ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

CCIIIO)IHI

 

RESOLUCIÓN 03/08

DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y DIRECTIVA EUROPEA SOBRE RETORNO

 

 

 

Los derechos de los migrantes y sus familias son tema de especial atención y preocupación para la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Es por ello que en

1997 la Comisión estableció su Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y sus

Familias.

 

Las iniciativas de la Comisión en esta área han recibido un fuerte apoyo de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante la Asamblea General de la OEA en junio de 2008, los Estados miembros hicieron hincapié en que la migración es un fenómeno vinculado con el proceso de integración y globalización; que los países de la región son puntos de origen, tránsito y destino de los y las migrantes y que la migración guarda una enorme importancia social y económica en la región.

 

Tanto la Comisión lnteramericana como la Corte lnteramericana de Derechos Humanos han subrayado la necesidad de que se adopten y pongan en práctica políticas migratorias acordes a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A través de su relatoría, y mediante las resoluciones que se han adoptado en diversos casos individuales, la Comisión ha emitido recomendaciones específicas a los Estados miembros de la OEA con el fin de fomentar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, incluyendo las cuestiones relacionadas con la no discriminación, el debido proceso y las salvaguardas procesales básicas, las condiciones de detención en instalaciones para inmigrantes y la obligación de asegurar que las personas en riesgo de persecución no sean devueltas a su país.

 

Considerando que la rniqración tiene impacto en todos los países, es necesario analizarla desde una perspectiva multilateral y multidimensional. Los países de destino, tránsito y origen enfrentan desafíos crecientes a causa de la migración y deben compartir la responsabilidad de resolverlos. Los enfoques unilaterales no ofrecen el tipo de soluciones constructivas que se requieren para resolver estos desafíos y responsabilidades compartidas.

 

En este contexto, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento de la “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio” (Directiva de Retorno), adoptada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2008. Esta Directiva establece como objetivo la creación de normas y procedimientos comunes para el retorno

a sus países de las personas que se encuentren ilegalmente en los países de la Unión Europea. La Comisión lnteramericana considera que esta Directiva genera serias preocupaciones en relación específicamente con la falta de garantías suficientes para que se respeten íntegramente los derechos de los solicitantes de asilo y de otros migrantes.

 

De acuerdo al Derecho Internacional de Derechos Humanos, los países deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación de ningún tipo.

 

La Comisión considera oportuno y necesario reiterar que el Derecho Internacional requiere el establecimiento de garanas sustantivas y procesales efectivas para identificar y proteger los derechos de las personas elegibles para solicitar asilo. La obligación de non­

refou/ement requiere que los países no devuelvan a las personas que estén en riesgo de persecución en sus países de origen; se trata de un principio básico y ampliamente

reconocido del Derecho Internacional. De acuerdo con esta obligacn, los países deben asegurar que sus políticas y prácticas incluyan mecanismos suficientes para identificar solicitudes de este tipo y tomar las determinaciones administrativas y judiciales pertinentes, con las correspondientes garantías de un debido proceso. El Derecho Internacional sobre refugiados y sobre derechos humanos requieren audiencia para quienes solicitan refugio. En caso de rechazarse dicha solicitud, se debe garantizar el acceso a las garantías y protección judiciales para el ejercicio de los recursos judiciales.

 

Como estableció la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y los Derechos de los Migrantes Indocumentados, “el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso se aplica no solo ratione materiae sino también ratione personae sin discriminación alguna.”

 

Asimismo, las normas internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado en cada caso su necesidad. En todos los casos, los estados deben evitar la prolongación excesiva de la detención y deben asegurar que sea lo más breve posible.

 

Como establece el Derecho Internacional, los migrantes no deben ser recluidos en instalaciones carcelarias. El mantener a los solicitantes de asilo y a las personas privadas de libertad a causa de infracción de las disposiciones sobre migración en instalaciones de tipo penal no es compatible con las garantías básicas de Jos derechos humanos.

 

Es necesario que los países proporcionen protecciones o garantías especiales a los migrantes que se encuentran en condiciones particularmente vulnerables. Cuando se toman decisiones respecto a niños y adolescentes debe considerarse en primer lugar el interés superior de ellos. Asimismo, las normas internacionales exigen la adopción de medidas especiales en el caso de personas que han sido sujetas a tráfico o que forman parte de algún otro grupo vulnerable.

 

El Derecho Internacional preque los países tienen tanto el derecho como la obligación de establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio. Al mismo tiempo, establece que las acciones en este sentido deben realizarse con el debido respeto hacia los derechos de las personas afectadas, y que la observancia de principios fundamentales como la no discriminación y
el derecho a la integridad personal no pueden subordinarse a la implementación de los objetivos de las políticas

públicas.

 

Los estándares internacionales, incluidos los aplicados por organismos regionales, deben ser respetados por todos los Estados. En este sentido, la Comisión exhorta al Parlamento y al Consejo de la Unión Europea, así como a los Estados que integran dicha organización, a que modifiquen la Directiva de Retorno para adecuarla con los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los y las migrantes.

e­~

 

 

Paoio a.

Presidente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Sérgio Pinheiro

Comisionado

Sir Ciare K. Roberts

Comisionado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisionado

 

 

 

 

 

Santiag A. Cantan

Secreta io Ejecutivo