Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú

Sentencia de 23 de junio de 2005
(Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Lori Berenson Mejía,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Oliver Jackman, Juez;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza; y
Manuel E. Ventura Robles, Juez.

presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario; y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 59 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve la demanda de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida por la Corte el 25 de noviembre de 2004 en el Caso Lori Berenson Mejía (en adelante “la demanda de interpretación”), presentada por los representantes de la víctima y sus familiares (en adelante “los representantes”) el 2 de marzo de 2005.

I
COMPETENCIA Y COMPOSICIÓN DE LA CORTE

1. El artículo 67 de la Convención establece que
[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos y, para el examen de la demanda de interpretación, debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva (artículo 59.3 del Reglamento). En esta ocasión, la Corte se integra con los jueces que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada por los representantes.

II
INTRODUCCIÓN DE LA DEMANDA DE INTERPRETACIÓN Y SU OBJETO

2. El 2 de marzo de 2005 los representantes interpusieron, de conformidad con los artículos 67 de la Convención y 59 del Reglamento, una demanda, en idioma inglés, de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas. El 11 de marzo de 2005 los representantes presentaron la traducción al español de la referida demanda.

3. En la demanda de interpretación, los representantes señalaron que:

a) en cuanto a la presunta violación del artículo 9 de la Convención, “la Corte concluy[ó] por mayoría que la formulación de[l delito de] colaboración con el terrorismo no presenta las deficiencias observadas respecto al delito de traición a la patria, pero […] no indic[ó] la razón para esta conclusión”, por lo cual solicitaron “saber si la Sentencia afirma que la prueba de una descripción típica de terrorismo basta para sustentar una condena por colaboración con el terrorismo, o si la descripción establecida en el Artículo 2 del Decreto Ley 25.475 representa la definición de terrorismo”;

b) a la luz de la decisión de la Corte en el caso Loayza Tamayo, “[el] segundo juicio que, tras la absolución del Consejo Supremo de Justicia Militar, tuvo lugar [contra la señora Lori Berenson] ante la Sala Civil Antiterrorista sobre los mismos hechos, violó el Artículo 8.4 de la Convención”;

c) el Tribunal debería aclarar si “la determinación de la Corte […] de que la petición formal de [la señora] Lori Berenson para recusar a [un juez por su presunta imparcialidad en el caso], presentada durante el juicio [civil], viol[ó] la ley procesal del [Ilustrado Estado del] Perú [(en adelante “el Estado” o “Perú”)] que exig[ía] la presentación de dichas peticiones antes del juicio, significa que las leyes procesales peruanas pueden anular [el derecho a ser oído por un juez independiente e imparcial] garantizad[o] por el Artículo 8.1 de la Convención”;

d) en cuanto a la presunta violación del derecho a un tribunal competente según el artículo 8.1 de la Convención, “[la señora] Lori Berenson fue juzgada por un tribunal especial ad hoc”, lo cual requiere que la Corte aclare si, de acuerdo con los criterios establecidos en la Sentencia, “debe entenderse que los juicios realizados por tribunales especiales ad hoc de conformidad con el Decreto Ley 25.475 corresponden a un juicio ordinario con un juez natural y que las leyes, los jueces y los procedimientos judiciales son competentes por derecho para realizar juicios penales y condenar a personas acusadas ante ellos”;

e) en cuanto a la supuesta violación del artículo 8.2 de la Convención, “[a]unque la Corte aceptó el hecho de que la Sala Civil Antiterrorista se basó únicamente en la evidencia proveniente de los actos realizados directamente bajo la competencia de la Sala Civil Antiterrorista al decidir su sentencia, no tiene capacidad para corroborarlo puesto que es imposible determinar en la Sentencia de la Sala Civil Antiterrorista qué evidencia se tuvo en cuenta, si acaso se tuvo en cuenta alguna evidencia, al declarar la culpabilidad de [la señora] Lori Berenson”. En este sentido la Corte debería aclarar si la Sentencia “indica que el tribunal de un Estado que ha condenado a un acusado y ha admitido claramente la existencia de evidencia ilegal en el expediente puede evitar su responsabilidad de haber violado el Artículo 8.2 de la Convención, con simplemente declarar que no se fundamentó en evidencia ilegal alguna y que evaluó serenamente la evidencia que era ligeramente defectuosa, sin aclarar en qué evidencia basó la condena”;

f) “[p]areciera que la Sentencia suprime toda necesidad de que el Perú cumpla con el Artículo 2 de la Convención y de que se ajusten las disposiciones del Decreto Ley 25.475, incluido el Artículo 4, para observar los requisitos del Artículo 9 de la Convención mediante la definición adecuada del terrorismo o los actos terroristas con los cuales se prohíbe colaborar[, por lo que] Perú no tendrá necesidad de cumplir, salvo que se aclare el significado y alcance de la Sentencia y que la interpretación cambie la impresión creada”;

g) “[l]a Corte se rehusó a considerar muchas [pretensiones] realizadas por la [señora Lori] Berenson en este caso”, por lo que “da muestra del favoritismo de la Corte hacia el Estado, a menos que se aclare el significado de estas decisiones de la Corte y se cambie esta impresión”; y

h) “queda la impresión generalizada de que, debido a presiones políticas, la Corte cambió su opinión en uno de los casos más publicitados y politizados en los que debió fallar[, por lo cual] la Corte debe aclarar las medidas tomadas y así modificar la idea que crearon los informes de los medios de comunicación respecto a que la Corte cambió su decisión a causa de la presión política. De lo contrario, la Corte debe anular la Sentencia y determinar que se han violado una o más de las disposiciones de la Convención, tal como lo determinara la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)]”.

III
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

4. El 16 de marzo de 2005, conforme al artículo 59.2 del Reglamento, la Secretaría de la Corte transmitió copia de la demanda de interpretación a la Comisión Interamericana y al Perú y les otorgó, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), un plazo de dos meses, contado a partir de la recepción de la misma, para que la Comisión y el Estado presentaran los alegatos escritos que estimaran pertinentes.

5. El 16 de mayo de 2005 la Comisión presentó sus alegatos escritos, en los que consideró que:

a) había presentado “sus argumentos de hecho y de derecho en el caso, en relación con los cuales la […] Corte se pronunció en su [S]entencia”;

b) “[e]n tal [S]entencia, así como en los votos disidente y separado concurrente respectivos, se acogieron algunos de los argumentos de la Comisión, y se desecharon otros, en fallo que conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana […] es ‘definitivo e inapelable’”; y

c) “la demanda de interpretación interpuesta por los representantes de la víctima no cumple con los extremos que la […] Corte ha requerido hasta ahora en su jurisprudencia para la procedencia de demandas de interpretación”.

6. El 17 de mayo de 2005 el Perú presentó sus alegatos escritos, en los que:

a) señaló que los representantes, “bajo el nombre de una demanda de interpretación[,] presenta[ron] […] un escrito que contiene, en el fondo, un recurso encubierto de impugnación no previsto en el ordenamiento jurídico de la Corte”;

b) “protest[ó] por los términos empleados en [la demanda de interpretación] por considerarlos ofensivos a la investidura de la […] Corte”; y

c) solicitó que la Corte declarara “infundada la demanda [de interpretación], porque las preguntas que contiene no corresponden a la naturaleza de los procedimientos de interpretación de sentencias”.

IV
ADMISIBILIDAD

7. Corresponde a la Corte verificar si los términos de la demanda de interpretación cumplen con las normas aplicables.

8. El artículo 67 de la Convención establece que
[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

9. El artículo 59 del Reglamento establece, en lo conducente, que:

1. [l]a demanda de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de fondo o de reparaciones y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en ella, con precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida.

[…]

4. La demanda de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia.

5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una sentencia.

10. El artículo 29.3 del Reglamento estable que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.

11. Al examinar los argumentos de los representantes (supra, párr. 3), esta Corte advierte que, bajo la apariencia de una demanda de interpretación, se pretende la modificación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas pronunciada por este Tribunal el 25 de noviembre de 2004 en el caso Lori Berenson Mejía, ya que los representantes se limitan a someter nuevamente a la Corte cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales este Tribunal ya adoptó decisión.

12. Tal y como lo ha señalado anteriormente este Tribunal, una demanda de interpretación de una sentencia no debe utilizarse como un medio de impugnación sino únicamente debe tener como objeto desentrañar el sentido de un fallo cuando una de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva y, por tanto, no se puede pedir la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una demanda de interpretación .

13. Asimismo, este Tribunal ha expresado anteriormente que el análisis de sus sentencias y resoluciones, así como el estudio comparativo de su jurisprudencia, es una tarea eminentemente académica, ajena a las funciones de esta Corte y a lo previsto en el artículo 67 de la Convención .

14. En razón de todo lo anteriormente expuesto, la demanda de interpretación debe ser desestimada toda vez que no se adecua en sus términos a lo previsto en el artículo 67 de la Convención y en los artículos 29.3 y 59 del Reglamento.

Por las razones expuestas,

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

De conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 29.3 y 59 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

DECIDE:

Por unanimidad,

1. Desestimar por improcedente la demanda de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas de 25 de noviembre de 2004 en el Caso Lori Berenson Mejía, interpuesta por los representantes de la víctima y sus familiares.

2. Continuar la supervisión del cumplimiento de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas de 25 de noviembre de 2004 en el Caso Lori Berenson Mejía, en los términos establecidos en el párrafo 247 de dicho fallo.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 23 de junio de 2005.
Sergio García Ramírez
Presidente

Alirio Abreu Burelli Oliver Jackman

Antônio A. Cançado Trindade Cecilia Medina Quiroga

Manuel E. Ventura Robles

Pablo Saavedra Alesandri
Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Sergio García Ramírez
Presidente

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario