esos recursos. Los proce- dimiento s para ello deberán estar clara mente explicados en un idio ma que puedan entender.

 

3. Tomar disposiciones para que las víctimas de trata de personas permanez- can en condiciones de seguridad en el país en que se int erponga el recurso mientras dure el procedimiento penal, civil o administrativo.

 

Directriz 10: Obligaciones del personal de mantenimiento de la paz, de policía civil, humanitario y diplomático

 

 

 

 

La participación directa o indirecta de personal de mantenimiento de la paz, consolidación de la paz, policía civil, humanitario o diplomático en la trata de personas plantea problemas especiales. Los Estados y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales son res- ponsables por los actos de quienes trabajan bajo su autoridad y tienen por lo tanto la ob ligación de adoptar medidas eficaces para prevenir que sus nacionales y empleados realicen actividad es de trata de perso- nas o actos conexos de explotación. Tienen asimismo la obligación de investigar minuciosamente todas las denun cias de trata de personas o actos conexos de explotación y establecer y aplicar sanciones adecua- das a quienes sean declarados culpables de haber participado en ella.

 

Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían considerar la posibilidad de:

 

1. Cerciorarse de que los programas de capacitación previos y posteriores al despliegue para todo el personal de mantenimiento de la paz, consolidación de la paz, policía civil, humanitario o diplo mático tengan debida mente en cuenta la cuestión de la trata de personas y enuncien claramente el co mportamiento que se espera de él. La capacitación debe prepararse desde el punto de vista de los derechos humanos y estar a cargo de instructores con experiencia adecuada.

 

2. Cerciorarse de que los procedimientos de reclutamiento, colocació n y traslado (incluso para contrat istas y subcontr atistas privados) sean estr ictos y transparentes.

 

3. Cerciorarse de que el personal empleado en el contexto de misiones de mant enimiento de la paz, consolidación de la paz, policía civil, humanit arias o diplo máticas no realicen actividades de trata de personas o actos conexos de explotación ni utilice los servicios de personas respecto de las cuales haya mo- tivos suficientes para sospechar que puedan haber realizado actividades de trata de personas. Esta obligación co mprende también la complicidad en la trata de personas med iante la corrupción o la asociación a una persona o un grupo de personas respecto de los cuales puede haber sospechas razonables de que se de- diquen a la trata de personas o a actos conexos de explotación.

 

4. For mular y aprobar reglamento s y códigos de conducta especiales en que se indiquen las nor mas de co mportamiento previstos y las consecuencias de su incumplimiento.

 

5. Exigir que todo el personal empleado en el contexto de misiones de mante- nimiento de la paz, consolidación de la paz, policía civil, humanit arias o di- plo máticas denuncie los casos de trata de personas y actos conexos de explota- ción que lleguen a su conocimiento.

 

6. Establecer mecanismos para la investigación sist emática de todas las de- nuncias de trata de personas y actos conexos de explotación relativas a personas empleadas en el contexto de misiones de mantenimiento de la paz, consolida- ción de la paz, policía civil, humanitarias o diplo máticas.

 

7. Imponer siste mática mente las sanciones penales, civiles y administrativas que procedan al personal respecto del cual se de muestre que ha participado o ha sido có mplice en actividades de trata de personas o actos conexos de explota-

 

ción. Las organizaciones intergubernament ales y no gubernamentales deber ían, en los casos en que procediera, impo ner sanciones disciplinarias a sus funciona- rios respecto de los cuales se determine que han participado en actividades de trata de personas y actos conexos de explotación además y en for ma separada de las sanciones penales o de otra índole que impo nga el Estado de que se trate. No se podrán hacer valer los privilegios e inmunidades que tenga un empleado para protegerlo de la imposición de sanciones por delitos graves co mo la trata de personas y los delitos conexos.

 

 

 

 

Directriz 11: Coop eración y coordinación entre Estados y regiones

 

 

 

 

La trata de personas es un fenómeno regional y mundial al que no siempre se puede hacer frente eficazmente a nivel nacional; una acción nacional más resuelta puede muchas veces no tener más efecto del que los tra- tantes trasladen sus operaciones a otro país. Puede cab er a la coopera- ción internacional, multilateral y bilateral un importante pap el en la lucha contra la trata de personas y esa cooperación es particularmente importante entre países en que tengan lugar distinta s etapas del ciclo de la trata de person as.

 

Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían considerar la posibilidad de:

 

1. Apro bar acuerdos bilaterales que apunten a prevenir la trata de personas, proteger los derechos y la dignidad de sus víctimas y promover su bienestar.

 

2. Ofrecer, bilateralment e o por conducto de organizaciones mult ilaterales, asistencia técnica y financiera a los Estados y a los sectores de la sociedad civil que corresponda a los efectos de pro mover la formulación y aplicación de estra- tegias de lucha contra la trata de personas basadas en los derechos humano s.

 

3. Preparar tratados regionales y subregionales sobre la trata de personas, uti- lizando el Protocolo de Palermo y las nor mas internacionales pertinent es de de- rechos humano s como base y marco.

 

4. Aprobar acuerdos de migración laboral que incluyan principios mínimos, modelos de contrato, medios de repatriación, etc., de confor midad con las nor- mas int ernacionales vigentes. Se inst a a los Estados a que hagan cumplir efecti- vamente todos esos acuerdos a fin de ayudar a eliminar la trata de personas y actos conexos de explotación.

 

5. Establecer acuerdos de cooperación para facilit ar la rápida ident ificació n de las víctimas de trata de personas, con inclus ión de la difusión y el intercam- bio de infor mación acerca de su nacionalidad y lugar de residencia.

 

6. Establecer mecanismos para facilit ar el intercambio de infor mación acerca de los tratantes y su modus operandi.

 

7. Establecer procedimiento s y protocolos para la realización conjunta de in- vestigaciones proactivas por los agentes del orden de los distintos Estados de que se trate. Como reconocimiento de la utilidad de los contactos directos, habría que inst itu ir la transmisión directa de so licitudes de asist encia entre las autoridades locales co mpetentes a fin de que se atendiera rápida mente a esas

 

solicitudes y de promover el establecimiento de relaciones de cooperación a ni- vel práctico.

 

8. Instituir la cooperación judicial entre Estados en las investigaciones y los procesos judiciales relat ivos a la trata de personas y delitos conexos, especial- mente mediante metodo logías comunes de procesamiento e investigaciones conjunt as. La cooperación debería incluir la asist encia a los efectos de ident ifi- car y entrevist ar testigos teniendo debida ment e en cuent a su seguridad, encon- trar, obtener o preservar pruebas y preparar y not ificar los documento s judicia- les necesarios para obtener pruebas y la co mparecencia de testigos, así co mo asistencia para hacer cumplir los fallos.

 

9. Cerciorarse de que las autoridades del Estado requer ido tramiten sin demo- ra indebida las solicitudes de extradición por delito s relativos a la trata de per- sonas.

 

10. Establecer mecanismos de cooperación para el decomiso del producto de la trata de personas. La cooperación debería incluir la prestación de asist encia pa- ra encontrar, detectar, congelar y deco misar bienes relacionados con la trata de personas y actos conexos de explotación.

 

11. Intercambiar infor mación y experiencias acerca de la ejecución de progra- mas de asistencia, retorno e integración con miras a que surtan los mayores efectos y tengan la mayor eficacia.

 

12. Alentar y facilitar la cooperación entre las organizac iones no gubernamen- tales y otras organizac iones de la sociedad civil en los países de origen, tránsito y dest ino. Ello revist e particular importancia para prestar apoyo y asist encia a las víct imas de la trata de personas que sean repatriadas.