Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Palamara Iribarne Vs. Chile
Sentencia de 22 de noviembre de 2005
(Fondo Reparaciones y Costas)
En el caso Palamara Iribarne,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:
Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Oliver Jackman, Juez;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez; y
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1. El 13 de abril de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Chile (en adelante “el Estado” o “Chile”), la cual se originó en la denuncia No. 11.571, recibida en la Secretaría de la Comisión el 16 de enero de 1996.
2. La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derechos Interno) de la misma, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne. Los hechos expuestos en la demanda se refieren a la supuesta prohibición, en marzo de 1993, de la publicación del libro del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, titulado “Ética y Servicios de Inteligencia”, “en el cual abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar y la necesidad de adecuarla a ciertos parámetros éticos”; la presunta incautación de los ejemplares del libro, los originales del texto, un disco que contenía el texto íntegro y la matricería electroestática de la publicación, todo efectuado en la sede de la imprenta donde se publicaba el libro; así como la supuesta eliminación del texto íntegro del libro del disco duro de la computadora personal que se encontraba en el domicilio del señor Palamara Iribarne, y a la incautación de los libros que se encontraban en dicho domicilio. Según lo indicado por la Comisión “el señor Palamara Iribarne, oficial retirado de la Armada chilena, se desempeñaba en el momento de los hechos como funcionario civil de la Armada de Chile en la ciudad de Punta Arenas”. La Comisión indicó que al señor Palamara Iribarne “lo sometieron a un proceso por dos delitos de desobediencia y fue condenado por ello”, y “dio una conferencia de prensa producto de la cual fue procesado y en definitiva condenado por el delito de desacato”.
3. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó al Tribunal que ordene al Estado el reintegro de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano.
II
COMPETENCIA
4. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Chile es Estado Parte en la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte ese mismo día.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
5. El 16 de enero de 1996 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó una denuncia ante la Comisión.
6. El 10 de octubre de 2001 la Comisión aprobó el Informe Nº 77/01, mediante el cual declaró admisible el caso. El 19 de octubre de 2001 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.
7. El 4 de marzo de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 20/03, mediante el cual recomendó al Estado:
1. Restituir a Humberto Palamara en el goce de sus derechos vulnerados y reintegrar los libros incautados.
2. Reparar adecuadamente a Humberto Palamara Iribarne por las violaciones de los derechos humanos […] establecidas [en el informe].
3. Impulsar las medidas conducentes para adecuar la legislación interna a las normas de la Convención Americana en materia de libertad de expresión, en particular la derogación del delito de desacato.
8. El 13 de marzo de 2003 la Comisión transmitió el referido informe al Estado y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas con el fin de cumplir las recomendaciones formuladas.
9. El 13 de marzo de 2003 la Comisión comunicó a CEJIL la aprobación del informe de conformidad con el artículo 50 de la Convención y le solicitó que presentara, dentro del plazo de un mes, su posición sobre el sometimiento del caso a la Corte.
10. El 14 de abril de 2003 CEJIL presentó un escrito en el que solicitó a la Comisión que, en el supuesto de que el Estado no cumpliera con las recomendaciones formuladas en su informe, sometiera el caso a la Corte.
11. El 16 de mayo de 2003 el Estado solicitó una prórroga de 30 días para presentar las observaciones al Informe de Fondo No. 20/03 emitido por la Comisión (supra párr. 7), la cual fue concedida por la Comisión hasta el 5 de junio de 2003.
12. El 12 de junio de 2003 el Estado solicitó una nueva prórroga para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión en el referido informe No. 20/03 (supra párr. 7) y señaló que “renuncia expresamente a interponer una excepción preliminar respecto del cumplimiento del plazo previsto por el […] artículo 51.1 de la Convención Americana”, en el entendido que la prórroga suspende dicho plazo.
13. El 7 de agosto de 2003 el Estado solicitó una nueva prórroga de dos meses para dar cumplimiento a las mencionadas recomendaciones de la Comisión emitidas en el referido Informe No. 20/03 (supra párr. 7), la cual fue otorgada hasta el 12 de octubre de 2003.
14. El 7 de octubre de 2003 el Estado remitió información a la Comisión en respuesta a las recomendaciones del Informe de fondo Nº 20/03 (supra párr. 7) y solicitó una prórroga de tres meses “para ponerle término a[l…] caso, debido al avance de las conversaciones y […] la disposición del señor Palamara” y del Estado. Dicha prórroga fue otorgada hasta el 12 de enero de 2004. El 5 de enero de 2004 el Estado solicitó otra prórroga para informar sobre las recomendaciones de la Comisión, la cual fue concedida hasta el 12 de abril de 2004.
15. El 13 de abril de 2004, después de vencido el plazo para que el Estado presentara información sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión en su Informe de fondo 20/03 (supra párr. 7), la Comisión decidió someter el caso a la Corte.
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
16. El 13 de abril de 2004 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a los señores Evelio Fernández Arévalo, Santiago A. Canton y Eduardo Bertoni, y como asesoras legales a la señoras Andrea Galindo y Lilly Ching.
17. El 20 de mayo de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.b) del Reglamento, la notificó junto con los anexos al Estado y le informó sobre el plazo para contestarla y designar su representación en el proceso.
18. El 20 de mayo de 2004 la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.d) y e) del Reglamento, notificó la demanda al señor Humberto Palamara Iribarne, a sus representantes, abogados de CEJIL (en adelante “los representantes”), y les indicó el plazo para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
19. El 16 de junio de 2004 el Estado designó como Agente a la señora Amira Esquivel Utreras y al señor Miguel Ángel González Morales como Agente alterno.
20. El 19 de julio de 2004 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial.
21. El 16 de septiembre de 2004 el Estado presentó el escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, al cual no adjuntó prueba.
22. El 12 de enero de 2005 la Secretaría remitió una nota a Chile, siguiendo instrucciones del Presidente, con el propósito de comunicarle que, debido a que la Jueza Cecilia Medina Quiroga, de nacionalidad chilena, se excusó de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19 del Estatuto y 19 del Reglamento de la Corte, el Estado tenía derecho a designar, en el plazo de treinta días, un juez ad hoc para que participara en la consideración de este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Convención Americana, el artículo 10.3 del Estatuto de la Corte y el artículo 18 de su Reglamento. El Estado no realizó tal designación.
23. El 18 de marzo de 2005 el Presidente emitió una Resolución, mediante la cual requirió que los señores Anne Stewart Orlandini, Fernando Palamara Stewart, Humberto Palamara Stewart y Raimundo Palamara Stewart, propuestos como testigos por los representantes, prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). También requirió que el señor Carlos Peña Gonzalez, propuesto como perito por la Comisión y por los representantes, y los señores Cristian Riego Ramírez y María Inés Horvitz, propuestos como peritos por los representantes, prestaran sus dictámenes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). Asimismo, en dicha Resolución el Presidente convocó a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la ciudad de Asunción, Paraguay, en la sede de la Corte Suprema de Justicia de ese país el día 9 de mayo de 2005, para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como la declaración testimonial del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, propuesto como testigo por la Comisión y por los representantes, las declaraciones testimoniales de los señores Manuel González Araya y Carlos Vega Delgado, propuestos como testigos por los representantes, así como el dictamen pericial del señor Alex Avsolomovich Callejas, propuesto como perito por la Comisión y por los representantes. Además, en esta Resolución el Presidente informó a las partes que contaban con plazo hasta el 9 de junio de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
24. El 6 de abril de 2005 los representantes presentaron un escrito, mediante el cual solicitaron, entre otros, “[q]ue se autori[zara] a los peticionarios a que el perito Cristian Riego emita su peritaje en audiencia pública”.
25. El 7 de abril de 2005 los representantes de la presunta víctima presentaron un escrito, mediante el cual solicitaron “autorización para que [las] declaraciones [de los testigos Manuel González Araya y Carlos Vega Delgado, convocados por el Presidente para comparecer en audiencia pública,] se rind[ier]an mediante declaración jurada realizada ante un Notario Público”.
26. El 11 de abril de 2005 el Estado remitió dos escritos, mediante los cuales manifestó que “no t[e]n[ía] inconveniente en que el perito […] Riego Ramírez rind[ier]a su dictamen en la audiencia pública de[…] 9 de mayo [de 2005]”. Asimismo, el Estado expresó “su negativa a la solicitud” de que los testigos González Araya y Vega Delgado rindieran su testimonio mediante declaración jurada realizada ante un notario público.
27. El 13 de abril de 2005 la Comisión Interamericana presentó un escrito, mediante el cual indicó que “no tiene objeciones que formular” respecto de la solicitud de los representantes de que el dictamen del perito Riego Ramírez sea rendido en audiencia pública, así como que los testigos Manuel González Araya y Carlos Vega Delgado, convocados por el Presidente de la Corte para comparecer en audiencia pública, rindan su testimonio mediante declaración jurada realizada ante un notario público (supra párrs. 24 y 25).
28. El 20 de abril de 2005 los representantes presentaron copia del dictamen pericial rendido ante una “receptora judicial de la República de Chile” por la señora María Inés Horvitz (supra párr. 23). El 29 de abril de 2005 los representantes presentaron los anexos a este dictamen.
29. El 22 de abril de 2005, luego de una prórroga otorgada por el Presidente, los representantes presentaron copia del dictamen pericial rendido ante fedatario público (affidávit) por el señor Carlos Peña González y de la declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Raimundo Jesús Palamara Stewart (supra párr. 23). Al día siguiente los representantes presentaron un escrito en el cual indicaron que decidieron “desistir[…] de la declaración de los testigos” Manuel González Araya y Carlos Vega Delgado (supra párr. 23 y 25).
30. El 28 de abril de 2005 el Presidente emitió una Resolución, mediante la cual decidió, inter alia: 1) aceptar el desistimiento realizado por los representantes de las declaraciones testimoniales de los señores Manuel González Araya y Carlos Vega Delgado, y prescindir de la presentación de dicha prueba (supra párr. 29); y 2) convocar al perito Cristian Riego Ramírez, propuesto por los representantes, para que rindiera su dictamen en la audiencia pública que se celebraría el 9 de mayo de 2005, la cual fue convocada por el Presidente mediante Resolución de 18 de marzo de 2005 (supra párrs. 23 y 24).
31. El 29 de abril de 2005 los representantes presentaron un escrito y su anexo, mediante los cuales comunicaron que “con fecha 27 de abril [de 2005] el perito […] Alex Avsolomovic[h …] informó que se vería imposibilitado de viajar a Asunción, Paraguay para rendir su pericia en estrados[,] dado que se someter[ía] a una intervención quirúrgica […]” y solicitaron “que se le autori[zara] emitir su dictamen ante fedatario público”.
32. El 29 de abril de 2005 la señora Anne Ellen Stewart Orlandini presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales remitió copia de las declaraciones juradas rendidas por ella y sus hijos Humberto Antonio y Fernando Alejandro, ambos de apellidos Palamara Stewart, en respuesta a lo dispuesto en la Resolución que emitió el Presidente el 18 de marzo de 2005 (supra párr. 23). El 6 de mayo de 2005 la señora Anne Ellen Stewart Orlandini remitió copia de las declaraciones juradas legalizadas.
33. El 29 de abril de 2005 la Comisión Interamericana presentó un escrito, en el cual indicó que “no t[e]n[ía] observaciones que formular a [las] declaraciones juradas” de la perito María Inés Horvitz y del testigo Raimundo Jesús Palamara Stewart (supra párrs. 28 y 29).
34. El 2 de mayo de 2005 el Estado remitió sus observaciones al dictamen pericial rendido ante fedatario público (affidávit) por el señor Carlos Peña González (supra párr. 29).
35. Los días 4 y 5 de mayo de 2005 el Estado remitió, respectivamente, sus observaciones “al peritaje de la señora María Inés Horvitz” (supra párr. 28), así como a las declaraciones de los testigos Anne Ellen Stewart Orlandini, Raimundo Jesús Palamara Stewart, Humberto Antonio Palamara Stewart y Fernando Alejandro Palamara Stewart (supra párrs. 29 y 32).
36. El 9 de mayo de 2005 se celebró la audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, en la cual comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Evelio Fernández Arévalo, delegado; Eduardo Bertoni, delegado; Víctor H. Madrigal Borloz y Lilly Ching, asesores; b) por los representantes de la presunta víctima: Liliana Tojo, Julieta Di Corleto y Francisco Cox Vial, abogados de CEJIL; c) por el Estado de Chile: Amira Esquivel Utreras, Agente; Miguel Ángel González Morales, Agente alterno; y Patricio Aguirre Vacchieri. Asimismo, comparecieron ante la Corte la presunta víctima, señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, testigo propuesto por la Comisión y por los representantes, y el señor Cristian Riego Ramírez, perito propuesto por los representantes y convocados por el Presidente (supra párrs. 23 y 30). Asimismo, la Corte escuchó los alegatos finales de la Comisión, los representantes y el Estado.
37. El 3 de junio de 2005 los representantes presentaron un escrito y un anexo, mediante los cuales remitieron una copia de la declaración jurada del perito Alex Avsolomovich Callejas e indicaron que “lamenta[ban] la tardanza en su entrega pero recién ha[bía] sido remitid[a] luego de la operación a la cual fue sometido el […] Perito” (supra párrs. 23 y 31).
38. El 10 de junio de 2005 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual indicó que “no tiene observaciones que formular” a la declaración jurada del perito Alex Avsolomovich Callejas (supra párr. 37).
39. El 15 de junio de 2005 Chile presentó sus observaciones a la declaración jurada del perito Alex Avsolomovich Callejas (supra párr. 37).
40. El 23 de junio de 2005 los representantes presentaron sus alegatos finales escritos sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
41. El 28 de junio de 2005 la Comisión Interamericana y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
42. El 18 de agosto de 2005 el Estado presentó un escrito, mediante el cual informó “que el poder legislativo chileno ha aprobado la reforma normativa que elimina la figura del desacato” e indicó que el “texto final del proyecto de reforma” sería remitido en cuanto fuera publicado en el Diario Oficial.
43. El 9 de septiembre de 2005 el Estado remitió un escrito y sus anexos, mediante los cuales presentó copia del texto de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas de Chile, e indicó que “es un antecedente relevante para la resolución del caso y ha [sido] citada reiteradamente en este caso”. Asimismo, Chile adjuntó a dicho escrito una copia del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, del Reglamento de Disciplina de la Armada y una copia de los artículos 299 a 339 del Código de Justicia Militar Comentado.
44. El 16 de septiembre de 2005 el Estado presentó un escrito y un anexo, mediante los cuales remitió una copia del texto de la Ley No. 20.048 y señaló que dicha Ley “eliminó la figura del desacato en la legislación chilena”. El 19 de septiembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó un plazo hasta el 3 y 10 de octubre de 2005 para que los representantes y la Comisión presentaran, respectivamente, las observaciones que estimaran pertinentes al referido escrito y su anexo.
45. El 3 de octubre de 2005 los representantes presentaron un escrito, mediante el cual remitieron sus observaciones al escrito presentado por el Estado y a su anexo (supra párr. 44). El 11 de octubre de 2005 la Comisión presentó sus observaciones al referido escrito remitido por el Estado y su anexo.
46. El 18 de octubre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, remitió al Estado una nota, mediante la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento del Tribunal, le requirió que presentara la siguiente información: recurso de protección interpuesto por la esposa del señor Palamara Iribarne ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y el expediente completo de ese proceso; denuncia que inicia el proceso por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares ante el Juzgado Naval de Magallanes; resolución emitida por el Comandante en Jefe de la Armada Nacional el 28 de mayo de 1993, en la que dispone el término anticipado del contrato de trabajo del señor Palamara Iribarne; y dictamen No. 34.913 de 20 de diciembre de 1993, relativo a la fecha de término anticipado del contrato del señor Palamara Iribarne.
47. El 31 de octubre de 2005 el Estado remitió un escrito y sus anexos, mediante los cuales presentó la información solicitada por el Presidente de la Corte el 18 de octubre de 2005.
V
PRUEBA
48. Antes de examinar las pruebas ofrecidas, la Corte formulará, a la luz de lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones desarrolladas en la jurisprudencia del Tribunal y aplicables a este caso.
49. En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las partes. El artículo 44 del Reglamento contempla este principio, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes .
50. Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa procesal en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito las partes deben señalar qué pruebas ofrecerán. Además, en ejercicio de las potestades discrecionales contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, la Corte o su Presidente podrán solicitar a las partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor resolver, sin que ello se traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o complementar los alegatos, salvo que el Tribunal lo permita expresamente .
51. La Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, no ha adoptado una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es válido para los tribunales internacionales de derechos humanos, que disponen de amplias facultades en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia .
52. Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver que les fue solicitada por el Presidente, así como la prueba pericial y testimonial rendida ante la Corte durante la audiencia pública, todo lo cual conforma el acervo probatorio del presente caso. Para ello el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente.
A) PRUEBA DOCUMENTAL
53. Entre la prueba documental presentada por las partes, tanto la Comisión como los representantes remitieron declaraciones testimoniales y dictámenes periciales escritos, algunos rendidos ante fedatario público, en respuesta a lo dispuesto por el Presidente en su Resolución de 18 de marzo de 2005 (supra párr. 23). Además, los representantes remitieron un dictamen pericial escrito de un perito que había sido convocado a rendir su dictamen en audiencia pública (supra párrs. 23, 31 y 37). Dichas declaraciones testimoniales y dictámenes se resumen a continuación.
TESTIMONIOS
a) Propuestos por los representantes
1. Anne Ellen Stewart Orlandini, cónyuge de la presunta víctima
Se encuentra casada con Humberto Antonio Palamara Iribarne, con quien tiene tres hijos. En febrero de 1993 vivía con su marido en la ciudad de Punta Arenas de Chile. Su esposo era oficial de marina en retiro, “empleado civil a contrata” y trabajaba “en la Comandancia en jefe de la Tercera Zona Naval, con asiento en Punta Arenas”.
En 1993 su marido intentó publicar el libro “Ética y Servicios de Inteligencia” y ella financió dicha publicación. Las “facturas de todo fueron hechas a nombre de [su e]mpresa”. Los beneficios finales eran para su familia. Tuvo que pagar los impuestos respectivos, no obstante “[los libros] no se publicaran nunca”.
La noche del 1 de marzo de 1993 varios oficiales de la Armada llegaron a su casa, “se llevaron preso a [su] marido” y los libros, alegando que “vulneraban la seguridad nacional”. “[S]e metieron en el computador de [su] esposo y lo borraron todo sin [que le presentaran] ningún papel que autorizara nada”. Desde ese momento “comenzó una verdadera pesadilla”, dado que “a cada rato” se llevaban detenido a su marido y lo incomunicaban. Todo ello se produjo en presencia de los niños. Incluso una noche entraron a la oficina particular donde tenía su empresa y “borraron el disco duro del computador”.
Al ser “la dueña de los libros” presentó una demanda contra la Armada de Chile ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, mediante la cual solicitó que “no limitaran [su] derecho a comercializar [sus] libros”, dado que es una persona civil. Dicha Corte se consideró inhabilitada, ya que el “problema estaba en la justicia militar”, por lo que la “dejaron en la indefensión, […] ya que al ser civil no [la] juzgan los militares y la justicia civil [la] dejó sola”.
Se iniciaron tres procesos en contra de su marido ante el Juzgado Naval de Punta Arenas, dos por desobediencia porque no quería entregar los libros y uno por desacato. La testigo declaró “varias veces” en dichos procesos ante el actuario, pero nunca ante un juez.
Los procesos seguidos contra su marido afectaron la vida de cada uno de los integrantes de su familia. Todo cambió por una actitud de la Armada contra su marido y contra su familia. Sus amigos dejaron de hablarles. Un miembro de la Armada le transmitió la amenaza de “meter[la] a la cárcel si volvía a decir algo en contra del Almirante Bruna”.
Los mencionados procesos y las posteriores condenas afectaron la vida privada de su marido, dado que quienes fueron sus compañeros y amigos desde que entró en la Escuela Naval lo juzgaban por escribir un libro. Su marido no podía confiar en nadie. En una ocasión hubo una “invitación” para que su marido se internara en el Hospital Naval de Punta Arenas “para que no lo acosaran los periodistas”. No aceptaron dicha “invitación”, ya que su marido había salido el día anterior de detención y era “un claro intento para sacarlo del medio”.
En uno de los procesos se impuso prisión preventiva a su marido, por lo cual se “quedaba sola con sus 3 niñitos de 9, 8 y 6 años”. Tuvo que seguir trabajando para cubrir los gastos del hogar, dado que a su marido “le retuvieron el sueldo”. A los niños también les afectó mucho que apresaran a su padre sin avisar. “[L]legaban a [su] casa con camionetas apuntándo[l]os con metralletas”. Esto sucedió incluso después de haber dejado la base naval.
Durante la tramitación de los procesos seguidos contra su marido tuvo que arrendar una casa particular fuera de la base naval, debido a que, cuando su marido estaba preso, le avisaron “un día martes que el viernes de esa misma semana tenía[n] que abandonar el departamento naval”.
Luego del inicio del proceso judicial contra su esposo les negaron el ingreso a recintos navales. En una ocasión “[la] echaron” junto a sus hijos, cuando quiso ser atendida en el Hospital Naval de Punta Arenas. Varios años después perdió una oportunidad laboral, ya que le negaron el ingreso a los museos navales.
2. Fernando Alejandro Palamara Stewart, hijo de la presunta víctima
Es hijo del señor Humberto Palamara Iribarne y de la señora Anne Stewart Orlandini. En 1993 tenía 9 años, cuando unos compañeros de su padre “llegaron” en la noche y se llevaron los libros que se encontraban en el “living” de su casa. Se “metieron” en la computadora de la casa y posteriormente detuvieron a su padre. No sabe si tenían una orden de allanamiento.
En 1993 vivían en una población naval en Punta Arenas, en donde jugaba con los “hijos de marinos”. Después de iniciados los procesos judiciales en contra de su padre, los vecinos “ya no se juntaban” con ellos y decían que su padre era “un traidor”. Le afectaba mucho que hablaran mal de su padre. Lo que tiene “más grabado” fue “cuando se […] llevaban preso” a su padre e iban a su casa “con metralletas[,] como si él fuera un terrorista”. No sabía por qué se llevaban preso a su padre, ni por qué por escribir un libro “todos se volviér[on] locos”.
La relación con su padre se volvió difícil, ya que éste “se puso más nervioso” por la situación que le tocó vivir.
3. Humberto Antonio Palamara Stewart, hijo de la presunta víctima
Es hijo del señor Humberto Palamara Iribarne y de la señora Anne Stewart Orlandini. En 1993 tenía 8 años y vivía con sus padres. Su padre había escrito un libro. Una noche llegaron a su casa “unos compañeros de [su padre] y se llevaron todos los libros que estaban en el living de [su] casa”, se lo “llevaron preso” y “borraron” el computador. No sabe si las personas que ingresaron a su casa tenían una orden de allanamiento.
Después de esos hechos sus padres se separaron, y él se tuvo que ir a vivir a casa de sus abuelos en Viña del Mar con su madre Anne y sus hermanos, mientras su padre vivía con su abuela. No entendía mucho lo que estaba ocurriendo con su familia, pero se pudo percatar de que su padre se encontraba nervioso y que no pasaba mucho tiempo con su familia.
4. Raimundo Jesús Palamara Stewart, hijo de la presunta víctima
Es hijo del señor Humberto Palamara Iribarne y de la señora Anne Stewart Orlandini. En 1993 tenía 6 años y vivía con sus padres. Su padre había escrito un libro. Una noche, antes de poder venderlo, unos marinos llegaron a su departamento de Punta Arenas y se llevaron los libros y arrestaron a su padre. No sabe si tenían una orden de allanamiento. Su vida se vio afectada porque “pasa[ron] a ser los raros” y sus amigos “dejaron de juntarse” con ellos. Además, se tuvieron que cambiar de casa. “[C]ada cierto tiempo llegaban unos marinos […] y se […] llevaban preso [a su padre]”. Su padre se fue a Valparaíso porque no encontró trabajo en Punta Arenas. El resto de la familia se iba a quedar en Puntarenas “hasta fin de año para terminar el colegio”, pero por “problemas económicos” se tuvieron que ir a Viña del Mar en octubre. Esto lo afectó porque ningún colegio lo quería aceptar, dado que era final de año. Al año siguiente ocurrió lo mismo porque no sabía leer. Sus padres no volvieron a estar juntos. Actualmente vive con su padre y está “terminando el colegio”, en el que “est[á] atrasado dos años”. Su madre vive en España con sus dos hermanos mayores.
Su padre prácticamente tiene vetada su profesión de ingeniero naval, dado que ninguna empresa naviera lo contrata por la estrecha vinculación que tiene con la Armada, por lo cual siempre está urgido de dinero.
PERITAJES
a) Propuestos por la Comisión Interamericana y por los representantes
1. Carlos Peña Gonzáles, abogado
El delito de desacato en la legislación chilena se encuentra vigente en los artículos 263 y 264 del Código Penal Tercero. Es un delito propio del derecho penal común, el cual se configura “al ejecutar hechos o proferir expresiones desdorosas o injuriosas contra órganos en los que radica el poder estatal y contra ciertas autoridades públicas” y tiene sanciones agravadas.
En Chile se ha derogado el desacato en las leyes especiales, se mantiene en el derecho penal común y hay iniciativas de proyectos de ley “extremadamente restrictivas de la libertad de expresión”. Para adecuar la legislación chilena a los estándares internacionales, además de derogar el desacato, se requiere disminuir el estándar de protección a los funcionarios públicos, “cuando así lo requiera el interés público”. Las consecuencias de la aplicación del delito de desacato son, por un lado, la sanción penal y, por el otro, “la inhibición de la crítica vigorosa y abierta” a las autoridades que ejercen funciones públicas.
El delito de desacato impide la emisión y circulación de discursos que forman parte del diálogo democrático y del escrutinio que los ciudadanos deben hacer, lo cual ha contribuido a “sacralizar las instituciones”, de manera que puedan ser inmunes a la crítica ciudadana.
Además, el artículo 89 de la Ordenanza de la Armada chilena limita la libertad de expresión de los miembros de las fuerzas armadas. La publicación de un libro por parte de un empleado civil no “cae, en rigor”, dentro de los presupuestos de este artículo, el cual debería interpretarse restrictivamente, dado que “[u]n libro […] debe estimarse [como] una forma de creación artística o intelectual diversa y distinta a la enumeración que el precepto contiene”.
2. Alex Avsolomovich Callejas, abogado
La Constitución, las leyes y reglamentos del ordenamiento jurídico chileno excluyen la posibilidad de que un empleado civil a contrata pueda ser considerado militar, “aún menos para el efecto de considerarlos sujetos activos de delitos que sólo pueden ser cometidos por militares”. Sólo “pueden ser militares las personas cuyas plazas están contempladas en las plantas o dotaciones de las Fuerzas Armadas”, las cuales están contenidas en las leyes de planta. Dichas leyes “consideran el número de personas que integran cada uno de […] los escalafones de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas”, quienes constituyen “la dotación permanente”. Las plazas de los “empleados civiles a contrata” no se encuentran contempladas en las leyes de planta, no integran escalafón, son de renovación anual y no forman parte de las dotaciones de las Fuerzas Armadas.
El artículo 91 de la Constitución Política chilena establece que, por regla general, “el ingreso a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas” se debe realizar “a través de las escuelas oficiales y de personal de tropa”. La excepción a dicha norma de la Constitución consiste en “los escalafones profesionales y de ‘empleados civiles’ que determine la ley”, para evitar el aumento de las dotaciones vía reglamento.
Sería absurdo que se extendiera la aplicación del artículo 6 del Código de Justicia Militar y se considerara militar “a toda persona por el sólo hecho de incorporase a una repartición de las Fuerzas Armadas”.
El artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas No. 18.948, entre otros, indica que “el personal de planta de las Fuerzas Armadas está constituido por oficiales, cuadro permanente y gente de mar y empleados civiles (no empleados civiles a contrata)”. Además, en su artículo 3 señala que el personal a contrata desempeña un “empleo de carácter transitorio”. Asimismo, el artículo 6 del Código de Justicia Militar considera militares a quienes se encuentren comprendidos en las leyes de planta o dotación del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros; y a los alumnos de los dos últimos años de estudio en las Escuelas de alguna de las Fuerzas Armadas.
Incluso, los empleados civiles considerados en las leyes de planta y que se incorporan a las dotaciones de las Fuerzas Armadas, únicamente se encuentran sujetos a la jurisdicción militar en la eventualidad que cometan delitos comunes “en estado de guerra o campaña”, en actos de servicio, en el “recinto militar”, o cuando cometan delitos militares que no requieren la calidad de militar, como por ejemplo el “robo de especies militares”.
b) Propuestos por los representantes de la presunta víctima:
3. María Inés Horvitz, abogada
La jurisdicción militar chilena es la más extensa en materia de juzgamiento a civiles en Latinoamérica, por la amplitud con que el artículo 5 del Código de Justicia Militar chileno define lo que se considera delito militar, así como por la definición de quiénes se consideran militares según los artículos 6 y 7 de dicho código. Entre las causas que ingresaron entre 1990 y 1996 existe un mayor número de imputados civiles que militares.
Considera que la prohibición de publicar un libro establecida en el artículo 89 de la Ordenanza de la Armada es inconstitucional y “no podría afectar […] a un empleado civil a contrata”. Al no haber sido declarada su inconstitucionalidad, dicho artículo debe interpretarse de manera restrictiva y aplicarse a militares.
Los jueces, fiscales y auditores que conforman la estructura de la justicia militar chilena son militares en actividad, pertenecen a un escalafón especial de la justicia militar que mantiene su posición de subordinación y dependencia dentro de la jerarquía militar. Los jueces militares carecen de preparación técnica para el cargo. En la práctica, los auditores, quienes son abogados, “dictan” las sentencias, pero están subordinados al mando militar, lo que los priva de independencia e imparcialidad. Los fiscales son abogados, pero “tienen un grado inferior en jerarquía que los jueces y auditores”. Los mecanismos de remoción se encuentran subordinados a la decisión del superior jerárquico. Es habitual que “los fiscales sean removidos de una investigación ‘por necesidades del servicio militar’, sin expresión de mayor fundamento”. Esto hace que no se cumplan las garantías del juez natural ni de la inamovilidad de los miembros del tribunal.
La Corte Marcial de la Armada tiene su sede en Valparaíso y está conformada por dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, elegidos por sorteo anual; un auditor general de la Armada y un oficial de la Armada en servicio activo en la misma institución. En 1991 hubo un intento de conferir un mayor grado de independencia e imparcialidad a los miembros militares activos que integran las Cortes Marciales, a través de una modificación legal que “confirió inamovilidad a los integrantes de estas cortes que no fueran ministros de Corte de Apelaciones, […] por el plazo de tres años contados desde que asumieran sus funciones”.
El procedimiento penal establecido en el Código de Justicia Militar, en tiempos de paz, se estructura en dos fases: el sumario y el plenario. En ambas fases la competencia jurisdiccional es del fiscal. Concluido el sumario el fiscal debe “elevar[…]” su dictamen al juzgado institucional correspondiente. Si el juzgado institucional considera que existen antecedentes suficientes eleva la causa al plenario y devuelve el expediente al fiscal, quien continúa con la tramitación de la causa, hasta el momento de dictarse la sentencia por el juzgado institucional. Lo actuado en la fase del sumario es secreto y escrito y el expediente con las actas de las diligencias del fiscal tiene valor probatorio.
El fiscal, además de investigar el delito denunciado, tiene poderes para dictar dentro del proceso medidas cautelares personales. Solo se puede “apelar [una] resolución del fiscal que deniegue la libertad provisional, cuando la privación de libertad haya durado más de veinte días”. El procesamiento penal de una persona por la justicia militar “conlleva de modo automático la prisión preventiva en los delitos graves y menos graves, la restricción de los derechos políticos, el arraigo de pleno derecho y la filiación de la persona en el Registro Civil por el delito en el cual ha sido procesado”. La prisión preventiva no es una medida de carácter excepcional.
Conforme a la ley, las pruebas deben rendirse ante el fiscal. Sin embargo, en la práctica, éstas se rinden ante el actuario, quien es un funcionario administrativo del tribunal “sin ninguna o escasa preparación técnica”. No existe ninguna instancia en que la prueba se pueda rendir en una audiencia ante el juez.
Hubo una modificación de la Constitución chilena en la que se planteaba “la necesidad de que cualquier diligencia de investigación o medida que pudiera afectar derechos fundamentales debía ser autorizada previamente por el Juez”. No obstante, “una decisión constitucional altamente incomprensible” excluyó de la reforma procesal a toda la jurisdicción militar.
El imputado tiene derecho al conocimiento del fundamento y de los antecedentes del caso recién 120 días después del procesamiento, con el agravante de que podría encontrarse en prisión preventiva durante los cuatro meses que debe esperar para poder defenderse de la formulación de cargos. El defensor no puede estar presente en la declaración del imputado en la etapa del sumario y muchas veces debe solicitar diligencias probatorias al fiscal sin tener conocimiento del sumario y, por tanto, sin conocer los fundamentos de los cargos formulados a su cliente.
Los artículos 299, Nº 3; 337 Nº 3 y 336 del Código de Justicia Militar, referidos a las delitos de desobediencia e infracciones a los deberes militares, “no satisfacen el principio de legalidad […] en su vertiente de tipicidad o de taxatividad”. No se establece una gradación de deberes, de manera tal que el sujeto activo pueda conocer las conductas prohibidas, consiguiendo así una “enorme arbitrariedad [en] los órganos que intervienen en la jurisdicción militar en la configuración de la conducta punible y su sanción”.
B) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL
54. El 9 de mayo de 2005 la Corte recibió en audiencia pública, en el Auditorio de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, la declaración del testigo propuesto por la Comisión Interamericana y por los representantes de la presunta víctima y del perito propuesto por los representantes (supra párr. 36). A continuación se resumen las partes relevantes de dichos testimonio y peritaje.
TESTIMONIO
a) Propuesto por la Comisión Interamericana y por los representantes
1. Humberto Antonio Palamara Iribarne, presunta víctima
Ingresó a la Armada en 1972 y hasta diciembre de 1992 se desempeñó como Oficial de Entrenamiento del Departamento de Operaciones Navales de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval y tenía funciones militares. A fines de 1992 escribió el libro “Ética y Servicios de Inteligencia” durante “unas vacaciones”. En 1993 trabajaba como “empleado civil a contrata”, “sujeto a un contrato anual” como analista en el Departamento de Inteligencia Naval de la referida Comandancia en Jefe y tenía funciones administrativas.
Una de las razones que lo llevaron a escribir su libro fue “las violaciones a los derechos humanos, [que] en su gran mayoría [eran cometidas por …] personal de inteligencia”. Los Estados “buscaban mecanismos para controlar esos servicios”, por lo que propuso en su libro “que la mejor forma de control […] es el auto control”, el cual debía “regirse por conductas éticas”. Además, tenía el propósito de publicar el libro y comercializarlo. Sin embargo, no “alcan[zó] a publicarlo” porque con la incautación de los libros en la imprenta y en su casa, así como al ser “borrado del computador” perdió la propiedad, el “contenido computacional” y fue condenado por ello, por lo que el libro no “se distribuyó” y “no estaban dadas las condiciones como para que […] lo publicara de nuevo”. No llegó a “vender un solo libro”, solo entregó uno o dos, pero nunca se los pagaron.
Entre el 14 y 15 de febrero de 1993 informó al Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval que había escrito el libro, le llevó un ejemplar que fue impreso desde “su computadora personal”, le comentó su intención de publicarlo y le pidió “su venia” para ello, de “buena fé” y no en función del artículo 89 de la Ordenanza de la Armada. Solicitó la autorización por escrito, por lo que “se estaba sometiendo a un proceso de censura […] voluntaria”, quizás porque “est[uvo] en la Armada” y “está acostumbrado a cumplir normas”. Posteriormente, el referido Comandante en Jefe revisó el libro y le dijo que “le gusta[ba] el contenido[, …] que no ha[bía] ningún problema y que […] podría […] desmitificar las actividades de inteligencia”. Entonces “encarg[ó] la impresión” de mil ejemplares del libro y de unos “afiches publicitarios” en la imprenta Ateli. Su esposa se iba a encargar de su “comercialización”. El 20 o 22 de febrero de 1993 le informan que personal de la Comandancia en Jefe de la Armada de Valparaíso quería ver el contenido del libro, por lo que entregó dos ejemplares al Comandante en Jefe de la III Zona Naval, quien los remitió al Estado Mayor General de la Armada y a la Dirección de Inteligencia de la Armada. No intentó publicar el libro a través de la imprenta de la Armada porque los costos “eran mayores a los de la imprenta donde lo hi[zo]” y porque era un libro personal y si “salía en la imprenta de la Armada iba a tener […] un carácter semioficial”.
El 1 de marzo de 1993 el referido Comandante en Jefe de la III Zona Naval le dijo que su libro había sido prohibido por la Armada porque vulneraba la seguridad y la defensa nacional, que debía entregar todos los ejemplares, así como el material que había utilizado para imprimir dicha publicación. Se negó porque su libro no vulneraba la seguridad ni la defensa nacional y eran de su propiedad privada, ya que él había financiado la comercialización del libro. Le dijo que su opinión “no t[e]n[ía] importancia”, que no eran relevantes “las fuentes que […] había utilizado para escribir el libro”, que se considerara arrestado y que a las tres de la tarde fuera a la imprenta “a retirar los ejemplares”. El testigo no concurrió a la imprenta. Sin embargo, una “patrulla naval” se constituyó en el lugar y el dueño de la imprenta se negó a entregar los libros, dado que no tenía una orden. Unas horas más tarde la Fiscalía Naval se constituyó en dicha imprenta y se llevó todo el material de su libro: algunos ejemplares, “la parte computacional” y la matricería. Alrededor de las nueve de la noche de ese mismo día, se constituyeron en su casa y se llevaron el “grueso de los [ejemplares de su] libro”, pero “unos treinta y cinco a cuarenta ejemplares se pierden desde la incautación en [su] casa hasta la condena”. El Fiscal Naval le ordenó que “borr[ara] de su computador personal el texto del libro”, por lo que cumplió con esa orden. Esa misma noche lo arrestaron y lo llevaron a la Fiscalía Naval, en donde prestó declaración aproximadamente hasta las 00:30 horas del día siguiente y “qued[ó] con una orden de arraigo”.
Se le siguieron dos procesos penales: uno por incumplimiento de órdenes y deberes militares y otro por el delito de desacato. El proceso por incumplimiento de órdenes se instauró por su negativa de entregar los ejemplares del libro al Comandante en Jefe de la III Zona Naval y por haber “dejado de cumplir […] el artículo 89 de la Ordenanza de la Armada”, el cual exige que se solicite permiso al comandante de la Armada para publicar “artículos de prensa”. Sin embargo, pretendía publicar “un libro” y no un “artículo de prensa”, por lo cual no caía en ese supuesto legal. Durante ese proceso estuvo preso “como por diez días”. El proceso penal por el delito de desacato se le instauró por brindar una conferencia de prensa en su casa, pese a “la orden de no hacer declaraciones que […]le había impuesto la Fiscalía”. En dicha conferencia denunció “el trato vejatorio” y la persecución que sufría por “defender[s]e contra las acciones [de la] Corporación Naval” que también afectaban a su familia. Se le imputó el delito de desacato que antes estaba establecido en el Código Penal. Durante este proceso estuvo preso “como por […] cinco días”. Su esposa presentó ante la Corte de Apelaciones un recurso de protección por los derechos constitucionales que se le habían vulnerado. El juzgado naval dijo a la Corte de Apelaciones que “no había proceso alguno [y…] que había actuado el fiscal por sí solo sobre la base de una denuncia”. Durante el sumario ni él ni su abogado tuvieron acceso al expediente de lo actuado para elaborar su defensa, sino hasta el dictamen del Fiscal Naval. No pudieron presenciar las declaraciones de los testigos, y su declaración se tomó “a puerta cerrada”.
Dichos procesos tuvieron un impacto en su vida y en la de su familia. Perdió el empleo, perdió el dinero con el que había impreso los libros, fue arrestado por escribir y tuvo que mudarse de Punta Arenas. Los dos procesos llegaron a la Corte Suprema de Chile, lo que “es caro”. Además, después de dejar de servir a la Armada por haber sido condenado por la Justicia Naval por “vulnerar la seguridad nacional”, se le cerraron las puertas de empresas navieras para ejercer como ingeniero naval mecánico. Asimismo, en Viña del Mar la mayoría de las personas tienen en su familia un marino, por lo que vulnerar la seguridad nacional para la colectividad es “malo en sí mismo”.
Durante el procedimiento ante la Comisión hubo una “especie” de buena predisposición del Estado para llegar a un acuerdo, pero nunca se manifestó “una propuesta definitiva”.
PERITAJE
a) Propuesto por los representantes de la presunta víctima
1. Cristian Riego Ramírez, abogado
En Chile existe un proceso “de implementación de una gran reforma de la justicia penal destinada […] a introducir las garantías del debido proceso en el sistema de enjuiciamiento penal”. Sin embargo, dicha reforma excluyó al ámbito militar, en el cual se encuentra vigente un “sistema inquisitivo muy ortodoxo”, sin garantías del debido proceso y con algunos agravantes.
Se trata de un procedimiento escrito que “consist[e] básicamente en una instrucción de una investigación secreta y unilateral, por medio de la cual […] un fiscal militar […] realiza[…] un proceso de averiguación en el cual incorpora[…] información al expediente escrito”, sin ninguna participación del imputado ni de la defensa, aunque teóricamente se puede pedir “un conocimiento del sumario” y de ser negado se puede recurrir esa decisión. En la práctica el sumario es secreto y la única participación que tiene el imputado es declarar, sin la presencia de su defensor. “Todo el material informativo que se va incorporando al expediente durante la averiguación escrita va a tener valor probatorio definitivo en el momento de la sentencia, siendo por ello al mismo tiempo investigación y prueba”.
El defensor solo puede intervenir al momento de la conclusión de la investigación, cuando se abre el plenario, etapa en la que podría solicitar la realización de prueba, pero no invalidaría el material probatorio producido durante la instrucción. Al término de este proceso el juez militar, quien es un oficial al mando del área militar de la que se trate, dicta sentencia. No existe el derecho a una audiencia oral y pública, no existe derecho a la defensa, ni tampoco existe presunción de inocencia.
La justicia militar está compuesta por personas que se encuentran subordinadas por la estructura de mando y están sometidas a un régimen de remociones y designaciones.
La Corte Marcial tiene una integración mixta entre ministros civiles y militares. Conoce de las apelaciones respecto de las decisiones de los fiscales militares en la etapa inicial y de las de los jueces militares en la etapa de plenario. Los miembros de la Corte Marcial no pueden ser removidos de sus funciones judiciales aunque sean removidos de sus cargos. Los auditores son abogados y en la práctica son quienes realizan los fallos, porque los jueces militares no son abogados. La Corte Suprema no ha ejercido nunca un efectivo control sobre el funcionamiento de los poderes militares en tiempos de paz.
En Chile los procesados en la justicia militar siempre van a pasar de diez a veinte días en prisión preventiva, dado que la ley establece que cuando el delito tiene una cierta pena mínima, para otorgar la libertad provisional, el juez debe consultar previamente a la Corte de Apelaciones, lo que demora unos días. Durante los primeros días de investigación los jueces suelen dejar al sujeto en prisión preventiva, no por una consideración de necesidad efectiva de la cautela, sino básicamente para “facilitar los trámites”. En la práctica, se invierte la carga de la prueba y se vulnera la presunción de inocencia. La libertad del imputado se encuentra condicionada a la voluntad del fiscal, dado que éste puede “detener al imputado hasta por cinco días, sin expresión siquiera de cargo”, así como puede mantenerlo en prisión preventiva ilimitada, sin darle cuenta de los fundamentos probatorios que justifican su detención. También puede otorgar la “libertad provisional”.
“Una resolución de sometimiento a proceso” contiene poca información útil para la defensa y, a veces, “ni siquiera [se incluye] el relato del hecho […] con precisión”. Contiene referencias a las fojas en donde se encuentra los fundamentos de la imputación, pero el defensor no tiene acceso al expediente.
La Corte Suprema ha tolerado que se incluyan para el conocimiento de causas militares a funcionarios completamente ajenos a su estructura, a pesar de que la Constitución Política no establece que funcionarios militares puedan integrar dicha Corte.
En Chile existe un alto porcentaje de civiles procesados en juzgados militares, aunque en los últimos años esta situación ha venido disminuyendo. Una persona que se sienta afectada por la decisión del fiscal militar puede recurrirla ante la Corte Marcial, la cual tiene una composición mixta, por lo cual, en la realidad, no puede recurrir ante la justicia ordinaria.
Debido a que la justicia militar fue excluida de la reforma procesal es difícil que la Corte Suprema supere la reticencia de revisar y revaluar las decisiones de los tribunales militares.
C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Valoración de la Prueba Documental
55. En este caso, como en otros , el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal, o como prueba para mejor resolver de conformidad con el artículo 45.2 de su Reglamento, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.
56. Por otra parte, el Estado presentó prueba en relación con un hecho superveniente a la presentación de la demanda, de conformidad con el artículo 44.3 del Reglamento, por lo cual la Corte admite como prueba aquellos documentos que no fueron objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda, y que guardan relación con el presente caso (supra párrs. 44 y 45) .
57. En relación con la declaración testimonial y el dictamen pericial escritos rendidos ante fedatario público (affidávits), de conformidad con lo dispuesto por el Presidente mediante Resolución de 28 de marzo de 2005 (supra párrs. 23 y 29), la Corte los admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la referida Resolución y los valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por las partes (supra párr. 33). En relación con las declaraciones juradas no rendidas ante fedatario público por tres testigos y por una perito propuestos por los representantes, la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la Resolución del Presidente de 18 de marzo de 2005 y las aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en consideración las objeciones del Estado. El Tribunal ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes . Como ha señalado esta Corte, las declaraciones de los familiares de las presuntas víctimas pueden proporcionar información útil sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias . Además, la Corte ratifica la decisión del Presidente en su Resolución de 28 de abril de 2005 de aceptar el desistimiento realizado por los representantes de las declaraciones testimoniales de los señores Manuel González Araya y Carlos Vega Delgado, y prescinde de la presentación de dicha prueba (supra párr. 30).
58. El Estado objetó la declaración jurada del perito Alex Avsolomovich Callejas (supra párr. 39), presentada por los representantes el 3 de junio de 2005, debido a que, inter alia, la presentación de informes periciales “con posterioridad a la audiencia” pública “ha dejado sin oportunidad al Estado […] para contrainterrogar al perito”. Al respecto, la Corte observa que la presentación de testimonios o peritajes a través de una declaración jurada escrita rendida ante fedatario público (affidávit), no permite a las partes “contrainterrogar” a los peritos o testigos declarantes, sino que, tal como lo realizó el Estado en su escrito de 15 de junio de 2005 respecto de la declaración del perito Avsolomovich Callejas (supra párr. 39), se cuenta con la oportunidad procesal para presentar las observaciones que consideren pertinentes, de conformidad con el principio del contradictorio. Por ello, la Corte estima que, tal como lo determinó el Presidente en su Resolución de 18 de marzo de 2005, y de conformidad con lo señalado respecto de las declaraciones juradas escritas en el párrafo anterior, el dictamen del señor Avsolomovich Callejas “puede contribuir a la determinación, por parte de la Corte, de los hechos en el presente caso” en cuanto concuerde con el objeto que fue definido en la referida Resolución, y por ello la valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado (supra párr. 39).
59. La Corte estima útiles los documentos presentados como anexos al informe pericial de la señora María Inés Horvitz (supra párr. 28), así como los documentos remitidos por el Estado (supra párr. 43), que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad o veracidad no fueron puestas en duda, por lo cual este Tribunal los agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento.
60. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal ha considerado que podrían ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso .
61. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio del presente caso la Ley de Seguridad del Estado, los Códigos Penal, de Procedimiento Penal vigente en 1993 y de Justicia Militar de la República de Chile, ya que resultan útiles para la resolución del presente caso.
Valoración de la prueba testimonial y pericial
62. En relación con la declaración rendida por el testigo propuesto por la Comisión y por los representantes y el dictamen pericial rendido por el perito propuesto por los representantes en el presente caso (supra párr. 36), la Corte los admite en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio establecido por el Presidente mediante las Resoluciones de 18 de marzo y de 28 de abril de 2005 (supra párrs. 23 y 30), y les reconoce valor probatorio, tomando en cuenta las observaciones realizadas por las partes. Este Tribunal estima que el testimonio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne (supra párrs. 36 y 54), que resulta útil en el presente caso, no puede ser valorado aisladamente por tratarse de una presunta víctima y tener un interés directo en este caso, sino debe serlo dentro del conjunto de las pruebas del proceso .
VI
HECHOS PROBADOS
63. Con fundamento en las pruebas aportadas y considerando las manifestaciones formuladas por las partes, la Corte considera probados los siguientes hechos:
Respecto del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne
63.1. El señor Humberto Antonio Palamara Iribarne es ingeniero naval mecánico, ingresó a la Armada de Chile en 1972 y su retiro se produjo a partir del 1 de enero de 1993, como Oficial de Entrenamiento del Departamento de Operaciones Navales de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval . En enero de 1993 comenzó a laborar como asesor técnico, grado 7, con “remuneración global única mensual” de las Fuerzas Armadas, en el Departamento de Inteligencia Naval de la referida Comandancia en Jefe, bajo la figura de “empleado civil a contrata”, “sujeto a un contrato anual” desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1993 . Su contrato se realizó de conformidad con “las necesidades institucionales” .
63.2. En 1993 el señor Palamara Iribarne vivía en la ciudad de Punta Arenas, Chile, en una casa fiscal, junto a su esposa Anne Ellen Stewart Orlandini y sus tres hijos Humberto Antonio, Fernando Alejandro y Raimundo Jesús, todos de apellidos Palamara Stewart .
63.3. La señora Anne Ellen Stewart Orlandini tenía una empresa que funcionaba como distribuidora de libros, taller artesanal de artículos de cuero, publicidad y modelaje .
Respecto del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”
63.4. A fines de 1992 el señor Humberto Antonio Palamara Iribarne escribió el libro “Ética y Servicios de Inteligencia” , el cual constaba de cinco capítulos, a saber: Capítulo I “La Inteligencia es Conocimiento y Organización”; Capítulo II “La Inteligencia es Actividad”; Capítulo III “Las Operaciones Especiales de Inteligencia”; Capítulo IV “La Contrainteligencia”; y Capítulo V “La Guerra Sucia” .
63.5. Aproximadamente a finales de enero y principios de febrero de 1993 el señor Palamara Iribarne encargó a la imprenta Ateli la edición de 1000 ejemplares de su libro y acordó pagar por dicho trabajo el precio de $ 700.000 pesos chilenos, de los cuales su esposa canceló $ 472.000 pesos chilenos . El 9 de febrero de 1993 la señora Anne Stewart Orlandini inscribió el libro escrito por su marido en el registro de propiedad intelectual. Dicha inscripción cuenta con el número de I.S.B.N. 956-7314-01-2 de la Biblioteca del Congreso Nacional de los Estados Unidos de América, y mediante ella se “salvaguarda […] los derechos de autor a nivel internacional” . Además, la señora Stewart Orlandini realizó la inscripción del libro en la Biblioteca Nacional de Chile, la cual le asignó el número 85.611 .
63.6. El señor Palamara Iribarne escribió e intentó publicar y comercializar el libro “Ética y Servicios de Inteligencia” durante la vigencia del régimen democrático. Para poder publicar su libro las autoridades militares consideraban que necesitaba una autorización de sus superiores. El Jefe del Estado Mayor General manifestó que “no ha[bía] dado ninguna autorización, ni verbal, ni escrita, para que se publi[cara] el [referido] libro .
Respecto de la prohibición de publicar el libro “Ética y Servicios de Inteligencia”
63.7. El artículo 89 de la Ordenanza de la Armada No. 487 de 21 de abril de 1988 establece la prohibición respecto de “todo miembro de la Armada o persona que se encuentre a su servicio, [de] publicar o dar facilidades para que se publiquen en la prensa, artículos que envuelvan una crítica a los servicios de la Armada, de organismos públicos o de gobierno”, así como “artículos que directa o indirectamente, se refieran a asuntos de carácter secreto, reservado o confidencial, temas políticos o religiosos u otros que puedan dar margen a una polémica o controversia en la que se pueda ver envuelto el buen nombre de la institución”. Asimismo, el mencionado artículo establece que “el personal de la Armada podrá realizar publicaciones a la prensa a título personal, previo conocimiento y autorización de su Comandante o de la Autoridad Naval competente. En tiempo de guerra o cuando las circunstancias así lo exijan, la Comandancia en Jefe de la Armada podrá suspender o limitar esta autorización .
63.8. El 15 de febrero de 1993 el señor Palamara Iribarne se entrevistó con el Comandante en Jefe de la III Zona Naval, señor Hugo Bruna Greene, y le comentó que durante sus vacaciones había escrito un libro titulado “Ética y Servicios de Inteligencia”. El referido Comandante manifestó al señor Palamara Iribarne que “debía seguir los cauces institucionales para publicar” dicho libro .
63.9. El 17 febrero de 1993 el Comandante en Jefe de la III Zona Naval recibió, desde Valparaíso, vía facsimilar, un folleto publicitario promocional del libro escrito por el señor Palamara Iribarne, sin que hubiere recibido “petición alguna para tramitar la autorización de [su] publicación” . En presencia del Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval, señor Vicente Casselli, el Comandante en Jefe de la III Zona Naval ordenó al señor Palamara Iribarne que “no podía salir nada publicado sin la correspondiente autorización del Mando” y le solicitó que le entregara “el original del texto que había escrito” .
63.10. El 17 de febrero de 1993 el señor Palamara Iribarne entregó cuatro ejemplares de su libro al Jefe de la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval, los cuales fueron entregados al Jefe del Estado Mayor General de la Armada “para su conocimiento y resolución”, a la Dirección de Inteligencia de la Armada “para su conocimiento e informe técnico”, al Jefe del Estado Mayor de la III Zona Naval y un ejemplar quedó en poder del Jefe del Departamento A-2 de la referida Comandancia en Jefe . El Comandante en Jefe de la III Zona Naval ordenó al señor Palamara Iribarne que “no podía salir nada publicado sin previa autorización, ni siquiera los panfletos y que no se debía continuar con el armado de los libros” .
63.11. El 18 de febrero de 1993 el señor Palamara Iribarne solicitó por escrito al Comandante en Jefe de la III Zona Naval “[a]utorización para [p]ublicar [su] libro”, dado que “desea[ba,] a título personal[,] hacerlo público”, su contenido se refería “al rol de la inteligencia a nivel general, analizada desde la perspectiva ética” y “no cont[enía] ninguna información clasificada” . Ese mismo día el Comandante en Jefe remitió un memorando al Jefe del Estado Mayor General, mediante el cual le informó que el señor Palamara Iribarne había solicitado autorización para publicar su libro, por lo que adjuntó un ejemplar de prueba del texto para su consideración y “posterior autorización de publicación” .
63.12. El 26 de febrero de 1993 el “Mando Naval” de Valparaíso comunicó telefónicamente al Comandante en Jefe de la III Zona Naval que “no se había autorizado la publicación del libro, decisión que sería reiterada por vía oficial”, dado que se estimaba que su contenido atentaba contra la “seguridad [nacional] y la defensa nacional”. Dicho Comandante en Jefe instruyó al Jefe del Estado Mayor y al Jefe del Departamento A-2 de la III Zona Naval para que notificaran al señor Palamara Iribarne dicha decisión del Mando Naval. El 28 de febrero de 1993 el Jefe del Departamento comunicó oralmente al señor Palamara Iribarne que su libro “no había sido autorizado por la Institución”, y que ello le sería notificado posteriormente .
63.13. El 1 de marzo de 1993 el señor Palamara Iribarne concurrió a la oficina del Comandante en Jefe de la III Zona Naval, quien le indicó que su libro no había sido autorizado. El señor Palamara Iribarne manifestó que estaba dispuesto a publicar su libro sin autorización . Dicho Comandante en Jefe, quien era Juez Naval de Magallanes, ordenó oralmente al señor Palamara Iribarne que detuviera dicha publicación y que acompañara al Jefe del Departamento para que retiraran “todos los antecedentes que del libro existieran en la imprenta”. Para ello debían concurrir a la sede de la imprenta a las 15:00 horas. El señor Palamara Iribarne no concurrió a la imprenta .
63.14. El 2 de marzo de 1993 la Armada de Chile emitió un comunicado de prensa, mediante el cual indicó que el señor Palamara Iribarne “habría quebrantado el juramento solemne a que lo obliga la reglamentación naval, de guardar reserva absoluta de las materias del servicio de que hubiese tomado conocimiento con motivo de sus funciones, sin perjuicio de que el contenido y en especial los juicios expresados por el autor en dicha obra podrían desorientar a sus lectores y eventualmente, vulnerar los intereses de la institución” .
63.15. El 3 de marzo de 1993 el Comandante en Jefe de la III Zona Naval suspendió “la autorización [que tenía el señor Palamara Iribarne] para hacer publicaciones en la columna del diario ‘La Prensa Austral’” .
63.16. Como consecuencia de la negativa del señor Palamara Iribarne de detener la publicación del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” y por la falta de solicitar autorización para publicar dicho libro, se inició en su contra un proceso penal en el Juzgado Naval de Magallanes por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. Asimismo, con base en los mismos hechos, se inició una investigación sumaria administrativa ante la Fiscalía Naval Administrativa de la III Zona Naval por la comisión de faltas administrativas .
Respecto de la Causa No. 464 instaurada contra el señor Palamara Iribarne por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares ante el Juzgado Naval de Magallanes
63.17. La Causa No. 464 instaurada ante el Juzgado Naval de Magallanes en contra del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne tuvo su origen en los hechos descritos anteriormente (supra párrs. 63.1 a 63.16). Inicialmente, el Fiscal Naval hacía referencia a dos delitos: uno de desobediencia y otro de incumplimiento de deberes militares. Durante el transcurso de la etapa de sumario del proceso, el procesado y su abogado no pudieron conocer el expediente. En distintos momentos procesales de la referida etapa del sumario, el Fiscal Naval de dicho juzgado ha imputado al señor Palamara Iribarne la comisión de otros dos delitos de desobediencia por hechos posteriores (infra párrs. 63.38 a 63.56). La causa nueva y las primeras diligencias iniciadas por los mencionados hechos fueron acumuladas a la Causa Criminal No. 464 .
Primeras diligencias por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares
63.18. La primeras diligencias se iniciaron a través de una denuncia formulada telefónicamente por el señor Vicente Casselli Ramos, Jefe del Estado Mayor Suplente de la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval, y por la orden de incautación, en la imprenta Ateli, de los ejemplares del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, emitida por el Comandante en Jefe de la III Zona Naval por haber escrito y publicado el libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, sin dar cumplimiento a los procedimientos institucionales vigentes y contraviniendo órdenes expresas en el sentido de no publicar dicho libro porque atentaba contra la seguridad y la defensa nacional. El 1 de marzo de 1993 el Fiscal Naval suplente emitió una resolución, mediante la cual ordenó la incautación de “todo tipo de escritos, documentos o publicaciones que existieren” en la referida imprenta . Ese mismo día se presentó un informe sobre el “no cumplimiento [del artículo 89 de] la Ordenanza de la Armada e insubordinación”, firmado por el Jefe de Departamento A-2 de la III Zona Naval y jefe directo del señor Palamara Iribarne, dirigido al Comandante en Jefe de la III Zona Naval .
63.19. El 1 de marzo de 1993 a las 18:45 horas el Fiscal Naval Suplente y el Secretario del Juzgado Naval de Magallanes se constituyeron en las instalaciones de la imprenta Ateli e incautaron 16 ejemplares del libro, 1 diskette con el texto íntegro del libro, tres paquetes con cinco libros cada uno, tres paquetes con un número indeterminado de hojas sobrantes de la publicación y dos sobres con la matricería electrostática de la publicación con los originales del texto. Asimismo, se procedió a borrar de uno de los computadores de la imprenta, “todos los archivos que contenían información relativa a la publicación” .
63.20. El 1 de marzo de 1993 el Fiscal Naval Suplente emitió dos resoluciones. En una de ellas decidió que, en “mérito de autos”, el cual constaba de 6 folios, “exist[ía]n antecedentes bastantes para estimar que podr[í]a ser decretada la detención del Empleado Civil […] Humberto PALAMARA Iribarne”, y decretó el arraigo por el plazo de 60 días . En la otra resolución de la misma fecha ordenó que el Tribunal se constituyera en el domicilio del señor Palamara Iribarne, con el objeto de “proceder a la incautación de los ejemplares [del libro] que existan en su poder [… y de] todo otro antecedente o documento relacionado con dicha publicación” . El 1 de marzo de 1993 el Fiscal Naval Suplente y el Secretario se constituyeron en el referido domicilio a las 22:15 horas e incautaron 874 ejemplares del libro. En dicho acto el Fiscal Naval Suplente, el Secretario y el señor Palamara Iribarne firmaron un “acta de incautación”, en la cual se señaló que “el señor PALAMARA proced[ió] a borrar del disco duro de su computador personal el texto íntegro del mencionado libro” .
63.21. El 1 de marzo de 1993 durante el acto de incautación se procedió a detener al señor Palamara Iribarne sin que se le notificaran las razones de su detención ni los cargos formulados en su contra . Con posterioridad a la incautación, que concluyó a las 23:00 horas, el Fiscal Naval Suplente fijó “la audiencia de inmediato” para “tomar declaración” al señor Palamara Iribarne, ya que “[era] necesario” y éste se encontraba en la Secretaría de la Fiscalía Naval de Magallanes . El señor Palamara Iribarne rindió declaración ante el referido Fiscal y el Secretario , luego de lo cual, a las 00:40 horas del 2 de marzo de 1993, en la referida Secretaría, se le notificó una resolución del Fiscal en la que resolvía que no había “mérito para decretar la detención del inculpado”, se dispuso mantenerlo en libertad con las “prevenciones legales y se le notificó la resolución que dispuso su arraigo .
63.22. El 2 de marzo de 1993 el Fiscal Naval Suplente de Magallanes citó al señor Palamara Iribarne, a través de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas, “bajo apercibimiento de arresto”, para que compareciera ese mismo día ante el “Tribunal Naval a primera audiencia de Primeras Diligencias” que se instruían en la Fiscalía . El señor Palamara Iribarne no compareció, por lo que el referido Fiscal Naval decretó “arresto para asegurar la comparecencia del citado funcionario” , el que se llevó a cabo en su domicilio ese mismo día en la tarde. La citación, la orden de arresto y el parte del comisario no señalan el delito que se estaba investigando . Ese mismo día, el señor Palamara Iribarne fue puesto a disposición de la Fiscalía, prestó una nueva declaración ante el referido Fiscal Naval Suplente y fue puesto en libertad .
63.23. El 10 de marzo de 1993 el Fiscal Naval Suplente de Magallanes ordenó que se emitiera un exhorto al Fiscal Naval de la I Zona Naval para que “proced[ier]a a designar dos peritos especialistas en Inteligencia” para que realicen un informe sobre “el grado de vulneración de la reserva y seguridad propios del servicio naval en que hubiere incurrido el inculpado Humberto Antonio Palamara Iribarne con la publicación del libro ‘Ética y Servicios de Inteligencia’” . El 26 de abril de 1993 los dos peritos designados emitieron su dictamen y su “conclusión definitiva [… fue] que el libro […] no vulnera[ba] la reserva y la seguridad de la Armada de Chile” . El 20 de mayo de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes exhortó al Fiscal Naval de la I Zona Naval, a fin de que “los peritos […] amplíen [el] informe pericial [de 26 de abril de 1993]”, e indicó que debían verificar si “cont[enía] información relevante desde el punto de vista institucional naval y/o información obtenible solo en fuentes cerradas, y si afecta[ba] los intereses institucionales” . El 20 de julio de 1993 se realizó la ampliación del peritaje, el cual concluyó que “el libro contiene información relevante desde el punto de vista institucional, no significando […] que se haya copiado […] en forma exacta o textual reglamentos o publicacio[nes] de la Armada sobre inteligencia”. En dicha ampliación los peritos indicaron que la información que contiene el libro “puede obtenerse de fuentes abiertas”. Finalmente, los peritos concluyeron que el libro en análisis “indudablemente afect[aba] el interés institucional [de la Armada chilena,] puesto que[,] al señalar el autor que su obra responde a la obligación moral que tiene una persona de difundir sus conocimientos y experiencias a los demás, queda implícito que su formación como especialista en inteligencia […] es lo que lo capacita [a] escribir sobre el tema” .
63.24. El 10 de marzo de 1993 el Fiscal Naval Suplente exhortó al Fiscal Naval de Valparaíso para que interrogara al jefe directo del señor Palamara Iribarne y ordenó que se remitiera un oficio al Jefe del Estado Mayor General de la Armada para que informara si “tramitó algún tipo de autorización previa a la publicación del libro” escrito por el señor Palamara Iribarne . El 30 de abril de 1993 declaró ante el Fiscal Naval de Magallanes quien había sido jefe del señor Palamara Iribarne entre los meses de febrero y diciembre de 1992 .
63.25. El 10 de marzo de 1993 el Comandante en Jefe de la III Zona Naval prestó declaración ante el Fiscal Naval Suplente. El 12 de marzo de 1993 el mencionado Comandante en Jefe se declaró “inhabilitado para seguir conociendo de los hechos denunciados como Juez Naval de Magallanes”, dado que “t[e]n[ía] relación y tomó parte activa en los hechos que dieron origen a la denuncia que se encuentra en trámite de primeras diligencias y que ha sido elevada para [su] conocimiento y resolución”, por lo cual ordenó que se “pas[ara]n los antecedentes al […] Jefe de[l] Estado Mayor de la Tercera Zona Naval” .
Instrucción del sumario por los delitos de desobediencia y de incumplimiento de deberes militares
63.26. El 13 de marzo de 1993 el Juez Naval Subrogante resolvió que se instruyera el sumario, asignando el Rol Nº 464 .
63.27. El 15 de marzo de 1993 el Fiscal Naval Suplente del Juzgado Naval de Magallanes emitió un auto de procesamiento, mediante el cual resolvió que :
a) se encontraba justificada en autos la existencia del delito de incumplimiento de deberes militares, previsto y sancionado por el artículo 299 No. 3 del Código de Justicia Militar, el cual se configuró cuando un funcionario de la Armada de Chile, durante el mes de febrero de 1993, sin esperar el trámite de autorización institucional, hizo publicar un libro cuyo contenido dice relación directa con “asuntos de carácter clasificado”, en un tema que puede “dar margen a polémica o controversia en que se vea envuelto el buen nombre de la Armada”. Con la autorización del referido funcionario se distribuyó “a lo menos uno de dichos libros” a un tercero ajeno a la institución, todo lo cual contraviene los deberes que, al respecto, le impone el artículo 89 de la Ordenanza de la Armada No. 487 de 21 de abril de 1988;
b) se encontraba justificada en autos la existencia del delito de desobediencia, previsto y sancionado por el artículo 337 No. 3 del Código de Justicia Militar, el cual se configuró cuando un funcionario de la Armada expresó su negativa abierta a cumplir la orden emitida por su superior jerárquico el 1 de marzo de 1993, cuando se “le negó en forma expresa” la autorización para publicar el libro y se le ordenó que debía entregar todo el material que existiera sobre el particular;
c) con los medios de prueba de autos y de las propias declaraciones del señor Palamara Iribarne, se desprendían presunciones fundadas para estimar que le cabía responsabilidad en dichos delitos en calidad de autor, por lo que se lo somete a proceso;
d) el señor Palamara Iribarne debía cumplir con prisión preventiva en la Guarnición IM “Orden y Seguridad”, por lo cual se despachó orden de prisión en su contra, a ser cumplida por la Policía de Investigaciones de Punta Arenas; y
e) no se concedía la excarcelación del señor Palamara Iribarne, por existir “diligencias pendientes que cumplir en el proceso” que “hac[ía]n estrictamente necesaria su prisión”, a saber: la declaración del jefe directo, el oficio al Jefe del Estado Mayor de la Armada (supra párr. 63.24) y la incorporación al expediente de su extracto de filiación y antecedentes.
63.28. El 15 de marzo de 1993 el Fiscal Naval Suplente del Juzgado Naval de Magallanes emitió una resolución, en la que ordenó la prisión del señor Palamara Iribarne con allanamiento de habitación, si fuere necesario, sin que constara en dicha resolución ni en la orden de aprehensión de 16 de marzo de 1993 el delito que se estaba investigando . El señor Palamara Iribarne fue detenido en su domicilio y puesto a disposición de la Fiscalía Naval de Magallanes . El señor Palamara Iribarne estuvo detenido en la Guarnición IM. “Orden y Seguridad” .
63.29. El 16 de marzo de 1993 el señor Humberto Antonio Palamara Iribarne solicitó al Fiscal Naval Suplente de Magallanes que le concediera el beneficio de la libertad provisional fijando un monto de caución, “toda vez que el delito que se enc[ontrab]a investigando el Tribunal no es de aquellos que merezcan pena aflictiva, máxime aún cuando consider[aba] que no h[abía] cometido delito alguno; que [su] detención no e[ra] necesaria para la investigación que se realiza[ba]; que deb[ía] proveer al cuidado de [su] familia; que no [era] un peligro para la sociedad; y […] no […] eludir[ía] la acción de[l fiscal] mediante fuga o el ocultamiento”. En dicha solicitud el señor Palamara Iribarne designó a un abogado para que lo representara . Ese mismo día el Fiscal Naval Suplente declaró “[n]o ha lugar” el pedido del señor Palamara Iribarne, “teniendo presente lo dispuesto en los art[ículos] 361 inciso 1º y 363 inciso 1º del Código de Procedimiento Penal”, “por faltar la agregación al expediente del extracto de filiación y antecedentes calificados en la causa” .
63.30. El 16 de marzo de 1993 el señor Palamara Iribarne prestó declaración ante el Fiscal Naval Suplente y el Secretario .
63.31. El 16 de marzo de 1993 el señor Palamara Iribarne interpuso un recurso de apelación en contra del auto de procesamiento y de la denegatoria de excarcelación . El 23 de marzo de 1993 la Corte Marcial revocó “en su parte apelada” la Resolución del Fiscal Naval Suplente de 16 de marzo de 1993 (supra párr. 63.28) y concedió “la libertad bajo fianza” al señor Palamara Iribarne, cuyo monto sería fijado por el Fiscal Naval Suplente .
63.32. El 23 de marzo de 1993 el abogado del señor Palamara Iribarne solicitó al Fiscal Naval Suplente de Magallanes que decretara el sobreseimiento definitivo de “la causa que motivó” la investigación por la supuesta revelación de “secretos de aquellos que sanciona el artículo 255 del Código de Justicia Militar”, que ordenara la devolución de los textos y materiales incautados, dado que dicha incautación “no [estaría] justifica[da]”, y que concediera la libertad condicional del imputado, así como solicitó, en subsidio, que se mudara su lugar de detención a su domicilio particular o se lo trasladara a otro lugar de detención. El referido abogado adjuntó una copia de un artículo periodístico publicado en el diario “La Nación” el 4 de marzo de 1993, en el que un “cientista político militar” analizó el libro y manifestó que su contenido no “comprometió la seguridad nacional” ni “revel[ó] algún antecedente” que significara que “el libro e[ra] de aquellos que p[odía]n considerarse como esencialmente delicados” .
63.33. El 23 de marzo de 1993 el Fiscal Naval Suplente consideró necesario tomar declaración al señor Palamara Iribarne, la cual fue rendida ante el referido Fiscal ese mismo día . Al día siguiente, el Fiscal Naval rechazó las solicitudes presentadas por el abogado del señor Palamara Iribarne y resolvió anotar “en el Libro de Pasajes Abusivos” algunas partes del referido escrito del abogado, las cuales se encuentran tachadas en la copia del documento que consta en el expediente .
63.34 El 25 de marzo de 1993 el abogado del señor Palamara Iribarne presentó prueba documental ante la Corte Marcial de la Armada. Ese mismo día la Corte Marcial solicitó que se “tra[jera] a la vista el libro”, para mejor resolver, lo cual fue acatado por el subjefe del Estado Mayor General de la Armada ese mismo día .
63.35. El 26 de marzo de 1993 se ejecutó la decisión de la Corte Marcial de 23 de marzo de 1993 de dejar al señor Palamara Iribarne en libertad bajo fianza (supra párr. 63.31).
Respecto del recurso de protección interpuesto por la esposa del señor Palamara Iribarne ante la Corte de Apelaciones
63.36. El 3 de marzo de 1993 la señora Anne Ellen Stewart Orlandini interpuso un recurso de protección a su favor y de su familia, en contra de la Armada de Chile, dado que los actos del Fiscal Naval eran arbitrarios e ilegales por atentar en contra de las garantías constitucionales a la integridad psíquica, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho a la propiedad y el derecho de autor. El 24 de marzo de 1993 la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó dicho recurso alegando, inter alia, que a esa Corte “no le incumbe […] un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de un delito, ni resolver o corregir juicios sometidos legalmente a conocimiento de otros jueces, que ejercen distinta jurisdicción […]” .
63.37. Una persona que se siente afectada por la decisión de un fiscal militar puede recurrir dicha decisión ante la Corte Marcial, pero no ante la justicia ordinaria .
Respecto de la Causa No. 465 por otro delito de desobediencia por hechos nuevos y su acumulación a la Causa No. 464
63.38. El 26 de marzo de 1993 el Jefe de la Guarnición IM “Orden y Seguridad” firmó una notificación de la orden de transbordo interna del señor Palamara Iribarne a dicha Guarnición, la cual había sido emitida por la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval, luego de que se ordenara su libertad bajo fianza, en la cual señaló que “deb[ía] mantener la reserva pertinente sobre la causa judicial e I[nvestigación] S[umaria] A[dministrativa] y que est[aba] estrictamente prohibido hacer comentarios críticos públicos o privados, escritos o hablados, que vayan en desmedro o dañen la imagen de la Institución, autoridad naval o de quienes instruyen la causa judicial o investigación sumaria administrativa en su contra” .
63.39. El 26 de marzo de 1993 el señor Humberto Antonio Palamara Iribarne concedió una entrevista al periódico “La Prensa Austral”, en la que señaló, inter alia, que consideraba “increíble” el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (supra párr. 63.36). Ese mismo día, un representante del Ministerio Público Militar presentó a la Corte Marcial de la Armada un escrito en el cual manifestó que consideraba que las “gravísimas opiniones sobre la justicia civil del procesado” contra la Corte Marcial suponen que el señor Palamara Iribarne continúa con una “conducta desleal” con otra institución del Estado como lo es el Poder Judicial .
63.40. El 31 de marzo de 1993 el señor Palamara Iribarne fue entrevistado por periodistas del periódico “La Prensa Austral” y manifestó, inter alia, que la Armada le dio un plazo de siete días para desalojar la casa fiscal y que su esposa había denunciado que se le “objetó el acceso de su familia al hospital de las Fuerzas Armadas”, dado que su nombre aparecía en “una lista de personas imposibilitadas de ingresar a dicho recinto”. El señor Palamara Iribarne manifestó que “no e[ra] válido hacer este tipo de discriminación ni menos con la señora de un funcionario de las Fuerzas Armadas” .
63.41. El 31 de marzo de 1993 el Jefe de la Guarnición IM “Orden y Seguridad” (M) acudió al Hospital de las Fuerzas Armadas, en donde el señor Palamara Iribarne “estaba siendo examinado medicamente a raíz que decía estar nervioso” y le manifestó que “sus declaraciones en la prensa constituían una clara desobediencia a la orden antes referida” (supra párr. 63.38) . Ese mismo día, el referido Jefe de Guarnición remitió un informe al Comandante en Jefe de la III Zona Naval, en el que indicó que “en el matutino la PRENSA AUSTRAL de Punta Arenas, en su página 10, aparece un artículo [… en el que el señor Palamara Iribarne] hizo presente que ha sufrido tratos discriminatorios por parte de la Institución” Naval, lo cual “[h]a contravenido una orden” emitida el 26 de marzo de 1993 (supra párr. 63.38), y ha omitido “el procedimiento de reclamos establecido en la Ordenanza de la Armada” .
63.42. El 2 de abril de 1993 el señor Palamara Iribarne compareció a declarar ante el Fiscal Naval de Magallanes. En dicha declaración manifestó que no conocía los motivos de su citación e, inter alia, que las ideas vertidas en el periódico “La Prensa Austral” no consistían en una crítica a la Armada “pues solamente [s]e refería a un hecho que ocurrió y que no constituye materia clasificada” . Ese mismo día el Fiscal Naval de Magallanes citó a declarar al periodista que redactó el referido artículo (supra párr. 63.40), quien también manifestó no conocer los motivos de dicha citación .
63.43. El 13 de abril de 1993 el abogado del señor Palamara Iribarne presentó un escrito, mediante el cual solicitó “la devolución de la totalidad de los ejemplares de la edición” del libro escrito por su representado, dado que durante la investigación preliminar “no se ha[bía] podido comprobar la existencia de ningún hecho que signifi[cara] siquiera una vulneración de los intereses de la armada o que pu[dier]an significar un compromiso a la Seguridad Nacional”, que el referido señor no reveló secretos de la armada y que los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares que se le atribuían no justificaban “mantener la [referida] incautación”. Asimismo, indicó que ello vulneraba la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”, consagrada en el artículo 19.12 de la Constitución Política de Chile .
63.44. El 14 de abril de 1993 el Juez Naval de Magallanes, señor Hugo Bruna Greene, quien se había “inhabilitado” para conocer la Causa 464 (supra párr. 63.25), ordenó que se “instruy[era] sumario” y “pas[aran] los […] antecedentes al […] Fiscal Naval de Magallanes para la prosecución del procedimiento”, asignándole el Rol No. 465 .
63.45. Como consecuencia de las referidas declaraciones (supra párrs. 63.39 y 63.40) al señor Palamara Iribarne se le imputó otro delito de desobediencia de ordenes impartidas por un superior jerárquico .
63.46. El 15 de abril de 1993 el abogado del señor Palamara Iribarne solicitó “conocimiento del sumario” y al día siguiente el Fiscal Naval de Magallanes rechazó dicha solicitud, la cual fue apelada por el referido abogado el 21 de abril de 1993 . Ese mismo día, el Fiscal Naval declaró “no ha lugar” al referido recurso de apelación por “referirse […] a una resolución inapelable” .
63.47. El 27 de abril de 1993 el abogado del señor Palamara Iribarne solicitó nuevamente al Fiscal Naval de Magallanes que le otorgara conocimiento del sumario, con el objeto de “poder aportar los medios necesarios para el pronto cierre del mismo” y solicitó la realización de careos entre las declaraciones que había vertido su representado y las versiones que sobre ellas se describieron en los alegatos del Ministerio Público Militar al solicitar la excarcelación, dado que se dejó entrever la existencia de contradicciones fundamentales que debían ser aclaradas . Al día siguiente, el Fiscal Naval de Magallanes rechazó la solicitud de otorgar conocimiento del sumario por ser “inconveniente para el éxito de la investigación”, y decidió que la realización de careos “se resolverá en su oportunidad” . El 23 de junio de 1993 el fiscal rechazó la referida solicitud de careos .
63.48. El 30 de abril de 1993 el Juez Naval de Magallanes, señor Hugo Bruna Greene, ordenó, a solicitud del Fiscal Naval, que se acumularan la “Causa No. 465 a la Causa No. 464” .
63.49. El 5 de mayo de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes citó a declarar al Comandante en Jefe de la III Zona Naval, señor Hugo Bruna Greene. Ese mismo día el referido Comandante compareció ante el Fiscal Naval y señaló que cuando el señor Palamara Iribarne le comentó que quería publicar un libro, él le manifestó que “era bueno desmitificar la inteligencia”, sin que dicho comentario supusiera “una autorización” para que publicara su libro .
63.50. El 22 de mayo de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes solicitó una prórroga para el sumario al Juez Naval, señor Hugo Bruna Greene, “por haber diligencias pendientes de cumplir”. Al día siguiente el mencionado Juez concedió la prórroga solicitada .
Primeras diligencias por tercer delito de desobediencia y acumulación de dichas diligencias a la Causa Rol No. 464
63.51. El 5 de mayo de 1993 el señor Palamara Iribarne concurrió al programa de Radio Nacional “Propuesta 93”, en el cual fue entrevistado y recibió varias preguntas del público . Al día siguiente el Jefe de la Guarnición IM “Orden y Seguridad” remitió un informe al Comandante en Jefe de la III Zona Naval, en el que manifestó que con dichas declaraciones el señor Palamara Iribarne contravino una orden emitida por el referido Jefe de Guarnición el 26 de marzo de 1993 (supra párr. 63.38) e hizo comentarios críticos que dañan la imagen de la institución y de la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval .
63.52. El abogado del señor Palamara Iribarne interpuso un recurso de queja en contra del Fiscal Naval de Magallanes por “abusos […] en la tramitación del proceso Rol No. 464 […,] al negarle el conocimiento del sumario y al dilatar la realización de careos”. El 1 de junio de 1993 la Corte Marcial de Valparaíso resolvió dicho recurso y señaló que la denegatoria al señor Palamara Iribarne de conocimiento del sumario derivaba de la ley, que de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 129 del Código de Justicia Militar el sumario era secreto y que no era imputable al Fiscal recurrido, así como que la solicitud de careos “al haberse proveído que se resolvería en su oportunidad, no se ha[bía] emitido pronunciamiento al respecto, por lo que el […] Fiscal deb[ía] resolver” (supra párr. 63.47) .
63.53. El 3 de junio de 1993 el Juez Naval de Magallanes, Hugo Bruna Greene, ordenó que se acumularan a la Causa No. 464 las primeras diligencias practicadas en el proceso que se inició por las declaraciones radiales del señor Palamara Iribarne, las cuales habían sido practicadas por el Fiscal Naval de Magallanes .
63.54. El 15 de junio de 1993 el señor Palamara Iribarne, ante citación del Fiscal Naval, declaró, inter alia, que cuando borró de su computador el contenido de su libro “lo hi[zo] suprimiéndolo de la memoria de respaldo”. Ese mismo día, el Fiscal Naval de Magallanes ordenó que un ingeniero mecánico especialista en análisis de sistemas realizara un peritaje sobre el computador del señor Palamara Iribarne y constatara si “efectivamente se enc[ontraba] borrada de dicho computador la información aludida” en la referida declaración que prestara el señor Palamara Iribarne ante el Fiscal Naval. Al día siguiente, el perito emitió su informe indicando que la información sobre el libro no se encontraba en los archivos del computador revisado .
63.55. El 6 de julio de 1993 el señor Palamara Iribarne rindió declaración ante el Fiscal Naval de Magallanes .
63.56. El 12 de julio de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes emitió un auto de procesamiento relativo a los dos delitos de desobediencia provenientes de hechos nuevos (supra párrs. 63.38 a 63.53), mediante el cual resolvió que :
a) se encontraba acreditada en autos la existencia del delito de desobediencia establecido en el artículo 336.3 del Código de Justicia Militar, que se configuró cuando el señor Palamara Iribarne acudió al diario “La Prensa Austral” (supra párr. 63.39) y “formuló públicamente […] quejas y críticas en contra de la Armada y sus mandos, las que fueron publicadas en la edición de 31 de marzo de 1993 en dicho diario”, todo ello en contravención a la orden militar de 26 de marzo de 1993 (supra párr. 63.40);
b) se encontraba acreditada en autos la existencia del delito de desobediencia establecido en el artículo 336.3 del Código de Justicia Militar, que se configuró cuando el señor Palamara Iribarne “concurrió a ser entrevistado en un programa radial de Radio Nacional de Chile de Punta Arenas […,] ‘Propuesta 93’ […,] formulando en el transcurso de dicha entrevista […] quejas y críticas en contra de la Armada y sus mandos”; y
c) despachaba orden de prisión en contra del señor Palamara Iribarne, a través de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas, en el carácter de autor de los referidos delitos. Al respecto, debía cumplir con prisión preventiva en la Guarnición IM “Orden y Seguridad”.
63.57. El 12 de julio de 1993 el señor Palamara Iribarne, al ser notificado del auto de procesamiento, presentó un recurso de apelación en contra de la orden de prisión preventiva y solicitó que se le concediera la libertad condicional bajo fianza. Ese mismo día, el Fiscal Naval de Magallanes “conc[e]d[ió] la apelación interpuesta[, … p]rovey[ó] la solicitud de excarcelación [y e]lev[ó” la apelación, los autos originales y la consulta sobre la excarcelación concedida] a la Corte Marcial de la Armada” . El 15 de julio de 1993 la Corte Marcial de Valparaíso emitió una resolución, mediante la cual suprimió del auto de procesamiento del Fiscal Naval de 12 de julio de 1993 (supra párr. 63.56) las expresiones “la existencia del delito de desobediencia previsto y sancionado por el artículo 336.3 del Código de Justicia Militar” y “que se configuró cuando”, así como ordenó que “las palabras ‘los delitos’ se reemplazaran por ‘el delito’”. Además, la Corte Marcial “confirm[ó] la resolución apelada […] con declaración que Humberto Antonio Palamara Iribarne queda[ra] sometido a proceso” .
63.58. La Fiscalía Naval de Magallanes realizó investigaciones tendientes a averiguar el número exacto de libros “Ética y Servicios de Inteligencia” editados, así como la ubicación de “ejemplares faltantes” y su entrega al juzgado. Para ello, requirió y tomó declaración a las personas que, de la información que constaba en el expediente de la Causa No. 464, podían tener en su poder una copia de dicho libro o que realizaron comentarios sobre dicho libro en medios de comunicación, sin que el Juez Naval permitiera que la causa pudiera ser elevada a plenario hasta que se recabara todos los ejemplares del libro .
63.59. El 25 de agosto y el 9 de septiembre de 1993 el abogado del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne presentó ante el Fiscal Naval de Magallanes solicitudes de “autorización para fijar domicilio fuera de la jurisdicción del Tribunal”, con el propósito de que su representado buscara un trabajo, dado que “le ha[bía] sido imposible encontrar[lo]” en Punta Arenas. Esos mismos días el Fiscal Naval autorizó al señor Palamara Iribarne para salir de la jurisdicción del Tribunal, indicando que “qued[aba] sometido a control semanal de firma en la Fiscalía Naval de Valparaíso”. El señor Palamara Iribarne concurría a dicho control de firma en Valparaíso .
63.60. El 24 de septiembre de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes emitió su dictamen respecto de la “averiguación de presuntos delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares” correspondiente a la Causa No. 464 y a la Causa No. 465, que se acumuló mediante resolución de 30 de abril de 1993 (supra párr. 63.48), y a las “primeras diligencias” acumuladas mediante resolución de 3 de junio de 1993 (supra párr. 63.53), y declaró cerrado el sumario. En dicho dictamen el Fiscal Naval estimó que se debía condenar, en orden sucesivo, al señor Palamara Iribarne a: a) la pena de 541 días de presidio militar menor en su grado medio como autor del delito de incumplimiento de deberes militares (artículo 299.3 del Código de Justicia Militar), por “publicar un libro acerca de materias institucionales […,] sin esperar la autorización que conforme al artículo 89 de la Ordenanza de la Armada[…] se había solicitado”;b) la pena de 3 años de reclusión militar menor en su grado medio como autor del delito de desobediencia (artículo 336.3 del Código de Justicia Militar), por “negarse abiertamente [a cumplir la orden de] entregar el material relativo a su libro”; c) la pena de 541 días de reclusión militar menor en su grado medio como autor del delito de desobediencia (artículo 337.3 del Código de Justicia Militar), por “contravenir la prohibición de formular críticas a la Institución y sus mandos[,] que se le había impartido mediante orden militar [(supra párr. 63.38)], formulando declaraciones a medios de prensa radial y escrita, en que manifestó quejas y críticas contra la Armada y sus mandos”; d) la pérdida del estado militar; e) al comiso de las especies incautadas; y f) restar de las referidas penas el lapso de 13 días que el señor Palamara Iribarne permaneció privado de libertad .
63.61. El 5 de noviembre de 1993 el Juez Naval Subrogante de Magallanes ordenó que se repusiera la causa al estado de sumario para que se practicaran diligencias pendientes, inter alia, el interrogatorio al Comandante en Jefe de la III Zona Naval respecto de la solicitud escrita de autorización para publicar que presentó el señor Palamara Iribarne el 18 de febrero de 1993 (supra párr. 63.11). El 13 de febrero de 1994 el Fiscal Naval, una vez realizadas las referidas diligencias, declaró “nuevamente cerrado el sumario” y confirmó el dictamen emitido el 24 de septiembre de 1993 (supra párr. 63.60) . El 16 de marzo de 1994 el Juez Naval Subrogante de Magallanes emitió una decisión en la que ordenó que se repusiera la causa al estado de sumario para que se practicaran diligencias necesarias para completar la incautación de todos los libros que existieran en poder de una persona que hizo comentarios públicos sobre el contenido del mismo y en poder de un familiar del señor Palamara Iribarne. El 8 de agosto de 1994 el Fiscal 3º Naval Suplente nuevamente declaró cerrado el sumario y el 31 de agosto de 1993 confirmó el primer dictamen fiscal . El 5 de octubre de 1994 el delegado del Ministerio Público Militar se adhirió al dictamen fiscal .
63.62. El 24 de octubre de 1994 el Fiscal Naval de Magallanes elevó la causa a plenario a fin de que el procesado Humberto PALAMARA Iribarne respond[ier]a a los cargos formulados en su contra” en los dictámenes fiscales (supra párrs. 63.60 y 63.61). Ese mismo día el referido Fiscal Naval facultó a la Fiscalía Naval de Valparaíso para “hacer entrega del expediente al abogado defensor del procesado”, quien por primera vez tendría acceso a dicho expediente .
63.63. El proceso permaneció en la etapa de sumario desde el 13 de marzo de 1993 hasta el 24 de octubre de 1994 (supra párr. 63.26 y 63.62) .
63.64. El 28 de octubre de 1994 el Fiscal Naval Suplente de Valparaíso notificó al abogado del señor Palamara Iribarne para que “contest[ara] la acusación fiscal dentro del plazo legal” . Ese mismo día el señor Palamara Iribarne solicitó al referido Fiscal, “a objeto de [su] defensa[, …] copia fotostática de todo lo obrado en autos”, lo que le fue otorgado a su costa . El 14 de febrero de 1995 el Fiscal Naval Suplente de Valparaíso designó “a la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, para que contest[ara], dentro del plazo legal, los cargos […] en contra del procesado”, debido a que el señor Palamara Iribarne y su abogado no habían contestado la acusación fiscal .
63.65. El 20 de febrero de 1995 el abogado del señor Palamara Iribarne opuso la excepción de previo y especial pronunciamiento sobre “declinatoria de jurisdicción o incompetencia del […] Juzgado Naval de Magallanes”, debido a que su representado “tenía calidad jurídica de empleado civil a contrata en la Armada de Chile”, por lo que “rebalsa la competencia necesaria, natural y prevista por el legislador, someter a un Tribunal Castrense a un empleado civil por delitos que por su esencial naturaleza, sólo pueden ser cometidos por profesionales militares en ejercicio”. Además, en dicha oportunidad el referido abogado, en forma subsidiaria, contestó “los cargos formulados en el dictamen acusatorio” (supra párrs. 63.60 y 63.61), respecto de lo que sostuvo, inter alia, que las conductas alegadas “no constituían delito”, por lo que se debía emitir una sentencia absolutoria y ofreció prueba documental, testimonial, pericial y de inspección personal .
63.66. El 10 de junio de 1996 el Juez Naval de Magallanes, “de acuerdo con el auditor”, emitió un fallo respecto de la causa Nº 464, en la que condenó al procesado Humberto Antonio Palamara Iribarne a :
a) “la pena de 61 días de [p]residio [m]ilitar [m]enor, en [g]rado [m]ínimo, como autor del delito de [i]ncumplimiento de [d]eberes [m]ilitares” sancionado en el artículo 299.3 del Código de Justicia Militar, por el incumplimiento de los procedimientos reglamentarios establecidos en el artículo 89 de la Ordenanza de la Armada con “dolo directo”, por haber impreso, editado, publicado, promocionado, inscrito y comercializado el libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, pese a que se le había denegado la autorización para hacerlo;
b) la pena de 540 días de reclusión militar menor, en su grado mínimo, como autor del delito de desobediencia, sancionado por el artículo 337.3 del Código de Justicia Militar y tomando en cuenta el artículo 334 de dicho Código, el cual permite “una adecuada comprensión de la figura típica”, por no acatar la orden del Comandante en Jefe de la III Zona Naval de la Armada de “entregar todos los ejemplares del libro y el resto del material utilizado en la impresión, a la brevedad”;
c) la pena de 61 días de reclusión militar menor, en su grado mínimo, como autor del delito de desobediencia sancionado por el artículo 336 Nº3 del Código de Justicia Militar, por contravenir una orden del Jefe de la Guarnición IM “Orden y Seguridad” de Magallanes que prohibió que el señor Palamara Iribarne realizara comentarios críticos (supra párr. 63.38). El Juez consideró que el señor Palamara Iribarne contravino dicha orden por emitir opiniones que envuelven críticas relacionadas con procedimientos institucionales, debido a que el 31 de marzo de 1993 se publicaron en el diario “La Prensa Austral” de Punta Arenas las anteriores declaraciones realizadas por el señor Palamara Iribarne y se difundieron declaraciones por medio radial;
d) la pena accesoria de pérdida del estado militar por el delito establecido en el artículo 299.3 del Código de Justicia Militar;
e) la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público, durante el tiempo de duración de las condenas;
f) el comiso de 900 ejemplares del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, un diskette que contiene el texto íntegro de la publicación, 6.213 hojas sueltas correspondientes al libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, 90 tapas de cartulina del mismo libro, de las cuales 4 de ellas están parcialmente impresas, 31 folletos de publicidad del mismo libro y 15 hojas de cartulina en las que está impreso el dibujo de la tapa del libro;
g) el pago de las costas de la causa; y
h) concurriendo con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.216, se sustituyó el cumplimiento efectivo de las penas privativas de la libertad por el beneficio de reclusión nocturna durante un lapso de 649 días.
63.67. El 17 de julio de 1996 el señor Palamara Iribarne presentó ante la Corte Marcial de la Armada un recurso de apelación en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Naval de Magallanes el 10 de junio de 1996 (supra párr. 63.66), así como planteó “una excepción de previo y especial pronunciamiento de declinatoria de jurisdicción” .
63.68. El 2 de enero de 1997 la Corte Marcial de la Armada emitió una sentencia , mediante la cual resolvió:
a) rechazar la excepción de declinatoria de jurisdicción de los tribunales castrenses interpuesta por el abogado del señor Palamara Iribarne (supra párr. 63.65), dado que “la competencia […] respecto de los delitos perpetrados por el procesado, fluye de la naturaleza militar tanto de los hechos punibles descritos en el código del ramo como del agente que los consumó”, lo que surge del artículo 6 del Código de Justicia Militar;
b) absolver al señor Palamara Iribarne por el delito de desobediencia cometido por “conceder entrevistas que se difundieron por medios radiales y de prensa escrita” en contravención a una orden de un superior, dado que el incumplimiento de dicha orden “ya fue sancionado en autos rol No. 471 del Juzgado Naval de Magallanes […] por el delito de desacato”. Por ello, la Corte Marcial revocó la sentencia apelada, en la parte que condena al procesado Humberto Antonio Palamara Iribarne a la pena de 61 días de reclusión militar menor en su grado mínimo como autor del delito de desobediencia contemplado en el artículo 336.3 del Código de Justicia Militar (supra párr. 63.66.c);
c) eximir al señor Palamara Iribarne de la pena de pérdida del estado militar, como autor del delito de incumplimiento de deberes militares, dado que es “a la vez una sanción principal militar”, y resulta improcedente que se lo sancione con dicha pena y “con la pena privativa de libertad” (supra párr. 63.66.d); y
d) confirmar la sentencia apelada y reducir la pena por el delito de desobediencia a 61 días de reclusión militar menor en su grado mínimo (supra párr. 63.66). Asimismo, se sustituye el beneficio de la reclusión nocturna por el de remisión condicional de la pena, quedando el procesado sometido a un control administrativo por la Gendarmería de Chile durante el lapso de un año, debiendo cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Ley No. 18.216.
63.69. El 9 de enero de 1997 el abogado del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne interpuso ante la Corte Marcial de la Armada un recurso de casación “en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia” emitida por la Corte Marcial el 2 de enero de 1997, con base en “la aplicación errónea de la ley penal”. Dicho recurso se encontraba fundamentado en el artículo 546.3 del Código de Procedimiento Penal de 1993, que establece que la referida aplicación errónea de la ley penal autoriza el recurso de casación cuando “la sentencia califique como delito un hecho que la ley penal no considera como tal”. El abogado fundó el recurso, inter alia, en que “se ha producido [una] infracción de la ley […] al estimar que el procesado rev[estía] la condición de militar, aplicando erróneamente el art[ículo] 6º del Código de Justicia Militar[, …y] califica[ndo] como delito, conductas que no lo son”, error que recae respecto de los artículos 299.3 y 337.3 del Código de Justicia Militar .
63.70. El 31 de enero de 1997 el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Chile emitió un dictamen en el que opinó que se debía acoger el recurso de casación en el fondo por haberse “cometido infracción de ley que influye en lo dispositivo del fallo”. El referido Fiscal señaló que el propósito del legislador en la redacción de los artículos 6 y 7 del Código de Justicia Militar fue “someter a [los] empleados civiles a la jurisdicción penal militar únicamente tratándose de los delitos comunes que puedan cometer dentro de los recintos militares o en estado de guerra” y que “la redacción de [un] libro fue una actividad ajena a los trabajos que el señor Palamara” Iribarne debía cumplir como empleado .
63.71. El 5 de agosto de 1997 la Corte Suprema de Justicia de Chile, contando en su integración con el auditor general del ejército, rechazó el recurso de casación interpuesto por el señor Palamara Iribarne el 9 de enero de 1997, dado que consideró que “no se ha[bía] vulnerado el artículo 6º del Código de Justicia Militar por haber sido correctamente aplicado[,] lo que trae como consecuencia que no se ha incurrido en error en el fallo atacado al aplicar los artículos 299 Nº 3 y 337 Nº 3 de [dicho Código], porque en ambos se exige la calidad de ‘militar’ para incurrir en hechos que deben calificarse como incumplimiento de deberes militares y desobediencia” .
Respecto de los procesos por el delito de desacato: Causa No. 103/93 contra el señor Palamara Iribarne ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas
63.72. El 6 de mayo de 1993 el señor Palamara Iribarne convocó a una conferencia de prensa en su residencia, en la cual criticó la actuación de la Fiscalía Naval en el proceso seguido en su contra .
63.73. El 7 de mayo de 1993 se publicaron en el diario “La Prensa Austral” de Punta Arenas las declaraciones realizadas por el señor Palamara Iribarne durante la referida conferencia de prensa. De acuerdo al artículo periodístico publicado, el señor Palamara Iribarne, declaró, inter alia, que “ha[bía] sido limitada la libertad de expresión y que aparentemente se intent[ó] encubrir la represión ‘acusándo[lo] de incumplimiento de órdenes y deberes militares’”. También manifestó que “exist[ía]n razones para suponer que la Fiscalía Naval adulteró documentos legales y mintió a la Corte de Apelaciones cuando fue consultada respecto a quien hizo la denuncia que inició el proceso sumarial y sobre el número de rol del sumario con que se inició la investigación, todo ello para evitar un fallo desfavorable” .
63.74. El 25 de mayo de 1993 el Comandante en Jefe de la III Zona Naval, señor Hugo Bruna Greene, presentó ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas una denuncia contra el señor Palamara Iribarne por el delito de desacato, previsto y sancionado por el artículo 264.3 del Código Penal. Según el denunciante, el señor Palamara Iribarne emitió sus declaraciones “en términos altamente ofensivos respecto [de]l Fiscal Naval de Magallanes” .
63.75. El 31 de mayo de 1993 el Ministro Sumariante de la Corte de Apelaciones instruyó sumario criminal y solicitó al denunciante la individualización “precisa y determinada del funcionario que se entiende afectado por los hechos […] y que ejercía en la época de producirse los hechos el cargo de Fiscal Naval” . El 2 de junio de 1993 el Fiscal Subrogante de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en aplicación de “lo que prescribe la letra a) del artículo 27 de la Ley No. 12.927[…,] impetr[ó] como primera diligencia la expedición de una orden amplia de investigar a objeto de establecer el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, sin perjuicio de las que de ella puedan derivarse en el transcurso del sumario”. Dicho artículo establece que “inmediatamente de recibida la denuncia de haberse cometido por civiles un delito de los referidos en el artículo anterior”, entre ellos el desacato, “el Presidente de la Corte la pasará al Ministro de turno, a fin de que se avoque el conocimiento, en primera instancia [… y que l]a tramitación de estos procesos se ajustará a las reglas establecidas en el Título II del Libro II del Código de Justicia Militar, relativo al procedimiento penal en tiempo de paz, con las modificaciones y agregaciones que se expresan” en dicho artículo .
63.76. El 3 de junio de 1993 la Corte de Apelaciones citó al señor Palamara Iribarne a declarar, “bajo apercibimiento de arresto”, declaración que prestó ante dicha Corte el 8 de junio de 1993 .
63.77. El 14 de junio de 1993 el Ministro Sumariante de la Corte de Apelaciones se declaró incompetente para conocer el expediente Rol No. 103-93 correspondiente a la denuncia interpuesta por el Comandante en Jefe de la III Zona Naval, señor Hugo Bruna Greene, fundado en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 12.927 y remitió dicho expediente al Juez Naval de Magallanes, “para su conocimiento y resolución” .
Respecto de la Causa Criminal No. 471/93 contra el señor Palamara Iribarne ante el Juzgado Naval de Magallanes por el delito de desacato
63.78. El 16 de junio de 1993 el Comandante en Jefe de la III Zona Naval, señor Hugo Bruna Greene, quien también era el Juez Naval de Magallanes, se declaró “inhabilitado para conocer y fallar los hechos que dieron origen a la denuncia” contra el señor Palamara Iribarne por el delito de desacato .
63.79. El 17 de junio de 1993 el Juez Naval Subrogante, con competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley No. 12.927, emitió una resolución, en la cual declaró que, a pesar de que el señor Palamara Iribarne se encontraba sometido a la Causas Criminales Rol No. 464, Rol No. 465 y primeras diligencias que fueron acumuladas en un solo proceso (supra párr. **), el artículo 160.2 del Código Orgánico de Tribunales lo “faculta[ba] para que […] orden[ara], por medio de un auto motivado, la sustanciación del proceso por cuerda separada”. Asimismo señaló que la competencia del juzgado para conocer del delito de desacato provenía del artículo 26 de la Ley No. 12.927 .
63.80. El 12 de julio de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes emitió un auto de procesamiento en contra del señor Palamara Iribarne, mediante el cual lo sometió a la Causa Rol No. 471 como autor del delito de desacato previsto en el artículo 264.3 del Código Penal de Chile, en relación con los artículos 265 y 266 del mismo código, por haberse expresado públicamente ante la prensa en una manera que resultó en la injuria grave de la Fiscalía Naval y por considerar que esos hechos eran “constitutivos del delito de desacato”. El referido Fiscal Naval fundó su auto de procesamiento, inter alia, en prueba que obraba en los otros procesos pendientes ante el Juzgado Naval de Magallanes, así como en algunas de las expresiones vertidas en el Recurso de Protección No. 10-93 interpuesto ante la Corte de Apelaciones por la esposa del señor Palamara Iribarne (supra párr. 63.36 y 63.37). En el mismo auto de procesamiento, el Fiscal Naval de Magallanes estimó que, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, el señor Palamara Iribarne debía cumplir prisión preventiva en la Guarnición IM “Orden y Seguridad” y ordenó que se despachara la orden de prisión .
63.81. El 12 de julio de 1993, durante el acto de notificación del auto de procesamiento, el señor Palamara Iribarne interpuso un recurso de apelación en contra de dicho auto (supra párr. 63.80). Ese mismo día su abogado “solicit[ó] el beneficio constitucional de la libertad provisional […,] máxime cuando en la causa se aprecia[ba] la no existencia de diligencias pendientes” .
63.82. El 12 de julio de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes “conced[ió] la apelación interpuesta por el procesado”, “[p]rovey[ó] la solicitud de [l]ibertad [p]rovisional, fijándo[…] a efecto una fianza” y “[e]lev[ó los] autos a la […] Corte Marcial de la Armada, en apelación del auto de procesamiento y en consulta de excarcelación concedida” .
63.83. El señor Palamara Iribarne permaneció privado de libertad del 12 al 15 de julio de 1993 , y fue liberado en virtud de la resolución emitida por la Corte Marcial, la cual intervino en razón de un procedimiento de consulta, confirmando la decisión de otorgar al señor Palamara Iribarne la libertad provisional (supra párr. 63.82) .
63.84. El 16 de julio de 1993 la Corte Marcial “confirm[ó] la resolución apelada” . En julio y agosto de 1993 se otorgaron autorizaciones al señor Palamara Iribarne para ausentarse de la jurisdicción del tribunal .
63.85. El 16 de agosto de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes declaró “cerrado el sumario” y al día siguiente emitió su dictamen, mediante el cual opinó que se debía condenar al encausado a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y multa de quince sueldos vitales, como autor del delito de desacato previsto y sancionado en los artículos 264.3, 266.2 y 265 del Código Penal, y a la pena accesoria de suspensión de cargo y oficio público . El 29 de septiembre de 1993 el Fiscal General Militar se “adhir[ió] al dictamen fiscal” . El 4 de octubre de 1993 el Juez Naval Subrogante “elev[ó] la causa a plenario” .
63.86. El 6 de octubre de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes puso “los autos en conocimiento del procesado para que respond[iera] a los cargos que resulta[ra]n en su contra en el término legal de seis días” .
63.87. El 18 de noviembre de 1993 el abogado del señor Palamara Iribarne presentó la “contestación al dictamen del fiscal” y remitió copia de un artículo periodístico que “contiene las declaraciones del […] Comandante en Jefe de la Armada en las que indica que se desarrollaban, a la fecha, dos investigaciones en el caso, así como también fotocopia del informe emitido por el […] Fiscal Suplente, que da cuenta de tan sólo una denuncia, circunstancia esta que motivó las declaraciones del señor Palamara que […] d[ieron] origen a[l…] proceso” .
63.88. El 7 de septiembre de 1994 el Juez Naval de Magallanes emitió una sentencia, mediante la cual absolvió al señor Palamara Iribarne de los cargos formulados en su contra como autor del delito de desacato, concluyendo que “el mérito de los antecedentes no ha[bía] sido idóneo ni suficiente para establecer la existencia del ilícito materia de los cargos [y, además, el procesado] no [tuvo] la intención ni el ánimo de ofender a persona alguna y menos a la autoridad, puesto que sus declaraciones sólo respond[iero]n a un pensamiento de la época, inspirado en una conducta de defensa ante situaciones que le afectaban, pero exentas de todo ánimo e intención ofensiva e injuriosa” .
63.89. El 27 de septiembre de 1994 venció el plazo para que la referida sentencia fuera apelada sin que esto sucediera. Sin embargo, el 4 de octubre de 1994 el Juez Naval de Magallanes emitió una resolución, mediante la cual “facult[ó] al [Juzgado Naval de Valparaíso] para elevar los autos a la […] Corte Marcial de la Armada, en consulta” .
63.90. El 11 de noviembre de 1994 el Juez Naval de Valparaíso emitió una resolución, mediante la cual, en atención a “la facultad contenida en […] la resolución del [Juez Naval de Magallanes de 4 de octubre de 1994 (supra párr. 63.89),] elev[ó los] autos en consulta a la […] Corte Marcial de la Armada” .
63.91. El 3 de enero de 1995 la Corte Marcial de la Armada revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y condenó al señor Palamara Iribarne como autor del delito de desacato a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 11 sueldos vitales, a la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa. La Corte Marcial de la Armada indicó que “aparec[ió] claramente el ánimo de injuriar en las declaraciones vertidas en el [Diario La Prensa Austral y] demostr[aron] que el procesado tenía plena convicción de las ofensas inferidas y conocía la gravedad de las imputaciones” .
63.92. El 9 de enero de 1995 el abogado del señor Palamara Iribarne presentó un recurso de queja en contra de los Ministros de la Corte Marcial de la Armada. En dicho recurso, se alegó, inter alia, que los ministros habían cometido “falta o abuso” al considerar que se había configurado el delito de desacato y condenado al señor Palamara Iribarne en circunstancias en que no concurrían los elementos que constituyen la esencia del delito de desacato .
63.93. El 20 de julio de 1995 la Corte Suprema de Chile declaró sin lugar el recurso de queja por no existir falta o abuso por los ministros recurridos .
Respecto de la Investigación Sumaria Administrativa Nº 1590 ante la Fiscalía Administrativa de la III Zona Naval, Punta Arenas
63.94. El 1 de marzo de 1993 el Jefe de Departamento A-2 de la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval, señor Fernando Migram, mediante Resolución Nº 1590/11/2, informó al Comandante en Jefe de dicha Zona Naval, Hugo Bruna Greene, sobre el “no cumplimiento [del artículo 89 de] la Ordenanza de la Armada e insubordinación” y del reglamento de disciplina de la Armada por parte del señor Palamara Iribarne . Dicho informe es el mismo que consta dentro de las primeras diligencias en la Causa Rol No. 464 ante el Juzgado Naval de Magallanes (supra párr. 63.18) .
63.95. El 2 de marzo de 1993 el Comandante en Jefe de la III Zona Naval, Hugo Bruna Greene, emitió la resolución No. 1590/11/4, mediante la cual resolvió: “[d]esigna[r] [un] fiscal administrativo […] para que instruy[era] una Investigación Sumaria Administrativa en averiguación de la falta cometida por el empleado a contrata […] Humberto Palamara Iribarne” . El 2 de abril de 1993 el referido Comandante en Jefe emitió otra Resolución No. 1590/7/11, mediante la cual ordenó “que [el Fiscal Administrativo a cargo] instruy[era …,] además, las faltas a la disciplina de que d[aba] cuenta [el] parte” de 30 de marzo de 1993 .
63.96. El 8 de abril de 1993 el Fiscal Naval Administrativo emitió un dictamen, en el cual consideró que había quedado acreditado que el señor Palamara Iribarne, inter alia: no solicitó la autorización para publicar por el conducto regular; que al informar al Comandante en Jefe de la III Zona Naval, ya estaba publicitado su libro, “omitiendo conscientemente dar[le] esta información”; que se le ordenó “detener el proceso de publicación del libro, lo cual no cumplió”; que el 1 de marzo de 1993 se le notificó oficialmente que su libro “no había sido autorizado”; que manifestó abiertamente al referido Comandante en Jefe que no cumpliría la orden de entregar los libros; y que no concurrió a trabajar “aduciendo motivos falsos” .
63.97. El 30 de abril de 1993 el Fiscal Naval Administrativo ordenó que se nombrara a dos peritos “a fin de que proc[edieran] a informar al Tribunal acerca del contenido del […] libro a la luz de los valores y postulados disciplinarios que rigen la institución”. Uno de los peritos designados era el Jefe del Estado Mayor de la III Zona Naval, Vicente Caselli Ramos, quien había presentado la denuncia telefónica que dio inicio a la Causa No. 464 (supra párr. 63.18) . El 24 de mayo de 1993 los dos peritos designados emitieron un informesobre el contenido del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, en el que concluyeron que: a) el documento podía ser visto como testimonio auténtico de los servicios de inteligencia y brindar elementos esenciales de investigación a países extranjeros o a grupos políticos; y b) las afirmaciones y los juicios emitidos no podían ser producto de información obtenida por fuentes abiertas .
63.98. El 3 de mayo de 1993 el Fiscal Administrativo y el Secretario se constituyeron en el Departamento A-2 de la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval y “t[uvieron] a la vista varios archivos que cont[enían] documentación de carácter Secreto, Reservado y Confidencial […, los cuales] fueron encontrados en archivadores que estaban ubicados en la oficina de[l señor …] Palamara” . En la declaración rendida el 7 de mayo de 1993 ante el referido Fiscal, el señor Palamara Iribarne expresó “que inmiscuirse en [su] oficina, revisar documentos sin […que se] encontrar[a] presente y sin una orden judicial escrita e[ra] ilegítimo e ilegal” .
63.99. El 7 de mayo de 1993 el Jefe de la Guarnición IM “Orden y Seguridad” remitió un informe al Comandante en Jefe de la III Zona Naval, en el que manifestó que el señor Palamara Iribarne cometió una falta a la disciplina al “hace[r] declaraciones en contra de la causa judicial que se le instruye en la Fiscalía Naval de Magallanes y del Sr. Comandante en jefe de la Tercera Zona Naval” en el matutino “LA PRENSA AUSTRAL” (supra parr. 63.73), en contravención a la orden del referido Jefe de Guarnición emitida el 26 de marzo de 1993 (supra párr. 63.38) .
63.100. El 27 de mayo de 1993 el Fiscal Naval Administrativo emitió un dictamen, mediante el cual estimó que el señor Palamara Iribarne debía ser sancionado con la pena de separación del servicio, con los agravantes de mala conducta y deficiente desempeño profesional anterior, debido a que “ha[bía] incurrido en diversas conductas constitutivas de deslealtades deliberadas que reflej[aba]an […] un desapego absoluto a valores y principios esenciales” “con gravísimas consecuencias para la disciplina y el prestigio de la [Armada chilena]” .
63.101. El 23 de agosto de 1993 la Dirección General de Personal de la Armada emitió un memorando en el que se “adjunt[ó…,] para [el] conocimiento y archivo [por la Auditoría de Personal de la Armada, la] investigación sumaria administrativa” respecto del señor Palamara Iribarne, “en atención a que por resolución […] el 28 de mayo de 1993, se le dispuso el retiro por la causal de TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO”. Además, se remitió dicho memorando al Departamento III, “con el objeto que se dej[ara] constancia en [la] carpeta personal [del señor Palamara Iribarne] que al momento de su retiro estaba involucrado en una [investigación sumaria administrativa]” .
Respecto de la Ley No. 20.048 en relación con el delito de desacato
63.102. El 31 de agosto de 2005 se publicó la Ley No. 20.048 “que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato”. Mediante dicha ley: se sustituyó el epígrafe del párrafo 1 del Título VI del Libro II del Código Penal “Atentados y desacatos contra la autoridad”, por el de “Atentados contra la autoridad”; se derogó el artículo 263 que contemplaba el delito de injuria contra autoridades; se reemplazó el texto del artículo 264 que estipulaba el delito de desacato a la autoridad; se eliminó el artículo 265 que establecía el delito de desacato o injuria grave en contra de la autoridad; se suprimió del artículo 266 las palabras “o desacato” las dos veces que aparecían en el texto anterior; se suprimió el artículo 268 que tipificaba el delito de tumulto o exaltación al desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de impedir o interrumpir sus actos. Además, dicha ley modificó el artículo 416.4 del Código de Justicia Militar y sustituyó las palabras “once a veinte sueldos vitales” por “seis a once unidades tributarias mensuales”. El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de Chile propuso la modificación, aunque no la supresión total, de los artículos del Código de Justicia Militar que contemplan el desacato .
Respecto de la situación laboral y personal del señor Palamara Iribarne con posterioridad a ser sometido a los distintos procesos
63.103. El 1 de marzo de 1993, fecha en que el Fiscal Naval Suplente de Magallanes y el Secretario realizaron las incautaciones de los ejemplares del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” (supra párr. 63.19 y 63.20), el señor Palamara Iribarne vivía junto a su familia en Punta Arenas, en un inmueble fiscal, es decir, un departamento que le concedió la Armada como beneficio .
63.104. El 3 de marzo de 1993 el Comandante en Jefe de la III Zona Naval, señor Hugo Bruna Greene, emitió una resolución, mediante la cual decidió suspender la autorización que tenía el señor Palamara Iribarne para hacer publicaciones en la columna del diario “La Prensa Austral” .
63.105. El 26 de marzo de 1993, mientras el señor Palamara Iribarne se encontraba detenido (supra párr. 63.35), se le informó que tenía “una semana para hacer entrega de la casa fiscal en que residía [junto a su familia], debido a que había pasado a situación de retiro como oficial de marina [… y] porque había desarrollado una vida que no era compatible con la armada” . En esa fecha, los tres hijos del señor Palamara Iribarne y de la señora Anne Stewart Orlandini, Raimundo Jesús, Humberto Antonio y Fernando Alejandro, todos ellos de apellidos Palamara Stewart, tenían, respectivamente 6, 8 y 9 años de edad. Como consecuencia de dicha orden la familia tuvo que abandonar el “departamento naval” .
63.106. El 28 de mayo de 1993 el Comandante en Jefe de la Armada Nacional emitió una resolución, mediante la cual dispuso el término anticipado del contrato de trabajo del señor Palamara Iribarne . Durante el año 1993 la Armada de Chile pagó al señor Palamara Iribarne tres sueldos, cuyo monto bruto total fue de 1.168.897 pesos chilenos .
63.107. El 26 de agosto de 1993 el señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, con el propósito de buscar trabajo, solicitó al Fiscal Naval autorización para salir de la jurisdicción del Tribunal Naval, tuvo que mudarse a la ciudad de Valparaíso y se fue a vivir con su madre .
63.108. Aproximadamente en el mes de octubre de 1993, debido a problemas económicos, la señora Stewart Orlandini y sus tres hijos tuvieron que trasladarse a otro departamento en Punta Arenas fuera de la base naval, y luego a la casa de los padres de ésta en Viña del Mar, mientras el señor Palamara Iribarne continuó viviendo con su madre. El señor Palamara Iribarne y la señora Anne Stewart Olardini viven separados desde entonces. Actualmente, la señora Stewart Orlandini vive en España con dos de sus hijos, Humberto Antonio y Fernando Alejandro, ambos de apellidos Palamara Stewart, y el señor Palamara Iribarne vive en Viña del Mar con su hijo Raimundo Jesús Palamara Stewart .
63.109. El 16 de noviembre de 1993 la Sociedad de Escritores de Chile, “como una muestra más de [su] solidaridad a la censura que ha[bía] sufrido [el] libro [del señor Palamara Iribarne, le manifestó] que podía ser admitido como Socio Cooperador” .
63.110. El 28 de junio de 1994 la División Jurídica de la Contraloría General de la República de Chile emitió una resolución, mediante la cual resolvió las consultas realizadas por el señor Palamara Iribarne a dicha institución relativas a su situación laboral . Dichas consultas se relacionaban con:
a) la reconsideración parcial del dictamen de 20 de diciembre de 1993 relativo a la fecha en que se puso término anticipado al contrato de trabajo que lo vinculaba a la institución castrense, dado que “no había sido legalmente notificado del término anticipado de su contrato”. Al respecto, la referida División Jurídica manifestó, inter alia, que “la autoridad que contrató los servicios de un empleado a contrata puede ponerle término anticipado al contrato si la permanencia del funcionario es perjudicial o afecta la disciplina, el orden o simplemente la conveniencias del servicio correspondiente”, así como que en “una reiterada jurisprudencia” la Contraloría ha señalado que las autoridades castrenses poseen plenas facultades para poner término anticipado a un contrato;
b) la procedencia de la “asignación por cambio forzoso de residencia dentro de la misma ciudad […] por haberse visto obligado a abandonar el inmueble que habitaba en la ciudad de Punta Arenas”. Al respecto, la División Jurídica de la Contraloría resolvió que el referido beneficio “sólo es procedente cuando el funcionario ha cambiado su residencia habitual, requisito que no se verifica cuando el servidor se muda dentro de los límites de una misma ciudad”, por lo cual “no [se encontraba] habilita[do] para impetrar [el referido] beneficio”;
c) la procedencia del plazo de siete días concedido para abandonar el “inmueble fiscal”. Al respecto, la División Jurídica de la Contraloría consideró que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Viviendas Fiscales de la Armada, “los empleados civiles no tienen derecho a ocupar casas fiscales. Sin embargo, por excepción […] la autoridad respectiva, previa coordinación con la Dirección de Bienestar de la Armada, puede asignar viviendas fiscales a estos funcionarios”, por lo cual el señor Palamara Iribarne “sólo ha tendido derecho al beneficio [de vivir en una casa fiscal] mientras se desempeñaba como oficial de la Armada[, …] siendo factible el plazo otorgado por su empleador para la restitución del referido inmueble”; y
d) la procedencia de los descuentos efectuados a las remuneraciones del señor Palamara Iribarne durante el mes de abril de 1993. Al respecto, la División Jurídica de la Contraloría estimó que dichos descuentos correspondieron “al reintegro de sumas pagadas indebidamente durante el mes de enero y febrero de 1993”, dado que había sido remunerado como Capitán de Corbeta y no como empleado civil a contrata.
63.111. Luego de ocurridos los hechos del presente caso, el señor Palamara Iribarne tuvo dificultades para encontrar trabajo, debido a que después de dejar de servir a la Armada por haber sido condenado en la jurisdicción militar se le cerraron las puertas de empresas navieras para ejercer como ingeniero naval mecánico. Además, sus relaciones sociales y las de su familia cambiaron, ya que muchos de sus amigos integraban la Armada. Asimismo, en Viña del Mar la mayoría de las personas tienen en su familia un marino, por lo que para la colectividad vulnerar la seguridad nacional es “malo en sí mismo” .
SOBRE LAS COSTAS Y GASTOS
63.112. El señor Palamara Iribarne incurrió en gastos durante la tramitación interna de los distintos procesos a los que se vio sometido, así como los representantes y la presunta víctima realizaron diversos gastos durante el procedimiento internacional.
VII
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA MISMA
(LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN)
64. Alegatos de la Comisión
a) el Estado realizó actos de censura previa incompatibles con el artículo 13.2 de la Convención Americana, dado que en marzo de 1993 un Tribunal Naval se constituyó, tanto en la imprenta “Ateli Limitada” como en el domicilio del señor Palamara, para incautar los ejemplares del libro, los textos originales, un disco que contenía el texto íntegro, la matricería electroestática de la publicación y borrar del disco duro de su computadora personal el texto íntegro del libro en cuestión, así como debido a las decisiones adoptadas por los tribunales chilenos que impidieron la publicación y divulgación del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”. Este artículo solo contempla la posibilidad de realizar una censura previa con base en la protección moral de la infancia y de la adolescencia tratándose de espectáculos públicos, así como bajo una declaración de estado de emergencia, lo cual no se aplica a este caso. Además, en “los peritajes requeridos por el Estado se concluyó que la información contenida en el libro era accesible por otros medios”;
b) la prohibición de la censura previa abarca “la prohibición [de] cualquier acto que impida la distribución de un libro materialmente existente”;
c) el tipo penal de desacato es incompatible con el artículo 13 de la Convención. La condena al señor Palamara Iribarne por este delito, “fundada en sus expresiones críticas al comportamiento de funcionarios públicos”, “constituye la aplicación de responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión que no son necesarias” en una sociedad democrática;
d) las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados, en directa contravención al principio fundamental de un sistema democrático, que contempla el escrutinio público como medio para impedir y controlar el abuso de sus poderes coercitivos. Dichas leyes son un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares y disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones monetarias;
e) la mera amenaza de ser acusado penalmente por expresiones críticas sobre asuntos de interés público puede provocar la autocensura. La defensa contra cargos penales representa un costo muy alto al acusado y puede conllevar a la imposición de restricciones a derechos. La potencial aplicación de una sanción penal por la crítica a un funcionario público produce o puede producir un efecto amedrentador. En Chile trae consigo la amenaza de cárcel o multa para quienes sean condenados por ese delito;
f) en el 2001 Chile derogó el delito de desacato previsto en el artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado. En agosto de 2005 Chile aprobó la Ley 20.048 que eliminó el delito de desacato “solamente para los efectos del Código Penal y no del Código de Justicia Militar”. El señor Palamara Iribarne debe ser íntegramente reparado por el daño sufrido. Al respecto, la Comisión señaló que “no t[e]n[ía] mayores observaciones que formular” y que “compart[ía] las observaciones prestadas por los representantes de la [presunta] víctima”;
g) el Estado ha aplicado disposiciones del Código Penal chileno, en violación de las normas y parámetros emanados de la Convención, así como también de la jurisprudencia del sistema interamericano, al condenar al señor Humberto Palamara por el delito de desacato;
h) el artículo 2 de la Convención también señala que los Estados se comprometen a “adoptar medidas de otro carácter”, además de las legislativas, fin de hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Si los tribunales de justicia se rehusan a dar efecto al tratado, dada la necesidad de adecuar la legislación interna, sus resoluciones generan responsabilidad internacional del Estado por violación del tratado; e
i) el Estado debe dejar sin efecto la sentencia interna que condenó al señor Palamara Iribarne.
65. Alegatos de los representantes
a) coinciden con el argumento de la Comisión respecto de que la incautación del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, los diskettes y matricería electroestáticas, así como el acto de borrar del computador personal de Humberto Palamara Iribarne el archivo de dicho libro, constituyen actos de censura previa incompatibles con el artículo 13 de la Convención. No se configuró ninguna de las excepciones posibles a la prohibición de la censura;
b) en este caso, no es necesario probar cuál era el contenido del libro. “La cuestión [que se debe] resolver es si existe alguna posibilidad jurídica de establecer controles preventivos a la libertad de expresión y la respuesta categórica a esta inquietud se encuentra en el art[ículo] 13.2” de la Convención. Aun “si se quisiera sostener el argumento del Estado” respecto de que determinó una responsabilidad ulterior para proteger la seguridad nacional, el libro escrito por el señor Palamara Iribarne no revelaba ningún secreto militar, ni afectaba la seguridad nacional;
c) el inicio de la Causa No. 464 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares y la posterior condena constituyeron un instrumento directo para impedir la publicación del libro. La denuncia a la justicia penal buscaba que se hiciera efectiva la prohibición de la publicación del libro. En el marco de este proceso los ejemplares del libro en cuestión y sus matrices fueron secuestrados. Esta medida, una vez confirmada en la sentencia de condena, impidió en forma irreversible la divulgación de la publicación;
d) los artículos 264.3 y 266 del Código Penal eran incompatibles con la Convención Americana, debido a que violaban el principio de necesariedad, “al prever una sanción contra quien critica a un funcionario público en ejercicio de sus funciones oficiales”. El sometimiento a un proceso criminal resulta particularmente gravoso por las limitaciones que conlleva, su carácter estigmatizante y su efecto inhibidor de la libertad de expresión. Puede implicar la privación de la libertad del acusado, tal como ocurrió al señor Palamara Iribarne. “Asimismo, el quantum de las penas impuestas por el tipo de sanciones quiebra el principio de necesariedad de la restricción”. La vía penal debe ser utilizada sólo cuando otros mecanismos resulten insuficientes para solucionar ciertos conflictos;
e) el Estado violó el derecho a la libertad de expresión del señor Palamara Iribarne al tipificar el delito de desacato, “al procesar y condenar a la [presunta] víctima del caso en virtud de sus declaraciones” contra un funcionario gubernamental. Además, todo ello se constituyó en un medio indirecto de restricción de su libertad de expresión, prohibido por la Convención Americana por resultar innecesario y desproporcionado. La protección de los bienes supuestamente vulnerados podría haberse realizado a través de medidas menos restrictivas de la libertad del señor Palamara Iribarne;
f) al restringir el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión se debe tomar en consideración que los funcionarios públicos se encuentran sometidos a un mayor escrutinio por parte de la ciudadanía. La figura del desacato, tal como se encuentra prevista en la legislación chilena, no cumple con los estándares establecidos en la Convención y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, debido a que constituye un delito y, consecuentemente, se autoriza la utilización del sistema penal para sancionar al acusado por sus declaraciones. De este modo, se vulnera el principio de última ratio;
g) “no tienen objeciones a la reforma legislativa notificada por el Estado” a través de la Ley No. 20.048 publicada el 20 de agosto de 2005. Dicha “modificación legal […] sólo comprende la reparación parcial de una de las violaciones a la Convención”; y
h) el Estado no cumplió con su obligación de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, y con su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, constituyendo una violación a los artículos 1.1. y 2 de la Convención.
66. Alegatos del Estado
a) el Estado no impidió la publicación del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, el cual fue publicado antes de su prohibición en la imprenta “Ateli”. La publicidad del libro se inició a principios de febrero de 1993 mediante la distribución de afiches. Alrededor del 18 de febrero del mismo año, se concluyó la edición e impresión de 1.007 ejemplares. Aproximadamente el 19 de febrero de 1993 el dueño de la imprenta entregó al señor Palamara Iribarne 985 ejemplares, iniciándose la comercialización de algunos de ellos. Por lo tanto, el libro “fue efectivamente publicado, publicitado y comercializado sin ninguna censura previa por parte del Estado”;
b) antes de su prohibición, circularon 102 ejemplares de la obra y se comercializaron al menos 13 ejemplares. Una vez publicada, la circulación de la misma fue prohibida por la Armada, como sanción al incumplimiento del deber militar del autor de la obra de solicitar autorización para efectuar la publicación. “[L]a presunta víctima no estuvo sujet[a] a censura previa, sino a una responsabilidad ulterior expresamente contemplada en la ley” y “fundada en la necesidad imperiosa de asegurar la protección de la seguridad nacional”;
c) el examen del contenido de la obra que se realizó después de la publicación fue absolutamente justificado por el hecho de que el autor se desempeñó la mayor parte de su carrera como oficial de inteligencia, entre 1983 y 1991, y la obra en cuestión fue el resultado de 8 años de experiencia y análisis de información naval;
d) el señor Palamara Iribarne en su calidad civil estaba bajo juramento de “guardar absoluta reserva y discreción respecto a las informaciones o asuntos propios de las Unidades a [las] que h[a] pertenecido, de las cuales tuv[o] conocimiento en forma casual o en razón de los puestos desempeñados durante [su] permanencia en la Armada de Chile”. El señor Palamara Iribarne pidió autorización por escrito para publicar el libro cuando la obra ya se encontraba publicada. Según los deberes explícitos del referido juramento, no resultó justificable la conducta de la presunta víctima en relación con la autorización obligatoria para publicar su libro;
e) el señor Palamara Iribarne, funcionario de la Armada, no podía publicar informaciones secretas o confidenciales sin autorización escrita de las autoridades correspondientes. El impedimento de circulación derivó de una negligencia del autor al no solicitar oportunamente la autorización para publicar requerida por las normas vigentes;
f) durante la tramitación de la denuncia ante la Comisión, el Estado desplegó serios esfuerzos por lograr una solución amistosa del caso basada en las recomendaciones del informe 20/03. Sin embargo, “dada la complejidad institucional y normativa de la solución no fue posible obtener un acuerdo antes de la presentación de la demanda ante la Honorable Corte”;
g) se refirió a “los principales avances logrados durante los últimos años en materia de adecuación de la legislación interna del artículo 13” de la Convención. Se eliminaron “las normas de desacato, contrarias al artículo 13 de la Convención”. El 8 de agosto de 2005 aprobó la Ley No. 20.048 que “elimina la figura de desacato” en la parte relativa a las ofensas y las injurias cometidas contra autoridades, pero mantiene la sanción para las amenazas y la perturbación del orden por vías de hecho, por constituir conductas de peligro que pueden atentar contra el orden y la seguridad públicas”. Dicha ley “introduce importantes cambios al Código de Justicia Militar”, modificando los artículos 276, 284 y 417, “dejando fuera como autor del delito de sedición impropia a los individuos no militares, sustrayendo de esta forma los civiles de la competencia de los tribunales militares”. Esta ley concuerda con la Ley No. 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, la cual establece que la justicia ordinaria será siempre competente para conocer de los delitos cometidos por civiles en el ejercicio de las libertades de opinión e información;
h) existe actualmente en trámite legislativo un proyecto de ley que tiene por objeto restringir las facultades que los Códigos de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal otorgan a los jueces para decretar el retiro de circulación de una publicación y su incautación. El proyecto de ley para regular la incautación de publicaciones y el retiro de su circulación, se encuentra en la Cámara de Diputados del Congreso, y “el Ejecutivo se ha comprometido a entregar su patrocinio y a darle trámite de urgencia”. Se propone una modificación al Código de Procedimiento Penal, “estableciendo el derecho al retiro de la circulación y la incautación de las publicaciones pero, previo trámite de consulta al tribunal superior jerárquico, y permitiendo, que se enerve esta actuación judicial, mediante la consignación de los recursos necesarios, para afianzar posibles indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil que nace de la comisión de los delitos que se acrediten”; e
i) con la aprobación de la de Ley No. 20.048 y con el referido proyecto para regular la incautación de publicaciones y el retiro de su circulación se estaría cumpliendo con “la recomendación del Informe 20/03 de la Comisión [y] se abriría la posibilidad para que en ese nuevo marco legal, el señor Humberto Palamara Iribarne pudiera solicitar, en virtud del principio Pro Reo, que se modifiquen las sentencias judiciales por las que fue condenado y obtener la eliminación de sus antecedentes penales. Asimismo, en dicho escenario, el Gobierno de Chile tiene la firme voluntad de participar con el reclamante en la adopción de las formas de reparación simbólica que puedan acordarse con él en el propósito de dar por restablecidos los derechos afectados, consolidando así, a través de un caso concreto y conocido, el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico chileno para la más plena vigencia de los derechos y libertades fundamentales”.
Consideraciones de la Corte
67. El artículo 13 de la Convención Americana dispone, inter alia, que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
[…]
68. Tal como ha establecido la Corte anteriormente, las infracciones al artículo 13 de la Convención pueden presentarse bajo diferentes hipótesis, según conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá de lo legítimamente permitido . No toda transgresión al artículo 13 de la Convención implica la supresión radical de la libertad de expresión, que tiene lugar cuando, por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control del Estado. En tal hipótesis, hay una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática .
69. El libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, así como las declaraciones efectuadas por el señor Palamara Iribarne que fueron publicadas en medios de comunicación, implicaban el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, mediante la difusión de sus pensamientos e ideas sobre aspectos relacionados con la necesidad de que el “personal de inteligencia”, en aras de evitar violaciones a los derechos humanos, se rigiera por “conductas éticas”, así como permitían expresar sus puntos de vista sobre los procesos o el trato de las autoridades al que se vieron sometidos él y su familia. Por otra parte, también fomentaban la dimensión social de dicho derecho, mediante el acceso de los lectores a la información contenida en el libro y a las referidas opiniones e ideas vertidas por el señor Palamara Iribarne. El concepto de la doble dimensión individual y social de la libertad de pensamiento y de expresión, así como su interdependencia, han sido desarrollados en reiteradas ocasiones por la Corte .
70. La Corte debe determinar, a la luz de los hechos probados del presente caso, en primer lugar, si el Estado realizó actos de censura previa incompatibles con la Convención Americana al prohibir al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne que publicara su libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, así como al incautar los ejemplares editados del mismo, sometiendo al señor Palamara Iribarne a un proceso por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. En segundo lugar, este Tribunal debe establecer si la imputación del delito de desacato a través del proceso penal militar instaurado en contra del señor Palamara Iribarne por sus declaraciones, así como las sanciones penales y militares impuestas como consecuencia de ese proceso, y la investigación administrativa iniciada y posteriormente archivada restringieron o no indebidamente su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
1) La libertad de pensamiento y de expresión
71. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención, los Estados no pueden impedir ni restringir, más allá de lo legítimamente permitido, el derecho de las personas a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, […] ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Además, dicha norma establece los supuestos en los que se pueden realizar restricciones a esos derechos, así como regula lo relativo a la censura previa. En varias oportunidades el Tribunal se ha pronunciado sobre los medios a través de los cuales pueden establecerse legítimamente restricciones a la libertad de expresión, y sobre lo dispuesto en el artículo 13 en materia de censura previa .
72. Tal como ha establecido la Corte, “la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles” , por lo que para garantizar efectivamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión el Estado no puede limitar indebidamente el derecho a difundir las ideas y opiniones.
73. En el presente caso, para que el Estado garantizara efectivamente el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión del señor Palamara Iribarne no bastaba con que permitiera que escribiera sus ideas y opiniones, sino que tal protección comprendía el deber de no restringir su difusión, de forma tal que pudiera distribuir el libro utilizando cualquier medio apropiado para hacer llegar tales ideas y opiniones al mayor número de destinatarios, y que éstos pudieran recibir tal información .
74. La Corte ha constatado que en el presente caso el Estado realizó los siguientes actos de control al ejercicio del derecho del señor Palamara Iribarne a difundir informaciones e ideas, efectuados cuando el libro “Ética y Servicios de Inteligencia” se encontraba editado y en proceso de ser publicado y comercializado: la prohibición de publicar el libro en aplicación del artículo 89 de la Ordenanza de la Armada No. 487 (supra párr. 63.7, 63.10 a 63.13), la orden oral de retirar “todos los antecedentes que del libro existiera en la imprenta” Ateli porque afectaba “la seguridad nacional y la defensa nacional” (supra párr. 63.13); las incautaciones ordenadas y realizadas en dicha imprenta y en el domicilio del señor Palamara Iribarne (supra párr. 63.19 y 63.21); la supresión de la información electrónica de las computadoras del señor Palamara Iribarne y de la imprenta (supra párr. 63.19 y 63.20); las diligencias con el propósito de recuperar diversos ejemplares del libro que se encontraran en poder de varias personas (supra párr. 63.58 y 63.61); y la orden que prohibía al señor Palamara Iribarne “hacer comentarios críticos” sobre el proceso al que estaba siendo sometido o sobre “la imagen” de la Armada (supra párr. 63.38). A pesar de que el libro se encontraba editado y que el señor Palamara Iribarne contaba con casi 1000 ejemplares y con panfletos de promoción, no pudo ser efectivamente difundido mediante su distribución en las librerías o comercios de Chile y, por consiguiente, el público no tuvo la opción de adquirir un ejemplar y acceder a su contenido, tal como era la intención del señor Palamara Iribarne.
75. Llama la atención de la Corte que, a pesar de que en el peritaje solicitado por el Fiscal Naval (supra párr. 63.23) los expertos concluyeron que el libro escrito por el señor Palamara Iribarne “no vulnera[ba] la reserva y la seguridad de la Armada de Chile”, no se ordenara la devolución de los ejemplares y del material relativo al referido libro. Por el contrario, el fiscal solicitó una ampliación del peritaje para verificar si el libro “cont[enía] información relevante desde el punto de vista institucional naval y/o información obtenible solo en fuentes cerradas, y si afecta[ba] los intereses institucionales”. En dicha ampliación los mismos peritos indicaron, inter alia, que la información que contiene el libro “puede obtenerse de fuentes abiertas y que queda[ba] implícito que [la] formación [del señor Palamara Iribarne] como especialista en inteligencia […] es lo que lo capacita[ba a] escribir sobre el tema”.
76. La Corte estima que es lógico que la formación y experiencia profesional y militar del señor Palamara Iribarne lo ayudaran a escribir el libro, sin que esto signifique per se un abuso al ejercicio de su libertad de pensamiento y de expresión. Una interpretación contraria impediría a las personas utilizar su formación profesional o intelectual para enriquecer la expresión de sus ideas y opiniones.
77. El Tribunal entiende que puede ocurrir que los empleados o funcionarios de una institución tengan el deber de guardar confidencialidad sobre cierta información a la que tienen acceso en ejercicio de sus funciones, cuando el contenido de dicha información se encuentre cubierto por el referido deber. El deber de confidencialidad no abarca a la información relativa a la institución o a las funciones que ésta realiza cuando se hubiere hecho pública. Sin embargo, en ciertos casos, el incumplimiento del deber de confidencialidad puede generar responsabilidades administrativas, civiles o disciplinarias. En el presente caso no se analizará el contenido del deber de confidencialidad debido a que ha quedado demostrado que para escribir el libro “Ética y Servicios de Inteligencia” el señor Palamara Iribarne había utilizado información proveniente de “fuentes abiertas” (supra párr. 63.23).
78. La Corte considera que, en las circunstancias del presente caso, las medidas de control adoptadas por el Estado para impedir la difusión del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” del señor Palamara Iribarne constituyeron actos de censura previa no compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, dado que no existía ningún elemento que, a la luz de dicho tratado, permitiera que se afectara el referido derecho a difundir abiertamente su obra, protegido en el artículo 13 de la Convención.
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2) Restricciones a la libertad de pensamiento y de expresión
79. La Corte considera importante reiterar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que el artículo 13.2 de la Convención prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de pensamiento y de expresión a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Las causales de responsabilidad ulterior deben estar expresa, taxativa y previamente fijadas por la ley, ser necesarias para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, y no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa . Asimismo, la Corte ha señalado anteriormente que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita .
80. El Tribunal analizará la compatibilidad o incompatibilidad con el artículo 13 de la Convención de las responsabilidades ulteriores a las que se vio sometido el señor Palamara Iribarne en el fuero penal militar por el delito de desacato (supra párr. 63.72 a 63.93). El delito de desacato aplicado al señor Palamara Iribarne se encontraba tipificado en el Título VI del Código Penal, el cual contemplaba los crímenes y simples delitos en contra del “orden y la seguridad públicos” cometidos por particulares. Dichas normas estaban vigentes al momento de los hechos y fueron aplicadas al caso concreto.
81. La Corte hace notar que el señor Palamara Iribarne fue absuelto del delito de desacato en primera instancia y que dicha sentencia no fue apelada (supra párr. 63.88 a 63.89). Sin embargo, a través de la utilización de la figura de la consulta, la Corte Marcial de la Armada revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y condenó al señor Palamara Iribarne como autor del delito de desacato establecido en los artículos 264.3 circunstancia tercera, 265 y 266 del Código Penal de Chile (supra párr. 63.89 a 63.91).
82. En materia de restricciones a la libertad de expresión a través del establecimiento de responsabilidades ulteriores el Tribunal ha establecido, en casos anteriores, que es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública gocen, en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de una mayor protección que permita un margen de apertura para un debate amplio, esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático . Estos criterios se aplican en el presente caso respecto de las opiniones críticas o declaraciones de interés público vertidas por el señor Palamara Iribarne en relación con las actuaciones realizadas por el Fiscal Naval de Magallanes en el marco del proceso penal militar seguido en su contra por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. Además, los hechos del presente caso y las declaraciones del señor Palamara Iribarne suscitaron interés por parte de la prensa y, por consiguiente, del público.
83. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático . Ello se aplica a los funcionarios y miembros de la Armada, incluyendo aquellos que integran los tribunales. Además, al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.
84. Es así que, tal como lo ha señalado la Corte, tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública, de políticos y de instituciones estatales, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada , en este caso particular las actuaciones de la Fiscalía en el proceso penal militar que se estaba instruyendo en contra de la presunta víctima.
85. El Tribunal ha señalado que la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas en el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 de la Convención garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión .
86. Al respecto, en el mensaje Nº 212-347 del Presidente de la República de Chile relativo a la presentación del proyecto de la posterior Ley Nº 20.048 se afirmó que “la figura del desacato […] no parece constituir una restricción legítima al ejercicio de las libertades de pensamiento, opinión e información”, así como que “la persistencia de estas normas […] ha derivado en un privilegio sin fundamento […] en favor de ciert[o]s [funcionarios públicos … , lo cual] impide, mediante el temor a la pena que se podría imponer[, …] que se desarrolle plenamente el libre debate […e inhibe el] control ciudadano [sobre] quienes desarrollan tareas de decisión y conducción política”.
87. En el presente caso, el señor Palamara Iribarne sufrió graves consecuencias por haber expresado su opinión sobre la forma en que la justicia militar estaba llevando a cabo los procesos a los que se vio sometido y sobre la forma en que las autoridades militares lo estaban tratando a él y a su familia. Durante la tramitación de la Causa Criminal No. 471/93 ante el Juzgado Naval de Magallanes por el delito de desacato, el señor Palamara Iribarne fue privado de su libertad durante cuatro días (supra párr. 63.83), fue dejado en libertad condicional luego de interponer un recurso en contra de esta medida (supra párr. 63.82) y, finalmente, fue condenado el 3 de enero de 1995 por la Corte Marcial, inter alia, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y a la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena (supra párr. 63.91).
88. La Corte estima que en el presente caso, a través de la aplicación del delito de desacato, se utilizó la persecución penal de una forma desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, por lo cual se privó al señor Palamara Iribarne del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en relación con las opiniones críticas que tenía respecto de asuntos que le afectaban directamente y guardaban directa relación con la forma en que las autoridades de la justicia militar cumplían con sus funciones públicas en los procesos a los que se vio sometido. La Corte considera que la legislación sobre desacato aplicada al señor Palamara Iribarne establecía sanciones desproporcionadas por realizar críticas sobre el funcionamiento de las instituciones estatales y sus miembros, suprimiendo el debate esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático y restringiendo innecesariamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
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89. El artículo 2 de la Convención Americana obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por aquélla. Es necesario reafirmar que la obligación de adaptar la legislación interna sólo se satisface cuando efectivamente se realiza la reforma y cuando dicha reforma abarca todas las normas que impiden el ejercicio de los referidos derechos y libertades.
90. Ahora, en lo que respecta al delito de desacato, por el cual el señor Palamara Iribarne fue condenado, la Corte observa que el 31 de agosto de 2005 el Estado publicó la Ley No. 20.048 que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar, derogando o modificando las normas del Código Penal que le fueron aplicadas (supra párr. 44 y 63.102). Al respecto, los representantes de la presunta víctima, al presentar sus observaciones a la referida Ley, afirmaron que “no ten[ían] objeciones a la reforma legislativa notificada por el Estado” e indicaron que la referida “modificación legal […] sólo comprend[ía] la reparación parcial de una de las violaciones a la Convención”. Por su parte, la Comisión señaló que “no t[e]n[ía] mayores observaciones que formular y […] que la eliminación del desacato se efectúa solamente para efectos del Código Penal y no del Código de Justicia Militar”. Además, la Comisión indicó que “compart[ía] las observaciones prestadas por los representantes de la [presunta] víctima” en el sentido de que el señor Palamara Iribarne debía ser reparado íntegramente por el daño sufrido.
91. El Tribunal valora la emisión por parte del Estado de la Ley No. 20.048 para adecuar su ordenamiento legislativo a la Convención Americana, y estima que en el presente caso reviste particular importancia, dado que se derogaron y modificaron, inter alia, los artículos 264 inciso tercero, 265 y 266 del Código Penal de Chile, los cuales fueron el fundamento de la condena impuesta al señor Palamara Iribarne por la Corte Marcial de la Armada.
92. La Corte nota con preocupación que, a pesar del valioso aporte de la reforma legislativa, se conserva en el artículo 264 del Código Penal reformado un tipo penal de “amenaza” a las mismas autoridades que constituían, con anterioridad a la reforma de dicho Código, el sujeto pasivo del delito de desacato. De esta manera se contempla en el Código Penal una descripción que es ambigua y no delimita claramente cuál es el ámbito típico de la conducta delictiva, lo cual podría llevar a interpretaciones amplias que permitirían que las conductas anteriormente consideradas como desacato sean penalizadas indebidamente a través del tipo penal de amenazas. Por ello, si decide conservar dicha norma, el Estado debe precisar de qué tipo de amenazas se trata, de forma tal que no se reprima la libertad de pensamiento y de expresión de opiniones válidas y legítimas o cualesquiera inconformidades y protestas respecto de la actuación de los órganos públicos y sus integrantes.
93. Además, este Tribunal observa que la modificación legislativa establecida por medio de la Ley No. 20.048 no abarcó todas las normas que contemplan el delito de desacato, ya que se conserva su tipificación en el Código de Justicia Militar. De esta forma se continúan estableciendo sanciones desproporcionadas por realizar críticas sobre el funcionamiento de las instituciones estatales y sus miembros y se contempla una protección mayor a las instituciones militares y sus miembros de la que no gozan las instituciones civiles en una sociedad democrática, lo cual no es compatible con el artículo 13 de la Convención Americana.
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94. Asimismo, el Tribunal considera que, en este caso, la investigación sumaria administrativa (supra párr. 63.94 a 63.101), la decisión de suspender la autorización que tenía el señor Palamara Iribarne para hacer publicaciones en un diario (supra párr. 63.104) y la decisión de dar “término anticipado del contrato” del señor Palamara Iribarne (supra párr. 63.106) constituyeron medios indirectos de restricción a la libertad de pensamiento y de expresión del señor Palamara Iribarne.
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95. Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, por los actos de censura previa y por las restricciones al ejercicio de este derecho impuestos, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de dicho tratado. Asimismo, al haber incluido en su ordenamiento interno normas sobre desacato contrarias al artículo 13 de la Convención, algunas aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención.
VIII
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
(DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA)
96. Alegatos de la Comisión
a) el Estado privó al señor Palamara Iribarne de sus bienes al incautarle los ejemplares del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” y los datos contenidos en el disco duro de su computadora e interfirió con su derecho legítimo al “uso y goce” de aquéllos, violando el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención;
b) no sólo son bienes los libros incautados al señor Palamara Iribarne, sino también los datos existentes en el disco duro de su computadora y los derechos de propiedad intelectual de los que no pudo gozar porque se impidió la publicación del referido libro. “[E]l documento simplemente dejó de existir y […] todo el material de su computadora corrió con la misma suerte”;
c) la medida ordenada por el Tribunal Naval que dispuso las incautaciones mencionadas no tuvo fundamento en una razón de utilidad pública o interés social, así como tampoco podría entenderse que la incautación se debió a razones de seguridad nacional. “[P]or el contrario[, …] constituye un acto de censura previa ilegítimo a la luz del artículo 13 de la Convención”. Tampoco existen evidencias ni alegatos de que se hubiese indemnizado al señor Palamara Iribarne por la privación del goce y uso de sus bienes;
d) en cuanto a la obligación del artículo 2 de la Convención de “adoptar medidas de otro carácter” a fin de hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención, si los tribunales de justicia se rehusan a dar efecto al tratado o son incapaces de hacerlo, dada la necesidad de adecuar la legislación interna, sus resoluciones generan responsabilidad internacional; y
e) el Estado debe dejar sin efecto la sentencia interna que condenó al señor Palamara Iribarne.
97. Alegatos de los representantes
Comparten los argumentos esgrimidos por la Comisión, agregando que la sentencia de condena en el marco del proceso No. 464 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes militares “consumó de forma irreparable la violación al derecho de propiedad”. Dicho proceso fue arbitrario y tenía el “fin de censurar la producción [del señor Palamara Iribarne] y para lograrlo el Estado lo privó de su propiedad intelectual”.
98. Alegatos del Estado
a) la medida de incautación se encuentra contemplada como “norma general” en el Código de Procedimiento Penal y la pena accesoria de decomiso en el Código Penal. “[L]a medida cautelar y luego convertida en pena accesoria de decomiso de los efectos del delito, no vulneran de manera alguna el […] artículo 21” de la Convención. En el proceso jurídico chileno el juez no tiene otra alternativa que proceder al decomiso de los efectos e instrumentos al determinar la existencia del delito; y
b) no hubo participación de agentes del Estado en la eliminación del texto completo del libro del disco duro de la computadora personal del señor Palamara Iribarne, sino que este último fue quien lo eliminó. Además, los peritos técnicos, al examinar la computadora personal de la presunta víctima, manifestaron que no existía ningún archivo que contuviera el texto del libro.
Consideraciones de la Corte
99. El artículo 21 de la Convención Americana establece que:
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
[…]
100. En el capítulo relativo al artículo 13 de la Convención la Corte consideró, inter alia, que los actos de incautación de los ejemplares del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, escrito por el señor Palamara Iribarne y editado por la Imprenta Ateli, y la supresión de la información electrónica de las computadoras de dicho señor e imprenta constituyeron actos de censura previa que impidieron que el señor Palamara Iribarne difundiera y comercializara dicho libro (supra párr. 73 a 78). Según la información allegada a este Tribunal, desde que se realizaron las referidas incautaciones hasta la emisión de la presente Sentencia todo el material incautado relacionado con el libro se encuentra en posesión del Estado.
101. Para determinar si dichas circunstancias constituyen una privación del derecho al uso y goce de la propiedad del señor Palamara Iribarne sobre los ejemplares incautados y sobre el material relativo al referido libro, el Tribunal toma en cuenta que las partes en el presente caso coinciden en que el señor Palamara Iribarne es el autor del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”. Además, según surge de los hechos probados en el presente caso, dicho señor financió la edición de su libro con el apoyo de la empresa de su esposa, Anne Ellen Stewart Orlandini, quien lo inscribió en el registro de propiedad intelectual de la Biblioteca del Congreso Nacional de los Estados Unidos de América y en la Biblioteca Nacional de Chile, para salvaguardar los derechos de autor a nivel nacional e internacional (supra párr. 63.5).
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102. La jurisprudencia del Tribunal ha desarrollado un concepto amplio de propiedad, el cual abarca, entre otros, el uso y goce de los “bienes”, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor . Por ello dentro del concepto amplio de “bienes” cuyo uso y goce están protegidos por la Convención, también se encuentran incluidas las obras producto de la creación intelectual de una persona, quien, por el hecho de haber realizado esa creación adquiere sobre ésta derechos de autor conexos con el uso y goce de la misma.
103. La protección del uso y goce de la obra confiere al autor derechos que abarcan aspectos materiales e inmateriales. El aspecto material de estos derechos de autor abarca, entre otros, la publicación, explotación, cesión o enajenación de la obra y, por su parte, el aspecto inmaterial de los mismos se relaciona con la salvaguarda de la autoría de la obra y la protección de su integridad. El aspecto inmaterial es el vínculo entre el creador y la obra creada, el cual se prolonga a través del tiempo. Tanto el ejercicio del aspecto material como del aspecto inmaterial de los derechos de autor son susceptibles de valor y se incorporan al patrimonio de una persona. En consecuencia, el uso y goce de la obra de creación intelectual también se encuentran protegidos por el artículo 21 de la Convención Americana.
104. Además de la Convención, diversos instrumentos internacionales y acuerdos reconocen los derechos de autor y en Chile se encuentra regulado en la Ley No. 17.336 de Propiedad Intelectual, así como en la Ley No. 19.912, en la cual se indica que se adecua la legislación chilena a los acuerdos suscritos por dicho Estado con la Organización Mundial del Comercio. La primera de las referidas leyes establece en su artículo 1, inter alia, que el derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. Además, en el Capítulo II indica que el titular original de dicho derecho es el autor de la obra y se presume como tal a la persona que figura en el ejemplar que se registra.
105. Como ha quedado demostrado, además de la supresión de la información electrónica referida al libro que se encontraba en dos computadoras, fueron incautados en la imprenta Ateli 16 ejemplares del libro, 1 diskette con el texto íntegro de la publicación, tres paquetes con cinco libros cada uno, tres paquetes con un número indeterminado de hojas sobrantes de la publicación y sobres con la matricería electrostática de la publicación con los originales del texto, así como en el domicilio del señor Palamara Iribarne 874 ejemplares de dicho libro (supra párrs. 63.19 y 63.20). El 7 de junio de 1996 el Secretario del Juzgado Naval de Magallanes constató la existencia del material incautado y emitió una certificación al respecto.
106. Los actos mencionados en el párrafo anterior implicaron la privación efectiva de la propiedad sobre los bienes materiales del señor Palamara Iribarne relacionados con su libro. Tal privación de la propiedad de su obra impidió al señor Palamara Iribarne publicar, difundir y comercializar su creación, por lo que no pudo continuar con su intención de obtener réditos económicos de dicha publicación y beneficiarse de la protección que le correspondía por la obra creada. Es evidente que las inscripciones del libro realizadas por la esposa del señor Palamara Iribarne en dos registros se efectuaron con la intención de usar y gozar de los derechos de autor. Dichos derechos son susceptibles de valoración y formaban parte del patrimonio de su titular.
107. Asimismo, la supresión de la información electrónica relativa al libro impidió al señor Palamara Iribarne, en caso de que lo considerara conveniente, modificar, reutilizar o actualizar su contenido. Al respecto, el Tribunal estima que el contenido del derecho de autor, el cual protege el aprovechamiento, la autoría y la integridad de la obra, así como incluye en su ejercicio la facultad de difundir la creación realizada, se encuentra íntimamente relacionado con las dos dimensiones del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (supra párr. 69).
108. La Corte observa que el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto y que el artículo 21.2 de la Convención establece que para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad consagrado en la Convención, debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse a los casos y practicarse según las formas establecidas por la ley . Debido a las circunstancias del presente caso, el Tribunal considera que es evidente que el señor Palamara Iribarne no ha sido indemnizado por el Estado por la privación del uso y goce de sus bienes.
109. La Corte observa que en el peritaje solicitado por el Fiscal Naval en la Causa No. 464 (supra párr. 63.24), dos peritos concluyeron que el libro escrito por el señor Palamara Iribarne “no vulnera[ba] la reserva y la seguridad de la Armada de Chile”. Asimismo, en la ampliación de dicho peritaje los mismos peritos expresaron que el libro en análisis “indudablemente afect[aba] el interés institucional [de la Armada chilena]” (supra párr. 63.23). Las sentencias emitidas por el Juzgado Naval de Magallanes y por la Corte Marcial de la Armada, al pronunciarse sobre los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes militares, no hace referencia a los intereses que fundamentaron la prohibición de la publicación del referido libro (supra párr. 63.66 y 63.68). La Corte estima que la privación de la propiedad con fundamento en un “interés institucional” es incompatible con la Convención.
110. En relación con el alegato de Chile sobre la no participación de agentes estatales en la eliminación del texto completo del libro del disco duro de la computadora personal del señor Palamara Iribarne, la Corte observa que independientemente de la ejecución material de dicho acto, éste se realizó en el contexto de la ejecución de la orden del Fiscal Naval de Magallanes de “proceder a la incautación de los ejemplares [del libro] que existan en su poder [… y de] todo otro antecedente o documento relacionado con dicha publicación” (supra párr. 63.20). Por ello, es posible inferir que si el señor Palamara Iribarne procedió “a borrar del disco duro de su computador personal el texto íntegro del mencionado libro”, tal como consta en el “acta de incautación”, esto ocurrió en el marco de dicha orden, durante el acto de incautación realizado la noche de 1 de marzo de 1993 y no como un mero acto voluntario (supra párr. 63.20).
111. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado violó en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado.
IX
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA MISMA
(PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD)
112. La Comisión no alegó que se hubiera violado el artículo 9 de la Convención.
113. Alegatos de los representantes de la presunta víctima:
a) el artículo 229 del Código de Justicia Militar que tipifica el delito de desobediencia por el que fue condenado el señor Palamara Iribarne “no describe de manera precisa la conducta típica. Además los tribunales nacionales ni siquiera respetaron que es un elemento básico de la estructura del delito que aplicaron el que el sujeto activo sea calificado de militar, calidad que no cumple el señor Palamara”;
b) el inciso 3 del artículo 299 del Código de Justicia Militar “contiene un tipo legal extraordinario abierto –cuyo propósito es sancionar penalmente cualquier infracción de los deberes militares no castigada especialmente- , por lo que debería ser eliminado en una futura reforma. La disposición citada no describe, en efecto, la conducta”. Asimismo, el artículo 336 del Código de Justicia Militar, que tipifica el delito de incumplimiento de deberes, tiene una redacción que carece de precisión. Los referidos tipos penales de desobediencia e incumplimiento de deberes militares violan el principio de legalidad contemplado en el artículo 9 de la Convención Americana;
c) la sentencia condenatoria por los delitos de desobediencia y de incumplimiento de deberes de funcionario público ha violado el principio de legalidad, ya que los magistrados de primera y segunda instancia no se atuvieron al sentido de la legislación aplicada (artículos 299.3 y 337.3 del Código de Justicia Militar), y penalizaron la pretensión del señor Palamara Iribarne de ejercer legítimamente su derecho a la libertad de expresión; y
d) corresponde al legislador evitar la incriminación de conductas que no sean ilícitas, y corresponde al juzgador evitar la interpretación de los tipos penales de modo que lleven a la sanción de comportamientos que sean lícitos.
114. El Estado no presentó alegatos independientes para referirse específicamente a la alegada violación del artículo 9 de la Convención.
Consideraciones de la Corte
115. El artículo 9 de la Convención dispone que:
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
116. Cuando la Corte se pronuncie sobre las alegadas violaciones al artículo 8 de la Convención, tomará en consideración los referidos alegatos de los representantes sobre la violación al artículo 9 de dicho tratado.
X
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA MISMA
(GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL)
117. La Comisión no alegó que se hubieran violado los artículos 8 y 25 de la Convención.
118. Alegatos de los representantes de la presunta víctima
a) Respecto del derecho a ser oído (artículo 8.1 de la Convención), señalaron que:
i) este derecho implica necesariamente que se realice una audiencia oral, en la cual se pueda argumentar frente al juez, se rinda la prueba directamente ante el tribunal y se pueda controvertir la prueba;
ii) todos los procedimientos a los que se vio sometido el señor Palamara Iribarne fueron escritos y, por tanto, todas las presentaciones se hicieron por ese medio, incluso las declaraciones de los testigos. El abogado del señor Palamara Iribarne no pudo exponer de manera oral y directa ante el tribunal sus argumentos de defensa y rendir su prueba;
iii) al existir delegación de funciones judiciales no se respetó el principio de inmediación. Todas las declaraciones que rindió el señor Palamara Iribarne en las causas fueron tomadas por un actuario. El Fiscal Naval tiene la facultad de decidir qué puede leer el tribunal y qué no. Las resoluciones que dicta el fiscal militar son por lo general inapelables”; y
iv) el Estado ha reformado su procedimiento penal ordinario (inquisitivo), de manera que el mecanismo oral (acusatorio) es el que rige los juicios penales.
b) respecto del derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial (artículo 8.1 de la Convención), manifestaron que:
i) el Estado violó el derecho del señor Palamara a no ser juzgado en sede militar, a pesar de su calidad de civil. Además, “una definición vaga y omnicomprensiva de quién es militar, para efectos de encontrarse sometido a la jurisdicción militar”, viola el artículo 8 de la Convención;
ii) al momento de escribir su libro el señor Palamara era un empleado civil “a contrata” de la Armada de Chile. Según la legislación nacional tenía la calidad de civil, ya que desde el 1 de enero de 1993 se retiró absolutamente como oficial. “Por tanto, no podía cometer delitos en que se requiere que el sujeto activo sea militar (delitos propiamente militares)”;
iii) los “empleados civiles a contrata” no integran escalafón y realizan empleos de carácter transitorio para satisfacer necesidades institucionales contingentes y “no se encuentran sometidos a la jurisdicción de la justicia militar según el artículo 6 del Código de Justicia Militar”;
iv) “como el ingreso de los empleados civiles a contrata no se realiza a través de las escuelas de las fuerzas armadas, ni integran escalafón, no pueden incorporarse a las plantas y dotaciones de las fuerzas armadas”;
v) la Corte Marcial interpretó en su sentencia que los “empleados civiles a contrata” son militares porque integran las dotaciones de las Fuerzas Armadas. Esta interpretación es contraria a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución Política de Chile, en el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y en el artículo 3 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas;
vi) si el legislador del Código de Justicia Militar hubiese querido extender la jurisdicción militar a los “empleados civiles a contrata”, lo habría expresado claramente como lo hizo en el artículo 7 de dicho Código, al indicar que quedan comprendidos en la jurisdicción militar los “cadetes, grumetes, aprendices y alumnos regulares de las Escuelas institucionales y los empleados civiles de las fuerzas armadas y Carabineros que se encuentren en los casos considerados en el Nº3 del artículo 5”; y
vii) el solo hecho de que una persona tenga una relación laboral con las Fuerzas Armadas no justifica su tratamiento como militar.
c) respecto de la violación del artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 25 de la misma por la falta de independencia de los tribunales militares, los representantes señalaron que:
i) el señor Palamara no fue juzgado por un tribunal independiente e imparcial en los dos procesos criminales por los que fue condenado. La estructura de la justicia militar naval de Chile viola las exigencias de ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente”;
ii) el señor Palamara Iribarne fue juzgado por un juez que era miembro activo de la Fuerza Armada, quien estaba incapacitado para rendir un dictamen independiente e imparcial. Si el sujeto pasivo del delito es la Armada y quien juzga es otro miembro de la Armada, el juzgador está sometido a subordinación jerárquica militar, constituyéndose así una violación a la imparcialidad objetiva;
iii) las diversas funciones asumidas por el Fiscal Naval que investigó el caso del señor Palamara resultan incompatibles entre sí. Desde que el Fiscal Naval investiga la supuesta comisión de un delito pierde su independencia para adoptar decisiones que afecten los derechos del procesado;
iv) el Código de Justicia Militar dispone que los fiscales tienen a su cargo dictar las órdenes de detención y prisión que procedan. Las resoluciones que dicta el fiscal militar son por lo general inapelables. El fiscal puede decretar la prisión, “bastando para ello que exista motivo suficiente para sospechar que una persona es autor, cómplice o encubridor de un delito. Incluso puede decretar la orden de arresto para asegurar la comparecencia del imputado”, como en el caso del señor Palamara. La decisión de la prisión preventiva fue realizada por el Fiscal Suplente, quien pertenece a la Armada de Chile, cuyo superior en su calidad de militar es el Comandante en Jefe de la III Zona Naval. De igual forma, fue el Fiscal Suplente quien procedió a incautar, desde la imprenta y el domicilio del señor Palamara, todo lo referente al libro en cuestión y le ordenó que borrara del disco duro de la computadora personal el texto íntegro del libro;
v) “como lo reconocen casi todos los autores nacionales, los procedimientos penales militares en tiempo de paz, son análogos a los procedimientos penales inquisitivos ordinarios. Procedimiento que en Chile ha sido reformado por no ser compatible con el debido proceso garantizado en la Convención Americana”;
vi) en el juicio por el delito de desacato seguido en contra del señor Palamara participaron varios fiscales que carecían de la independencia necesaria, ya que eran fiscales “no letrados”. “Los Fiscales Letrados” que instruyen las causas correspondientes a la jurisdicción naval, se denominan fiscales navales y son nombrados por el Presidente de la República; mientras que “los Fiscales no Letrados” son designados por el respectivo Comandante en Jefe, entre los oficiales navales que le estén subordinados, cuando sea necesario reemplazar a un Fiscal Letrado; y
vii) la estructura y organización de la justicia militar chilena compromete la independencia e imparcialidad de los funcionarios afectando no sólo el artículo 8.1 de la Convención, sino el derecho de toda persona a la protección judicial en los términos del artículo 25 de la misma, “en razón de que el Estado no brinda un recurso interno efectivo para la defensa de los derechos de los sometidos a proceso”.
d) respecto del derecho de defensa (artículo 8.2.d de la Convención), los representantes indicaron que:
i) al señor Palamara se le aplicó el Código de Justicia Militar que establece una serie de limitaciones que restringen indebidamente el derecho de defensa. La intervención de la defensa en el sumario es mínima y quien tiene el control es el fiscal naval, a quien le corresponde decretar las diligencias de pruebas en esa etapa. Al ser un procedimiento escrito, el plenario pasa a ser una mera repetición de lo que se hizo en el sumario. El sumario es secreto, a pesar de que se trata de la etapa más relevante en términos de producción de prueba;
ii) la violación al derecho de defensa es un problema de la estructura del proceso penal militar que tiene su sustento en la legislación penal militar vigente en Chile;
iii) la precariedad de la defensa es visible en los autos de procesamiento. Al combinarse la redacción del auto de procesamiento con el secreto del sumario, no se logra saber los méritos de la investigación y cargos;
iv) “dada la centralidad de la etapa sumaria del proceso y la afectación de derechos que en ella se producen, una persona también debe contar con todas las garantías judiciales que reconoce la Convención”. Por consiguiente, el señor Palamara “debió haber podido controvertir la prueba acumulada por el Fiscal Naval en su contra en ese momento, sin embargo no se le permitió”;
v) en la etapa de plenario tampoco se le permitió ejercer su derecho de defensa, ya que el Juzgado Naval rechazó las diligencias de prueba que solicitó la defensa del señor Palamara en el proceso seguido por el delito de desobediencia e incumplimiento de deberes mililtares; y
vi) el Estado ha violado el principio de inmediatez procesal, ya que en el plenario el juez naval se limitó a leer el expediente.
e) respecto del derecho a aportar y controvertir prueba (artículo 8.2.f. de la Convención), los representantes alegaron que:
i) es un derecho consustancial al derecho de defensa y al debido proceso; y
ii) en los procesos judiciales seguidos en su contra, el señor Palamara se vio impedido de ejercer el derecho de aportar prueba, controvertirla y contrainterrogar a los testigos que declararon en el proceso. Según el Código de Justicia Militar, en la etapa del sumario el inculpado no tiene derecho de estar presente mientras declaran los testigos. Cuando el señor Palamara solicitó que se citara a declarar a algunos testigos en el plenario, el fiscal naval le negó dicha solicitud. En la etapa de plenario no hubo declaraciones de nuevos testigos, con lo cual el señor Palamara nunca pudo contrainterrogar los testigos que declararon en ambos procesos.
f) respecto del derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 8.2.g. de la Convención), los representantes manifestaron que:
i) el señor Palamara no fue informado que tenía derecho a guardar silencio. No se le informó que tenía derecho a no autoincriminarse, porque ese derecho no está contemplado en el Código de Justicia Militar. La forma en la cual se intenta cumplir dicha garantía es recurriendo al formulismo de “exhortar a decir verdad al inculpado”, es decir, se cree que no se le obliga a declarar en su contra porque no se toma juramento al momento de su declaración. El “único beneficio [… es que] el inculpado no puede ser sujeto activo del delito de perjurio”;
ii) el Código de Justicia Militar visualiza la declaración como medio para obtener una confesión y no como un medio de defensa; y
iii) se violó el artículo 8.2.g) de la Convención en perjuicio del señor Palamara “al haber sido obligado a declarar en los juicios seguidos en su contra”.
g) respecto del derecho a la publicidad del juicio penal (artículo 8.5 de la Convención), los representantes señalaron que:
i) el juicio penal debe ser público, es decir, no solo el acusado debe tener acceso al proceso, sino que además la sociedad en su conjunto debe tener la posibilidad de observar cómo se ejerce el poder punitivo del Estado; y
ii) los procesos judiciales penales en sede militar no son públicos, se trata de procedimientos escritos a los cuales no tienen acceso los ciudadanos. Además, el sumario es secreto. Aún si se estableciera que el expediente está a disposición de cualquier persona, ello no hace el proceso penal público. La publicidad debe abarcar cada una de las etapas procesales. Ninguna de estas características se respetó en los procesos seguidos en contra del señor Palamara.
h) respecto del artículo 8 de la Convención, en relación con los artículos 1 y 2 de la misma, los representantes alegaron que:
i) el Estado ha violado los artículos 1 y 2 de la Convención por incumplir sus obligaciones de “respetar” y “asegurar” el libre y pleno ejercicio de todos los derechos y libertades protegidos por la Convención, y de adoptar las medidas internas necesarias para hacer efectivos estos derechos y libertades; y
ii) el Estado es responsable de estas violaciones “por no haber adoptado medidas eficientes en el ámbito judicial, legislativo y ejecutivo para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.
119. Alegatos del Estado :
a) respecto de las alegadas violaciones al derecho a ser oído por juez o tribunal imparcial (artículo 8.1 de la Convención), el Estado manifestó que el señor Palamara Iribarne se desempeñó como Subjefe del Departamento de Inteligencia de la III Zona Naval, antes de ser un empleado civil a contrata de la Armada. Se contrató al señor Palamara Iribarne para realizar las mismas funciones de Subjefe del Departamento de Inteligencia de la III Zona Naval, “constituyendo por lo tanto un miembro más de esa dotación”. El proceso de retiro de la Armada concluyó “con fecha posterior a los hechos que dieron origen a las causas judiciales en cuestión”;
b) el artículo 6 del Código de Justicia Militar estipula que “se considerarán militares […] los que se encuentran comprendidos en las leyes de planta o dotación del Ejército, Armada […]’”. Para establecer si el autor de un delito tiene la calidad de militar o no, deberá aplicarse esta norma general interpretativa del concepto de “militar”;
c) los artículos 5.3 y 7 del Código de Justicia Militar se refieren a la jurisdicción militar respecto de los delitos comunes y no a la categorización de un militar. Dichos artículos se refieren al concepto de militar para los efectos de la tipificación de los delitos militares contenidos en el Código, y no alteran la norma general del artículo 6 del mismo;
d) según el Ministro Sumariante de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, “los funcionarios de las Fuerzas Armadas en general, y de la Armada de Chile en particular, tanto aquellos que se encuentran en trámite de retiro, como aquellos que integran o forman parte del ‘Personal Civil a Contrata’, tienen ‘la condición de militar’. El Ministro concluyó que el señor Palamara Iribarne, como Capitán de Corbeta en Trámite de retiro adscrito al sistema de prestación de servicios de la Armada de Chile como parte del Personal Civil a Contrata, tenía carácter de militar y por consiguiente estaba sujeto a la disciplina. Además, le asistió o adquirió “fuero militar” en su carácter militar; y
e) la Comisión no se hizo cargo de ninguna de las alegaciones en torno a la calidad de militar de la presunta víctima. “El silencio demostrado y la ausencia de recomendaciones en este sentido es un mensaje claro sobre la improcedencia de dichas alegaciones”.
Consideraciones de la Corte:
120. Esta Corte ha establecido que las presuntas víctimas o sus representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión, ateniéndose a los hechos contenidos en la demanda .
121. En casos similares, esta Corte ha establecido que “[e]l esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos” . Con base en los precedentes, el Tribunal considerará la totalidad de los procesos nacionales relevantes en el presente caso, con el fin de realizar una determinación informada sobre si se han violado las normas de la Convención mencionadas relativas al debido proceso y a la protección judicial. Para ello, se tendrá especial consideración que los hechos del presente caso se produjeron, principalmente, en el marco de la jurisdicción militar chilena en “tiempos de paz” en dos procesos penales en contra del señor Palamara Iribarne, uno por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares y otro por el delito de desacato.
122. La Corte toma en cuenta que en los últimos años en Chile se ha implementado una importante reforma de la justicia penal destinada a introducir las garantías del debido proceso en el sistema de enjuiciamiento penal, con el propósito de pasar de un sistema procesal inquisitivo escrito a un sistema procesal acusatorio con garantías de oralidad. Sin embargo, se excluyó de dicha reforma procesal, la cual implicó una reforma constitucional, a la jurisdicción militar.
123. El artículo 8.1 de la Convención señala que:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
a) Derecho a ser oído por un juez o tribunal competente
124. La Corte ha establecido que toda persona tiene el derecho de ser juzgada por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar .
125. El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del debido proceso . Por ello, para que se respete el derecho al juez natural no basta con que esté establecido previamente por la ley cuál será el tribunal que atenderá una causa y se le otorgue competencia.
126. En este sentido, las normas penales militares deben establecer claramente y sin ambigüedad quiénes son militares, únicos sujetos activos de los delitos militares, cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial ámbito militar, deben determinar la antijuridicidad de la conducta ilícita a través de la descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente atacados, que justifique el ejercicio del poder punitivo militar, y especificar la correspondiente sanción. Las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar, al aplicar las normas penales militares e imputar el delito a un militar, también deben regirse por el principio de legalidad y, entre otras, constatar la existencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal militar, así como la existencia o inexistencia de causales de exclusión del delito.
127. En el presente caso, la calidad de militar del señor Palamara Iribarne es un hecho controvertido entre las partes. El Estado ha alegado ante la Corte que el proceso de retiro de aquel de la Armada concluyó con fecha posterior a los hechos que dieron origen a los procesos penales y, al mismo tiempo, ha alegado que los empleados civiles a contrata tienen la condición de militares. Las autoridades que ejercieron la jurisdicción penal en el juzgamiento del señor Palamara Iribarne, a través de la interpretación de diversas normas entendieron que éste, como empleado civil a contrata, debía ser considerado militar a los efectos de la jurisdicción penal militar (supra párr. 63.70).
128. Como ha quedado demostrado, el señor Palamara Iribarne ingresó a la Armada de Chile en 1972 y su retiro como militar se produjo a partir del 1 de enero de 1993 (supra párr. 63.1). En un caso anterior, la Corte consideró que una persona con el carácter de militar en retiro no podía ser juzgado por los tribunales militares . En el presente caso, también se toma en cuenta que, tal como surge del acervo probatorio, los empleados civiles a contrata no integran escalafón, trabajan en sectores de renovación anual de carácter contingente, no ocupan plazas contempladas en las leyes de planta, no son parte de las dotaciones permanentes, pueden ser extranjeros y sus contratos son de renovación anual. Además, los empleados civiles a contrata realizan un “empleo de carácter transitorio”, de acuerdo a las necesidades de la institución, por lo cual deberían encontrarse sometidos a las sanciones propias de regímenes laborales y no al derecho penal militar.
129. En Chile el artículo 5 del Código de Justicia Militar establece, inter alia, que corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por los delitos contemplados en el referido Código, excepto aquellos que dieren lugar a los delitos militares cometidos por civiles previstos en los artículos 284 y 417 de dicho Código que, entre otros, contemplan la figura del desacato, y estipula que su conocimiento corresponderá a la justicia ordinaria.
130. El referido artículo 5 de dicho Código permite que civiles sean juzgados por los tribunales militares en distintos supuestos, que los militares sean juzgados en el fuero militar por delitos comunes “cometidos […] en acto del servicio militar o con ocasión de él […] o en recintos militares […] o establecimientos o dependencias de las Instituciones Armadas” y que ambos sean juzgados por delitos que ni siquiera se encuentran tipificados en el propio Código de Justicia Militar, dado que otorgan jurisdicción a los tribunales militares sobre “las causas que leyes especiales sometan a[… su] conocimiento”.
131. En cuanto a la jurisdicción y procedimiento por el delito de desacato tipificado en el Código Penal y aplicado al señor Palamara Iribarne, el artículo 26 de la Ley sobre Seguridad del Estado establece que corresponderá su conocimiento en primera instancia al Juzgado Militar respectivo, y en segunda instancia a la Corte Marcial cuando dichos delitos fueran cometidos por individuos sujetos al fuero militar o conjuntamente por militares y civiles.
132. La Corte estima que en las normas que definen la jurisdicción penal militar en Chile no se limita el conocimiento de los tribunales militares a los delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses protegidos son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atentan contra dichos bienes jurídicos. El Tribunal destaca que esos delitos sólo pueden ser cometidos por los miembros de las instituciones castrenses en ocasión de las particulares funciones de defensa y seguridad exterior de un Estado. La jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado lo conserve, éste debe ser mínimo y encontrarse inspirado en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno.
133. En el presente caso, la amplitud de la jurisdicción penal militar aplicada al señor Palamara Iribarne trajo como consecuencia que se juzgara a un empleado civil a contrata en el fuero castrense por la comisión, inter alia, de conductas que atentaban contra los “deberes y el honor militar” o suponían “insubordinación”, como lo son los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, establecidos en el Código de Justicia Militar, así como delitos que atentan contra el “orden y la seguridad públicos”, como lo es el desacato.
134. Claramente las conductas por las que fue condenado el señor Palamara Iribarne no pusieron en peligro los bienes jurídicos militares susceptibles de protección penal. Incluso la Corte entiende que, debido al carácter de ultima ratio que también tiene el derecho penal en el ámbito castrense, el sometimiento del señor Palamara Iribarne a los distintos procesos penales no constituía el medio menos lesivo para que el Estado protegiera los intereses de la Armada.
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135. Por otro lado, además de la amplitud de la jurisdicción penal militar por la definición de los delitos militares y la remisión a diversas leyes que otorgan competencia a los tribunales militares, cabe resaltar que en Chile dichos tribunales pueden conocer numerosos casos, debido a que la calidad del sujeto activo de los delitos militares es indiferente.
136. Los artículos 6 y 7 del Código de Justicia Militar establecen quiénes se deben considerar militares para aplicar la jurisdicción militar y remite a otras leyes para completar el concepto, por lo cual las autoridades estatales toman en cuenta otras normas legales y reglamentarias para interpretar los referidos artículos del Código de Justicia Militar.
137. Asimismo, el Tribunal hace notar que, de acuerdo a la prueba pericial y documental presentada por las partes, durante los años 1990 a 1996 la mayoría de imputados en la jurisdicción penal militar en los juzgados militares eran civiles.
138. Además, la Corte observa que tanto el mencionado artículo 299.3 del Código de Justicia Militar, así como el delito de desobediencia establecido en los artículos 334, 336 y 337 del Título VII del Libro III de dicho Código sobre “Delitos de insubordinación” aplicados al señor Palamara Iribarne contemplan como sujeto activo de dichos delitos a la persona que revista la calidad de “militar”.
139. El Tribunal ha señalado que la aplicación de la justicia militar debe estar estrictamente reservada a militares en servicio activo, al observar en un caso que “al tiempo en que se abrió y desarrolló [el] proceso [en su contra], [la víctima tenía] el carácter de militar en retiro, y por ello no podía ser juzgad[a] por los tribunales militares” . Chile, como Estado democrático, debe respetar el alcance restrictivo y excepcional que tiene la jurisdicción militar y excluir del ámbito de dicha jurisdicción el juzgamiento de civiles.
140. Los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares tipificados en el Código de Justicia Militar estipulan que el sujeto activo debe ser un “militar”. Al respecto, la Corte estima que el señor Palamara Iribarne, al ser militar en retiro, no revestía la calidad de “militar” necesaria para ser sujeto activo de dichos delitos imputados, y por ello no se le podían aplicar las referidas normas penales militares. Además, el Tribunal estima que el señor Palamara Iribarne, al escribir su libro e iniciar el proceso de publicación, se encontraba en el legítimo ejercicio de su derecho a expresar libremente sus opiniones e ideas.
141. El Tribunal considera que Chile no ha adoptado las medidas necesarias para que el señor Palamara Iribarne fuera sometido a la justicia ordinaria, dado que al ser civil no reunía la condición de sujeto activo de un delito militar. La Corte observa que en Chile la caracterización de una persona como militar resulta una tarea compleja que requiere de interpretación de diversas normas y reglamentos, lo que dio cabida a que las autoridades judiciales que las aplicaron realizaran una interpretación extensiva del concepto de militar para someter al señor Palamara Iribarne a la jurisdicción militar.
142. La jurisdicción tan extensa que tienen los tribunales militares en Chile que les otorga facultades de fallar causas correspondientes a los tribunales civiles no es acorde con el artículo 8.1 de la Convención Americana.
143. La Corte ha dicho que “[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia” . El juzgamiento de civiles corresponde a la justicia ordinaria.
144. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en perjuicio del señor Palamara Iribarne, por haber sido juzgado por tribunales que no tenían competencia para hacerlo, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias al derecho a ser juzgado p or un juez competente protegido en el artículo 8.1 de la Convención, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención.
b) Derecho a ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial
145. La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Asimismo, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes estatales es esencial para el ejercicio de la función judicial .
146. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia.
147. El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
148. Ahora bien, para analizar el derecho del señor Palamara Iribarne a ser juzgado por un juez o un tribunal imparcial e independiente la Corte debe tener especial consideración sobre la estructura y composición de los tribunales militares en Chile en tiempos de paz.
149. Como surge del acervo probatorio del presente caso y del artículo 1 del Código de Justicia Militar chileno, la facultad de conocer las causas civiles y criminales de la jurisdicción militar, “de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado” pertenece exclusivamente a los tribunales militares establecidos en el mismo Código. Estos tribunales militares mantienen jurisdicción sobre chilenos y extranjeros, para juzgar todos los asuntos de la jurisdicción militar que sobrevengan en el territorio nacional.
150. Tal como surge del acervo probatorio y del peritaje de la señora María Inés Horvitz, la estructura orgánica de la justicia militar en Chile, en tiempos de paz, está compuesta por tres instancias integradas por jueces, fiscales, auditores y secretarios, quienes son militares en servicio activo, pertenecen a “un escalafón especial de justicia militar” y mantienen su posición de subordinación y dependencia dentro de la jerarquía militar. La jurisdicción militar se ejerce por los Juzgados Institucionales, los Fiscales, las Cortes Marciales y la Corte Suprema.
151. Los Juzgados Institucionales se dividen entre los Juzgados Militares, Navales y de Aviación. La primera instancia la ejercen los cinco Juzgados Navales con asiento en las ciudades en donde se encuentran las cuatro zonas navales militares (Valparaíso, Talcahuano, Punta Arenas e Iquique) y en el buque insignia de la Escuadra. Cada Juzgado Naval está integrado por el fiscal naval, el juez naval, quién es el Comandante en Jefe de la respectiva zona naval y no necesariamente es un abogado, el auditor, quien debe ser abogado y es designado por el Presidente de la República para aconsejar al juez militar, y los secretarios del juez y del fiscal. El Comandante en Jefe de una Unidad Militar tiene jurisdicción sobre el territorio de su mando.
152. La segunda instancia, en tiempos de paz, la ejerce “una Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros”, con asiento en Santiago, y “una Corte Marcial de la Armada, con sede en Valparaíso”. La Corte Marcial de la Armada está integrada por dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, elegidos por sorteo anual, el Auditor General de la Armada y un Oficial General de la Armada en servicio activo en la misma institución. Estos dos últimos desde 1991 tienen inamovilidad por tres años. La Corte Marcial tiene competencia para conocer de las apelaciones respecto de las decisiones de los juzgados navales y de los recursos de amparo interpuestos a favor de individuos detenidos o arrestados por una orden de una autoridad militar. A diferencia de los juzgados navales de primera instancia, los jueces de las Cortes Marciales tienen formación jurídica. Sin embargo, los militares que integran las Cortes Marciales se encuentran en dependencia jerárquica con los mandos militares superiores.
153. La última instancia militar, en tiempos de paz, la ejerce la Corte Suprema de Justicia de Chile con sede en Santiago, la cual, cuando tiene que conocer la apelación de una decisión dictada por un tribunal militar inferior, como los Juzgados Institucionales o las Cortes Marciales, se integra a sus miembros un Auditor General del Ejército.
154. Los Fiscales, que ejercen la jurisdicción militar, son abogados y “tienen un grado [militar] inferior en jerarquía que los jueces y auditores”. “Los Fiscales son los funcionarios encargados de la sustanciación de los procesos y [la] formación de las causas de la jurisdicción militar, en primera instancia”. El fiscal instruye la investigación del delito y “tiene poderes para dictar dentro del proceso medidas cautelares personales, como la prisión preventiva” o “medidas intrusivas”, que pueden afectar derechos fundamentales del imputado. Los Fiscales están encargados de recoger y consignar todas las pruebas pertinentes, detener a los inculpados y producir todos los elementos de convicción que sean del caso.
155. La Corte estima que la estructura orgánica y composición de los tribunales militares descrita en los párrafos precedentes supone que, en general, sus integrantes sean militares en servicio activo, estén subordinados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando, su nombramiento no depende de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad y no posean una formación jurídica exigible para desempeñar el cargo de juez o fiscales. Todo ello conlleva a que dichos tribunales carezcan de independencia e imparcialidad.
156. Respecto de la necesidad de que un juez o tribunal militar cumpla con las condiciones de independencia e imparcialidad, es imprescindible recordar lo establecido por la Corte en el sentido de que es necesario que se garantice dichas condiciones “de cualquier juez [o tribunal] en un Estado de Derecho. La independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo, garantías de inamovilidad y con una garantía contra presiones externas” . En el mismo sentido, se expresan los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura.
157. La falta de independencia de los Fiscales Navales es manifiesta debido a que, por ejemplo, de acuerdo con el artículo 37 del Código de Justicia Militar se encuentran subordinados a los Auditores Generales de la Armada, quienes deben “supervisar, vigilar la conducta funcionaria de los Fiscales de su respectiva jurisdicción” y pueden “dictar[les] instrucciones […] sobre la manera de ejercer sus funciones”. Además, en el Fiscal se concentran las funciones de investigar y juzgar. El Fiscal es el encargado de emitir el auto de procesamiento y realizar la acusación fiscal a la que responde el acusado, de forma tal que las decisiones sobre la necesidad y legalidad de las medidas probatorias y su valor para acreditar la comisión de una conducta delictiva las realiza la misma persona, lo cual afecta su imparcialidad.
158. La Corte nota que, después de haberse inhibido por “tener relación y tomar parte activa en los hechos que dieron origen a la denuncia” (supra párr. 63.25), el señor Bruna Greene tuvo participación en su calidad de Juez Naval durante el proceso por los delitos de incumplimiento de deberes militares y desobediencia. Por ejemplo, ordenó que se instruyera el sumario de la Causa Rol No. 465 por otro delito de desobediencia (supra párr. 63.44), ordenó que se acumulara dicha Causa a la Causa No. 464 (supra párr. 63.48), concedió la prórroga solicitada por el Fiscal Naval para continuar el sumario (supra párr. 63.50), y ordenó que se acumularan a la Causa No. 464 las primeras diligencias practicadas en el proceso que se instruyó por otro delito de desobediencia (supra párr. 63.53).
159. En relación con el otro proceso penal militar seguido en contra del señor Palamara Iribarne por el delito de desacato, llama la atención a la Corte que incluso cuando el Comandante en Jefe de la III Zona Naval, señor Hugo Bruna Greene, presentó la denuncia inicial por dicho delito ante la justicia ordinaria en contra del señor Palamara Iribarne, el 14 de junio de 1993 la Corte de Apelaciones, con base en la Ley de Seguridad del Estado, se declaró incompetente para conocer el expediente Rol No. 103-93 correspondiente a la referida denuncia interpuesta (supra párr. 63.77) y remitió dicho expediente al Juez Naval de Magallanes, “para su conocimiento y resolución”.
160. Al asumir el conocimiento de la Causa Nº 471 por el delito de desacato, las autoridades del Juzgado Naval de Magallanes procesaron al señor Palamara Iribarne por haber injuriado u ofendido a la Fiscalía Naval, por lo que las autoridades a cargo de este proceso, todas ellas integrantes de las Fuerzas Armadas, debían pronunciarse sobre un asunto en el que el interés de las mismas se veía afectado, por lo cual la imparcialidad e independencia del tribunal era cuestionable.
161. Por lo expuesto, la Corte concluye que el Estado no garantizó al señor Palamara Iribarne su derecho a que un juez o tribunal competente, imparcial e independiente conociera de las causas penales que se iniciaron en su contra, por lo cual violó el artículo 8.1 de la Convención en su perjuicio, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias a dicho derecho protegido en el artículo 8.1 de la Convención, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención.
c) Garantías judiciales en los procesos penales militares seguidos en contra del señor Palamara Iribarne
162. El artículo 8 de la Convención establece que:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
[…]
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
[…]
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
[…]
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
163. La Corte ha sostenido que los Estados Partes en la Convención Americana están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) .
164. Todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana .
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165. Además de los problemas que surgen de la amplitud de la competencia de la jurisdicción penal militar en Chile para juzgar civiles, de la falta de imparcialidad e independencia de sus tribunales, propia de su estructura y composición, resta a la Corte analizar si en los procesos penales militares a los que fue sometido el señor Palamara Iribarne se respetaron las garantías de publicidad del proceso y las relacionadas con el derecho de defensa del imputado contempladas en el artículo 8 de la Convención.
166. Para ello, el Tribunal tomará en cuenta que una de las principales características que debe reunir el proceso penal durante su sustanciación es su carácter de público. El derecho a un proceso público se encuentra protegido por diversos instrumentos internacionales como elemento esencial de las garantías judiciales . En la Convención Americana el artículo 8.5 establece que “[e]l proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.
167. El derecho al proceso público consagrado en el artículo 8.5 de la Convención es un elemento esencial de los sistemas procesales penales acusatorios de un Estado democrático y se garantiza a través de la realización de una etapa oral en la que el acusado pueda tener inmediación con el juez y las pruebas y que facilite el acceso al público .
168. La publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen. Además, es un medio por el cual se fomenta la confianza en los tribunales de justicia . La publicidad hace referencia específica al acceso a la información del proceso que tengan las partes e incluso los terceros.
169. El Código de Justicia Militar estructura el procedimiento penal militar, en tiempos de paz, en dos fases: el sumario y el plenario. Al regular el procedimiento dicho Código también remite a determinadas normas del Código de Procedimiento Penal de 1993.
170. La Corte considera que la referida normativa que establece como regla que en la jurisdicción penal militar chilena el sumario sea secreto, salvo las excepciones establecidas por la ley, es contraria al derecho de defensa del imputado, ya que le imposibilita el acceso efectivo al expediente y a las pruebas que se recaban en su contra, lo cual le impide defenderse adecuadamente, en contravención de lo dispuesto en el artículo 8.2.c). Asimismo, la Corte observa que en el presente caso todas las actuaciones realizadas durante los procesos penales seguidos en contra del señor Palamara Iribarne por los tribunales militares fueron escritas.
171. La Causa No. 464 ante el Juzgado Naval de Magallanes permaneció en la etapa de sumario durante un año y más de siete meses, desde el 13 de marzo de 1993 hasta el 24 de octubre de 1994, fecha en la que el Fiscal Naval elevó la causa a plenario y el abogado del señor Palamara Iribarne, por primera vez, tuvo acceso al expediente (supra párr. 63.63 y 63.64).
172. Como ha quedado demostrado, durante el referido proceso tampoco procedió la excepción establecida en la ley para que el señor Palamara Iribarne tuviera acceso a las actuaciones y diligencias realizadas en su contra. El abogado del señor Palamara Iribarne solicitó en diversas oportunidades el conocimiento del sumario para proceder a la defensa del imputado, pero obtuvo respuestas negativas por parte de los tribunales militares, incluso cuando apeló dichas decisiones (supra párr. 63.46, 63.47 y 63.52). Entre otras, la Corte destaca que la Corte Marcial de Valparaíso, en respuesta a un recurso de queja interpuesto por el abogado del señor Palamara Iribarne, señaló que la denegatoria de conocimiento del sumario derivaba de la ley y no era imputable al Fiscal recurrido (supra párr. 63.52).
173. Según el Código de Justicia Militar, en caso de que haya una ampliación del plazo de cuarenta días contados desde el decreto que ordenó el sumario y “se prolongare más de sesenta días, podrá hacerse público en cuanto no fuere perjudicial al éxito de la investigación, y todo aquel que tenga interés directo por su terminación podrá intervenir para instar en este sentido”.
174. La Corte estima que la regla del secreto de las actuaciones del sumario en la jurisdicción militar chilena, aún cuando tenga algunas excepciones, es contraria a la garantía de publicidad que debe tener el proceso penal de acuerdo con el artículo 8.5 de la Convención, no condice con el carácter restrictivo que tiene la figura del secreto de sumario, se encuentra establecido como impedimento de las partes de conocer todas las actuaciones que integran dicha etapa procesal y no se trata de una estrategia para proteger temporalmente cierta información sensible que podría afectar el cauce de la investigación. Desde el inicio de las primeras diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho a defenderse durante todo el proceso que tiene una persona acusada de cometer un delito, de conformidad con el artículo 8.2.d) de la Convención.
175. Debido a que en la etapa del sumario el defensor no puede estar presente en la declaración del imputado y, como ha sucedido en este caso, tuvo que solicitar diligencias probatorias al fiscal sin tener conocimiento del sumario ni de los fundamentos de los cargos formulados a su defendido, el derecho del imputado a ser asistido por un defensor consagrado en el artículo 8.2.d) de la Convención también se vio afectado. Se permitió la intervención del defensor recién cuando concluyó la investigación y se elevó la causa a la etapa del plenario, a partir de la cual el Fiscal ordenó poner los autos en conocimiento del abogado del señor Palamara Iribarne para que respondiera a los cargos que existían en su contra (supra párr. 63.62 y 63.64).
176. Por otra parte, la Corte destaca que el abogado del señor Palamara Iribarne, sin tener acceso al expediente durante el sumario, requirió la realización de careos entre las declaraciones que había vertido su representado y las versiones que sobre ellas se describieron en los alegatos del Ministerio Público Militar al solicitar la excarcelación, “dado que se dejó entrever la existencia de contradicciones fundamentales que debían ser aclaradas” (supra párr. 63.47). El Fiscal Naval de Magallanes rechazó dicha solicitud, lo cual denota la dificultad de la defensa para contrarrestar la prueba.
177. La Corte considera que la imposibilidad de acceder a las actuaciones realizadas durante la etapa del sumario y presentar pruebas impidieron que el señor Palamara Iribarne pudiera defenderse de forma adecuada. Cuando el abogado del señor Palamara Iribarne tuvo acceso al expediente al elevarse la causa a plenario el 24 de octubre de 1994, de conformidad con el artículo 150 del Código de Justicia Militar contaba con un plazo de tan solo 6 días para responder a “los cargos que exist[í]an en su contra”. Recién el 20 de febrero de 1995 el abogado del señor Palamara Iribarne, al contestar la acusación Fiscal, pudo ofrecer prueba en el proceso (supra párr. 63.65).
178. Además, íntimamente ligado con lo anterior, la Corte Interamericana ha señalado que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea . Este Tribunal ha establecido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio” .
179. Las referidas restricciones impuestas al señor Palamara Iribarne y a su abogado defensor en la Causa Rol No. 464 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares y en la Causa Rol No. 471 por el delito de desacato, ambas ante el Juzgado Naval de Magallanes, vulneraron las garantías propias del derecho de defensa, así como el de hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, reconocidos en el artículo 8.2.f) de la Convención .
180. Además, la Corte debe resaltar que durante los dos procesos penales militares el señor Palamara Iribarne rindió declaración ante el Fiscal en diversas ocasiones. En relación con dichas declaraciones la Corte realiza dos observaciones. Por un lado, en ninguna de ellas el señor Palamara Iribarne declaró ante un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, lo que vulnera el artículo 8.1 de la Convención. Por otra parte, en las diferentes citaciones a declarar emitidas por el Fiscal no se indicó el motivo para solicitar su comparecencia ni el tema sobre el que versaría dicha declaración, así como tampoco se le realizaron las previsiones sobre su derecho a no declarar contra sí mismo. Por la propia estructura del proceso penal militar y la consiguiente falta de imparcialidad el Fiscal Naval no puede ser asimilado al juez que garantiza el derecho a ser oído. Por ello, el Estado violó el artículo 8.1 y 8.2.g) de la Convención, en perjuicio del señor Palamara Iribarne.
181. Por todas las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 8 de la Convención en sus incisos 1, 5, 2.c), 2.d), 2.f) y 2.g), en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias a las garantías del debido proceso protegidas en los referidos incisos del artículo 8 de la Convención, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención.
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d) El derecho a la protección judicial
182. El artículo 25 de la Convención dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
183. Este Tribunal ha establecido que la salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos . En este sentido, la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a una persona en estado de indefensión. El artículo 25.1 de la Convención establece, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales .
184. Bajo esta perspectiva, se ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo 25.1 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos , es decir, se debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida ante la autoridad competente. Esta Corte ha manifestado reiteradamente que la existencia de estas garantías “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención” .
185. La Corte ha señalado en párrafos anteriores de la presente Sentencia que el Estado no ha garantizado al señor Palamara Iribarne su derecho a ser juzgado por tribunales competentes, independientes e imparciales y no ha respetado algunas garantías judiciales en los procesos a los que se vio sometido. El señor Palamara Iribarne fue sustraído de la jurisdicción ordinaria y privado de ser oído por el juez natural (supra párr. 161). Lo anterior trajo como consecuencia que todos los recursos que éste interpusiera en contra de las decisiones militares que le fueron adversas y afectaban sus derechos fueran resueltos por tribunales militares que no revestían las garantías de imparcialidad e independencia y no constituían el juez natural, por lo cual el Estado violó el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes.
186. Esta situación se vio agravada debido a que el Código de Justicia Militar solamente permiten que sean apeladas muy pocas de las decisiones que adoptan las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar que afectan derechos fundamentales de los procesados. Por ello, el señor Palamara Iribarne no pudo interponer recursos en contra de algunas de las decisiones adoptadas por las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar que lo afectaban, como por ejemplo la denegatoria de acceder al sumario, dado que dicha decisión era inapelable (supra párr. 63.46 y 63.47).
187. El Tribunal toma en cuenta que el artículo 20 de la Constitución Política de Chile contempla el recurso de protección para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas ante la justicia ordinaria. Sin embargo, en el presente caso, ha quedado demostrado que dicho recurso interpuesto por la esposa del señor Palamara Iribarne a su favor y de su familia (supra párr. 63.36) para proteger garantías constitucionales a la integridad psíquica, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho a la propiedad y el derecho de autor, no resultó idóneo ni efectivo para proteger los derechos del señor Palamara Iribarne, debido a que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, sin evaluar si se habían producido las alegadas violaciones a los referidos derechos fundamentales, consideró que la jurisdicción militar era la competente para conocer el caso y que por ello no podía pronunciarse al respecto. Consecuentemente, el Estado no garantizó “que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidi[e]r[a] sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso”.
188. El derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de la presunta víctima a obtener un control jurisdiccional que permita determinar si los actos de las autoridades militares han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana, así como los establecidos en su propia legislación , lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que son propias de las autoridades militares. Ese control es indispensable cuando los órganos que ejercen la jurisdicción militar, como el Juzgado Naval, ejercen funciones que afectan derechos fundamentales, y que pueden, sin un adecuado control, fomentar la arbitrariedad en las decisiones.
189. En consecuencia, la Corte considera que el Estado violó el artículo 25 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Palamara Iribarne, dado que no le garantizó el acceso a recursos judiciales efectivos que lo amparan contra las violaciones a sus derechos, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias al derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención.
XI
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 8.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA MISMA
(DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y GARANTÍAS JUDICIALES)
190. La Comisión Interamericana no alegó ninguna violación del artículo 7 de la Convención Americana, ni del artículo 8.2 de la misma.
191. Alegatos de los representantes de la presunta víctima
a) el señor Palamara fue privado de su libertad de forma arbitraria, tanto por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares como por el delito de desacato. Las órdenes de privación de libertad emanaron de Fiscales Navales “que carecían de jurisdicción”, en violación al artículo 7.2 de la Convención Americana. Las medidas de prisión preventiva impuestas al señor Palamara fueron sometidas al control de un órgano carente de independencia e imparcialidad, con lo cual se vulnera el art. 7.5, ya que el señor Palamara fue detenido por fiscales navales, quienes antes de la detención habían realizado las investigaciones, teniendo la posibilidad de intervenir en la etapa posterior a la misma en la formulación de la acusación;
b) el señor Palamara “fue sometido a prisión preventiva sin ningún tipo de ponderación sobre la necesidad de esta medida de coerción estatal”. En la resolución que sometió al proceso al señor Palamara no constan las razones por las que debía ser sometido a prisión preventiva, ni los motivos por los cuales esta grave afectación de sus derechos resultaba necesaria;
c) la Convención Americana exige que la privación de libertad a una persona sea una decisión justificada y necesaria en una sociedad democrática, no bastando una mera remisión a las normas procesales. En el sistema procesal chileno la prisión preventiva se aplica como consecuencia del auto de procesamiento. La normativa que regula la libertad personal durante el proceso penal militar en Chile no establece claramente la excepcionalidad de la detención. Incluso, la ley procesal que rige en materia de excarcelación y que fue aplicada en los procesos seguidos al señor Palamara, establece como regla la detención durante el proceso penal y el único requisito para su imposición es que existan sospechas fundadas acerca de la participación del imputado en el delito. Solo se excluye la prisión preventiva en casos de delitos de bagatela o leves;
d) en el caso del señor Palamara es evidente que sus privaciones preventivas no se justificaban, ya que las condenas a las que fue sometido no implicaban privación de libertad. Ambas sentencias le otorgaron el beneficio de la remisión condicional de la pena. El Estado violó el derecho a la libertad personal del señor Palamara debido a la arbitrariedad de las prisiones preventivas que le impuso. El artículo 4 de la Ley 18.216 permitía prever, para el caso del señor Palamara, la imposición de una pena no restrictiva de la libertad; por lo que la prisión preventiva resultaba inadmisible en lo que se refiere al principio de proporcionalidad;
e) la prisión preventiva y el principio de inocencia tienen una relación conflictiva que tiene incidencia en la determinación de motivos que justifican la restricción a la libertad personal y que exigen, en última instancia, que prevalezca el principio normativo del artículo 8.2 de la Convención;
f) “no existían elementos que permitieran pronosticar que el [señor] Palamara obstruiría la realización de las diligencias pendientes”, sobre todo teniendo en cuenta que la existencia de peligro procesal no puede ser presumida;
g) si una detención es llevada a cabo por una persona que no es juez, esta debe cumplir con tres requisitos: estar autorizado por ley para ejercer funciones jurisdiccionales, cumplir con la garantía de independencia e imparcialidad y tener la facultad de revisar los motivos de la detención de una persona y, de ser el caso, decretar su libertad. El fiscal naval que ordenó la detención del señor Palamara estaba autorizado por ley para cumplir funciones jurisdiccionales y tenía la facultad de decretar la libertad de la persona. Sin embargo, no era independiente e imparcial;
h) las exigencias derivadas del artículo 8.2 de la Convención no se respetan en el sistema procesal penal militar chileno. “En efecto, generalmente como consecuencia del auto de procesamiento se decreta la prisión preventiva”; e
i) se violó el derecho a la presunción de inocencia del señor Palamara en los dos procesos a los que fue sometido, debido a que se decretó la prisión preventiva con fines distintos a los autorizados por la Convención Americana.
192. El Estado no presentó alegatos sobre la supuesta violación del artículo 7 de la Convención Americana, ni del artículo 8.2 de la misma.
Consideraciones de la Corte
193. El artículo 7 de la Convención Americana dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
[…]
194. El artículo 8.2 y 8.2.b de la Convención establece que:
[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
[…]
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
195. Dadas las particularidades del presente caso, la Corte procederá a analizar, en esta ocasión, las alegadas violaciones al artículo 7 de la Convención, supuestamente provenientes de las órdenes de prisión preventiva emitidas durante la tramitación de los dos procesos penales militares seguidos en contra del señor Palamara Iribarne por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares y por el delito de desacato, en conjunto con la alegada violación al derecho a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención). A su vez, por las circunstancias en que se dieron los hechos del presente caso, el Tribunal analizará en este mismo capítulo las posibles violaciones a los artículos 7.4 de la Convención y 8.2.b) de la misma, ya que ambas están relacionadas con la detención que se produjo con posterioridad a la incautación de los libros que el señor Palamara Iribarne tenía en su domicilio (supra párr. 63.20).
*
* *
196. La Convención establece en su artículo 7.1 que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Asimismo, la Convención establece en el artículo 7.2 la posibilidad de restringir el derecho a la libertad personal por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal) .
197. La Corte ha establecido en su jurisprudencia que las medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática .
198. En ocasiones excepcionales, el Estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia . De esta forma, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los referidos requisitos exigidos por la Convención.
199. Debido a que las condiciones y causas que establezcan restricciones a la libertad personal deben estar contempladas en las Constituciones Políticas de los Estados Partes o en las leyes, la Corte estima necesario hacer referencia a algunas de las normas internas de Chile que fueron aplicadas al señor Palamara Iribarne.
200. El artículo 136 del Código de Justicia Militar establece que “[c]uando haya motivo bastante para sospechar que una persona es autor, cómplice o encubridor de un delito, el Fiscal podrá decretar su prisión o limitarse a citarlo a prestar declaración indagatoria”. De conformidad con el artículo 142 de dicho Código, en los juicios militares son aplicables las reglas del Código de Procedimiento Penal sobre libertad provisional de los procesados.
201. El artículo 277 del Código de Procedimiento Penal, vigente en la época de los hechos y aplicado al señor Palamara Iribarne en los dos procesos llevados a cabo en la jurisdicción penal militar, establecía que “[p]or el procesamiento la detención se convierte en prisión preventiva”.
202. El artículo 274 del referido Código de Procedimiento Penal aplicado al caso establecía que:
Después de que el juez haya interrogado al inculpado, lo someterá a proceso, si de los antecedentes resultare: 1) [q]ue está justificada la existencia del delito que se investiga; y 2) [q]ue aparecen presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.
203. Además, el artículo 363 de dicho Código señalaba que:
[s]ólo podrá denegarse la libertad provisional, por resolución fundada, basada en los antecedentes calificados del proceso, cuando la detención o prisión sea estimada por el Juez estrictamente para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación o cuando la libertad del detenido o preso sea peligrosa para la sociedad o el ofendido.
204. Ha quedado demostrado en el presente caso que los fiscales militares impusieron la medida cautelar de prisión preventiva al señor Palamara Iribarne y que fue privado de su libertad en varias ocasiones, tanto durante la tramitación de la Causa No. 471 instaurada en su contra por el delito de desacato, como en la Causa No. 464 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares (supra párr. 63.21, 63.22, 63.27.d) y e), 63.28, 63.29, 63.56.c), 63.80 y 63.83).
205. En cuanto a la Causa No. 471 por el delito de desacato, ha quedado demostrado que el 12 de julio de 1993 el Fiscal Naval de Magallanes emitió un auto de procesamiento en contra del señor Palamara Iribarne y dispuso que debía cumplir prisión preventiva en la Guarnición IM “Orden y Seguridad” sin indicar otro fundamento jurídico que el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, el cual no hace referencia a las condiciones que deben acreditarse para que se pueda dictar prisión preventiva, sino que dispone las condiciones para que se emita el auto de procesamiento (supra párr. 63.80).
206. La Corte estima, teniendo en cuenta la presunción de inocencia, que los requisitos para que se pueda emitir un auto de procesamiento son diferentes a los exigidos para ordenar prisión preventiva, dado que esta última exige, además de un grado razonable de imputablidad de la conducta delictiva al procesado, que la privación de la libertad sea necesaria para evitar un daño al proceso que pueda ser ocasionado por el acusado (supra párr. 198).
207. En la referida orden de prisión preventiva de 12 de julio de 1993, el Fiscal no hizo referencia alguna a los elementos que la ley interna exigía para que procediera la privación de la libertad del señor Palamara Iribarne y no acreditó la obstaculización de la investigación por su parte. El Fiscal fundamentó una orden de prisión preventiva solamente con base en los elementos para emitir un auto de procesamiento y, como consecuencia de ello, el señor Palamara Iribarne permaneció privado de libertad cuatro días, del 12 al 15 de julio de 1993 (supra párr. 63.83). Fue liberado en virtud de la resolución emitida por la Corte Marcial (supra párr. 63.82).
208. Respecto de la Causa No. 464, ha quedado establecido que el 15 de marzo de 1993 el Fiscal Naval Suplente de Magallanes, en su auto de procesamiento en contra del señor Palamara Iribarne, decretó la prisión preventiva y no le concedió la excarcelación, por existir “diligencias pendientes que cumplir en el proceso” que “hac[ía]n estrictamente necesaria su prisión” (supra párr. 63.27.d y e). A pesar de que el señor Palamara Iribarne solicitó al Fiscal Naval Suplente de Magallanes que le concediera el beneficio de la libertad provisional fijando un monto de caución y manifestó, inter alia, que “[su] detención no e[ra] necesaria para la investigación que se realiza[ba…] y […] no […] eludir[ía] la acción de[l fiscal] mediante fuga u ocultamiento”, el Fiscal Naval Suplente declaró “no ha lugar” dicho pedido “teniendo presente lo dispuesto en los art[ículos] 361 inciso 1º y 363 inciso 1º del Código de Procedimiento Penal”, “por faltar la agregación al expediente del extracto de filiación y antecedentes calificados en la causa” (supra párr. 63.28 y 63.29).
209. Como consecuencia de la referida orden de prisión preventiva el señor Palamara Iribarne fue privado de su libertad el 16 de marzo de 1993 y permaneció detenido hasta el 26 de marzo de 1993, fecha en la cual se ejecutó la orden de conceder la libertad bajo fianza que la Corte Marcial emitiera tres días antes, el 23 de marzo de 1993 (supra párr. 63.31 y 63.35).
210. Las autoridades militares que emitieron la orden de prisión preventiva, así como la denegatoria de la solicitud de libertad provisional en la Causa No. 464 (supra párr. 63.27 y 63.29), utilizaron como fundamento jurídico para establecer la procedencia de dicha medida el artículo 363.1 del Código de Procedimiento Penal que exigía que la prisión fuera indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación. Dichas autoridades se limitaron a mencionar el referido artículo sin fundamentar y acreditar los hechos del caso concreto que pudieran configurar los supuestos exigidos por la ley.
211. Además, el Tribunal estima que la prisión preventiva ordenada en contra del señor Palamara Iribarne en la Causa No. 464, señalada en el párrafo anterior, no era necesaria para que el Fiscal Naval pudiera realizar las diligencias que se encontraban pendientes, teniendo en cuenta que estas consistían en tomar la declaración del jefe directo del señor Palamara Iribarne, requerir un oficio al Estado Mayor General para que informara si tramitó “algún tipo de autorización previa a la publicación del libro ’Ética y Servicios de Inteligencia’” y la incorporación al expediente de su extracto de filiación y antecedentes (supra párr. 63.24, 63.27.e y 63.29). Es importante hacer notar que, debido al carácter secreto de la etapa del sumario el señor Palamara Iribarne no podía obstruir dichas diligencias.
212. En la jurisdicción militar chilena, al parecer, la prisión preventiva procede como regla y no como excepción. De las normas del Código de Justicia Militar y del Código Procesal Penal aplicado al señor Palamara Iribarne que regulan la prisión preventiva se desprende que al momento de emitir el auto de procesamiento el juez puede conceder la excarcelación al procesado sin caución alguna cuando “el delito de que se trata está sancionado únicamente con penas pecuniarias o privativas de derechos, o con una pena privativa o restrictiva de la libertad de duración no superior a la de presidio menor en su grado mínimo”. Es decir, la libertad condicional es un “beneficio” que el juez puede otorgar al procesado cuando se reúnen ciertos requisitos exigidos por la ley, partiendo de la premisa de la privación de su libertad como regla.
213. La interpretación de la normativa interna realizada por las autoridades militares en el presente caso, supuso que dicha medida cautelar restrictiva de la libertad personal, no revistiera, como lo exige la Convención, carácter excepcional. Por el contrario, al dictar prisión preventiva sin tener en cuenta los elementos legales y convencionales para que ésta procediera, el Estado no respetó el derecho a la presunción de inocencia del señor Palamara Iribarne, debido a que, tal como surge de los hechos del caso, no desvirtuó dicha presunción a través de la prueba suficiente sobre la existencia de los requisitos que permitían una restricción a su libertad (supra párr. 198 in fine). Al respecto, la perito Horvitz afirmó que el procesamiento de una persona conforme al proceso penal militar supone “de modo automático la prisión preventiva del imputado en los delitos graves y menos graves”.
214. A la luz de todo lo anterior, del análisis de las prisiones preventivas aplicadas al señor Palamara Iribarne en los dos procesos penales militares seguidos en su contra se desprende que el Estado violó los artículos 7.1, 7.2 y 8.2 de la Convención Americana en su perjuicio.
215. Por otro lado, el artículo 7.3 de la Convención establece una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, esto es que provengan de causas y métodos que-aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad .
216. La Corte ha establecido en su jurisprudencia que son arbitrarias las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la libertad personal, que no se encuentren debidamente fundamentadas . En el presente caso, las ordenes de prisión preventiva emitidas en los dos procesos penales militares, analizadas en los párrafos precedentes, no contienen fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia de dicha medida cautelar que acreditaran y motivaran su necesidad, de acuerdo a los supuestos legales y convencionales que la permitían y a los hechos del caso. Por ello, el Estado violó los artículos 7.3 y 8.2 de la Convención, en perjuicio del señor Palamara Iribarne, al haberlo privado de su libertad con base en órdenes arbitrarias, sin observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
217. El Tribunal estima importante destacar que el incumplimiento del Estado de los requisitos necesarios para establecer una limitación a la libertad personal del señor Palamara Iribarne señaladas anteriormente proviene tanto de las normas aplicadas como de la interpretación que de ellas realizaron las autoridades militares.
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218. El artículo 7.5 de la Convención dispone que toda persona sometida a una detención o retención tiene derecho a que una autoridad judicial revise dicha detención, sin demora, como medio de control idóneo para evitar las capturas arbitrarias e ilegales. El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia .
219. Tanto la Corte Interamericana como la Corte Europea de Derechos Humanos han destacado la importancia que reviste el pronto control judicial de las detenciones. Quien es privado de libertad sin control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez .
220. El segundo Principio del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas señala que “el arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin” .
221. Este Tribunal estima necesario realizar algunas precisiones sobre este punto. Los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal. El simple conocimiento por parte de un juez de que una persona está detenida no satisface esa garantía, ya que el detenido debe comparecer personalmente y rendir su declaración ante el juez o autoridad competente .
222. En casos anteriores la Corte ha establecido que un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales” deben satisfacer los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 8 de la Convención , así como ha indicado que los civiles deben ser juzgados en fuero ordinario. El Tribunal considera importante recordar que en esta Sentencia ha manifestado que los jueces o tribunales que conocieron los dos procesos llevados en contra del señor Palamara Iribarne no revestían las características de competencia, imparcialidad e independencia necesarias para respetar las garantías judiciales en un proceso militar (supra párr. 161). Además, el Tribunal afirmó que el señor Palamara Iribarne, siendo civil, fue puesto a disposición de la jurisdicción militar.
223. Al respecto, la Corte estima que el hecho de que el señor Palamara Iribarne al ser detenido fuera puesto a disposición del Fiscal Naval, quien de acuerdo a la normativa interna tenía funciones jurisdiccionales, no garantizó el derecho a que una autoridad judicial revise la legalidad de su detención. Al ser el Fiscal Naval la autoridad que ordenó las prisiones preventivas en contra del señor Palamara Iribarne no puede controlar la legalidad de su propia orden. Por lo anterior, el hecho de que el señor Palamara Iribarne haya sido puesto a disposición de la Fiscalía Naval de Magallanes no satisfizo las exigencias del artículo 7.5 de la Convención.
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224. Por otro lado, el artículo 7.4 de la Convención exige que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados en su contra. A su vez, el artículo 8.2.b) exige que la comunicación al inculpado de la acusación formulada en su contra sea “previa y detallada”.
225. El artículo 8.2.b) de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso . Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración . Más aún, la Corte estima que se debe tomar en particular consideración la aplicación de esta garantía cuando se adoptan medidas que restringen, como en este caso, el derecho a la libertad personal.
226. Ha quedado acreditado que la noche del 1 de marzo de 1993 el señor Palamara Iribarne fue detenido por las autoridades militares que realizaron la incautación de los ejemplares de su libro en su domicilio, sin que conste en el expediente una orden de arresto que se le hubiere notificado. Una vez en la Secretaría de la Fiscalía Naval de Magallanes, el Fiscal “fijó audiencia de inmediato” para tomar la declaración del señor Palamara Iribarne, dado que “era necesario”, sin que se indicara cuál era el objeto de la misma (supra párr. 63.21). Dicha declaración fue rendida hasta las 00:40 horas del día 2 de marzo de 1993.
227. Durante el acto de incautación realizado en la noche del 1 de marzo de 1993, se procedió a detener al señor Palamara Iribarne sin que en ese momento se le notificara las razones de su detención ni los cargos formulados en su contra. Asimismo, al encontrarse en las dependencias militares el Fiscal Naval procedió a tomar la primera declaración que rindiera el señor Palamara Iribarne ante la jurisdicción militar sin que, con antelación a dicho acto, el Fiscal le indicara detalladamente cuál era la acusación formulada (supra párr. 63.21). Es decir, el señor Palamara Iribarne rindió su primera declaración sin que se le hubiera comunicado de forma previa los delitos que se estaban imputando, por lo cual el Estado violó los artículos 7.4 y 8.2.b) de la Convención.
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228. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2 y 8.2.b) de la Convención Americana, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención.
XII
REPARACIONES
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1
229. Alegatos de la Comisión
a) el titular del derecho a recibir una reparación es el señor Humberto Palamara Iribarne, víctima de este caso;
b) en cuanto a la indemnización por concepto del daño material, solicitó a la Corte que para determinar de una manera justa y equitativa tanto el daño emergente como el lucro cesante tenga presente “al momento de su decisión no sólo el efecto patrimonial que ha producido la prohibición del libro, sino también las consecuencias familiares que ello implicó, debido a la necesidad de abandonar la casa que la familia Palamara ocupaba”;
c) en cuanto a la indemnización por concepto de daños inmateriales, solicitó a la Corte que fije una cantidad en equidad a favor del señor Palamara Iribarne. “La Comisión entiende que no solamente la pérdida de un ser querido o las lesiones corporales causan daños morales. Las condiciones en las que se encuentra una persona cuando es sometida a un proceso penal[,] que incluyó medidas restrictivas de su libertad ambulatoria y el sentimiento permanente de vulnerabilidad al haber sido condenado penalmente por haber ejercido un derecho, son condiciones que causan un dolor y un sufrimiento extremo”;
d) en cuanto a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, solicitó a la Corte que ordene al Estado que: 1) tome las medidas necesarias para restituir todos los ejemplares incautados del libro así como también su matriz; 2) permita la inmediata publicación del libro “Ética en los Servicios de Inteligencia”; 3) tome todas las medidas necesarias para derogar el delito de desacato de la legislación chilena, “adaptándola a las exigencias de la Convención Americana”; y 4) adopte las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares a los del presente caso; y
e) en cuanto a las costas y gastos, solicita a la Corte que, después de escuchar a los representantes de la presunta víctima, ordene al Estado el pago de las costas “que sean debidamente probadas por los peticionarios”, originadas a nivel nacional en la tramitación de los procesos judiciales seguidos contra la víctima, así como las originadas a nivel internacional en la tramitación del caso ante la Comisión y las que se originen como consecuencia de la tramitación del caso ante la Corte.
230. Alegatos de los representantes de la víctima
a) debe repararse al señor Palamara Iribarne, quien es la persona directamente perjudicada por los hechos violatorios de sus derechos;
b) en cuanto a la indemnización por concepto del daño material, solicitó a la Corte que, sobre la base del principio de equidad, determine un monto “de manera prudencial”. El daño emergente en el presente caso “son los gastos derivados directamente de la pérdida de los bienes comisados”. Asimismo, “deben ser indemnizados los costos asociados a la pérdida de los beneficios fiscales al perder su trabajo como empleado civil a contrata”;
c) en cuanto a la indemnización por concepto del daño moral, solicitaron a la Corte que determine “de manera prudencial” una indemnización por el daño que ocasionó en la víctima “el hecho de ser censurado, detenido, sometido a prisión preventiva, haber sido víctima de dos procesos judiciales que no respetaron el debido proceso y tener hasta la fecha dos condenas en su hoja de antecedentes penales”. “Asociar el daño moral al puro dolor o sufrimiento de las personas que son consecuencia del daño limita en exceso este concepto y priva a la Corte Interamericana de una herramienta que permita que todo daño sea reparado”. El Estado está obligado a reparar los daños morales ocasionados por la “ruptura radical” que sufrió la víctima en su vida familiar, evidenciada por la necesidad de mudarse lejos de su esposa e hijos y la incapacidad de reinsertarse laboralmente para ejercer la profesión que estudió, todo lo cual comenzó al iniciarse el proceso penal;
d) en cuanto a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición solicitaron a la Corte que ordene al Estado: 1) adecuar su legislación a los estándares internacionales, de modo que la justicia militar funcione como un régimen de excepción aplicable a militares respecto a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones; 2) reconocer públicamente su responsabilidad por la violación de los derechos de la víctima, a través del diario “El Mercurio de Valparaíso”, así como en los boletines de las fuerzas armadas; 3) devolver los libros al señor Palamara y permitir su publicación; 4) eliminar los efectos de las sentencias de condena recaídas en contra del señor Palamara Iribarne, dejando sin efecto todas las consecuencias de estas decisiones;
e) en cuanto a las costas y gastos señalaron que el tiempo total de duración de los procesos a nivel nacional fue de cuatro años, durante los cuales el señor Palamara Iribarne incurrió en gastos, debido a que se presentaron múltiples escritos ante los tribunales de primera instancia y se interpusieron los recursos de casación y de queja. Además, solicitaron el reintegro de US$ 5425,27 en concepto de gastos y costas en que incurrieron los representantes ;y
d) en cuanto al litigio del caso ante la Corte, indicaron que se reservaban la oportunidad para presentar posteriormente el monto de los gastos en que incurren a futuro.
231. Alegatos del Estado
a) se deben descartar las medidas de reparación, de acuerdo con las alegaciones efectuadas y el mérito del proceso;
b) en caso de que la Corte estime que el Estado debería proceder con las medidas de reparación, se debe tomar en cuenta que el destino final de los libros no era comercial, sino que la intención del señor Iribarne era donar ejemplares del libro a “cada uno de los integrantes del departamento de inteligencia de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval. [De ello] se colige inequívocamente una motivación intelectual y no comercial del autor de la obra, por lo que difícilmente puede justificarse un perjuicio económico relevante”;
c) el comiso de los ejemplares del libro y demás materiales no constituyen el daño emergente que alegan los representantes de la presunta víctima. La pérdida del derecho de propiedad sobre los efectos e instrumentos del delito (libros y demás materiales), fueron el resultado de la aplicación de una norma legal existente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y que el juez de la causa no puede eludir;
d) no es efectivo el alegato de los representantes respecto de que no es posible determinar el valor de los libros y demás materiales decomisados. Al contrario, hay antecedentes suficientes para precisar el valor comercial de los libros. De la prueba documental aportada por la Comisión surge que el señor Palamara Iribarne invirtió setecientos mil pesos chilenos en la impresión y publicación de los libros (daño emergente), que el valor comercial de un libro era de $ 3.800 (tres mil ochocientos pesos chilenos) y que el valor comercial del total de los libros incautados era de 3.439.000 (tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil pesos chilenos). De este valor comercial se debe deducir el costo efectivo de los mismos;
e) no sería pertinente adjudicar el daño moral derivado de procesos judiciales legalmente tramitados conforme a derecho. No existen antecedentes ante la Corte que permitan determinar dicho daño; y
f) la presunta víctima se expuso imprudentemente a una situación de riesgo desde el punto de vista económico por comenzar a editar y publicar un libro sin la autorización previa requerida por las normas aplicables a todo personal civil a contrata de la Armada de Chile.
Consideraciones de la Corte
232. De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, la Corte decidió que el Estado es responsable por la violación de los artículos 7, 8.1, 8.2, 8.2.b), 8.2.c), 8.2.d), 8.2.f), 8.2.g), 8.5, 13 y 25 de la Convención, todos en conexión con los artículos 2 y 1.1 de la misma, y del artículo 21 de dicho tratado, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne. En su jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente . A tales efectos, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, según el cual,
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
Por consiguiente, el Tribunal pasa a considerar las medidas necesarias para reparar los daños causados al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne por dichas violaciones a la Convención.
233. El artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparar y de hacer cesar las consecuencias de la violación .
234. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados . La obligación de reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno .
235. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. En este sentido, las reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas en los capítulos anteriores en esta Sentencia .
A) BENEFICIARIOS
236. La Corte ha determinado que los hechos del presente caso constituyeron una violación a los artículos 7, 8.1, 8.2, 8.2.b), 8.2.c), 8.2.d), 8.2.f), 8.2.g), 8.5, 13 y 25 de la Convención, todos en conexión con los artículos 2 y 1.1 de la misma, y del artículo 21 de dicho tratado, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, quien, en su carácter de víctima de las mencionadas violaciones, es acreedor de las reparaciones que fije el Tribunal.
237. Además, al momento de determinar las reparaciones que serán otorgadas a favor de la víctima, el Tribunal tomará en consideración que la señora Anne Ellen Stewart Orlandini, esposa de la víctima, aportó económicamente para que la edición del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” se realizara, gestionó su inscripción nacional e internacional en los registros de propiedad intelectual, así como realizó otros gastos como consecuencia del sometimiento de su cónyuge a los procesos penales militares (supra párr. 63.3, 63.5, 63.105 y 63.108). Dichos aportes económicos y gestiones relativas al libro se realizaron a través de la empresa de la señora Stewart Orlandini, la cual funcionaba como una distribuidora de libros (supra párr. 63.3). Por ello, el Tribunal considera que, debido a la estrecha relación que tenía la señora Stewart Orlandini como cónyuge del señor Palamara Iribarne y al hecho de haber realizado erogaciones para facilitar la publicación del libro y para mudarse, ésta debe ser considerada como beneficiaria a los efectos de la distribución (infra párrs. 242 y 243).
B) DAÑO MATERIAL
238. La Corte determinará en este acápite lo correspondiente al daño material, para lo cual fijará un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la presente Sentencia , tomando en cuenta las circunstancias del caso, la prueba ofrecida, su jurisprudencia y los alegatos relevantes presentados por la Comisión, los representantes y el Estado.
239. La Corte considera demostrado que el señor Palamara Iribarne era ingeniero naval mecánico y que en la época de los hechos laboraba como empleado civil a contrata de la Armada. Su contrato comenzó el 1 de enero de 1993 y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993 (supra párr. 63.1). Como consecuencia de los hechos del presente caso el 28 de mayo de 1993 el Comandante en Jefe de la Armada emitió una resolución mediante la cual dispuso el término anticipado del referido contrato a contar desde ese mismo día con base, inter alia, en que la permanencia del señor Palamara Iribarne era “perjudicial o afecta[ba] la disciplina” de la Armada. Al respecto, la Corte toma en cuenta que durante la vigencia de dicho contrato el señor Palamara Iribarne cobró en total tres sueldos, de conformidad con el certificado emitido por la Armada de Chile. Tomando en cuenta lo anterior y con base en la equidad, la Corte estima que el señor Palamara Iribarne dejó de percibir aproximadamente US$ 8.400,00 (ocho mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda chilena. Dicha compensación deberá ser entregada, en el plazo de un año, al señor Palamara Iribarne.
240. En cuanto a los ingresos dejados de percibir como consecuencia de la privación del uso y goce de sus derechos de autor sobre el libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, el cual fue censurado, el Tribunal coincide con el Estado en que del acervo probatorio se desprenden algunos elementos que podrían guiar al Tribunal para establecer un valor comercial aproximado que tenía el libro del señor Palamara Iribarne al momento de ser editado. Al respecto, ha quedado acreditado que la empresa de la señora Stewart Orlandini emitió, en una ocasión, una factura de venta de un ejemplar del libro por el valor aproximado de US$ 13 (dólares de los Estados Unidos de América) y que el señor Palamara Iribarne recibió alrededor de US$ 7 (siete dólares de los Estados Unidos de América) por otro ejemplar.
241. Además, la Corte toma en cuenta que del valor comercial total se deben restar los costos del libro para calcular los beneficios que podría haber obtenido. Ha quedado acreditado que el costo total de la edición de aproximadamente 1000 ejemplares realizada por la Imprenta Ateli ascendía a la suma aproximada de US$ 1.650,00 (mil seiscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América). Del acervo probatorio del presente caso surge que parte del monto total de la referida edición encargada a la empresa Ateli fue cancelado por la esposa del señor Palamara Iribarne, a través de su empresa, pagando la suma aproximada de US$ 1.150 (mil ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América).
242. Debido a que no surge del acervo probatorio un valor uniforme del libro que acredite fehacientemente un precio único y tomando en cuenta las especiales características del derecho de autor, que el libro no había llegado a cotizarse en librerías y comercios de Chile, que no puede calcularse los eventuales beneficios que hubiera obtenido si se hubiera distribuido y que los costos de la edición cancelados fueron los señalados en el párrafo anterior, la Corte fija, en equidad, la cantidad total de US$ 11.000,00 (once mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda chilena que comprende tanto los ingresos dejados de percibir como los gastos realizados. Dicha compensación deberá ser entregada, en el plazo de un año, al señor Palamara Iribarne, quien entregará a la señora Anne Ellen Stewart Orlandini la parte que corresponda para sufragar los gastos realizadas por ella.
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243. El señor Palamara Iribarne y la señora Anne Ellen Stewart Orlandini incurrieron en una serie de gastos como consecuencia del sometimiento del señor Palamara Iribarne a los procesos penales militares, así como de la orden de abandonar, aproximadamente en el plazo de una semana, la casa fiscal en donde residían junto a sus tres hijos (supra párr. 63.105). Tanto el señor Palamara Iribarne como su esposa y sus tres hijos se tuvieron que mudar para otra ciudad, por lo cual realizaron gastos de mudanza. En consecuencia, la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda chilena. Dicha compensación deberá ser entregada, en el plazo de un año, al señor Palamara Iribarne, quien entregará a la señora Anne Ellen Stweart Orlandini la parte que corresponda para compensar los gastos realizados por ella.
B) DAÑO INMATERIAL
244. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad, y mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima . El primer aspecto de la reparación del daño inmaterial se analizará en esta sección y el segundo en la sección C) de este capítulo.
245. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye, per se, una forma de reparación . No obstante, por las circunstancias del presente caso y las consecuencias de orden no material o pecuniario que las violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial a través de los procesos y las condenas emitidas en contra del señor Palamara Iribarne por la jurisdicción penal militar tuvieron en la vida profesional, personal y familiar de la víctima, y en el ejercicio de sus derechos a la libertad de pensamiento y de expresión y a la propiedad privada, la Corte estima que el daño inmaterial debe además ser reparado, mediante una indemnización compensatoria, conforme a equidad .
246. Para fijar una indemnización compensatoria del daño inmaterial, el Tribunal toma en cuenta que las violaciones a la libertad de pensamiento y de expresión realizadas por el Estado, la privación del uso y goce de sus derechos de autor sobre el libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, las faltas de garantías procesales a las que se vio sometido por ser juzgado por tribunales militares en los procesos penales militares seguidos en su contra, las distintas privaciones arbitrarias a su libertad y la falta de protección judicial efectiva dificultaron las relaciones familiares, debido a que, como consecuencia de los hechos, sus integrantes se vieron obligados a separarse. Tal como surge de los hechos probados y de las declaraciones de la víctima, su esposa y sus tres hijos, el señor Palamara Iribarne se tuvo que mudar a Valparaíso en marzo de 1993 mientras su esposa e hijos se trasladaron a otro apartamento fuera de la base naval en Punta Arenas y luego a Viña del Mar. La separación de su familia, acompañado de la falta de recursos económicos para poder juntarse con ellos, ha causado al señor Palamara Iribarne sufrimiento y estrés. Por otro lado, al ser un ingeniero naval de profesión acusado por las autoridades militares de atentar contra la seguridad nacional y los intereses de la Armada y condenado por los delitos de desobediencia, incumplimiento de deberes militares y desacato a la autoridad, tuvo dificultades para conseguir trabajo relacionado con su profesión.
247. En este sentido, tiene particular relevancia el hecho de que el señor Palamara Iribarne, por ejercer su derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, se vio sometido a la jurisdicción penal militar y, durante toda la tramitación de los procesos que fueron instaurados en su contra, no fue escuchado ni atendido por ninguna autoridad judicial ordinaria que fuera independiente e imparcial. El hecho de ser un civil sometido a una jurisdicción que le era ajena para ser juzgado por la comisión de delitos que afectan los intereses de la misma institución que tenía que juzgarlo, generó en el señor Palamara Iribarne un sentimiento de indefensión e impotencia ante las actuaciones de las autoridades militares. El señor Palamara Iribarne sabía que los miembros de los tribunales militares formaban parte de la misma institución que denunciaba los supuestos hechos ilícitos, investigaba, recababa y valoraba la prueba en su contra y, a la vez lo juzgaba, así como que dichos miembros se encontraban subordinados por la cadena de mando a las mismas autoridades militares que censuraron su libro y que, con posterioridad, interpusieron denuncias en su contra por la comisión de otros delitos.
248. Teniendo en cuenta los distintos aspectos del daño inmaterial ocasionado, la Corte fija, en equidad, la cantidad de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda chilena, la cual deberá pagar el Estado al señor Palamara Iribarne por concepto de indemnización del daño inmaterial, en el plazo de un año.
c) OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
(MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN)
249. En este apartado el Tribunal entrará a determinar aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, sino que tienen una repercusión pública .
a) Publicación del libro y restitución de sus ejemplares y otro material al señor Palamara Iribarne
250. El Estado debe permitir al señor Palamara Iribarne la publicación de su libro. Asimismo, debe restituir, en el plazo de seis meses, todo el material del que fue privado el mencionado señor (supra párr. 63.19 y 63.20). Los ejemplares del libro y el material relacionado fueron incautados por el Estado el 1 de marzo de 1993 en la imprenta Ateli y en el domicilio del señor Palamara Iribarne, y después se dictó la orden de comiso en la sentencia condenatoria por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares (supra párr. 63.66.f).
251. Debido a la importancia que reviste la versión electrónica de una obra para poder ser actualizada y modificada por su autor, la Corte establece que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que, en caso de no contar con el soporte electrónico del libro, rescate toda la información proveniente de la versión impresa y la digite en una versión electrónica, lo cual deberá realizar en el plazo de seis meses.
b) Publicidad de la Sentencia
252. Como lo ha dispuesto en otros casos, como medida de satisfacción , el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. El fallo se deberá publicar íntegramente en el sitio web oficial del Estado. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia.
c) Respecto de las Sentencias condenatorias emitidas en contra del señor Palamara Iribarne
253. La Corte ha determinado que los procesos penales que se llevaron a cabo en la jurisdicción penal militar en contra del señor Palamara Iribarne no revestían la garantías de competencia, imparcialidad e independencia necesarias en un Estado democrático para respetar el derecho al juez natural y el debido proceso. Dadas las características del presente caso, la Corte entiende que el Estado debe dejar sin efecto, en el plazo de seis meses, en todos sus extremos, las sentencias condenatorias emitidas en contra del señor Palamara Iribarne, a saber: la sentencia emitida el 3 de enero de 1995 por la Corte Marcial de la Armada en la Causa Rol No. 471 por el delito de desacato (supra párr. 63.91) y las sentencia emitidas por dicha Corte Marcial en la Causa No. 464 el 3 de enero de 1997 y por el Juzgado Naval de Magallanes el 10 de junio de 1996 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares (supra párr. 63.66 y 63.68). La Corte estima que el Estado debe adoptar, en el plazo de seis meses, todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto alguno los procesos penales militares instruidos en contra de Palamara Iribarne y sus sentencias, incluyendo la supresión de los antecedentes penales del registro correspondiente.
d) Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de desacato
254. La Corte valora la reforma del Código Penal establecida mediante la publicación de la Ley No. 20.048 el 31 de agosto de 2005, por la cual se derogaron y modificaron algunas normas que hacían referencia al delito de desacato. Con respecto al ordenamiento interno que continúa regulando dicho delito (supra párrs. 92 y 93), el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias para derogar y modificar cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión, de manera tal que se permita que las personas puedan ejercer el control democrático de todas las instituciones estatales y de sus funcionarios, a través de la libre expresión de sus ideas y opiniones sobre las gestiones que ellas realicen, sin temor a su represión posterior.
255. Para ello el Estado debe tener especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana, de conformidad con los criterios establecidos en los párrafos 79 a 93 del presente fallo.
e) Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de jurisdicción penal militar
256. En cuanto a la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, la Corte estima que en caso de que el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales militares (supra párrs. 120 a 144). El Estado deberá realizar las modificaciones normativas necesarias en un plazo razonable.
257. Además, en el ámbito de la jurisdicción penal militar, los miembros de los tribunales deben revestir las garantías de competencia, imparcialidad e independencia indicadas en los párrafos 120 a 161 de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares, tal como se ha señalado en los párrafos 162 a 189 de este fallo.
258. En lo que respecta a las demás pretensiones sobre reparaciones, la Corte estima que la presente Sentencia constituye per se una forma de reparación.
D) COSTAS Y GASTOS
259. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por la víctima con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por la Comisión Interamericana y por los representantes, siempre que su quantum sea razonable .
260. La Corte toma en cuenta que el señor Palamara Iribarne incurrió en gastos durante la tramitación interna de los distintos procesos a los que se vio sometido, y actuó a través de CEJIL ante la Comisión y esta Corte. Al no contar con prueba documental que acredite los gastos en que incurrió CEJIL por las gestiones efectuadas en representación de la víctima en el proceso internacional, así como tampoco de los gastos incurridos por el señor Palamara Iribarne ante la justicia doméstica, este Tribunal establece en equidad la cantidad de US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda chilena, que deberá ser pagada al señor Palamara Iribarne por concepto de costas y gastos, en el plazo de un año. El señor Palamara Iribarne entregará a sus representantes la cantidad que corresponda, conforme a la asistencia que éstos le hubiesen prestado.
E) MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO
261. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma, efectuar el pago de las indemnizaciones ordenadas (supra párrs. 239, 242, 243 y 248), el reintegro de costas y gastos (supra párr. 260), así como deberá adoptar, dentro del plazo de seis meses, las medidas ordenadas en los párrafos 250 a 253 de la presente Sentencia. En cuanto a las medidas de reparación que requieren que el Estado adecue el derecho interno a los estándares internacionales de la Convención Americana el Estado cuenta con un plazo razonable para hacerlo (supra párrs. 254 a 257).
262. Los pagos destinados a solventar los daños materiales, los ingresos dejados de percibir y los gastos generados por las violaciones de los derechos de la víctima, así como el reintegro de las costas y gastos generados por las gestiones realizadas por la víctima en los procesos internos y por sus representantes en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, serán realizados a favor del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne en la forma que señalada en los párrafos 241 a 243, 248 y 260 de la presente Sentencia.
263. Si la víctima falleciere, el pago se hará a sus herederos.
264. El Estado deberá cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda chilena, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
265. Si por causas atribuibles a la víctima no fuese posible que ésta reciba las indemnizaciones dentro del indicado plazo de un año, el Estado consignará dichos montos a favor del señor Palamara Iribarne en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria chilena solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado, con los intereses devengados.
266. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnización del daño material e inmaterial y por reintegro de costas y gastos no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. En consecuencia, deberán ser entregados a la víctima en forma íntegra conforme a lo establecido en la Sentencia.
267. En caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Chile.
268. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, Chile deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento a la misma.
XIII
PUNTOS RESOLUTIVOS
269. Por tanto,
LA CORTE,
DECLARA:
Por unanimidad, que:
1. El Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos y libertades y de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 67 a 95 de la presente Sentencia.
2. El Estado violó el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 99 a 111 de la presente Sentencia.
3. El Estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus incisos 1, 5, 2.c), 2.d), 2.f), y 2.g), en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos y libertades y de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 120 a 181 de la presente Sentencia.
4. El Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos y libertades y de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 182 a 189 de la presente Sentencia.
5. El Estado violó los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales consagrados en artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2 y 8.2.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos y libertades y de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 193 a 228 de la presente Sentencia.
6. El Estado ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en los términos de los párrafos 95, 111, 144, 161, 181, 189 y 228 de la presente Sentencia.
7. El Estado ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de la Convención, en los términos de los párrafos 95, 144, 161, 181, 189 y 228 de la presente Sentencia.
8. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 258 de la misma.
Y DISPONE:
Por unanimidad, que:
9. El Estado debe permitir al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne la publicación de su libro, así como restituir todo el material del que fue privado, en los términos de los párrafos 250 y 251 de la presente Sentencia.
10. El Estado debe publicar, en el plazo seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma, en los términos del párrafo 252 de la misma.
11. El Estado debe publicar íntegramente la presente Sentencia en el sitio web oficial del Estado, en el plazo de seis meses, en los términos del párrafo 252 de la misma.
12. El Estado debe dejar sin efecto, en el plazo de seis meses, en todos sus extremos, las sentencias condenatorias emitidas en contra del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne: la sentencia de 3 de enero de 1995 de la Corte Marcial de la Armada en la Causa Rol No. 471 por el delito de desacato y las sentencias emitidas por dicha Corte Marcial en la Causa No. 464 el 3 de enero de 1997 y por el Juzgado Naval de Magallanes el 10 de junio de 1996 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, en los término del párrafo 253 de la presente Sentencia.
13. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para derogar y modificar, dentro de un plazo razonable, cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión, en los términos de los párrafos 254 y 255 de la presente Sentencia.
14. El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares, en los términos de los párrafos 256 y 257 de la presente Sentencia.
15. El Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares, en los términos de el párrafo 257 de la presente Sentencia.
16. El Estado debe pagar al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, en el plazo de un año, por concepto de indemnización por daño material las cantidades fijadas en los párrafos 239, 242 y 243 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 261 a 267 de la misma.
17. El Estado debe pagar al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño inmaterial la cantidad fijada en el párrafo 248 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 261 a 267 de la misma.
18. El Estado debe pagar al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, en el plazo de un año, por concepto de las costas y gastos la cantidad fijada en el párrafo 260 de la presente Sentencia, en los términos de dicho párrafo.
19. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 268 de la presente Sentencia.
El Juez García Ramírez y el Juez Cançado Trindade hicieron conocer a la Corte sus Votos Razonados, los cuales acompañan la presente Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 2005.
Sergio García Ramírez
Presidente
Alirio Abreu Burelli
Oliver Jackman
Antônio A. Cançado Trindade
Manuel E. Ventura Robles
Diego García-Sayán
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Sergio García Ramírez
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
A LA SENTENCIA SOBRE
EL CASO PALAMARA IRIBARNE VS. CHILE
DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2005
1. Son temas centrales en este caso la libertad de expresión y el debido proceso penal. Este, que será el asunto principal del presente Voto concurrente, constituye la cuestión más frecuentemente tratada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en lo que respecta a casos contenciosos, y también ha sido abordada, directa o indirectamente, en algunas opiniones consultivas. Asimismo, se halla presente en diversas resoluciones sobre medidas provisionales. La notable presencia de esta materia en los litigios ante el tribunal interamericano coincide con la experiencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y de las cortes nacionales europeas ante las que se invoca la violación de disposiciones de la Convención de Roma. 2. El debido proceso es, en consecuencia, un asunto fundamental del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Lo es, por sus características materiales y por su presencia constante. La frecuencia con que se suscita corresponde a la trascendencia que reviste para la operación del conjunto de los derechos humanos y, por ende, para la vigencia y firmeza del Estado de Derecho. En definitiva, es a través del debido proceso como se provee a la mejor defensa de los derechos fundamentales cuando se ven afectados o se encuentran en riesgo. De ahí la extraordinaria relevancia que revisten todos los aspectos de esta materia, y particularmente algunos que han sido considerados por la Corte en el Caso Palamara Iribarne, cuya sentencia sigue la línea establecida en resoluciones anteriores que han influido en la legislación y en la jurisprudencia internas. 3. Para acreditar esas afirmaciones bastaría con tomar en cuenta –cuantitativa y cualitativamente– las prevenciones del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agrupadas bajo el epígrafe “Garantías Judiciales”. La cuestión adquiere mayor importancia todavía –es decir, muestra su verdadero rostro y su trascendencia real– si bajo un concepto de debido proceso más amplio y pertinente se añaden las otras expresiones del enjuiciamiento efectivo, oportuno, justo, que entran en juego en diversas hipótesis y que son otros tantos medios de preservar, amparar o recuperar derechos básicos de la persona. 4. Esta ampliación del concepto tradicional con el fin de abarcar todos los extremos de la cuestión en un concepto que corresponda al fenómeno en su conjunto, lleva a invocar distintos medios de tutela incorporados en preceptos del Pacto de San José, diversos del artículo 8, que poseen autonomía con respecto a éste pero se vinculan con él a través de la noción del debido proceso: artículo 4 (derecho a solicitar indulto, amnistía o conmutación); artículo 5 (exclusión de malos tratos en todos los casos, la mayoría de los cuales se asocia –de hecho o “derecho”– con el desarrollo de una investigación penal judicial o prejudicial, separación de procesados, régimen de menores de edad sujetos a proceso); artículo 7 (legalidad y legitimidad de la privación de libertad, derechos del detenido, control judicial de la detención); 25 (protección judicial de derechos fundamentales), y probablemente también los artículos 9 (fundamento de la condena) y 10 (indemnización por condena determinada por un error judicial). Agréguense, en lo pertinente, las reglas de privación o restricción de derechos que explícitamente enlazan con supuestos específicos (p. ej., afectación del derecho a la propiedad, conforme al artículo 21, y a los derechos de circulación y residencia, en los términos del artículo 22), así como –por supuesto– el artículo 27, a propósito de la prohibición de suspender determinados derechos y las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos. 5. El párrafo 1 del artículo 8, invocado en el Caso Palamara Iribarne, a cuya sentencia agrego el presente Voto, establece una norma de general alcance en esta materia, a saber: el derecho de toda persona “a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (…)”. Por razones funcionales que considero evidentes, esta es una garantía rectora o, mejor todavía, condicionante del conjunto de garantías establecidas en el artículo 8, con alcance muy amplio en los más diversos órdenes del enjuiciamiento. Lo que dispone este precepto adquiere sentido y eficacia al amparo de aquella norma que establece el derecho de audiencia en condiciones calificadas 6. Como es sabido, no existe una descripción comprensiva y unánimemente aceptada acerca del debido proceso, con respecto al cual se traen a colación, inclusive, otros conceptos –sinónimos o aledaños, relación que no analizaré ahora– como tutela judicial efectiva o juicio justo. En todo caso, es común mencionar sobre este punto una serie de derechos, figuras o instituciones, entre las que invariablemente se encuentra la exigencia de que el enjuiciamiento se siga ante un órgano jurisdiccional legalmente establecido, que posea, además, las características de independencia, imparcialidad y competencia que reclama el mencionado párrafo 1 del artículo 8 CADH. 7. Es posible –e incluso necesario, en mi opinión– establecer cierto deslinde entre esta garantía sobre el tribunal, que he llamado “rectora” o “condicionante”, y las restantes garantías acogidas en el mismo artículo 8, párrafos 1 y 2, así como en otras disposiciones de la CADH. Para que éstas operen se requiere la plena y puntual observancia de aquélla; de ahí su condición de rectora o condicionante. Así las cosas, parece razonable asignar a la existencia del juez o tribunal el carácter de presupuesto del debido proceso, y no sólo de componente o elemento de éste. En efecto, antecede a los otros derechos que pudieran quedar caracterizados de esta última manera. 8. Si se habla de defensa adecuada, derecho al silencio, recurso para la revisión integral del fallo, etcétera, se supone que todo ello viene al caso precisamente cuando se desarrolla un conjunto de actos de procedimiento ante la autoridad judicial prevista en el párrafo 1, que de esta suerte constituye el marco institucional u orgánico, o el supuesto o soporte, para la presentación en la escena de los otros derechos. Desde luego, esto no impide que se requiera la observancia de garantías de debido proceso cuando otras autoridades –no estrictamente judiciales o jurisdiccionales– cumplen atribuciones de las que provendrá el reconocimiento o desconocimiento de derechos o deberes. En esta hipótesis existe una ampliación del concepto y el alcance de debido proceso judicial, para atender con realismo y eficacia los objetivos tutelares que éste persigue. 9. El artículo 8.1 fija las características del juzgador (en sentido material, no apenas en sentido formal) llamado a conocer una controversia y ante el que debe desenvolverse el procedimiento sujeto al régimen de garantías que prevé el mismo mandamiento: a) establecido legalmente, esto es, que derive sus atribuciones de la ley que lo crea o, en todo caso, de una ley que las prevenga, considerando el genuino alcance que tiene la expresión “ley”, asunto en el que se ha ocupado también la jurisprudencia de la Corte Interamericana; b) preexistente a los hechos sobre los que debe pronunciarse, carácter ex ante que suele constituir una preciosa garantía de seguridad jurídica: se plantea en el eje mismo de la represión penal, a propósito del principio de legalidad: sustantiva, orgánica y procesal, y excluye los tribunales ad hoc y los juicios por comisión; c) independiente, o sea, autónomo en todos los órdenes de su desempeño jurisdiccional, dotado con las facultades para resolver sin injerencia de otros órganos del Estado –o de cualquier instancia externa a sí mismo–, las contiendas que se le sometan, autonomía que debe existir tanto en la norma que gobierna el desempeño judicial formal (Constitución y ley secundaria), como en la realidad en la que actúa el juzgador; d) imparcial, es decir, ajeno al interés y al derecho de quienes comparecen ante él, exento de “prejuicio”, idóneo para constituir –formal y materialmente– ese sujeto “tercero, puesto por encima de las partes”, y por ello llamado a decidir con entera objetividad; y e) competente, esto es, investido (por la ley preexistente que lo instituye) con la capacidad de resolver (de modo independiente e imparcial) los litigios que se le sometan conforme al régimen que distribuye entre los órganos jurisdiccionales la potestad de conocimiento y decisión que corresponde al Estado y que éste ejerce a través de la función jurisdiccional. 10. Establecido que el tribunal ha de reunir internamente dichos rasgos de idoneidad, es preciso avanzar sobre los datos externos –ya implícitos en aquéllos– de su desempeño. En este orden figuran las conexiones entre la competencia y la igualdad ante la ley. Se trata, en fin de cuentas, de proyectar sobre el ejercicio de la función judicial otro de los principios radicales del orden democrático: esa igualdad de todas las personas ante la ley, que reclama la existencia de un mismo patrón de enjuiciamiento, sin detrimento de las singularidades derivadas de la materia del litigio y de la incorporación de elementos de igualación cuando contienden individuos con natural “desigualdad de armas”, como he manifestado en Votos anteriores, en aquellas hipótesis en que la desigualdad real milita contra la igualdad formal. 11. Tras una larga etapa de privilegios materiales y procesales, se abrió camino la igualdad que desecha fueros y enjuiciamientos especiales: la jurisdicción del Estado se ejerce con la más segura objetividad, idéntica para cualesquiera individuos, sin otro miramiento que el peso de la razón en la que se sustenten las pretensiones. En este largo proceso de unidad jurisdiccional –sin que ello impida, ya lo dije, la existencia de competencias materiales especiales en función de la naturaleza de las relaciones sustantivas– han quedado presentes, con mayor o menor extensión, algunos órdenes jurisdiccionales especiales. Entre ellos figura el llamado fuero militar, de guerra o castrense. 12. Hoy es acentuada la tendencia a la reducción, e inclusive a la desaparición, del enjuiciamiento militar. Para ello se aducen diversas razones vinculadas con las características del juzgador natural, a las que ya me referí, y con la regla de igualdad ante la ley. Quienes sostienen la pertinencia de este fuero, y al mismo tiempo la necesidad de observar con el mayor escrúpulo el principio de igualdad ante la ley –y ante sus instrumentos característicos: a la cabeza, los jurisdiccionales–, señalan que el fuero militar puede y debe aplicarse –preferentemente en tiempo de guerra– en el espacio de dos consideraciones determinantes e infranqueables: a) la subjetiva, que es, en realidad, un dato profesional: sobre militares en activo, lo cual excluye a los integrantes de las “reservas”, a los “retirados” y a otras categorías de individuos que pertenecieron a las fuerzas armadas, a título de integrantes activos, pero han dejado de hallarse en esa situación; y b) la material, conectada con la naturaleza del tema en litigio: debe tratarse de cuestiones directa e inmediatamente relacionadas con el desempeño militar, la función de las armas, la disciplina castrense. En algunas legislaciones, en las que ha avanzado mucho más la tendencia restrictiva de la jurisdicción militar, se agrega una exigencia sobre la circunstancia requerida para que actúe aquella jurisdicción: tiempo o situación de guerra. El hecho de que sólo en esta circunstancia opere la justicia castrense refuerza el carácter funcional del Derecho militar y de la jurisdicción respectiva y constituye, evidentemente, un dato elocuente sobre su carácter esencialmente excepcional. 13. Como se ve, la primera exigencia deja a los civiles –los no militares, en el sentido que acabo de describir– fuera de la jurisdicción militar, de plano y sin excepción. La segunda excluye cualesquiera causas que no guarden relación directa e inmediata, por su propia naturaleza, con la función militar. De ahí que en este caso se hable de delitos de “función”, que no se actualizan por el hecho de que el “funcionario” sea militar, aunque, como dije, también se exige esta condición. Evidentemente, esta referencia a la “función” tiene que ver con la naturaleza de las actividades, deberes, desempeños calificados como militares, que deben informar la legislación, y no sólo con determinada calificación formal en preceptos o decisiones de autoridades. Dicho de otra manera, es preciso atender –en este punto como en tantos otros– a la naturaleza de las relaciones jurídicas, materialmente consideradas. 14. Puesto que aquí nos hallamos ante una justicia especial, sustraída a la jurisdicción ordinaria que rige sobre todas las personas, y por lo tanto estamos frente a una excepción o suspensión del régimen de igualdad, es necesario que a la hora de precisar quiénes son los justiciables y cuál es la materia de la justicia militar se actúe con criterio restrictivo, como ante todo supuesto de excepción. Esto implica la prevalencia y preferencia de la igualdad, no de la salvedad. Tal es la única regla de interpretación plausible desde la óptica de los derechos humanos y, por cierto, también la única consecuente con el desarrollo histórico de la materia. 15. En el caso sub judice, el inculpado en el proceso penal interno y víctima en el proceso interamericano había dejado de pertenecer a las fuerzas armadas: no tenía a su cargo funciones propiamente militares. Era un civil al servicio de aquéllas, vinculado por un título jurídico privado, el contrato, y responsable de tareas ajenas a la función militar, aunque tuviesen cierta conexión con ésta en amplio sentido, que no es el que determina la aplicación de la ley penal militar y el desempeño de la justicia castrense. De haber duda –que no la tengo– sobre el carácter civil o militar del inculpado, ésta debiera despejarse a través del criterio de interpretación que supra mencioné: el más compatible con la plena aplicación de la igualdad ante la ley y, por lo tanto, el más favorable al individuo. 16. Así las cosas, la Corte ha podido traer a cuentas su constante jurisprudencia a propósito de la jurisdicción militar: sólo para militares en activo y en lo que respecta a asuntos estrictamente vinculados con la función militar, jurisprudencia firme que constituye una apreciable aportación del Tribunal interamericano a la solución de cuestiones que se han presentado con alguna frecuencia en nuestra región. Si esto es así, el desempeño de la jurisdicción militar sobre un civil y a propósito de temas que exceden la función castrense resulta incompatible con la Convención, particularmente en lo que toca al artículo 8: el juez o tribunal no es naturalmente competente, sin que por ahora entremos a discutir si tampoco reúne las otras características requeridas por el mismo precepto, lo cual ha sido objeto de consideración cuando se ha tratado de juicios seguidos por otro género de delitos que afectan o se supone que afectan la seguridad pública o la seguridad nacional, con respecto a las cuales el tribunal y el enjuiciado son –o parecen ser–, cada uno en una trinchera, integrantes de las fuerzas contendientes. 17. Vuelvo a las consideraciones con las que inicié este Voto, para extraer de ellas y del desarrollo que he formulado en los párrafos precedentes cierta conclusión que estimo obligada. Si la existencia de juez o tribunal competente es un presupuesto del proceso y no apenas un dato o elemento de éste, al lado de los acogidos en las restantes garantías judiciales, y si en un supuesto específico no hubo tal juez o tribunal competente, los actos realizados ante quien no tiene esta condición no pueden ser considerados como actos procesales en sentido estricto, ni su conjunto puede ser calificado como verdadero proceso, ni su culminación como auténtica sentencia. 18. De ser así, la Corte que juzga violaciones a derechos humanos puede limitarse a establecer la inidoneidad del tribunal de conocimiento por los motivos que han quedado descritos, sin que sea necesario que califique –en rigor, que descalifique– cada uno de los actos realizados dentro del supuesto proceso, considerando para ello las deficiencias específicas que aquéllos presentan: defensa, patrocinio, prueba, recursos, etcétera. Incluso si estas actuaciones se hubiesen realizado con el mayor apego a la Convención Americana, no se tendrían en pie como verdaderos actos procesales ni la resolución final adquiriría firmeza como auténtica sentencia, porque unas y otra carecerían del presupuesto –el cimiento– sobre el que se construye el proceso: un tribunal competente, esto es, un órgano dotado con las atribuciones jurisdiccionales indispensables para conocer de cierta causa en función de la persona –o la profesión de ésta– y la materia, y atento a la regla de igualdad ante la ley, que sólo admite contadas y rigurosas excepciones. 19. Como señalé, la libertad de expresión constituye otro de los temas relevantes en el presente caso, conforme a la demanda que dio origen al proceso desarrollado ante la Corte Interamericana. Este tribunal no llevó adelante una revisión detallada y profunda de las características de la libertad de expresión con respecto a la publicación del libro cuestionado. No pareció necesario hacerlo, en virtud de que la información que manejó el inculpado provenía de fuentes abiertas y había sido del conocimiento público. Esta circunstancia hizo innecesario llevar más lejos el examen de aquel tema. De haberse estado en una situación diferente, que obligara a mayores reflexiones, hubiera sido necesario analizar cómo opera la Convención en su conjunto con respecto a las obligaciones del Estado y a las libertades y los deberes del individuo –inclusive el deber de confidencialidad y las consecuencias de su inobservancia–, los derechos y las restricciones recogidos en el artículo 13 y las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 32.2 de la Convención. Quede para otra oportunidad este examen. 20. La Corte formuló algunas consideraciones acerca del delito de desacato en el marco de la libertad de expresión. Comparto las apreciaciones del Tribunal acerca de los riesgos que la formulación típica del desacato puede entrañar para la libertad de expresión. En mi opinión agregada a otras sentencias de la Corte –así, el Caso Herrera Ulloa– he expresado mis puntos de vista, que no han variado, sobre el ejercicio de la crítica en relación con servidores públicos y la menor exigencia que se plantea a la libertad de expresión, si se compara con la que pudiera suscitarse cuando se alude a particulares. Lo que ahora quiero destacar es que esta materia debe ser analizada a la luz –o bajo la sombra, si se prefiere decirlo así– de las fórmulas penales específicas, es decir, frente a “concreciones”, no ante “abstracciones”. 21. Puesto de otra manera, lo que interesa y preocupa no es la existencia de cierto tipo denominado “desacato” –un nomen juris que puede alojar diversos contenidos, desde aceptables hasta inadmisibles–, sino la forma en la que ese tipo penal incide sobre la libertad de análisis y expresión, como también la posibilidad –que no pasó inadvertida para la Corte– de que la represión indebida se ejerza a través de una figura delictiva diferente, como pudiera ser la de amenazas. Y también es preciso observar que la despenalización de la crítica no significa dejar al garete la antigua garantía –constante en diversas Constituciones– que ampara a los miembros del Parlamento y a los juzgadores en contra de las reconvenciones maliciosas que atacan su propia capacidad de expresión o decisión, que también importa al régimen democrático.
Sergio García Ramírez
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1. Voto a favor de la presente Sentencia que viene de adoptar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne versus Chile, con la cual estoy básicamente de acuerdo. Me veo en el deber de agregar, en el presente Voto Concurrente, algunas breves ponderaciones y precisiones, como fundamento de mi posición personal sobre la materia tratada por la Corte en la presente Sentencia, en particular un aspecto central en el cual hace años he centrado mi atención en el seno de la Corte.
2. La Corte ha correctamente determinado la adecuación del derecho interno del Estado demandado con la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como forma de reparación (específicamente, como medida de satisfacción y garantía de no repetición). En un párrafo lapidario de la presente Sentencia, la Corte ha ponderado que
“En cuanto a la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, la Corte estima que en caso de que el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares (…)” (párr. 256).
3. Hace años vengo sosteniendo, en el seno de esta Corte, mi entendimiento en el sentido del amplio alcance de los deberes generales de protección consignados en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana
. A mi juicio, no se viola la Convención Americana solamente y en la medida en que se violó un derecho específico por ella protegido, sino también cuando se deja de cumplir uno de los deberes generales (artículos 1(1) y 2)) en élla estipulados. Así, el deber general del artículo 1(1) de la Convención – de respetar y hacer respetar, sin discriminación alguna, los derechos por élla protegidos – es mucho más que un simple “accesorio” de las disposiciones atinentes a los derechos convencionalmente consagrados, tomados uno a uno, individualmente; es un deber general que se impone a los Estados Partes y que abarca el conjunto de los derechos protegidos por la Convención.
4. Su violación continuada puede acarrear violaciones adicionales de la misma, que se suman a las violaciones originales. El artículo 1(1) es, de ese modo, dotado de un amplio alcance. Refiérese a un deber permanente de los Estados, cuyo incumplimiento puede acarrear nuevas víctimas, generando per se violaciones adicionales, sin que sea necesario relacionarlas con los derechos originalmente vulnerados.
5. La Corte ha afortunadamente acogido mi hermenéutica del amplio alcance de los artículos 1(1) y 2 de la Convención a partir del caso Suárez Rosero versus Ecuador (Sentencia del 12.11.1997), con resultados positivos inmediatos, y en otras Sentencias subsiguientes (las de los casos de Castillo Petruzzi y Otros versus Perú, del 30.05.1999; de Baena Ricardo y Otros versus Panamá, del 02.02.2001; de Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros versus Trinidad y Tobago, del 21.06.2002; de los Cinco Pensionistas versus Perú, del 28.02.2003; como vengo de recordar en mis recientes Votos Razonados, en los casos de las Niñas Yean y Bosico versus República Dominicana (párrs. 15-21, Sentencia del 08.09.2005), y de la Masacre de Mapiripán versus Colombia (párrs. 3-5, Sentencia del 15.09.2005).
6. En este sentido, los deberes generales de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, – según la jurisprudence constante, que no admite retrocesos, – tienen un sentido amplio y autónomo propio, y la determinación de su incumplimiento no está condicionada por el establecimiento de violaciones individuales específicas de uno u otro derecho consagrado en la Convención Americana. Así, la violación de los deberes generales de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, en lugar de estar subsumida en violaciones individuales de derechos específicos bajo la Convención, más bien se suma a dichas violaciones.
7. En el seno de esta Corte he estado empeñado, hace años, en la construcción conceptual de las obligaciones erga omnes de protección bajo la Convención Americana . Ya en mis Votos Razonados en las Sentencias sobre el fondo, del 24.01.1998, párr. 28, y sobre reparaciones, del 22.01.1999, párr. 40, en el caso Blake versus Guatemala, había yo advertido para la apremiante necesidad de la promoción del desarrollo doctrinal y jurisprudencial del régimen jurídico de las obligaciones erga omnes de protección de los derechos de la persona humana; asimismo, en mi Voto Razonado en el caso Las Palmeras (Sentencia sobre excepciones preliminares, del 04.02.2000), referente a Colombia, ponderé que el correcto entendimiento del amplio alcance de la obligación general de garantía de los derechos consagrados en la Convención Americana, estipulada en su artículo 1(1), puede contribuir a la realización del propósito del desarrollo de las obligaciones erga omnes de protección (párrs. 2 y 6-7).
8. También a ese respecto la Corte Interamericana ha resaltado, en su reciente Sentencia en el caso de la Masacre de Mapiripán (del 15.09.2005), el amplio alcance del deber general de garantía bajo el artículo 1(1) de la Convención Americana. Fiel a su más lúcida jurisprudencia, y a una hermenéutica integradora (y no desagregadora) de la normativa de la Convención Americana, la Corte Interamericana, en su Sentencia en el presente caso Palamara Iribarne versus Chile, ha relacionado inter se las violaciones establecidas de la Convención Americana, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13), del derecho a la propiedad privada (artículo 21(1) y (2)), de los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25), del derecho a la libertad personal (artículo 7), también en relación – cada una de ellas – con los artículos 1(1) y 2 de la Convención (puntos resolutivos 1-5).
9. Pero, además de ésto, la Corte ha sumado a dichas violaciones, en los puntos resolutivos 6 y 7 de la presente Sentencia, la violación per se de los deberes generales consagrados, respectivamente, en el artículo 1(1) (deber de respetar y asegurar el respeto de todos los derechos protegidos) y en el artículo 2 (deber de adecuación del derecho interno con la normativa de la Convención). Es ésto muy significativo, pues reconoce la violación autónoma de los artículos 1(1) y (2) de la Convención, independientemente de las violaciones de los derechos sustantivos en relación con dichos deberes generales, en las circunstancias del cas d’espèce.
10. En efecto, no hay que pasar desapercibido, en el presente caso Palamara Iribarne, que Chile, por la sóla existencia, en la época de la ocurrencia de los hechos del presente caso, de la Ley No. 12.297 sobre “Seguridad del Estado”, del Código de Justicia Militar, de las disposiciones relativas al delito de desacato del Código Penal y del Código de Justicia Militar, ya violaba el deber general de armonizar su normativa de derecho interno con la Convención Americana (artículo 2), tomando en cuenta que estas normas eran manifiestamente incompatibles con dicho tratado, y que no dejara de adoptar medidas positivas de protección (artículo 1).
11. Tal como me permití señalar en mi Voto Disidente en el caso El Amparo (Interpretación de Sentencia, 1997) , referente a Venezuela,
“Un Estado puede (…) tener su responsabilidad internacional comprometida, a mi modo de ver, por la simple aprobación y promulgación de una ley en desarmonía con sus obligaciones convencionales internacionales de protección, o por la no-adecuación de su derecho interno para asegurar el fiel cumplimiento de tales obligaciones, o por la no-adopción de la legislación necesaria para dar cumplimiento a éstas últimas. Es llegado el tiempo de dar precisión al alcance de las obligaciones legislativas de los Estados Partes en tratados de derechos humanos. El tempus commisi delicti es, en mi entendimiento, el de la aprobación y promulgación de una ley que, per se, por su propia existencia, y su aplicabilidad, afecta los derechos humanos protegidos (…), sin que sea necesario esperar por la aplicación subsiguiente de esta ley, generando un daño adicional.
El Estado en cuestión debe remediar prontamente tal situación, pues, si no lo hace, puede configurarse una `situación continuada’ violatoria de los derechos humanos (…). Es perfectamente posible concebir una `situación legislativa’ contraria a las obligaciones internacionales de un determinado Estado (v.g., manteniendo una legislación contraria a las obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, o no adoptando la legislación requerida para dar efecto a tales obligaciones en el derecho interno). En este caso, el tempus commisi delicti se extendería de modo a cubrir todo el período en que las leyes nacionales permanecieron en conflicto con las obligaciones convencionales internacionales de protección, acarreando la obligación adicional de reparar los sucesivos daños resultantes de tal `situación continuada’ durante todo el período en aprecio” (párrs. 22-23).
12. Asimismo, en mi Voto Disidente (párr. 21) en el caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia (Reparaciones, 1997) , cual resalté la indisociabilidad entre las dos obligaciones generales consagradas en la Convención Americana, a saber, la de respetar y garantizar los derechos protegidos (artículo 1.1) y la de adecuar el derecho interno a la normativa internacional de protección (artículo 2) (párrs. 6 y 9). Posteriormente, en el caso de la “Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros versus Chile, Sentencia del 05.02.2001) , en la misma línea de pensamiento sostuve que
“la responsabilidad internacional de un Estado Parte en un tratado de derechos humanos surge al momento de la ocurrencia de un hecho – acto u omisión – ilícito internacional (tempus commisi delicti) imputable a dicho Estado, en violación del tratado en cuestión; (…) la vigencia de una norma de derecho interno, que per se crea una situación legal que afecta los derechos protegidos por un tratado de derechos humanos, constituye, en el contexto de un caso concreto, una violación continuada de dicho tratado; (…) las modificaciones en el ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte necesarias para su armonización con la normativa de un tratado de derechos humanos pueden constituir, en el marco de un caso concreto, una forma de reparación no-pecuniaria bajo dicho tratado” (…) (párr. 40).
13. En el cas d’espèce, la legislación aplicada al Sr. Palamara Iribarne, a pesar de que fue modificada en alguna medida, tal como se reconoce en la presente Sentencia (párrs. 91-93, 130 y 263), conserva normas o disposiciones que son contrarias a las obligaciones generales establecidas en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, por lo cual se generan per se violaciones adicionales, independientes de las atinentes a los derechos declarados violados en la presente Sentencia.
14. La combinación de las referidas normas, aún vigentes, trae como principal y más grave consecuencia la de que en Chile los civiles puedan verse sometidos, en ciertas circunstancias, a la jurisdicción penal militar, colocándolos, cuando ello sucede, en una condición de particular vulnerabilidad y desprotección, violando de esta manera el deber general de respetar y hacer respetar, sin discriminación alguna, los derechos protegidos en la Convención Americana (artículo 1(1)).
15. Es evidente que la modificación que fue efectuada por el Estado chileno del Código Penal en materia de desacato y la reforma procesal penal que llevó a cabo revisten particular importancia en aras de dar cumplimiento con los referidos deberes generales bajo la Convención. Sin embargo, tal como se ha señalado en la presente Sentencia, las referidas reformas no son suficientes para lograr la protección de los derechos consagrados en la Convención Americana, debido a que, por un lado, el Estado mantiene vigentes en su legislación interna normas que contemplan el delito de desacato o figuras delictivas que podría llevar a interpretaciones amplias que permitirían que las conductas anteriormente consideradas como desacato sean penalizadas (párrs. 91-93 y 254), así como, por otro lado, ha excluido de la referida reforma procesal penal a la jurisdicción militar (párr. 122 y 256-257).
16. Por consiguiente, en la medida que el Estado no armonice integralmente la normativa de derecho interno con los estándares internacionales de la Convención Americana, y deje de cumplir con el deber general de respetar y asegurar el respeto de los derechos convencionalmente protegidos, incurre en violaciones adicionales de los artículos 1(1) y 2 de la Convención. Siendo así, en el presente caso Palamara Iribarne, el Estado chileno ha violado y continúa violando las obligaciones generales establecidas en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, – en la medida en que estaban vigentes en el momento en que ocurrieron los hechos del presente caso y continúan vigentes en la actualidad normas de derecho interno que no son acordes con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos establecidos en dichos artículos de la Convención Americana.
17. Sin embargo, dada su respetable y valiosa tradición jurídica, me atrevo a nutrir la esperanza de que Chile, patria de Alejandro Álvarez, sabrá subsanar prontamente esta situación, dando así fiel cumplimiento a la presente Sentencia de la Corte Interamericana, – tal como lo ha hecho, de forma ejemplar, en relación con la anterior Sentencia de esta Corte en el caso de la “Última Tentación de Cristo” (2001).
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario