CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO DE LA MASACRE DE PUEBLO BELLO
VS. COLOMBIA
SENTENCIA DE 31 DE ENERO DE 2006
En el caso de la Masacre de Pueblo Bello,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Oliver Jackman, Juez;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Diego García-Sayán, Juez, y
Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Juez ad hoc,
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1. El 23 de marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en las denuncias números 10.566 y 11.748, recibidas en la Secretaría de la Comisión el 12 de febrero de 1990 y el 5 de mayo de 1997, respectivamente.
2. La Comisión presentó la demanda con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 19 (Derechos del Niño) en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas de la alegada masacre perpetrada en la población de Pueblo Bello, indicadas en la demanda. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta masacre y sus familiares.
En su demanda, la Comisión alegó que “[l]a desaparición forzada de 37 [personas,] así como la ejecución extrajudicial de seis campesinos de la población de Pueblo Bello en enero de 1990 se inscribe como un […] acto de justicia privada a manos de los grupos paramilitares entonces liderados por Fidel Castaño en el Departamento de Córdoba, perpetrado con la aquiescencia de agentes del Estado. Por su magnitud y por el [supuesto] temor que sembró en la población civil, este episodio determinó la consolidación del control paramilitar en esa zona del país e ilustra las consecuencias de las [supuestas] omisiones, actos de aquiescencia y colaboración de agentes del Estado con grupos paramilitares en Colombia, así como su impunidad. Transcurridos casi quince años de la desaparición de las víctimas por acción de múltiples actores civiles y estatales, los tribunales internos han esclarecido el destino de seis de los 43 desaparecidos y solamente diez de los aproximadamente 60 particulares involucrados han sido juzgados y condenados –sólo tres de los cuales se encuentran privados de la libertad— con lo cual el Estado aún no ha cumplido en forma integral con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y recobrar los cuerpos del resto de las [presuntas] víctimas.”
3. Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el reintegro de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
II
COMPETENCIA
4. La Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
5. El 12 de febrero de 1990, la Comisión Interamericana recibió por parte de la señora Christa Schneider una “comunicación […] relacionada con la situación de 33 campesinos” de Pueblo Bello. En la misma fecha, bajo el número de trámite 10.566, la Comisión se dirigió al Estado con el objeto de solicitar información al respecto.
6. El 10 de mayo de 1990 el Estado presentó su respuesta, la cual fue remitida a la denunciante el 26 de junio de 1990 y se le otorgó un plazo para presentar observaciones.
7. El 6 de diciembre de 1990 la Comisión recibió información de otra fuente sobre el asunto, la cual fue enviada al Estado para que remitiera sus observaciones. El 16 de agosto de 1991 el Estado envió su respuesta, la cual fue remitida por la Comisión a la denunciante el 18 de septiembre del mismo año para que presentara sus observaciones.
8. El 9 de junio de 1993 y el 18 de enero de 1994 la Comisión intentó, sin éxito, comunicarse con la denunciante original mediante comunicaciones escritas y le advirtió que “de no recibirse la información requerida […] la Comisión podría suspender la consideración del caso.”
9. El 5 de mayo de 1997 la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (en adelante “los peticionarios”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana. en relación con los mismos hechos, y se inició un nuevo trámite bajo el número 11.748.
10. El 20 de mayo de 1997 el Estado se comunicó con la Comisión con el objeto de informarle que el caso 11.748 “ya se había denunciado y se enc[ontraba] en trámite ante [dicha] instancia bajo el número 10.566”, por lo que solicitó que se adoptaran “las medidas pertinentes a fin de reunir y tramitar en un mismo expediente el caso”.
11. El 28 de mayo de 1997 la Comisión informó a ambas partes que los hechos materia del asunto, a saber el 10.566 y 11.748, serían acumulados y procesados en el expediente número 11.748.
12. El 3 de marzo de 1998 la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de intentar alcanzar una solución amistosa.
13. El 9 de octubre de 2002, durante el 116º periodo ordinario de sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad N° 41/02 mediante el cual declaró admisible el caso. El 29 de octubre de 2002 la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de asistirlas en la búsqueda de una solución amistosa.
14. El 8 de octubre de 2003, durante su 118º periodo ordinario de sesiones, la Comisión aprobó el Informe N° 44/03, mediante el cual recomendó al Estado:
1. Llevar adelante una investigación completa, efectiva e imparcial en la jurisdicción ordinaria, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de las víctimas de Pueblo Bello.
2. Adoptar las medidas necesarias para localizar e identificar los restos de las víctimas cuyo paradero no haya sido aun establecido y devolverlos a sus familiares.
3. Reparar a los familiares de las víctimas por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Convención Americana aquí establecidas.
4. Adoptar las medidas necesarias para combatir y desmantelar a los grupos paramilitares conforme a las recomendaciones adoptadas por la CIDH en sus informes generales, así como por la comunidad internacional.
5. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por esta Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria.
15. El 23 de diciembre de 2003 la Comisión transmitió el referido Informe de Fondo N° 44/03 al Estado y le otorgó plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones formuladas.
16. El 23 de enero de 2004 la Comisión informó a los peticionarios acerca de la aprobación del informe y les solicitó que informaran su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte Interamericana.
17. El 4 de marzo de 2004 los peticionarios presentaron un escrito en el que solicitaron a la Comisión que, en el supuesto que el Estado no cumpliera con las recomendaciones formuladas en su informe, sometiera el caso ante la Corte.
18. El 12 de marzo de 2004 el Estado solicitó una prórroga de 10 días para presentar las observaciones al Informe de Fondo. Ese mismo día la Comisión le informó que le concedía cinco días de prórroga para presentar dichas observaciones. No consta en el expediente del trámite ante la Comisión si dichas observaciones fueron presentadas.
19. El 22 de marzo de 2004 la Comisión decidió someter el presente caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana.
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
20. El 23 de marzo de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial. La Comisión designó como delegados a la señora Susana Villarán de la Puente y al señor Santiago A. Canton, y como asesores legales al señor Ariel Dulitzky y a las señoras Verónica Gómez, Norma Colledani y Lillly Ching. Posteriormente, el 15 de agosto de 2005 la Comisión designó los mismos delegados, y como asesores legales al señor Víctor Madrigal Borloz y Juan Pablo Albán, y a las señoras Verónica Gómez y Manuela Cuvi. Finalmente, el 15 de septiembre de 2005 la Comisión designó como delegada sólo a la señora Susana Villarán de la Puente, y como asesora legal, además de los designados el 15 de agosto de 1005, a la señora Lilly Ching.
21. El 23 de junio de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó junto con sus anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese mismo día, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso.
22. El 23 de junio de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 d) y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los representantes de algunos de los familiares de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), a saber: la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (en adelante “ASFADDES”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”), y les indicó el plazo para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
23. El 23 de agosto de 2004 el Estado, luego de otorgada una prórroga, designó al señor Juan Carlos Esguerra Portocarrero como juez ad hoc. Ese mismo día designó a la señora Luz Marina Gil García como Agente y a la señora Sonia Clemencia Uribe Rodríguez como Agente Alterna. Posteriormente, el 17 de agosto de 2005 el Estado manifestó que el señor Eduardo Montealegre Lynett había sido designado como Agente y la señora Luz Marina Gil García, como Agente Alterna.
24. El 23 de agosto de 2004 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual adjuntaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial.
25. El 25 de octubre de 2004 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y de observaciones a las solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), a la cual adjuntó prueba documental.
26. El 24 y 25 de noviembre de 2004 la Comisión y los representantes, respectivamente, presentaron sus alegatos escritos a las excepciones preliminares opuestas por el Estado.
27. El 29 de julio de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual, inter alia, requirió al Estado que determinara, a más tardar el 10 de agosto de 2005, el nombre y cargo de la persona cuya declaración ofrecía para que declarara como testigo. Asimismo, requirió que los testigos propuestos por los representantes, a saber, los señores Benidlo José Ricardo Herrera, Robinson Petro Pérez Pedro Luis Escobar Duarte, Manuel Dolores López Cuadro, Genaro Calderón Ruiz, Euclides Manuel Calle Álvarez y Eliécer Manuel Meza Acosta, las señoras María Cecilia Ruiz Álvarez, Edilma de Escobar y Leovigilda Rosa Villalba Sánchez, así como los peritos Alfredo Molano Bravo y Carlos Martín Beristain, prestaran sus testimonios y peritajes, respectivamente, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). Además, el Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte Interamericana a partir del 19 de septiembre de 2005, para escuchar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como los testimonios de los señores Ángel Emiro Jiménez Romero y Mariano Manuel Martínez Pacheco, propuestos por la Comisión y por los representantes; y los señores José Daniel Álvarez Ruiz y Rubén Díaz Romero, y las señoras Blanca Libia Moreno Cossio y Nancy Amparo Guerra López, propuestos por los representantes. Asimismo, el Presidente informó a las partes que contaban con plazo improrrogable hasta el 20 de octubre de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas.
28. El 10 de agosto de 2005 el Estado presentó un escrito mediante el cual ofreció como testigo a la señora Elba Beatriz Silva Vargas.
29. El 19, 22, 23 y 25 de agosto de 2005 los representantes presentaron las declaraciones de los testigos y los peritos rendidas ante fedatario público (affidávit) requeridas por el Presidente en la Resolución de 29 de julio de 2005 (supra párr. 27).
30. El 6 de septiembre de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual convocó a la señora Elba Beatriz Silva Vargas, propuesta por el Estado, a que compareciera en la audiencia pública convocada (supra párr. 27).
31. El 19 y 20 de septiembre de 2005 se celebró la audiencia pública, en la cual comparecieron ante la Corte: a) por la Comisión Interamericana: Susana Villarán, Comisionada; Víctor Hugo Madrigal y Juan Pablo Alban, asesores, y Manuela Cuvi y Lilly Ching, asesoras; b) por los representantes: Tatiana Rincón Covelli, Ana Alverti y Michael Camilleri, abogados de CEJIL, y Luz Marina Monzón y Carlos Rodríguez Mejía, abogados de la Comisión Colombiana de Juristas; y c) por el Estado: Eduardo Montealegre Lynett, Agente; Luz Marina Gil, Agente Alterna; Embajador Julio Aníbal Riaño Velandia, Héctor Adolfo Sintura Varela, Carlos Rodríguez, Dionisio Araujo, Asesores, así como la Embajadora Clara Inés Vargas Silva y las señoras María del Pilar Gómez y Marta Carrillo, asesoras.
32. El 14 de octubre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y en los términos del artículo 45.2 del Reglamento del Tribunal, solicitó a los representantes y al Estado la remisión, a más tardar el 3 de noviembre de 2005, de determinada información y de varios documentos como prueba para mejor resolver en el caso, a saber: información concerniente a los procesos penales en curso ante la jurisdicción penal militar y ante la jurisdicción penal ordinaria y a procesos disciplinarios; copias de los registros civiles de nacimiento, así como actas de matrimonio y/o defunción. En vista de que el Estado no presentaba dicha información, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, reiteró dicha solicitud el 9, 14 y 21 de noviembre de 2005.
33. El 19 y 20 de octubre de 2005 el Estado, la Comisión y los representantes remitieron sus alegatos finales escritos, respectivamente. Junto con su escrito, el Estado presentó como anexos una serie de documentos relacionados con procedimientos internos. En razón de que numerosos folios de esos anexos se encontraban ilegibles o incompletos, el 26 de octubre de 2005 la Secretaría solicitó al Estado que los remitiera a la brevedad. Algunos de los documentos solicitados fueron presentados por el Estado los días 17, 18 y 28 de noviembre de 2005.
34. El 3 y 7 de noviembre de 2005 los representantes presentaron determinada información y una serie de documentos, en respuesta a la solicitud de prueba para mejor resolver (supra párr. 32). El 9 de noviembre de 2005 la Secretaría otorgó al Estado y a la Comisión Interamericana un plazo de una semana para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes sobre dichos escritos. No fue recibida comunicación alguna.
35. El 9 de diciembre de 2005 la Comisión Interamericana se refirió a los documentos presentados como anexos al escrito de alegatos finales presentado por Colombia (supra párr. 33) y solicitó que los mismos no fueran incorporados al expediente ni tomados en cuenta como prueba. El 15 de diciembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó un plazo improrrogable hasta el 21 de diciembre de 2005 para que la Comisión Interamericana y los representantes presentaran las observaciones que estimaran pertinentes respecto de los documentos presentados por el Estado como anexos a sus alegatos finales y les informó que la solicitud de la Comisión sería considerada por el Tribunal al momento de dictar la sentencia correspondiente (infra párrs. 75 y 76).
36. El 21 de diciembre de 2005 la Comisión presentó las observaciones respecto del carácter probatorio y la admisibilidad de los documentos presentados como anexos al escrito de alegatos finales presentado por Colombia (supra párrs. 33 y 35), así como una serie de alegatos de hecho y de derecho en relación con el fondo del caso.
37. El 21 de diciembre de 2005 Colombia presentó un escrito mediante el cual hizo una serie de manifestaciones en relación con el escrito de 9 de diciembre de 2005 de la Comisión y con la nota de Secretaría de 15 de diciembre de 2005, relativas a los documentos presentados como anexos a su escrito de alegatos finales (supra párr. 35). Asimismo, el Estado presentó información relacionada con uno de los puntos que fueron solicitados como prueba para mejor resolver mediante nota de 14 de octubre de 2005, la cual había sido reiterada en tres oportunidades (supra párr. 32).
38. El 27 de diciembre de 2005, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó un plazo hasta el 9 de enero de 2006 a la Comisión y a los representantes para presentar las observaciones que estimaran pertinentes al escrito del Estado de 21 de diciembre de 2005 y sus anexos (supra párr. 37), las cuales fueron presentadas el 9 de enero de 2006.
V
CONSIDERACIONES PREVIAS
39. Antes de hacer las consideraciones respecto de la prueba y su valoración, así como de determinar los hechos probados y de decidir acerca de la responsabilidad del Estado en el presente caso, la Corte estima necesario examinar de forma previa algunas manifestaciones efectuadas por las partes en relación con las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, la competencia de este Tribunal y la participación de los familiares de las presuntas víctimas a través de sus representantes.
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40. En primer lugar, mediante un escrito presentado el 25 de octubre de 2004 junto con su contestación de la demanda (supra párr. 25), el Estado interpuso una excepción preliminar en el proceso ante la Corte por supuestos vicios en la tramitación del caso ante la Comisión. En particular, la excepción interpuesta por el Estado fue denominada “incumplimiento de los requisitos para aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos internos para declarar admisible una petición” y fue basada en lo que el Estado caracterizó como dos “causales”.
41. Respecto de lo que llamó la “primera causal” de la excepción preliminar, el Estado cuestionó la decisión de la Comisión, al examinar los requisitos de admisibilidad de las peticiones que dieron origen al caso, de dar aplicación a las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos previstas en los incisos a) y c) del artículo 46.2 de la Convención. El Estado presentó su argumentación como una excepción preliminar, aunque reconoció que “la oportunidad en que la Corte deba pronunciarse sobre una alegación relativa a los recursos internos dependerá de las circunstancias propias de cada caso”. Específicamente, el Estado alegó que:
a) la Comisión descalificó la justicia penal militar como instrumento de administración de justicia, desconociendo el Estado de derecho vigente en Colombia. Los hechos ocurrieron en 1990 y por lo tanto fueron investigados de acuerdo con los medios de administración de justicia consagrados entonces. A pesar de que la Comisión reconoce a la Justicia Penal Militar como integrante de la administración de justicia en Colombia y rescata los avances de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Código Penal Militar en la limitación y restricción de competencias, aquélla olvidó analizar el caso concreto para señalar cuáles eran las normas aplicables al momento de los hechos;
b) la Corte ha señalado que el estándar de eficacia de un recurso interno está dado por su capacidad para producir el resultado para el que ha sido concebido. La Comisión omitió este examen de validez de las conclusiones de los tribunales colombianos y simplemente descalificó de manera genérica el resultado por el solo hecho de haber sido generado por la justicia penal militar. El Estado no aceptó juicios de esta naturaleza e invocó la aplicación del criterio de la Corte en el caso Genie Lacayo;
c) en cuanto a las perspectivas de efectividad de los procesos surtidos ante la justicia ordinaria, la Comisión hizo un resumen impreciso de las decisiones hasta ese momento proferidas por los jueces competentes, para calificar de manera apresurada como inútiles tales recursos, haciendo caso omiso de sus avances y resultados, así como de la complejidad del caso y los esfuerzos demostrados por el Estado en investigar los hechos, juzgar y sancionar a los responsables;
d) el Estado ha cumplido con cada uno de los requisitos jurisprudenciales, convencionales y de carga probatoria, para que se reconozca que no se han agotado los recursos internos, por lo que no procedía la admisión de la petición que originó el caso 11.748, y
e) la Comisión dio indebida aplicación a las excepciones de agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46.2 a) y c) de la Convención, lo que conlleva un trámite irregular de la petición que dio origen al caso y genera una causal de rechazo de la demanda .
42. En cuanto a lo que llamó la “segunda causal”, el Estado alegó que la Comisión incumplió con el “juicio de razonabilidad del plazo” para admitir una petición. Según lo establecido en el artículo 46.1 b) de la Convención, generalmente se requiere que una petición “sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.” Sin embargo –señala el Estado– el plazo convencional de seis meses no es exigible cuando, a criterio de la Comisión, se dan circunstancias de excepción al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, según los parámetros de la Comisión para la admisión de una petición establecidos por el artículo 32.2 de su Reglamento. Específicamente, el Estado sostuvo que:
a) el artículo 32.2 del Reglamento de la Comisión establece los parámetros que ésta debe tener en cuenta para estimar como razonable un plazo para presentar una petición, cuando se den las circunstancias de no exigibilidad del plazo convencional de 6 meses desde la notificación de la última decisión judicial, establecido en el artículo 46.1 b) de la Convención;
b) las normas procesales son inquebrantables y perentorias, de tal manera que aunque la instancia ante la Comisión no es contenciosa, sí está obligada a respetar los plazos y a cumplir su papel convencional, con la prudencia y razonabilidad que los fines de la misma exigen;
c) la Comisión está obligada a cumplir con los plazos convencionales y en aquellos eventos de excepción, como el presente caso, debió tener presente un plazo razonable para la presentación de la petición. La Comisión incumplió este juicio de razonabilidad cuando admitió una petición relacionada con hechos sucedidos hacía un poco más de siete años, sin que la petición o el Informe de Admisibilidad explicaran dicha tardanza, y
d) ante la falta de motivación de dicha decisión, el Estado solicitó un pronunciamiento por parte de la Corte sobre las obligaciones de motivación de las decisiones de la Comisión y solicitó que, ante tal falencia, se rechazara la demanda .
43. La Comisión y los representantes presentaron sus observaciones escritas sobre la excepción referida (supra párr. 26).
44. La Comisión señaló, en cuanto a ambas causales, que:
a) los argumentos del Estado no constituyen una excepción preliminar, puesto que los hechos del caso que han constituido violaciones de los derechos a las garantías judiciales y la ineficacia de los recursos internos son precisamente uno de los elementos de la controversia sometida a la Corte;
b) no existe un motivo válido para reabrir la discusión sobre agotamiento de los recursos de jurisdicción interna conforme al artículo 46.1 de la Convención, así como tampoco sobre la aplicabilidad de las excepciones previstas en el artículo 46.2 de la misma, ni sobre la oportunidad de la presentación de la denuncia. Esto último, además, no fue alegado por el Estado en la etapa procesal debida;
c) en consecuencia, solicitó a la Corte que desestimara por manifiestamente infundada e improcedente la primera excepción preliminar del Estado;
d) no existe motivo para reabrir la discusión sobre la oportunidad de la presentación de la denuncia. El Estado no esgrimió este argumento en la etapa procesal debida:
i. durante el trámite ante la Comisión el Estado no cuestionó la razonabilidad del plazo de presentación de las denuncias vis–à–vis el requisito establecido por el artículo 46.1 de la Convención y desarrollado por el artículo 32 del Reglamento de la Comisión;
ii. no existe una disposición convencional o reglamentaria que obligue a la Comisión a explicar de manera detallada las razones por las que considera que una petición cumple con los requisitos de admisibilidad, y
iii. una parte del desarrollo fáctico de los hechos del caso encuadra bajo el concepto de “desaparición forzada” y se ha producido una parcial denegación continuada de justicia; la práctica constante de la Comisión ha sido la de considerar que la regla de presentación oportuna de la petición no se aplica cuando las denuncias se refieren a una situación continuada;
e) el plazo razonable al que se refiere el articulo 32.2 del Reglamento no es un plazo convencional, como afirma el Estado, pues en el marco convencional (artículo 46.2 de la Convención) no existe un límite temporal determinado para la presentación de la denuncia cuando se aplique alguna de las excepciones al requisito de presentación de la petición dentro del plazo de 6 meses. En la especie se han verificado al menos dos de dichas excepciones, por lo que dicha regla no es aplicable y así fue considerado por la Comisión, y
f) la aplicación e interpretación del Reglamento de la Comisión en cuanto al plazo razonable es atribución de la Comisión. La Corte tiene atribuciones de consideración in toto sobre los asuntos materia de controversia, pero la Comisión mantiene primacía en la interpretación de un plazo por ella establecido .
45. Por su parte, los representantes solicitaron que dicha excepción fuera rechazada por las mismas razones expuestas por la Comisión y alegaron, inter alia, además, que:
a) una vez determinada la admisibilidad de una petición y para decidir acerca del agotamiento de los recursos internos por parte de la Comisión, en principio la Corte debería remitirse a la decisión de la Comisión, en aplicación del principio de preclusión procesal, por razones de certeza jurídica y economía procesal;
b) el Estado no demostró que se haya dado alguna irregularidad en el trámite ante la Comisión que hubiese menoscabado su derecho de defensa, por el contrario, pudo presentar sus alegatos en forma oportuna, y
c) el Estado objetó que la Comisión calificó de manera apresurada como inútiles los procesos surtidos ante la justicia ordinaria, pero el tiempo transcurrido desde el momento en que se produjeron los hechos y la fecha de la sentencia del Tribunal Nacional (1990-1997) sobrepasa sin duda los límites de razonabilidad considerados en la jurisprudencia de la Corte .
46. Posteriormente, durante los alegatos orales formulados en el curso de la audiencia pública celebrada los días 19 y 20 de septiembre de 2005, el Estado manifestó que:
En relación con [las excepciones preliminares planteadas], el Estado quiere hacer a la […] Corte una solicitud de acumulación de las razones expuestas en dichas excepciones a la cuestión de fondo. […] Es decir, […] estamos invocando para la decisión en este punto sobre los requisitos de admisibilidad, la competencia plena de la Corte.
47. Después de la audiencia pública la Comisión y los representantes volvieron a presentar observaciones escritas sobre las excepciones preliminares y la posterior solicitud de acumulación del Estado (supra párr. 33). En sus alegatos finales escritos, el Estado no hizo referencia alguna a las excepciones ni a la solicitud de acumulación referida.
48. En atención a lo manifestado por el Estado durante la audiencia pública, particularmente al hecho de que Colombia ha aceptado expresamente la competencia de la Corte para conocer este caso, este Tribunal entiende que la excepción preliminar interpuesta ha sido retirada como tal. Es decir, que corresponde ahora examinar si es procedente la solicitud del Estado de “acumular” los argumentos vertidos inicialmente como excepciones preliminares al fondo del caso.
49. Respecto de la llamada “primera causal” de la excepción preliminar presentada por el Estado, la Corte observa que dichos argumentos se relacionan claramente con la alegada conculcación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, la cual constituye un elemento central en la controversia del caso. Puesto que estos argumentos ya no tienen carácter de excepción preliminar, el Tribunal analizará los alegatos de las partes acerca de la cuestión de la efectividad de los recursos internos dentro del capítulo relativo a los artículos 8.1 y 25 de la Convención (infra párrs. 169 a 212).
50. En cuanto a la llamada “segunda causal”, relativa a la cuestión del criterio de la Comisión para dar trámite y admitir las peticiones presentadas ante aquélla y la razonabilidad del plazo para la adopción de informes por su parte, la Corte observa que esto constituye una cuestión de admisibilidad de un caso ante dicho órgano del sistema interamericano. Es decir, que una vez reconocida la competencia plena del Tribunal y renunciada la excepción preliminar por parte del Estado, un pronunciamiento de ésta respecto de dicho asunto es irrelevante para efectos del fondo del caso. En consecuencia, la Corte considera que la solicitud del Estado de acumular estos argumentos con el fondo del caso es improcedente.
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51. En lo que concierne a la participación de los familiares de las presuntas víctimas y sus representantes, la Comisión hizo varias solicitudes relativas acerca de las reparaciones que consideraba procedentes en el caso y además hizo el siguiente planteamiento:
[…] en atención a las disposiciones reglamentarias de la […] Corte que otorgan representación autónoma al individuo, la Comisión Interamericana solamente desarrollará en la presente demanda los criterios generales en materia de reparaciones y costas que considera deberían ser aplicados por el Tribunal en el presente caso. La Comisión Interamericana entiende que corresponde a los familiares de las víctimas y sus representantes la concreción de sus pretensiones, de conformidad con el artículo 63(1) de la Convención Americana y los artículos 23 y concordantes del Reglamento de la […] Corte. En el eventual caso que los familiares de la [presunta] víctima no hagan uso de este derecho, se solicita a la […] Corte que otorgue a la [Comisión] la oportunidad procesal para que pueda cuantificar las pretensiones pertinentes. Asimismo, la Comisión Interamericana se permite indicar que hará saber a la […] Corte oportunamente si tiene alguna observación en cuanto a la cuantificación de las pretensiones de los familiares de la víctima o sus representantes .
52. En su contestación de la demanda el Estado se opuso a dicho actuar de la Comisión en los siguientes términos:
La Comisión en el párrafo 88 de la demanda está dando una interpretación equívoca a la Convención Americana […] La Comisión pretende dar a los familiares de las víctimas y a sus representantes, un papel que la Convención no les ha dado. De acuerdo con el artículo 61.1 de la Convención, “Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte”. Es decir que los Estados partes y la Comisión, determinan el ámbito de las pretensiones que serán sometidas a decisión de la Corte, bien en vía de demanda, o contestación de demanda. El litigio está determinado por la Comisión y los Estados Partes.
De tal manera que no es coherente con el mandato convencional, la posición de la Comisión al deferir a los peticionarios la concreción de sus pretensiones en materia de reparaciones y mucho menos solicitar una nueva oportunidad procesal para cuantificarlas, si los familiares de los peticionarios no lo hicieran.
Este aparte de la demanda genera un desequilibrio procesal para el Estado. De acuerdo con el Reglamento de la Convención [sic] sólo la Comisión y el Estado en su condición de partes procesales tienen capacidad para presentar pretensiones [artículos 33 y 38 del Reglamento de la Corte]. Es así como en la contestación de la demanda el Estado deberá declarar si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice, y la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido controvertidas. Lo anterior indica que la demanda de la Comisión y la contestación del Estado son los que determinan el objeto del proceso contencioso ante la Corte.
Por lo anterior, el Estado considera que en este aparte de la demanda la Comisión incumplió el Reglamento y por lo tanto solicita un pronunciamiento de la […] Corte con el fin de promover mejores prácticas procesales por parte de la Comisión en aras de la seguridad jurídica de las partes .
53. Ciertamente el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, titulado “Demanda de los representantes de las víctimas caso José del Carmen Álvarez Blanco y otros ‘Pueblo Bello’ contra la República de Colombia”, no tiene tal carácter de demanda y en esos términos lo ha considerado este Tribunal. En efecto, en este caso, de acuerdo con lo estipulado en la Convención, la Comisión Interamericana es la que tenía la facultad de iniciar un proceso ante la Corte mediante la interposición de una demanda strictu sensu, y no los representantes. Dicho escrito de solicitudes y argumentos tiene el propósito de hacer efectiva la facultad procesal de locus standi in judicio reconocida a las presuntas víctimas, sus familiares o representantes.
54. Al respecto, la Corte considera oportuno reiterar su jurisprudencia en relación con la posibilidad de participación de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes en los procesos ante el Tribunal, y de alegar otros hechos o la violación de otros derechos que no estén comprendidos en la demanda:
[…] En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante. Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia.
[…] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda.
[…] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, “en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente”, en el entendido de que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan .
55. En esta misma línea, en el caso de la “Masacre de Mapiripán” este Tribunal agregó que:
[e]n la actual etapa de evolución del sistema interamericano de protección de derechos humanos, la facultad de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes de presentar en forma autónoma solicitudes, argumentos y pruebas no puede ser interpretada sino en forma consecuente con su condición de verdaderos titulares de los derechos reconocidos en la Convención y destinatarios de la protección ofrecida por el sistema, sin desvirtuar por ello los límites convencionales a su participación ni al ejercicio de la competencia de la Corte. Una vez iniciado el proceso por la Comisión, la posibilidad de presentar solicitudes y argumentos en forma autónoma ante la Corte incluye la de alegar la violación de otras normas de la Convención no contenidas en la demanda, con base en los hechos presentados en ésta, sin que ello implique una afectación al objeto de la demanda o un menoscabo o vulneración para el derecho de defensa del Estado, el cual tiene las oportunidades procesales para responder a los alegatos de la Comisión y de los representantes en todas las etapas del proceso. Corresponde a la Corte, finalmente, decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos de tal naturaleza en resguardo del equilibrio procesal de las partes.
[…] Este Tribunal tiene la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso y de decidir aspectos de derecho no alegados por las partes con base en el principio iura novit curia. Es decir, si bien la demanda constituye el marco fáctico del proceso, aquélla no representa una limitación a las facultades de la Corte de determinar los hechos del caso, con base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en información complementaria y contextual que obre en el expediente, así como en hechos notorios o de conocimiento público, que el Tribunal estime pertinente incluir en el conjunto de dichos hechos .
56. De tal manera, la posibilidad de presentar solicitudes y argumentos en forma autónoma ante la Corte incluye la de plantear los propios respecto de las reparaciones, con base en los hechos presentados en la demanda, sin que ello implique una afectación al objeto de ésta o un menoscabo o vulneración para el derecho de defensa del Estado, el cual ha tenido las oportunidades para responder a los alegatos de la Comisión y de los representantes en todas las etapas del proceso. El hecho de que la Comisión se remita a las solicitudes de los representantes es una opción procesal que no afecta el derecho de defensa del Estado ni la propia apreciación de la Corte al respecto.
*
57. Por último, respecto de la legitimación de los representantes en el caso ante la Corte, el Estado señaló que
[e]n el escrito de demanda la Comisión detalla la información sobre la representación de los familiares de las víctimas e informa sobre las organizaciones que las representan y advirtió que la correspondiente a las víctimas cuyos familiares no lo están por las organizaciones citadas la asume la Comisión.
En el escrito de solicitudes argumentos y pruebas presentado por los peticionarios de las víctimas, advierten su representación en relación con personas, de las cuales solo algunas coinciden con la información suministrada por la Comisión en la demanda, de acuerdo con las perentorias exigencias del artículo 33. 3. del Reglamento.
De acuerdo con esta disposición reglamentaria, a la Comisión le corresponde el papel de ministerio público del Sistema Interamericano, y por esta razón asume la representación procesal en interés público de las víctimas sin identidad o ubicación plena al momento de presentarse la demanda. Tal sería el caso de las siguientes personas cuyo nombre y familiares no fueron señalados en la demanda y aparecen solo en el escrito de solicitudes argumentos y pruebas: ARIEL DULLIS DIAZ DELGADO, WILSON UBERTO FUENTES MARIMON, CELIMO HURTADO, ANGEL BENITO JIMENEZ JULIO, JUAN BAUTISTA MEZA SALGADO, MIGUEL ANTONIO PEREZ RAMOS, JORGE DAVID MARTINEZ MORENO, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ARRIETA. Es decir que aunque hayan otorgado poder expreso a los peticionarios, su comparecencia al proceso es tardía y solo y en razón de la necesidad de proteger sus intereses lo puede hacer la Comisión.
En tanto la participación de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes no les da la condición de parte en el proceso ante la Corte, no les está permitido en virtud de ella, traspasar los umbrales del litigio enunciado por la Comisión y el Estado parte. En consecuencia y en relación con las anteriores personas, la Comisión deberá actuar como ministerio público en su representación y no los peticionarios .
58. Al respecto, la Corte observa que la Comisión en su escrito de demanda señaló que asumiría la representación de los familiares de 13 de las presuntas víctimas que no tenían representación y, por su parte, las organizaciones no gubernamentales Comisión Colombiana de Juristas, CEJIL y ASFADDES manifestaron en su escrito de solicitudes y argumentos que ejercerían la representación de los familiares de 32 de las presuntas víctimas. Posteriormente, durante el trámite del caso ante la Corte, los representantes allegaron más poderes de representación otorgados por otros familiares de presuntas víctimas.
59. En este sentido, es oportuno aclarar que, en atención a las anteriores consideraciones sobre la participación de las víctimas, sus familiares o sus representantes (supra párrs. 53 a 56), éstos ejercen la representación de los familiares que hayan válidamente otorgado un poder para estos efectos y, que quienes no resultaren representados o carezcan de dicha representación, ésta es asumida por la Comisión Interamericana, la cual debe velar por sus intereses y asegurarse que sean representados efectivamente en las diferentes etapas procesales ante la Corte, “como garante del interés público bajo la Convención Americana, de modo de evitar la indefensión de las mismas” (artículo 33.3 del Reglamento de la Corte). Así lo ha entendido este Tribunal en el presente caso, por lo que las valoraciones y determinaciones que se hagan respecto del fondo y las eventuales reparaciones serán independientes de la organización, institución o personas que hayan ejercido las representaciones específicas, en cumplimiento de sus funciones propias como tribunal internacional de derechos humanos y en aplicación del principio pro persona.
VI
PRUEBA
60. Antes de examinar las pruebas ofrecidas, la Corte formulará, a la luz de lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones desarrolladas en la jurisprudencia del Tribunal y aplicables a este caso, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas por la propia jurisprudencia del Tribunal.
61. En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las partes. Este principio se halla recogido en el artículo 44 del Reglamento, en lo que atañe a la oportunidad para el ofrecimiento de la prueba, con el fin de que haya igualdad entre las partes .
62. Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa procesal en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito las partes deben señalar qué pruebas ofrecerán. Además, en ejercicio de las potestades discrecionales contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, la Corte o su Presidente podrán solicitar a las partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor resolver, sin que ello se traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o complementar los alegatos, salvo que el Tribunal lo permita expresamente .
63. La Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica y, ha evitado adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, que disponen de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia .
64. Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar el conjunto de los elementos que conforman el acervo probatorio del presente caso.
A) PRUEBA DOCUMENTAL
65. Los representantes remitieron determinadas declaraciones testimoniales y periciales, en respuesta a la Resolución del Presidente de 29 de julio de 2005 (supra párr. 27). A continuación la Corte resume dichas declaraciones:
a) Eliécer Manuel Meza Acosta, padre de Juan Bautista Meza Salgado
El señor Eliécer Manuel Meza Acosta manifestó que el día de los hechos salía del culto en el cual participaba con su familia cuando se presentaron personas armadas quienes dijeron ser paramilitares. Ellos iban escogiendo a las personas del pueblo que se iban a llevar, entre los cuales estaba Juan Bautista Meza Salgado, hijo del testigo, quien tenía 22 años y era agricultor.
Al día siguiente, los familiares de los supuestos desaparecidos fueron a San Pedro, donde había una base militar, pero el comandante de dicha base manifestó que “no sabía nada”. El testigo manifestó que “las personas de San Pedro escucharon que los que estaban en el camión estaban llorando y gritando”.
El testigo expresó que a los 25 días de los hechos les informaron que los que quisieran “recibir a los muertos” debían ir al hospital de Montería. Él fue al hospital para tratar de reconocer a su hijo, pues “sabía que […] tenía una camisa verde […] y dos dientes de platino[. Sin embargo, l]os restos no se reconocían y había un [cuerpo] que no tenía […] cabeza[. T]rajeron los cuerpos en unas bolsas negras, [es decir,] cada cadáver [estaba] en una bolsa[, las cuales estaban] tira[das] en el piso de la parte de atrás del hospital”.
En la época de los hechos el testigo tenía “una casa recién construida y tenía siembra, maíz, arroz, yuca y animales en compañía [de] otro señor[, pero le] tocó entregarlos[. L]a sacada de los animales de la finca causó mucho daño”.
El señor Meza Acosta manifestó que un día iba por la vereda de Juan Benítez y un comandante de un grupo paramilitar [le dijo] que saliera de allí porque “[…] les podía pasar algo y ellos no respondían”. Por tanto, él y su familia se fueron a un pueblo llamado San Vicente del Congo y desde entonces residen allí.
Actualmente el testigo no hace nada “porque las tierras para cultivar quedan muy lejos y est[á] incapacitado para trabajar y desde entonces [sus] hijos son los que [le] ayudan. Estos hechos fueron un descontrol muy grande, porque [él] viv[ía] de lo que tenía, sus animales, las cosechas, después fue de fracaso en fracaso […]”.
El testigo manifestó que su esposa estuvo bastante triste porque “[su] hijo era el que veía por la casa, era muy obediente, era muy pendiente de la casa, era el único hijo que [los] amparaba, […] el que estaba constantemente[. E]se hijo era el sustento y la esperanza de [su] casa”.
Hace aproximadamente cinco años el señor Meza Acosta ha “vuelto a tener ánimos de que se castigue a los responsables; que esto no quede impune. Piens[a] que toda injusticia debe ser castigada”.
b) Leovigilda Villalba Sánchez, esposa de Santiago Manuel González López
La señora Villalba Sánchez vivía con su esposo e hijos en Pueblo Bello para la época en que ocurrieron los hechos. Su esposo tenía ganado y una tienda de abarrotes; además, compraba y vendía granos. El día que ocurrieron los hechos “[su] esposo estaba dormido en la sala y entonces empezaron a golpear la puerta hasta tirarla al piso[. E]ntraron tres hombres armados con armas largas, dos estaban vestidos de militar y uno de civil. En ese momento se volvieron y le dijeron a [su] esposo que tenía que ir con ellos[. La testigo] sali[ó] a la calle y vi[ó] cómo lo tiraron al piso y lo amarraron con las manos hacia atrás y vi[ó] otras personas que también estaban en el piso. […] Los hombres armados se llevaron a [su] esposo y [le] dijeron [a la testigo] que entrara a la casa.”
La testigo manifestó que “nadie se imaginó que [los paramilitares] iban a entrar al pueblo porque [se] sentí[an] protegid[os] con el retén del ejército que había. [Se preguntaban] cómo iban a pasar esos carros con hombres armados si ahí había un retén militar permanente donde requisaban [a todas las personas] todas las veces que pasaba[n]”.
La señora Leovigilda Villalba Sánchez manifestó que se formó una comisión de familiares de los desaparecidos que fue a la mañana del día siguiente de los hechos a San Pedro y se dirigieron a la Policía “a poner una denuncia de que se habían perdido [sus] familiares”. Después se dirigieron a las instalaciones del ejército en San Pedro, lugar en que el teniente Rincón les dijo que “por allí no había pasado nadie, que tal vez habían ido por otro lado y luego dijo que eso había sido la guerrilla [e] insistió que nunca se había levantado el retén”. Sin embargo, la testigo consideró que el Estado “es responsable porque dejaron pasar los camiones cuando entraron y cuando salieron”.
El 16 de enero de 1990 los familiares de los supuestos desaparecidos que formaron la comisión de búsqueda tomaron la alcaldía de Turbo. Cuando estaban allí llegó ASFADDES y los apoyó en todo. Luego llegó una comisión de la Procuraduría de Bogotá. Posteriormente, se desplazaron a Carepa a hablar con el general Clavijo quien les “aseguró que ese retén permanecía a diario. [La testigo] pregunt[ó] por dónde pasaron los carros llenos de gente que pedían auxilio, lloraban y clamaban y el general no [le] respondió […] y no se comprometió a hacer nada para buscar a los desaparecidos”. Cuando regresaron de la reunión en Turbo a Pueblo Bello supo que el ejército, específicamente el general Clavijo, “hizo una reunión en el pueblo y que le dio cincuenta mil pesos a las personas, pero [la testigo] no quis[o asistir]”.
En cuanto a su participación en las diligencias de reconocimiento de cadáveres, la testigo manifestó que se “entera[ron] que iban a [llevar] los cuerpos al Hospital de Montería. [Ella] no quisiera recordar eso[.] Esos cuerpos estaban destrozados, había personas que tenían sólo del tronco para abajo, otros sin cabeza. Eso nunca lo h[a] podido entender. [La señora Villalba Sánchez] cogía las camisas de los cadáveres y les echaba agua para saber si eran las de [su] esposo. [No] pud[o] encontrar[lo]. Nadie [le]s ayudaba a buscar. [L]os cuerpos los [llevaron] en bolsas negras[ y cada quien] tenía que romper esas bolsas para ver. Cre[e] que hay que reclamar al [Estado por haber] saca[do] los cuerpos con retroexcavadoras. [Piensa] que debieron haberlos sacado uno por uno, como se merece un ser humano. [E]so es un error muy grande […]. Es que si las autoridades no querían hacerlo […] hubieran llamado a los familiares y [ellos] lo hubi[eran] hecho.”
La señora Leovigilda Villalba Sánchez decidió “irse del pueblo por miedo”. En Pueblo Bello dejó todo: la casa, el negocio y la ropa, porque “existían muchos rumores que los paramilitares iban a entrar otra vez” al pueblo.
La testigo expresó que antes de los hechos “la vida en Pueblo Bello era muy buena porque todos [se] conoc[ían] y el pueblo era muy unido y muy trabajador”. Sus hijos “eran muy unidos con el padre, [pues él] era una persona que sacaba su tiempo para compartirlo con sus hijos, iba al río, jugaba parqués con ellos”. Después de los hechos su familia se desintegró. La señora Villalba Sánchez mandó a sus hijas a Turbo a vivir “en una pieza alquilada”. Su hija Delia suspendió sus estudios para cuidar a su hermana Leda y nunca más pudo seguir estudiando. Sus hijos empezaron a “tener mucho resentimiento por lo que le había pasado a su padre[. E]ntraron al ejército; era como si quisieran morir. [Su hijo Onasis] permaneció [en el ejército] y quedó ciego.” Por su parte, la testigo “casi [se] vuelv[e] loca[. Asistió a] un psicólogo y luego en Montería estuv[o] donde un psiquiatra. [Se le] empezó a caer el cabello, sentía mucho miedo, sentía que todo el mundo [la] perseguía y perdi[ó] mucho peso. Quería morir[se].”
Con posterioridad a los hechos, un señor llamado Pedro Escobar Mejía iba a su tienda y le decía que sus hijos supuestamente desaparecidos “Juan Luis y Leonel [lo] est[aban] llamando y que [se iba] a ir con ellos. Después de eso don Pedro se suicidó. [Le] hizo falta un psicólogo”.
La testigo desea que se haga justicia y que se encuentren los restos de los desaparecidos, que el Estado reconozca lo que pasó y que se comprometa a devolverles a sus seres queridos.
c) Benildo José Ricardo Herrera, padre de Elides Ricardo Pérez y Luis Carlos Ricardo Pérez
Cuando ocurrieron los hechos el testigo vivía en Pueblo Bello con su mujer y sus hijos, y era pastor de la iglesia presbiteriana. Ese día vio “una cantidad de soldados y policías[. A] los hombres los llevaron a la plaza; […] se armó una confusión y ahí fue cuando comenzaron a subir gente a las ‘jaulas’”. Cuando los pobladores comenzaron a buscar gente se dieron cuenta de que faltaban diez jóvenes miembros de la iglesia, quienes eran “muchachos apartados del mal[. El testigo] los conoc[ía] muy bien, era gente que le daba vida al pueblo[. D]entro de los que faltaban estaban [sus] dos hijos. Había gente llorando, […] hubo personas que tuvieron manifestaciones del Espíritu Santo […]. Como [ellos] sab[ían] que eran los tangueros, ya sab[ían] que los habían matado”. Al día siguiente, cuando pasaron por el retén militar, la jueza que venía en la comisión que se formó le preguntó al teniente que si había visto pasar las “jaulas” y el teniente se puso muy nervioso y dijo que por ahí no habían pasado. El testigo manifestó que considera que el Estado “sabe lo que pasó, sabe quiénes lo hicieron y ha debido por lo menos reparar[los]”.
El testigo expresó que con posterioridad a los hechos, la vida de Pueblo Bello cambió “porque entonces llegó el ejército y estableció como doscientos soldados que antes no había. Ya no podía pasar la guerrilla y se hizo imposible la vida de la gente, [por lo que] empezó a abandonar las casas”. En Pueblo Bello él y su familia tenían cuatro solares, pero prácticamente tuvieron que regalarlos, pues amenazaron a su esposa, por lo que “tuvo que malvender[los]”, ya que sólo le dieron ciento veinte mil pesos por ellos. Así, el señor Ricardo Herrera se desplazó junto con su familia hacia Barranquilla.
Los nietos del testigo, hijos de Elides Ricardo, quieren ir a la universidad pero “no tienen medios […] y como no tienen a su papá no hay quien los ayude”. Su esposa se puso “flaquitica, se la pasaba llorando, eso fue terrible […] ella sólo pensaba en sus hijos”.
El señor Ricardo Herrera expresó que desea que se haga por lo menos un reconocimiento y se les dé una indemnización para que los familiares de los supuestos desaparecidos “pue[dan] caminar tranquilos y que [los] hijos [de aquéllos] puedan estar bien, estudiar y que no vayan a terminar por ahí consumiendo bazuco”.
d) María Cecilia Ruiz de Álvarez, esposa de José del Carmen Álvarez Blanco
La señora Ruiz de Álvarez manifestó que el día de los hechos llegó a Pueblo Bello un camión “carpado o jaula” y ella dijo a su esposo que era el ejército o la guerrilla, pero que se trataba de gente armada. Éstos se empezaron a llevar gente, entre ellos a su marido. Las mujeres que no querían que se llevaran a sus familiares fueron golpeadas por esos hombres armados. De un momento a otro, dichos hombres provocaron incendios, la luz comenzó a fallar y se fue. La testigo “empez[ó] a preguntar por [su] esposo pero nadie sabía nada.”
Después de los hechos la señora Ruiz de Álvarez fue al hospital de Montería al reconocimiento de unos cadáveres, los cuales estaban en el “en el piso, ahí regados, entre uno y otro sólo había un espacio para poner los pies y poder identificarlos[. A]lgunos cuerpos estaban en mal estado porque [según les] dijeron, […] los habían sacado con máquinas”. Ella entró al llamado “cuarto del olvido” sin que ninguna autoridad le pidiera ninguna documentación, ni la acompañara para el reconocimiento de cadáveres. La testigo pensó que “iba a reconocer a [su] esposo por la ropa y porque él se [había llevado] la billetera con sus documentos de identidad.”
Cuando ocurrieron los hechos la testigo tenía veinte años de casada con el señor José del Carmen Álvarez Blanco. Vivían de la agricultura y de la ganadería en la Octavia, “en una parcelita de ocho hectáreas, ten[ían] animales y sembrados […]”. Con posterioridad a los hechos la testigo se fue de ahí porque “era muy difícil vivir con los recuerdos”.
Tuvieron que vender a los paramilitares la finca que tenían en la vereda Isaías porque “[le] mandaron a decir que no volviera por allá porque si la guerrilla no [la] había matado, ellos [la] matarían, porque tenía un hijo que trabajaba averiguando lo del caso de la desaparición”.
El dolor por la desaparición de su esposo fue muy grande para sus hijos, quienes “se desordenaron, hacían lo que querían, tomaban, hacían cosas diferentes a la formación que [ella y su esposo] les hab[ían] dado[. E]sto afectó mucho; la familia se dispersó”. La testigo pensó que se iba a morir, ya que “el mundo se [le] vino encima”. Además, sus hijos Daniel, Emilse y Richard no pudieron estudiar porque no tenían la capacidad económica para hacerlo.
La testigo desea que “se haga justicia, que se encuentren los culpables, que el culpable tenga su sentencia, […] que se encuentren los restos tanto de [su esposo] como de su hermano Cristóbal. [Además, solicitó] que [les] ayuden económicamente porque no tie[nen] ni para la salud”.
e) Pedro Luis Escobar Duarte, hermano de José Leonel y Juan Luis Escobar Duarte
El señor Pedro Luis Escobar Duarte manifestó que para el momento de los hechos, su hermano José Leonel Escobar Duarte tenía 16 años y Juan Luis Escobar Duarte, 24 años, y ambos trabajaban en la agricultura.
El testigo se enteró de los hechos por el noticiero de televisión, en donde escuchó que en Pueblo Bello se habían llevado a una gente el sábado por la noche, entre los cuales nombraron a sus hermanos.
El señor Pedro Luis Escobar Duarte expresó que después de los hechos el ejército hizo una reunión y “les dijeron a la gente que ya lo pasado había pasado y que había que cambiar de pensamiento[. S]up[o] que [su] papá les dijo a los militares que un ser querido nunca se olvida y que se habían llevado los hijos como unos maleantes […]”. Con posterioridad a los hechos, el padre del testigo “escasamente saludaba a la gente, no volvió a hablar con las personas ni con [él]”. Luego le avisaron que su papá se “acabó de cortar con un machete la vena arteria en el cuello”.
La madre del testigo se fue hacia Apartadó y nunca más volvió a la finca. Después de lo ocurrido, su familia se desintegró: su hermana “enloqueció[. L]loraba y decía que veía a los hermanos y corría porque le tenía miedo a la gente; decía que la iban a matar”. Antes de los hechos, el testigo era una persona que se “sentía contento con todos sus hermanos, su familia y sus amigos, pero ahora “no […] olvida […] ese vacío”.
El señor Escobar Duarte considera que el Estado debería auxiliar a los damnificados y mejorar la vida de su madre. Piensa que el Estado tiene responsabilidad porque no es posible que los camiones pudieran pasar “habiendo ley[, es decir,] la base militar”. Por ello, solicitó que la Corte reconozca que “por ahí pasaron los paramilitares con los campesinos y que no se siga tapando la falta del [Estado]”. Además, el testigo manifestó que desea saber “por qué pasó y por qué se los llevaron, [ya que] si el [Estado] no hubiera dejado entrar esos camiones nada […] hubiera pasado[. Sin embargo, el Estado] no los detuvo, ni entrando ni saliendo”.
f) Edilma de Jesús Monroy Higuita, cuñada de Juan Luis y José Leonel Escobar Duarte
La testigo vivía en Pueblo Bello con su esposo e hijos. El día de los hechos se encontraba en su casa con sus hijos y tres sobrinos, todos pequeños, así como con sus cuñados Juan Luis y José Leonel y con Ovidio Suárez Carmona, un trabajador de la finca. En la noche, una vecina le dijo a la señora Edilma de Jesús Monroy Higuita que “corr[iera, pues habían] llega[do] los tangueros”. Entonces, la testigo le dijo a sus cuñados “que corrieran porque había llegado gente armada[. Posteriormente,] los tangueros se vinieron detrás de [ellas] y [les] preguntaron que dónde est[aban] los que habían corrido de [su] casa y que si no les dec[ían] [las] llevarían a [ellas]. En ese momento [sus] cuñados y el trabajador fueron saliendo uno a uno de donde estaban escondidos”. Cuando los tangueros se estaban llevando a sus cuñados “una sobrina de nueve o diez años […] se aferró a la cintura de Juan Luis hasta que los subieron al carro”.
La señora Monroy Higuita manifestó que después de los hechos cambiaron todos los planes de la familia de irse a manejar un negocio en Medellín, porque “[se quedaron] sin nada. Con todo lo ocurrido fracasaron los proyectos”. Eso ha traído como consecuencia que actualmente “est[én] tan limitados de recursos y que los hijos no tengan la posibilidad de que [se] les d[é] mayor estudio”. Además, luego de la muerte de su suegro no se volvieron a realizar reuniones o fiestas de celebración en la familia.
Con posterioridad a los hechos, su cuñada “se iba para los montes y gritaba: ‘¡Juan Luis y Leonel, llévenme!’” Además, cuando dicha cuñada “veía gente armada[,] se asustaba y empezaba a correr[. A]hora […] se sienta por ahí en el piso y empieza a hacer muñecos con el barro del pantano”.
La testigo solicitó al Estado “que se haga justicia y que se reparen los daños que se siguen causando hasta el momento y [solicitó] a la Corte que [les] ayude porque van dieciséis años sin saber qué ha pasado”. Para ella justicia es que “los responsables que estén vivos reciban un castigo”.
g) Euclides Manuel Calle Álvarez, padre de Jorge Fermín Calle Hernández
Para la época en que ocurrieron los hechos el testigo vivía en Palmira, un caserío perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo en el departamento de Córdoba, con su esposa y sus ocho hijos. Su hijo Jorge Fermín Calle Hernández vivía en Pueblo Bello.
El señor Euclides Manuel Calle Álvarez se enteró de lo ocurrido en Pueblo Bello por la radio. Cuando “escuchó [que] nombraron a su hijo […] sinti[ó] un dolor muy grande al ser desaparecido [su] hijo de esa manera[, ya que] él nunca fue malo”. Al día siguiente viajó a Pueblo Bello y se reunió en Turbo con los demás familiares de los supuestos desaparecidos. Allí estuvo aproximadamente un mes tratando de averiguar el paradero de aquéllos, pero “no se consiguió nada”. Durante el mes que estuvo en Turbo, el testigo tuvo que pedir para poder alimentarse, “algo que […] nunca había hecho”. La gente contaba que las desapariciones habían ocurrido porque la guerrilla había robado un ganado a Fidel Castaño y “él había dicho que esas cuarenta y dos cabezas de ganado iban a valer cuarenta y dos personas”. El testigo considera que “el [Estado] tuvo la culpa de eso porque los camiones pasaron por una base militar que [había] en San Pedro.”
El testigo manifestó que posteriormente los familiares de los supuestos desaparecidos fueron avisados por medio de la radio para que se presentaran en el hospital de Montería porque iban a llevar los cuerpos que habían sacado de “Las Tangas”. Duró cerca de tres días en Montería esperando la llegada de los cuerpos. No encontró el cuerpo de su hijo, pues lo hubiera reconocido ya que nadie en Pueblo Bello tenía la ropa que él tenía. Sin embargo, vio que “los cuerpos estaban desbaratados, […] desarmados[. H]abía cuerpos que tenían las manos atadas, otros tenían orificios en los cráneos”. Otros familiares “reconocieron a sus seres queridos por las cosas que tenían puestas o las cosas que tenían, por ejemplo, un peine.”
El señor Calle Álvarez expresó que nunca ha sido contactado por las autoridades ni le han pedido información sobre su hijo para encontrarlo. Sin embargo, está pendiente del caso por medio de gente de ASFADDES, quienes “[le] cuentan las cosas que están haciendo los abogados de derechos humanos”.
El testigo y su esposa viven con su nieto, hijo de Jorge Fermín, quien tiene dieciséis años y estudia bachillerato. El menor de edad es como “un viejo. La gente dice que es muy callado”. Con la desaparición de Jorge Fermín, “mucho cambió, [hubo] mucho atraso en el desarrollo de la casa, [su] esposa quedó muy acobardada para las cosas, no tiene ánimo para hacer nada. […P]ara [ella] y para [él] ahora y siempre es muy doloroso. […] Herminia[, hermana de la presunta víctima,] era muy unida a [él, por lo que] se traumatizó mucho y lloraba como loca […] recién ocurrieron los hechos”.
El señor Calle Álvarez desea encontrar a su hijo, aunque sabe que no está vivo pero quisiera tener los restos para enterrarlos. Solicitó que tanto los restos de su hijo como de los demás supuestos desaparecidos sean encontrados. Sin embargo, siente “mucho temor de que los cuerpos que enterraron a la orilla del río no se encuentren”. Finalmente, expresó que quiere que con la sentencia que dicte la Corte se le garantice estudio a su nieto, y que a él y a su esposa se les garantice “terminar de vivir tranquilos”.
h) Genaro Benito Calderón Ruiz, padre de Genaro Benito Calderón Ramos
El día que sucedieron los hechos, el señor Calderón Ruiz salía para el pueblo de Pica-Pica a visitar a uno de sus familiares y su hijo Genaro Benito fue a visitar a su novia en Pueblo Bello. Al día siguiente fue informado vía telefónica que la noche anterior, “un grupo de Castaño se había llevado a un personal de Pueblo Bello y dentro de ellos a [su] hijo”. Declaró que la gente del pueblo comentaba que “eso lo hizo Fidel Castaño porque él había despachado un ganado para Medellín y la guerrilla de esa época se lo llevó”.
Cuando el testigo regresó a su casa después de sucedidos los hechos, encontró a su esposa “como sedada, dopada, con tranquilizantes, porque ella no dejaba de llorar, de llamar a Genaro y no se sostenía ni nada[. D]e esa época para acá [ella] no ha tenido más vida”. Al señor Calderón Ruiz le dio por beber casi todos los días. Si le decían que había alguien que podía decirle dónde estaba su hijo, él iba.
Su hijo era buen estudiante, buen hijo, trabajador y era quien el que les ayudaba en una tienda de abarrotes que tenían. Era el único de sus hijos que quería estudiar una carrera. Con la desaparición de Genaro Benito se afectó el negocio, “se bajaron los ingresos, porque él [les] ayudaba mucho”.
El testigo indicó que ha realizado muchas gestiones para buscar a su hijo. De hecho, puso una denuncia ante las autoridades de Montería, ante las cuales fue tres veces; pero después no ha vuelto a dicho lugar.
Un amigo del señor Calderón Ruiz le llamó para que fuera con su esposa a Montería, pues se habían encontrado 24 cadáveres en la finca “Las Tangas”. En el hospital nadie les ayudó en la identificación de las personas, no había médicos ni gente de la Fiscalía, no tomaron datos de los familiares, ni les “dieron explicación alguna”. El testigo y su esposa revisaron los cadáveres que estaban en el piso “uno al lado del otro[, negros de barro]”. Ellos creían que lo podían identificar por la ropa, pues “no sabía[n] de qué otra manera se podía hacer.” El testigo manifestó que después de eso ninguna autoridad estatal le ha dado información o lo ha buscado para ponerle al tanto de las gestiones que están realizando para localizar a su hijo.
El señor Calderón Ruiz manifestó su deseo de que su hijo aparezca y de que esté vivo. Si su hijo no apareciera, el Estado debe darles una indemnización. Además, expresó su deseo de que se investigue y se castigue a los culpables. Asimismo, pidió que le ayuden a su esposa con su salud, porque “por culpa de eso […] ella se enfermó”.
Finalmente, el testigo dijo que “cuando [se] entierra [a un hijo] se satisface, pero cuando no [se] entierra, se vive pensando que va a llegar”. Agregó que su esposa “vive pendiente y emocionada con lo de las entregas de los paramilitares, porque ella guarda la esperanza de que [su hijo] esté vivo y que esté con el grupo paramilitar que se lo llevó”.
i) Manuel Dolores López Cuadro, hermano de Miguel Ángel López Cuadro
El día que ocurrieron los hechos el testigo se encontraba en San Pedro. Su hermano vivía en Pueblo Bello, arreglaba radios, relojes y otros electrodomésticos, y “patrocinaba” a una sobrina para que pudiera estudiar. El señor Manuel Dolores López Cuadro manifestó que en 1989 la guerrilla había matado a otro de sus hermanos, que en 1990 desaparecieron a su hermano Miguel Ángel, y que dos años después falleció su papá, por lo que “el estado moral de [su familia] ha bajado mucho con estas cosas”.
El señor Manuel Dolores López Cuadro manifestó que a la entrada de San Pedro hay una base militar y que en el casco urbano de San Pedro había policías, que sabían “lo del ganado [desaparecido de Fidel Castaño] y que iban a vengarse[. Sin embargo,] las autoridades no hicieron nada para proteger[los]”.
El testigo empezó a buscar a su hermano desde el primer día que lo desaparecieron mediante una comisión que hizo denuncias ante las autoridades. También hicieron una “toma pacífica” de la alcaldía de Turbo.
Posteriormente, el señor López Cuadro participó en la exhumación de cadáveres en Montería de la que expresó que “es tan grande la impresión que le da a uno que uno no tiene ni forma de explicarlo, ver a un montón de personas masacradas, descompuestas y pensar uno que su hermano puede estar allá le da a uno un desespero”. Declaró que “no es lo mismo que […] sepa que le mataron a[l] hermano y que está en el cementerio y no como en este caso que [no se] sabe dónde está, ni donde lo mataron”. Quisiera que “alguien le dijera [dónde] está [su hermano] y que [sea] verdad.” Manifestó que cuando les llaman para participar en las exhumaciones se “llena de optimismo pensando que hay una posibilidad de encontrar a su familiar”, pero que si no lo encuentra “le da mayor angustia, se le hace más grande el dolor”. Ni el testigo ni su familia han sido llamados a declarar.
El testigo expresó que después de la desaparición en Pueblo Bello “se empezó a descomponer el orden público, y el terror de la comunidad fue más grande. Al estar [en la zona miembros de la guerrilla] las personas de la comunidad tenían que darles lo que pidieran, pero eso era visto por los paramilitares como colaboración de la comunidad hacia la guerrilla”, por lo que “empezaban a sacar gente”. El señor López Cuadro manifestó que esa fue la razón por la que tuvieron que desplazarse. Declaró que el sustento de su familia eran dos hectáreas de plátano que él tenía y que con eso se mantenían, pero que lo perdieron debido a que tuvieron que desplazarse.
El señor Manuel Dolores López Cuadro manifestó que como consecuencia de la desaparición de su hermano Miguel Ángel, la sobrina que él “patrocinaba” no pudo seguir estudiando. La familia estaría mucho mejor si él estuviera vivo, pues les ayudaba mucho económicamente. “Todo esto ha sido una pérdida moral y también económica”.
Asimismo, el testigo declaró que la desaparición de su hermano Miguel Ángel ha significado para su familia “una gran pérdida, una baja moral”. Dijo que a su mamá “le dio muy duro la desaparición [de su hermano] y ha sufrido mucho. Su estado físico también ha decaído mucho por todo eso.”
Finalmente, el señor Manuel Dolores López Cuadro manifestó que desea que “haya un castigo para los responsables y […] una reparación moral para [su familia], para el pueblo y para el país […] y que se puedan encontrar los restos. Lo que necesi[tan] es que el [Estado les] dé seguridad, apoyo para trabajar y para que los paramilitares o las guerrillas no [los] molesten”.
j) Robinson Petro Pérez, hijo de José Manuel Petro Hernández
El día de los hechos el señor Robinson Petro Pérez se encontraba escuchando el culto afuera de la iglesia presbiteriana. Cuando se enteró de la presencia de gente armada, fue a esconderse y cuando se regresó de su escondite a su casa se dio cuenta de que se habían llevado a su padre, a un hermano de su madre llamado Benito Pérez y al señor Luis Miguel Salgado, quien vivía con su hermana.
El padre del señor Robinson Petro Pérez, quien era agricultor y vendía cerveza en el negocio, se encontraba en su casa. El testigo manifestó que a su padre “se lo llevaron los paramilitares que eran personas armadas, unos camuflados con prendas del ejército, unos con prendas de la policía y otros de civil”.
El testigo manifestó que para la época en que ocurrieron los acontecimientos en Pueblo Bello no había presencia ni del ejército ni de la policía. Dijo que “las autoridades no hicieron [nada] para impedir que se tomaran al pueblo, aún sabiendo de los rumores de que ‘los tangueros’ se iban a tomar Pueblo Bello”.
Con posterioridad a los hechos se creó una comisión en la que participaron los familiares de los supuestos desaparecidos, que fue a la alcaldía de Turbo a reclamar ayuda de las autoridades para encontrar a sus familiares. Las autoridades no respondían nada. Al regreso de esta diligencia, el ejército estaba en Pueblo Bello y había saqueado la población.
El señor Robinson Petro Pérez comenzó a participar en las reuniones de ASFADDES y a realizar gestiones para buscar a los supuestos desaparecidos. La gente de Montería les decía que “tuvieran cuidado porque en la Fiscalía de Montería trabajaba gente de Fidel Castaño”. También realizó una declaración recién ocurridos los hechos ante la policía judicial, pero nunca más lo han vuelto a citar para declarar.
El testigo manifestó que “cuando desaparecieron a [su] papá, [se] queda[ron] sin sustento económico porque [él] era el que llevaba la plata a la casa”. Al testigo personalmente le “dio bastante duro lo que pasó con [su] papá”, por lo que tomó la decisión de entrenar con los paramilitares con el fin de averiguar qué había pasado con los desaparecidos.
El señor Robinson Petro Pérez señaló que “si a [su] padre no lo hubieran desaparecido [su] vida sería mejor, porque [su] papá le decía que le iba a dar el estudio que [él] quisiera y si [él] hubiera podido estudiar, todo habría sido diferente”. Dijo que después de lo ocurrido la vida en Pueblo Bello cambió. “Lo que se sentía era mucho miedo y quienes tuvieron la oportunidad se fueron y sólo quedaron los pobres”.
El testigo manifestó que tiene fe en que la Corte Interamericana “haga que los verdaderos culpables […] paguen por lo que pasó y que tengan el castigo que se merecen, y que [la Corte les] ayude a conseguir los restos de [sus] familiares”.
k) Peritaje de Alfredo Molano Bravo sobre la dinámica de actores armados en diferentes regiones del país, en particular el Urabá
El perito se refirió al contexto social y político de Pueblo Bello, el cual es un caserío situado al noroeste de Turbo, en el Urabá antioqueño, y es frontera entre los departamentos de Antioquia y Córdoba. Gracias a la biodiversidad de la región, la selva ha sido entresacada y derribada intensamente lo cual ha dado lugar a enfrentamientos entre la población nativa y las empresas aserradoras. Los aserradores están protegidos por los paramilitares, mientras los campesinos son apoyados por las guerrillas.
La explotación maderera se extendió hacia el sur, representando una incalculable fuente de rentas. Dicha explotación ha abierto el camino a la colonización campesina y facilita la concentración de predios, los cuales son grandes ganaderías de propietarios antioqueños, respaldadas por el paramilitarismo.
Según el perito, la gran humedad que prevalece en la región impide la construcción de carreteras y de trochas. El señor Molano manifestó que la apertura de la carretera valorizó extraordinariamente las tierras. Sin embargo, este aumento del precio no fue un beneficio para los campesinos, sino al contrario: los pueblos crecieron con rapidez y se fundaron otros centros urbanos. A partir de los años sesenta la United Fruit Company, bajo su nueva sigla, Frutera Sevilla, apareció en Turbo y en pocos años, la vía entre Chigorodó y Turbo se convirtió en el muy rentable Eje Bananero. Los ganaderos que habían adquirido tierras en los años cincuenta se vieron en la alternativa de convertirse en empresarios agrícolas o migrar con sus reses a zonas limítrofes con el Eje. Las regiones periféricas al norte y al este de la carretera al mar se “ganaderizaron”, generando conflictos de tierras y nuevos desplazamientos. El crecimiento de San Pedro de Urabá, el Totumo, Pueblo Bello y Valencia fue uno de los efectos demográficos más tangibles del período 1960-1990.
El perito expresó que las FARC seguían la línea soviética, mientras que un nuevo partido comunista “marxista-leninista” se orientaba por lineamientos de la China de Mao. Estas dos tendencias políticas y militares ocuparon progresivamente las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, y a sus filas ingresaron muchos de los campesinos que habían sido perseguidos por la Fuerza Pública en su intento por llevar a cabo la frustrada reforma agraria. Las demandas populares por servicios públicos, vivienda, salud, educación y tierra fueron respaldadas, y en cierta medida, envalentonadas por la aparición y fortalecimiento de los frentes militares de las FARC y del EPL.
El señor Molano indicó que en 1965 el gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Militares por decreto —sancionado posteriormente como ley en 1968— a armar fuerzas civiles. A medida que el conflicto social era canalizado por la insurgencia guerrillera se fortalecía la tendencia a usar población civil para respaldar las acciones militares del Estado. Dado que la guerrilla se apoyaba también en la población civil, ésta se constituyó en uno de los objetivos centrales de la confrontación.
Posteriormente, con el desarrollo del narcotráfico, la guerra irregular encontró una fuente inagotable de recursos logísticos, por lo que se introdujo otro modelo: el paramilitarismo crudo, financiado por los narcotraficantes y asesorado por las fuerzas de inteligencia israelitas. Del Magdalena Medio la nueva versión de seguridad pasó con Fidel Castaño a las regiones de Urabá y Alto Sinú. Fidel Castaño se convirtió en un hacendado en el occidente de Córdoba, en el municipio de Valencia donde tenía su finca “Las Tangas”. Esta región ganadera era una zona de gran importancia estratégica para las guerrillas, porque además de cobrarle impuestos de guerra a los comerciantes y ganaderos, constituía un corredor hacia el Eje Bananero donde tenían gran influencia sindical y política.
En Turbo la actividad de la compañía Frutera de Sevilla así como la de los sindicatos, echaron raíces. En los años 80 se formaron fuerzas sociales y políticas que finalmente se enfrentarían a muerte en la década siguiente. Los elementos que contribuyen a entender el conflicto son las deplorables condiciones laborales de los bananeros; la represión de las invasiones en Córdoba y Sucre, que fomentó la colonización campesina de Abibe y la invasión de tierras dedicadas tanto a la ganadería extensiva como a las impulsadas por la economía empresarial; y la elección popular de alcaldes que amenazó a los partidos tradicionales con quitarles su poder tradicional a favor de nuevas fuerzas. La agitación social y política, la declaración de paros cívicos y laborales y la fuerza militar alcanzada en las guerrillas tanto de las FARC como del ELP fueron la justificación para que en 1988 el gobierno creara la Brigada XI en Montería, la Brigada Móvil Número Uno y la Jefatura Militar de Urabá. El conflicto social se convirtió entonces en un enfrentamiento militar.
Entre 1988 y 1990 hubo más de 20 masacres de campesinos y sindicalistas cometidas por los paramilitares con no menos de 200 muertos. Fidel Castaño llevó a cabo desde “Las Tangas”, con la tolerancia y colaboración de la Fuerza Pública, las masacres de Currulao (15 asesinados), Buenavista, Córdoba (28 asesinados), Punta Coquitos, Turbo (26 muertos), Canalete, Córdoba (16 víctimas), Pueblo Bello (43 campesinos desaparecidos y asesinados). El 14 de abril de 1990 5 personas más fueron asesinadas en Valencia; el 16 de abril de 1990 6 campesinos más fueron ejecutados, en Apartadó; en octubre 19 del mismo año, 6 personas más fueron asesinadas; y el 25 de octubre de 1990, sucedió lo mismo en Tierralta a otros 12.
En abril de 1990 en “Las Tangas” aparecieron seis cadáveres de los presuntos desaparecidos en Pueblo Bello.
l) Peritaje de Carlos Martín Beristain sobre los daños psicosociales que los hechos ocasionaron a los familiares de las personas presuntamente desaparecidas y privadas de su vida, así como sobre su entorno en el corregimiento de Pueblo Bello
El señor Beristain manifestó que los hechos acontecidos en Pueblo Bello tuvieron un impacto masivo debido a la cantidad de presuntas víctimas, el carácter público de las capturas y posterior desaparición de las mismas, así como el contexto de indefensión en que se desarrollaron los sucesos.
Por otro lado, se ha generado un sentimiento de injusticia e indefensión en los familiares, quienes sufrieron un grado importante de “victimización secundaria” por la falta de respuesta, cuestionamiento de su dignidad y amenazas frente a sus intentos de búsqueda. Asimismo, se produjo en los familiares un cuestionamiento del sentimiento de seguridad y protección por parte del Estado en un contexto de ausencia de respuesta a sus demandas de búsqueda, con vivencias subjetivas de complicidad y encubrimiento por parte de diferentes autoridades, así como la percepción de desprecio. Además, se han visto afectados por un alto grado de frustración y desesperanza refiriendo una ausencia de respuesta a sus demandas ante las autoridades, gestiones y movilizaciones.
Los aspectos que han tenido un mayor impacto psicosocial son: a) ausencia total de condiciones para el reconocimiento de los restos en el hospital de Montería; b) falta de acompañamiento o atención a las necesidades psicológicas de los familiares; c) el miedo producido por la falta de garantías que impidió que otros familiares pudieran acercarse al hospital o participar en los procedimientos de identificación; d) el empeoramiento de la situación psicológica de los familiares después de haberse confrontado con los “detalles del horror”, sin ningún tipo de apoyo.
Luego de los hechos “se instaló un clima de miedo [y] desolación en el pueblo y una alteración total de la vida cotidiana”. Los familiares presentan numerosos problemas de estrés, debido a la situación de sus propiedades, las cuales se han visto afectadas por el contexto de emergencia y desplazamiento forzado. Ello ha sido “un factor clave en la desintegración familiar y comunitaria”. Actualmente, el 75% de la población de Pueblo Bello no es originaria de ahí, y aún se mantienen los grupos armados que impiden la reactivación comunitaria e inversión.
El perito expresó que existen en los familiares de los presuntos desaparecidos “secuelas emocionales”, más que alteraciones psíquicas. Algunos familiares tienen síntomas depresivos importantes y la mayoría ha tenido tratamiento psicoterapéutico o farmacológico en el pasado y, en algunos casos, aún lo tiene. El sufrimiento psíquico de los familiares provocado por la supuesta desaparición de su familiar ha sido muy agudo, lo que les ha provocado “limitaciones funcionales importantes” para adaptarse a la vida cotidiana.
Las madres y los padres entrevistados, además de ser afectados por el duelo, refieren estar afectados por diferentes problemas de salud física en un contexto de precariedad y falta de medios económicos, y asocian la falta de recursos para enfrentar esos problemas de salud al impacto de las pérdidas económicas y de los propios familiares presuntamente desaparecidos, dado el papel que cumplían algunos en el sustento económico familiar. Por otro lado, la mayoría de los hijos sufrieron problemas emocionales importantes en los años siguientes a la supuesta desaparición de sus padres, tales como “aislamiento, tristeza y retraimiento social” en una parte importante de ellos y “problemas comporta-mentales, como hiperactividad y comportamientos agresivos”. La falta de referente paterno en su educación y acompañamiento “ha condicionado su vida hasta la actualidad”.
El señor Beristáin manifestó que la búsqueda de los restos de las presuntas víctimas se beneficiaría con la intervención complementaria de profesionales independientes y de garantías de seguimiento a las recomendaciones en los protocolos internacionales. Finalmente, indicó que la atención psicosocial debería ser acordada con los propios familiares.
B) PRUEBA TESTIMONIAL
66. Durante la audiencia pública (supra párr. 31) la Corte recibió las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado. A continuación, el Tribunal resume las partes relevantes de dichas declaraciones.
Testigos propuestos por la Comisión y por los representantes
a) Ángel Emiro Jiménez Romero, hijo de Ángel Benito Jiménez Julio
El señor Ángel Emiro Jiménez Romero manifestó que su padre era un campesino de Pueblo Bello que se dedicaba a la actividad ganadera y agrícola. Explicó además que siempre había tropas militares en la zona, debido a que en los alrededores de Pueblo Bello operaba el FL, lo que según el testigo generaba una confrontación militar en esa parte. Las fuerzas militares estaban ubicadas en la base militar de San Pedro de Urabá, el cual mantenía un retén militar de control las 24 horas del día a la entrada del municipio y otra base militar en el corregimiento El Alto, Mulatos. Declaró que era de su conocimiento que el ejército impedía el tráfico de vehículos sin excepciones a partir de las 6 de la tarde.
El testigo realizó varias cosas con el propósito de encontrar a las presuntas víctimas. Por ejemplo, levantó una lista de nombres de personas que vieron lo que pasó con la gente de Pueblo Bello y con esos nombres, se dirigió a San Pedro de Urabá ya que, según indicó, hacia ese lugar se fueron los camiones con las supuestas víctimas. El señor Jiménez Romero expresó que los familiares hablaron con un teniente de apellido Rincón, quien no les dio respuesta alguna al reclamo de que la noche de los hechos había presencia de tropas. Al contrario, declaró que el teniente “se enfureció y dijo ‘y ahora por qué sí vienen, cuando se llevaron los ganados [de Fidel Castaño] ustedes no vinieron a denunciar eso pero ahora que se llevan la gente, ahora sí vienen a denunciar eso. Eso seguro se trata de una venganza, ustedes cambiaron la gente por ganado’”. El testigo expresó que le solicitaron al teniente que “se hiciera un allanamiento inmediatamente en la hacienda ‘Las Tangas’, pero que [éste] se negó a realizarlo, alegando que ‘no tenía tropas para mandar a ‘Las Tangas’ y que eso era un proceso, tenía que pedir permiso’”. Posteriormente, el testigo manifestó que realizó denuncias a través de televisión y prensa, de las cuales tampoco obtuvo resultados en cuanto a ayuda para localizar a las presuntas víctimas. En el mismo sentido, manifestó haber tenido encuentros con autoridades militares en su afán de obtener información sobre el paradero su padre y de las otras personas desaparecidas, sin resultado alguno.
Finalmente, el señor Jiménez Romero declaró que tuvo que abandonar la región por motivos de seguridad. Posteriormente tuvo que salir de Colombia a exiliarse en Suecia, ya que “veí[a] una amenaza clara y que si no [se] iba del país [lo] iban a matar”.
b) Mariano Manuel Martínez, padre de Jorge David Martínez
En la época de los hechos el señor Mariano Manuel Martínez tenía 18 días de vivir en Pueblo Bello, ya que se había trasladado para allá por razones de trabajo, debido a que “vi[o] que era un buen sitio para trabajar y sostener a [su] familia”. El día que ocurrieron los hechos entraron dos carros con gente armada. Vio cómo se llevaban a otras personas a punta de fusil hacia donde estaba el carro. Declaró que los hombres “[los] tiraron boca abajo en el piso”. El testigo indicó que pudo reconocer que había “más o menos 12 militares de la base de San Pedro de Urabá”.
El testigo manifestó que al día siguiente de los hechos los familiares de los supuestos desaparecidos se trasladaron a la base de San Pedro a buscar a los desaparecidos, y que el teniente de dicha base no mostró interés en ayudarles, “no prestó atención”. Además, el señor Martínez no le dijo a dicho teniente que había habido soldados de la base de él pues le “pareció como un poquito complicado contrarrestarle a un militar que está en su ejercicio.” Indicó que a los tres días después de los hechos, miembros del ejército llegaron a Pueblo Bello y empezaron a entregar un sobre en el que venían 50 mil pesos para cada familia. “Algunas de las personas que estaban allí, padres de los desaparecidos, no quisieron recibir el dinero”. Asimismo, declaró que otro señor, al que también le habían llevado a su hijo, “[tomó] el sobre y […] se lo tiró a uno de [los militares] en los pies […] y [les dijo] que [él] no había vendido un toro para que [se] lo v[inier]an a pagar con 50 mil pesos”.
El señor Mariano Manuel Martínez manifestó que se dio aviso por radio a los familiares de los supuestos desaparecidos para ir al hospital de Montería a reconocer unos cadáveres, dentro de los cuales reconoció el cadáver de su hijo.
Finalmente, el testigo expresó que le fue necesario dejar su finca porque tuvo que salir desplazado. Su hijo presuntamente desaparecido “era el que más [le] ayudaba.” Actualmente no tiene ningún recurso para vivir.
Testigos propuestos por los representantes
c) Rubén Díaz Romero, padre de Ariel Díaz Delgado
Para el momento en que ocurrieron los hechos el señor Díaz Romero vivía en Pueblo Bello con su esposa y 7 hijos. Ariel, su hijo desaparecido, tenía 19 años. Al día siguiente de los hechos el testigo se fue con otras personas a la base militar de San Pedro a buscar a los desaparecidos, pero no recibieron ayuda del ejército para encontrarlos y se tuvieron que devolver. Indicó que, meses después fue avisado sobre los restos encontrados en la finca “Las Tangas”, pero que quien le comunicó no fue la Fiscalía, ni autoridad estatal alguna. Al presentarse al reconocimiento de los cadáveres en el hospital donde tenían los restos “tirados en el piso”, no recibió ayuda de ninguna persona del hospital, de la Fiscalía, ni de ningún funcionario estatal.
El testigo manifestó que después de los hechos “muchos [pobladores de Pueblo Bello fueron] esparcidos, f[ueron] desplazados […] a Turbo, Chigorodó y Apartadó”. El ejército les dijo que debían salir del pueblo ya que si no salían “eran cómplices [de] la guerrilla”. Por ello tuvo que salir hacia Chigorodó llevando consigo sus reses. Como desplazado, miembros del ejército “se valieron de la ocasión, […] y obligatoriamente [le] hicieron vender [su] finca”.
El señor Díaz Romero manifestó que desde que ocurrieron los hechos el pueblo “se encuentra en la miseria, […] bastante mal económicamente y [ha] sufrido por las violencias, por los sufrimientos de muchas personas que realmente no dejan vivir tranquilo”.
El testigo expresó que tiene conocimiento de que las autoridades han buscado a su hijo Ariel, pero que “nunca le han dado una certeza, [ni nada], así sea los restos”. Después de los hechos “[sus] hijos se fueron [y su] esposa quedó muy mal”. Finalmente, manifestó que “no se puede […] explicar por el dolor, por la tristeza que […] queda […] y [por] no [tener] ayuda de ninguno”.
d) Blanca Libia Moreno Cossio, madre de Camilo Antonio Durango Moreno
La señora Moreno Cossio vivía con sus hijos y su esposo. Su hijo Camilo tenía 20 años y era quien, junto con su esposo, aportaba el sustento de su casa.
Cuando la testigo se enteró de lo sucedido en Pueblo Bello, se dirigió a conseguir un medio de transporte para salir hacia San Pedro de Urabá, junto con otros familiares de personas también desaparecidas, a buscar información sobre el paradero de su hijo, sin recibir ninguna noticia.
La testigo indicó que se presentó también en el hospital de Montería a tratar de reconocer a su hijo de entre los cadáveres que se encontraban allí. Los cuerpos estaban “en un estado de descomposición muy horrible”, y ella no contó con asesoría alguna para que alguien le dijera cómo reconocer el cuerpo de su hijo. A la fecha, ninguna autoridad estatal le ha dado información sobre el paradero de su hijo.
La señora Moreno Cossio declaró que Belarmino, su hijo menor, tenía 9 años para la época de los hechos. Después de la supuesta desaparición de su hermano, el niño “se puso en una tristeza” y constantemente pedía que su hermano regresara. La testigo expresó que al niño “se le veía en una tristeza horrible, […] que en adelante era triste, triste”. El niño le decía que “se [le había] present[ado] Camilo, que Camilo [le] tiraba un lazo y [le] decía que se tir[ara] que no le pasa[ba] nada”. La testigo llevó a su hijo menor a un médico, quien le dijo que “no tenía nada, que eso eran locuras de él, [además de que] no hubo forma de llevarlo a un especialista [por] la situación económica, pues no ten[ían] ni seguro ni nada y lo dej[aron] así”. La testigo declaró que a los quince días de haberse dado estos acontecimientos con su hijo menor lo encontraron colgado. Inmediatamente lo llevaron al hospital, pero “no había nada más que hacer, se ahorcó […] se desnucó”.
Finalmente, la señora Moreno Cossio pidió que se haga justicia y que “[l]e entreguen a [su] hijo [Camilo], así sea los restos”.
e) Nancy Amparo Guerra López, hija de Carmelo Guerra
Al momento de los hechos la testigo tenía 15 años de edad y vivía con su padre y la esposa de éste. Manifestó que su padre era “el único ser que [ella] tenía, […] el ser más querido”.
La señora Guerra López indicó que su padre era quien llevaba “el pan de todos los días a la casa, que nunca [les] faltaba nada”. Después de que él desapareció ella dejó de estudiar y tuvo que “trabajar, […] aguantar humillaciones, frío, hambre, […] depresiones.” La testigo expresó que su vida hubiera sido diferente si su padre no hubiera desaparecido porque ella “habría terminado de estudiar, hubiera sido una mujer preparada, quizá hubiera hecho una carrera y […] quizá hoy día [su] papá estuviera comiendo de [su] mano”. Finalmente, la testigo manifestó que quiere que le “regresen [a su padre] porque al día de hoy no [sabe] dónde está”.
f) José Daniel Álvarez Ruiz, hijo de José del Carmen Álvarez Blanco y sobrino de Cristóbal Arroyo Blanco
El señor José Daniel Álvarez Ruiz describió “el panorama desolador” de la diligencia del reconocimiento de cadáveres llevada a cabo en el hospital de San Jerónimo de Montería. Se refirió a los cuerpos ahí ubicados como “una masa entre lodo y restos humanos [que] no se podían identificar”.
El testigo indicó que a partir de 1993 se vinculó a ASFADDES. Como miembro de dicha asociación se ha mantenido al tanto del “estado de las investigaciones y [lo que ha] pasado con los restos”. Asimismo, manifestó que ha realizado solicitudes verbales y escritas para obtener información sobre el expediente del caso.
El señor Álvarez Ruiz manifestó que en la exhumación realizada en agosto de 1993 se llevó a cabo durante una época de invierno, por lo que “después de quince días la diligencia terminó sin ningún resultado”. Además, declaró que se realizó una exhumación en la finca “Las Tangas”, y que después dicho lugar “no quedó custodiado ni vigilado”. Asimismo, expresó que posteriormente se realizó una toma de muestras de sangre entre los familiares de los presuntos desaparecidos con el objeto de hacer pruebas de ADN con los restos encontrados. Sin embargo, afirmó que para la toma de esas muestras no se contó con ayuda de la Fiscalía, ni para el traslado de los familiares a los lugares donde se realizarían las tomas de muestras. Declaró que tampoco se tomaron actas o registros de la recolección de muestras de sangre, y que la única colaboración que recibieron del Estado se dio a través del encargado de este procedimiento, quien “siempre tenía la dificultad de los recursos económicos para poderse movilizar”.
El testigo explicó las diligencias realizadas para exhumar los restos de una fosa común en el cementerio de San Antonio de Montería realizadas en octubre de 2005. Al respecto, expresó que “había much[a] agua” y que las personas del gobierno que participaron “no tenían las herramientas para que el sitio no se inundara”. Por ese motivo no se pudo llevar a cabo la exhumación.
El señor Álvarez expresó que no tiene conocimiento de que en todo el tiempo que ha transcurrido desde los hechos la Fiscalía haya llamado a declarar a familiares de las presuntas víctimas, sino hasta después de la exhumación llevada a cabo en 2004.
El testigo manifestó que a raíz de las investigaciones que ha realizado para encontrar a las personas presuntamente desaparecidas “ha sufrido persecución” y ha recibido “amenazas personales por el trabajo que significaba buscar a [su] papá”. Además, “tuv[o] que desplazarse a Bogotá y siendo parte de la Junta de ASFADDES, una secretaria recibió una llamada en la que decían que lo “habían ubicado y que [lo] iban a matar”
El señor Álvarez expresó que los hechos “han impactado en su vida personal, [ya] que cuando una exhumación inicia, cre[e] que se van a encontrar [los restos de las presuntas víctimas, pero] cuando se termina y no hay resultados se desvanecen las esperanzas de poder encontrar[los] y de saber que, al menos, esos restos los van a devolver ”.
Finalmente, el testigo indicó que después de los hechos de 1990 “ni él ni sus seis hermanos pudieron volver a estudiar, [pues] ya no había quien llevara a la casa la comida que necesitab[an, por lo que] cada quien tuvo que mirar cómo sobrevivía”. Su “hermano, a edad de 12 años, se emborrachaba.” Todos los hermanos se fueron a vivir a sitios diferentes y “nunca más [han] podido estar juntos”.
Testigo propuesta por el Estado
g) Elba Beatriz Silva Vargas, fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Colombia
La testigo declaró que, por los hechos ocurridos en Pueblo Bello han sido condenadas 10 personas, destacando la condena de Fidel Castaño Gil, uno de los jefes promotores, organizadores y financieros paramilitares. Asimismo, manifestó que las declaraciones de los familiares han sido agregadas al proceso y que se han vinculado cerca de 23 personas, de las cuales habrían sido acusadas cerca de 20 y condenadas 10, de las cuales dos están efectivamente cumpliendo su pena. A este respecto, la testigo manifestó que “no ha habido resultados positivos que se aproximen a la captura de dichos individuos”.
Respecto de la participación del personal militar en los hechos, la señora Silva Vargas expresó que “la Procuraduría General de la Nación [inició] una investigación de carácter disciplinario, una serie de diligencias, de pruebas […] para establecer la posible responsabilidad de los militares y que dos personas han sido vinculadas a [dich]a investigación”.
La testigo se refirió a las exhumaciones realizadas en el cementerio de San Antonio de Montería y a la recolección de evidencias de los cuerpos, las cuales han “resulta[do] negativas”. Además, manifestó que para realizar dichas exhumaciones se tomaron en cuenta las condiciones de tiempo y clima, pero que éstas se suspendieron “porque había un cambio climático en el país que se presentó en ese momento”. Asimismo, manifestó que hubo un período en el que la Fiscalía General tuvo que interrumpir su labor debido a “la situación de orden público conocida, [es decir, la] presencia permanente de grupos al margen de la ley, tanto insurgencia como paramilitarismo, apoyados también por delincuencia organizada, narcotráfico”. Sin embargo, expresó que se han realizado “diferentes actividades, entrevistado personas, se ha buscado [a los] desaparecidos en todo el país[, …] ha habido contacto con los representantes de las víctimas[, a quienes] se les ha avisado la búsqueda que se hace [y] se les ha invitado a participar en las diligencias”.
Por otro lado, la señora Silva Vargas manifestó que conoce la capacitación técnica de las personas encargadas de buscar a las personas desaparecidas y de la exhumación de los cadáveres, quienes forman “parte del equipo forense de la Fiscalía General de la Nación, conformado por médicos, antropólogos, técnicos criminalísticos, [quienes] utilizan[…] todos los medios científicos que […] tienen a la mano”.
La testigo indicó que para este caso “se han designado fiscales especializados con toda la capacitación en el manejo en los sistemas interamericanos y […] de la técnica de investigación”. Manifestó que dichos fiscales “est[án] respaldados económicamente […] por un programa que tiene el Estado […], auspiciado […] por la oficina de Naciones Unidas para el manejo de este tipo de casos […] y t[ienen] un grupo especial de investigadores asignados para el caso, un grupo especial de miembros de criminalística, de peritos expertos en el área técnico-científica como médicos, odontólogos, antropólogos y personas que han tenido experiencia en estos temas tan delicados”.
Finalmente, la testigo indicó que existe “un comité de impulso en la investigación del presente caso, que está integrado por la judicatura: jueces de la República, la Procuraduría, [la] Defensoría y la Fiscalía, asistida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas”. Manifestó que actualmente la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA
67. En este apartado la Corte se pronunciará sobre la valoración de los elementos probatorios aportados al Tribunal, tanto respecto de los criterios de admisibilidad formal de los mismos como en cuanto a su valor material respecto de los hechos del presente caso.
Valoración de la prueba testimonial
68. En relación con las declaraciones rendidas por los testigos propuestos por la Comisión, los representantes y el Estado, la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio establecido por el Presidente mediante Resoluciones de 29 de julio y 6 de septiembre de 2005 (supra párrs. 27 y 30) y les da valor probatorio.
69. En este sentido, este Tribunal estima que los testimonios de los señores Ángel Emiro Jiménez Romero, José Daniel Álvarez Ruiz, Rubén Díaz Romero y de las señoras Blanca Libia Moreno Cossio y Nancy Amparo Guerra López (supra párr. 66 a), c), d), e) y f)) resultan útiles en el presente caso . Por tratarse de familiares de presuntas víctimas y tener un interés directo en este caso, no pueden ser valorados aisladamente, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso (infra párr. 77).
70. El Estado objetó la declaración rendida ante la Corte Interamericana el 19 de septiembre de 2005 por el testigo Mariano Manuel Martínez (supra párr. 66 b)), pues consideró que su declaración no tenía credibilidad. Al respecto, la Corte estima que este testimonio puede contribuir a la determinación, por parte del Tribunal, de los hechos del presente caso, en cuanto concuerde con el objeto que fue definido en la referida Resolución de 29 de julio de 2005 (supra párr. 27), y lo valora en el conjunto del acervo probatorio, en tanto familiar de una de las presuntas víctimas (supra párr. 69), aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado.
Valoración de la prueba documental
71. En este caso, como en otros , el Tribunal admite el valor probatorio de los documentos presentados por las partes en su debida oportunidad procesal que no fueron controvertidos ni objetados y cuya autenticidad no fue puesta en duda.
72. En lo que se refiere a los documentos solicitados por este Tribunal con fundamento en el artículo 45 del Reglamento y que fueron presentados por los representantes (supra párrs. 32 y 34), la Corte los incorpora al acervo probatorio del presente caso. Igualmente, en aplicación de lo dispuesto en el referido artículo del Reglamento, se incorpora a la prueba la documentación presentada por la Comisión, los representantes y el Estado posteriormente a la presentación de la demanda, al escrito de solicitudes y argumentos, y a la contestación de la demanda, respectivamente, por considerarlos útiles para el presente caso.
73. En relación con las declaraciones testimoniales rendidas ante fedatario público (affidávits), la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la Resolución de 29 de julio de 2005 (supra párr. 27), tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado en la audiencia pública (supra párr. 31), en particular respecto de las declaraciones del señor Benildo José Ricardo Herrera y de la señora Leovigilda Rosas Villalba. A su vez, dado que los familiares de las presuntas víctimas tienen un interés directo en el caso, su declaración no puede ser evaluada aisladamente, sino en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica .
74. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal ha considerado que pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso .
75. La Comisión Interamericana objetó las pruebas presentadas por el Estado junto con sus alegatos finales escritos, por estimar “que no fueron ofrecid[a]s o presentad[a]s en la oportunidad procesal correspondiente: no corresponden a los informes sobre hechos supervinientes que fueron solicitados como prueba para mejor resolver por el Presidente de la Corte al final de la audiencia pública […], y no están acompañados de una explicación sobre su incorporación tardía al expediente”. Agregó que “con independencia [de] las cuestiones de admisibilidad, existen graves defectos en los documentos presentados. […L]a única conclusión a la cual permitirían llegar las condiciones materiales en que ha sido remitida la documentación […], en forma incompleta, repetida, parcialmente ilegible, mutilada y desordenada”. Por tanto, solicitó a la Corte que dicha documentación fuera “desechada por extemporánea, improcedente y carente de idoneidad formal”. Por su parte, el Estado alegó, inter alia, que “los documentos allegados como anexos a sus alegatos finales corresponden a pruebas requeridas de oficio por la […] Corte Interamericana, en audiencia pública”.
76. Al respecto, la Corte nota que, en efecto, tal como señaló el Estado, durante la audiencia pública (supra párr. 31) el Presidente de la Corte solicitó en forma genérica información y documentos al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes en relación con diversos aspectos del presente caso. De tal manera, la Corte entiende que dicha documentación fue presentada por el Estado en respuesta a dicha solicitud verbal del Presidente por lo que formalmente la incorpora en aplicación del artículo 45.1 del Reglamento. No obstante, la Corte coincide con la Comisión Interamericana en cuanto a que una parte importante de los documentos aportados por el Estado se encontraban incompletos y desordenados, y que los expedientes administrativos y judiciales no fueron remitidos en su integridad. En razón de la manera en que dicha documentación fue aportada, la Corte la acepta y la valora en la medida en que resulte útil para la determinación de los hechos del presente caso, tomando en cuenta los defectos señalados.
77. Por otro lado, este Tribunal hace notar que el 21 de diciembre de 2005 el Estado presentó, documentación referente a uno de los puntos que fueran solicitados como prueba para mejor resolver (supra párr. 37), luego de que dicha solicitud le fuera reiterada en tres oportunidades, mediante notas de Secretaría de 9, 14 y 21 de noviembre de 2005 (supra párr. 32). La Corte recuerda que, en atención al principio de cooperación internacional, las partes no sólo deben allegar al Tribunal las pruebas requeridas por éste, sino también deben hacerlo de forma oportuna, completa, ordenada y legible, a fin de que el Tribunal cuente con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus decisiones . La Corte incorpora al acervo probatorio formalmente dicha prueba, según las consideraciones señaladas más adelante (infra párr. 94) por resultar útil para la resolución del presente caso.
78. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio del presente caso las siguientes pruebas evacuadas en el Caso 19 Comerciantes y en el Caso de la “Masacre de Mapiripán”, ya que resultan útiles para la resolución del presente caso: el Decreto legislativo No. 3398 de 24 de diciembre de 1965; los Decretos Nos. 0180 de 27 de enero de 1988, 0815 de 19 de abril de 1989, 085 de 1989, 1194 de 8 de junio de 1989, 3030/90 de 14 de diciembre de 1990, 2266 de 4 de octubre de 1991, 2535 de 17 de diciembre de 1993, 356/94 de 11 de febrero de 1994, 324 de 25 de febrero de 2000, 3360 de 24 de noviembre de 2003, 2767 de 31 de agosto de 2004 y 250 de 7 de febrero de 2005; las Leyes 48 de 16 de diciembre de 1968, 200 de 1995, 387 de 18 julio de 1997, 418 de 26 de diciembre de 1997, 548 de 23 de diciembre de 1999 y 782 de 23 de diciembre de 2002; las sentencias de 25 de mayo de 1989 emitida por la Corte Suprema de Justicia, de 28 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de Cúcuta, todas de Colombia, de 17 de marzo de 1998 emitida por el Tribunal Superior Militar y de 14 de abril de 1998 emitida por el Tribunal Nacional; el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989; y los Informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de 1998, 2000, 2004 y 2005.
79. Asimismo, el Tribunal incorpora al acervo probatorio el informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, señor Nigel S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, señor Barce Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Visita de los Relatores Especiales a la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, E/CN.4/1995/111 de 16 de enero de 1995, pues resulta útil para la resolución del presente caso.
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80. Entre los hechos específicos que se encuentran en controversia, está el posible paso de los camiones con las presuntas víctimas y el grupo de paramilitares por el retén militar ubicado entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá. Uno de los elementos probatorios fundamentales en este sentido es el testimonio del paramilitar confeso Rogelio de Jesús Escobar Mejía.
81. El Estado ha alegado que existían otras vías alternas y transitables por las cuales los miembros del grupo paramilitar y las presuntas víctimas pudieron haber salido.
82. Tal como se señala más adelante, no hay controversia respecto de la existencia de desviaciones, caminos y trochas en el camino principal entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá (infra párr. 138). Estas hipótesis fueron objeto de análisis en el procedimiento adelantado por la Procuraduría General de la Nación, en cuyo desarrollo fueron rendidos cuatro informes, tres de ellos en octubre de 1990 por funcionarios militares. Sin embargo, con base en dichos informes no es posible concluir si esas otras vías eran transitables por camiones de dichas características:
a) con base en una inspección aérea de Pueblo Bello y el camino hasta San Pedro de Urabá, un “dictamen pericial estratégico” rendido por un militar indicó que se había podido determinar que “se puede constatar una gran variedad de posibilidades para tomar desvíos que […] no ejerzan paso obligado por el retén militar de San Pedro”;
b) el informe rendido por un Oficial Táctico del Ejército Nacional explicó que existían trochas propicias “carreteables”;
c) un oficial del Ejército elaboró un dictamen topográfico en el que expuso ciertas apreciaciones resultantes de un reconocimiento aéreo y concluyó que “los camiones en que transportaban al personal secuestrado no necesariamente tenían que pasar por el retén en San Pedro de Urabá, ya que podían tomar cualquiera de los ramales o trochas a los cuales ya se hizo alusión. Esta posibilidad se ve reafirmada por el hecho que para la época del ilícito la región se encontraba en verano, lo que da más firmeza al terreno y mejora su transitabilidad”, y
d) por su parte, en septiembre de 1991 la Oficina de Investigaciones Especiales de la Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección de la carretera y trochas entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá y concluyó que existían seis desvíos o trochas sobre la vía principal, pero no es concluyente acerca de si todos eran transitables al momento de los hechos o si podían funcionar como vías para evadir el paso por San Pedro de Urabá (infra párrs. 95.130, 95.131, 95.132 y 95.135).
83. Por otro lado, los testimonios y declaraciones recibidos por la Corte coinciden en la existencia de trochas y desviaciones, pero algunos de ellos niegan categóricamente que aquéllas permitieran el paso de camiones. Así, el señor Rubén Díaz Romero manifestó que tenía tiempo viviendo en la zona y conocimiento amplio de la misma, y que no era posible que los camiones llegaran a San Pedro de Urabá por otra vía distinta de aquella que desembocaba en el puesto de control militar instalado en la entrada de la población. En el mismo sentido se expresó el señor Ángel Emiro Jiménez, quien debido a su dedicación en el comercio de banano entre Apartadó y Montería, transitaba periódicamente la zona, y dio testimonio de que en este puesto de control se interceptaban todos los vehículos que transitaban en cualquier dirección, en cualquier sentido, y de que esa era la única vía accesible para desplazarse en vehículos del tamaños de esos camiones. En similares términos se pronunció el señor Mariano Martínez, así como varios testigos que rindieron su declaración ante notario público, tales como el señor Benildo José Ricardo Herrera y la señora Leovigilda Villalba.
84. Sin embargo, más allá del carácter transitable de las vías alternas a la vía principal entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá, por las cuales los camiones podrían haber evadido el control militar, el principal elemento probatorio para sustentar la hipótesis de que militares habrían permitido el paso de los camiones por el retén y por la base militar son las declaraciones del entonces paramilitar Rogelio de Jesús Escobar Mejía, quien confesó haber participado en los hechos como miembro del grupo “los tangueros” y fue imputado en el proceso penal desarrollado en la jurisdicción ordinaria. Según sus declaraciones:
[Nos] identificábamos entre nosotros mismos con unos trapos rojos y otro rosado[. S]e amordazó la gente para que al pasar por San Pedro nadie dijera nada; a unos veinte minutos de marcha de Pueblo Bello está una base del ejército y más adelante el retén del ejército de la base del ejército salió Fernando, alias Noventa y un teniente del ejército y otros dos uniformados más, entre ellos según el teniente era un cabo y un soldado[. E]l teniente se subió a la cabina de carro de adelante y [e]l cabo en un estribo y el soldado en el otro[. Y]o iba en la parte de delante de la carrocería del camión y el teniente me preguntaba que cuánta gente llevábamos en ese carro[. Y]o no le contesté nada[. E]l teniente nos pasó del retén y queda como a veinte o quince minutos de la base[. C]uando se bajó el teniente, le dijo al conductor y a Fernando, alias Noventa, que de ahí en adelante ya no había ningún problema. En el momento que pasábamos por la base de ejército, el teniente hizo desviar más abajo el camión para no pasar por un pueblito que se llama San Vicente del Congo[;] él iba señalando el camino[. P]asando por el pueblito, el soldado que venia en el estribo del camión levantó una mano y se saludó con un soldado que se encontraba en una de las calles del pueblito[. E]l camión no paró en el retén que queda a la entrada de San Pedro[. Y]a en el casco urbano de San Pedro se bajó el teniente y los otros uniformados y Fernando tuvo que bajarse a trasvocar porque venía borracho de puro aguardiente[. C]uando se bajó el teniente me dijo que ajustara bien la carpa del camión para que no fueran a ver nada en San Pedro. Fidel Castaño desde el comienzo nos decía que con el Ejército no teníamos problemas porque ya todo estaba coordinado .
85. El Estado alegó que el testimonio de Rogelio de Jesús Escobar Mejía “no posee la virtualidad probatoria necesaria para imputar los hechos a los militares y, por tanto, [para] destruir la presunción de inocencia de los militares”. Al respecto, el Estado manifestó en sus alegatos finales escritos que
[…] en este proceso ante la […] Corte se ha referido una y otra vez el testimonio del señor ROGELIO DE JESÚS ESCOBAR MEJÍA para su valoración probatoria sin que se atiendan las reglas mínimas que deben regir la valoración del testimonio de un coimputado en un proceso penal. Ya que en el proceso de imputación personal al agente, requisito infranqueable de imputación internacional al Estado en este primer evento de imputación, este testimonio es piedra angular del posible juicio de reproche individual, nos dedicaremos en adelante a su análisis para demostrar su nula virtualidad probatoria respecto de la imputación de responsabilidad a los militares. Queremos dejar claro sí, que este testimonio no es, y ni siquiera puede considerarse indivisible; seguramente tendrá fuerza probatoria respecto de algunos puntos de su declaración, sin embargo, en lo atinente a la intervención de los militares por acción o por omisión en los hechos de los miembros del grupo armado al margen de la ley no ofrece ninguna credibilidad. […]
[E]l testimonio del señor ROGELIO DE JESÚS ESCOBAR MEJÍA no puede fundamentar un fallo condenatorio de esta […] Corte, pues su contenido no ha sido probado. La única forma de poder tomar en cuenta como hecho probado el contenido de la citada declaración hubiera sido que la misma estuviera corroborada por elementos objetivos externos a ella, lo que no sucede en modo alguno en nuestro caso. Es más, ha quedado acreditado […] que el testimonio del señor ESCOBAR MEJÍA ha de ser considerado no idóneo [y] deja abiertos muchos interrogantes frente al análisis que se haga de acuerdo con las máximas de experiencia de la psicología del testimonio.
86. Este testimonio fue evaluado por los órganos de la jurisdicción penal ordinaria y en el procedimiento adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. En la investigación iniciada en la jurisdicción penal militar no se calificó en ningún momento el testimonio de Escobar Mejía y no consta que haya declarado.
87. En este punto es necesario resaltar que, tal como se desarrollará más adelante (infra párrs. 179 a 183), en la jurisdicción penal ordinaria no se formuló acusación en contra de miembros de las fuerzas armadas. No obstante, el testimonio del señor Escobar Mejía fue valorado en las tres instancias que conocieron del proceso penal que culminó con la condena de varios paramilitares. De tal manera:
a) el fallo de primera instancia del Juzgado Regional de Medellín le otorgó valor probatorio a dicho testimonio para fundamentar la condena de varios paramilitares:
Así las cosas, a juicio del Despacho, la manifestación aportada por Rogelio de Jesús Escobar Mejía soporta los rigores de la sana crítica y a decir verdad, no puede subvalorarse en ningún momento […] porque principalmente en esta clase de infracciones delictivas como las que ahora centran nuestra atención, en muchas de las veces la prueba está soportada en la confesión, delación, versión que alguno o algunos de los miembros del grupo delictivo suministren.
[…] nos encontramos frente a un testigo idóneo, coherente, serio, imparcial, que sopota los rigores de la sana crítica […] La sindéresis que en sus diferentes intervenciones nos ha entregado Rogelio de Jesús, demuestran y patentizan una realidad fáctica […]
[…] para el Despacho es perfectamente admisible el testimonio aportado por Rogelio de Jesús […] .
b) en segunda instancia, el Tribunal Nacional se pronunció acerca de la veracidad de esta declaración:
[Las declaraciones de] Rogelio Escobar Mejía ante diferentes funcionarios judiciales, así como ante el DAS y la Procuraduría se mostró coherente, concreto, seguro y reiterativo en relacionar en forma detallada las diferentes actividades ilícitas que ejecutó el grupo “paramilitar” del que él hizo parte[. E]sas aseveraciones merecen credibilidad, pues contrario a lo alegado por los recurrentes, en tales manifestaciones, rendidas en forma libre y por su propia voluntad, no se advierte ánimo distinto al de decir la verdad, impedir la impunidad de tan atroces aconteceres y procurar obtener los beneficios que por colaboración ofreció públicamente el gobierno a quienes se sometieran a la justicia .
c) la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia también se pronunció sobre la credibilidad de la declaración de Escobar Mejía. Dicha Sala resolvió un recurso de casación interpuesto por la defensa de uno de los imputados, que consideraba que el Tribunal Nacional había incurrido en supuestos errores de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación de la prueba única testimonial de cargo – precisamente el testimonio de Rogelio de Jesús Escobar Mejía. La Sala de Casación consideró:
[…] En efecto, como ya es sabido, el referido testigo Escobar Mejía refiriendo a OGAZZA PANTOJA, en punto de la toma de Pueblo Bello, afirmó que éste había actuado como jefe de inteligencia estableciendo los hombres de las personas que tenían algún vínculo o simpatía con la guerrilla, pero desconocía [si] este individuo había participado en su ejecución. A esta manifestación testifical el Tribunal le dio credibilidad, compendiándola en todo su contexto, esto es, no valorando frases sueltas de la exposición, distantes del ámbito y de las circunstancias en que sucedieron los hechos, su ámbito de acción, teniendo en cuenta, como en efecto fue corroborado, que no era fruto de la fantasía sino que lo narrado correspondía a las propias vivencias del testigo, como miembro que había sido del grupo para militar comandado por Castaño Gil, lo cual precisamente le permitió explicar la estructura jerárquica de la organización, los nombres de varios de sus mandos, los hechos delictivos realizados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habían desenvuelto las acciones, hasta llegar a precisar el sitio donde habían enterrado a algunas de las víctimas secuestradas en la toma de Pueblo Bello, conforme lo corroboraron las autoridades respectivas
[…] Entonces, es bajo este contexto que el ad quem procedió a valorar las afirmaciones de Escobar Mejía en relación con la sindicación que le hizo a OGAZZA PANTOJA, apreciando en su plena extensión su contenido, sin desconocerlo sino ubicándolo y dimensionándolo dentro del complejo fáctico reseñado por el mismo testigo, esto es bajo el entendimiento de que se trataba de una organización criminal, la cual entre sus diversas actividades planteó debidamente la toma a Pueblo Bello con un fin determinado, como fue la de darle muerte a todas aquellas personas que creyeran estaban vinculadas con la guerrilla […]
88. Es decir, dicha jurisdicción penal ordinaria le otorgó plena credibilidad al testimonio del señor Escobar Mejía. Además, resulta relevante que su declaración ante las autoridades estatales haya sido decisiva para precisar el sitio donde habían enterrado a algunas de las presuntas víctimas secuestradas en Pueblo Bello. Sin embargo, puesto que el proceso ante este Tribunal no tiene carácter penal (infra párr. 122), no es necesario determinar la verosimilitud de su declaración en calidad de coimputado en dicho proceso penal, ni las supuestas contradicciones internas en las que habría incurrido ante dichas instancias. Al pretender negarle valor probatorio a dicha declaración, el Estado se basa, entre otros argumentos, en la valoración que hizo la Procuraduría de dicha declaración en la primera instancia del procedimiento administrativo.
89. No obstante, en ambas instancias la Procuraduría Delegada Disciplinaria para los Derechos Humanos otorgó valor probatorio al testimonio del señor Escobar Mejía, aunque no lo consideró como prueba suficiente de la responsabilidad disciplinaria de los militares investigados. Ciertamente, el fallo de 31 de julio de 2000 de dicha Procuraduría decidió absolver de responsabilidad al oficial Rincón Pulido, bajo el argumento de que no existía en su contra sino un indicio leve de haber participado por acción en los hechos investigados. Pero la propia Procuraduría señaló en dicha resolución que:
Para esta Procuraduría Delegada, es claro que conforme al material probatorio recaudado, particularmente con base en lo expuesto por Rogelio de Jesús Escobar Mejía, quien si bien incurre en algunas imprecisiones en cuanto a tiempo, distancias y nombres de algunos lugares, porque al parecer no conocía muy bien la zona, no encuentra esta Delegada razón alguna para que este testigo hubiera mentido en relación con la colaboración que dice le prestó al grupo paramilitar al cual pertenecía, un oficial del Ejército Nacional de quien no dio mayores elementos para lograr su identidad y que prestaba sus servicios en el retén que para la fecha de los hechos se había instalado en San Pedro de Urabá .
90. Según las valoraciones otorgadas por las instancias penal y administrativa internas a la declaración del señor Escobar Mejía, se observa que en la justicia penal ordinaria el testimonio de quien fuera un paramilitar se consideró como válido para juzgar y condenar a otros paramilitares, así como para encontrar el lugar donde fueron inhumados cuerpos de las víctimas. No obstante, a pesar de su evidente relevancia, este testimonio no fue evaluado en la jurisdicción penal militar. Esto es además inconsistente con la posición expresada por el Estado ante esta Corte: si uno de los argumentos sostenidos por el Estado es que los recursos internos – la jurisdicción penal ordinaria y el procedimiento disciplinario – han resultado efectivos en el presente caso, esta calificación de esos recursos internos – que a su vez otorgaron valor probatorio a dicha declaración – impide al Estado descalificar válidamente el contenido de la misma en esta instancia internacional.
91. La Corte no determina responsabilidades individuales (supra párr. 122), por lo que no es necesario tampoco realizar una valoración más específica acerca del carácter probatorio de la declaración rendida por el señor Escobar Mejía ante órganos jurisdiccionales y administrativos internos, tal como lo pretende el Estado.
92. La Corte estima que las declaraciones rendidas por el señor Escobar Mejía ante órganos jurisdiccionales y administrativos internos pueden ser relevantes para la resolución del caso, por lo que serán apreciadas en conjunto con otros indicios.
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93. Por otro lado, ha sido alegado por la Comisión y por los representantes que aproximadamente ocho días después de los hechos, tres hombres vestidos de militar, supuestamente provenientes de la base militar de Carepa, llegaron a Pueblo Bello en helicóptero y, con base en una lista, repartieron sobres que contenían 50 mil pesos entre familiares de las presuntas víctimas, aunque muchas de ellas no los recibieron. Al respecto, durante la audiencia pública el Estado no controvirtió el dicho de los testigos en este sentido. En opinión de los representantes, esto también demostraría la vinculación de militares con los hechos del caso, pues constituye una acción de reconocimiento de la propia responsabilidad, por hechos realizados por el Ejército, en especial por el Jefe Militar de Urabá.
94. De tal manera, una aclaración al respecto fue solicitada por la Corte como prueba para mejor resolver (supra párr. 32), en el sentido de explicar si efectivamente ocurrió y cuál habría sido la naturaleza y motivación del acto jurídico o administrativo que hubiese dispuesto esas entregas. El Estado presentó cierta información en este sentido (supra párr. 37), una vez vencido el plazo para ello y luego de que le fuera reiterada en tres oportunidades. El Estado informó que, según la Agenda Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Subdirectora de Atención de Víctimas de la Violencia) y el Grupo de Presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, “no se encontró registro que evidencie la entrega de recursos con ocasión de la […] masacre” de Pueblo Bello, así como tampoco “pago alguno [de proveedores] para la vigencia fiscal 1990 y 1991 con cargo al corregimiento de Pueblo Bello”. Esta información, además de ser manifiestamente extemporánea (supra párr. 32), no desvirtúa lo dicho por los testigos, no aclara lo solicitado por la Corte, ni desvirtúa el carácter de indicio que tiene ese hecho.
VII
HECHOS PROBADOS
95. Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el expediente del presente caso y las manifestaciones de las partes, la Corte considera probados los siguientes hechos:
El conflicto armado interno en Colombia y los grupos armados ilegales denominados “paramilitares”
95.1 A partir de la década de los sesenta del siglo XX surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional”. Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió el Decreto Legislativo No. 3398 “por el cual se organiza la defensa nacional”, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley No. 48 de 1968 (con excepción de los artículos 30 y 34). Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación de “grupos de autodefensa”. En la parte considerativa de esta normativa se indicó que “la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la Nación” y, al respecto, el referido artículo 25 estipuló que “[t]odos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, pod[í]an ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuy[eran] al restablecimiento de la normalidad”. Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que “[e]l Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. “Grupos de autodefensa” se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales .
95.2 En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de “grupos de autodefensa” entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico .
95.3 En la década de los ochenta, principalmente a partir de 1985, se hace notorio que muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados “paramilitares”. Primeramente se desarrollaron en la región del Magdalena Medio y se fueron extendiendo a otras regiones del país .
95.4 El 17 de diciembre de 1986 Colombia emitió el Decreto No. 3664 “Por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público”, el cual establecía, inter alia:
Artículo 1º. Mientras se halle turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, el que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y en el decomiso de dicho elemento […]
95.5 El 27 de enero de 1988 Colombia emitió el Decreto Legislativo No. 0180 “por el cual se complementan algunas normas del Código Penal y dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público”. En este decreto se tipificó, inter alia, la pertenencia, promoción y dirección de grupos de sicarios, así como la fabricación o tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional. Posteriormente, este decreto fue elevado a legislación permanente mediante el Decreto No. 2266 de 1991 .
95.6 El 14 de abril de 1988 se emitió el Decreto No. 0678 “Por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público en la zona del Urabá Antioqueño”. Por este decreto, emitido, inter alia, bajo las siguientes consideraciones:
[…] Que uno de los factores de perturbadores del orden público, ha sido la acción violenta de grupos de antisociales […];
Que uno de los sectores más afectados por dichas actividades delictivas, ha sido la zona geográfica del Urabá Antioqueño;
Que los recientes genocidios perpetrados por grupos de antisociales en los Municipios de Turbo y Apartadó, han contribuido a agravar la ya perturbada situación de orden público, causando honda consternación en el país;
Que es deber del Gobierno, ante lo crítico de esta situación, adoptar las medidas tendientes a restablecer el orden público y la paz en esa convulsionada región del país;
Que la situación que afronta el Urabá Antioqueño la constituye en zona de emergencia y de operaciones militares que requiere de medidas especiales de orden público […]
se decretó:
Artículo 1º Decl[arar] zona de emergencia y de operaciones militares la región del Urabá Antioqueño […]
Artículo 2º Cre[ar] la Jefatura Militar del Urabá Antioqueño con sede en Carepta y cuya jurisdicción comprende los siguientes Municipios del Departamento de Antioquia: Turbo, Arboletes, Necoclí, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, Carepa, San Pedro de Urabá y Dabeiba. El Jefe Militar del Urabá Antioqueño será un Oficial General o de Insignia de las Fuerzas Militares en servicio activo y dependerá del Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 3º El Gobernador de Antioquia, los Alcaldes de los Municipios citados en el artículo 2º de este Decreto y todas las autoridades civiles que ejerzan funciones en el área geográfica que integra el Urabá Antioqueño, están obligadas a prestarle al Jefe Militar la colaboración que éste les solicite encaminada a tomar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden público de dicha zona.
Artículo 4º El Jefe Militar ejercerá en la zona geográfica del Urabá Antioqueño las siguientes funciones:
a) Mantener el orden público en la zona de su jurisdicción;
b) Determinar las medidas que sobre orden público se requieran y coordinar con los Alcaldes de la zona su ejecución;
c) Adoptar las medidas policivas tendientes al mantenimiento del orden público, tales como: Prohibir el porte de armas y el expendio y consumo de licores, decretar el toque de queda, reglamentar las reuniones y desfiles en sitios públicos y prohibir el tránsito de personas o de vehículos en determinadas zonas de su jurisdicción;
d) Disponer de la Fuerza Pública y del Personal del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, que actúe dentro del territorio de su jurisdicción; […]
h) Dictar, en caso de urgencia o gravedad, con carácter de provisionales, y con vigencia de sesenta (60) días, órdenes o disposiciones administrativas o disciplinarias, que no siendo de su incumbencia, juzgue indispensables para el mantenimiento del orden público, las cuales tendrán carácter definitivo cuando sean aprobadas por el Gobernador de Antioquia […]
Artículo 10º Autoriz[ar] al Gobernador de Antioquia para delegar en el Jefe Militar del área geográfica del Urabá Antioqueño, aquellas de sus atribuciones legales, que considere indispensables para el más eficaz cumplimiento del presente Decreto […]
95.7 El Jefe Militar del Urabá Antioqueño fue nombrado mediante el Decreto No. 0680 de 15 de abril de 1988 . El Decreto No. 0769 de 26 de abril de 1988 adicionó y aclaró el Decreto No. 0678 de 1988 (supra párr. 95.6) .
95.8 El 9 de abril de 1989 se emitió el Decreto No. 0813, que dispuso la creación de una “Comisión Asesora y Coordinadora de las acciones contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares” .
95.9 El 19 de abril de 1989 se emitió el Decreto No. 0815, mediante el cual se suspendió la vigencia del parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo No. 3398 de 1965 (supra párr. 95.1), el cual facultaba al Ministerio de Defensa Nacional para autorizar a los particulares el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En la parte considerativa del Decreto No. 0815 se indicó que “la interpretación de[l Decreto legislativo No. 3398 de 1965, adoptado como legislación permanente por la Ley No. 48 de 1968, dada] por algunos sectores de la opinión pública, ha causado confusión sobre su alcance y finalidades, en el sentido de que se puedan llegar a tomar como una autorización legal para organizar grupos civiles armados que resultan actuando al margen de la Constitución y las leyes”. Posteriormente, mediante sentencia de 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequible” el referido parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo No. 3398 de 1965 .
95.10 El Decreto No. 0814 de 19 de abril de 1989 dispuso la creación del “Cuerpo Especial Armado contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares” . Al respecto consideró:
[…] Que la declaratoria de estado de sitio obedeció, entre otras razones, a la acción de grupos armados que atentan contra la paz pública y pretenden desestabilizar las instituciones legítimamente constituidas;
Que entre los grupos armados que subvierten el orden público existen diversas modalidades criminales, entre ellas la de los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, cuya acción se ha intensificado por su conocida dependencia o vinculación con los agentes del narcotráfico atentando gravemente contra la seguridad ciudadana y creando un ambiente de incertidumbre y zozobra;
Que la alteración del orden público que han generado estos grupos criminales es de tal magnitud que para su restablecimiento se hace necesario acudir a procedimientos y organismos que permitan aunar esfuerzos con el fin de conjurar las acciones perturbadoras de la paz nacional;
Que para este efecto se hace indispensable crear un Cuerpo Armado Especial para combatir dichos grupos .
95.11 El mismo 19 de abril de 1989 el Estado emitió el Decreto No. 0815 “por el cual se suspenden algunas normas incompatibles con el estado de sitio”. Este decreto dispuso, inter alia:
Artículo 1º […] adopt[ar] como legislación permanente por el parágrafo del artículo 1º de la Ley 48 de 1968, que es del siguiente tenor:
“Artículo 33, parágrafo 3º El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los Comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén considerados como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.
Artículo 2 Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, la utilización a que se refiere el artículo 25 del Decreto legislativo 3398 de 1965 [(supra párr. 95.1)], sólo será procedente mediante decreto del Presidente de la República, refrendado y comunicado por los Ministros de Gobierno y de Defensa Nacional.
Dicha utilización sólo podrá tener por finalidad la colaboración de la población civil en actividades no agresivas y en ningún momento implicará la entrega de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas ni la autorización de su porte y utilización […]
95.12 El 8 de junio de 1989 el Estado emitió el Decreto No. 1194 “por el cual se adiciona el Decreto legislativo No. 0180 de 1988, para sancionar nuevas modalidades delictivas, por requerirlo el restablecimiento del orden público”. En la parte considerativa de esta norma se expuso que “los acontecimientos que vienen ocurriendo en el país, han demostrado que existe una nueva modalidad delictiva consistente en la comisión de actos atroces por parte de grupos armados, mal llamados ‘paramilitares’, constituidos en escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada, cuya existencia y acción afectan gravemente la estabilidad social del país, las cuales deben reprimirse para lograr el restablecimiento del orden y la paz públicos”. En este decreto se tipificó la promoción, financiación, organización, dirección, fomento y ejecución de actos “tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares”. También se tipificó la vinculación y pertenencia a dichos grupos, así como el instruir, entrenar o equipar “a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de las actividades delictivas” de los referidos grupos armados. Asimismo, se estipuló como agravante de las anteriores conductas el que fueran “cometidas por miembros activos o retirados de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional o de organismos de seguridad del Estado”. Posteriormente, este decreto fue elevado a legislación permanente mediante el Decreto No. 2266 emitido el 4 de octubre de 1991 .
95.13 El 31 de julio de 1990 se emitió el Decreto No. 1685, que dispuso derogar los Decretos legislativos No. 678 (supra párr. 95.6) y No. 679 de 1988 .
95.14. El 14 de diciembre de 1990 el Estado emitió el Decreto No. 3030/90 “por medio del cual se establecen los requisitos para la rebaja de penas por confesión de delitos cometidos hasta el 5 de septiembre de 1990” .
95.15 El 4 de octubre de 1991 se emitió el Decreto No. 2266 “por el cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades de estado de sitio”, a saber los Decretos legislativos Nos. 3664 de 1986, 1198 de 1987, 1631 de 1987, 180 de 1988, 2490 de 1988, 1194 de 1989, 1856 de 1989, 1857 de 1989, 1858 de 1989, 1895 de 1989, 2790 de 1990 y 099 de 1991 .
95.16 El 17 de diciembre de 1993 se emitió el Decreto No. 2535 “por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos” .
95.17 El 11 de febrero de 1994 el Estado emitió el Decreto No. 356/94 “por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada” .
95.18 El 26 de diciembre de 1997 el Estado emitió la Ley 418 “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. Esta ley fue prorrogada mediante la Ley 548 de 23 de diciembre de 1999 y la Ley 782 de 23 de diciembre de 2002 . El Estado reglamentó la citada Ley en varias ocasiones, a saber: el 22 de enero de 2003 a través del Decreto No. 128 , el 24 de noviembre de 2003 a través del Decreto No. 3360 , y el 31 de agosto de 2004 el Estado a través del Decreto No. 2767 .
95.19 El 25 de febrero de 2000 se emitió el Decreto No. 324 “Por el cual se crea el Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y demás grupos al margen de la ley” .
95.20 El 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley No. 975, llamada “Ley de Justicia y Paz”, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, la cual fue sancionada y publicada el 25 de julio de 2005 .
Respecto del contexto histórico de Pueblo Bello y al momento de la masacre
95.21 El corregimiento de Pueblo Bello era un caserío dedicado mayormente a la agricultura, situado al suroeste de la ciudad de San Pedro de Urabá y al noreste de la ciudad de Turbo, ubicado en el municipio del mismo nombre, que se encuentra en el Urabá antioqueño, zona que forma la parte oeste del Departamento de Antioquia. Dicho Departamento limita con los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Chocó .
95.22 En los años cincuenta se construyó una carretera al mar, mediante la cual se comunicó a Medellín con el golfo de Urabá. Dicha carretera conllevó la valorización de las tierras de la región y la convergencia de las fuerzas económicas – madera, ganado y banano – que determinarían la estructura económica de Urabá y, en consecuencia, su situación política y social. Los negociantes de tierra y ganado adquirieron los predios y desplazaron a los campesinos, lo cual llevó al crecimiento de la ganadería en esta región .
95.23 Durante el período comprendido entre 1960 y 1990, con la llegada a Urabá de una gran empresa bananera en los años sesenta, la vía entre Chigorodó y Turbo se convirtió en el muy rentable llamado ‘Eje Bananero’. Con esto, los ganaderos que habían adquirido tierras en los años cincuenta y que no se convirtieron en empresarios agrícolas, tuvieron que migrar con su ganado a zonas limítrofes con el Eje, causando nuevos conflictos de tierras. El crecimiento de Pueblo Bello y San Pedro de Urabá, entre otros, fue uno de los resultados de este período .
95.24 Frente a este desarrollo surgieron, en los años setenta, algunas corrientes políticas campesinas que pretendían llevar a cabo una reforma agraria y reclamaban una mejora de los servicios públicos por parte del Estado, y que recurrieron a la invasión de grandes latifundios. Por otra parte, las demandas populares fueron respaldadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante “FARC”) y el Ejército de Liberación Popular (en adelante “ELP”), para quienes esta región era de gran importancia estratégica, ya que además de ser una zona donde cobraban “impuestos de guerra” a los comerciantes y ganaderos, constituía un corredor hacia el Eje Bananero, donde la guerrilla tenía gran influencia sindical y política .
95.25 Como reacción a la insurgencia guerrillera, el paramilitarismo se extendió a la región de Urabá. Fidel Castaño Gil, líder de grupos paramilitares en esta región, era un importante hacendado y ganadero en el municipio de Valencia en el occidente de Córdoba, donde tenía varias fincas, entre éstas “Las Tangas” .
95.26 A su vez, ante la fuerza alcanzada por las guerrillas, así como ante la agitación social y política, y la declaración de paros cívicos y laborales, el gobierno creó en 1988 la Brigada XI en Montería, la Brigada Móvil Número Uno y la Jefatura Militar de Urabá (supra párr. 95.6) .
95.27 Entre 1988 y 1990 hubo más de veinte masacres de campesinos y sindicalistas cometidas por paramilitares. En el mismo lapso, Fidel Castaño llevó a cabo varias masacres desde sus propiedades .
95.28 Las instalaciones militares en los alrededores de Pueblo Bello consistían en un retén en la vía que conduce de Pueblo Bello a San Pedro de Urabá, y en la base militar de San Pedro de Urabá; esta última perteneciente al Batallón de Infantería No. 32 “Francisco de Paula Vélez” con sede en Carepa, Antioquia. A su vez, existían tanto el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Vélez” con sede en San Pedro de Urabá, como el Batallón Voltígeros con sede en Carepa. Por otro lado, existía un Comando de Policía con sede en San Pedro de Urabá, cuyo Departamento se encontraba ubicado en Carepa .
95.29 Dado que tanto la guerrilla como el Estado usaron a la población civil para respaldar acciones militares, ésta se convirtió en uno de los objetivos centrales de la confrontación .
Los hechos de enero de 1990
95.30 Entre el 13 y 14 de enero de 1990 un grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente armados, pertenecientes a una organización paramilitar creada por Fidel Antonio Castaño Gil denominada “los tangueros” por la relación de éstos con su finca “Las Tangas”, salieron de la finca “Santa Mónica” de su propiedad, ubicada en el municipio de Valencia, Departamento de Córdoba. Su propósito era realizar un ataque en el corregimiento de Pueblo Bello, para secuestrar a un grupo de individuos presuntamente colaboradores de la guerrilla con base en una lista de la que eran portadores .
95.31 La motivación personal de Fidel Castaño para realizar dicho ataque habría sido que a finales de diciembre de 1989 la guerrilla habría robado varias cabezas de ganado de su propiedad y las habrían transportado a través de Pueblo Bello hacia otra localidad. En razón de este hecho, Fidel Castaño habría considerado que los habitantes de Pueblo Bello fueron autores o cómplices de dicho robo. Además, en fecha no determinada el “mayordomo” de la finca “Las Tangas” habría sido asesinado en la plaza de Pueblo Bello .
95.32 El 14 de enero de 1990, entre las 20:30 y las 22:50 horas de la noche, incursionó violentamente en el corregimiento de Pueblo Bello dicho grupo de paramilitares, en dos camiones marca Dodge-600, aparentemente hurtados, divididos en cuatro grupos. Cada grupo estaba al mando de un “jefe de comisión” y tenía funciones específicas: ocupar el centro de la población y “capturar” a las personas “sospechosas”; cubrir las vías de escape aledañas a Pueblo Bello; y bloquear las vías que de Pueblo Bello conducen a Turbo y a San Pedro de Urabá. Dichos paramilitares portaban armas de fuego de diferente calibre, vestían de civil, así como prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, y llevaban en el cuello trapos rojos y rosados .
95.33 Los paramilitares saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas a un número indeterminado de hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Asimismo, algunos miembros del grupo armado ingresaron a la iglesia ubicada frente a dicha plaza, donde ordenaron a las mujeres y niños que permanecieran en el interior y a los hombres que salieran y se dirigieran a la plaza. Allí los colocaron boca abajo en el suelo y, lista en mano, escogieron a 43 hombres que fueron amarrados, amordazados y obligados a abordar los dos camiones utilizados para el transporte de los paramilitares .
95.34 Por otra parte, algunos de los paramilitares incendiaron un establecimiento comercial y una vivienda, presuntamente propiedad del sujeto de nombre “Asdrúbal”, a quien no habían logrado capturar .
95.35 Fueron secuestradas las siguientes personas: José del Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresott Romero, Víctor Argel Hernández, Genor Arrieta Lora, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Benito Genaro Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz (o Cruz Ruiz), Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo Antonio Durango Moreno, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Uberto Fuentes Miramón, Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Santiago Manuel González López, Carmelo Manuel Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio Miguel Úrzola Sotelo, Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel López Cuadro, Mario Melo Palacio, Carlos Antonio Melo Uribe, Juan Bautista Meza Salgado, Pedro Antonio Mercado Montes, Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco, Luis Carlos Ricardo Pérez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Elides Manuel Ricardo Pérez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Berrío, Célimo Arcadio Hurtado, Jesús Humberto Barbosa Vega, Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez, Ricardo Bohórquez Pastrana y Jorge David Martínez Moreno. De éstos, los 37 primeros se encuentran desaparecidos. Por su parte, los señores Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez, Ricardo Manuel Bohórquez Pastrana y Jorge David Martínez Moreno fueron privados de su vida (infra párr. 95.75). A su vez, Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco y Miguel Antonio Pérez Ramos eran niños al momento de los hechos .
95.36 Los dos camiones, con las personas secuestradas, salieron de Pueblo Bello aproximadamente a las 23:30 horas y se desplazaron nuevamente hacia la finca “Santa Mónica” por el camino que comunica Pueblo Bello con San Pedro de Urabá en una zona declarada “de emergencia y de operaciones militares” .
95.37 El retén ubicado entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá tenía por función controlar el tránsito de vehículos y personas. La requisa consistía en solicitar los documentos de identidad a los transeúntes, revisar los vehículos, sus ocupantes y carga y de todo tipo de tránsito durante los paros armados. Cuando se declaraba un paro armado los retenes militares de la zona funcionaban de seis de la mañana a seis de la tarde y luego de esa hora se cerraba el paso a todo vehículo hasta el día siguiente .
95.38 Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 15 de enero de 1990, llegaron a la finca “Santa Mónica”, donde fueron recibidos por Fidel Castaño Gil, quien ordenó que los individuos secuestrados fueran conducidos hasta una playa del río Sinú, ubicada en la finca “Las Tangas”. Una vez allí, Fidel Castaño Gil dispuso retirar los camiones y que los detenidos fueran divididos en dos grupos de tres a cinco personas para interrogarlos “sobre un ganado que se le había perdido días antes […] y sobre la muerte de Humberto Quijano […]” .
95.39 Durante dichos interrogatorios, a algunos de los secuestrados les cortaron las venas, las orejas, los órganos genitales o les “chuzar[on]” los ojos .
95.40 Como resultado de esos primeros actos, habrían perdido la vida 20 personas. Los sobrevivientes habrían sido trasladados a una arboleda para evitar que fueran vistos. Alrededor de las siete de la mañana del 15 de enero de 1990, Fidel Castaño Gil procedió personalmente con el interrogatorio; los sobrevivientes habrían sido “golp[eados] a patadas y puñetazos”, hasta su muerte .
95.41 Posteriormente, los paramilitares trasladaron los cadáveres a las fincas “Las Tangas”. Cerca de 22 cadáveres fueron transportados hacia otra playa del Río Sinú en la misma finca “Las Tangas”, donde habrían sido enterrados . No obstante, a la fecha de la presente Sentencia no se conoce el paradero de 37 de las presuntas víctimas (supra párr. 95.35).
95.42 En la mañana del 15 de enero de 1990 varios familiares de las personas secuestradas se dirigieron a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. En la base fueron recibidos por el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido, quien les indicó que los camiones que transportaban a las personas retenidas en Pueblo Bello no habían pasado por el retén militar y mencionó que los pobladores de Pueblo Bello “cambiaron gente por ganado”. Los familiares de las presuntas víctimas recibieron poca ayuda de las autoridades en la búsqueda de los desaparecidos .
95.43 Aproximadamente una semana después de ocurridos los hechos, algunos familiares de las personas desaparecidas, acompañados por personal de la Procuraduría, revisaron la base militar para verificar si los secuestrados se encontraban allí, pero no encontraron a nadie .
95.44 Ocho días después de los hechos, hombres vestidos de militar, supuestamente provenientes de la base militar de Carepa, llegaron a Pueblo Bello en helicóptero y, con base en una lista, repartieron sobres con 50.000,00 pesos entre familiares de las personas desaparecidas pero muchas de ellas no los recibieron .
En relación con las actuaciones de investigación y los procedimientos judiciales y administrativos realizados a nivel interno
Jurisdicción penal militar
95.45 El 24 de enero de 1990 el Distrito Especial de Urabá No. 9 del Departamento de Policía de Antioquia informó a los técnicos investigadores de la Procuraduría Nacional que había dado aviso a la Jefatura Civil y Militar de Urabá sobre los hechos acaecidos en Pueblo Bello .
95.46 El 30 de enero de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar dispuso abrir una indagación preliminar “con el fin de determinar si hubo violación de la ley penal por parte de las tropas acantonadas en San Pedro de Urabá” .
95.47 Entre el 30 de enero y el 3 de abril de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar llevó a cabo diligencias probatorias, principalmente recepción de declaraciones, tendientes a determinar la posible conducta omisiva de miembros de las Fuerzas Militares en los hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, así como a determinar la existencia de “trochas carreteables” por las cuales se podía haber evitado el paso por el retén militar .
95.48 El 20 de abril de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar resolvió:
Abstenerse de abrir la correspondiente investigación penal por presuntas irregularidades en que haya podido incurrir algún miembro de la Compañía orgánica del Batallón de Infantería No. 32 “Francisco de Paula Vélez” […]
Compulsar copia de la publicación del periódico El Espectador sobre la entrevista de MARIANO VALENZUELA AGUILAR, de las declaraciones de los particulares ABEL ANTONIO LARA QUEVEDO y DIVA DEL SOCORRO ARROYO BLANCO y del Teniente de la Policía EVELIO MONTAÑA PERDOMO, al Juzgado de Instrucción Criminal de Reparto, para que se investigue el presunto falso testimonio en que incurrió el edil VALENZUELA AGUILAR .
[Dicho Juzgado hizo las siguientes consideraciones: Se deduce que al haber pasado los camiones desocupados por el retén de San Pedro de Urabá a Pueblo Bello, éstos pudieron ser hurtados por el grupo paramilitar de Fidel Castaño o alguna columna subversiva, y luego de perpetrar el secuestro de los campesinos, éstos pudieron llegar a algún camino determinado pasando la gente haciendo uso de algún otro medio de transporte y regresando los vehículos por el retén desocupados, ya que los que son conocedores de la región, manifiestan que no hay caminos carreteables sino trochas…] El [juzgado se abstiene de abrir la correspondiente investigación penal, ya que se establece que ningún miembro militar de la compañía acantonada incurrió en alguna conducta punible…]
95.49 El 21 de agosto de 1990 se publicó una nota periodística en un periódico nacional sobre la participación de militares en algunas masacres. En dicha nota se
citó una carta de un suboficial de nombre Silva, responsable de un retén en Puerto Bello, provincia de Urabá (noroeste de Colombia), en la que el militar declara que sus superiores le ordenaron que saliera de la zona, donde después se encontraron los cuerpos de 42 campesinos en la finca de un traficante de droga […]Según la carta del suboficial Silva, fechada 14 de enero [de 1990], esos campesinos ‘debieron pasar obligatoriamente por el retén’ .
95.50 El 28 de agosto de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar, con base en un oficio y en una nota de prensa de 21 de agosto de 1990, resolvió:
PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha veinte (20) de abril de mil novecientos noventa (1990).
SEGUNDO: Practíquense todas las diligencias a que haya lugar tendientes al esclarecimiento de los hechos y a determinar el mérito de la posible apertura de la investigación .
95.51 El 8 de noviembre de 1990 el CP. Edison Silva Molina rindió declaración ante el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar .
95.52 El 13 de noviembre de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar resolvió:
PRIMERO: Abstenerse de abrir investigación penal por cuanto el hecho que se investiga no ha sido cometido por ningún militar […]
[Consideró que la declaración de Silva no aporta ningún elemento de valor que permita continuar las diligencias]
95.53 El 9 de marzo de 1994 el Comandante del Ejército Nacional dirigió un oficio al Comandante de la Decimoséptima Brigada de Carepa en Antioquia, mediante el cual manifestó que
[a] fin de que se adelante la correspondiente investigación a que haya lugar, adjunto envío a ese Comando las diligencias, junto con la Resolución No. 006 del 27-NOV-91, emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, así como el auto de la Fiscalía Regional Delegada de Medellín, de fecha 04-FEB-94, para que se establezca la responsabilidad penal del personal militar que para el día 14-ENE-90 integraba un retén, vía a San Pedro de Urabá, el cual permitió el paso de dos camiones hurtados de placas IB-3544 y UU-0783, con cuarenta y tres campesinos secuestrados y conducidos desde el Corregimiento de Pueblo Bello Municipio de Turbo, por un grupo armado de aproximadamente treinta hombres, facilitándoles así con la omisión, la desaparición de los secuestrados […]
95.54 El 23 de marzo de 1994 la Ayudantía del Comando de la Decimoséptima Brigada recibió las copias referidas en la comunicación de 9 de marzo de 1994 (supra párr. 95.53). Dicho Comando las remitió al Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar para que “adelant[ara] la correspondiente investigación a que [hubiere] lugar.”
95.55 El 11 de septiembre de 1995 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar resolvió “abstenerse de abrir investigación […] por no haberse establecido infracción a la ley penal”. Esta decisión se fundamentó en las diligencias que obraban en el expediente correspondiente a la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación y que en su opinión existían “varias alternativas que permitían a los bandidos desviarse por otras carreteras para elud[i]r el control militar” .
Jurisdicción Penal Ordinaria
a) Primeras diligencias de carácter investigativo y actuaciones de órganos administrativos y jurisdiccionales
95.56 El 15 de enero de 1990, luego de haberse dirigido a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de las presuntas víctimas hasta ese momento desaparecidas (supra párr. 95.35), algunos de sus familiares denunciaron los hechos ocurridos en Pueblo Bello ante el Municipio de Turbo. En consecuencia, la Personería Municipal ordenó la remisión de copia de las actuaciones a los Jueces de Instrucción Criminal radicados en Turbo y a la Procuraduría Regional de Apartadó .
95.57 El 15 de enero de 1990 el Secretario de Gobierno del Departamento de Antioquia remitió un informe de orden público a la Gobernadora de dicho Departamento, mediante el cual informó, con base en “información […] recibida del Alcalde del Municipio de Turbo”, sobre los hechos ocurridos el día anterior en Pueblo Bello. Además, indicó que “había hablado telefónicamente con el General Clavijo[, quien le] comunicó que se estaban adelantando las investigaciones pertinentes”.
95.58 El 16 de enero de 1990 el Juzgado 65 de Instrucción Criminal de Turbo recibió las actuaciones relacionadas con los hechos de Pueblo Bello, que le correspondieron por reparto. Dos días después, con base en la comunicación emitida por la Personería Municipal de Turbo (supra párr. 95.56), ordenó la práctica de diligencias preliminares “con el fin de establecer la existencia del hecho, aportar las pruebas conducentes, y a lograr la individualización de todos y cada uno de los autores o partícipes del hecho […]” .
95.59 El mismo 16 de enero de 1990 la Dirección Seccional de Instrucción Criminal de Medellín remitió al Juzgado de Orden Público de reparto un informe de los sucesos ocurridos en Pueblo Bello, emitido por la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia (supra párr. 95.57), para que asumiera la investigación al respecto .
95.60 El 17 de enero de 1990 la Alcaldía Municipal de Turbo emitió un comunicado a la opinión pública que establecía, inter alia, que:
El Alcalde Municipal de Turbo se permite informar que el día domingo 15 de enero del presente año […] un grupo de desconocidos […] incursionó violentamente en el Corregimiento de Pueblo Bello […] secuestrando […] a 40 campesinos […] a quienes se llevaron en dos caminos, por la vía que conduce al Municipio de San Pedro de Urabá […]
[…] se solicita la valiosa colaboración de la ciudadanía […] informando a la autoridades de los hechos o pistas que puedan finalizar con el rescate de los […] desaparecidos, con la plena seguridad de que se les garantizará la más absoluta reserva .
95.61 El 17 de enero de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín recibió las actuaciones relacionadas con los hechos de Pueblo Bello, que le fueron remitidas por el Juzgado Primero de Orden Público de esa ciudad. Un día después, el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín dispuso la práctica de diligencias preliminares para identificar o individualizar a los autores o partícipes del hecho delictivo .
95.62 El 23 de enero de 1990 el Jefe del Puesto Operativo de Apartadó del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (en adelante “DAS”) remitió un oficio a la Visitaduría Delegada de Derechos Humanos y a la Procuraduría Regional de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual informó:
[en días anteriores, ni] en el corregimiento de Pueblo Bello, ni en ninguna otra jurisdicción, [habían] adelantado operativos de ninguna naturaleza, por carecer de medios de transporte, material de guerra, personal suficiente para tal fin; y que esta zona (Pueblo Bello), se considera de alto riesgo y zona roja.
Esta Jefatura expidió misión No. 008 de fecha 15 de enero de 1990, tendientes a investigar sobre la presunta desaparición o secuestro de las 39 personas en el corregimiento de Pueblo Bello, con resultados negativos hasta el momento.
De igual forma, se ordenó despliegue de inteligencia, en los municipios de Apartadó y Turbo, con iguales resultados […]
95.63 El 29 de enero de 1990 el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial de la Seccional de Instrucción Criminal del Departamento de Antioquia, con base en las declaraciones de 29 testigos, informó a la Jueza Cuarta de Orden Público de Medellín de lo ocurrido en Pueblo Bello el 14 de enero de 1990. El Cuerpo Técnico de la Policía Judicial hizo notar que
[…] en el trayecto de Pueblo Bello a San Pedro de Urabá, existen dos retenes Militares, el primero a la altura del corregimiento de San José y el otro a la altura de San Pedro de Urabá (Entrada) […]
Asimismo, informó que se había establecido que los vehículos utilizados para trasladar a los campesinos habían sido hurtados “el mismo día de los hechos”.
Por otra parte, dicho informe estableció que
[…] el día Martes 16 [de enero de 1990] varios de los ofendidos se dirigieron a San Pedro, con el fin de solicitarle colaboración al Comandante del Ejército y manifiestan los ofendidos que les contestó: “No vengan a a[v]eriguar nada que aquí no hay nadie, a caso no recuerdan que cuando el robo del ganado ninguno de Ustedes dijo nada, cambiaron vidas humanos por animales y retírense”[…]
95.64 El 31 de enero de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín en comisión en Turbo, teniendo en cuenta las pruebas recolectadas hasta ese momento […], ordenó el allanamiento de la finca “Las Tangas”, y libró oficio a la Jefatura Militar del Urabá para que procediera al registro y allanamiento de dicha hacienda .
95.65 El 1º de febrero de 1990 el Departamento de Policía de Córdoba dirigió a la Dirección Operativa de la Policía Nacional un informe sobre el hallazgo de los dos camiones con placas UU-07-83 y IB-35-44, los cuales fueron encontrados en la tarde del 15 de enero de 1990 en la vía que conduce de Montería a Arboletes. A dichos camiones se le practicó exploración criminalística por parte del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, con el fin de localizar “líquidos y fluidos orgánicos como sangre y elementos que hayan sido empleados en la comisión de ilícitos dando resultados negativos, localizando sólo manchas de plátanos” .
95.66 El 2 de febrero de 1990 el Jefe Militar del Urabá informó al Juzgado Cuarto de Orden Público que el 15, 16 y 17 de enero de 1990 se habían realizado operaciones de registro en la finca “Las Tangas”, con resultados negativos. Asimismo, comunicó que la inspección realizada el 31 de enero y 1º de febrero de 1990 tampoco había arrojado resultados positivos .
95.67 El 1º y 3 de febrero de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín recibió las declaraciones de dos personas quienes hablaron de la presunta relación entre paramilitares y militares en la tarde del día de los hechos .
95.68 El 6 de febrero de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público ordenó el registro y allanamiento de las fincas “Linares”, “Villa Nueva”, “Quetendama” y “Las Tangas”, y libró oficio a tales efectos a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Además, declaró abierta la investigación por violación al Decreto No. 180 de 1988 (Estatuto para la defensa de la Democracia), con base en las diligencias hasta entonces realizadas .
95.69 Por medio de oficio fechado 22 de febrero de 1990, la Jefatura Militar de Urabá informó al Juez Cuarto de Orden Público de Medellín los avances que esa unidad había llevado a cabo con el fin de encontrar a las 43 personas desaparecidas en Pueblo Bello. Dicho oficio aclara que
[…] el Oficial Teniente FABIO ENRIQUE RINCON PULIDO no fue el Comandante del retén ubicado en la salida de San Pedro para la época de los hechos, sino que fue quien atendió a la comisión de Derechos Humanos cuando fueron a verificar si habían o no retenidos allí.
El personal que conformó el retén el día [14 de enero de 1990] comandado por el Subteniente BARRERA VEGA, NESTOR ENRIQUE fue: Cabo Primero SILVA MOLINA EDISON, Soldado RODRIGUEZ TAMAYO JOSE, Soldado TRUJILO GARCIA LUIS, Soldado SALGAR CASTAÑO JHON, Soldado CARDONA PATIÑO EDWIN, Soldado VERGARA ATEHORTUA OMAIRO, Soldado OSPINA ECHEVERRIA GABRIEL, Soldado ORTIZ GRAJALES HUMBERTO, Soldado OSPINA BEDOYA HELMER, Soldado OCHOA ALVAREZ JORGE y Soldado MURIEL JOSE […]
95.70 El 4 de abril de 1990 el paramilitar Rogelio de Jesús Escobar Mejía se presentó voluntariamente ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y confesó haber participado en los hechos de Pueblo Bello, así como en otros hechos relacionados con el grupo paramilitar “los tangueros”. Su confesión contribuyó al hallazgo de los cadáveres en las fincas “Las Tangas” y “Jaraguay” (infra párr. 95.74) .
95.71 El 10 de abril de 1990 la jueza a cargo del Juzgado Séptimo de Instrucción Criminal Radicado, acompañada de varios miembros del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, se apersonó a la finca “Jaraguay”, colindante con la finca “Las Tangas”, para efectuar un “levantamiento” de cadáveres. El resultado de la diligencia fue el hallazgo de cuatro cadáveres en estado de osamenta .
95.72 El 12 de abril de 1990 se trasladaron el Juez y Secretario del Juzgado 19 de Instrucción Criminal Radicado a la finca “Las Tangas”, para llevar a cabo una diligencia de exhumación de cadáveres. En esta ocasión fueron encontrados cuatro cadáveres. Respecto de uno de ellos, los peritos que participaron en la diligencia estimaron que, por el estado de descomposición en que se hallaba, debía haberse encontrado enterrado por aproximadamente dos meses y medio. El acta respectiva no señaló el estado en que se encontraban los demás cadáveres y mencionó que “pese a la revisión minuciosa de los bolsillos de las prendas de vestir de los cadáveres no se encontró documento que los identifi[cara]” .
95.73 El 16 de abril de 1990 el Juez y Secretario del Juzgado 15 de Instrucción Criminal Radicado fueron a la finca “Las Tangas” para practicar un “levantamiento” de cadáveres. En el curso de esta diligencia se localizaron ocho fosas, cada una de las cuales contenía restos de cadáveres, los cuales se encontraban maniatados hacia atrás. Los restos hallados fueron en su mayoría restos óseos, algunos de los cuales se encontraban en completo estado de descomposición .
95.74 Como resultado de las exhumaciones realizadas en las fincas “Las Tangas” y “Jaraguay” en abril de 1990 (supra párrs. 95.71 a 95.73) fueron encontrados 24 cadáveres, los cuales fueron llevados al Hospital San Jerónimo de Montería para su reconocimiento por familiares de las personas desaparecidas en Pueblo Bello. Los familiares que acudieron no recibieron ninguna información o colaboración por parte de las autoridades del Estado o del personal del hospital, y debieron proceder por sí mismos al examen de los cadáveres, que se encontraban en estado de descomposición y tirados en el anfiteatro .
95.75 El 19 de abril de 1990, luego de acudir al Anfiteatro del Hospital San Jerónimo de Montería, cuatro habitantes de Pueblo Bello rindieron declaración y manifestaron haber reconocido los cadáveres de los señores Ricardo Bohórquez, Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, Leonel Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez y Jorge David Martínez Moreno .
95.76 En fecha no determinada, los cadáveres no identificados fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de San Antonio, en Montería .
95.77 En fecha no determinada, los presuntos paramilitares Ramiro Enrique Álvarez Porras, Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil Zapata, Pedro Hernán Ogaza Pantoja, Tarquino Rafael Morales Díaz y Elkin de Jesús Tobón Zea fueron capturados en la finca “Las Tangas” y rindieron declaración indagatoria ante el Juzgado Cuarto de Orden Público el 20 de abril de 1990 .
95.78 El 24 y 25 de abril de 1990 Rogelio de Jesús Escobar Mejía se presentó nuevamente ante el DAS a rendir declaración. El 26 de abril de 1990 Rogelio de Jesús Escobar Mejía rindió declaración indagatoria ante el Juzgado Cuarto de Orden Público y confesó hechos relacionados con los hechos de Pueblo Bello. Posteriormente, el 15 y el 29 de mayo y el 12 de junio de 1990 dicha persona rindió declaración ante el Juzgado Primero de Orden Público .
95.79 Por nota de 12 de septiembre de 1990 la Jefatura de la Dirección General de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) suministró a la Jueza Primera de Orden Público información relacionada con los hechos ocurridos en Pueblo Bello. Entre los documentos que acompañaron esta nota se encontraba el “informe rendido de manera libre y espontánea” por Rogelio de Jesús Escobar Mejía. La Dirección General de Inteligencia señaló que dicho testimonio había servido de base para la operación que permitió el hallazgo de varias fosas comunes en las fincas “Jaraguay” y “Las Tangas” en jurisdicción de Valencia (Córdoba), y se refirió a la red de comunicaciones que en ese entonces existía en las fincas de Fidel Castaño Gil:
[…] La organización permanece en estrecho contacto gracias a un sistema de comunicaciones que enlaza a todas las haciendas de FIDEL CASTAÑO, así:
[…] 6. El Puesto de Policía del municipio de Valencia tiene a su disposición una frecuencia para comunicarse con la organización de FIDEL CASTAÑO, avisando oportunamente de la presencia de sospechosos o de la realización de operativos en las fincas del grupo paramilitar.
Asimismo, dicho informe concluye con “sugerencias para la acción operativa e investigativa” que requería la situación, en los siguientes términos:
A. Antes de difundir el presente informe a las instancias judiciales competentes, es conveniente que el Señor Jefe del DAS […] sostenga una reunión con […] el Director Nacional de Instrucción Criminal y Procurador General de la Nación, a fin de proyectar las diligencias de exhumación de cadáveres con la máxima reserva.
B. Para la exhumación de los cadáveres, se aconseja que intervenga el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, sin que tengan conocimiento del operativo autoridades con jurisdicción de Urabá y en Córdoba, debido a que existen indicios sobre la cooperación de algunas de ellas con la organización criminal que dirige FIDEL ANTONIO CASTAÑO GIL.
[…] D. Las diligencias de excavación y exhumación de cadáveres deben concentrarse especialmente en la finca Las Tangas, por existir allí la fosa común con 20 ó 22 cadáveres de los 42 campesinos secuestrados en Pueblo Bello .
95.80 El 21 de octubre de 1994 el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación informó que el 18 de octubre de 1994 se habían iniciado trabajos de levantamiento de cadáveres en el cementerio de San Antonio, en Montería. La realización de excavaciones había sido dispuesta por la Fiscalía Regional de Medellín. El procedimiento fue suspendido debido a que las excavaciones fueron dificultadas por problemas de agua, por lo que el terreno no se encontraba apto para realizar una excavación técnica .
95.81 El 23 de marzo de 1995 la Fiscalía Regional de Medellín comisionó al Cuerpo Técnico de Investigaciones para que coordinara con la División Criminalística de Santa Fe de Bogotá, para realizar la exhumación e identificación de cadáveres que no había podido realizarse en 1994 (supra párr. 95.80) .
95.82 El 21 de abril de 1995 el Cuerpo Técnico de Investigaciones informó que desde el 27 de marzo hasta el 7 de abril del mismo año se habían exhumado 13 cadáveres .
95.83 El 17 de junio de 1997 la Sección Nacional de Identificación del Cuerpo Técnico de Investigación, División Criminalística, emitió un informe sobre el análisis de los restos óseos de los cadáveres exhumados en 1995 (supra párr. 95.81). De acuerdo con este informe se analizaron 13 cadáveres, 12 de los cuales pertenecían a personas de sexo masculino. En este estudio se presentó una evaluación sobre la edad aproximada, el sexo, la raza, la causa de muerte, la estatura y la placa dental de los cadáveres. Asimismo, se elaboraron reconstrucciones gráficas de los cráneos y se recomendó la realización de pruebas de ADN. No consta que esos restos correspondieran a los de las personas desaparecidas en Pueblo Bello .
b) Resoluciones y sentencias en la jurisdicción penal ordinaria
95.84 El 9 de mayo de 1990 el Juzgado Primero de Orden Público resolvió:
Primero.- Abstenerse de proferir medida de aseguramiento en contra de los sindicados Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil Zapata, Ramiro Enrique Álvarez Porras, Tarquino Rafael Morales Díaz, Pedro Hernán Ogaza Pantoja y Elkin de Jesús Tobón Zea […debido a que no existe la más mínima evidencia de que los sindicados sean los presuntos autores o partícipes de la muerte violenta de los cadáveres encontrados en las fosas comunes, pues no existe la prueba legalmente producida en el proceso de la cual surja un indicio grave de responsabilidad].
Segundo.- Oficiar al señor Director de la Cárcel Nacional Las Mercedes de esta ciudad, informándole que los sindicados referidos en el punto anterior, quedan en libertad en lo que concierne al Juzgado, pero a partir de la fecha de este auto quedan a órdenes del Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín. En el mismo sentido, ofíciese al citado despacho judicial .
[El despacho consideró que bien que era evidente que se había violado la ley penal, pues se encontraba plenamente demostrado el hallazgo de varios cadáveres en fosas comunes y con señales de haber sido torturados antes de darles muerte violenta, en la investigación no existía la más mínima evidencia de que los sindicados fuesen los presuntos autores o partícipes de los hechos investigados, ya que no existía prueba de la que surja un indicio grave de responsabilidad. Entonces, al considerarse que no están dadas las exigencias para dictar medidas de aseguramiento, el juzgado se abstiene de proferir tales medidas. Sin embargo, no ordena la libertad de los detenidos, sino que los pone a órdenes del Juzgado Cuarto de Orden Público ya que los sindicados habían sido solicitados por este último juzgado]
95.85 El 15 de mayo de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público dictó resolución sobre la situación jurídica de Fidel Castaño Gil, Ramiro Enrique Álvarez Porras, Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil Zapata, Pedro Hernán Ogaza Pantoja, Tarquino Rafael Morales Díaz, Elkin de Jesús Tobón Zea y Rogelio de Jesús Escobar Mejía. Al respecto resolvió:
1. PROFERIR medida de aseguramiento consistente en DETENCION PREVENTIVA en contra de RAMIRO ENRIQUE ALVAREZ PORRAS, HECTOR DE JESUS NARVAEZ ALARCON, LUIS ANGEL GIL ZAPATA, PEDRO HENAN OGAZA PANTOJA, ELKIN DE JESUSS TOBON y ROGELIO DE JESUS ESCOBAR MEJIA […] por la violación al decreto 180 de 1988, art. 1 y 7, por secuestro, homicidio múltiple y hurto calificado y agravado […]
3. ABSTENERSE de decretar medida de aseguramiento en contra del señor TARQUINO MORALES DIAZ […]
4. ORDENASE la captura de Fidel Castaño Gil, para ser vinculado a este plenario como presunto autor intelectual y material de los hechos […]
5. Ordenar de todos los medios posibles la comparecencia del Teniente FABIO RINCON QUIÑONES para ser vinculado en esta investigación mediante indagatoria.
[Luego de enumerar todas las pruebas, el Juzgado consideró que existía indicio grave en contra de los procesados (salvo de Tarquino Morales Díaz) y por ello profiere medidas de aseguramiento. Entre las pruebas que fundamentan la orden de comparecencia de Rincón Quiñones se encuentran la declaración de Escobar Mejía, y las declaraciones de Jairo Zuluaga Quicero y Nicolás Narváez. También se menciona la declaración de Dennis Beltrán Caravajal, quien dijo haber visto con posterioridad a los hechos de Pueblo Bello a una de las víctimas en compañía de un teniente del ejército.]
95.86 La defensa interpuso un hábeas corpus contra la resolución de 15 de mayo de 1990 (supra párr. 95.85), alegando que el Juzgado Cuarto de Orden Público había emitido resolución sobre la situación jurídica de los imputados en exceso del término legal de detención de los mismos. El 16 de mayo de 1990 el Juzgado Segundo Superior de Montería dio lugar al recurso y dispuso la libertad inmediata de los detenidos
95.87 El 30 de mayo de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público ordenó la captura de Ramiro Enrique Álvarez Porras, Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil Zapata, Pedro Hernán Ogaza Pantoja, Elkin de Jesús Tobón Zea y Rogelio de Jesús Escobar Mejía .
95.88 El 10 de julio de 1990 el Juzgado Primero de Orden Público resolvió sobre la situación jurídica de Rogelio de Jesús Escobar Mejía, y no le concedió el beneficio de la libertad condicional .
95.89 El 19 de octubre de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público se pronunció sobre la conexidad planteada por el Juez Primero de Orden Público entre los hechos delictivos que instruía este último por el secuestro del señor Manuel Alfonso Ospina Ospina, con los adelantados por el Juzgado Cuarto de Orden Público en relación con los hechos de Pueblo Bello. Al respecto, consideró que los diversos episodios delictuosos estaban envueltos en una misma motivación finalista y, en consecuencia, resolvió:
PRIMERO: Enviar el proceso que por Violación al Decreto 180 de 1988 se adelanta en contra de FIDEL CASTAÑO GIL y otros, al Juzgado Primero de Orden Público por concurrencia y ello en razón de la conexidad analizada […]
95.90 El 7 de diciembre de 1990 el Juzgado Primero de Orden Público concedió la gracia de la libertad condicional a Rogelio de Jesús Escobar Mejía, quien “no obstante encontrarse detenido en los procesos que existían en el Juzgado Cuarto de Orden Público y [Juzgado Primero de Orden Público] […] prestó una colaboración eficaz, más que suficiente para identificar perfectamente a los autores intelectuales, y además autores materiales” .
95.91 El 31 de marzo de 1992 la Fiscalía 83 de Instrucción de Orden Público solicitó la captura de Jesús Antonio Roa, Manuel Ospina, Rodrigo Restrepo, Telesforo Morroco, Jairo Mantilla, Hernán Vegadiso Sosa, Iván Rojas y cinco hermanos de este último. Asimismo, solicitó identificar e individualizar a los siguientes alias: “Suqui”, “Tarquino”, “Grillo”, “Arlex”, “Patecumbia”, “El Mosco”, “Chico”, “Roberto”, “Chucho”, “Peludo”, “El Brujo”, “Mauro” y “Cociaca” .
95.92 El 31 de marzo de 1992 la Fiscalía 83 de Instrucción de Orden Público informó que se había encontrado el cuaderno original del expediente correspondiente a las actuaciones ante la jurisdicción de Orden Público, el cual había permanecido extraviado por un cierto tiempo .
95.93 El 11 de marzo de 1993 el Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia condenatoria anticipada en el radicado No. 153 (1227) contra José Otoniel Vanegas Pérez, por haber confesado su participación en el secuestro y homicidio del señor Manuel Alfonso Ospina Ospina.
95.94 El 23 de julio de 1993 la Fiscalía Regional Delegada de Medellín resolvió:
1) PROFERIR MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA, como responsable de violar las disposiciones del Dcto 180/88, Homicidio con fines terroristas art 29, Secuestro en su modalidad de extorsivo art 22, Concierto para delinquir art 7, Instrucción y entrenamiento art 15, Distribución ilegal de Uniformes e insignias art 19, porte ilegal de armas de Uso Privativo Dcto 3664 art 2, Homicidio múltiple art 323 del C.P. en conexidad y con sujeción al art 26 del C.P., de Fidel Castaño Gil de las notas y condiciones civiles conocidas en autos, sin que pueda gozar de libertad.
2) DECRETAR EL EMBARGO Y SECUESTRO de las fincas Jaraguay y Las Tangas […]
3) Actívese la captura del implicado. […]
95.95 El 23 de agosto de 1993 la Fiscalía Regional de Medellín resolvió:
Adicionar su resolución de julio veintitrés del corriente año, en el sentido de la medida de aseguramiento en contra de Fidel Castaño Gil, también se profiere por el punible de Secuestro múltiple que consagra el art 22 del Dcto 180/88, adoptado como legislación permanente por el art 4 del Dcto 2266/911.
95.96 El 19 de noviembre de 1993 la Fiscalía Regional Delegada de Medellín resolvió:
[…] SEGUNDO: Igualmente, se DECRETA LA DETENCIÓN PREVENTIVA de FIDEL CASTAÑO (A. RAMBO), en su calidad de autor por violación al art. 1º del decreto 1194 de 1989; por la conformación del grupo paramilitar; […] violación al decreto 180 de 1988, en su art. 22, por el secuestro de Ricardo Bohórquez, Andrés Manuel Pedroza Jiménez, entre otros, para un total de 43 afectados con ese proceder; múltiple homicidio reglado por el art. 29 de la misma normatividad, agravado por los literales d, e y f, donde los ofendidos fueron aquellos secuestrados, violación al art. 2º del Decreto 3664 de 1986 y violación al art. 19 del decreto 180 de 1988.
TERCERO: Advertir que los nombrados no son acreedores a gozar de ninguna gracia excarcelatoria. En consecuencia, deberán reactivarse las órdenes de captura en contra de FIDEL CASTAÑO (A. RAMBO).
95.97 El 4 de febrero de 1994 la Dirección Regional de Medellín de la Fiscalía General de la Nación dispuso que se expidieran las copias de la indagación disciplinaria al Comando Superior del Ejército para constatar la posible responsabilidad de militares en los hechos. En particular, dicha Dirección consideró que de haber “personal militar involucrado por cualquier circunstancia dentro de los hechos[, ] no es del resorte de esta Fiscalía determinar su responsabilidad por el fuero que los cobija por el servicio activo que prestaban, máxime si estaban en [el] llamado Orden Público que amerita servicio activo permanente[. D]e ahí la decisión del señor Fiscal, que la responsabilidad penal la determine un Funcionario de la Justicia Castrense” .
95.98 El 17 de octubre de 1995 la Procuraduría en lo Judicial Penal emitió “Concepto Precalificatorio” con relación al proceso en el que se investigaron el secuestro y homicidio de Manuel Alfonso Ospina Ospina, así como el secuestro y homicidio de 43 personas en Pueblo Bello. La Procuraduría consideró que existía mérito más que suficiente para solicitar a la Fiscalía Regional Delegada de Medellín que profiriera resolución acusatoria en contra de Fidel Antonio Castaño Gil, Elkin Henao, José Aníbal Rodríguez Urquijo, Rogelio de Jesús Escobar Mejía, Mario Alberto Álvarez Porras, Francisco Javier Álvarez Porras y Héctor Castaño Gil por, inter alia, los siguientes hechos punibles: secuestro múltiple, homicidio múltiple agravado, terrorismo, y hurto agravado y calificado .
95.99 El 17 de noviembre de 1995 la Fiscalía Regional Delegada de Medellín emitió resolución de acusación de varias personas por el secuestro del señor Manuel Alfonso Ospina Ospina y los hechos acaecidos en Pueblo Bello, en los siguientes términos:
1. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en contra de Fidel Antonio Castaño Gil […] como pretenso autor responsable del Secuestro Extorsivo Agravado […] donde es ofendido el doctor Manuel Alfonso Ospina Ospina, Secuestro múltiple […] porque con su acción se causó zozobra, homicidio múltiple [agravado], son ofendidos Ricardo Bohorquez, José del Carmen Álvarez Blanco, Cristóbal Arroyo, Mario y Daniel Melo Palacio, Jesús Humberto Barbosa y otras más, [porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares] en concurso […]
2. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION contra Rogelio de Jesús Escobar Mejía […] como coautor de Secuestro extorsivo agravado […] donde es ofendido el doctor Manuel Alfonso Ospina Ospina, autor material [del delito de pertenencia a grupos armados], coautor [del delito de destrucción de documentos de identidad], autor [del delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares] autor [del delito de utilización de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares]; por los hechos ocurridos en Pueblo Bello autor del Secuestro múltiple [con finalidad terrorista], [terrorismo], homicidio múltiple Agravado, autor de Hurto agravado y calificado […],[incendio], [pertenencia a grupos armados], en concurso heterogéneo […]
3. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en contra de José Aníbal Rodríguez Urquijo, Mario Alberto Álvarez Porras, Francisco Javier Álvarez Porras y Elkin Henao Cano […] son responsables como coautores del Secuestro extorsivo agravado […], homicidio agravado […] donde es ofendido el doctor Manuel Alfonso Ospina Ospina, autores materiales [del delito de pertenencia a grupos armados], coautores [del delito de destrucción de documentos de identidad], de manera concursal […]
4. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en contra de por los sucesos en Pueblo Bello a Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil Zapata, Elkin de Jesús Tobón Zea, Pedro Hernán Hogaza Pantoja […] como autores de secuestro múltiple […], [terrorismo] y coautores de los homicidios múltiples agravado […],[pertenencia a grupos armados], [porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares], [utilización de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares], autores del Hurto agravado y calificado […], [incendio], Delitos en concurso heterogéneo […], ofendidos los habitantes de Pueblo Bello, entre otros Juan Luis y Leonel Escobar Duarte.
5. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en disfavor de Jhon Darío Henao Gil y Manuel Salvador Ospina Cifuentes […] ya que fueron quienes entregaron la lista para que sacaran a la gente de Pueblo Bello, por, Secuestro múltiple […], [terrorismo], y coautores de los homicidios múltiples agravado […], [pertenencia a grupos armados] y [porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares], [utilización de prendas privativas de las Fuerzas Militares]
6.- PRECLUIR LA INSTRUCCION a Fidel Antonio Castaño Gil, por [promover, financiar, organizar, fomentar la formación o ingreso de personas a grupos armados].
7. PRECULIR LA INSTURCCION […] a Rafael Tarquino Morales Días, por el secuestro y homicidio de los habitantes de Pueblo Bello, por [terrorismo y concierto para delinquir], hurto calificado y Agravado.
8. PRECLUIR LA INSTRUCCION en favor de Ramiro Enrique Álvarez Porras […] en relación con el secuestro y homicidio de los habitantes de Pueblo Bello, por [terrorismo y concierto para delinquir], hurto calificado y Agravado,
9. PRECLUIR LA INSTRUCCION a Héctor Castaño Gil […] por Concierto Para Delinquir, secuestro y homicidio […] donde es ofendido Manuel Alfonso Ospina Ospina, homicidios […] occisos Hernando Arango y Jorge Osorno.- […]
95.100 La defensa interpuso ante la Fiscalía General de la Nación un recurso de apelación y consulta proferida por la Fiscalía Regional Delegada de Medellín el 17 de noviembre de 1995 (supra párr. 95.99) .
95.101 El 11 de marzo de 1996 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, de la Fiscalía General de la Nación resolvió la apelación y consulta interpuesta. Al respecto, decidió:
PRIMERO: CONFIRMAR las resoluciones acusatorias objeto de apelación […]
SEGUNDO: REVOCAR la preclusión de investigación decretada a favor de Rafael Tarquino Morales Díaz y, en su lugar, proferir resolución de acusación contra el antes citado de condiciones civiles y personales conocidas en autos, por violación al Libro II, Título IV, Capítulo IV, denominado genéricamente “Del encubrimiento” […]
TERCERO: Decretar medida de aseguramiento de conminación contra el antes citado, por violación al art. 176 del Código Penal, que prevé la punibilidad de arresto que oscila entre seis meses y cuatro años. […]
CUARTO: REVOCAR la preclusión de investigación decretada a favor de Ramiro Enrique Álvarez Porras y en su lugar proferir RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN contra el antes citado, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, por violación al art. 2 del decreto 1194/89 […]
QUINTO: Decretar medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor Ramiro Enrique Álvarez Porras, por violación al art. 2 del decreto 1194/89 […]
SEXTO: CONFIRMAR la preclusión de investigación decretada en primera instancia a favor de Fidel Antonio Castaño Gil, por violación al decreto 1194/89 […]
SÉPTIMO: CONFIRMAR la preclusión de investigación decretada a favor de Héctor Castaño Gil […] .
95.102 El 29 de noviembre de 1996 el Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia respecto del señor José Aníbal Rodríguez Urquijo por su participación en el secuestro y homicidio del señor Manuel Alfonso Ospina Ospina .
95.103 Con posterioridad a la realización de las primeras diligencias de investigación, el 26 de mayo de 1997 el Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia de primera instancia por los hechos relacionados con el supuesto secuestro del senador Manuel Alfonso Ospina Ospina sucedido en Medellín el 15 de noviembre de 1988, y la supuesta desaparición de 43 hombres del corregimiento de Pueblo Bello acaecida el 14 de enero de 1990. Respecto de este último hecho resolvió declarar penalmente responsable a seis personas, a saber, Fidel Antonio Castaño Gil, Rogelio de Jesús Escobar Mejía, Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Pedro Hernán Ogaza Pantoja, John Darío Henao Gil y Manuel Salvador Ospina. Los delitos por los que fueron condenados a cumplir penas de entre 25 y 30 años son, entre otros, secuestro y homicidio múltiple, utilización de prendas de uso privativo de las fuerzas militares, terrorismo y pertenencia a un grupo armado .
95.104 La defensa de los condenados y el apoderado de la parte civil, representante del señor José Daniel Álvarez, interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia de 26 de mayo de 1997 (supra párr. 95.103) .
95.105 El 30 de diciembre de 1997 la Sala de Decisión del Tribunal Nacional se pronunció respecto de la apelación de la sentencia del 26 de mayo de 1997 (supra párr. 95.103) y decidió “no acceder a declarar la invalidación pretendida por el procesado Ogazza Pantoja”. Asimismo, resolvió, inter alia, “decretar […] nulidad parcial de lo actuado, en lo concerniente […] al homicidio de los moradores de Pueblo Bello cuyos cadáveres no fueron identificados”, por lo que redujo las penas de los condenados a 19 y 28 años de prisión. Además, revocó la disposición que en primera instancia absolvía a algunos de los procesados por el delito de hurto e incendio y la que ordenaba la investigación de Fidel Castaño por el delito de terrorismo. Asimismo, ordenó a tres de los condenados a pagar solidariamente a favor de un poblador de Pueblo Bello “la indemnización por los perjuicios de índole material causados por el [hecho] punible de incendio.” Finalmente, absolvió a varios de los imputados por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y por el de terrorismo .
95.106 El defensor de Pedro Hernán Ogazza Pantoja interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Nacional el 30 de diciembre de 1997 (supra párr. 95.105), por considerar que había incurrido en supuestos errores de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación de la prueba única testimonial de cargo, consistente en el testimonio de Rogelio de Jesús Escobar Mejía. El 8 de marzo de 2001 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar el fallo impugnado .
c) Continuación de las diligencias de investigación en la jurisdicción penal ordinaria
95.107 Con posterioridad al dictado de la sentencia de 8 de marzo de 2001 (supra párr. 95.106), el proceso penal continuó con diversas actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. El 27 de marzo de 2002 la Fiscalía 8 de la Unidad de Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín dictó resolución inhibitoria. Al respecto la Fiscalía consideró que:
En la ley se supedita la duración de la investigación previa a la existencia de la prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado, lo que se libra al criterio del Fiscal que debe definir la situación con base en los resultados y elementos de juicio obtenidos en su desarrollo […] El control de iniciar o no investigación previa [que] se difiere al Fiscal entraña una facultad o medio, al igual que la potestad para practicar pruebas destinadas al cumplimiento del cometido de esta fase investigativa […] por lo tanto esta Delegada en uso de esa facultad no procederá [a] la investigación previa y en su lugar [procederá] a dictar Resolución Inhibitoria ya que de entrada se trata de investigar a indeterminadas personas (N.N.), donde no hay nombres de los implicados, donde los testigos no pueden aportar prueba nueva del hecho denunciado. Observa este despacho que generalizar sin precisar en particular, sin sindicar directamente y el principio a la dignidad humana sufre afrenta cuando la investigación previa se prolonga indefinidamente.
Analicemos detenidamente lo ordenado y tenemos que no es suficiente para endilgarle la autoría de los hechos aquí denunciados a alguna persona en particular; pues no se ha identificado o individualizado a nuevos copartícipes, después de transcurridos tres (03) años de la Apertura de la Investigación Previa y más cuando los procesados conocidos fueron ya enjuiciados y condenados; luego en estas circunstancias es improcedente continuar indefinidamente con esta preliminar en el despacho sin tener pruebas sobrevivientes, pero se estará a la expectativa a que en el futuro se acerque alguno de los ofendidos a denunciar a alguien en particular que no haya sido enjuiciado y por ende condenado, como o autor o partícipe de los hechos investigados […]
95.108 El 17 de septiembre de 2002 ASFADDES solicitó a la Coordinación de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación que la investigación por los hechos de Pueblo Bello fuera asumida por dicha unidad “para que desde allí se coordin[ara] la diligencia de exhumación de los cadáveres y el proceso de identificación técnica de los mismos, garantizando la correspondiente custodia de la prueba. ”
95.109 En enero de 2003 el señor José Daniel Álvarez, familiar de una de las presuntas víctimas, reiteró su solicitud presentada en agosto de 2002 ante el Juzgado Primero Penal del Círculo Especializado de Medellín. Asimismo, manifestó que “la tardanza en la respuesta est[aba] ocasionando retraso en el proceso de identificación de los cuerpos que se enc[ontraba] adelantando el C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación.” En dicha nota solicitó al mencionado Juzgado que ordenara:
[…] a la División de Criminalística del CTI con sede en Bogotá realizar la diligencia de exhumación de los cadáveres de la fosa común del Cementerio San Antonio de Montería con el objeto de procurar su plena identificación y, en particular, de determinar cuáles de ellos corresponden efectivamente a las víctimas de la desaparición colectiva de Pueblo Bello. Esta orden es necesario impartirla ya que, según las manifestaciones recientes del CTI, requiere de una base legal para poder adelantar esta nueva diligencia respetando debidamente lo procedimientos establecidos y en particular la cadena de custodia de la prueba. […] Debo subrayar la urgencia de practicar lo antes posible esta prueba ya que se nos ha informado que en el cementerio Antonio y en particular en la zona donde está ubicada la fosa común donde reposan los restos de nuestros seres queridos por identificar, se tiene previsto desarrollar un proyecto de pavimentación que de llevarse a cabo afectaría para siempre la posibilidad de identificar a las víctimas de la desaparición forzada.
[…] suspender el proyecto de pavimentación que se tiene previsto desarrollar en la destinada como fosa común del mismo […]
95.110 El 21 de febrero de 2003 la Fiscalía Primera de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario solicitó información a ASFADDES sobre la ubicación de la fosa común en el cementerio de San Antonio, Montería, donde podrían hallarse cadáveres que aún se encontraban sin identificar en relación con los hechos de Pueblo Bello .
95.111 El 21 de febrero de 2003 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, consideró que
[…] Existe no sólo en nuestra legislación interna, sino en los distintos estamentos del orden internacional, un principio jurídico-filosófico dirigido a darle una verdadera protección y promoción al respeto por los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Nos referimos precisamente al postulado del “Derecho a Conocer la Verdad” […]
[…] nos hemos quedado a mitad de camino en cuanto al total esclarecimiento de los [hechos], toda vez que este despacho vislumbra la posibilidad de enriquecer el universo probatorio, ordenando se practiquen ciertas diligencias judiciales que así lo ameritan y que nos dan posibilidad de acercarnos a lo verdaderamente ocurrido […]
y decidió en consecuencia ordenar la nulidad parcial de lo actuado, inclusive hasta la providencia que dispuso el cierre del ciclo investigativo, y continuar por lo tanto con la investigación en etapa de instrucción. Por tanto, para impulsar la investigación ordenó la práctica de las siguientes pruebas:
PRIMERO: Contáctese personal de ASFADDES, a fin de que amplíen y aclaren lo manifestado en su última comunicación, especialmente en lo referente a la ubicación de la fosa común, situada en el cementerio de San Antonio, del municipio de Montería Córdoba, donde posiblemente existen algunos de los cadáveres que aún se encuentran sin identificar […]
SEGUNDO: Ofíciese al administrador del cementerio de San Antonio, para que informe si efectivamente se tiene dispuesto un proyecto de pavimentación en terrenos pertenecientes al citado campo santo. De ser ello cierto deberá informar todo lo concerniente de dicho proyecto, manifestando qué autoridad, institución o entidad lo ordena y para cuándo está proyectada su ejecución.
TERCERO: Por Secretaría, ofíciese a la Dirección Nacional de Criminalística, con sede en Bogotá, informando de la continuación de la presente investigación y solicitando informar qué funcionarios judiciales son conocedores de la misma.
CUARTO: Una vez obtenida dicha información se procederá a decidir acerca de la viabilidad de ordenar la diligencia de exhumación, a llevarse a cabo en el cementerio de San Antonio, del municipio de Montería, a fin de posibilitar la plena identificación de los cadáveres […]
QUINTO: Reactivar todas las órdenes de captura que se han ordenado a través de la foliatura y no se han hecho efectivas […]
95.112 El 15 mayo de 2003 ASFADDES, la Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación “Opción Legal” solicitaron una reunión con la titular de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para hablar sobre las exhumaciones previstas para el 20 de mayo de 2003, ya que, en esas fechas, las condiciones del terreno no eran óptimas por razones climatológicas .
95.113 El 1º de junio de 2003 ASFADDES y la Comisión Colombiana de Juristas remitieron una nota al Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Medellín, mediante la cual solicitaron:
a) Que la diligencia de exhumación pendiente de realizar sea acordada y coordinada con los familiares de las víctimas y de los peticionarios.
b) Que para efectos de la realización de la diligencia de exhumación se haga uso de los elementos ya agotados de búsqueda e identificación de las víctimas por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Bogotá.
c) Que la diligencia de exhumación cuente con la presencia de técnicos y expertos en recolección de evidencia de este tipo de manera que sea posible la identificación de los restos de las víctimas desaparecidas.
d) Que en dicha diligencia se garantice la presencia de los familiares de las víctima y de los peticionarios.
e) Que se nos suministre información sobre la investigación […] .
95.114 Entre el 19 y el 25 de agosto de 2003 el Área de Identificación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizó una inspección judicial en el cementerio San Antonio, Montería, para exhumar los cadáveres de 18 personas presuntas víctimas de los hechos de Pueblo Bello. El resultado de las diligencias fue negativo .
95.115 El 13 de febrero de 2004 la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ordenó la reactivación de las órdenes de captura de Rogelio de Jesús Escobar Mejía, Fidel Antonio Castaño Gil, Mario Alberto Álvarez Porras, Ramiro Enrique Álvarez Porras, Francisco Javier Álvarez Porrras, Elkin Henao Cano, Jhon Darío Henao Gil, Manuel Salvador Ospina Cifuentes y Elkin de Jesús Tobón. Asimismo, ordenó que se tratara de individualizar a los alias “Tarquino”, “Suqui”, “Grillo”, “Patecumbia”, “Mosco”, “Chino”, “Roberto”, “Peludo”, “Brujo”, “Marlon”, “Cosiaca”, “Ariel Mantilla”, “Nequi Espinosa (a. Álvaro)”, así como a Jaime Aparicio (a. Arles), Fernando García (a. Noventa), Sergio Rojas y León Yesid Henao, en relación con los hechos de Pueblo Bello .
95.116 En mayo de 2004 se realizaron nuevamente excavaciones en el cementerio de San Antonio, en Montería, pero no se encontraron cadáveres correspondientes a los campesinos presuntamente desaparecidos por los hechos de Pueblo Bello .
95.117 El 23 de agosto de 2004 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se apersonaron al cementerio San Antonio, en Montería, para revisar las obras de construcción, traslado y demolición de bóvedas. El 27 de agosto de 2004 procedieron a demarcar la dimensión total de la fosa común donde supuestamente se hallaban los cadáveres de 18 de las presuntas víctimas de Pueblo Bello. Al respecto informaron que
[s]e inicia[ron] las labores de excavación realizando la extracción […] [Los días] 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, se continuó con las labores de excavación, encontrando varias evidencias como son: ataúdes de niños, bolsas plásticas delgadas, transparentes y de color negro, que contenían restos óseos […] luego se saca[ron] a parte las bolsas que contuvieran restos óseos con características similares a las que utilizaron para inhumar los cuerpos traídos de la exhumación realizada en la finca [L]as [T]angas y que al parecer pertenecían a los desaparecidos de Pueblo Bello. A todos los restos óseos que cumplieran estas características, se les realizó el estudio de comparación de CARTA DENTAL y ANALISIS OSEO, para entrar a descartar por parte del Antropólogo OSCAR JOAQUIN HIDALGO DAVILA y la Odontóloga ADRIANA MARIA CASTAÑO GARCIA.
En total, se encontraron 121 “elementos (sic) ataúdes, bolsas plásticas y bolsas de fibra sintéticas”. De este total, fueron seleccionados 18 cadáveres/elementos que tenían características similares a los cuerpos que se estaban buscando procedentes de las fincas “Las Tangas” y que habían sido inhumados en dicho cementerio del barrio P5 de Montería .
95.118 El 2 de septiembre de 2004 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se dirigieron al Juzgado Especializado de Montería donde fueron atendidos por el Juez Especializado quien los contactó con una persona que tenía conocimiento de cómo ocurrieron los hechos investigados, pero que no quiso identificarse ni declarar por razones de seguridad .
95.119 El mismo 2 de septiembre de 2004 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se trasladaron a la cárcel de Montería, donde se entrevistaron con el señor Pedro Hernán Ogaza Pantoja, quien no quiso colaborar con la ubicación de los cuerpos que se encuentran enterrados en la finca “Las Tangas”. A propósito de la entrevista con el señor Ogaza Pantoja, los investigadores agregaron:
Se le preguntó si conocía el paradero de ROGELIO DE JESUS ESCOBAR MEJIA y respondió que a él le llegó una información a la cárcel donde le dijeron que a ROGELIO lo habían matado por los lados de Tierralta Córdoba, pero que no sab[ía] si le hicieron levantamiento o está desaparecido .
95.120 El 29 de septiembre de 2004 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se trasladaron al Municipio de Apartadó, donde tomaron declaraciones a seis familiares de las personas desaparecidas .
95.121 El 16 de mayo de 2005 la Fiscalía 36 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dispuso la práctica de la siguientes pruebas
Verificar la información respecto de la muerte del señor ROGELIO DE JESUS ESCOBAR MEJIA, sindicado y colaborador, pues fue testigo presencial de los hechos y quien permitió esclarecer la presente investigación.
Reestablecer el contacto con el informante que conoce la posible ubicación de la playa Guacimal y/o Caudillo, ello a través del Doctor CARLOS MARTINEZ, Juez Especializado, a fin de tratar de obtener su declaración.
Localizar al actual funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones FERNANDO VANEGAS, quien posiblemente tenga información respecto de los hechos y lograr su declaración.
Entrevistar en la Cárcel Municipal al señor PEDRO HERNAN OGAZA PANTOJA, condenado dentro de este proceso como autor material […]
95.122 El 13 de junio de 2005 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario informó sobre las diligencias adelantadas en el esclarecimiento de los hechos del 14 de enero de 1990, respecto de la posible ubicación de los cuerpos de las personas secuestradas y la determinación del paradero y posible muerte de Rogelio de Jesús Escobar Mejía .
95.123 En agosto de 2005 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín intentó realizar exhumaciones en la Finca “Las Tangas”, pero las suspendieron por razones climáticas .
95.124 Al momento de dictar la presente Sentencia, la investigación se encuentra pendiente a cargo de la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Procedimiento administrativo disciplinario
95.125 En razón de la publicación de un artículo periodístico el 16 de enero de 1990, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, ordenó iniciar de oficio el 19 de enero de 1990 la indagación preliminar sobre la presunta violación de los derechos humanos a raíz de los sucesos de Pueblo Bello, y ordenó la recepción de declaraciones y la práctica de visitas sobre lugares, batallones, guarniciones militares y domicilios privados .
95.126 El 26 de enero de 1990 la Viceprocuraduría General de la Nación solicitó a la Jefatura Militar del Urabá la realización de “operaciones de registro en los sitios: la finca “Las Tangas, Municipio Moñitos, Las Cruces y El Pescadito, con el fin de dar con el paradero de más de 39 personas presuntamente desaparecidas o secuestradas en el Corregimiento de Pueblo Bello. […] Lo anterior se pide con base en informaciones suministradas por algunos familiares de las víctimas.”
95.127 El 5 de febrero de 1990 la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional informó que las tropas de esa unidad operativa habían efectuado una operación de registro “en la finca Las Tangas […] y en la quebrada Pescado, con el fin de localizar a los […] campesinos del corregimiento de Pueblo Bello […] con resultados negativos” .
95.128 El 12 de febrero de 1990 la Viceprocuraduría General de la Nación decidió, con base en las diligencias hasta entonces realizadas, remitir la indagación preliminar a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares “con el objeto de que se disp[usiera] lo conducente, al existir una posible infracción al Decreto No. 085/89, en que hubiera podido incurrir el Señor Capitán ALVARO GOMEZ LUQUE, Comandante de la Base Militar de San Pedro de Urabá” .
95.129 El 30 de abril de 1990 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos declaró, con fundamento en las diligencias preliminares practicadas, la apertura formal de averiguación disciplinaria, tendiente a clarificar la conducta de los Oficiales del Ejército Nacional Capitán Álvaro Gómez Luque y Subteniente Néstor Enrique Barrera Vega, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como Comandantes de la Base Militar de San Pedro de Urabá y del Retén de Control de esa misma localidad, respectivamente .
95.130 El 3 de octubre de 1990 la Procuraduría Provincial de Apartadó procedió a realizar una diligencia de inspección judicial en las instalaciones de la Base Militar de la localidad de San Pedro de Urabá. Posteriormente, se realizó una inspección aérea de Pueblo Bello y el camino hasta San Pedro de Urabá. Con base en dicha inspección se formuló un “dictamen pericial estratégico” .
95.131 El 6 de octubre de 1990 el Mayor Marco Aurelio Quintero Torres, Oficial Táctico del Ejército Nacional, emitió un informe sobre un “envío concepto táctico”, mediante el cual indicó, inter alia, que existen trochas, como “las que salen de San Vicente del Congo y Maquencal, [que] pasa[n] por el margen derecho del poblado [y] converg[en] de nuevo a la carretera principal adelante del caserío[, como] la que se desprende del carreteable que va a San José de Mulatos y de nuevo llega al carreteable que va a Santa Catalina, El Carmelo, Canaletes, entre otros” .
95.132 El 6 de octubre de 1990 el Mayor Jairo Antonio Puerto Medina del Ejército Nacional, con base en la inspección realizada el 3 de octubre de 1990 (supra párr. 95.130), elaboró un dictamen topográfico en el que expuso ciertas apreciaciones resultantes de un reconocimiento aéreo en la zona que conduce de Pueblo Bello al Departamento de Córdoba .
95.133 El 16 de julio de 1991 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, “teniendo en cuenta lo complejo de los hechos materia de investigación y dada la gravedad e importancia de los mismos”, resolvió “comisionar a la Oficina de Investigaciones Especiales […] con amplias facultades legales, para la práctica de la diligencia de Inspección de [las] rutas o carreteables para la verificación [de las trochas o desvíos existentes en la carrera que de Pueblo Bello conduce a San Pedro de Urabá, y si por éstos podían movilizarse los camiones que transportaban los campesinos víctimas de la desaparición el 14 de enero de 1990, hasta el lugar donde fueron encontrados los vehículos en el sitio Las Cruces]” .
95.134 El 9 de agosto de 1991 la Oficina de Investigaciones Especiales de la Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación dispuso acceder a la colaboración requerida por la Procuraduría Delegada y en consecuencia inspeccionar la zona donde se encuentra ubicado dicho trayecto .
95.135 El 3 de septiembre de 1991 la Oficina de Investigaciones Especiales de la Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación presentó el informe en cumplimiento del Auto Comisatorio de 9 de agosto de 1991 (supra párr. 95.134) en el cual expusieron las conclusiones de la inspección de la carretera y trochas entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá .
95.136 El 27 de noviembre de 1991 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió:
PRIMERO: Absolver de los cargos formulados al señor Capitán del Ejército Nacional Álvaro Gómez Luque […] en su condición de Comandante de la Base Militar de San Pedro de Urabá, por los hechos aquí investigados, sucedidos presuntamente en esa localidad, la noche del 14 de enero de 1990, después de perpetrado el secuestro de 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello del Municipio de Turbo (Ant.), en la fecha mencionada […]
SEGUNDO: Absolver al Teniente del Ejército Nacional Néstor Enrique Barrera Vega […] en su condición de Comandante del Retén Militar de San Pedro de Urabá, por los hechos aquí investigados, perpetrados presuntamente en ese Puesto de Control Militar, la noche del 14 de enero de 1990, después de perpetrado el secuestro de 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello de la localidad, en la fecha mencionada […]
[La Procuraduría decide absolverlos debido a “la duda que surge en este informativo sobre la responsabilidad disciplinaria que puedan tener los oficiales […] involucrados en los hechos materia de averiguación”.]
[… Dichos cargos son “[H]aber asumido una conducta omisiva en el hecho de realizar indebidamente el control de la población civil ni haber impedido la marcha de los vehículos, ni capturar a los plagiarios, decomisar las armas procurando en sí la liberación de los secuestrados y protegido sus vidas, en el retén Militar bajo su mando de la localidad de San Pedro de Urabá, la noche del domingo 14 de enero del presente año, permitiendo el tránsito de los camiones hurtados de placas IB-3544 y UU-0783, por el retén Militar de San Pedro de Urabá, en los cuales eran transportados los 43 campesinos que fueron secuestrados en el corregimiento de Pueblo Bello del Municipio de Turbo Antioquia, por un grupo armado de aproximadamente 30 individuos, que incursionaron violentamente en ese Corregimiento a eso de las 8:40 P.M. el día mencionado, facilitando la desaparición de los campesinos […] en razón a que tales vehículos no fueron sometidos a requisa alguna por [los militares investigados], ni por los militares a su cargo, con lo cual se hubiera podido neutralizar la acción delictiva de los autores del ilícito, quienes inmediatamente después de cometido el hecho tomaron rumbo a la finca Santa Mónica, pasando tanto por el retén como por la Base Militar de San Pedro de Urabá…]
TERCERO: […] expídanse las copias autenticadas de [la versión de Rogelio de Jesús Escobar Mejía y de los testimonios rendidos por Jairo Zuluaga Quiceno y Guillermo Nicolás Narváez Ramos] para los fines [de indagar por separado la posible colaboración que hubiesen podido prestarle el Teniente Quiñones y otros dos militares a los autores del Secuestro para el presunto tránsito por San Vicente del Congo y San Pedro, así como para clarificar la conducta del Teniente y los cuatro soldados en San Pedro de Urabá] […]
QUINTO: Contra esta decisión, procede el recurso de Reposición que deberá interponerse por escrito motivado en el momento de la notificación personal o dentro de los cinco (5) días siguientes a la misma […]
95.137 Entre noviembre de 1991 y mayo de 1993 miembros de Amnistía Internacional enviaron comunicaciones a la Procuraduría General de la Nación y distintos ministerios del Poder Ejecutivo, en las que solicitaron que se prosiguieran las investigaciones respecto de la desaparición de los campesinos de Pueblo Bello .
95.138 El 13 de junio de 1992 el Procurador Delegado de Derechos Humanos comunicó al Director General de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores que “los testigos que habían declarado tener conocimiento directo de los vínculos existentes entre miembros del Ejército Nacional y el grupo de paramilitares comandados por Fidel Castaño (al parecer autores materiales de los hechos), ya no habitan en la Inspección de Pueblo Bello y se desconocen sus actuales lugares de residencia” .
95.139 El 3 de julio de 1992 el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido rindió declaración ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos sobre los hechos de Pueblo Bello en la cual manifestó, inter alia, que él atendió personalmente a los familiares que presentaron la denuncia de los hombres desaparecidos en Pueblo Bello; que es falso que él les hubiera dicho a tales familiares “que cambiaron gente por ganado”, y que al día siguiente de la denuncia él fue con su pelotón y otro más para Pueblo Bello para “prestar seguridad al pueblo porque temían que se volvieran a meter” .
95.140 El 6 de agosto de 1992 ASFADDES solicitó a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos que ordenara la exhumación de los cadáveres que aún se encontraban en una fosa común en la finca “Las Tangas” .
95.141 El 20 de septiembre de 1996 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos consideró que
aunque los hechos que se ventilan en la […] indagación preliminar fueron ya objeto de decisión de fondo, absolviendo a los presuntos implicados [por] conducta omisiva, sin embargo se consideró entonces que existían indicios para disponer la apertura de una nueva indagación preliminar, ahora por conducta activa […]
Aunque de la valoración de las pruebas que conforman esta nueva indagación preliminar se colige que no surge por el momento mérito suficiente para proceder[…], y […] contrario sensu sí podría disponerse el archivo de las diligencias, empero, con miras a darle mayor claridad a la decisión que haya de proferirse y ante la necesidad de rec[au]dar mayores elementos de juicio que coadyuven en la misma, resulta procedente ampliar el término de indagación preliminar hasta por seis (6) meses dentro del cual se practicarán [diversas] diligencias.
95.142 El 12 de febrero de 1998 la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos dispuso la práctica de una serie de diligencias con el fin de esclarecer los hechos del 14 de enero de 1990, a saber:
[O]ficiar a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto de Medi[ci]na Legal para que, en asocio de [esa] Delegada, se proced[iera] a la localización de [las fosas comunes ubicadas en la Finca Las Tangas y en la rivera del río Sinú], se proceda a la exhumación correspondiente [e] identificación de los cadáveres con el fin de establecer si dentro de ellos aparece alguno de los 43 desaparecidos el 14 de enero de 1990 […]
[Ubicar] al señor ROGELIO DE JESUS ESCOBAR MEJIA con el fin de que, vistas las fotografías [de los oficiales y suboficiales que se encontraban en la zona para la época de los hechos],ya que al teniente FABIO RINCON PULIDO se le recepcionó versión libre, se llevará a cabo reconocimiento fotográfico para que indique si entre [esas] personas aparece[…] el Teniente Quiñones al que se ha referido en sus diversas declaraciones, lo mismo para que diga si entre esas fotografías reconoce a los suboficiales a los que mencionó como aquellos que permitieron el paso por uno de los retenes militares instalados cuando eran movilizadas las 43 personas secuestradas en Pueblo Bello.
[Ampliar] su declaración para que precise el sitio exacto donde se encontraba ubicado el retén militar por el que transitaron los dos camiones en que se movilizaron los 43 secuestrados, [utilizando] el mapa elaborado por las [F]uerzas [A]rmadas para señalar las diversas vías que pudieron utilizarse en ese desplazamiento, desde [Pueblo] Bello hasta la Finca Las Tangas.
[Cumplir igual diligencia] con los dos conductores que en la noche del 14 de enero de 1990 movilizaron personal militar entre ese[…] corregimiento y la base militar, para precisar si entre estos aparecen las fotografías de los militares que se dicen prestaron vigilancia a los dos hombres que se movilizaban en una camioneta negra (al parecer entre ellos FIDEL CASTAÑO GIL) […]
[Establecer] si en alguna época, ELKIN HENAO […], quien fuera oficial del [E]jército Nacional, durante la época en que perteneció a esa fuerza, estuvo en los mismos destacamentos militares, cursos u operativos con alguno de los oficiales del [E]jército que se encontraban en la zona de Pueblo Bello para el 14 de enero de 1990 […]
95.143 El 16 de agosto de 1998 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos ordenó iniciar investigación disciplinaria contra el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido. En su resolución, advirtió que la investigación debía contraerse a la conducta de desaparición forzada de personas, sin que se pudiera extender a las posibles torturas y homicidio múltiple dado que éstas últimas habrían prescrito .
95.144 El 10 de marzo de 1999 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos formuló cargos contra el Teniente del Ejército Nacional, Fabio Enrique Rincón Pulido, por haber presuntamente
procedi[do] a brindar su colaboración a los plagiarios –al parecer de manera concertada- para que pudieran proseguir sin ninguna clase de dificultad con rumbo hacia su destino final en la finca denominada ‘Las Tangas’, ubicada en el Departamento de Córdoba, donde fueron encontrados en unas fosas comunes, los cadáveres de algunas de esas personas, permaneciendo desaparecidas, ‘en estado de indefinición’ respecto de la suerte que hayan podido correr las […] personas .
95.145 El 31 de julio de 2000 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos dictó fallo de primera instancia en la investigación disciplinaria seguida en contra del Teniente del Ejército Nacional Fabio Enrique Rincón Pulido, mediante el cual resolvió:
PRIMERO: ABSOLVER de toda responsabilidad disciplinaria al teniente del Ejército Nacional FABIO ENRIQUE RINCON PULIDO […] de los cargos que se le imputaron por presunta participación activa con ocasión de los hechos acaecidos en Pueblo Bello el 14 de enero de 1990, y conforme a los razonamientos que se dejaron plamados en la parte motiva […]
TERCERO: En el evento de no ser apelada la presente decisión, procede el grado jurisdiccional de Consulta […]
[Los cargos formulados al imputado fueron: “El día 14 de enero de 1990, cuando se produjo la retención de 43 personas residentes en la localidad de Pueblo Bello, Municipio […] de Turbo, Departamento de Antioquia, por parte de un grupo de hombres fuertemente armados quienes luego de privarlas de su libertad las trasladaron en dos camiones con dirección a San Pedro de Urabá (Ant.), donde se encontraba adscrito a la Base Militar de ese Municipio, procediendo a brindar su colaboración a los plagiarios – al parecer previamente concertada – para que pudieran proseguir sin ninguna clase de dificultad con rumbo hacia su destino final en la finca denominada ‘Las Tangas’, ubicada en el Departamento de Córdoba, donde fueron encontrados en unas fosas comunes, los cadáveres de algunas de las personas, permaneciendo desaparecidas ‘en estado de indefinición’ respecto de la suerte que hayan podido correr” las 43 personas.]
[Al resolver lo anterior, dicha Procuraduría consideró que: “se deduce que no obstante existir algunos elementos de prueba que permitieron, al proferir el auto de cargos, inferir la presunta colaboración del teniente FABIO ENRIQUE RINCON PULIDO en los hechos materia de esta averiguación, se hace evidente que del análisis procedente surgen una serie de dudas razonables en cuanto a la participación por acción del mencionado teniente en los hechos investigados, dudas que no se pudieron eliminar y por consiguiente, deben ser resultas en favor del disciplinado miembro de la Institución Militar.” Sin embargo, la Procuraduría añadió que “no encuentra razón alguna para que el testigo [Escobar Mejía] hubiera mentido en relación con la colaboración que dice le prestó al grupo paramilitar al cual pertenecía, un oficial del Ejército Nacional […] que prestaba sus servicios en el retén que para la fecha de los hechos se había instalado en San Pedro de Urabá”.]
[Asimismo, consideró que “como quiera que el único oficial con el grado de Teniente que aparece reportado como de aquellos que prestó servicio en el mencionado retén de la entrada a San Pedro de Urabá fue el Teniente Néstor Enrique Barrera Vega, y este ya fue investigado y absuelto por estos mismos hechos dentro del Radicado […] que culminó con la Resolución No. 006 del 27 de Noviembre de 1991, en el que se decidió absolverlo de toda responsabilidad disciplinaria, es evidente que frente a este servidor del Estado ha operado el fenómeno jurídico de la Cosa Juzgada (Art. 11/Let 200 de 1995) y por lo mismo, no es dable dirigir ningún tipo de investigación en su contra.”]
95.146 El 27 de octubre de 2000 se envió el expediente a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación para que ahí se resolviera el grado jurisdiccional de consulta, lo cual procedía por la falta de apelación de la sentencia de 31 de julio de 2000 .
95.147 El 9 de febrero de 2001 la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en consulta sobre la decisión de 31 de julio de 2000 proferida en primera instancia por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, resolvió:
PRIMERO: Confirmar la decisión de primera instancia proferida el día 31 de julio de 2000 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, por la cual se absolvió del cargo formulado al Teniente del Ejército Nacional FABIO ENRIQUE RINCÓN PULIDO […]
[La Sala Disciplinaria consideró que las pruebas que obran dentro de la investigación no proporcionan la certeza probatoria requerida para emitir un fallo sancionatorio en contra del disciplinado. Coincide con la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos en cuanto a que el testimonio de Rogelio de Jesús Escobar Mejía “no ofrece entera credibilidad para sustentar un fallo condenatorio”. También se descartan las otras pruebas de cargo (declaraciones), que “no resisten un análisis objetivo que permitan sostener el cargo formulado”. La Sala agregó: “Por último, se encuentra probado pericialmente que existen varias trochas en el trayecto que de Pueblo Bello conduce a San Pedro de Urabá, lo que permite concluir que los camiones en los cuales se transportaron a las personas, no necesariamente debieron pasar por San Pedro de Urabá, localidad en donde se hallaba la Base Militar y en donde eventualmente se montaba un retén”. La Sala estimó “en armonía con lo considerado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, que se presenta una duda razonable en relación con la conducta del disciplinado, la cual debe ser resuelta a su favor”.]
Procesos contencioso administrativos
a) Primer grupo de familiares de las personas muertas o desaparecidas
95.148 El 18 de diciembre de 2001 algunos familiares de los señores José del Carmen Álvarez Blanco, Jesús Humberto Barbosa Vega, Santiago Manuel González López y Ángel Benito Jiménez Julio, en nombre propio y en representación de los menores de edad, formularon demanda de reparación directa “contra la nación colombiana – Ministerio de Defensa Nacional”, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín, en la que manifestaron que
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la libertad derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Álvarez [Blanco] José del Carmen, Barbosa Vega Jesús Humberto, González López Santiago Manuel y Jiménez Julio Ángel Benito en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia).
[…] la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados [a] las personas incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a una efectiva protección judicial, a las garantías judiciales, a la verdad y a la justicia derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Álvarez Ruiz José del Carmen, Barbosa Vega Jesús Humberto, González López Santiago Manuel y Jiménez Julio Ángel Benito en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia) .
95.149 El 27 de mayo de 2002 la demanda fue admitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín .
95.150 El 21 de noviembre de 2002 algunos familiares de los señores José del Carmen Álvarez Blanco, Genor José Arrieta Lora, Jesús Humberto Barbosa Vega, Ricardo Manuel Bohórquez Pastrana, Jorge Fermín Calle Hernández, César Augusto Espinosa Pulgarín, Andrés Manuel Florez Altamiranda, Wilson Uberto Fuentes Miramón, Santiago Manuel González López, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Carmelo Manuel Guerra Pestana, Ángel Benito Jiménez Julio, Mario Melo Palacios, Raúl Pérez Martínez, Benito Pérez Pedroza, Andrés Manuel Peroza Jiménez, José Manuel Petro Hernández, Elides Ricardo Pérez, Luis Miguel Salgado Berrío y Célimo Arcadio Hurtado, en nombre propio y en representación de los menores de edad, ampliaron la demanda de reparación directa contra la nación colombiana – Ministerio de Defensa Nacional, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín, en la que manifestaron que
[…] la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es administrativamente responsable por los daños y perjuicios de todo orden patrimoniales y no patrimoniales, inclusive aquellos derivados de la alteración de su vida de relación familiar, social y afectiva, causados y futuros de que son titulares las personas incluidas en la relación […] como consecuencia de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Álvarez [Blanco] José del Carmen, Arrieta Lora Genor José, Barbosa Vega Jesús Humberto, Bohórquez Pastrana Ricardo Manuel, Calle Hernández Jorge Fermín, Espinosa Pulgarín César Augusto, Florez Altamiranda Andrés Manuel, Fuentes Miramón Wilson Humberto, González López Santiago Manuel, Gutiérrez Arrieta Miguel Ángel, Guerra Pestana Carmelo Manuel, Jiménez Julio Ángel Benito, Melo Palacios Mario, Pérez Martínez Raúl, Pérez Pedroza Benito Antonio, Perosa Jiménez Andrés Manuel, Petro Hernández José Manuel, Pérez Elides Ricardo, Salgado Berrio Luis Miguel y Urrutia Hurtado Celimo Arcadio en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia) .
95.151 El 19 de enero de 2004 el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín ordenó la práctica de pruebas y no constan actuaciones posteriores al momento de dictar la presente Sentencia.
b) Segundo grupo de familiares de las personas muertas o desaparecidas
95.152 El 18 de diciembre de 2001 algunos familiares de los señores Genor José Arrieta Lora, Jesús Humberto Barbosa Vega, José Encarnación Barrera Orozco, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, Benito Genaro Calderón Ramos, Jorge Fermín Calle Hernández, Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo Antonio Durango Moreno, Juan Luis Escobar Duarte, Leonel Escobar Duarte, César Augusto Espinosa Pulgarín, Andrés Manuel Flores Altamiranda, Wilson Fuentes Miramón, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Miguel Ángel López Cuadro, Jorge David Martínez Moreno, Mario Melo Palacios, Carlos Melo, Manuel de Jesús Montes Martínez, Juan Bautista Meza Salgado, Raúl Pérez Martínez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Luis Carlos Ricardo Pérez y Lucio Miguel Úrzola Sotelo, en nombre propio y en representación de los menores de edad, formularon demanda de reparación directa contra la nación colombiana – Ministerio de Defensa Nacional, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín, en la que manifestaron que
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la libertad derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Arrieta Lora Genor José, Barbosa Vega Jesús Humberto, Barrera Orozco Diómedes, Barrera Orozco José Encarnación, Barrera Orozco Urías, Calderón Ramos Benito Genaro, Calle Hernández Jorge Fermín, Díaz Delgado Ariel Dullis, Durango Moreno Camilo Antonio, Escobar Duarte Juan Luis, Escobar Duarte Leonel, Flores Altamiranda Andrés Manuel, Fuentes Miramón Wilson, López Cuadro Miguel Ángel, Martínez Moreno Jorge David, Melo Palacios Mario, Melo Palacios Carlos, […] Montes Martínez y Urzola Sotelo Lucio Miguel, en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia).
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a una efectiva protección judicial, a las garantías judiciales, a la verdad y a la justicia derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Arrieta Lora Genor José, Barbosa Vega Jesús Humberto, Barrera Orozco Diómedes, Barrera Orozco José Encarnación, Barrera Orozco Urías, Calderón Ramos Benito Genaro, Calle Hernández Jorge Fermín, Díaz Delgado Ariel Dullis, Durango Moreno Camilo Antonio, Escobar Duarte Juan Luis, Escobar Duarte Leonel, Flores Altamiranda Andrés Manuel, Fuentes Miramón Wilson, López Cuadro Miguel Ángel, Martínez Moreno Jorge David, Melo Palacios Mario, Melo Palacios Carlos, […] Montes Martínez y Urzola Sotelo Lucio Miguel, , en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia) .
95.153 El 19 de noviembre de 2002 la demanda fue admitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín .
95.154 El 30 de enero de 2003 el Tribunal Administrativo de Antioquia notificó al Ministerio de Defensa la demanda interpuesta el 18 de diciembre del mismo año (supra párr. 95.152) .
95.155 El 4 de junio de 2003 se presentó una corrección y adición a la demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín, integrándola en un solo escrito, respecto de los familiares de los señores Genor José Arrieta Lora, José del Carmen Álvarez Blanco, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Jesús Humberto Barbosa Vega, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, José Encarnación Barrera Orozco, Benito Genaro Calderón Ramos, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo Antonio Durango Moreno, Juan Luis Escobar Duarte, Leonel Escobar Duarte, César Augusto Espinosa Pulgarín, Andrés Manuel Florez Altamiranda, Wilson Uberto Fuentes Miramón, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Santiago Manuel González López, Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel López Cuadro, Mario Melo Palacios, Manuel de Jesús Montes Martínez, Pedro Antonio Mercado Montes, Jorge David Martínez Moreno, Juan Meza Salgado, Raúl Pérez Martínez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Luis Carlos Ricardo Pérez, Luis Miguel Salgado Berrío, Lucio Miguel Úrzola Sotelo. En este escrito se manifestó que
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la libertad derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Arrieta Lora Genor José, Álvarez Blanco José del Carmen, Arroyo Blanco Cristóbal Manuel, Barbosa Vega Jesús Humberto, Barrera Orozco Diomedez, Barrera Orozco Urías, Barrera Orozco José Encarnación, Calderón Ramos Benito Genaro, Calle Hernández Jorge Fermín, Castro Galindo Jorge Arturo, Díaz Delgado Ariel Dullis, Durango Moreno Camilo Antonio, Escobar Duarte Juan Luis, Escobar Duarte Leonel, Espinosa Pulgarín César Augusto, Florez Altamiranda Andrés Manuel, Fuentes Miramón Wilson Humberto, Gutiérrez Arrieta Miguel Ángel, González López Santiago Manuel, Jiménez Julio Ángel Benito, López Cuadros Miguel Ángel, Melo Palacios Mario, Montes Martínez Manuel de Jesús, Mercado Montes Pedro Antonio, Martínez Moreno Jorge David, Meza Salgado Juan Bautista, Pérez Martínez Raúl, Pérez Ramos Miguel Antonio, Ricardo Pérez Luis Carlos, Salgado Berrio Luis Miguel y Urzola Sotelo Lucio Miguel, en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia).
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a una efectiva protección judicial, a las garantías judiciales, a la verdad y a la justicia derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Arrieta Lora Genor José, Álvarez Blanco José del Carmen, Arroyo Blanco Cristóbal Manuel, Barbosa Vega Jesús Humberto, Barrera Orozco Diomedez, Barrera Orozco Urías, Barrera Orozco José Encarnación, Calderón Ramos Benito Genaro, Calle Hernández Jorge Fermín, Castro Galindo Jorge Arturo, Díaz Delgado Ariel Dullis, Durango Moreno Camilo Antonio, Escobar Duarte Juan Luis, Escobar Duarte Leonel, Espinosa Pulgarín César Augusto, Florez Altamiranda Andrés Manuel, Fuentes Miramón Wilson Humberto, Gutiérrez Arrieta Miguel Ángel, González López Santiago Manuel, Jiménez Julio Ángel Benito, López Cuadros Miguel Ángel, Melo Palacios Mario, Montes Martínez Manuel de Jesús, Mercado Montes Pedro Antonio, Martínez Moreno Jorge David, Meza Salgado Juan Bautista, Pérez Martínez Raúl, Pérez Ramos Miguel Antonio, Ricardo Pérez Luis Carlos, Salgado Berrio Luis Miguel y Urzola Sotelo Lucio Miguel, en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia) .
95.156 El 9 de julio de 2003 el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó la contestación de la demanda .
95.157 El 23 de marzo de 2004 la adición de la demanda fue admitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín y fijó en lista la acción hasta el 26 de mayo de 2004 .
95.158 Al momento de dictar la presente Sentencia, no constan actuaciones posteriores en este proceso contencioso administrativo.
En relación con las presuntas víctimas y sus familiares
95.159 La relación de las presuntas víctimas y sus familiares se encuentra consignada en el Anexo II de la presente Sentencia.
Con respecto a los daños causados a los familiares de las presuntas víctimas y las costas y gastos
95.160 Los habitantes de Pueblo Bello estuvieron sometidos a condiciones de terror y angustia la noche del 14 de enero de 1990, varios de ellos presenciaron cómo los paramilitares se llevaban a sus familiares y a las personas secuestradas .
95.161 Los familiares de las presuntas víctimas han sufrido daños materiales e inmateriales como consecuencia directa de los hechos; ha afectado su salud física y psicológica, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha puesto en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros, perdieron sus bienes y recibieron múltiples amenazas por parte de los paramilitares. La impunidad parcial existente en este caso ha causado y sigue causando sufrimiento a los familiares de las presuntas víctimas. Como consecuencia de los hechos, en especial los daños sufridos por las familias, el miedo de los familiares a que se repitieran hechos similares y las amenazas recibidas por algunos de ellos, varias familias de Pueblo Bello se desplazaron internamente. Esta situación se ha manifestado de diferentes maneras: hay personas o familias que se han desplazado temporalmente y han regresado al corregimiento; otras se vieron forzadas a desplazarse en forma intermitente desde el momento de los hechos o posteriormente. Además, hay quienes se vieron obligados a salir de Colombia .
95.162 La Comisión Colombiana de Juristas, ASFADDES y CEJIL han incurrido en gastos relacionados con el trámite del presente caso a nivel interno y ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en representación de algunos de los familiares de los presuntas víctimas .
VIII
OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR (ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)
LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 7 DE LA MISMA
(DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA LIBERTAD PERSONAL)
Alegatos de la Comisión
96. En relación con la responsabilidad del Estado en el presente caso, la Comisión manifestó lo siguiente:
a) el Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los llamados grupos paramilitares o de autodefensa, a quienes permitió actuar con protección legal y legitimidad en las décadas de los setenta y ochenta y es responsable de manera general por su existencia y fortalecimiento. Estos grupos fueron en gran parte creados con el fin de combatir grupos armados disidentes. Finalmente, el 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema de Justicia quitó el respaldo legal a la vinculación de los paramilitares con la defensa nacional, tras lo cual el Estado adoptó una serie de medidas legislativas para criminalizar las actividades de estos grupos y de quienes los apoyen. A pesar de esto, el Estado hizo poco para desmantelar la estructura que había creado y fomentado y, de hecho, los lazos permanecieron a diferentes niveles, en algunos casos, solicitando o permitiendo a los paramilitares la ejecución de ciertos actos ilícitos con el entendido de que no serán objeto de investigación o juzgamiento ni sanción. En este contexto, y según estableciera la Comisión en su Segundo y Tercer Informes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, el accionar ilegal de los grupos paramilitares o de justicia privada contó, desde sus orígenes, con la tolerancia y colaboración de agentes del Estado;
b) los objetivos del grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño, conocido como “los tangueros”, se encontraban ligados a la persecución y eliminación de presuntos colaboradores de la guerrilla mediante un modus operandi que incluía la tortura, el asesinato selectivo y las masacres. En esos años, la finca “Las Tangas” era escenario de entrenamientos paramilitares por parte de mercenarios extranjeros y miembros de la Fuerza Pública. Los “tangueros” contaban con el respaldo económico de ganaderos y comerciantes de la región, personalidades de la vida política local e, incluso, de la Fuerza Pública la cual contaba, a partir del año 1987, con la presencia de la XI Brigada del Ejército en Montería, y
c) en el presente caso existen elementos de prueba que apuntan a la complicidad de agentes del Estado en la comisión de los hechos materia del presente caso, tanto por acción como por omisión. Asimismo, los actos de los particulares comprometen su responsabilidad conforme al derecho internacional. Para ello es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención. Por lo tanto, le son imputables a éste tanto las violaciones a la Convención Americana cometidas como resultado de los actos u omisiones de sus propios agentes como aquéllos cometidos por particulares involucrados en la desaparición, tortura y ejecución de las presuntas víctimas.
97. Respecto de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, la Comisión alegó que:
a) el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personales en perjuicio de las 43 presuntas víctimas, por acción de civiles con la aquiescencia y colaboración de agentes del Estado;
b) los tribunales internos establecieron la responsabilidad de diez particulares por el asesinato de seis de las 43 presuntas víctimas, cuyos cuerpos fueron recuperados e identificados. Tras 14 años no se ha esclarecido el paradero de 37 de las presuntas víctimas, por lo que resulta razonable inferir que éstas fueron ejecutadas extrajudicialmente, y
c) la desaparición forzada o involuntaria constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos de la Convención, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad personal y la propia vida del detenido. Si bien Colombia no es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y, por ende, no le resulta aplicable, corresponde hacer referencia a la definición de desaparición forzada allí contenida.
98. Respecto del artículo 19 de la Convención Americana, la Comisión alegó que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. En el presente caso, los niños Manuel de Jesús Montes Martínez y José Encarnación Barrera Orozco no fueron objeto de las medidas especiales de protección que su condición de vulnerabilidad en razón de su edad requería. No sólo las instancias estatales encargadas de hacer cumplir la ley no actuaron para prevenir que acontecieran los presentes hechos, ni para individualizar y sancionar los responsables, sino que las agencias estatales encargadas –específicamente de la protección a la infancia – no intervinieron ni en la prevención ni en alguna clase de solución del caso. Es manifiesto que el Estado, por conducto de sus agentes, los hizo víctimas de una desaparición forzada.
Alegatos de los representantes
99. En relación con la responsabilidad del Estado en el presente caso, los representantes alegaron que:
a) en la época de los hechos las desapariciones forzadas en Urabá se practicaron de manera sistemática y tenían por objeto generar terror en la población para que las personas no colaboraran o apoyaran a las guerrillas. La gran mayoría fueron realizadas por grupos paramilitares con el apoyo y aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública y, a veces, con la participación directa de éstos;
b) la actuación de las autoridades colombianas en el caso de las desapariciones ocurridas en la región de Urabá entre 1990 y 1993 se caracterizó por no realizar investigaciones serias para esclarecer los hechos, y
c) los hechos del presente caso se realizaron en un contexto de alta militarización en la zona de Urabá como parte de un “plan militar de exterminio y aniquilamiento de las guerrillas que actuaban en esa zona, objetivo alcanzable según ese plan mediante ataques a la población civil que real o presuntamente apoyaba a las guerrillas”. Dicho plan se desarrolló en distintos planos y bajo distintos aspectos: por un lado, había una comunidad de propósitos entre las fuerzas militares en la zona y las fuerzas de policía, con los grupos paramilitares y, por otro, existía una alta militarización de la zona que tuvo su máxima expresión en el establecimiento de la jefatura militar, por el Decreto No. 678 de 1988.
100. En relación con los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana los representantes alegaron que:
a) pese al excepcional control militar de la región, los grupos paramilitares tuvieron toda la libertad y cooperación de las autoridades militares para ejecutar los hechos de Pueblo Bello. De hecho, hubo participación directa en la privación de la libertad de las 43 presuntas víctimas por parte de miembros de la compañía “Francisco de Paula Vélez”, ubicada a la entrada de San Pedro de Urabá;
b) las 43 presuntas víctimas fueron privadas ilegal y arbitrariamente de su libertad, torturadas, y desaparecidas. Dado el largo tiempo transcurrido sin que sus familiares hayan tenido ninguna información acerca de su paradero, habría que inferir que las 37 personas que continúan desaparecidas fueron ejecutadas por el grupo paramilitar;
c) las seis presuntas víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en las fincas “Las Tangas” y “Paraguay”, fueron ejecutadas por los paramilitares después de ser cruelmente torturadas. El Estado no realizó las diligencias judiciales necesarias para esclarecer estos hechos, vulnerando nuevamente el derecho a la vida de las presuntas víctimas;
d) el Estado ha incumplido la doble obligación de respetar y de garantizar el derecho a la integridad personal respecto de las presuntas víctimas y sus familiares. Las presuntas víctimas privadas ilegal y arbitrariamente de su libertad, fueron introducidas y transportadas en camiones, incomunicadas y desaparecidas por el grupo paramilitar; fueron sometidas a vejámenes y maltratos físicos, en el momento de la retención frente a sus familiares,. Este grupo pudo incursionar y actuar en Pueblo Bello gracias al apoyo y colaboración de miembros del Ejército. Por tanto, el Estado es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, así como por la falta de investigación sufrida por sus familiares, y
e) los familiares de las presuntas víctimas han sufrido un profundo pesar, angustia, incertidumbre e impotencia como consecuencia de la detención ilegal y arbitraria de las presuntas víctimas, de sus desapariciones forzadas y de la falta de actuación del Estado para sancionar en un tiempo razonable a todos los responsables de los hechos y para devolverles a sus familiares. Los familiares de las seis presuntas víctimas cuyos cuerpos fueron identificados sufren el dolor que produce la certeza de la ejecución extrajudicial y del padecimiento de sus seres queridos.
101. Respecto del artículo 19 de la Convención Americana los representantes alegaron que:
a) cuatro presuntas víctimas eran niños al momento en que fueron detenidos ilegal y arbitrariamente, tratados cruel e inhumanamente, torturados, desaparecidos, y con toda seguridad, ejecutados por el grupo paramilitar que actuó con aquiescencia y colaboración de agentes de la Fuerza Pública y que lo hizo en desarrollo de sus objetivos;
b) dados los hechos y el contexto en que éstos se produjeron, las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño se agrupan como: a) disposiciones que garantizan al niño el derecho a medidas especiales de protección y b) disposiciones que garantizan al niño medidas especiales de protección en contextos de conflicto armado;
c) las disposiciones contenidas en los artículos 2, 3.2, 6, 9.1 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen medidas especiales de protección referentes a la no discriminación, a la garantía a la supervivencia y al desarrollo del niño, a la prohibición de la tortura y a las condiciones que deben observarse en casos de privación de la libertad de los niños y las medidas referentes al derecho del niño a no ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos;
d) al permitir y no prevenir la comisión de estos actos ni haber realizado las actuaciones necesarias para asegurar el regreso de los cuatro niños al lado de sus padres y al haber brindado su aquiescencia y colaboración para que esos actos pudieran ser realizados por el grupo paramilitar, el Estado no garantizó las especiales medidas de protección a las que tenían derecho los niños presuntas víctimas, e incumplió con el deber de respetarlas, y
e) el Estado no implementó ninguna medida tendiente a proteger a las presuntas víctimas en su condición de personas civiles niños.
Alegatos del Estado
102. En relación con su responsabilidad por los hechos del presente caso, el Estado manifestó lo siguiente:
a) niega cada uno de los cargos y en especial ser responsable de manera general por la existencia y fortalecimiento de grupos delictivos;
b) no es posible atribuir responsabilidad al Estado por la expedición de normatividad que dio fundamento legal a la creación de los grupos armados de autodefensa ilegales. El Estado cumplió con sus deberes de prevención. Su esfuerzo para combatir, prohibir, prevenir, y castigar adecuadamente las actividades de estos grupos queda comprobado en la adopción de medidas legislativas y judiciales para combatirlos;
c) no le es imputable la responsabilidad en este caso concreto, ni por infracción de sus obligaciones convencionales, ya sea por tolerancia o apoyo del poder público en los hechos de Pueblo Bello;
d) en la investigación, sanción y juzgamiento de los autores y coautores de los hechos de Pueblo Bello se aplicaron normas legislativas, tales como el Decreto No. 2666 de 1991, que elevó a legislación permanente disposiciones sobre porte ilegal de armas, terrorismo y agravación punitiva, y ampliación de modalidades delictivas;
e) las investigaciones disciplinarias y penales en el presente caso no encontraron agentes del Estado vinculados en grado o modalidad algunas con los grupos delictivos, y
f) el “contexto” con el que comienzan los “Fundamentos de hecho” de la demanda nada aporta al caso concreto, por lo que no puede erigirse en pretendida base fáctica para una condena del Estado.
103. Respecto de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, el Estado manifestó que:
a) no puede existir responsabilidad internacional objetiva del Estado por el sólo hecho de que un grupo armado ilegal viole los derechos humanos de manera flagrante. La imputación de la violación al deber de protección no conlleva automáticamente la imputación por la infracción del de garantía, aunque, por supuesto, los dos pueden darse igualmente. En cada caso se tendrá que determinar la calidad de la infracción. Se trata de la racionalidad de la respuesta del derecho a la infracción;
b) para poder atribuir responsabilidad al Estado por hechos cometidos directamente por particulares, es imperioso tener en cuenta las estructuras de la imputación del hecho al Estado, las cuales devienen de las obligaciones consagradas en la Convención. Sólo cuando se demuestre que el comportamiento de los integrantes del grupo armado ilegal es imputable por acción o por omisión a los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, porque incumplieron los deberes convencionales frente a los hechos de los particulares, podrá atribuirse al Estado la responsabilidad internacional. Por el contrario, si se establece que los hechos no son imputables a los militares, no hay base jurídica para reprochar al Estado la violación de los derechos humanos en concreto;
c) las estructuras de imputación de responsabilidad del Estado constituyen numerus clausus, pues son enumeración cerrada de los eventos en los cuales la infracción del deber convencional es imputable al Estado en cuestión. Este presupuesto constituye una garantía al principio de certeza jurídica;
d) en el caso de Pueblo Bello los militares tenían deberes de seguridad y protección respecto de los habitantes de dicho corregimiento, es decir, tenían posición de garante. Sin embargo, esto no es suficiente para imputar responsabilidad. Se necesita que esté demostrado que ellos infringieron esos deberes por acción o por omisión. Del análisis de la imputación personal a los miembros de las Fuerzas Armadas no se podrá afirmar que ellos crearon un riesgo jurídicamente desaprobado, que ellos infringieron su deber, pues el conocimiento de la “situación de riesgo actualizante” del deber es algo que no se ha probado en absoluto en este proceso;
e) no existe prueba suficiente del posible “apoyo” o “tolerancia” de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia a los integrantes del grupo armado ilegal que irrumpió en Pueblo Bello. Frente al deber de prevenir la violación de los derechos humanos por parte de terceros, el Estado ha cumplido con este deber genérico y con los pertinentes en el caso concreto;
f) en el presente caso no existe prueba de la responsabilidad del Estado ni presunción de imputabilidad de los hechos por la violación de los derechos a la vida y a la integridad y libertad personal en los hechos de Pueblo Bello, porque no existió participación de sus agentes. Por tanto, el Estado tampoco es responsable por el delito de desaparición forzada de personas;
g) los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención se encontraban y encuentran debidamente protegidos por las leyes del Estado y garantizados por las autoridades. En el presente caso la autoridad judicial investigó y sancionó a los responsables, con criterios y modalidades de participación y dosificación punitiva, coherentes con la gravedad de los hechos;
h) sorprende que la Comisión base su acusación contra el Estado en las propias resoluciones de la justicia colombiana, cuando estas instancias, en diversas ocasiones, exoneraron de responsabilidad al Estado. La Comisión carece totalmente de prueba que responsabilice al Estado de los ilícitos que se le vienen imputando;
i) el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado exige establecer prioridades teniendo en cuenta las restricciones de recursos y las disponibilidades efectivas de un Estado, las cuales pueden convertirse en limitantes válidas al goce de un derecho cuando responden a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Esto cobra aún más relevancia tratándose del deber de prevención a cargo del Estado. En estos eventos la obligación del Estado es de medio y no de resultado, lo cual supone un deber de diligencia en el sentido de tomar razonablemente las previsiones y cautelas para evitar la violación de un derecho por parte de terceros;
j) resulta imposible reprochar al Estado la infracción al deber genérico de prevención y la lesión de este deber en el caso concreto. La actividad militar de la zona demuestra la diligencia del Estado en la prevención de cualquier atentado contra los derechos humanos de los habitantes de la región. No sólo se trataba de presencia militar pertinente y proporcional de acuerdo con la capacidad estatal para la defensa de los derechos humanos, sino también de operativos constantes de persecución a los miembros de grupos armados presentes en esa región del país. Los militares presentes en la zona no tuvieron conocimiento alguno de los hechos, ni éstos les fueron conocibles;
k) el único instrumento probatorio con el que se ha pretendido sustentar una posible participación de los militares es el testimonio de Rogelio de Jesús Escobar Mejía, el cual carece de toda virtualidad para poder destruir la presunción de inocencia de los militares. Además, su testimonio no puede fundamentar un fallo condenatorio de la Corte, pues su contenido no ha sido probado;
l) el primer elemento general necesario para el juicio de responsabilidad internacional del Estado es la existencia de un deber específico y la comprobación de la infracción a ese deber;
m) la investigación de la responsabilidad internacional de Colombia por los hechos ocurridos en Pueblo Bello debe partir del análisis de los deberes asumidos por el Estado. De acuerdo con la Convención éste se encuentra obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar a todos los sujetos su libre y pleno ejercicio. Cada uno de estos deberes puede ser descompuesto en otros más concretos. Estos deberes se conocen como derechos de defensa del ciudadano frente al Estado y son derechos de acciones negativas del Estado. Pero existen también derechos a acciones positivas del Estado, a prestaciones;
n) la determinación de la posición de garante no es el único elemento del juicio de imputación individual al agente estatal. Se necesita, además, que el agente haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, y esto se traduce en la lesión al deber de protección respecto de la población de Pueblo Bello. No se ha probado que los militares presentes en la zona crearan un riesgo jurídicamente desaprobado por infringir los deberes resultantes de su actividad, ni porque conocieran con claridad la situación de riesgo actualizante del deber. Tampoco existen elementos de prueba que permitan colegir la cognoscibilidad. Por el contrario, existen elementos dentro del proceso que apuntan al total desconocimiento por parte de los militares de la situación concreta de peligro y de una posibilidad de ataque a la población;
o) no existe una única vía de acceso a la finca a la que fueron trasladadas las personas secuestradas en Pueblo Bello. Por el contrario, está probado que hay otras vías de acceso desde Pueblo Bello a la finca “Las Tangas”, a través de las cuales se pudo evadir la presencia y control militares, y
p) el Sistema Interamericano reconoce de manera expresa la posibilidad de que los derechos sean objeto de limitaciones cuando así lo demande el ejercicio de los derechos de los demás, por razones de seguridad colectiva o por motivos de bienestar general (artículos 32, 13, 15 y 22 de la Convención). Sin embargo, una cosa es la limitación al ejercicio de derechos, admisible como figura en abstracto bajo condiciones normales, y otra bien distinta la supresión del derecho que por su naturaleza es inaceptable.
104. Respecto del artículo 19 de la Convención Americana, el Estado alegó que ya que no existe prueba de su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personales en los hechos de Pueblo Bello, entonces el Estado tampoco ha incumplido la obligación de respeto de los derechos del niño.
Consideraciones de la Corte
105. El artículo 1.1 de la Convención establece:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
106. El artículo 4.1 de la Convención dispone que
[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
107. Los incisos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención establecen:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
108. El artículo 7 de la Convención dispone:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
109. Según lo establecido en el capítulo anterior (supra párrs. 95.30 a 95.41), el 14 de enero de 1990 un grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente armados, pertenecientes a una organización paramilitar denominada “los tangueros”, provenientes de una finca ubicada en el municipio de Valencia, Departamento de Córdoba, ingresaron en el corregimiento de Pueblo Bello, en el Departamento de Antioquia. Los miembros del grupo armado se movilizaron en dos camiones e ingresaron en Pueblo Bello entre las 20:30 y las 22:50 horas de la noche, divididos en cuatro grupos. Dichos paramilitares bloquearon las vías que de Pueblo Bello conducen a Turbo y a San Pedro de Urabá, portaban armas de fuego de diferente calibre, vestían de civil y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y llevaban en el cuello trapos rojos y rosados. Los paramilitares saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas y de una iglesia a un número indeterminado de hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Allí los colocaron boca abajo en el suelo y, con base en una lista que portaban, escogieron a 43 hombres, presuntas víctimas del presente caso, quienes fueron amarrados, amordazados y obligados a abordar los dos camiones utilizados para transporte. Los dos camiones, con las personas secuestradas, salieron de Pueblo Bello aproximadamente a las 23:30 horas y se desplazaron nuevamente hacia la finca “Santa Mónica”, donde llegaron aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 15 de enero de 1990 y donde fueron recibidos por Fidel Castaño Gil, quien ordenó que los individuos secuestrados fueran conducidos hasta una playa del río Sinú, ubicada en la finca “Las Tangas”, también en el Departamento de Córdoba. Una vez allí, las presuntas víctimas fueron interrogadas y sujetas a diversos actos de tortura. Los paramilitares habrían matado violentamente a las personas secuestradas y trasladaron algunos de los cadáveres a la finca “Las Tangas”, donde fueron inhumados. A la fecha sólo seis de las 43 presuntas víctimas han sido identificadas y sus restos entregados a sus familiares. Las otras 37 personas se encuentran desaparecidas.
110. Con el propósito de determinar si existe responsabilidad internacional de Colombia por la violación a los artículos 7, 5 y 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, la Corte estima pertinente analizar el presente caso de acuerdo con la estructura de las obligaciones que impone dicho tratado a los Estados Partes y en atención a las circunstancias y particularidades propias de los hechos del mismo, en el siguiente orden: a) la responsabilidad de los Estados en el marco de la Convención Americana; b) los deberes de prevención y de protección de los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida; c) la obligación de investigar efectivamente los hechos derivado de la obligación de garantía, y d) el derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas.
a) La responsabilidad de los Estados en el marco de la Convención Americana
111. Este Tribunal ya ha establecido que la responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el momento de la violación de las obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer respetar –garantizar– las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona, recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado . De estas obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En este sentido, el artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte en todo su alcance. En efecto, dicho artículo impone a los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía de los derechos, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el Derecho Internacional general. Es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia .
112. La responsabilidad internacional del Estado se funda en “actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana” , y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios . Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste.
113. La Corte también ha reconocido que puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre individuos. En este sentido, este Tribunal ha considerado que
dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. [Las obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección, a cargo de los Estados Partes en la Convención,] proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención .
114. La Corte ha señalado la existencia de dichos efectos de la Convención en relación con terceros en ejercicio de sus funciones contenciosa y consultiva , así como al haber ordenado medidas provisionales para proteger a miembros de grupos o comunidades de actos y amenazas causados por agentes estatales y por terceros particulares .
115. Colombia alegó que la determinación de una infracción a un deber estatal que comprometa su responsabilidad se debe realizar a través de lo que llama unas “estructuras cerradas de imputación que subyacen al contenido obligacional de la Convención”. Específicamente el Estado argumentó lo siguiente:
La existencia de un catálogo de deberes negativos y positivos en la Convención conlleva la posibilidad de deducir responsabilidad ante su lesión o infracción por parte del Estado en cuestión. Para poder, sin embargo, establecer la violación de los deberes consagrados en la Convención se hace irrenunciable atender a las estructuras de imputación. Es decir, la determinación de responsabilidad estatal está estrictamente ligada, de forma más exacta, condicionada, a la constatación de la infracción concreta del deber y no simplemente a la afirmación de ese deber.
[…] las estructuras de imputación de responsabilidad al Estado constituyen numerus clausus, esto es, que son enumeración cerrada de los eventos en los cuales la infracción del deber convencional es imputable al Estado en cuestión. […] Por fuera de las estructuras de imputación es imposible realizar algún tipo de deducción de responsabilidad estatal. Se violaría un derecho del Estado si se desatiende el carácter cerrado de dichas estructuras; de nuevo, este carácter es garantía de certeza, pues así no sólo se maximiza la protección de los derechos convencionales, sino que también se asegura al Estado los eventos de su responsabilidad internacional. La certeza es también un derecho predicable del Estado .
116. Al respecto, la Corte ya ha establecido que la responsabilidad estatal bajo la Convención Americana sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reparar el daño ocasionado por sus propios medios, y la atribución de la misma a un Estado por actos de agentes estatales o de particulares deberá determinarse atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada caso , así como a los correlativos deberes especiales de prevención y protección aplicables al mismo. Si bien esta atribución se realiza con base en el Derecho Internacional, las diversas formas y modalidades que pueden asumir los hechos en situaciones violatorias de derechos humanos hacen poco menos que ilusoria la pretensión de que el Derecho Internacional defina en forma taxativa –o cerrada o numerus clausus– todas las hipótesis o situaciones –o estructuras– de atribuibilidad o imputabilidad al Estado de cada una de las posibles y eventuales acciones u omisiones de agentes estatales o de particulares.
117. De tal manera, al interpretar y aplicar la Convención, la Corte debe prestar atención a las particulares necesidades de protección del ser humano, destinatario último de las normas contenidas en el tratado de referencia. En razón del carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de protección a cargo de los Estados, no resulta posible determinar su alcance en función de una visión centrada en la voluntad soberana de aquéllos y de los efectos de las relaciones meramente interestatales. Dichas obligaciones incumben a todos los sujetos del Derecho Internacional y los supuestos de incumplimiento deberán determinarse en cada caso en función de las necesidades de protección, para cada caso en particular.
118. Una vez señaladas las obligaciones del Estado en el marco de la Convención y las hipótesis generales de atribución de responsabilidad internacional al Estado, la Corte procederá a analizar la posible violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal y la vida de las presuntas víctimas y sus familiares, en el marco de las obligaciones de prevención, de protección y de investigación derivadas del artículo 1.1 de la Convención en relación con las normas que reconocen esos derechos, a saber los artículos 7, 5 y 4 de dicho tratado.
b) Los deberes de prevención y de protección de los derechos a la libertad, integridad personal y vida de las presuntas víctimas
119. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter angular en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos derechos forman parte del núcleo inderogable, pues se encuentran consagrados como unos de los que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes.
120. Este Tribunal ha señalado que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos . Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él . El cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva). Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas . En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones (infra párrs. 125 a 127 y 142 a 146).
121. En el presente caso, el Estado reconoció que “los miembros de la Fuerza Pública eran garantes para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los habitantes del corregimiento de Pueblo Bello”. No obstante, sostuvo que “los deberes […] convencionales no pueden ser una carga insoportable para los Estados; éste no puede ser garante de todo en toda parte[. …] La capacidad de reacción estatal estaba limitada por una situación crítica de orden público, que imposibilitaba una cobertura total del territorio, por lo demás muy extenso. [… E]xistían fuerzas militares en esa zona, por lo que el Estado […] sí había tomado medidas genéricas de protección, precisamente aquellas acordes con la capacidad de reacción del Estado”. Además, el Estado alegó que
la existencia de una competencia material, funcional y territorial de los servidores públicos en el área en que sucedieron los incidentes no se discute, pues los miembros de las Fuerzas Armadas hacían presencia con una base y un retén militar en la zona. De este modo, es claro que los deberes que los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia tenían en el supuesto en análisis eran de protección de la población y de garantía de seguridad en dicha región, deberes que se deben concretar en el marco de la imputación personal. [Según el Estado, si bien] la presencia de los militares en la zona y la asunción de la seguridad en ella, en especial y respecto del retén, sobre la garantía de los derechos de las personas que transitaban por esta ruta, fundamentan en el caso concreto el deber general de respeto y protección de los derechos de la población[,…] ello [no es] suficiente para determinar la responsabilidad del Estado[, pues] a los efectos de poder imputar algún tipo de responsabilidad a los militares garantes [se debe probar] que el sujeto haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, primer elemento de la denominada teoría de la imputación objetiva, ampliamente reconocida en la dogmática penal.
[Para saber si ha infringido sus deberes convencionales] porque sus agentes han intervenido, por acción u omisión, en los hechos de los particulares y afectado así derechos y libertades reconocidos por la Convención, es de lógica jurídica establecer la imputación personal al agente .
122. Al respecto, la Corte no es un tribunal penal en el que pueda determinarse la responsabilidad penal de los individuos . En este sentido, según lo señalado anteriormente acerca de la responsabilidad de los Estados bajo la Convención (supra párrs. 111 a 118), ésta no debe ser confundida con la responsabilidad criminal de individuos particulares . Por ende, en este proceso no es posible limitar la definición de las obligaciones de garantía estatales a estructuras específicas para la determinación de responsabilidades penales –individuales por antonomasia–; tampoco es necesario definir los ámbitos de competencia de cada miembro o unidad de las Fuerzas Armadas destacadas en la zona, ni de estructuras penales o criterios de imputación penal individual tales como la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, el carácter individual de la posición de garante o la concreción de un resultado típico, según lo pretende el Estado.
123. Por otro lado, para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía.
124. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha entendido que el artículo 2 del Convenio Europeo también impone a los Estados una obligación positiva de adoptar medidas de protección, en los siguientes términos:
62. La Corte recuerda que la primera oración del artículo 2.1 obliga al Estado no sólo a abstenerse de privar intencional e ilegalmente de la vida, sino también a tomar pasos apropiados para salvaguardar las vidas de quienes se encuentren bajo su jurisdicción (Ver caso L.C.B. vs Reino Unido. Sentencia de 9 de junio de 1998, Reports 1998-III, pág. 1403, párr. 36). Esto conlleva un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo por actos criminales de otros individuos (ver la sentencia de Osman […], pág. 3153, párr. 115).
63. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas en las sociedades modernas, la impredictibilidad de la conducta humana y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, dicha obligación positiva debe ser interpretada de forma que no imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. Por consiguiente, no todo alegado riesgo a la vida impone a las autoridades la obligación convencional de tomar medidas operativas para prevenir que aquel riego llegue a materializarse. Para que surja esa obligación positiva, debe ser establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitar dicho riesgo (ver la sentencia de Osman […], pág. 3159, párr. 116). (Traducción de la Secretaría)
125. En el presente caso, la Corte reconoce que el Estado adoptó varias medidas legislativas para prohibir, prevenir y castigar las actividades de los grupos de autodefensa o paramilitares (supra párrs. 95.8 a 95.20) y, en atención a la situación particular del Urabá antioqueño, región donde está ubicado el corregimiento de Pueblo Bello, el conocimiento de la situación de riesgo y de la necesidad de controlar la zona se materializó en la adopción de una serie de medidas en este sentido, a saber: la creación en 1988 de la Brigada XI en Montería y la Brigada Móvil Número Uno, y la emisión del Decreto No. 0678 de 14 de abril de 1988 para el “restablecimiento del orden público” en esa zona y que creó la Jefatura Militar del Urabá Antioqueño (supra párrs. 95.6, 95.7 y 95.26). Por ende, es claro que las autoridades estatales tenían conocimiento de la posibilidad de que aquél riesgo específico derivado de las actividades de personas o grupos paramilitares, se viera concretado en situaciones que afectaran a la población civil.
126. Sin embargo, esas medidas no se vieron traducidas en la desactivación concreta y efectiva del riesgo que el propio Estado había contribuido a crear. Con la interpretación que durante años se le dio al marco legal, el Estado propició la creación de grupos de autodefensas con fines específicos, pero éstos se desbordaron y empezaron a actuar al margen de la ley. De este modo, al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso. La declaratoria de ilegalidad de éstos debía traducirse en la adopción de medidas suficientes y efectivas para evitar las consecuencias del riesgo creado. Esta situación de riesgo, mientras subsista, acentúa los deberes especiales de prevención y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia de grupos paramilitares, así como la obligación de investigar con toda diligencia actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población civil.
127. La falta de efectividad en la desarticulación de las estructuras paramilitares surge además de las motivaciones y características de la legislación adoptada a partir de 1989 y hasta la actualidad (supra párrs. 95.8 a 95.20), así como también del análisis de la intensidad cuantitativa y cualitativa de violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares en la época de los hechos y en años subsiguientes, actuando por sí mismos o en connivencia o colaboración con agentes estatales, vis-à-vis los altos índices de impunidad en que quedaban ese tipo de hechos.
128. En ese sentido, la Corte tiene presente que se ha documentado durante varios años la existencia en Colombia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, en relación con hechos similares a los del presente caso . Según el informe conjunto rendido en 1994 por los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, “aunque la Procuraduría General estima inapropiado afirmar la existencia de una política planificada de ‘violación sistemática’ de los derechos humanos, señaló en su tercer informe sobre los derechos humanos que las violaciones habían sido tan numerosas, frecuentes y graves en los últimos años que no podían tratarse como si fuesen meros casos aislados o individuales de mala conducta por parte de oficiales de graduación media o inferior sin imputar ninguna responsabilidad política a la jerarquía civil y militar. Por el contrario, incluso cuando no se había adoptado ninguna decisión en el sentido de perseguir a la población civil inerme, el Gobierno y el alto mando militar eran responsables de las acciones y omisiones de sus subordinados” . A su vez, el informe rendido por el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias en 1989 señala que:
[…] información adicional recibida por el Relator Especial parecería indicar que las principales regiones donde operan los llamados paramilitares son áreas de fuerte presencia militar, no habiéndose hasta el momento informado de enfrentamientos entre éstos y las fuerzas del orden. […] la información con que se cuenta muestra que el incremento de las ejecuciones sumarias o arbitrarias durante los últimos años, ha estado íntimamente ligado al incremento de la actividad de los llamados grupos paramilitares. […] Los asesinatos colectivos, que en la mayoría de los casos afectan a campesinos indefensos, constituyen un fenómeno muy reciente y muestran el alarmante crecimiento de la violencia en Colombia.
[…] las principales víctimas de las matanzas ocurridas entre 1988 y 1989 han sido los campesinos. En 1988, 50 de las 73 matanzas fueron contra campesinos, esto es, casi 70 % del total [15 de ellas fueron en Antioquia]. En 1989, 11 de las 21 masacres ocurridas fueron contra campesinos [6 de ellas fueron en Antioquia]. […] Las áreas rurales son las más perturbadas por la violencia […]
129. Además, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace constante referencia en sus informes al alto índice de impunidad de las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario cometida como consecuencia de procesos penales y de investigaciones disciplinarias abiertos en contra de miembros de la Fuerza Pública y de paramilitares que no desembocan en el establecimiento de responsabilidades ni en las correspondientes sanciones . En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el año 1997, se señala:
Tanto las autoridades colombianas como las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en aceptar que la falta de investigación y juzgamiento de los delitos constitutivos de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra es uno de los factores que más ha contribuido a sostener la abundancia y reiteración de conductas con las cuales se afectan los derechos protegidos por los instrumentos internacionales. El Defensor del Pueblo afirmó que el difícil panorama de los derechos humanos en su país “tiene como uno de sus ingredientes básicos la impunidad, que es un poderoso elemento de retroalimentación de la violencia y lleva a algunos a tomar justicia por propia mano, con lo que se configura un círculo vicioso casi irrompible .
130. Esta situación no fue percibida únicamente en ese año, pues ya en dicho informe conjunto de 1994 de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre sus visitas a Colombia, se advertía que la debilidad existente en el sistema de administración de justicia a principios de los años noventa se plasmaba en los altos índices de impunidad, los cuales “correspond[ía]n a la justicia penal, tanto ordinaria como militar, mientras que la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus competencias en materia disciplinaria, y la justicia administrativa estarían funcionando de manera relativamente satisfactoria” . A pesar de que la impunidad afectaba al sistema judicial en general, los mayores problemas surgían en la fase investigativa de los delitos, la cual corre a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, existía un papel excesivo asignado a las fuerzas militares en funciones de policía judicial – creadas en virtud de una legislación de excepción – por carecer de la independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones de manera objetiva.
131. La Corte considera que es dentro del contexto descrito en que sucedieron los hechos del caso, que debe determinarse la observancia por parte del Estado de sus obligaciones convencionales de respeto y garantía de los derechos de las presuntas víctimas. Las partes han discutido varios supuestos particulares acerca de cómo se configuró la responsabilidad del Estado en este caso.
132. El Estado alegó un supuesto conflicto de derechos que matizaría sus deberes convencionales de protección y respeto de los derechos humanos según los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Manifestó que el principio de proporcionalidad debe tenerse en cuenta al realizar el ejercicio de imputación de responsabilidad internacional al Estado, puesto que para enfrentar “las dificultades producto de la tensión entre derechos constitucionales resulta necesario un ejercicio de ponderación que permita armonizar los bienes constitucionales en caso de colisión”. Además señaló que dicho principio debe ser tenido en cuenta, pues es posible que en el supuesto de un hecho concreto se trate de una colisión de deberes, como por ejemplo en el supuesto de la existencia de ataques simultáneos de grupos armados ilegales a diferentes poblaciones. Más específicamente, el Estado argumentó lo siguiente:
Los militares presentes en la zona, los del retén y la base, cubrían un área determinada y prestaban la seguridad de unos caminos concretos, de modo que la exigencia de una mayor cobertura o simplemente de otra actividad atentaría contra el mismo plan de seguridad diseñado para la zona y que ya había sopesado las diferentes variantes y posibilidades de defensa. Por algo el retén estaba ubicado allí y no en otra parte! Si, por ejemplo, los militares hubiesen realizado visitas de control a las poblaciones cercanas, habrían descuidado el punto central de vigilancia que también servía a la protección de otros derechos, precisamente de aquellos de los habitantes de la zona en que se encontraban. Tampoco se les puede exigir desarrollar una estrategia que ponga en peligro su propia vida, pues ésta sería a todas luces ineficaz e incompatible con el objetivo estatal de seguridad y control .
133. Ciertamente el principio de proporcionalidad constituye un importante criterio o herramienta de aplicación e interpretación de normativa interna y de instrumentos internacionales, para determinar la atribución de responsabilidad al Estado. Ello depende de la naturaleza del derecho que se alega violado, de las limitaciones generales o específicas que admita su goce y ejercicio, y de las particularidades de cada caso. Sin embargo, el presente caso no constituye una decisión acerca de la legitimidad de una injerencia, restricción o limitación estatal en la esfera de un derecho individual protegido por la Convención, en atención a determinados fines en una sociedad democrática . Tampoco se trata de determinar la necesidad del uso de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad estatales, en casos en que deba determinarse el carácter arbitrario de la muerte de personas y sea necesario juzgar la proporcionalidad de las medidas tomadas para controlar una situación de afectación del orden público o un estado de emergencia . En estas hipótesis sí tendría clara aplicación el principio de proporcionalidad.
134. En el presente caso, el Estado no ha demostrado que sus fuerzas de seguridad se hayan visto limitadas por tener que adoptar medidas para proteger a otra población de un ataque simultáneo al ocurrido en Pueblo Bello el día de los hechos; sólo se limitó a alegar que “no se tenía conocimiento preciso de la existencia de este grupo en esa zona específica, toda vez que la Fuerza Pública estaba desarrollando todo su accionar en contra del frente 5 de las FARC, y otro del EPL, quienes desarrollaban su accionar delictivo fuertemente en la zona”. Según fue señalado (supra párrs. 125 a 127), la declaratoria de ilegalidad de los grupos paramilitares implicaba que el Estado dirigiera sus acciones de control y seguridad también contra aquéllos y no solamente contra la guerrilla. De manera que si, tal como lo alega el Estado, en ese momento y en esa zona sus fuerzas de seguridad dirigían todo su accionar contra grupos guerrilleros, ello significaría que el Estado descuidó esos otros deberes de prevención y protección de los habitantes de esa zona respecto de los grupos paramilitares. En este tipo de situaciones, de violencia sistemática y de graves violaciones de los derechos en cuestión, en una zona declarada de emergencia y de operaciones militares (supra párrs. 95.1 a 95.15, 95.21 a 95.29 y 127 a 131), los deberes de adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados y revestidos de importancia cardinal en el marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención, por lo que no tendría aplicación alguna dicho principio de proporcionalidad ni han sido demostradas las hipótesis planteadas por el Estado.
135. En este caso ciertamente no ha sido probado que las autoridades estatales tuvieran conocimiento previo específicamente del día y hora del ataque a la población de Pueblo Bello y de las modalidades del mismo. Por ejemplo, no han sido aportados elementos probatorios que demuestren que habitantes de dicha localidad hayan denunciado actos de intimidación o amenazas previos a dicho ataque. A su vez, contrario a lo alegado por el Estado, es irrelevante a los efectos de este proceso determinar si los habitantes de Pueblo Bello habían denunciado el supuesto robo de un ganado, que habría motivado una venganza del grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño Gil, pues ello no condicionaría en modo alguno el deber de protección estatal.
136. Por otro lado, la Comisión y los representantes han alegado la supuesta participación directa de miembros del Ejército o de la policía en la incursión en Pueblo Bello en la noche del 14 de enero de 1990, específicamente en la privación arbitraria de libertad de las cuarenta y tres personas. Este alegato descansa principalmente en la declaración del señor Mariano Martínez, quien dijo haber visto al menos doce militares activos adscritos a la base militar ubicada en San Pedro de Urabá, quienes habrían actuado conjuntamente con el grupo de paramilitares en la incursión en el pueblo esa noche. Esta hipótesis no fue planteada por la Comisión al presentar la demanda y lo único que refiere a la presencia de agentes estatales junto con los paramilitares esa noche en Pueblo Bello es ese testimonio, el cual ha sido valorado por la Corte (supra párr. 70) llegando a la conclusión que no se encuentra corroborado por los testimonios o declaraciones de otras personas que estuvieran presentes la noche de ese día en Pueblo Bello.
137. Además, existe una controversia entre las partes en lo que respecta a si los camiones que transportaban al grupo de aproximadamente 60 paramilitares y a las presuntas víctimas, desde Pueblo Bello hacia la finca “Las Tangas” en el Departamento de Córdoba, pasaron o no por el retén militar ubicado en San Pedro de Urabá o si habrían pasado por caminos, trochas o vías alternas.
138. La Corte observa que no hay controversia acerca de la existencia y ubicación del retén militar en la entrada de San Pedro de Urabá y de una base militar en esa localidad, ni de que había desviaciones, caminos y trochas en el camino principal entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá; además, la prueba que obra en el expediente no es concluyente en cuanto a si esas otras vías eran transitables por camiones con esas características (supra párrs. 80 a 84, 95.130 a 95.132 y 95.135). Independientemente de la vía recorrida por esos camiones, este Tribunal considera que Colombia no adoptó las medidas de prevención suficientes para evitar que un grupo de aproximadamente 60 paramilitares ingresara al Municipio de Pueblo Bello, en horas en las que estaba restringida la circulación de vehículos, y luego saliera de dicha zona, después de haber detenido al menos a las 43 presuntas víctimas del presente caso, quienes fueron asesinadas o desaparecidas posteriormente. Es decir, la movilización de un número considerable de personas por esas zonas, cualquiera que haya sido la ruta tomada, revela que el Estado no adoptó las previsiones razonables para controlar las rutas disponibles en la zona.
139. Lo anteriormente expuesto conlleva a señalar que el Estado no adoptó, con la debida diligencia, todas aquellas medidas necesarias para evitar que operaciones de esta envergadura pudiesen llevarse a cabo en una zona declarada “de emergencia y de operaciones militares”, situación esta última que coloca al Estado en una posición especial de garante, debido a la situación del conflicto armado que imperaba en esa zona y que habría llevado al propio Estado a adoptar medidas particulares.
140. La Corte observa que si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos paramilitares, aquélla no habría podido ejecutarse si hubiere existido protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. Ciertamente no existen pruebas ante este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese un nexo entre miembros del Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. No obstante, la responsabilidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar en este caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias descritas. Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, la Corte concluye que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, por haber faltado a sus deberes de prevención y protección, en perjuicio de las personas desaparecidas y privadas de su vida en este caso.
141. Corresponde además determinar si, a la luz de las obligaciones de garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención, esa situación fue debidamente investigada en los procedimientos internos abiertos al efecto.
c) La obligación de investigar efectivamente los hechos derivada de la obligación de garantía
142. La obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (supra párr. 120). De tal manera, de esa obligación general de garantía deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos derechos; es decir, del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado.
143. En particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos (supra párrs. 119 a 120), una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva , que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa . Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales .
144. Ciertamente durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación . No obstante, la investigación debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad .
145. La realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como lo son en el presente caso los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado .
146. La Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que atravesaba y atraviesa Colombia, en las que su población y sus instituciones hacen esfuerzos por alcanzar la paz. Sin embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado, que subsisten particularmente en casos como el presente . El Tribunal ha sostenido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar efectivamente, en su caso, a los responsables, el Estado viola sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos reconocidos por la Convención a la presunta víctima y sus familiares, impide que la sociedad conozca lo ocurrido y reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse .
147. En tal sentido, en el marco de la obligación de proteger el derecho a la vida bajo el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, leída en conjunto con el artículo 1 del mismo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha desarrollado la teoría de la “obligación procesal” de efectuar una investigación oficial efectiva en casos de violaciones a aquél derecho. En el caso Ergi vs. Turquía, el referido tribunal europeo decidió que, aunque no existían pruebas fehacientes de que las fuerzas de seguridad habían causado la muerte de la víctima, el Estado había faltado a su deber de protección del derecho a la vida de la víctima, tomando en cuenta la conducta de las fuerzas de seguridad y la falta de una investigación adecuada y efectiva, por lo que había incurrido en violación del artículo 2 del Convenio Europeo . A una conclusión similar llegó la Corte Europea en los casos Akkoç y Kiliç, ambos contra Turquía, luego de determinar el limitado alcance y corta duración de las investigaciones oficiales llevadas a cabo en relación con la muerte del esposo de la peticionaria .
148. Para determinar si la obligación de proteger los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal por la vía de una investigación seria de lo ocurrido, se ha cumplido a cabalidad, es preciso examinar los procedimientos abiertos a nivel interno destinados a dilucidar los hechos ocurridos en Pueblo Bello y a identificar a los responsables de las desapariciones de 37 personas y las privaciones de libertad y, posteriormente de vida de seis personas cuyos cadáveres se han identificado. Este examen debe hacerse a la luz de lo que dispone el artículo 25 de la Convención Americana y de los requerimientos que impone el artículo 8 de la misma para todo proceso, y se efectuará en profundidad en el próximo capítulo de esta sentencia (infra párrs. 169 a 212). Para los efectos de la determinación de las violaciones de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, materia de análisis en los párrafos precedentes, baste decir que la Corte considera que las investigaciones realizadas en Colombia respecto de los sucesos de Pueblo Bello, en procedimientos llevados a cabo por la justicia penal ordinaria y la militar, la justicia disciplinaria y la contencioso administrativa, muestran graves fallas que han socavado la efectividad de la protección prevista en la normativa nacional e internacional aplicable en este tipo de casos y han llevado a la impunidad de ciertos hechos delictuosos que constituyen, a la vez, graves violaciones de los derechos humanos consagrados en las disposiciones de la Convención citadas en este párrafo considerativo.
149. La Corte no puede dejar de advertir que los hechos objeto de esta sentencia forman parte de una situación en que prevalece un alto índice de impunidad en hechos criminales perpetrados por paramilitares (supra párrs. 129 y 130). Las actuaciones ilegales de estos grupos no encuentran en la judicatura una respuesta adecuada y fiel a los compromisos internacionales del Estado y ello conduce a la creación de un campo fértil para que estos grupos que operan al margen de la ley sigan cometiendo hechos como los del presente caso.
150. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado no ha cumplido con su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención respecto de las personas desaparecidas y privadas de su vida en este caso, al no realizar una investigación seria, completa y efectiva de los hechos motivo de esta sentencia.
*
151. A las situaciones antes descritas de falta de debida diligencia en la protección, incluso preventiva, de los habitantes de Pueblo Bello, y en las investigaciones abiertas al efecto, se añade que fue el propio Estado el que creó una situación de riesgo que después no controló ni desarticuló (supra párrs. 125 a 128). De tal manera, si bien los actos cometidos por los paramilitares contra las presuntas víctimas del presente caso son hechos cometidos por particulares, la responsabilidad por aquéllos actos es atribuible al Estado en razón del incumplimiento por omisión de sus obligaciones convencionales erga omnes de garantizar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones interindividuales, y se ve concretada y agravada por no haber suprimido o resuelto efectivamente la situación de riesgo propiciada por la existencia de esos grupos y por haber continuado propiciando sus acciones a través de la impunidad. Por ende, el Estado es responsable por la privación arbitraria de la libertad e integridad personales, así como de la vida, de las 43 personas secuestradas en el corregimiento de Pueblo Bello el día 14 de enero de 1990 y posteriormente desaparecidas o privadas de su vida.
152. En relación con la determinación de las violaciones cometidas en el presente caso, ha sido probado que las 43 personas fueron arbitrariamente privadas de su libertad; que seis de ellas fueron privadas de su vida y que las otras 37 se encuentran desaparecidas. Ciertamente no existe prueba de los actos específicos a que fueron sometidas cada una de esas personas antes de ser privadas de su vida o desaparecidas. No obstante, el propio modus operandi de los hechos del caso y las graves faltas a los deberes de investigación permiten inferir que las personas secuestradas fueron objeto de tortura o graves tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues ha sido probado que a algunos de ellos les cortaron las venas, las orejas, los órganos genitales y les “chuzaron” los ojos, incluso habrían sido “golpeados a patadas y puñetazos” hasta su muerte (supra párrs. 95.39 y 95.40). En la menos cruel de las situaciones, fueron sometidas a graves actos contrarios a la integridad personal al presenciar los actos proferidos contra otras personas y sus homicidios, lo cual les hizo prever su fatal destino. De tal manera, sería incoherente limitar la determinación de los actos contrarios a la integridad personal a sólo algunas de las presuntas víctimas.
153. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que, por haber faltado a sus deberes de prevención, protección e investigación, el Estado tiene responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento de sus obligación de garantizar esos derechos, en perjuicio de las seis personas privadas de la vida, a saber: Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez, Ricardo Bohórquez Pastrana y Jorge David Martínez Moreno, así como de las 37 desaparecidas, a saber: José del Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresott Romero, Víctor Argel Hernández, Genor Arrieta Lora, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Benito Genaro Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz (o Cruz Ruiz), Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo Antonio Durango Moreno, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Uberto Fuentes Miramón, Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Santiago Manuel González López, Carmelo Manuel Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio Miguel Úrzola Sotelo, Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel López Cuadro, Mario Melo Palacio, Carlos Antonio Melo Uribe, Juan Bautista Meza Salgado, Pedro Antonio Mercado Montes, Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco, Luis Carlos Ricardo Pérez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Elides Manuel Ricardo Pérez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Berrío, Célimo Arcadio Hurtado y Jesús Humberto Barbosa Vega.
d) El derecho a la integridad personal de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida
154. Esta Corte ha señalado, en reiteradas oportunidades , que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En esta línea, este Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento propio que éstos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos .
155. En el presente caso, la Corte tuvo por probado que los paramilitares que incursionaron en Pueblo Bello saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas a un número indeterminado de hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Asimismo, algunos miembros del grupo armado ingresaron a la iglesia ubicada frente a dicha plaza, donde ordenaron a las mujeres y niños que permanecieran en el interior y a los hombres que salieran y se dirigieran a la plaza. Varios de ellos presenciaron cómo los paramilitares se llevaban a sus familiares y fueron testigos de cómo sus familiares fueron amarrados, amordazados y obligados a abordar los dos camiones utilizados para el transporte de los paramilitares (supra párrs. 95.33 y 95.160). Estos hechos constituyen actos contrarios a la integridad personal de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida.
156. En los días siguientes de sucedidos los hechos, los familiares se dedicaron a buscar a sus seres queridos y a denunciar lo acontecido. Acudieron no sólo a los retenes y bases militares, sino también se dirigieron a las autoridades municipales de Turbo, ciudad donde permanecieron en condiciones muy precarias por varios días en espera de alguna respuesta. Al no obtenerla, regresaron a Pueblo Bello.
157. Más de tres meses después de sucedidos los hechos del caso, varios de los familiares de las presuntas víctimas acudieron al Hospital de Montería para realizar un reconocimiento de cadáveres. Sin embargo, no contaron con apoyo por parte de las autoridades y, en su gran mayoría, no pudieron reconocer a sus familiares pues únicamente seis de las personas desaparecidas fueron identificadas (supra párrs. 95.74 y 95.75). Las condiciones en que se encontraban los cuerpos, descompuestos y en bolsas de plástico colocadas en el suelo, así como el hecho de haber observado el estado y heridas de los cadáveres, ha ocasionado en los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida un gran sufrimiento y dolor al suponer que sus seres queridos hubieran corrido la misma suerte que aquéllos.
158. En el presente caso, no se ha llevado a cabo una investigación completa y efectiva sobre los hechos de enero de 1990. Además, surge del expediente que son pocos los familiares que fueron llamados a declarar por parte de las autoridades y que, además, su participación en los procedimientos internos ha sido muy limitada (infra párr. 185). Ya en otras oportunidades el Tribunal ha considerado que la ausencia de recursos efectivos es una fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y sus familiares .
159. Asimismo, es necesario destacar que luego de los hechos de enero de 1990, varios habitantes de Pueblo Bello han salido de Colombia o se vieron desplazados de dicho corregimiento (supra párr. 95.161 e infra párr. 225), debido al miedo y angustia ocasionados por los hechos y a la situación posterior, y han enfrentado los efectos del fenómeno del desplazamiento forzado interno. Algunos de ellos han tenido que regresar contra su voluntad por no encontrar medios de subsistencia fuera de esta localidad.
160. Como se observa, los familiares de las personas presuntamente desaparecidas y privadas de la vida han sufrido graves daños como consecuencia de los hechos de enero de 1990, de la desaparición y/o privación de la vida de las mismas, por la falta de eficacia en la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos y, en algunos casos, por el miedo de vivir en Pueblo Bello. Todo lo anterior, además de haber afectado su integridad física, psíquica y moral, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias (supra párrs. 95.160 y 95.161).
161. Más allá de lo anterior, el hecho de que aún hoy, dieciséis años después de sucedidos los hechos, 37 de esas 43 personas continúen desaparecidas, ha ocasionado que los familiares no hayan contado con la posibilidad de honrar apropiadamente a sus seres queridos fallecidos. En casos que involucraban la desaparición forzada de personas, el Tribunal ha afirmado que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno , que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta por no haber sido establecida toda la verdad de los hechos y como un efecto de la impunidad parcial.
162. Así, la Corte estima que los familiares inmediatos individualizados en este proceso deben ser considerados a su vez como víctimas de la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado.
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163. En relación con la alegada violación del artículo 19 de la Convención (supra párrs. 98 y 101), la Corte considera que ésta ha sido considerada dentro de las faltas a los deberes de prevención, protección e investigación declaradas como fundamento de la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 (supra párrs. 118 y 153).
IX
ARTÍCULOS 8.1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO
(GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL)
164. Alegatos de la Comisión
a) las actuaciones judiciales llevadas adelante por el Estado para esclarecer la responsabilidad de civiles y militares en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de las presuntas víctimas no satisfacen los requisitos previstos en la Convención Americana relativos a las garantías del debido proceso y la debida protección judicial;
b) si bien el 26 de mayo de 1997, transcurridos siete años de los hechos, se profirió una condena en primera instancia contra diez personas, del caso se desprende la participación de aproximadamente 60 personas. Sólo tres de los diez condenados cumplen pena privativa de libertad; la mayoría de las órdenes de captura proferidas contra las personas condenadas en ausencia no han sido ejecutadas. La falta de vinculación de varios de los partícipes en los hechos, sumada a la falta de ejecución de la captura de la mayoría de las personas condenadas in abstentia, constituyen una manifestación de retardo en la administración de justicia;
c) desde la resolución de 30 de diciembre de 1997 del Tribunal Nacional, la investigación de los copartícipes no incluidos en la resolución de acusación original permanece abierta, tras catorce años de ocurridos los hechos. Una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las presuntas víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa;
d) la asignación de parte de la investigación a la justicia penal militar viola los derechos a la protección judicial y a las garantías al debido proceso. En el presente caso se verificó la intervención de la justicia militar en el juzgamiento de un miembro del Ejército presuntamente involucrado en los hechos. La jurisdicción penal militar no satisface los estándares de independencia e imparcialidad requeridos por el artículo 8.1 de la Convención, como foro para examinar, juzgar y sancionar casos que involucran violaciones de los derechos humanos. Esto ha sido materia de pronunciamiento de la Corte, así como de otros organismos internacionales. El sistema de justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado: quienes toman las decisiones no son jueces de la carrera judicial y la Fiscalía General no cumple su papel acusatorio en el sistema de la justicia militar. Además, la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado sobre la jurisdicción de los tribunales militares para examinar casos relativos a violaciones de derechos humanos y, de acuerdo con estos pronunciamientos, la gravedad de las violaciones cometidas en este caso hace inapropiado el juzgamiento en el ámbito de la jurisdicción militar de los agentes estatales involucrados, y
e) el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para la recuperación de la totalidad de los cuerpos de las presuntas víctimas. Estas violaciones impiden que se satisfaga el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.
165. Alegatos de los representantes
a) el Estado ha incumplido su deber de investigar y sancionar de manera imparcial y en un tiempo razonable a todos los responsables de los hechos de Pueblo Bello, de conformidad con los artículos 8, 25 y 1 de la Convención;
b) la protección activa de los derechos consagrados en la Convención se enmarca en el deber del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción y requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para castigar la violaciones a los derechos humanos y prevenir que se vulnere alguno de estos derechos por parte de sus propias fuerzas o de terceros que actúen con su aquiescencia;
c) la sola existencia de tribunales y leyes destinados a cumplir las obligaciones consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención no es suficiente; las obligaciones son afirmativas y los Estados deben realizar una investigación exhaustiva de todos los responsables de las violaciones de los derechos humanos, tanto de los autores directos como de los autores intelectuales;
d) el Estado ha privado a los familiares de las presuntas víctimas el acceso a un recurso sencillo y rápido. La jurisdicción ordinaria ha sido extremadamente tardía y ha demostrado su ineficacia para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los hechos. Esas investigaciones no han sido seriamente conducidas a efectos de garantizar a los familiares de las presuntas víctimas el derecho a conocer el paradero de sus seres queridos;
e) respecto del proceso ante la justicia ordinaria:
i. sólo han sido condenadas cinco personas. Estos resultados son insuficientes, ineficaces e inadecuados a la luz de las obligaciones del Estado;
ii. la sentencia proferida por el Tribunal Nacional el 30 de diciembre de 1997 destaca las deficiencias con que se tramitó la investigación, por lo que declaró la nulidad de parte de la misma. Esa consideración hecha por las propias autoridades judiciales internas indica la ineficacia y poca seriedad con que se tramitaron las investigaciones en el orden interno. Pese a la orden de reiniciar las investigaciones, la jurisdicción interna sólo procedió a hacerlo casi dos años después de la decisión;
iii. la investigación aún no ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal y la expectativa de eficacia de las investigaciones es escasa dado el largo tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, y
iv. las autoridades internas nunca han asumido las investigaciones como un deber propio en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y de conformidad con sus compromisos internacionales en materia de prevención de las violaciones de los derechos humanos;
f) en relación con el proceso ante la jurisdicción penal militar:
i. la jurisdicción militar no reúne las características de independencia e imparcialidad establecidas en el artículo 8 de la Convención;
ii. el sometimiento de la investigación de los miembros de la Fuerza Pública a la jurisdicción militar despojó a lo familiares de las presuntas víctimas del derecho de acceder a un recurso judicial efectivo que les garantizara el ejercicio de sus derechos y permitiera el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de las responsabilidades estatales, y
iii. en esta jurisdicción se decidió sin mayores investigaciones declarar que no existían pruebas que indicaran la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en los hechos, y
g) las reclamaciones de orden indemnizatorio iniciadas por los familiares de las presuntas víctimas ante los tribunales contencioso administrativos no han concluido, por lo que hasta el momento no se les ha indemnizado en el nivel interno por los daños causados con los hechos.
166. Alegatos del Estado
a) el Estado cuenta con instrumentos jurisdiccionales adecuados para el pleno ejercicio de las garantías judiciales en toda su extensión;
b) en Colombia ha existido un régimen de responsabilidad del Estado creciente y progresivo, hasta llegar incluso a consagrarse en algunos casos la responsabilidad estatal independiente de toda culpa, es decir, una responsabilidad objetiva. El régimen de indemnización de perjuicios siempre ha evolucionado a favor de los prejuiciados, fortalecido con la acumulación de responsabilidad entre el funcionario y la administración, para que el prejuiciado pueda perseguir a cualquiera de las dos personas: la jurídica y la natural;
c) el Estado posee un ordenamiento jurídico estructurado, sistémico e integral con finalidades y ámbitos de protección específicos pero complementarios, activados y puestos en marcha desde el momento en que sucedieron los hechos de Pueblo Bello. Éstos aún no han sido agotados no por ineficacia, sino por la complejidad e interés del Estado y de sus autoridades judiciales en agotar todas las medidas a su alcance para identificar y hallar los cuerpos de las presuntas víctimas, así como a los responsables de los hechos punibles;
d) en relación la jurisdicción penal militar:
i. la justicia penal militar es una institución del Estado de Derecho en Colombia, y para hablar de una violación a las disposiciones convencionales en esta jurisdicción deben analizarse las circunstancias y procedimientos en un caso concreto y no de manera genérica. El estándar de eficacia de un recurso interno está dado por su capacidad para producir el resultado para el que ha sido concebido. Estas conclusiones requieren un examen de validez de todo el procedimiento para determinar la coherencia y congruencia de las decisiones con la realidad probatoria de la investigación llevada a cabo por la justicia penal militar. Además, la jurisdicción constitucional de Colombia ha contribuido eficazmente a la defensa de los derechos humanos en este sentido, redefiniendo las fronteras de la legítima concepción del fuero militar;
ii. de acuerdo con la Constitución Política, los órganos que administran justicia en Colombia incluyen la justicia penal militar. La ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Dicha Constitución establece que los órganos de administración de justicia y como tal la Justicia Penal Militar, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial; por lo tanto, como administrador de justicia, el juez penal militar es independiente, autónomo, permanente y de libre acceso, y sus sentencias son susceptibles de recursos extraordinarios como los de casación y revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Por ende, el solo conocimiento de un hecho por la justicia penal militar no es causa de impunidad, y
iii. en este caso no es acertado poner en tela de juicio la actividad de la justicia penal militar, más aún si las conclusiones a las que se llegaron en diferentes instancias judiciales coinciden;
e) en relación la jurisdicción penal ordinaria:
i. desde las primeras diligencias investigativas el Estado ha procurado la ubicación de las personas desaparecidas;
ii. en la jurisdicción ordinaria se han realizado las investigaciones y calificaciones y se han impuesto las sanciones acordes con la legislación aplicable al momento de los hechos punibles. Las investigaciones han buscado abarcar la totalidad de los responsables y de las presuntas víctimas, determinar el impacto social de los hechos delictivos e identificar el fin criminal. No hay impunidad, ya que los responsables directos de la organización, planeación y autoría material fueron condenados a penas ejemplarizantes; el máximo perpetrador de las violaciones fue llevado ante la justicia, juzgado y condenado; y las sentencias anticipadas son cosa juzgada en relación con los hechos objeto de la confesión, pero no en relación con hechos nuevos o diferentes a los comprendidos en la misma, y
iii. la jurisdicción no ha sido agotada. Los esfuerzos para encontrar los responsables, sin importar su grado de autoría continúan, así como la recuperación de los cuerpos de las presuntas víctimas. La investigación de este caso se encuentra en el Comité Especial de Impulso a Investigaciones, medida administrativa que representa el máximo esfuerzo e interés del Estado por investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos;
f) el plazo de duración de los procesos penales respectivos es razonable, ya que trata de un caso de gran complejidad. Los derechos de las presuntas víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido y a la reparación integral han sido igualmente garantizados en la medida de las posibilidades estatales y del estado de los procesos judiciales que aún cursan en las jurisdicciones internas.
g) en el proceso disciplinario los cargos contra los agentes del Estado fueron por omisión en el cumplimiento de sus deberes y se fundamentaron en pruebas testimoniales, en informes técnicos evaluativos, así como en un acta de visita a la Base Militar de San Pedro de Urabá. En este proceso se realizaron varias pruebas técnicas con el fin de comprobar las posibles conductas tolerantes o aquiescentes de los miembros de las Fuerzas Militares; sin embargo, el fallador de instancia no tuvo la convicción necesaria para la condena y resolvió absolver a los disciplinados, y
h) el Estado no ha incumplido con el deber de respeto del derecho a la garantía y protección judiciales. Colombia tiene resultados precisos y contundentes que dan buena cuenta de su interés en la investigación y sanción eficaz de los delitos atentatorios contra los derechos humanos reconocidos en la Convención.
Consideraciones de la Corte
167. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulado contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
168. El artículo 25 de la Convención dispone:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
169. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) .
170. El Tribunal ha constatado que, en relación con los hechos del presente caso, fueron abiertos procesos penales en las jurisdicciones penales militar y ordinaria, procesos contencioso administrativos y procedimientos disciplinarios. En consecuencia, en el presente capítulo la Corte analizará la debida diligencia en la conducción de estas acciones oficiales de investigación, así como otros elementos adicionales para determinar si los procesos y procedimientos han sido desarrollados con respeto de las garantías judiciales, en un plazo razonable, y si han constituido un recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a la justicia, la verdad de los hechos y la reparación de los familiares.
171. En relación con la razonabilidad del plazo, este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables . Ciertamente la Corte ha establecido, respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales . No obstante, la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso . En efecto, dadas las particularidades del presente caso, la Corte analizará la razonabilidad de la duración de cada uno de los procedimientos, cuando ello resulte posible y pertinente.
Jurisdicción penal ordinaria
172. Según fue establecido, diversos juzgados de instrucción criminal y juzgados de orden público adelantaron investigaciones y “diligencias preliminares” en relación con los hechos del caso (supra párrs. 95.56 a 95.83).
173. En primer lugar, en el marco de esta investigación es palpable la falta de utilización de técnicas apropiadas para la recuperación de los restos en la escena del crimen durante las diligencias de exhumación de cadáveres en las fincas “Las Tangas” y “Jaraguay”, realizadas con base en la información aportada por el paramilitar confeso Rogelio de Jesús Escobar Mejía (supra párrs. 95.70 a 95.74).
174. Como resultado de las exhumaciones realizadas entre el 10 y el 16 de abril de 1990 en dichas fincas, fueron encontrados 24 cadáveres, que fueron trasladados al Hospital San Jerónimo de Montería. De tales actuaciones sólo constan dos actas y una diligencia de levantamiento de cadáveres en el acervo probatorio (supra párrs. 95.71 a 95.73). Por otro lado, según el acta de levantamiento de cadáveres de fecha 12 de abril de 1990, suscrita por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal Radicado, en la recuperación de los restos encontrados en la finca “Las Tangas” realizada ese mismo día se indicó que
[…] al comienzo de la labor, se utilizó una máquina buldózer al parecer perteneciente al propietario del predio rural y la que fue operada por un miembro del cuerpo Elite [de la Policía Nacional], debiendo suspenderse la utilización de la misma por desperfectos mecánicos. Es de anotar que el lugar de la diligencia es a la orilla del río Sinú, margen izquierda, procediéndose a la utilización de picas y palas para la remoción de la tierra […]
Es evidente que este proceder pudo haber ocasionado la destrucción o pérdida de evidencia, aunque tampoco obra prueba que demuestre que así haya sido.
175. Por otro lado, es clara la negligencia de las autoridades encargadas de las exhumaciones y del personal del hospital durante las diligencias de reconocimiento de cadáveres en el Hospital San Jerónimo de Montería. Los familiares de las personas desaparecidas en Pueblo Bello recibieron poca o ninguna información o colaboración por parte de esas autoridades, por lo que debieron proceder por sí mismos al examen de los cadáveres, que se encontraban en estado de descomposición y tirados en el piso del anfiteatro de dicho hospital (supra párr. 97.74). Este hecho no fue controvertido por el Estado. Los testimonios de las señoras Leovigilda Villalba Sánchez y María Cecilia Ruiz de Álvarez y de los señores Euclides Manuel Calle Álvarez, Genaro Benito Calderón Ruiz y Manuel Dolores López Cuadro (supra párr. 65 b), d), g), h) e i)) son más que elocuentes en este sentido.
176. El 19 de abril de 1990 cuatro habitantes de Pueblo Bello rindieron declaración y manifestaron haber reconocido los cadáveres de los señores Ricardo Bohórquez, Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez y Jorge David Martínez Moreno (supra párr. 97.75). A pesar de no haber sido reconocidos ni identificados, el resto de cadáveres fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de San Antonio, en Montería. Las autoridades encargadas de la investigación no intentaron reiniciar la búsqueda de cadáveres en esos u otros predios. Las siguientes diligencias se realizaron entre el 27 de marzo y el 7 de abril de 1995, cuando el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación efectuó trabajos de excavación y levantamiento de 12 cadáveres en dicho cementerio, cuyos restos óseos no fueron examinados sino hasta junio de 1997 (supra párrs. 95.82 y 95.83). No obstante, estas diligencias no concluyeron con ninguna identificación de las personas desaparecidas en Pueblo Bello.
177. En este sentido, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, este Tribunal ha especificado los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados .
178. La negligencia de las autoridades judiciales encargadas de examinar las circunstancias de la masacre mediante la recolección oportuna de pruebas in situ, no puede ser subsanada con las tardías diligencias probatorias para buscar y exhumar restos mortales en el cementerio de San Antonio de Montería y en otras localidades, que la Fiscalía General de la Nación reinició a partir de febrero de 2003, es decir, más de 13 años después de ocurridos los hechos. Las insuficiencias señaladas pueden ser calificadas como graves faltas al deber de investigar los hechos, pues han afectado una efectiva o mejor identificación de los cuerpos encontrados y la determinación del paradero de 37 de las 43 presuntas víctimas que permanecen desaparecidas.
179. Por otro lado, en esta investigación fueron evacuados elementos probatorios que indicaban o hacían referencia a esa posible participación de miembros del Ejército en los hechos; por ejemplo, un informe de 29 de enero de 1990 del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, las declaraciones de testigos y en particular los de Rogelio de Jesús Escobar Mejía (supra párrs. 95.63, 95.70, 95.78, 65 a) a d), y 66 a). Sin embargo, tal como fue señalado, no consta en el acervo probatorio que haya sido recibida la comparecencia de un oficial del Ejército ordenada por uno de los Juzgados, ni las razones por las cuales no se efectuó posteriormente esa comparecencia (supra párr. 95.85). En las resoluciones dictadas en 1993 la Fiscalía Regional Delegada de Medellín únicamente ordenó medidas de aseguramiento en contra de Fidel Castaño Gil y otros presuntos paramilitares y no contra funcionarios públicos. Aún más relevante es el hecho de que el 4 de febrero de 1994 la Dirección Regional de Medellín de la Fiscalía General de la Nación se abstuviera de conocer acerca de la posible responsabilidad de militares en los hechos en razón del “fuero que los cobija por el servicio activo que prestaban, máxime si estaban en [el] llamado Orden Público que amerita servicio activo permanente. De ahí la decisión del señor Fiscal, que la responsabilidad penal la determine un Funcionario de la Justicia Castrense” (supra párr. 95.97).
180. Desde el 19 de octubre de 1990 la investigación que adelantaba el Juzgado Cuarto de Orden Público en contra de Fidel Castaño Gil y otros, fue remitida al Juzgado Primero de Orden Público para que continuara su tramitación en conjunto con la investigación que instruía este último por el secuestro del señor Manuel Alfonso Ospina Ospina, por considerar que “los diversos episodios delictuosos estaban envueltos en una misma motivación finalista”. El Tribunal no considera que la acumulación de esas investigaciones por estos hechos, ocurridos en momentos y circunstancias bastante distintas, haya contribuido a producir mejores resultados en el esclarecimiento de los hechos.
181. El 26 de mayo de 1997 el Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia de primera instancia, en la cual seis personas fueron condenadas por los hechos de Pueblo Bello por la comisión de varios delitos y a diferentes penas privativas de libertad (supra párr. 95.103). La sentencia fue apelada y el 30 de diciembre de 1997 fue confirmada por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional, aunque modificada en algunos aspectos, y finalmente quedó en firme luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara sentencia de casación en marzo de 2001 (supra párrs. 95.104 a 95.106).
182. Al resolver la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia, en la sentencia de 30 de diciembre de 1997 el Tribunal Nacional determinó errores en lo actuado hasta ese momento y decretó la nulidad parcial “en lo concerniente […] al homicidio de los moradores de Pueblo Bello cuyos cadáveres no fueron identificados”, con lo cual la investigación quedó abierta (supra párr. 95.105). Por ende, en términos reales la desaparición de las otras 37 personas permanece en la impunidad.
183. Es relevante destacar la impunidad parcial que impera en este caso, pues la mayoría de los aproximadamente 60 paramilitares que participaron en la incursión en Pueblo Bello no han sido vinculados a las investigaciones, identificados ni procesados. Han sido dictadas varias medidas de aseguramiento y órdenes de captura sin resultado alguno y, de las seis personas condenadas, únicamente dos se encuentran cumpliendo pena privativa de libertad. El Estado no ha demostrado las medidas concretas tendientes a capturar a los indiciados ni para hacer efectivas esas condenas en ausencia, ni los obstáculos específicos que haya encontrado. En este sentido, únicamente constan oficios de la Fiscalía General de la Nación reactivando las órdenes de captura (supra párr. 95.115).
184. En relación con el presente caso, la Corte reconoce que el asunto que se investiga por los órganos judiciales internos es complejo y que a la fecha hay algunos resultados concretos en las investigaciones y en el proceso penal que, si bien son insuficientes, han derivado en la condenatoria de varios miembros del grupo paramilitar que ejecutó la masacre (supra párrs. 95.103, 95.105 y 95.106). Ciertamente la masacre fue perpetrada en el contexto del conflicto armado que vive internamente Colombia, comprendió un gran número de víctimas – que fueron privadas de su vida o desaparecidas – y tuvo lugar en una región remota del país, entre otros factores. Sin embargo, en este caso la complejidad del asunto está ligada a las faltas verificadas en la misma investigación.
185. Por otro lado, ha sido probado que uno de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida se constituyó en parte civil en dicho proceso penal y, al igual que ASFADDES, ha intentado impulsar el proceso en varias oportunidades (supra párrs. 95.104, 95.108 a 95.113). No obstante, en razón de lo señalado anteriormente respecto del carácter de deber propio que deben guardar las investigaciones en este tipo de hechos, mal podría sostenerse que en un caso como el presente deba considerarse la actividad procesal del interesado como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo del proceso penal.
186. Por otro lado, si bien con la sentencia de casación de 8 de marzo de 2001 se alcanzaron resultados parciales respecto de la privación de la vida de las seis personas cuyos cuerpos fueron identificados, en realidad la desaparición de las otras 37 personas permanece abierta y en la fase de investigación desde hace más de 16 años.
187. En síntesis, la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se reflejan en dos aspectos: en primer lugar, la gran mayoría de los responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados, si se toma en cuenta que participaron en la masacre alrededor de 60 hombres. En segundo lugar, la impunidad se refleja en el juicio y condena en ausencia de los paramilitares que se han visto beneficiados con la acción de la justicia que los condena pero no hace efectiva la sanción.
188. La Corte considera que la investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria no han representado un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida con plena observancia de las garantías judiciales.
Jurisdicción penal militar
189. Con respecto al carácter de la jurisdicción penal militar, este Tribunal ya ha establecido que en un Estado democrático de derecho dicha jurisdicción ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar , independientemente de que para la época de los hechos la legislación colombiana facultaba a los órganos de dicha jurisdicción a investigar hechos como los del presente caso.
190. Al respecto, el mismo Estado mencionó una sentencia de 2001 de la Corte Constitucional de Colombia al hablar de “los avances que en materia de derechos humanos se han alcanzado en Colombia frente a la vigencia y correcto entendimiento del fuero militar” . Desde 1997 dicha Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre los alcances de la competencia de la jurisdicción penal militar e indicó, inter alia, que
[…] para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar […] el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. […S]i desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y utiliza entonces su investidura para realizar el hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del actor. [… E]l vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública .
191. En cuanto a la indagación preliminar abierta en enero de 1990 por el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar para “determinar si hubo violación de la ley penal por parte de las tropas acantonadas en San Pedro de Urabá”, menos de tres meses después dicho Juzgado resolvió abstenerse de abrir investigación penal (supra párr. 95.48). Si bien fue reabierta en agosto de 1990 con base en lo que habría narrado un oficial de dicho Batallón (supra párr. 95.49), tres meses después el Juzgado mencionado se limitó a recibir el testimonio de dicho oficial y, una vez más, resolvió “abstenerse de abrir investigación penal por [considerar que] el hecho que se investiga[ba] no ha[bía] sido cometido por ningún militar”. Finalmente, luego de que en febrero de 1994 la Fiscalía General de la Nación se abstuviera de investigar cualquier vinculación de militares en los hechos (supra párrs. 95.53 y 95.97), en septiembre de 1995 dicho Juzgado se abstuvo una vez más de abrir investigación alguna (supra párr. 95.55).
192. Al analizar esas indagaciones preliminares adelantadas por dicho órgano penal militar, la Corte estima que esos pocos actos de investigación, así como la celeridad con que fueron llevados a cabo, evidencian poco o ningún interés de la jurisdicción penal militar en realizar una investigación seria y exhaustiva de los hechos ocurridos en Pueblo Bello, respecto de los cuales dicho Juzgado no consideró más que una hipótesis acerca del desarrollo de los mismos, omitió actos de investigación relevantes y no abrió formalmente una investigación penal. No consta en el acervo probatorio de este caso que en esas diligencias preliminares dicho Juzgado haya recibido declaraciones que podrían haber sido relevantes, como las de Rogelio de Jesús Escobar Mejía, ni que haya ordenado pruebas pertinentes como la búsqueda de las personas secuestradas o la exhumación e identificación de los cuerpos enterrados en la finca “Las Tangas”. Tampoco surge de las resoluciones del Juzgado que esas declaraciones o pruebas evacuadas en las otras instancias hayan sido evaluadas o consideradas al momento de dictar las resoluciones; únicamente consta que el Juzgado se limitó a recibir las declaraciones de 12 militares, unos pocos familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida y habitantes de la zona, un policía y un concejal de Turbo. Tampoco consta que los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida hayan tenido participación en estas diligencias. Ante la celeridad de este procedimiento –inexplicable ante la complejidad del asunto– se hace innecesario analizar la razonabilidad del tiempo que duraron estas investigaciones. En todo caso, la jurisdicción penal militar no era la vía apropiada para investigar hechos como los cometidos en el presente caso, por lo que la investigación realizada pudo haber dejado a posibles responsables de los hechos en la impunidad.
193. En consecuencia, la jurisprudencia de este Tribunal, la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, la gran celeridad y el total desinterés con que actuaron los órganos de la jurisdicción penal militar para esclarecer los hechos del caso, permiten concluir que además de que esta jurisdicción no era la vía adecuada, no constituyó un recurso efectivo para investigar las graves violaciones cometidas en perjuicio de las 43 víctimas de Pueblo Bello, ni para establecer la verdad de los hechos y juzgar y sancionar a sus responsables. Las actuaciones en esta vía fueron gravemente negligentes y no se investigó seriamente a miembros de las Fuerzas Armadas que pudieran estar vinculados con los hechos.
Procedimiento disciplinario
194. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación ordenó iniciar de oficio el 19 de enero de 1990 una indagación preliminar a raíz de los sucesos de Pueblo Bello; ordenó la recepción de declaraciones y la práctica de visitas sobre lugares, batallones, guarniciones militares y domicilios privados; y el 26 de enero de 1990 la Viceprocuraduría solicitó a la Jefatura Militar del Urabá, con base en informaciones suministradas por algunos familiares, la realización de operaciones de registro en la finca “Las Tangas” y otras localidades (supra párrs. 95.125 y 95.126).
195. El 12 de febrero de 1990 la Viceprocuraduría General de la Nación decidió, con base en las diligencias hasta entonces realizadas, remitir la indagación preliminar a la Procuraduría Delegada para la Defensa los Derechos Humanos, “con el objeto de que se disp[usiera] lo conducente, al existir una posible infracción al Decreto No. 085/89 [que establecía el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares], en que hubiera podido incurrir el Señor Capitán Álvaro Gómez Luque, Comandante de la Base Militar de San Pedro de Urabá”. El 30 de abril del mismo año dicha Procuraduría Delegada decidió abrir “formal averiguación disciplinaria”, tendiente a aclarar la conducta de los oficiales del Ejército Nacional que al momento de los hechos se desempeñaban como Comandantes de la Base Militar de San Pedro de Urabá y del Retén de Control de esa misma localidad (supra párrs. 95.128 y 95.129).
196. A partir de entonces, se realizaron y evacuaron diversas diligencias de investigación (supra párrs. 95.130 a 95.135). El 27 de noviembre de 1991 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió absolver de los cargos formulados a quienes fungían como Comandantes de la Base Militar y del Retén Militar de San Pedro de Urabá, ante la “duda que surg[ía] en [ese] informativo sobre la responsabilidad disciplinaria que puedan tener los oficiales”. En esta resolución la Procuraduría dedica gran parte de su análisis a cuestionar y desvirtuar el valor probatorio de la declaración rendida por Rogelio de Jesús Escobar Mejía, a pesar de lo cual manifestó que “tampoco es dable desechar del todo la presunta participación de un Teniente y otros militares a que alude, dado que su dicho converge indiciariamente en parte, con lo referido por los testigos […]” (supra párr. 95.136).
197. Posteriormente, el 20 de septiembre de 1996 la Procuraduría Delegada dispuso la apertura de una nueva indagación preliminar por posible conducta activa de los oficiales investigados (supra párr. 95.141). El 12 de febrero de 1998 la Procuraduría Delegada dispuso la práctica de una serie de diligencias (supra párr. 95.142) y el 16 de agosto del mismo año dispuso iniciar investigación disciplinaria contra el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido. El 31 de julio de 2000 la Procuraduría Delegada Disciplinaria absolvió a dicho oficial de toda responsabilidad disciplinaria, lo cual fue confirmado seguidamente, el 9 de febrero de 2001 (supra párrs. 95.145 y 95.147).
198. Es de anotar, asimismo, que estos procedimientos tardaron aproximadamente 11 años desde los primeros actos procedimentales hasta la resolución en consulta de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, lo cual dista de poder considerarse como un recurso desarrollado en un plazo razonable.
199. A su vez, es relevante considerar la naturaleza de las faltas investigadas y los fines del órgano a cargo de la investigación.
200. La Corte valora la seriedad y diligencia de la investigación realizada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, al haber ordenando la práctica y recepción de elementos probatorios pertinentes y constituyéndose así en la única vía interna que investigó la posible vinculación de miembros de las Fuerzas Militares colombianas en los hechos de Pueblo Bello, incluso bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas. Sin embargo, el objeto de estas investigaciones se circunscribió únicamente a la determinación de las responsabilidades individuales de carácter disciplinario de un total de tres oficiales del Ejército por dichos hechos. Las investigaciones realizadas no descartaron categóricamente la participación de miembros de las Fuerzas Armadas o de otros cuerpos estatales de seguridad en la masacre e incluso dejaron abierta la duda en este sentido: si bien la Procuraduría consideró en ambos procedimientos que la declaración de Escobar Mejía no era una prueba suficiente para imputar responsabilidad disciplinaria a los oficiales investigados, a quienes absolvió por dudas a su favor, es claro que en sus resoluciones no cerró la hipótesis de la implicación de las Fuerzas Militares en los hechos. Incluso en la resolución de 31 de julio de 2000 la Procuraduría deja abierta la duda respecto de la responsabilidad del oficial a cargo del retén con base en lo declarado por Escobar Mejía, aunque consideró que no podía continuar la investigación (supra párr. 95.145). A pesar de ello, las otras jurisdicciones tampoco consideraron estas hipótesis dentro de sus respectivas indagaciones o investigaciones.
201. En cuanto a la naturaleza de las faltas investigadas, los cargos formulados en la primera parte del procedimiento contra los dos oficiales encargados de la base y el retén militares fueron “omisión al ‘No cumplir con el debido celo y oportunidad las obligaciones y deberes del servicio’”. En la segunda parte de la investigación, es destacable que la Procuraduría investigara la posible desaparición forzada de personas vis-à-vis el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia (prohibición de las desapariciones forzadas) y varias normas internacionales, a saber: de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A pesar de ello, las normas específicas en que se centró esa segunda investigación fueron varios artículos del señalado Decreto No. 085 de 1989 (Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares), además de que no entró a considerar las posibles torturas y homicidio múltiple por estimar que estas conductas habrían prescrito.
202. En la jurisdicción disciplinaria, las mayores dificultades de la Procuraduría General de la Nación en sus investigaciones, a principios de los años noventa, eran las probatorias, ya que “con frecuencia se produc[ía] ocultamiento de pruebas o se trata[ba] de desviar la investigación.” Por otro lado, cuando las fuerzas armadas eran informadas de hechos que conllevarían una sanción disciplinaria para alguno de sus miembros, la jurisdicción penal militar “se apresura[ba]n a conocerlos y tomar una decisión favorable, que imp[edía] que la Procuraduría General de la Nación pu[dier]a continuar con su labor en el mismo sentido: una vez que el mecanismo de control interno de las fuerzas armadas ha[bía] proferido un fallo, éste goza[ba] del privilegio de la cosa juzgada” .
203. La Corte observa que el procedimiento desarrollado en esta sede administrativa tuvo por objeto la determinación de la responsabilidad individual de funcionarios públicos por el cumplimiento de sus deberes en función de la prestación de un servicio. Ciertamente la existencia misma de un órgano dentro de la Procuraduría General de la Nación para la atención de casos de violaciones de derechos humanos reviste un importante objetivo de protección y sus resultados pueden ser valorados en el tanto coadyuven al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de este tipo de responsabilidades. No obstante, una investigación de esta naturaleza tiende a la protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos, por lo que puede complementar pero no sustituir a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos.
204. En conclusión, dado que el procedimiento disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos tampoco constituyera una investigación completa de los hechos, y en atención a las limitaciones propias de este tipo de procedimiento –en razón de la naturaleza del tipo de faltas investigadas y de los fines del órgano a cargo de la misma–, dicho procedimiento no constituyó un recurso efectivo y suficiente para los propósitos señalados.
Procesos contencioso administrativos
205. En relación con los hechos del presente caso, a partir del año 2001 los familiares de 39 de las víctimas de la masacre de Pueblo Bello han presentado demandas de reparación directa ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, en Medellín. Los objetos de dichas demandas son que se declare a “la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional […] administrativamente responsable” por los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, “inclusive aquellos derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva”, causados a los familiares como consecuencia de la violación de “los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la libertad, [a una efectiva protección judicial, a las garantías judiciales, a la verdad y a la justicia] derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron objeto las víctimas […]”.
206. En el caso de la “Masacre de Mapiripán” la Corte estimó que la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima. De tal manera, tomó en cuenta algunos de los resultados alcanzados en los procesos contencioso administrativos incoados por familiares de las víctimas de ese caso, por considerar que las indemnizaciones fijadas en esas instancias por daños patrimoniales y morales estaban contenidas en los más amplios conceptos de reparaciones por daños materiales e inmateriales. Así, el Tribunal señaló que esos resultados podían ser considerados al momento de fijar las reparaciones pertinentes, “a condición de que lo resuelto en esos procesos haya hecho tránsito a cosa juzgada y que sea razonable en las circunstancias del caso” . Al establecer la responsabilidad internacional del Estado con motivo de la violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, un aspecto sustancial de la controversia ante la Corte no es si en el ámbito interno se emitieron sentencias o se llegó a acuerdos conciliatorios por responsabilidad administrativa o civil de un órgano estatal, en relación con las violaciones cometidas en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas o privadas de su vida, sino si los procesos internos permitieron que se garantizara un verdadero acceso a la justicia conforme a los estándares previstos en la Convención Americana .
207. Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos analizó los alcances de la responsabilidad civil en relación con las exigencias de la protección internacional en el caso Yasa versus Turquía, y consideró que
una acción administrativa […] es un recurso que se basa en la responsabilidad objetiva del Estado, en particular por actos ilícitos de sus agentes, cuya identificación no es, por definición, un prerequisito para promover una acción de esta naturaleza. Sin embargo, las investigaciones que los Estados Partes están obligados […] a llevar a cabo en casos de agresión mortal deben ser capaces de conducir a la identificación y castigo de los responsables […]. Tal obligación no puede ser satisfecha mediante una simple indemnización de daños […]. De otra manera, […] la obligación del Estado de identificar a los responsables de la agresión mortal podría desvanecerse . (Traducción de la Secretaría).
208. En el mismo sentido, en el caso Kaya versus Turquía la Corte Europea de Derechos Humanos decidió que la violación de un derecho protegido por la Convención no podía ser remediada exclusivamente por el establecimiento de la responsabilidad civil y el correspondiente pago de compensación a los familiares de la víctima .
209. En el presente caso, las demandas fueron interpuestas a partir del año 2000 y no consta que alguno de los procesos haya culminado con sentencias, acuerdos o desistimientos. Es decir, que los procesos han sido intentados por los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida 11 o 12 años después de sucedidos los hechos, tiempo que no es atribuible al Estado, por lo que no cabría analizar la duración de los mismos en relación con el momento en que sucedieron los hechos. A su vez, en casos de violaciones de derechos humanos el deber de reparar es uno propio del Estado, por lo que si bien las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades también en la búsqueda de una justa compensación, este deber no puede descansar exclusivamente en su iniciativa procesal o en la aportación privada de elementos probatorios. De tal manera, en los términos de la obligación de reparación que surge como consecuencia de una violación de la Convención (infra párrs. 227 a 229), el proceso contencioso administrativo no constituye per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa violación.
210. En consecuencia, puesto que dichos procesos contencioso administrativos se encuentran en trámite y no han producido resultados concretos al momento de dictar la presente Sentencia, la Corte considera irrelevante, en las circunstancias del presente caso, analizar más profundamente los alcances y características de la jurisdicción contencioso administrativa como un recurso útil y efectivo para los efectos de un caso de esta naturaleza, así como tampoco evaluar su aplicación en el presente caso.
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* *
211. Una vez analizados cada uno de los procedimientos abiertos a nivel interno en relación con los hechos de Pueblo Bello, así como la interacción general de esos procedimientos en el contexto de impunidad imperante en el período en que fueron aplicados, se concluye que el conjunto de las faltas a los deberes de protección y de investigación ya establecidas han coadyuvado a la impunidad de la mayoría de los responsables de las violaciones cometidas. Un ataque a la población civil de las proporciones subrayadas en este caso no pudo pasar desapercibida por los mandos militares de las zonas de donde salieron y por donde transitaron los paramilitares. Si bien han sido condenados algunos de los paramilitares responsables de la masacre, subsiste una impunidad generalizada en el presente caso, en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades intelectuales y materiales por los mismos. Además, es un hecho relevante que la mayoría de los paramilitares condenados no se encuentren cumpliendo la condena impuesta por no haberse hecho efectivas las órdenes de captura libradas en su contra.
212. La Corte concluye que los procesos y procedimientos internos no han constituido, ni individualmente ni en conjunto, recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia, la determinación del paradero de las personas desaparecidas y de toda la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida del presente caso.
X
ARTÍCULO 13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN)
Alegatos de la Comisión
213. La Comisión no alegó la violación del artículo 13 de la Convención Americana.
214. Alegatos de los representantes
a) el derecho a la verdad tiene fundamento en una multiplicidad de derechos reconocidos en la Convención (artículos 13, 25 y 1.1). El derecho a la verdad surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte, ha sido desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y su reconocimiento puede constituir un medio de reparación;
b) el derecho a la verdad se relaciona también con el derecho a la libertad de expresión, ya que por un lado toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse. Por otro lado, nada puede impedir a los familiares de las presuntas víctimas conocer lo que aconteció; tal acceso a la verdad supone no coartar su libertad de expresión, y
c) después de catorce años de ocurridos los hechos, ni los familiares ni la sociedad conocen una versión completa de lo sucedido. Tampoco existe una sentencia definitiva que identifique y sancione a todos los responsables. Esta falta de información constituye una violación a la obligación del Estado de proporcionar información a la sociedad sobre cuestiones que son de indiscutible interés público y al derecho a la verdad de los familiares de las presuntas víctimas.
Alegatos del Estado
215. Pese a que el Estado no hizo referencia a la alegada violación del artículo 13 de la Convención Americana, en sus alegatos finales manifestó que se opone al alegato de los representantes de que el Estado que habría infringido el derecho de las presuntas víctimas, de sus familiares y de la sociedad a conocer la verdad de los hechos y la garantía del derecho a la libertad de expresión.
Consideraciones de la Corte
216. El artículo 13 de la Convención Americana dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
217. La Corte observa que los representantes fundamentaron su pretensión de que se declare al Estado responsable de la violación del artículo 13 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 25 de la misma, con base en que el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana estaría contenido en esas normas.
218. Tal como la Corte ha establecido anteriormente, y reiterado recientemente en el Caso Palamara Iribarne vs. Chile, las infracciones al artículo 13 de la Convención pueden presentarse bajo diferentes hipótesis, según conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá de lo legítimamente permitido . No toda trasgresión al artículo 13 de la Convención implica la supresión radical de la libertad de expresión, que tiene lugar cuando, por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control del Estado. En tal hipótesis, hay una violación tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática .
219. En cuanto al llamado derecho a la verdad, este Tribunal lo ha entendido como parte del derecho de acceso a la justicia, como una justa expectativa que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares y como una forma de reparación. Por ende, en su jurisprudencia la Corte ha analizado el derecho a la verdad dentro de los artículos 8 y 25 de la Convención, así como en el capítulo relativo a otras formas de reparación . Según fue recientemente señalado en el caso Blanco Romero vs. Venezuela, la Corte no estima que el derecho a la verdad sea un derecho autónomo consagrado en los artículos 8, 13, 25 y 1.1 de la Convención, como fuera alegado por los representantes. El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento .
220. En el presente caso, los representantes no han demostrado la manera concreta en que el Estado habría coartado la libertad de expresión de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, ya sea porque la haya suprimido o restringido más allá de lo legítimamente permitido. En consonancia con su jurisprudencia, el derecho a la verdad de los familiares fue considerado al declarar la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento (supra párrs. 170, 171, 178, 182, 183, 187, 192, 204, 211 y 212), así como en las reparaciones (infra párrs. 265 a 273). En consecuencia, la Corte considera que el Estado no violó el artículo 13 de la Convención Americana.
XI
ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA)
Alegatos de la Comisión
221. La Comisión no alegó la violación del artículo 22 de la Convención Americana.
Alegatos de los representantes
222. En sus alegatos expresados durante la audiencia pública los representantes manifestaron que:
a) los hechos del 14 de enero de 1990 en Pueblo Bello han obligado a los familiares de las presuntas víctimas a desplazarse forzadamente de su lugar de vida y de trabajo, sin que después de quince años de ocurridos los hechos hayan podido regresar con tranquilidad al corregimiento, y sin que en la mayoría de los casos hayan podido recuperar las condiciones y calidad de vida que tenían antes, y
b) en el presente caso el Estado no ha garantizado el derecho de los familiares de las presuntas víctimas a vivir y permanecer en Pueblo Bello, ni ha restablecido las condiciones ni proporcionado los medios que les permitan regresar voluntariamente, sin miedo, con seguridad y dignidad al corregimiento.
223. En sus alegatos finales escritos, además de corroborar lo alegado en la audiencia pública, los representantes alegaron que:
a) aun cuando no hicieron referencia al desplazamiento de los familiares de las presuntas víctimas en su escrito de solicitudes y argumentos, los hechos presentados en la demanda, explicados, aclarados y probados tanto por la Comisión como por los representantes durante el proceso ante este Tribunal, permiten establecer el hecho del desplazamiento forzado interno, y de este modo, la violación del artículo 22.1 de la Convención, la cual puede ser declarada por la Corte en aplicación del principio iura novit curia, y
b) la forma en que el grupo paramilitar incursionó en Pueblo Bello, la ausencia absoluta de respuesta de las autoridades en los días inmediatamente siguientes a la incursión, y el copamiento posterior de los paramilitares del corregimiento y de la región del Urabá en el contexto del conflicto armado, obligaron a los familiares de las presuntas víctimas a abandonar el pueblo, dejando abandonadas –en muchos de los casos– sus pertenencias, sus casas y sus tierras. En otros casos, los familiares fueron obligados a vender o a regalar sus bienes.
Alegatos del Estado
224. El Estado no hizo referencia a la supuesta violación del artículo 22 de la Convención Americana.
Consideraciones de la Corte
225. La supuesta violación del artículo 22 de la Convención en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, en razón del desplazamiento interno al que se vieran forzados, fue alegada por primera vez por los representantes durante la exposición de sus alegatos finales orales en la audiencia pública. La Corte observa que, tal como fue establecido en los hechos probados, varios familiares de dichas personas sufrieron diversas formas de desplazamiento relacionadas con los hechos del caso (supra párr. 95.161). No obstante, estos hechos no forman parte del cuadro fáctico presentado por la Comisión en la demanda. Dichos desplazamientos sucedieron en diferentes momentos, pero todos ocurrieron con anterioridad a la presentación del caso ante la Corte, por lo que tampoco podrían calificarse como hechos nuevos en el proceso ni podría considerarse que los representantes no los conocían al momento de presentar sus solicitudes y argumentos. Además de lo anterior, si bien las presuntas víctimas, sus familiares o representantes tienen la posibilidad de presentar sus propias solicitudes, argumentos y pruebas en el proceso ante este Tribunal (supra párr. 54 a 56), en atención a los principios de contradictorio, defensa y lealtad procesal, dicha facultad no los exime de presentarlos en la primera oportunidad procesal que se les concede para esos efectos, sea en su escrito de solicitudes y argumentos. En consecuencia, puesto que los hechos que fundamentan el alegato de los representantes no están contenidos en la demanda, y éstos no alegaron esa supuesta violación del artículo 22 de la Convención en el momento procesal oportuno, la Corte no analizará estos alegatos ni se pronunciará al respecto.
XII
REPARACIONES
(Aplicación del Artículo 63.1 de la Convención Americana)
226. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas en los capítulos anteriores, la Corte declaró, con base en los hechos del caso, la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2, 8.1 y 25 de la Convención Americana, todos en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. La Corte ha señalado reiteradamente que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente . A tales efectos, el artículo 63.1 de la Convención Americana establece que:
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
227. Dicho artículo refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación .
228. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados . La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno .
229. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores .
230. A la luz de los criterios anteriores y de las circunstancias del presente caso, la Corte procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes respecto de las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños en el presente caso.
A) BENEFICIARIOS
Alegatos de la Comisión y de los representantes
231. Son beneficiarios las 43 víctimas (supra párr. 95.35) mencionadas por la Comisión en su demanda, así como sus familiares.
232. Alegatos del Estado
a) el Estado no reconoce responsabilidad alguna en los hechos que fundamentan el presente caso y, por tanto, no reconoce obligación procesal alguna de reparar;
b) el Estado se atiene a las pruebas que se alleguen a la Corte, respecto de la identificación de los beneficiarios, y
c) los representantes presentan como posibles beneficiarios a personas que no han sido cobijadas por la jurisprudencia de la Corte con la presunción de padecimiento, razón por la cual, y al no haber prueba específica que demuestre el padecimiento cierto que sufrieron por la muerte o desaparición de los 43 pobladores de Pueblo Bello, deben ser excluidos de toda consideración pecuniaria. En ese sentido, el Estado solicitó negar las indemnizaciones solicitadas a favor de parientes lejanos, pues no se aportó prueba que demuestre realmente el perjuicio con ocasión de la estrecha relación familiar.
Consideraciones de la Corte
233. La Corte procederá a determinar cuáles personas deben considerarse “parte lesionada” en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana y consecuentemente acreedoras de las reparaciones que fije el Tribunal, tanto en relación con el daño material como con el daño inmaterial, cuando corresponda.
234. En primer término, la Corte considera como “parte lesionada” a las 37 personas desaparecidas y a las seis personas privadas de su vida, en su carácter de víctimas de las violaciones señaladas anteriormente (supra párr. 95.35 y 153).
235. Además, este Tribunal considera como “parte lesionada” a los familiares inmediatos de las 43 víctimas, en su propio carácter de víctimas de la violación a los derechos consagrados en los artículos 5.1, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (supra párrs. 154 a 162 y 212). De conformidad con su jurisprudencia , este Tribunal considera como familiares inmediatos adecuadamente identificados de las personas desaparecidas y privadas de su vida, a saber, madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, compañeras, hijas e hijos, a quienes se hace referencia en un documento expedido por autoridad competente que acredite su parentesco, como lo es un certificado de nacimiento o, en su caso, un acta de bautismo, presentado ante este Tribunal.
236. Los familiares de las víctimas serán acreedores de las reparaciones que el Tribunal fije por concepto de daño inmaterial y/o material, en su propio carácter de víctimas de las violaciones a la Convención declaradas, así como de aquellas que fije la Corte en su carácter de derechohabientes de las 37 víctimas desaparecidas o seis privadas de su vida.
237. En lo que se refiere a los familiares inmediatos de quienes no se ha aportado documentación oficial o que la aportada no acredite el parentesco, este Tribunal dispone que la compensación que les corresponda por el daño inmaterial sufrido se ceñirá a los parámetros de los familiares identificados de las víctimas (supra párr. 236 e infra párr. 240), siempre que se presenten ante las autoridades competentes del Estado, dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha de notificación de esta Sentencia y aporten la información oficial necesaria para su identificación y comprobación de parentesco.
238. Las señoras Yoliva del Carmen Romero Benítez, Nayibe Romero Benítez y María Elena Jiménez Zabala, quienes eran hijas de crianza del señor Ángel Benito Jiménez Julio, serán asimiladas, para efectos de su participación en la distribución de la indemnización, a la condición de hijas del mismo. La señora Luz Dary Delgado Pérez, sobrina del señor Raúl Antonio Pérez Martínez, era su hermana de crianza, por lo que será asimilada, para efectos de su participación en la distribución de la indemnización, a la condición de hermana.
239. Además, las señoras Macrina Onelia Martínez Paternina, madre de Manuel de Jesús Montes Martínez; Dora Isabel Tuberquia Petro, compañera Genor José Arrieta Lora; Gloria de Jesús Petro Pérez, compañera de Luis Miguel Salgado Berrío, y Dormelina Barba Monterrosa, compañera de Andrés Manuel Perosa Jiménez, recibirán una indemnización adicional en consideración de que estaban embarazadas al momento de la desaparición de sus familiares.
240. La distribución de las indemnizaciones entre los familiares de las personas privadas de la vida o desaparecidas, por concepto del daño material e inmaterial correspondiente a dichas personas, se hará de la siguiente manera :
a) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización se repartirá por partes iguales entre los hijos de la víctima y el restante cincuenta por ciento (50%) de la indemnización deberá ser entregado a quien fuera cónyuge, o compañera permanente de la víctima, al momento de la privación de la vida o desaparición de ésta. En el caso de la esposa y la compañera permanente del señor Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta y del señor Ricardo Bohórquez Pastrana, así como de las compañeras del señor Juan Miguel Cruz y del señor Benito José Pérez Pedroza, la indemnización correspondiente se les repartirá entre ellas en partes iguales.
b) en el caso de que la víctima no tuviere hijos o hijas, ni cónyuge o compañera o compañero permanente, la indemnización se distribuirá de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50%) se les entregará a sus padres. Si uno de ellos ha muerto, la parte que le corresponde acrecerá a la del otro. El restante cincuenta por ciento (50%) se repartirá en partes iguales entre las hermanas y los hermanos de la víctima, y
c) en el evento que no existieren familiares en alguna o algunas de las categorías definidas en los literales anteriores, lo que le hubiere correspondido a los familiares ubicados en esa o esas categorías, corresponderá proporcionalmente a la parte que les corresponda a los restantes.
241. En el caso de los familiares de las personas presuntamente desaparecidas y privadas de la vida, acreedores de las indemnizaciones que se establecen en la presente Sentencia, que hubieren fallecido, que fallezcan antes de que les sea entregada la indemnización respectiva, se aplicarán los mismos criterios de distribución de la indemnización indicados en el párrafo anterior.
242. De conformidad con las anteriores consideraciones, los nombres y parentesco de las personas desaparecidas y privadas de su vida y sus familiares identificados en este proceso son los que se indican en el Anexo II de la presente Sentencia.
B) DAÑO MATERIAL
Alegatos de la Comisión
243. La Comisión solicitó a la Corte que fije en equidad el monto de la indemnización correspondiente al daño emergente y al lucro cesante. Al respecto, manifestó que los familiares de las presuntas víctimas sufrieron consecuencias múltiples por la pérdida de sus hijos, hermanos, compañeros y padres, quienes constituían, en muchos de los casos, el sostén económico del núcleo familiar. Incluso, los familiares sobrevivientes se convirtieron en víctimas del desplazamiento, la persecusión y el temor. Además, debieron absorber pérdidas materiales y dejar de percibir sus ingresos habituales y necesarios para su subsistencia.
244. Alegatos de los representantes
a) en cuanto al daño emergente solicitaron que la Corte ordene al Estado a pagar una indemnización compensatoria a favor de los familiares de las presuntas víctimas por los prejuicios patrimoniales que han sufrido por la detención, desaparición, tortura y posterior ejecución de éstas, ya que:
i. los familiares realizaron numerosas gestiones tendientes a encontrar a las presuntas víctimas, y esas gestiones implicaron gastos de desplazamiento;
ii. los familiares han adelantado múltiples gestiones ante distintas autoridades, judiciales y no judiciales, tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos y la recuperación de sus seres queridos, y
iii. los familiares de las seis presuntas víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados, incurrieron, además, en los gastos de entierro.
b) en cuanto al lucro cesante manifestaron que:
i. las presuntas víctimas eran campesinos que se dedicaban a cultivar la tierra y a otras labores agropecuarias en pequeña escala. En consecuencia, no llevaban una contabilidad rigurosa desde la perspectiva de las exigencias contables y tributarias comúnmente aceptadas y exigidas por el Estado;
ii. cuando no se tiene certeza de los ingresos percibidos por una persona, como en el presente caso, puede recurrirse a un método que parta del mínimo vital que requiere una persona para subsistir junto con su familia. En Colombia se establece un salario mínimo que pretende responder al mínimo de ingresos que requiere una familia para satisfacer sus necesidades básicas. Se debe tener en cuenta el salario que habrían devengado en su momento, convertidos a un valor presente, y
iii. de acuerdo con los cálculos de salarios, y a la edad de las presuntas víctimas al momento en que se produjo su detención, el valor total a indemnizarlas es de $10,536,596,944 (US$ 4,100,991).
245. Alegatos del Estado
a) solicitó a la Corte que se abstenga, por ser improcedente, de ordenarle el reconocimiento y pago de indemnización alguna, a título de reparación, hasta que se pronuncien las autoridades judiciales nacionales, ante quienes cursan los procesos pertinentes. Esto sin desconocer la inoponibilidad de limitantes de derecho interno a las decisiones de la Corte;
b) en caso de considerar procedente una cuantificación de los daños materiales, el Estado se atendría a las pruebas que se allegaran a la Corte, y
c) debe presumirse la falta de ingreso laboral de quienes eran menores de edad al momento de su desaparición, a falta de prueba que demuestre lo contrario. Lo mismo respecto de quienes, siendo mayores de edad, no habían alcanzado la edad de 25 años, desde la cual la legislación interna tiene por completo emancipados del sustento paterno a los jóvenes. Para quienes eran mayores de 25 años es posible presumir un ingreso equivalente al salario mínimo legalmente establecido, y que se actualiza anualmente. Esto, respecto de los ingresos que presumiblemente hubieran recibido las víctimas desde el momento de los hechos hasta el momento de la emisión de la sentencia. Para el cálculo de los ingresos futuros habría que aplicar la tabla de expectativa de vida en Colombia en zonas rurales, actualizando el valor del salario mínimo en porcentajes de la inflación en el país de los últimos dos años, y traer ese resultado a valor presente. En ambos casos habría que restar un 25%, según la jurisprudencia de la Corte.
Consideraciones de la Corte
246. La Corte determinará en este acápite lo correspondiente al daño material, para lo cual fijará un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la presente Sentencia , tomando en cuenta las circunstancias del caso, la prueba ofrecida, su jurisprudencia y los alegatos relevantes presentados por la Comisión, los representantes y el Estado.
247. La Corte considera que el daño material debe estimarse con base en elementos de prueba que permitan acreditar un perjuicio cierto . En el presente caso, el Tribunal se encuentra imposibilitado para determinar los daños materiales ocasionados a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida pues, en las circunstancias del presente caso, algunos de dichos familiares tuvieron que desplazarse de Pueblo Bello, por lo que es comprensible el hecho de que no cuenten con los comprobantes debidos. Es posible que varios de ellos se hayan visto obligados a salir abruptamente de sus hogares llevando consigo sólo lo indispensable. Además, no obran pruebas suficientes para determinar los ingresos dejados de percibir por la mayoría de las víctimas. A su vez, respecto de los niños Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco y Miguel Antonio Pérez Ramos, no hay un hecho cierto que permita establecer la actividad o profesión que desarrollarían en el futuro.
248. Sin embargo, en atención al contexto y las circunstancias del caso, tomando en consideración la expectativa de vida en Colombia en 1990 y que las actividades agrícolas que realizaban la mayoría de las personas desaparecidas y privadas de su vida contribuían a la subsistencia de sus familias, la Corte fija en equidad las compensaciones a los familiares por concepto de la pérdida de ingresos de aquéllas 43 personas, según se consigna en el Anexo I de la presente Sentencia.
249. Además, la Corte presume que los familiares de las seis víctimas privadas de la vida, y cuyos restos les fueron entregados, asumieron los gastos de entierro, por lo cual la Corte fija en equidad una indemnización de US $5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada familia de dichas víctimas. Dicho monto ha sido sumado al consignado en el Anexo I de la presente sentencia.
250. La Corte se abstiene de ordenar indemnizaciones a favor de los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas de su vida en este proceso, respecto de otras pérdidas de carácter material en que hayan incurrido. Sin embargo, el Tribunal aclara que la determinación de las reparaciones en esta instancia internacional no obstaculiza ni precluye la posibilidad de esos familiares de plantear los reclamos pertinentes ante las autoridades nacionales.
251. Respecto de los procesos de reparación directa incoados por familiares de las personas desaparecidas y de las privadas de su vida que se encuentran pendientes ante la jurisdicción contencioso administrativa colombiana (supra párrs. 95.148 a 95.158), la Corte fija en esta Sentencia las reparaciones pertinentes, independientemente de su estado actual. Al momento en que el Estado haga efectivo el pago de las mismas, deberá comunicarlo a los tribunales que estén conociendo dichos procesos para que resuelvan lo conducente.
C) DAÑO INMATERIAL
Alegatos de la Comisión y de los representantes
252. Solicitaron que en razón de las graves circunstancias del presente caso, la Corte ordene el pago de una compensación conforme a equidad y en consideración a las características de la desaparición y muerte de las presuntas víctimas.
253. Alegatos del Estado
a) el Estado solicitó a la Corte que se abstenga, por ser improcedente, de ordenarle el reconocimiento y pago de indemnización alguna, a título de reparación, hasta que se pronuncien las autoridades judiciales nacionales, ante quienes cursan los procesos pertinentes; lo anterior sin desconocer la inoponibilidad de limitantes de derecho interno a las decisiones de la Corte;
b) en caso de considerar procedentes las medidas de compensación, el Estado se atendría a las pruebas que se allegaran a la Corte, respecto a la cuantificación de los daños inmateriales, y
c) Colombia encuentra loables las motivaciones que han llevado a la Corte a acoger patrones para daños morales. Sin embargo, respecto de los montos en materia de indemnización de perjuicios por responsabilidad estatal, el Consejo de Estado colombiano ha venido fijando ciertos montos diferentes a los de la Corte Interamericana al encontrar que el Estado ha causado un daño antijurídico en favor de un particular, los cuales deben ser tomados en cuenta.
Consideraciones de la Corte
254. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad o mediante formas de compensación tales como el otorgamiento o la prestación de determinados bienes o servicios. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir , que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos.
255. Tal como lo ha señalado la Corte en otros casos , el daño inmaterial infligido a las víctimas resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a actos brutales en el contexto del presente caso, experimente un profundo sufrimiento, angustia moral, terror e inseguridad, por lo que este daño no requiere pruebas.
256. Según fue establecido, antes de ser desaparecidas y privadas de la vida, las 43 personas fueron privadas de libertad y objeto de actos contrarios a su integridad personal (supra párr. 95.33). Por su parte, los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida han sufrido daños como consecuencia de la desaparición o muerte de las mismas, por la falta de apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda efectiva de los desaparecidos y el miedo a iniciar o continuar con las búsquedas de sus familiares. Puesto que la mayoría de esas personas se encuentran desaparecidas, los familiares inmediatos no han contado con la posibilidad de honrar apropiadamente a sus seres queridos. La ausencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos y la impunidad parcial constituyen una fuente de sufrimiento y angustia adicionales para los familiares. Todo lo anterior, además de haber afectado su integridad psíquica, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha puesto en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros (supra párr. 95.161).
257. En cuanto a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, la Corte reitera que el sufrimiento ocasionado a la víctima “se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima” . Además, el Tribunal ha presumido que los sufrimientos o muerte de una persona acarrean a sus hijas, hijos, cónyuge o compañera, madre, padre, y hermanas y hermanos un daño inmaterial, por lo cual no es necesario demostrarlo .
258. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación. No obstante, debido a la gravedad de los hechos del presente caso y la situación de impunidad parcial, la intensidad del sufrimiento causado a las víctimas, las alteraciones de sus condiciones de existencia y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario producidas, la Corte estima necesario ordenar el pago de una compensación por concepto de daño inmaterial, conforme a equidad , la cual deberá ser entregada según lo estipulado en los párrafos 236, 237 y 240 de la presente Sentencia, y de conformidad con los siguientes parámetros:
a) por cada una de las 37 víctimas desaparecidas y las seis privadas de su vida, la Corte fija la cantidad de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América);
b) al momento de su desaparición eran menores de edad tres de las víctimas, a saber, Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco y Miguel Antonio Pérez Ramos. En consecuencia, es de presumir que los sufrimientos causados por los hechos del caso asumieron características de particular intensidad en relación con dichos niños. Por tal motivo, la compensación del daño a que se refiere el párrafo anterior, debe ser compensado en equidad en cada caso, además, por la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), que acrecerá a la suma indicada anteriormente;
c) para los familiares inmediatos de las víctimas, la Corte considera que el daño correspondiente debe ser compensado mediante el pago a su favor de las sumas que se indican a continuación:
i. US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) en el caso de la madre, del padre, de la cónyuge o de la compañera permanente y de cada hija e hijo, de las 37 víctimas desaparecidas;
ii. US$ 8.000,00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América) en el caso de la madre, del padre, de la cónyuge o de la compañera permanente y de cada hija e hijo, de las seis víctimas privadas de su vida;
iii. US$ 500,00 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América) en el caso de cada hermana o hermano de los desaparecidos y privados de la vida, y
iv. estas cantidades serán acrecidas mediante el pago de US$ 2.000,00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) para las señoras Macrina Onelia Martínez Paternina, madre de Manuel de Jesús Montes Martínez, Dora Isabel Tuberquia Petro, compañera de Genor José Arrieta Lora, Gloria de Jesús Petro Pérez, compañera de Luis Miguel Salgado Berrío, y Dormelina Barba Monterrosa, compañera de Andrés Manuel Perosa Jiménez, quienes estaban embarazadas al momento de la desaparición de ellos.
259. Con base en lo anterior, las sumas por concepto de compensación de los daños inmateriales ocasionados por las violaciones declaradas en el presente caso, a favor de las personas desaparecidas y privadas de la vida, así como de sus familiares, se indican en el Anexo II de la presente Sentencia.
D) OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
(Medidas de satisfacción y garantías de no repetición)
Alegatos de la Comisión
260. Solicitó que la Corte ordene al Estado que:
a) adopte las medidas necesarias para localizar los restos de las presuntas víctimas a fin de que sus familiares completen el duelo por la desaparición de sus seres queridos y así, posibilitar de alguna medida la reparación del daño causado;
b) lleve a término una investigación judicial exhaustiva de los hechos de este caso, en la que se identifique a todos los responsables, tanto materiales como inmateriales, así como a los agentes del Estado cuya aquiescencia hizo posible la comisión de las violaciones a la Convención y, como consecuencia de esta investigación judicial, sancione a los responables penalmente;
c) haga público el resultado del proceso judicial con el fin de coadyuvar al derecho a la verdad de los familiares de las presuntas víctimas y de la sociedad colombiana en su conjunto;
d) adelante el cumplimiento efectivo de las órdenes de detención dictadas por las autoridades judiciales, y
e) efectúe, en consulta con los familiares, un reconocimiento simbólico destinado a la recuperación de la memoria histórica de las víctimas desaparecidas.
Alegatos de los representantes
261. Solicitaron que la Corte ordene al Estado que:
a) realice una investigación que esclarezca los hechos, individualice los partícipes y permita llevarlos a un juicio en donde se establezcan las responsabilidades y se impongan las sanciones que corresponden a la gravedad de los hechos;
b) realice todas las acciones que sean necesarias para establecer la suerte de todas las personas desaparecidas y entregar sus restos a los familiares;
c) complete la investigación iniciada en la justicia ordinaria, en forma efectiva y conforme a las obligaciones internacionales que éste ha asumido libremente;
d) pida perdón a los familiares, a través del Presidente de la República, en un acto público transmitido por los canales estatales de televisión de cobertura nacional y en los de cobertura regional en los departamentos de Córdoba y Antioquia. Este acto deberá contar con la participación de las más altas autoridades militares, de policía, judiciales y con todos los familares de las presuntas víctimas, los miembros de la comunidad afectada, las organizaciones peticionarias, la comunidad nacional de derechos humanos, así como de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
e) garantice los recursos suficientes para construir un polideportivo en el corregimiento de Pueblo Bello en memoria de las presuntas víctimas y para el restablecimiento a la comunidad por los daños causados. El polideportivo deberá llevar una placa con los nombres de las presuntas víctimas y denominarse “A la memoria de las víctimas de Pueblo Bello,” indicar en la placa la fecha de los hechos, la mención genérica de que en ella participaron grupos paramilitares con la aquiescencia y colaboración de miembros de la Fuerza Pública y consignar el hecho de que la Corte Interamericana encontró el Estado responsable por la masacre, indicando la fecha de la sentencia;
f) tome las medidas necesarias y oportunas para que los terrenos donde fueron torturadas y asesinadas las presuntas víctimas se conviertan en parques nacionales de propiedad pública para tener presentes los hechos, sus autores, al menos de manera genérica, mencionado que grupos paramilitares con la aquiescencia y colaboración de miembros de la Fuerza Pública cometieron los hechos y que estas actuaciones dieron lugar a la responsabilidad del Estado por las violaciones, y a preservar la memoria y dignidad de las presuntas víctimas. En el caso de que la propiedad, posesión o tenencia legitima de la fincas donde ocurieron los hechos no correspoda a los integrantes, familares o testaferros del grupo paramilitar dirigido, entre otros, por Fidel Castaño, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, el Estado deberá compensar e indemnizar a los propietarios, poseedores, y tenedores de buena fe, para obtener la propiedad y control sobre dichos terrenos. Previamente a cualquier destinación de los terrenos, el Estado deberá asegurar que la búsqueda de los 37 campesinos detenidos y desaparecidos en Pueblo Bello se realizará en condiciones de seguridad adecuada, y
g) divulgue la Sentencia de la Corte en medios impresos y audiovisuales con el objetivo de que los hechos ocurridos no se vuelvan a repetir. El Estado se debe comprometer con la divulgación de la misma y su difusión, pues de esta manera se garantizará el derecho de la sociedad a conocer la verdad.
262. Asimismo, los representantes alegaron que la Corte debe ordenar al Estado que se comprometa a garantizar la no repetición de los hechos, para lo cual deberá:
a) crear un Grupo o Comisión de la Verdad integrada por personas expertas y de reconocida credibilidad que contribuya a esclarecer el alcance y extensión del fenómeno paramilitar en la región de Urabá, que sugiera medidas para erradicar los grupos paramilitares, para que no se vuelva a recurrir a su utilización bajo ninguna circunstancia y que ayude desentrañar los nexos y apoyos que estos grupos han tenido en la zona. Para la realización de su trabajo se le otorgará a dicho grupo un plazo de seis meses, al cabo del cual deberá rendir su informe a la Corte en audencia pública con presencia de las partes;
b) llevar a cabo medidas legislativas, administrativas y del orden que correspondan:
i. para desmantelar los grupos paramilitares, en particular los dirigidos por Carlos Castaño, Fidel Castaño y Salvatore Mancuso. En este sentido debe ordenarse al Estado que promueva la desvinculación de la Fuerza Pública de todos los miembros sobre los cuales existen acusaciones creibles y consistentes de sus nexos con los grupos paramilitares;
ii. para garantizar que mantendrá abiertas las investigaciones en la justicia ordinaria hasta encontrar los cuerpos de las 37 víctimas no identificadas hasta el momento y lograr que todos los partícipes serán individualizados y llevados ante la justicia, juzgados con todas las garantías y, de ser encontrados responsables, sancionados con penas proporcionales a la gravedad de las violaciones cometidas, y
iii. para garantizar por mecanismos y procedimientos respetuosos de los derechos humanos, la restitución de los bienes, tanto muebles como inmuebles, que fueron abandonados por sus propietarios, poseedores o tenedores, quienes se vieron obligados a desplazarse.
c) tramitar las causas penales conforme a los estándares establecidos tanto en la Convención Americana como en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada, y en todo caso, debe comprometerse a tramitarla en sede civil y no militar. Al respecto, además, solicitaron a la Corte que recomiende al Estado depositar el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas;
d) no hacer uso de figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia ejecutoriada, y
e) asegurar a los familares que emprenderá una búsqueda seria y exhaustiva de las presuntas víctimas para que éstas puedan retornar al seno de sus familias o sus restos les sean entregados a aquéllos.
263. Alegatos del Estado
a) las investigaciones penales continúan y con el acompañamiento de los peticionarios, en su condición de parte civil, se han realizado importantes diligencias para lograr la plena identificación de las presuntas víctimas así como para localizar sus restos mortales;
b) los responsables se encuentran plenamente identificados y reconocidos como tales por la sociedad, teniendo en cuenta la publicidad que se ha dado a la sentencias condenatorias dictadas en los procesos relacionados con el caso;
c) las autoridades hacen los máximos esfuerzos para lograr la captura de los declarados responsables en estos hechos por las autoridades judiciales, y
d) todas las instituciones del Estado tienen la voluntad férrea e inquebrantable de luchar contra todos los grupos armados ilegales. La eficacia de la Fuerza Pública se encuentra reflejada en sus resultados operacionales obtenidos con apego y respeto a los derechos humanos, los principios humanitarios, los mandatos constitucionales y los procedimientos legales.
Consideraciones de la Corte
264. En este apartado el Tribunal determinará las medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, y dispondrá medidas de alcance o repercusión pública . Estas medidas tienen especial relevancia en el presente caso por la extrema gravedad de los hechos.
a) Obligación del Estado de investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables
265. La Corte ha establecido en esta Sentencia que las investigaciones conducidas por Colombia sobre la masacre en Pueblo Bello ocurrida el 14 de enero de 1990 han incumplido los estándares de acceso a la justicia y protección judicial establecidos en la Convención Americana (supra párr. 169 a 212).
266. La Corte reitera que el Estado está obligado a combatir tal situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos . Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de reparación y da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer .
267. A la luz de lo anterior, el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad intelectual y material de todos los autores de la masacre y de las personas responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados. El Estado debe llevar a término el proceso penal en la jurisdicción penal ordinaria, de forma que permita el esclarecimiento de todos los hechos y la sanción de los responsables, así como la ejecución efectiva de las condenas que ya han sido impuestas. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso.
268. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos, y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Pueblo Bello.
269. El Estado debe adoptar las medidas administrativas, legislativas y cualesquiera otras pertinentes, con el fin de que las violaciones a derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales, con el fin de combatir la impunidad parcial que existe en este caso y así evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello. El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto y, en particular, sobre los resultados obtenidos.
b) Búsqueda, identificación y sepultura de las víctimas de la masacre de Pueblo Bello
270. La Corte considera indispensable que, para efectos de las reparaciones, el Estado busque e identifique a las víctimas desaparecidas. Pese a que el Tribunal ha tomado en consideración las acciones emprendidas por el Estado para recuperar los restos de las personas desaparecidas, éstas no han sido suficientes ni efectivas. El Estado deberá completar dichas labores, así como cualquier otra que resulte necesaria, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, así como en el Informe del Secretario General sobre derechos humanos y ciencia forense presentado de conformidad con la resolución 1992/24 de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
271. Independientemente de estas acciones específicas, el Estado debe garantizar que las entidades oficiales correspondientes hagan uso de estas normas como parte de su instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o privadas de su vida.
272. Para hacer efectiva y viable la identificación de las víctimas desaparecidas de la masacre de Pueblo Bello, la recuperación de los restos de aquéllas y la entrega a sus familiares, el Estado deberá publicar en un medio de radiodifusión, uno de televisión y uno de prensa escrita, todos ellos de cobertura nacional y regional en los departamentos de Córdoba y Urabá, un anuncio mediante el cual se solicite al público que aporte información para estos efectos y se indiquen las autoridades encargadas de estas gestiones.
273. Cuando se encuentren e identifiquen restos mortales el Estado deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, para que puedan ser honrados según sus respectivas creencias. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de entierro de éstas, de común acuerdo con los familiares de las mismas.
c) Tratamiento médico o psicológico adecuado a los familiares
274. La Corte estima que es preciso disponer una medida de reparación que busque reducir los padecimientos físicos y psíquicos de los familiares inmediatos de las personas desaparecidas o privadas de su vida. Con tal fin, el Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual.
d) Garantías estatales de seguridad para los familiares y ex habitantes del municipio de Pueblo Bello que decidan regresar
275. La Corte es consciente de que algunos de los miembros de Pueblo Bello no desean regresar al pueblo debido a que tienen temor de seguir siendo amenazados por los paramilitares. Es posible que esta situación no cambie hasta que se complete una investigación y un proceso judicial efectivos, que tengan como resultado el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. En el momento en que los ex habitantes decidan regresar a Pueblo Bello, el Estado deberá garantizarles su seguridad. A tales efectos, el Estado deberá enviar representantes oficiales a dicho corregimiento periódicamente, para verificar el orden y realizar consultas con los residentes del pueblo. Si durante esas reuniones los habitantes del corregimiento expresan preocupación en relación con su seguridad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizarla, las cuales serán diseñadas en consulta con los destinatarios de las medidas.
276. Además, dado que muchos de los habitantes de Pueblo Bello perdieron sus bienes materiales como consecuencia de los hechos del presente caso (supra párr. 95.161), este Tribunal considera que el Estado debe implementar, tal como lo ha hecho en otros casos , un programa habitacional de vivienda adecuada para los familiares que regresen a Pueblo Bello.
e) Disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional
277. Como una medida de satisfacción para las víctimas y garantía de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido, el Estado deberá reconocer públicamente, con presencia de altas autoridades, su responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, y emitir una disculpa a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de esas personas, como consecuencia de las faltas del Estado a sus deberes de prevención, protección e investigación, así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio.
f) Monumento
278. El Estado deberá construir un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello, como medida para prevenir que hechos tan graves ocurran en el futuro. Dicho monumento deberá ser instalado en un lugar público apropiado en Pueblo Bello, dentro del año siguiente a la notificación de la presente Sentencia.
g) Publicación de las partes pertinentes de la presente Sentencia
279. La Corte estima que, como medida de satisfacción , el Estado debe publicar dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la Sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma.
XIII
COSTAS Y GASTOS
Alegatos de la Comisión
280. Solicitó a la Corte que, una vez escuchados los representantes, ordene al Estado el pago de las costas y gastos debidamente probados por aquéllos y en atención a las características especiales del presente caso.
281. Alegatos de los representantes
a) la Comisión Colombiana de Juristas ha incurrido en gastos por su labor desde 1997, tanto doméstica como internacional, los cuales ascendieron a un total de US$ 36.023.69 (treinta y seis mil veintitrés dólares de los Estados Unidos de América, con sesenta y nueve centavos);
b) ASFADDES ha incurrido en gastos desde abril de 1994, los que han incluido el costo de pruebas judiciales, otras diligencias de exhumación y honorarios del abogado que ha actuado como parte civil en el proceso penal, los cuales ascienden a un total de 61.500.000 pesos colombianos o US $ 26.287,11 (veintiséis mil doscientos ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de América, con once centavos), y
c) CEJIL ha incurrido en gastos en los cuatro años de litigio ante el Sistema Interamericano, los cuales ascienden a un total de US$ 25.503,23 (veinticinco mil quinientos tres dólares con veintitrés centavos).
Alegatos del Estado
282. Aunque solicitó a la Corte que determine que el pago de las costas y gastos sea asumido por cada una de las partes intervinientes, alegó que para el reconocimiento de costas y gastos la Corte ha condicionado a que sean sólo los gastos necesarios y razonables, según las particularidades del caso y los efectivamente realizados o causados a cargo de la víctima o sus representantes. De cualquier forma su reconocimiento procede sobre bases de equidad.
Consideraciones de la Corte
283. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores , las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, que comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta la acreditación de los gastos hechos, las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados y comprobados por las partes, siempre que su quantum sea razonable.
284. La Corte toma en cuenta que algunos de los familiares de las víctimas desaparecidas y privadas de la vida en los hechos de Pueblo Bello actuaron a través de representantes, tanto ante la Comisión como ante la Corte. En este caso ha sido establecido que únicamente algunos familiares han rendido testimonio en el proceso penal y que sólo José Daniel Álvarez, hijo de una de las víctimas, se ha constituido en parte civil en dicho proceso penal.
285. En razón de lo anterior, no es posible asignar una compensación por concepto de costas y gastos directamente a los familiares de las víctimas, para que éstas la distribuyeran entre quienes les hayan brindado asistencia legal, como ha sido la práctica de este Tribunal en algunos casos recientes , por lo que estima equitativo ordenar al Estado que reintegre la cantidad de US$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana, a la Comisión Colombiana de Juristas por concepto de costas y gastos en que incurrieron en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos; la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a ASFADDES por concepto de costas y gastos en que incurrieron en el ámbito interno e internacional; y la cantidad de US$ 8.000,00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana a CEJIL por concepto de costas y gastos en que incurrió en el proceso internacional.
XIV
MODALIDADES DE CUMPLIMIENTO
286. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, Colombia deberá efectuar el pago de las indemnizaciones y compensaciones por concepto de daño material e inmaterial (supra párrs. 248, 249, 258 y 259), el reintegro de costas y gastos (supra párr. 285), el acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad y la construcción de un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello (supra párrs. 277 y 278), dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la misma. Asimismo, el Estado deberá efectuar la publicación de las partes pertinentes de esta Sentencia (supra párr. 279), dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la misma.
287. A su vez, Colombia deberá realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para identificar, juzgar y sancionar a los responsables por los hechos de la masacre (supra párrs. 265 a 268). Asimismo, debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para buscar e identificar a las víctimas privadas de la vida y desaparecidas (supra párrs. 270 a 273). Además, el Estado deberá realizar, en un plazo razonable, las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las personas presuntamente desaparecidas y privadas de la vida, así como otros ex pobladores de Pueblo Bello, que se hayan visto desplazados, puedan regresar, en caso de que así lo deseen (supra párrs. 275 y 276). Asimismo, el Estado deberá adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales, y deberá informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. Finalmente, en cuanto al tratamiento médico debido a los familiares, éste deberá brindarse en forma inmediata a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que el Estado realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario (supra párr. 274).
288. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de las personas desaparecidas y privadas de la vida, y de sus familiares de será hecho directamente a ellos, según lo dispuesto en los párrafos 247, 248 y 258 y en los Anexos I y II de la presente Sentencia.
289. Los pagos correspondientes al reintegro de costas y gastos se realizarán según lo dispuesto en el párrafo 285 de la presente Sentencia.
290. El Estado deberá cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
291. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnizaciones por daño material e inmaterial, así como por reintegro de costas y gastos, no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. Por ende, deberán ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en esta Sentencia.
292. Por lo que toca a las indemnizaciones ordenadas a favor de los niños y niñas, el Estado deberá depositarlas en una institución financiera colombiana solvente. La inversión se hará dentro del plazo de un año, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria, mientras los beneficiarios sean menores de edad. Podrá ser retirada por aquéllos cuando alcancen la mayoría de edad, en su caso, o antes si así conviene al interés superior del niño, establecido por determinación de una autoridad judicial competente. Si no se reclama la indemnización una vez transcurridos diez años contados a partir de la mayoría de edad, la suma será devuelta al Estado, con los intereses devengados.
293. Si por causas atribuibles a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida que son beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que éstos las reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria colombiana solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados.
294. En caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Colombia.
295. Conforme a su práctica constante, y en ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya ejecutado lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, Colombia deberá rendir a la Corte un primer informe sobre las medidas adoptadas para acatar esta Sentencia.
XV
PUNTOS RESOLUTIVOS
296. Por tanto,
LA CORTE
DECLARA,
por unanimidad que:
1. El Estado violó, en perjuicio de Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar Duarte, Andrés Manuel Peroza Jiménez, Jorge David Martínez Moreno, Ricardo Bohórquez Pastrana y Ovidio Carmona Suárez, los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento de su obligación de garantizar esos derechos, por haber faltado a sus deberes de prevención, protección e investigación, en los términos de los párrafos 111 a 153 de esta Sentencia.
2. El Estado violó, en perjuicio de Manuel de Jesús Montes Martínez, Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Juan Bautista Meza Salgado, Ariel Dullis Díaz Delgado, Jorge Fermín Calle Hernández, Santiago Manuel González López, Raúl Antonio Pérez Martínez, Juan Miguel Cruz, Genor José Arrieta Lora, Célimo Arcadio Hurtado, José Manuel Petro Hernández, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Luis Miguel Salgado Berrío, Ángel Benito Jiménez Julio, Benito José Pérez Pedroza, Pedro Antonio Mercado Montes, Carmelo Manuel Guerra Pestana, César Augusto Espinoza Pulgarín, Miguel Ángel López Cuadro, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Diómedes Barrera Orozco, José Encarnación Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, José del Carmen Álvarez Blanco, Camilo Antonio Durango Moreno, Carlos Antonio Melo Uribe, Mario Melo Palacio, Víctor Argel Hernández, Fermín Agresott Romero, Jesús Humberto Barbosa Vega, Benito Genaro Calderón Ramos, Jorge Arturo Castro Galindo, Wilson Uberto Fuentes Marimón, Miguel Antonio Pérez Ramos, Elides Manuel Ricardo Pérez, Luis Carlos Ricardo Pérez y Lucio Miguel Urzola Sotelo, los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento de su obligación de garantizar esos derechos, por haber faltado a sus deberes de prevención, protección e investigación, en los términos de los párrafos 111 a 153 de esta Sentencia.
3. El Estado violó, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, por las razones expuestas en los párrafos 154 a 162 de esta Sentencia.
4. El Estado violó, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, para garantizar el acceso a la justicia, consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los párrafos 169 a 212 de esta Sentencia.
5. El Estado no violó, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, por las razones expuestas en los párrafos 217 a 220 de esta Sentencia.
6. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
Y DECIDE,
por unanimidad, que:
7. El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad de todos los partícipes en la masacre, así como la de quienes hubiesen sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados, en los términos de los párrafos 265 a 268 y 287 de esta Sentencia.
8. El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales, con el fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello. El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos, en los términos de los párrafos 269 y 287 de esta Sentencia.
9. El Estado debe adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos, en un plazo razonable. Para estos efectos, deberá completar las acciones emprendidas para recuperar los restos de las personas desaparecidas, así como cualesquiera otras que resulten necesarias, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes en la materia, en los términos de los párrafos 270 a 273 y 287 de esta Sentencia.
10. El Estado debe garantizar que, independientemente de las acciones específicas señaladas en el punto resolutivo anterior, las entidades oficiales correspondientes hagan uso de dichas normas internacionales como parte de su instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o privadas de la vida, en los términos de los párrafos 270 y 271 de esta Sentencia.
11. El Estado debe proveer un tratamiento médico o psicológico, según sea el caso, a todos los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas de la vida que lo requieran, a partir de la notificación de la presente Sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario, en los términos de los párrafos 274 y 287 de esta Sentencia.
12. El Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, así como otros ex pobladores de Pueblo Bello, que se hayan visto desplazados, puedan regresar a tal localidad, en caso que así lo deseen, en los términos de los párrafos 275, 276 y 287 de esta Sentencia.
13. El Estado debe realizar, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con las violaciones declaradas en la misma y de desagravio a las personas desaparecidas, a las privadas de la vida y a sus familiares, por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de esas personas, como consecuencia de las faltas del Estado a sus deberes de prevención, protección e investigación, así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio, en presencia de altas autoridades del Estado, en los términos de los párrafos 277 y 286 de la presente Sentencia.
14. El Estado debe construir, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello, en los términos de los párrafos 278 y 286 de esta Sentencia.
15. El Estado debe publicar, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma, en los términos de los párrafos 279 y 286 de esta Sentencia.
16. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el Anexo I de la presente Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño material, en los términos de los párrafos 234 a 241, 246 a 251, 286, 288 y 290 a 294 de la misma.
17. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el Anexo II de la presente Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño inmaterial, en los términos de los párrafos 234 a 241, 254 a 259, 286, 288 y 290 a 294 de la misma.
18. El Estado debe pagar las cantidades fijadas por concepto de costas y gastos, en los términos de los párrafos 283 a 286, 289, 291 y 294 de la presente Sentencia.
19. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya ejecutado lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle acatamiento, en los términos del párrafo 295 de la misma.
El Juez Antônio A. Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente Razonado, el cual acompaña la presente Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 31 de enero de 2006.
Sergio García Ramírez
Presidente
Alirio Abreu Burelli
Oliver Jackman
Antônio A. Cançado Trindade
Cecilia Medina Quiroga
Manuel E. Ventura Robles
Diego García-Sayán
Juan Carlos Esguerra Portocarrero
Juez ad hoc
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Sergio García Ramírez
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Anexo I
Daños materiales
Nombre del desaparecido o privado de su vida Monto
1 Manuel de Jesús Montes Martínez US $ 80.400,00
2 Andrés Manuel Flórez Altamiranda US $ 57.300,00
3 Juan Bautista Meza Salgado US $ 74.100,00
4 Juan Luis Escobar Duarte US $ 74.500,00
5 José Leonel Escobar Duarte US $ 84.800,00
6 Ariel Dullis Díaz Delgado US $ 73.500,00
7 Jorge Fermin Calle Hernández US $ 68.100,00
8 Santiago Manuel González López US $ 39.300,00
9 Raúl Antonio Pérez Martínez US $ 67.800,00
10 Andrés Manuel Peroza Jiménez US $ 75.100,00
11 Juan Miguel Cruz US $ 49.400,00
12 Genor José Arrieta Lora US $ 73.500,00
13 Célimo Arcadio Hurtado US $ 47.500,00
14 José Manuel Petro Hernández US $ 43.500,00
15 Cristóbal Manuel Arroyo Blanco US $ 63.400,00
16 Luis Miguel Salgado Berrío US $ 62.800,00
17 Ángel Benito Jiménez Julio US $ 32.300,00
18 Benito José Pérez Pedroza US $ 49.400,00
19 Pedro Antonio Mercado Montes US $ 63.000,00
20 Carmelo Manuel Guerra Pestana US $ 43.300,00
21 César Augusto Espinoza Pulgarín US $ 67.000,00
22 Miguel Ángel López Cuadro US $ 53.200,00
23 Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta US $ 55.700,00
24 Diómedes Barrera Orozco US $ 67.100,00
25 José Encarnación Barrera Orozco US $ 81.100,00
26 Urías Barrera Orozco US $ 67.900,00
27 José del Carmen Álvarez Blanco US $ 40.200,00
28 Camilo Antonio Durango Moreno US $ 76.300,00
29 Jorge David Martínez Moreno US $ 78.700,00
30 Carlos Antonio Melo Uribe US $ 75.900,00
31 Mario Melo Palacio US $ 60.400,00
32 Víctor Argel Hernández US $ 69.200,00
33 Fermín Agresott Romero US $ 74.100,00
34 Jesús Humberto Barbosa Vega US $ 62.900,00
35 Ricardo Bohórquez Pastrana US $ 35.800,00
36 Benito Genaro Calderón Ramos US $ 73.800,00
37 Ovidio Carmona Suárez US $ 78.300,00
38 Jorge Arturo Castro Galindo US $ 61.800,00
39 Wilson Uberto Fuentes Marimón US $ 43.600,00
40 Miguel Antonio Pérez Ramos US $ 80.100,00
41 Elides Manuel Ricardo Pérez US $ 67.600,00
42 Luis Carlos Ricardo Pérez US $ 70.200,00
43 Lucio Miguel Urzola Sotelo US $ 75.500,00
Anexo II
Daños inmateriales
Nombre Parentesco Monto
1. Manuel de Jesús Montes Martínez Desaparecido US $ 35.000,00
Jorge Adalberto Montes Berrío Padre US $ 10.000,00
Macrina Onelia Martínez Paternina Madre US $ 12.000,00
Noemí del Carmen Montes Martínez Hermana US $ 500,00
Javier Donais Montes Martínez Hermano US $ 500,00
Ana Carmela Montes Martínez Hermana US $ 500,00
Libia Esther Montes Martínez Hermana US $ 500,00
Nilson Montes Cruz Hermano US $ 500,00
Neder de Jesús Montes Cruz Hermano US $ 500,00
2. Andrés Manuel Flórez Altamiranda Desaparecido US $ 30.000,00
Eridia Gutiérrez Mesa Esposa US $ 10.000,00
César Eliecer Flórez Gutiérrez Hijo US $ 10.000,00
Melkin Flórez Gutiérrez Hijo US $ 10.000,00
Eduardo Manuel Flórez Gutiérrez Hijo US $ 10.000,00
José de los Santos Flórez Tavera Padre US $ 10.000,00
Albertina Altamiranda Ramos Madre US $ 10.000,00
Emilse del Carmen Flórez Altamiranda Hermana US $ 500,00
Enilda Ester Flórez Altamiranda Hermana US $ 500,00
Mónica Flórez Altamiranda Hermana US $ 500,00
Miriam Edith Flórez Altmiranda Hermana US $ 500,00
Eberto Flórez Altamiranda Hermano US $ 500,00
Manuela Flórez Altamiranda Hermana US $ 500,00
3. Juan Bautista Meza Salgado Desaparecido US $ 30.000,00
Eliécer Manuel Meza Acosta Padre US $ 10.000,00
Sara Faustina Salgado Ramírez Madre US $ 10.000,00
Víctor Manuel Meza Salgado Hermano US $ 500,00
José Nemecio MezaSalgado Hermano US $ 500,00
María Mercedes Meza Salgado Hermana US $ 500,00
Samuel Antonio Meza Salgado Hermano US $ 500,00
Orfa Rosa Meza Salgado Hermana US $ 500,00
Daniel Enrique Meza Salgado Hermano US $ 500,00
Eliécer Manuel Meza Salgado Hermano US $ 500,00
Elsa Meza Salgado Hermana US $ 500,00
4. Juan Luis Escobar Duarte P.V. * US $ 30.000,00
5. José Leonel Escobar Duarte P.V. US $ 30.000,00
Pedro Luis Escobar Bedoya Padre US $ 12.000,00
Virgelina Duarte Giraldo Madre US $ 12.000,00
Pedro Luis Escobar Duarte Hermano US $ 1,000,00
Fanny del Socorro Escobar Duarte Hermana US $ 1,000,00
Luz Emilce Escobar Duarte Hermana US $ 1,000,00
Ovidio de Jesús Escobar Duarte Hermano US $ 1,000,00
* Privado de su vida (P.V.)
6. Ariel Dullis Díaz Delgado Desaparecido US $ 30.000,00
Rubén Díaz Romero Padre US $ 10.000,00
Amira Luisa Delgado Mestra Madre US $ 10.000,00
José Elías Díaz Delgado Hermano US $ 500,00
Sara María Díaz Delgado Hermana US $ 500,00
David Euclides Díaz Delgado Hermano US $ 500,00
Abner Díaz Delgado Hermano US $ 500,00
Gladys Díaz Delgado Hermana US $ 500,00
Eneyda Díaz Delgado Hermana US $ 500,00
7. Jorge Fermin Calle Hernández Desaparecido US $ 30.000,00
Euclides Manuel Calle Álvarez Padre US $ 10.000,00
Nilda del Carmen Hernández Madre US $ 10.000,00
Jorge Enrique Calle Hernández Hermano US $ 500,00
Herminia Edit Calle Hernández Hermana US $ 500,00
Amaury Alfonso Calle Hernández Hermano US $ 500,00
Marta Lina Calle Hernández Hermana US $ 500,00
Guillermo Enrique Calle Hernández Hermano US $ 500,00
María Patricia Calle Hernández Hermana US $ 500,00
Rafael Andrés Calle Hernández Hermano US $ 500,00
Alfonso Ramón Calle Hernández Hermano US $ 500,00
Nilda Rosa Calle Hernández Hermana US $ 500,00
8. Santiago Manuel González López Desaparecido US $ 30.000,00
Manuel José González Díaz Padre US $ 10.000,00
Delfina Lucía López Ruíz Madre US $ 10.000,00
Leovigilda Rosa Villalba Sánchez Esposa US $ 10.000,00
Debier Antonio González Villalba Hijo US $ 10.000,00
Onasis José González Villalba Hijo US $ 10.000,00
Delia Lucía González Villalba Hija US $ 10.000,00
Leda González Villalba Hija US $ 10.000,00
Luz Gladys González Salgado Hija US $ 10.000,00
Enil Antonio González López Hermano US $ 500,00
Rafael Antonio González López Hermano US $ 500,00
Rosa Isabel González López Hermana US $ 500,00
Manuel José González López Hermano US $ 500,00
Celso Manuel González López Hermano US $ 500,00
Nely del Carmen González López Hermana US $ 500,00
Elio José González López Hermano US $ 500,00
Ena Luz González López Hermana US $ 500,00
9. Raúl Antonio Pérez Martínez Desaparecido US $ 30.000,00
Ginibeldo Pérez García Padre US $ 10.000,00
Islia María Martínez Cubillo Madre US $ 10.000,00
Alfaima Romero Arrieta Compañera US $ 10.000,00
Yesica Andrea Pérez Romero Hija US $ 10.000,00
Inelta María Pérez Martínez Hermana US $ 500,00
Enriqueta Pérez Martínez Hermana US $ 500,00
Luz Dary Delgado Pérez Hermana US $ 500,00
Lázaro Maria Pérez Palencia Hermano US $ 500,00
Luis Arturo Pérez Martínez Hermano US $ 500,00
Giniveldo Pérez Martínez Hermano US $ 500,00
Gloria Ester Pérez Martínez Hermana US $ 500,00
Marcos Fidel Pérez Martínez Hermano US $ 500,00
Antonio María Pérez Martínez Hermano US $ 500,00
10. Andrés Manuel Peroza Jiménez P.V. US $ 30.000,00
Leonidas Manuel Peroza Meza Padre US $ 6.000,00
Dioselina María Jiménez Ortega Madre US $ 6.000,00
Dormelina del Carmen Barba Monterrosa Compañera US $ 8,000.00
Cleider Duban Peroza Barba Hijo US $ 6.000,00
Ismael Antonio Osorio Jiménez Hermano US $ 500,00
Emerita del Carmen Osorio Jiménez Hermana US $ 500,00
Nafer Enrique Osorio Jiménez Hermano US $ 500,00
Matilde Esther Osorio Jiménez Hermana US $ 500,00
María del Carmen Morelo Jiménez Hermana US $ 500,00
Nora Isabel Jiménez Barbas Hermana US $ 500,00
11. Juan Miguel Cruz Desaparecido US $ 30.000,00
Zunilda Peralta Compañera US $ 5,000.00
Digna Peralta Compañera US $ 5,000.00
Jaime Miguel Cruz Peralta Hijo US $ 10.000,00
Uberney Cruz Peralta Hijo US $ 10.000,00
Aydeth del Carmen Cruz Peralta Hija US $ 10.000,00
Judith del Carmen Cruz Peralta Hija US $ 10.000,00
12. Genor José Arrieta Lora Desaparecido US $ 30.000,00
Dora Isabel Tuberquia Petro Compañera US $ 12.000,00
Jose Calazans Arrieta Marimón Padre US $ 10.000,00
Josefa Lora Erazo Madre US $ 10.000,00
Clímaco Emiro Arrieta Lora Hermano US $ 500,00
Fanny de Jesús Arrieta Lora Hermana US $ 500,00
Arcelio Arrieta Lora Hermano US $ 500,00
Ana Arcilia Arrieta Lora Hermana US $ 500,00
Gil de Jesús Arrieta Lora Hermano US $ 500,00
Argenida Arrieta Lora Hermana US $ 500,00
Luz Eneida Arrieta Lora Hermana US $ 500,00
Cehima Arrieta Lora Hermana US $ 500,00
Ana Delfa Arrieta Lora Hermana US $ 500,00
Nabor Enriques Arrieta Lora Hermano US $ 500,00
13. Célimo Arcadio Hurtado Desaparecido US $ 30.000,00
Manuel Luciano Hurtado Largo Hijo US $ 10.000,00
Lina Fabiola Hurtado Largo Hija US $ 10.000,00
Doris Celina Largo Esposa US $ 10.000,00
Otalvaro Hurtado Largo Hijo US $ 10.000,00
14. José Manuel Petro Hernández Desaparecido US $ 30.000,00
Rafaela Josefa Pérez Pedroza Compañera US $ 10.000,00
Gloria de Jesús Petro Pérez Hija US $ 10.000,00
Jhon Jader Petro Pérez Hijo US $ 10.000,00
Robinson Petro Pérez Hijo US $ 10.000,00
Luz Erley Petro Pérez Hija US $ 10.000,00
Yarley Petro Pérez Hija US $ 10.000,00
Yeimy Luz Petro Pérez Hija US $ 10.000,00
15. Cristóbal Manuel Arroyo Blanco Desaparecido US $ 30.000,00
Clímaco Arroyo Díaz Padre US $ 10.000,00
María Concepción Blanco Yèpes Madre US $ 10.000,00
Diva del Soccorro Arroyo Blanco Hermana US $ 500,00
16. Luis Miguel Salgado Berrío Desaparecido US $ 30.000,00
Gloria de Jesús Petro Pérez Compañera US $ 12.000,00
José María Salgado Sotelo Padre US $ 10.000,00
Eleodora Isabel Berrío Plaza Madre US $ 10.000,00
Roberto Antonio Salgado Berrío Hermano US $ 500,00
Luis Alberto Salgado Herrera Hermano US $ 500,00
Miriam Rosa Patron Berrío Hermana US $ 500,00
Lucina Salgado Berrío Hermana US $ 500,00
Elizabeth Salgado Berrío Hermana US $ 500,00
María Magdalena Salgado Berrío Hermana US $ 500,00
17. Ángel Benito Jiménez Julio Desaparecido US $ 30.000,00
Ana Eloína Romero Mercado Esposa US $ 10.000,00
Bartolo Jiménez Guerra Padre US $ 10.000,00
Amada Villadiego Julio Madre US $ 10.000,00
Yoliva del Carmen Romero Benitez Hija US $ 10.000,00
Adalberto José Jiménez Romero Hijo US $ 10.000,00
Alonso Jiménez Romero Hijo US $ 10.000,00
Ana Daicet Jiménez Romero Hija US $ 10.000,00
Aída Luz Jiménez Romero Hija US $ 10.000,00
Arbiris de Jesús Jiménez Romero Hijo US $ 10.000,00
Nayibe Romero Benítez Hija US $ 10.000,00
María Elena Jiménez Zabala Hija US $ 10.000,00
Ángel Benito Jiménez Toro Hijo US $ 10.000,00
Graciela del Carmen Jiménez Julio Hermana US $ 500,00
Florencia del Carmen Jiménez Villadiego Hermana US $ 500,00
18. Benito José Pérez Pedroza Desaparecido US $ 30.000,00
Norma Elisa Machado Petro Compañera US $ 5.000,00
Norbey Enrique Pérez Machado Hijo US $ 10.000,00
Laureana María Peralta Cuava Compañera 2 US $ 5.000,00
Arbey Antonio Pérez Peralta Hijo US $ 10.000,00
19. Pedro Antonio Mercado Montes Desaparecido US $ 30.000,00
Jesús María Mercado Mejía Padre US $ 10.000,00
Julia Rosa Montes Molina Madre US $ 10.000,00
Jorge Eliécer Mercado Montes Hermano US $ 500,00
Elizabeth Mercado Montes Hermana US $ 500,00
Jesús María Mercado Montes Hermano US $ 500,00
Lucelly del Carmen Mercado Montes Hermana US $ 500,00
Nelson Enrique Mercado Montes Hermano US $ 500,00
Otoniel Mercado Montes Hermano US $ 500,00
Edelma Mercado Montes Hermana US $ 500,00
Luz Senaida Mercado Montes Hermana US $ 500,00
20. Carmelo Manuel Guerra Pestana Desaparecido US $ 30.000,00
José Miguel Guerra Sierra Padre US $ 10.000,00
Margarita Pestana Luna Madre US $ 10.000,00
Marlene Antonia Velásquez Carvajal Compañera US $ 10.000,00
Nancy Amparo Guerra López Hija US $ 10.000,00
Carmen Guerra Márquez Hija US $ 10.000,00
21. César Augusto Espinosa Pulgarín Desaparecido US $ 30.000,00
Ligia Margarita Pulgarín González Madre US $ 10.000,00
José Javier Espinosa Restrepo Padre US $ 10.000,00
Wilder Frank Espinosa Pulgarín Hermano US $ 500,00
Johan Albeiro Espinosa Hernández Hijo US $ 10.000,00
Celia del Carmen Hernández Orozco Compañera US $ 10.000,00
Adriana Patricia Espinosa Pulgarín Hermana US $ 500,00
Zulema Ivone Espinosa Pulgarín Hermana US $ 500,00
Bibiana Farley Hernández Pulgarín Hermana US $ 500,00
22. Miguel Ángel López Cuadro Desaparecido US $ 30.000,00
Ester María Cuadro Prieto Madre US $ 10.000,00
Daniel López Galarcio Padre US $ 10.000,00
Mery de Jesús López Cuadro Hermana US $ 500,00
23. Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta Desaparecido US $ 30.000,00
Juan Gutiérrez Salgado Padre US $ 10.000,00
Elena Emperatriz Arrieta Marimón Madre US $ 10.000,00
Miguel Ángel Guitiérez Garnaud Hijo US $ 10.000,00
Ediltrudis Sofía Garnaud Causil Compañera US $ 5.000,00
Carmen Elina Gutiérrez Flórez Hija US $ 10.000,00
Manuela Del Rosario Flórez Altamiranda Esposa US $ 5.000,00
Francisca Gutiérrez Arrieta Hermana US $ 500,00
Josefa del Carmen Gutiérrez Arrieta Hermana US $ 500,00
María Soledad Gutiérrez Arrieta Hermana US $ 500,00
Alina Elena Gutiérrez Arrieta Hermana US $ 500,00
Emperatriz del Carmen Gutiérrez Arrieta Hermana US $ 500,00
Erasmo Manuel Gutiérrez Arrieta Hermano US $ 500,00
24. Diómedes Barrera Orozco Desaparecido US $ 30.000,00
25. José Encarnación Barrera Orozco Desaparecido US $ 35.000,00
26. Urías Barrera Orozco Desaparecido US $ 30.000,00
Benjamín Torcuarto Barrera Morelo Padre US $ 30.000,00
María de las Mercedes Orozco Cabrera Madre US $ 30.000,00
Elizabeth Barrera Orozco Hermana US $ 1.500,00
Astrid María Barrera Orozco Hermana US $ 1.500,00
Enor Javier Barrera Orozco Hermano US $ 1.500,00
Leida Barrera Orozco Hermana US $ 1.500,00
William Barrera Orozco Hermano US $ 1.500,00
María Antonia Barrera Orozco Hernana US $ 1.500,00
Rita Inés Barrera Páez Hermana US $ 1.500,00
Arol Isacc Barrera Orozco Hermano US $ 1.500,00
Benjamín Ernesto Barrera Gómez Hermano US $ 1.500,00
Pabla del Socorro Barrera Gómez Hermana US $ 1.500,00
27. José del Carmen Álvarez Blanco Desaparecido US $ 30.000,00
Juan Álvarez Padre US $ 10.000,00
Maria Blanco Yepes Madre US $ 10.000,00
María Cecilia Ruiz Romero Esposa US $ 10.000,00
José Daniel Álvarez Ruiz Hijo US $ 10.000,00
Joel David Álvarez Ruiz Hijo US $ 10.000,00
Richard Ned Álvarez Ruiz Hijo US $ 10.000,00
Emilse Álvarez Ruiz Hija US $ 10.000,00
Álvaro Antonio Álvarez Saya Hijo US $ 10.000,00
Benicio Javier Álvarez Ruiz Hijo US $ 10.000,00
Juana Benita Álvarez Blanco Hermana US $ 500,00
Ramón Antonio Álvarez Blanco Hermano US $ 500,00
Ana María Álvarez Blanco Hernana US $ 500,00
28. Camilo Antonio Durango Moreno Desaparecido US $ 30.000,00
Abel Ángel Durango Rueda Padre US $ 10.000,00
Blanca Libia Moreno Cossio Madre US $ 10.000,00
29. Jorge David Martínez Moreno P.V. US $ 30.000,00
Mariano Manuel Martínez Pacheco Padre US $ 6.000,00
Servia Cecilia Álvarez Moreno Madre US $ 6.000,00
Teresa Isabel Martínez Moreno Hermana US $ 500,00
Loida Cecilia Martínez Álvarez Hermana US $ 500,00
Ismael Emiro Martínez Moreno Hermano US $ 500,00
Ledys Judith Martínez Álvarez Hermana US $ 500,00
30. Carlos Antonio Melo Uribe Desaparecido US $ 30.000,00
31. Mario Melo Palacio Desaparecido US $ 30.000,00
Ana Graciela Uribe Madre de Carlos US $ 10.000,00
Luis Antonio Melo Padre US $ 20.000,00
Ana Sofía Palacio Madre de Mario US $ 10.000,00
María Esperanza Melo Uribe Hermana US $ 1.000,00
Eurípides Melo Uribe Hermano US $ 1.000,00
Rosa Elena Melo Uribe Hermana US $ 1.000,00
Alfonso Melo Palacio Hermano US $ 1.000,00
Eligio Melo Palacio Hermano US $ 1.000,00
32. Víctor Argel Hernández Desaparecido US $ 30.000,00
33. Fermín Agresott Romero Desaparecido US $ 30.000,00
Sonia Isabel Puentes Compañera US $ 10.000,00
Rosa Agresott Romero Hermana US $ 500,00
Ana Petrona Romero Torres Madre US $ 10.000,00
Juan Agresott Hernández Padre US $ 10.000,00
Yicelis Smith Agresott Puentes Hija US $ 10.000,00
Gredit del Carmen Agresott Puentes Hija US $ 10.000,00
Gaminso Oscar Agresott Romero Hermano US $ 500,00
Carlos Arturo Agresott Romero Hermano US $ 500,00
34. Jesús Humberto Barbosa Vega Desaparecido US $ 30.000,00
Wilmer Alberto Barbosa Martínez Hijo US $ 10.000,00
Ana Mercedes Martínez López Esposa US $ 10.000,00
Andreina Barbosa Martínez Hija US $ 10.000,00
Alcides Barbosa Padre US $ 10.000,00
Ana Edilma Vega Alvernia Madre US $ 10.000,00
Wilson Barbosa Vega Hermano US $ 500,00
Edgard Barbosa Vega Hermano US $ 500,00
Ana Delia Barbosa Vega Hermana US $ 500,00
35. Ricardo Bohórquez Pastrana P.V. US $ 30.000,00
Domingo Manuel Bohórquez Meza Hijo US $ 6.000,00
Lila Meza Meza Esposa US $ 3.000,00
Rosa Elena Orozco Cabrera Compañera US $ 3.000,00
Ricardo Manuel Bohórquez Orozco Hijo US $ 6.000,00
Ismael José Bohórquez Pastrana Hermano US $ 500,00
Manuel Bohórquez Arias Padre US $ 6.000,00
Josefa Pastrana Medrano Madre US $ 6.000,00
Rita María Bohórquez Pastrana Hermana US $ 500,00
36. Benito Genaro Calderón Ramos Desaparecido US $ 30.000,00
Genaro Benito Calderón Ruiz Padre US $ 10.000,00
Ana Dominga Ramos Noble Madre US $ 10.000,00
Solfaro Elías Calderón Ramos Hermano US $ 500,00
Juan Carlos Caldrón Ramos Hermano US $ 500,00
Robert Quinto Calderón Ramos Hermano US $ 500,00
Martha Cecilia Calderón Ramos Hermana US $ 500,00
Rodolfo Antonio Calderón Ramos Hermano US $ 500,00
Justo Segundo Calderón Herrera Hermano US $ 500,00
37. Ovidio Carmona Suárez P.V. US $ 30.000,00
38. Jorge Arturo Castro Galindo Desaparecido US $ 30.000,00
Daniel Antonio Castro Polo Padre US $ 10.000,00
Dálida María Galindo Verona Madre US $ 10.000,00
Daniel Antonio Castro Galindo Hermano US $ 500,00
Alfonso Policarpo Castro Galindo Hermano US $ 500,00
Tomás Andrade Castro Galindo Hermano US $ 500,00
39. Wilson Uberto Fuentes Marimón Desaparecido US $ 30.000,00
Ely Calixto Fuentes Martínez Padre US $ 10.000,00
Margarita Marimón Muñoz Madre US $ 10.000,00
Nasly Cecilia Fuentes Macea Hija US $ 10.000,00
Katy Milena Fuentes Macea Hija US $ 10.000,00
Sofía del Carmen Macea Álvarez Esposa US $ 10.000,00
Elsa Primitiva Fuentes Marimón Hermana US $ 500,00
Nora Sofía Fuentes Marimón Hermana US $ 500,00
Estrella Margarita Fuentes Marimón Hermana US $ 500,00
Armando Calixto Fuentes Marimón Hermano US $ 500,00
Betty del Socorro Fuentes Marimón Hermana US $ 500,00
Eliy Calixto Fuentes Marimón Hermana US $ 500,00
40. Miguel Antonio Pérez Ramos Desaparecido US $ 35.000,00
Daniel Antonio Pérez Muentes Padre US $ 10.000,00
María de la Cruz Ramos Fajardo Madre US $ 10.000,00
Enilda Isabel Pérez Ramos Hermana US $ 500,00
Hernán José Pérez Ramos Hermano US $ 500,00
Teofila María Pérez Ramos Hermana US $ 500,00
Enady del Carmen Pérez Ramos Hermana US $ 500,00
Álvaro de Jesús Pérez Ramos Hermano US $ 500,00
Luis Alberto Pérez Ramos Hermano US $ 500,00
Gloria Luz Pérez Ramos Hermana US $ 500,00
Olfy Yaneth Pérez Ramos Hermana US $ 500,00
Aída de la Cruz Pérez Ramos Hermana US $ 500,00
US $
41. Elides Manuel Ricardo Pérez Desaparecido US $ 30.000,00
42. Luis Carlos Ricardo Pérez Desaparecido US $ 30.000,00
Benildo José Ricardo Herrera Padre US $ 20.000,00
Bertha Antonia Pérez López Madre US $ 20.000,00
Carmenza Velásquez Estitt Esposa de Elides US $ 10.000,00
Elquin Darío Ricardo Velásquez Hijo de Elides US $ 10.000,00
Elber José Ricardo Velásquez Hijo de Elides US $ 10.000,00
Mirian Luz Ricardo Pérez Hermana US $ 1,000,00
Magalis Del Carmen Ricardo Pérez Hermana US $ 1,000,00
Marivel Ricardo Pérez Hermana US $ 1,000,00
Marina del Carmen Ricardo Pérez Hermana US $ 1,000,00
Modesta Antonia Ricardo Pérez Hermana US $ 1,000,00
Madis de Jesús Ricado Pérez Hermana US $ 1,000,00
Miladys de Jesús Ricardo Pérez Hermana US $ 1,000,00
43. Lucio Miguel Urzola Sotelo Desaparecido US $ 30.000,00
Francisco Miguel Urzola Figueroa Padre US $ 10.000,00
Margarita Cecilia Sotelo Padilla Madre US $ 10.000,00
Everlides María Urzola Sotelo Hermana US $ 500,00
Guido de Jesús Urzola Sotelo Hermano US $ 500,00
Marledis del Carmen Urzola Sotelo Hermana US $ 500,00
Edinso Emilio Urzola Sotelo Hermano US $ 500,00
Aliza Margod Urzola Sotelo Hermana US $ 500,00
VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1. He concurrido con mi voto a la adopción de la Sentencia que viene de adoptar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia. Dada la importancia del caso y la complejidad de la materia tratada en la presente Sentencia, me veo en la obligación de dejar constancia de mis reflexiones sobre la misma, como fundamento de mi posición sobre sus múltiples aspectos. El eje central de éstos últimos atañe al derecho de acceso (lato sensu) a la justicia y las garantías del debido proceso legal, tomados necesariamente en conjunto. Antes de pasar al examen de la parte medular de mis consideraciones, permítome trazar una breve línea de consideraciones previas sobre el amplio alcance del deber general de garantía (artículo 1(1) de la Convención Americana) y las obligaciones erga omnes de protección de los derechos convencionalmente consagrados.
I. Prolegomena: El Amplio Alcance del Deber General de Garantía
(Artículo 1(1) de la Convención Americana)
y las Obligaciones Erga Omnes de Protección.
2. Los hechos del presente caso, e incluso algunas carencias de su acervo probatorio, han puesto de aún mayor relieve la relevancia del deber general de garantía consagrado en el artículo 1(1) de la Convención Americana, sobre todo en una situación de violencia crónica en la cual se inserta el presente caso. En la presente Sentencia en el caso de la Masacre de Pueblo Bello, La Corte ha subrayado el amplio alcance del deber general de garantía del artículo 1(1) de la Convención Americana, que hace con que “la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado, que compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el derecho internacional general” (párr. 111)
.
3. En uno de los peritajes rendidos en el presente caso ante esta Corte, se señaló que
“con el desarrollo del narcotráfico, la guerra irregular encontró una fuente inagotable de recursos logísticos, por lo que se introdujo otro modelo: el paramilitarismo crudo, financiado por los narcotraficantes y asesorado por las fuerzas de inteligencia (…)” (párr. 65(k)).
La generalización del conflicto ha causado el desplazamiento poblacional forzado (párrs. 65(l) y 66(c)), y la Corte, en la presente Sentencia, ha dado como hecho probado que “entre 1988 y 1990 hubo más de veinte masacres de campesinos y sindicalistas cometidas por paramilitares” (párr. 95(27)). En toda la Sentencia la Corte subraya el deber de debida diligencia del Estado, incluso para que esta situación – una verdadera tragedia, de la mayor complejidad, que flagela el país, con toda su muy respetable tradición jurídica , – no hubiera sido siquiera creada.
4. Una situación como ésta pone en clarísimo relieve el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de protección de la persona humana. Lo Corte lo ha expresamente reconocido, con acierto, en la presente Sentencia (párrs. 117, 123 y 151). La Corte ha además determinado el exacto momento de surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado bajo la Convención Americana:
“(…) La responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el momento de la violación de las obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer respetar – garantizar – las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona, recogidas en los artículos 1(1) y 2 de dicho tratado” (párr. 111) .
5. La obligación general de garantía (artículo 1(1), al igual que la obligación general de armonización del derecho interno con la Convención, del artículo 2) abarca todos los derechos protegidos por la Convención, y revela el carácter erga omnes de protección de las obligaciones específicas de salvaguardia de cada uno de estos derechos. La obligación general de garantía del artículo 1(1) de la Convención demuestra, además, que los propios tratados de derechos humanos como la Convención Americana proveen la base jurídica para la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones erga omnes, como lo señalé en mi Voto Razonado en el caso Las Palmeras (Sentencia sobre excepciones preliminares, del 04.02.2000), referente a Colombia .
6. Y, como vengo sosteniendo en el seno de esta Corte hace años, urge promover el desarrollo doctrinal y jurisprudencial del régimen jurídico de las obligaciones erga omnes de protección de los derechos de la persona humana . Como ponderé en mis Votos Concurrentes en las resoluciones sobre medidas provisionales de protección de esta Corte en los casos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó versus Colombia (del 18.06.2002), y de la Prisión de Urso Branco versus Brasil (del 07.07.2004), se impone claramente el reconocimiento de los efectos de la Convención Americana vis-à-vis terceros (el Drittwirkung), sin lo cual las obligaciones convencionales de protección se reducirían a poco más que letra muerta.
7. Subsiste, pues, incólume la tesis de la responsabilidad internacional objetiva del Estado, también en circunstancias del las del presente caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, y aún más en dichas circunstancias, cuando para la configuración de la situación crónica (la creación del así-llamado “paramilitarismo”) de alto riesgo contribuyó originalmente el propio Estado. También en mi Voto Concurrente en el caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó versus Colombia (resolución sobre medidas provisionales de protección del 06.03.2003), me permití insistir en la necesidad del “reconocimiento de los efectos de la Convención Americana vis-à-vis terceros (el Drittwirkung)” , y agregué que
“la protección de los derechos humanos determinada por la Convención Americana, de ser eficaz, abarca no sólo las relaciones entre los individuos y el poder público, sino también sus relaciones con terceros (grupos clandestinos, paramilitares, u otros grupos de particulares). Esto revela las nuevas dimensiones de la protección internacional de los derechos humanos, así como el gran potencial de los mecanismos de protección existentes, – como el de la Convención Americana, – accionados para proteger colectivamente los miembros de toda una comunidad, aunque la base de acción sea la lesión – o la probabilidad o inminencia de lesión – a derechos individuales” (párr. 4).
8. Cabe recordar que, en su memorable Opinión Consultiva n. 18, de trascendencia histórica, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (del 17.09.2003), la Corte Interamericana correctamente sostuvo que los derechos protegidos por la Convención Americana deben ser respetados tanto en las relaciones entre los individuos y el poder público estatal, como en las relaciones inter-individuales, siendo aquí exigible el deber de garantía de los Estados Partes (párr. 140) bajo el artículo 1(1) de la Convención. La normativa convencional de protección tiene, pues, efectos en relación con terceros (particulares), configurándose así el carácter erga omnes de las obligaciones de protección (el Drittwirkung). En mi Voto Concurrente en aquella Opinión Consultiva n. 18 de la Corte, me permití recordar que dichas obligaciones erga omnes, caracterizadas por el jus cogens (del cual emanan) como siendo dotadas de un carácter necesariamente objetivo, abarcan, por lo tanto, a todos los destinatarios de las normas jurídicas (omnes), tanto a los integrantes de los órganos del poder público estatal como a los particulares (párr. 76). Y proseguí:
“A mi modo de ver, podemos considerar tales obligaciones erga omnes desde dos dimensiones, una horizontal y otra vertical, que se complementan. Así, las obligaciones erga omnes de protección, en una dimensión horizontal, son obligaciones atinentes a la protección de los seres humanos debidas a la comunidad internacional como un todo . En el marco del derecho internacional convencional, vinculan ellas todos los Estados Partes en los tratados de derechos humanos (obligaciones erga omnes partes), y, en el ámbito del derecho internacional general, vinculan todos los Estados que componen la comunidad internacional organizada, sean o no Partes en aquellos tratados (obligaciones erga omnes lato sensu). En una dimensión vertical, las obligaciones erga omnes de protección vinculan tanto los órganos y agentes del poder público (estatal), como los simples particulares (en las relaciones inter-individuales).
Para la conformación de esta dimensión vertical han contribuido decisivamente el advenimiento y la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero es sorprendente que, hasta la fecha, estas dimensiones horizontal y vertical de las obligaciones erga omnes de protección hayan pasado enteramente desapercibidas de la doctrina jurídica contemporánea. Sin embargo, las veo claramente configuradas en el propio régimen jurídico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, por ejemplo, en cuanto a la dimensión vertical, la obligación general, consagrada en el artículo 1(1) de la Convención Americana, de respetar y garantizar el libre ejercicio de los derechos por ella protegidos, genera efectos erga omnes, alcanzando las relaciones del individuo tanto con el poder público (estatal) cuanto con otros particulares ” (párrs. 77-78).
9. No es mi intención reiterar aquí todo lo que ya he escrito en mis numerosos Votos en el seno de esta Corte sobre la materia, sino dejar bien clara mi posición al respecto, en cuanto al amplio alcance del deber general de garantía del artículo 1(1) de la Convención. Quisiera concluir estos prolegómenos refiriéndome a dos aspectos adicionales muy concretos. El primer se refiere a lo que denomino el sentido amplio y autónomo de los deberes generales de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, que se suman a los deberes convencionales específicos atinentes a cada uno de los derechos por ella protegidos. En mi referido Voto Razonado en el caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia (Sentencia del 15.09.2005), señalé, sobre este punto específico, que
“El deber general del artículo 1(1) de la Convención – de respetar y hacer respetar, sin discriminación alguna, los derechos por ella protegidos – no es un `accesorio’ de las disposiciones atinentes a los derechos convencionalmente consagrados, tomados uno a uno, individualmente. No se viola la Convención Americana solamente y en la medida en que se violó un derecho específico por ella protegido, sino también cuando se deja de cumplir uno de los deberes generales (artículos 1(1) y 2) en ella estipulados.
El artículo 1(1) de la Convención Americana es mucho más que un simple `accesorio’, es un deber general que se impone a los Estados Partes y que abarca el conjunto de los derechos protegidos por la Convención. Su violación continuada puede acarrear violaciones adicionales de la misma, que se suman a las violaciones originales. El artículo 1(1) es, de ese modo, dotado de un amplio alcance. Refiérase a un deber permanente de los Estados, cuyo incumplimiento puede acarrear nuevas víctimas, generando per se violaciones adicionales, sin que sea necesario relacionarlas con los derechos originalmente vulnerados. En mi hermenéutica del artículo 1(1) – así como del artículo 2 – de la Convención, que maximiza la protección de los derechos humanos bajo la Convención, vengo insistiendo, en el seno de esta Corte, desde mi Voto Disidente en el caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia (reparaciones, Sentencia del 29.01.1997). (…)
Negar el amplio alcance de los deberes de protección bajo los artículos 1(1) y 2 de la Convención – o minimizarlos mediante una interpretación atomizada y desagregadora de dichos deberes – equivaldría a privar la Convención de su effect utile. La Corte Interamericana no puede apartarse de su jurisprudence constante al respecto, y tiene el deber de velar por la preservación de los altos estándares de protección construidos a lo largo de los años en su jurisprudencia. No se puede frenar su notable construcción jurisprudencial al respecto, y cualquier intento con este propósito contaría con mi más firme oposición. Tal construcción da expresión a un Derecho en evolución, que no admite retrocesos” (párrs. 2-3 y 5).
10. Entiendo que, en cuanto al artículo 1(1) de la Convención, el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia da testimonio elocuente de ese señalamiento que me permití formular en el anterior caso supracitado, en lo que atañe al sentido amplio y autónomo de aquel deber general. En suma, la responsabilidad internacional objetiva del Estado se configura de igual modo en casos, como los de la Masacre de Pueblo Bello, en que se impone el necesario reconocimiento del Drittwirkung, poniendo en claro relieve el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de protección.
11. El segundo aspecto atañe a un otro argumento del Estado demandado – en el sentido de que “las estructuras de imputación de responsabilidad” al Estado constituirían numerus clausus (cf. párr. 103(c) de la presente Sentencia) – que me parece insostenible. La Corte lo ha correctamente desestimado (párr. 116). A mi juicio, lo que es numerus clausus es el elenco taxativo de las modalidades de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana (siendo inadmisibles restricciones adicionales no previstas en el artículo 62 de la Convención) , y no la operación de atribución de responsabilidad internacional al Estado demandado.
12. Dicha atribución debe tener presentes las circunstancias factuales, que varían de caso a caso. No es, pues, una operación mecánica, que pueda regirse por numerus clausus. Sobre la cuestión, me permití ponderar, en mi supracitado Voto Razonado en el caso de la Masacre de Mapiripán (2005), que
“La atribución de responsabilidad internacional a un Estado se efectúa mediante una operación mental juiciosa de los integrantes del órgano judicial internacional competente, después de la cuidadosa determinación de los hechos del caso concreto; no se trata de una simple aplicación mecánica de determinadas formulaciones de preceptos que, de todos modos, se revisten de carácter supletivo” (párr. 10).
13. Con estas breves consideraciones previas en mente, paso a la parte medular de mis reflexiones en el presente Voto Razonado, relativas a la correcta decisión tomada por la Corte en el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello de haber determinado conjuntamente las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, de conformidad con su jurisprudence constante. Mis reflexiones al respecto abordan los siguientes aspectos de la materia: a) los artículos 25 y 8 de la Convención en los planos ontológico y hermenéutico; b) génesis del derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales en el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; c) la irrelevancia de la alegación de dificultades de derecho interno; d) el derecho a un recurso efectivo en la construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana; e) la indisociabilidad entre el acceso a la justicia (derecho a un recurso efectivo) y las garantías del debido proceso legal (artículos 25 y 8 de la Convención Americana); f) la indisociabilidad entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana en la jurisprudence constante de la Corte Interamericana; g) la indisociabilidad entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana como un avance jurisprudencial intangible; h) la superación de las vicisitudes en cuanto al derecho a un recurso efectivo en la construcción jurisprudencial de la Corte Europea; i) el derecho de acceso a la justicia lato sensu; y j) el derecho al Derecho como un imperativo del jus cogens.
II. Los Artículos 25 y 8 de la Convención Americana,
en los Planos Ontológico y Hermenéutico.
14. Es axiomático que los derechos protegidos bajo los tratados de derechos humanos tienen, cada uno de ellos, contenido material propio, del cual naturalmente advienen sus distintas formulaciones, – como es el caso de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana. Estamos aquí en un plano esencialmente ontológico. A pesar de que son dotados de contenido material propio, algunos de dichos derechos han tenido que pasar por una larga evolución jurisprudencial hasta alcanzar su autonomía. Ese es el caso, por ejemplo, del derecho a un recurso efectivo, bajo el artículo 25 de la Convención Americana y el artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos (cf. infra). Es igualmente el caso del artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 6 de la Convención Europea.
15. El sentido de que hoy se revisten estas disposiciones convencionales es fruto de una construcción jurisprudencial, y hoy son entendidas, y deben ser apreciadas, a la luz de dicha construcción, de conformidad con el principio del derecho intertemporal, – y no de manera estática, ateniéndose tan sólo a lo que motivó, hace varios años, su formulación original. El hecho de que los derechos protegidos son dotados de contenido material propio y de autonomía no significa que no puedan, o no deban, ser relacionados unos con los demás, en razón de las circunstancias del cas d’espèce; todo lo contrario, dicha interrelación es, a mi juicio, la que proporciona, a la luz de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, una protección más eficaz. Pasamos aquí del plano ontológico al plano hermenéutico. Formulada esta precisión, paso a la trayectoria del derecho a un recurso efectivo en el tiempo.
III. Génesis del Derecho a un Recurso Efectivo ante los
Tribunales Nacionales en el Corpus Juris del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
16. Los travaux préparatoires de la Declaración Universal de Derechos Humanos siguieron etapas distintas. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió por la elaboración de un proyecto en abril/mayo de 1946, cuando designó una “comisión nuclear” para los estudios iniciales. Paralelamente, la UNESCO condujo consultas (en 1947) a pensadores de la época sobre las bases de una futura Declaración Universal . El proyecto de Declaración propiamente dicho fue preparado en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por un Grupo de Trabajo que lo elaboró entre mayo de 1947 y junio de 1948. A partir de septiembre de 1948, el proyecto de Declaración pasó al examen de la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, para en fin ser aprobado en 10 de diciembre de aquel año por la propia Asamblea . Una de las disposiciones más relevantes de la Declaración Universal de 1948 encuéntrase en su artículo 8, según el cual toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes contra los actos violatorios de los derechos fundamentales que le son otorgados por la Constitución o por la ley.
17. El referido artículo 8 de la Declaración Universal consagra, en último análisis, el derecho de acceso a la justicia (en el plano del derecho interno), elemento esencial en toda sociedad democrática. El proyecto de artículo que se transformó en el mencionado artículo 8 de la Declaración Universal, a pesar de su relevancia, sólo fue insertado en el texto en la etapa final de los travaux préparatoires de la Declaración Universal, cuando la materia ya se encontraba bajo examen en la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, significativamente no encontró objeción alguna, habiendo sido aprobado en la III Comisión por 46 votos a cero y tres abstenciones, y en el plenario de la Asamblea General por unanimidad. La iniciativa, tardía pero tan exitosa, provino de Delegaciones de los Estados latinoamericanos. Se puede incluso considerar que el artículo 8 (sobre el derecho a un recurso efectivo) representa la contribución latinoamericana par excellence a la Declaración Universal.
18. La disposición del artículo 8 de la Declaración Universal de 1948 se inspiró, en efecto, en la disposición equivalente del artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de ocho meses antes (abril de 1948) . El argumento básico que conllevó a la inserción de esta disposición en las Declaraciones Americana y Universal de 1948 consistió en el reconocimiento de la necesidad de llenar una laguna en ambas: proteger los derechos del individuo contra los abusos del poder público, someter todo y cualquier abuso de todos los derechos individuales al juicio del Poder Judicial en el plano do derecho interno .
19. En suma, la consagración original del derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes en la Declaración Americana (artículo XVIII) fue transplantada para la Declaración Universal (artículo 8), y, de esta última, para las Convenciones Europea y Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25, respectivamente), así como para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (artículo 2(3)). El artículo 8 de la Declaración Universal, y las disposiciones correspondientes en los tratados de derechos humanos vigentes, como el artículo 25 de la Convención Americana, establecen el deber del Estado de proveer recursos internos adecuados y eficaces; siempre he sostenido que dicho deber constituye efectivamente un pilar básico no sólo de tales tratados como del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, y su aplicación correcta tiene el sentido de perfeccionar la administración de la justicia (material y no sólo formal) en nivel nacional.
20. Además, esta disposición-clave encuéntrase íntimamente vinculada a la obligación general de los Estados, consagrada igualmente en los tratados de derechos humanos, de respetar los derechos en éstos consagrados, y asegurar el libre y pleno ejercicio de los mismos a todas las personas bajo sus respectivas jurisdicciones . Encuéntrase además vinculada a las garantías del debido proceso legal (artículo 8 de la Convención Americana) , en la medida en que asegura el acceso a la justicia. De ese modo, mediante la consagración del derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, de las garantías del debido proceso, y de la obligación general de garantía de los derechos protegidos, la Convención Americana (artículos 25, 8 y 1(1)), y otros tratados de derechos humanos, atribuyen funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.
21. Es importante que los avances jurisprudenciales en este sentido, alcanzados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el presente, sean preservados y aún más desarrollados en el futuro, – y jamás frenados mediante una hermenéutica desagregadora, – en beneficio de las personas protegidas. La relevancia del deber de los Estados de proveer recursos internos adecuados y eficaces no hay jamás que ser minimizada. El derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes en el ámbito de la protección judicial – al cual la Declaración Universal 1948 dio proyección mundial – es mucho más relevante de lo que hasta recién se supuso. El deber de los Estados Partes de proveer aquellos recursos en el ámbito de su derecho interno y de asegurar a todas las personas bajo sus jurisdicciones la garantía del libre y pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos, así como todas las garantías del debido proceso legal, asumen una especial importancia aún mayor, en un continente como el nuestro (comprendiendo las tres Américas), marcado por casuismos que no raramente privan los individuos de la protección del Derecho.
IV. La Irrelevancia de la Alegación de Dificultades de Derecho Interno.
22. Cabe tener siempre presente que, al ratificar los tratados de derechos humanos, los Estados Partes contraen, a la par de las obligaciones específicas relativas a cada uno de los derechos protegidos, la obligación general de adecuar su ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de protección. Las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados (de 1969 y 1986, respectivamente) prohíben que una Parte invoque disposiciones de su derecho interno para intentar justificar el incumplimiento de un tratado (artículo 27). Este es un precepto, más de que del derecho de los tratados, del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, firmemente cristalizado en la jurisprudencia internacional. Según esta última, las supuestas o alegadas dificultades de orden interno son un simple hecho, y no eximen los Estados Partes en tratados de derechos humanos de la responsabilidad internacional por el no-cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas . Este principio básico, judicialmente reconocido, encuéntrase debidamente codificado precisamente en el artículo 27 de las dos Convenciones de Viena supracitadas.
23. De ese modo, no pueden los Estados en cuestión invocar supuestas dificultades o lagunas de derecho interno, por cuanto están obligados a armonizar este último con la normativa de los tratados de derechos humanos en que son Partes (Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2; Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, artículo 2(2); entre otros). Siendo así, si invocan supuestas dificultades o lagunas de derecho interno, para dejar de proveer recursos internos simples y rápidos y eficaces para dar aplicación efectiva a las normas internacionales de protección de los derechos humanos, están incurriendo en una violación adicional de los tratados de derechos humanos en que son Partes.
V. El Derecho a un Recurso Efectivo en la Construcción Jurisprudencial
de la Corte Interamericana.
24. Hace casi una década, en mi Voto Disidente en el caso Genie Lacayo versus Nicaragua (Solicitud de Revisión de Sentencia, Resolución del 13.09.1997) , procedí a un análisis del contenido material y el alcance del artículo 25 (derecho a un recurso efectivo) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 8(1) (debido proceso legal) de la Convención, así como con los deberes generales (de garantía del ejercicio de los derechos protegidos y de armonización del derecho interno con el derecho convencional internacional) consagrados, respectivamente, en los artículos 1(1) y 2 de la Convención (párrs. 18-23 del referido Voto). Al contrario de lo establecido por la Corte en aquel caso, – la cual abordara estas disposiciones convencionales bajo la óptica de la justicia formal y no material, – concluí por la ocurrencia de una violación, por el Estado demandado, de los artículos 25, 8(1), 1(1) y 2 de la Convención “tomados en conjunto” (párr. 28).
25. En la misma línea de razonamiento, también en mi anterior Voto Disidente en el caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia (reparaciones, Sentencia del 29.01.1997) , desarrollé una hermenéutica integradora de los artículos 8, 25, 1(1) y 2 de la Convención Americana, de nuevo tomándolos en conjunto (párrs. 2-4 y 7-9 del referido Voto), y sosteniendo, al contrario de la Corte, la violación por el Estado demandado de estas cuatro disposiciones convencionales relacionadas inter se. Sobre el derecho a un recurso efectivo bajo el artículo 25 de la Convención, en particular, me permití formular, en mi supracitado Voto Disidente en el caso Genie Lacayo versus Nicaragua, el siguiente señalamiento:
“El derecho a un recurso sencillo y rápido y efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, consagrado en el artículo 25 de la Convención, es una garantía judicial fundamental mucho más importante de lo que uno pueda prima facie suponer , y que jamás puede ser minimizada. Constituye, en última instancia, uno de los pilares básicos no sólo de la Convención Americana, como del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática (en el sentido de la Convención). Su correcta aplicación tiene el sentido de perfeccionar la administración de la justicia a nivel nacional, con los cambios legislativos necesarios a la consecución de este propósito.
El origen – poco conocido – de ésta garantía judicial es latinoamericano: de su consagración originalmente en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (de abril de 1948) , fue transplantada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (de diciembre de 1948), y de ahí a las Convenciones Europea y Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25, respectivamente), así como al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (artículo 2(3)). Bajo la Convención Europea de Derechos Humanos, en particular, ha generado un considerable jurisprudencia , a la par de un denso debate doctrinal.
Se podría argumentar que, para que el artículo 25 de la Convención Americana pueda tener efectos vis-à-vis actos del Poder Legislativo, por ejemplo, se requiere la incorporación de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados Partes. Tal incorporación es indudablemente deseable y necesaria, pero, por el hecho de no haberla efectuado, un Estado Parte no estaría por eso eximido de aplicar siempre la garantía judicial estipulada en el artículo 25. Encuéntrase éste íntimamente ligado a la obligación general del artículo 1(1) de la Convención Americana, el cual, a su vez, atribuye funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.
Los artículos 25 y 1(1) de la Convención se refuerzan mutuamente, en el sentido de asegurar el cumplimiento de uno y de otro en el ámbito del derecho interno. Los artículos 25 y 1(1) requieren, conjuntamente, la aplicación directa de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados Partes. En la hipótesis de supuestos obstáculos de derecho interno, entra en operación el artículo 2 de la Convención, que requiere la armonización con ésta del derecho interno de los Estados Partes. Éstos últimos se encuentran obligados, por los artículos 25 y 1(1) de la Convención, a establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos, y a dar aplicación efectiva a los mismos . Si de facto no lo hacen, debido a supuestas lagunas o insuficiencias del derecho interno, incurren en violación de los artículos 25, 1(1) y 2 de la Convención” (párrs. 18-21).
26. Poco después de los mencionados casos Genie Lacayo y Caballero Delgado y Santana, la Corte Interamericana, por primera vez en el caso Castillo Páez versus Perú (Sentencia sobre el fondo, del 03.11.1997), precisó el contenido material y el alcance del artículo 25 de la Convención, que concluyó haber sido violado, en combinación con el artículo 1(1) de la misma, por el Estado demandado. En las palabras de la propia Corte, la disposición del artículo 25 sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención” (párr. 82) .
27. Desde entonces ha sido esta la posición de la Corte al respecto, reiterada en sus decisiones de fondo en los casos Suárez Rosero versus Ecuador (Sentencia del 12.11.1997, párr. 65), Blake versus Guatemala (Sentencia del 24.01.1998, párr. 102), Paniagua Morales y Otros versus Guatemala (Sentencia del 08.03.1998, párr. 164), Castillo Petruzzi y Otros versus Perú (Sentencia del 30.05.1999, párr. 184), Cesti Hurtado versus Perú (Sentencia del 29.09.1999, párr. 121), “Niños de la Calle” (Villagrán y Otros versus Guatemala, Sentencia del 19.11.1999, párr. 234), Durand y Ugarte versus Perú, Sentencia del 16.98.2000, párr. 101), Cantoral Benavides versus Perú (Sentencia del 18.08.2000, párr. 163), Bámaca Velásquez versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2000, párr. 191), Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua (Sentencia del 31.08.2001, párr. 112), Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros versus Trinidad y Tobago (Sentencia del 21.06.2002, párr. 150), Cantos versus Argentina (Sentencia del 28.11.2002, párr. 52), Juan Humberto Sánchez versus Honduras (Sentencia del 07.06.2003), Maritza Urrutia versus Guatemala (Sentencia del 27.11.2003, párr. 117), 19 Comerciantes versus Colombia (Sentencia del 05.07.2004, párr. 193), Tibi versus Ecuador (Sentencia del 07.09.2004, párr. 131), Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador (Sentencia del 01.03.2005, párr. 75), Yatama versus Nicaragua (Sentencia del 23.06.2005, párr. 169), Acosta Calderón versus Ecuador (Sentencia del 24.06.2005, párr. 93), y Palamara Iribarne versus Chile (Sentencia del 22.11.2005, párr. 184).
VI. La Indisociabilidad entre el Acceso a la Justicia
(Derecho a un Recurso Efectivo)
y las Garantías del Debido Proceso Legal
(Artículos 25 y 8 de la Convención Americana).
28. En el día de la adopción por la Corte de la Sentencia de fondo (del 03.11.1997) en el caso Castillo Páez, – punto de partida de esta lúcida jurisprudence constante de la Corte Interamericana, – experimenté con satisfacción un sentimiento de realización de un significativo avance en la jurisprudencia de la Corte, que pasó a situar el derecho a un recurso efectivo en la posición de destaque que le corresponde, como expresión del propio derecho de acceso a la justicia, – en su sentido lato sensu, entendido como el derecho a la prestación jurisdiccional, abarcando pues, ineludiblemente, las garantías del debido proceso legal, así como la fiel ejecución de la sentencia. Cómo, entonces, dejar de relacionar el artículo 25 con el artículo 8 de la Convención? Al fin y al cabo, cual sería la eficacia de las garantías del due process (artículo 8) si el individuo no contara con el derecho a un recurso efectivo (artículo 25)? Y cual sería la eficacia de este último sin las garantías del debido proceso legal?
29. Lo cierto es que uno y otras se complementan, se completan, en el marco jurídico del Estado de Derecho en una sociedad democrática. Es esta la sana hermenéutica de estas dos disposiciones convencionales. Además, el día de la adopción por la Corte de la Sentencia de fondo en el trágico caso Castillo Páez, me sentí gratificado al constatar que el mencionado avance jurisprudencial de la Corte Interamericana había liberado el artículo 25 – en la tradición del más lúcido pensamiento jurídico latinoamericano – de la Convención Americana de las vicisitudes experimentadas por el correspondiente artículo 13 de la Convención Europea (cf. infra). Con acierto la Corte Interamericana subrayó la vinculación indeleble entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana, al ponderar, en su Sentencia (del 15.09.2005), en el caso de la Masacre de Mapiripán, atinente a Colombia, que, como hace tiempo ha venido sosteniendo,
“según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8(1)), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1(1)” (párr. 195).
30. Recientemente, en la audiencia pública del 01.12.2005 ante esta Corte en el caso Ximenes Lopes versus Brasil, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como los Representantes de la presunta víctima y sus familiares sostuvieran una interpretación integradora de los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana, a ser tomados, en su entender, necesariamente en conjunto. La CIDH sostuvo que
“No puede desligarse el artículo 8(1) del 25 ni viceversa, dado que responden definitivamente a un mismo esquema de responsabilidad en el ámbito judicial (…)”.
Según la CIDH, – recordando para esto la jurisprudencia “firme” y hoy convergente en este particular de las Cortes Interamericana y Europea, – el “plazo razonable” contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana está íntimamente ligado con el recurso efectivo, sencillo y rápido contemplado en su artículo 25. Los Representantes de la presunta víctima y sus familiares, a su vez, expresaron su respeto por la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana en ese particular hasta la fecha, y su respaldo a la misma, que están determinados a seguir externando, por cuanto “la lectura más clara de esa normativa dentro del sistema interamericano sería la de que los dos artículos [artículos 8 y 25 de la Convención] deberían ser analizados en conjunto”. Es éste el punto de vista de los propios beneficiarios del sistema interamericano de protección, tal como lo expresaron claramente, al igual que la CIDH, en el procedimiento contencioso del caso Ximenes Lopes ante esta Corte.
31. En un estudio que presenté en un Seminario Internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el Debido Proceso Legal, realizado hace pocos años en Hong Kong, China, me permití recordar lo señalado en la Opinión Consultiva n. 9 de la Corte Interamericana , del 06.10.1987, en el sentido de que recursos efectivos ante jueces o tribunales nacionales competentes (artículo 25(1) de la Convención) como el habeas corpus y el amparo, y cualesquiera otros recursos que sean indispensables para asegurar el respeto de derechos inderogables (no sujetos a derogación bajo el artículo 27(2) de la Convención), son garantías judiciales “esenciales”, que deben ser ejercidas en el marco y a la luz de los principios del debido proceso legal (bajo el artículo 8 de la Convención Americana) . Así, en su novena Opinión Consultiva, la Corte consideró como un todo indisociable lo dispuesto en los artículos 25 y 8 de la Convención Americana.
32. En el mismo Seminario en China, me permití agregar referencias a la jurisprudencia desarrollada por la Corte (a partir de fines de 1997 y inicio de 1998), particularmente a partir de los casos Loayza Tamayo versus Perú, Blake versus Guatemala y Suárez Rosero versus Ecuador, en cuanto a relevantes aspectos del debido proceso legal y del derecho a un recurso efectivo (artículos 25 y 8 de la Convención Americana), que, en la “segunda generación” de casos sometidos al conocimiento de la Corte (después de los casos iniciales sobre el derecho fundamental a la vida), pasaron a ocupar una posición central en la consideración de las demandas presentadas al Tribunal Interamericano .
33. Considero esta evolución jurisprudencial un patrimonio jurídico del sistema interamericano de protección y de los pueblos de nuestra región, y me opongo firmemente a cualquier intento de desconstruirlo. La Corte ha sido fiel a su posición de vanguardia hasta la fecha. En su ya célebre Opinión Consultiva n. 16, sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal (del 01.10.1999), que ha servido de inspiración a la jurisprudencia internacional in statu nascendi sobre la materia (como ampliamente reconocido en la bibliografía especializada), la Corte una vez más tomó en conjunto el derecho a un recurso efectivo y las garantías del debido proceso legal (artículos 25 y 8 de la Convención). Después de destacar la necesidad de interpretar la Convención en el sentido de que “el régimen de protección de derechos humanos tenga todos sus efectos propios (effet utile)” (párr. 58), – de conformidad con la interpretación necesariamente evolutiva de todo el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (párrs. 114-115), la Corte afirmó de forma clarísima y categórica:
“En opinión de esta Corte, para que exista ‘debido proceso legal’ es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (párr. 117).
34. O sea, en el entender de la Corte, – en una luminosa Opinión Consultiva que hoy constituye un marco en su jurisprudencia y en toda su historia (juntamente con la Opinión Consultiva n. 18 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de 2003), – simplemente no hay debido proceso sin el recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, y lo dispuesto en los artículos 25 y 8 de la Corte encuéntrase ineluctablemente vinculado, no sólo en el plano conceptual, sino también – y sobre todo – en el hermenéutico. La Corte agregó, en la referida Opinión Consultiva n. 16 sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal (de 1999), que hay que estar atento para asegurar y para que se pueda constatar que todos los justiciables
“disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal (…)” (párr. 119).
VII. La Indisociabilidad entre los Artículos 25 y 8 de la
Convención Americana en la Jurisprudence Constante
de la Corte Interamericana.
35. En su jurisprudence constante, la Corte Interamericana ha consistentemente unido, con el debido razonamiento, la consideración de las alegadas violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, como lo ejemplifican debidamente sus Sentencias sobre los casos Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y Otros) versus Perú (del 14.03.2001, párrs. 47-49), Las Palmeras versus Colombia (del 06.12.2001, párrs. 48-66), Baena Ricardo y Otros versus Panamá (del 02.02.2001, párrs. 119-143), Myrna Mack Chang versus Guatemala (del 25.11.2003, párrs. 162-218), Maritza Urrutia versus Guatemala (del 27.11.2003, párrs. 107-130, 19 Comerciantes versus Colombia (del 05.07.2004, párrs. 159-206, Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (del 08.07.2004, párrs. 137-156), Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador (del 01.03.2005, párrs. 52-107), Caesar versus Trinidad y Tobago (del 11.03.2005, párrs. 103-117), Comunidad Moiwana versus Suriname (del 15.06.2005, párrs. 139-167), Comunidad Indígena Yakye Axa versus Paraguay (del 17.06.2005, párrs. 55-119), Fermín Ramírez versus Guatemala (del 20.06.2005, párrs. 58-83), Yatama versus Nicaragua (del 23.06.2005, párrs. 145-177), Masacre de Mapiripán versus Colombia (del 15.09.2005, párrs. 193-241), y Gómez Palomino versus Perú (del 22.11.2005, párrs. 72-86) .
36. Además de estas Sentencias, en otras la Corte ha sido particularmente enfática en la necesidad de seguir una hermenéutica integradora (y jamás desagregadora) de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, tomándolos en conjunto. Por ejemplo, en el caso Cantos versus Argentina (Sentencia del 28.11.2002), la Corte destacó la importancia del derecho de acceso a la justicia, consagrado a un tiempo, lato sensu, tanto en el artículo 25 como en el artículo 8(1) de la Convención, y agregó prontamente que
“cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, (…) debe entenderse contraria al precitado artículo 8(1) de la Convención” .
37. El artículo 8(1) encuéntrase, pues, en el correcto entendimiento de la Corte, entrañablemente ligado al derecho a un recursos efectivo bajo el artículo 25 de la Convención. En esta misma línea de razonamiento, en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros versus Trinidad y Tobago (Sentencia del 21.06.2002) la Corte evocó su obiter dictum en la Opinión Consultiva n. 16 (1999) en el sentido de que no hay “debido proceso legal” si un justiciable no puede hacer valer sus derechos “en forma efectiva” (i.e., si no tiene verdadero acceso a la justicia), y agregó que, “para que en un proceso existan verdaderas garantías judiciales”, se impone la observancia de “todos los requisitos” que sirvan para “asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” (párrs. 146-147).
38. Es ésta la gran jurisprudencia constante de la Corte, construida pacientemente en los últimos años, emancipadora del ser humano. Y es por eso que la defiendo firmemente (pues me ha tomado un largo tiempo de reflexión y ha beneficiado numerosos justiciables), del mismo modo que firmemente me opongo a los actuales intentos en el seno de la Corte de desconstruirla, disociando los artículos 8 del 25, aparentemente por puro diletantismo o cualquier otra razón que escapa a mi comprensión. La jurisprudencia de la Corte en la línea de la posición que sostengo no se agota ahí. En el célebre caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2000), la Corte tomó expresamente en conjunto “las garantías consagradas en el artículo 8 y la protección judicial establecida en el artículo 25 de la Convención” para analizar las alegadas violaciones de derechos en el cas d’espèce (párr. 187). Y, en el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003), la Corte afirmó muy significativamente:
“(…) La Corte debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas para obtener una percepción integral de las mismas y establecer si dichas actuaciones contravienen los estándares sobre las garantías y protección judiciales y el derecho a un recurso efectivo, que emergen de los artículos 8 y 25 de la Convención” .
39. Solamente una hermenéutica integradora, como la que vengo sosteniendo y construyendo en el seno de esta Corte hace más de una década, puede proporcionar una visión necesariamente integral de la violación de uno o más derechos protegidos bajo la Convención, con consecuencias directas para la determinación adecuada de las reparaciones. Es ese un punto adicional que no hay que pasar aquí desapercibido. También en otro caso célebre de esta Corte, que ya forma objeto de algunos libros a él específicamente dedicados , el de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros versus Guatemala, Sentencia del 19.11.1999), la Corte una vez más sostuvo que
“debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas para obtener una percepción integral de tales actuaciones, y establecer si resulta o no evidente que dichas actuaciones contravienen los estándares sobre deber de investigar y derecho a ser oído y a un recurso efectivo que emergen de los artículos 1(1), 8 y 25 de la Convención” .
40. En la misma Sentencia en el histórico caso de los “Niños de la Calle”, la Corte agregó que
“Los artículos 25 y 8 de la Convención concretan, con referencia a las actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del (…) principio de generación de responsabilidad por los actos de todos los órganos del Estado” (párr. 220).
Es decir, las disposiciones de los artículos 25 y 8 de la Convención, tomadas en conjunto, son fundamentales para la propia determinación del alcance del surgimiento de la responsabilidad del Estado, inclusive por actos u omisiones del Poder Judicial (o de cualquier otro poder o agente del Estado.
41. En el caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras (Sentencia del 07.06.2003), la Corte advirtió que no pueden considerarse “efectivos” los recursos que, por las “condiciones generales del país” en cuestión, o incluso por las “circunstancias particulares” de un determinado caso, “resulten ilusorios” (párr. 121). O sea, el acceso a la justicia y el ejercicio efectivo del derecho (con la fiel observancia de las garantías judiciales) encuéntranse ineluctablemente vinculados. Y agregó la Corte en aquel caso:
“(…) En el caso en estudio ha quedado demostrado que la muerte del Sr. Juan Humberto Sánchez se encuadró dentro de un patrón de ejecuciones extrajudiciales (…), las cuales se caracterizan por ir acompañadas a su vez de impunidad (…), en la cual los recursos judiciales no son efectivos, las investigaciones judiciales tienen graves falencias y el transcurso del tiempo juega un papel fundamental en borrar todos los rastros del delito, haciéndose de esta manera ilusorio el derecho a la defensa y protección judicial en los términos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana” (párr. 135).
42. Asimismo, en el caso Durand y Ugarte versus Perú (Sentencia del 16.08.2000), la Corte tuvo presente el alegato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de que “el fuero privativo militar no ofrecía las garantías mínimas de independencia e imparcialidad requeridas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8(1) de la Convención, y que, por lo tanto, no constituía un recurso efectivo para proteger los derechos de las víctimas y sus familiares y remediar los daños causados, violando también lo dispuesto en el artículo 25 de la misma” (párr. 120). Así, al determinar la violación conjunta de los artículos 8(1) y 25(1) de la Convención, la Corte concluyó, sobre este punto, en el caso Durand y Ugarte:
“En consecuencia, el artículo 8(1) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25(1) de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos derechos fue garantizado en el presente caso a los familiares de los Srs. Durand Ugarte y Ugarte Rivera” (párr. 130).
43. En la Sentencia que viene de adoptar la Corte Interamericana en el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello, el Tribunal ha sido fiel a su mejor jurisprudencia, al tratar conjuntamente las alegadas – y comprobadas – violaciones de los artículos 25 y 8(1), en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana (párrs. 206 y 212). Efectivamente, el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso legal encuéntranse ineluctablemente interligados. Es lo que claramente se desprende, inter alia, de la ponderación de la Corte de que, en el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello,
“la investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria no han representado un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas con plena observancia de las garantías judiciales” (párr. 188).
VIII. La Indisociabilidad entre los Artículos 25 y 8
de la Convención Americana
como un Avance Jurisprudencial Intangible.
44. Sin embargo, no hay que presuponer un progreso linear, constante e inevitable en la jurisprudencia internacional al respecto, pues las instituciones son las personas que están por detrás de ellas, y oscilan, pues, como las nubes o las olas, como es propio de la condición humana. Hoy constato con nitidez que laborar en la protección internacional de los derechos humanos es como el mito de Sísifo, una tarea que no tiene fin. Es como estar constantemente empujando una roca hacia el alto de una montaña, la cual vuelve a caer y vuelve a ser empujada hacia arriba. Entre avances y retrocesos, se desarrolla la labor de protección.
45. Al bajar la montaña para volver a empujar la roca hacia arriba, uno toma conciencia de la condición humana, y de la tragedia que la circunda. Pero hay que seguir luchando: en realidad, no hay otra alternativa:
“Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d’actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. (…) Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui (…) soulève les rochers. (…) La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un coeur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux” .
A mis ojos, frenar los avances logrados por la hermenéutica integradora de la Corte Interamericana, sobre la cuestión en aprecio, esposada por la Corte a partir de la Sentencia Castillo Páez, sería como dejar caer la roca montaña abajo. En cuanto a la materia en examen, hay que partir del todo para llegar a los detalles, y no vice-versa, pues, de lo contrario, se incurre en el grave riesgo de divisar tan sólo unos pocos árboles más cercanos, y perder de vista la floresta como un todo.
46. Afortunadamente, en el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello, hubo consenso general en el seño de esta Corte en tratar conjuntamente, como debe ser, los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1(1). En ningún momento se cuestionó el razonamiento de la Corte en este sentido. Poco después del avance anteriormente analizado, en este sentido de una hermenéutica integradora en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, escribí, en mi Tratado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (tomo II, 1999), en tono casi premonitorio, que
“É importante que este avanço na jurisprudência da Corte Interamericana seja preservado e desenvolvido ainda mais no futuro. (…) No sistema interamericano de proteção, a jurisprudência sobre a matéria encontra-se em sua infância, e deve continuar a ser cuidadosamente construída. O direito a um recurso efetivo ante os tribunais nacionais competentes no âmbito da proteção judicial (artigos 25 e 8 da Convenção Americana) é muito mais relevante do que até recentemente se supôs, em um continente, como o nosso, marcado por casuísmos que muito freqüentemente privam os indivíduos da proteção do direito. Requer considerável desenvolvimento jurisprudencial nos próximos anos” .
47. Aún así, pensé que no tenía que volver a entrar en detalles sobre esta materia (y en particular la íntima relación entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana), para mí pacífica en la más lúcida doctrina jusinternacionalista, – incluso por haber a ella – a la interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos – dedicado un capítulo de no menos de 177 páginas en mi Tratado . Hoy, al inicio de 2006, veo que no es así, ni siquiera en el seno de esta Corte. Hay que volver a empujar la roca montaña arriba, aún sabiendo que mañana puede ella volver a caer.
48. Efectivamente, la protección judicial (artículo 25) y las garantías judiciales (artículo 8) forman conceptualmente un todo orgánico, y conforman el rule of law en una sociedad democrática. Los recursos efectivos ante las instancias judiciales nacionales competentes (el habeas corpus, el amparo en la mayoría de los países latinoamericanos, el mandado de segurança en Brasil, entre otros, todos ellos en el sentido del artículo 25 de la Convención Americana) deben ejercerse en el marco, y según los principios, del debido proceso legal (consignados en el artículo 8 de la Convención) .
49. Puede ocurrir que, en un determinado caso, se configure una violación de tan sólo uno de los elementos constitutivos de ese cuadro de protección y garantías judiciales, – pero esto en nada disminuye la fuerza de la hermenéutica integradora que sostengo, en el sentido de, en principio, tomar necesariamente en conjunto lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, – que conforman, me permito insistir, el rule of law en una sociedad democrática, – en relación con los deberes generales estipulados en los artículos 1(1) y 2 de la Convención. Cualquier afirmación en contrario requeriría, a mi modo de ver, una fundamentación que, en lo que me consta, simplemente no existe, y tampoco sería mínimamente convincente.
50. Los órganos de supervisión internacional de los derechos humanos, sin apartarse de los cánones de la regla general de interpretación de los tratados (artículo 31(1) de las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados, 1969 y 1986), han desarrollado una interpretación teleológica, con énfasis en la realización del objeto y fin de los tratados de derechos humanos, como la más apropiada para asegurar una protección eficaz de dichos derechos. Al fin y al cabo, subyacente a la mencionada regla general de interpretación estipulada en las dos Convenciones de Viena (artículo 31(1)), encuéntrase el principio, con amplio respaldo en la jurisprudencia, según el cual hay que asegurar a las disposiciones convencionales sus efectos propios (el llamado effet utile). Este principio – ut res magis valeat quam pereat, – mediante el cual la interpretación hay que propiciar efectos apropiados a un tratado, ha, en materia de derechos humanos, asumido particular importancia en la determinación del amplio alcance de las obligaciones convencionales de protección .
51. Tal interpretación es, en efecto, la que más fielmente refleja la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos, el carácter objetivo de las obligaciones que estipulan, y el sentido autónomo de los conceptos en ellos consagrados (distintos de los conceptos correspondientes en el marco de los sistemas jurídicos nacionales). Como los tratados de derechos humanos incorporan conceptos con sentido autónomo, fruto de evolución jurisprudencial, y como el objeto y fin de los tratados de derechos humanos son distintos de los tratados clásicos (por cuanto son atinentes a las relaciones entre el Estado y las personas bajo su jurisdicción), los postulados clásicos de interpretación de los tratados en general se ajustan a esta nueva realidad .
52. Además, el artículo 29(b) de la Convención Americana prohíbe expresamente la interpretación que limite el ejercicio de los derechos protegidos. Así, cualquier reorientación en la jurisprudence constante de la Corte, integradora de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, sólo se justificaría en la medida en que proporcionara una mayor protección de los derechos consagrados, lo que no es el caso. Hasta la fecha, nunca oí, en los debates para mí preocupantes que hoy día se producen en el seno de la Corte al respecto (que afortunadamente no se produjeron en el presente caso), cualquier demostración en el sentido de que desvincular o “separar” el artículo 8 del 25 conllevaría a una protección más eficaz de los derechos consagrados en la Convención Americana. Todo lo contrario, este entendimiento conllevaría a un lamentable retroceso en la jurisprudencia de esta Corte, además de injustificable, aún más ante la tendencia actual, en sentido contrario, de la jurisprudencia internacional en general sobre la materia.
IX. La Superación de las Vicisitudes en cuanto al Derecho
a un Recurso Efectivo en la Construcción Jurisprudencial
de la Corte Europea.
53. Si otros órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos han incurrido en las incertidumbres de una interpretación fragmentadora, por que tendría la Corte Interamericana que seguir este camino, abdicando de su jurisprudencia de vanguardia, que le ha valido el respeto de los beneficiarios de nuestro sistema de protección así como de la comunidad académica internacional, y asumir una postura distinta, que, incluso, ya ha sido abandonada por otros órganos que antes la seguían, equivocadamente? Esto no me parece tener el menor sentido.
54. Permítome ilustrar este punto con un ejemplo, extraído de la experiencia, de ensayo y error, del sistema europeo de protección de los derechos humanos. En sus primordios, sostenía la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos el carácter “accesorio” del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) de la Convención Europea de Derechos Humanos, entendido – a partir de los años ochentas – como garantizando un derecho sustantivo individual subjetivo. Gradualmente, en sus sentencias en los casos Klass versus Alemania (1978), Silver y Otros versus Reino Unido (1983), y Abdulaziz, Cabales y Balkandali versus Reino Unido (1985), la Corte Europea empezó a reconocer el carácter autónomo del artículo 13. Finalmente, después de años de hesitación y oscilaciones, la Corte Europea, en su sentencia del 18.12.1996 en el caso Aksoy versus Turquía (párrafos 95-100), determinó la ocurrencia de una violación “autónoma” del artículo 13 de la Convención Europea.
55. En un estudio pionero sobre la materia publicado en 1973, Pierre Mertens criticó la “pobreza” de la jurisprudencia inicial de la Corte Europea, así como el carácter vago de la doctrina europea de entonces sobre la materia, – distintas de la doctrina y práctica latinoamericana más avanzadas, a partir de la adopción de la Declaración Americana de 1948, primer instrumento internacional a consagrar el derecho a un recurso efectivo . Siendo así, P. Mertens advirtió, hace más de tres décadas, que había que abrir camino para que el derecho a un recurso efectivo (artículo 13 de la Convención Europea) generase todos sus efectos en derecho interno de los Estados Partes. En realidad, la “efectividad” de aquel derecho se mide a la luz de los criterios de las garantías del debido proceso legal (artículo 6 de la Convención Europea); de ahí la conclusión de P. Mertens, en el sentido de que los artículos 6 y 13 de la Convención Europea – que corresponden a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana – deban ser frecuentemente “invocados en conjunto” (“invoqués ensemble”) .
56. En efecto, con el pasar de los años, la atención pasó a volverse a las relaciones entre los artículos 13 y 6(1) de la Convención Europea, este último (derecho a un fair trial) formando objeto de una vastísima jurisprudencia de la Corte Europea, a la par de un denso debate doctrinal . En un enfático pronunciamiento en el caso Kudla versus Polonia (Sentencia del 18.10.2000), la Corte Europea de Derechos Humanos afirmó que había llegado el momento de poner fin a las incertidumbres del pasado y admitir la directa vinculación entre los artículos 6(1) y 13 de la Convención Europea (cf. párrs. 146-149 y 151). Y, en un significativo obiter dictum, la Corte Europea afirmó que
“(…) Article 13, giving direct expression to the State’s obligation to protect human rights first and foremost within their own legal system, establishes an additional guarantee for an individual in order to ensure that he or she effectively enjoys those rights. The object of Article 13, as emerges from the travaux préparatoires [of the European Convencion on Human Rights], is to provide a means whereby individuals can obtain relief at national level for violations of their Convention rights before having to set in motion the international machinery of complaint before the Court. From this perspective, the right of an individual to trial within a reasonable time will be less effective if there exists no opportunity to submit the Convention claim first to a national authority; and the requirements of Article 13 are to be seen as reinforcing those of Article 6(1), rather than being absorbed by the general obligation imposed by that Article not to subject individuals to inordinate delays in legal proceedings” (párr. 152).
57. Y la Corte Europea concluyó, al respecto, en el referido caso Kudla versus Polonia, que “the correct interpretation of Article 13 is that that provision guarantees an effective remedy before a national authority for an alleged breach of the requirement under Article 6(1) to hear a case within a reasonable time” (párr. 156). Por consiguiente, la Corte determinó que en el caso concreto “there has been a violation of Article 13 of the Convention in that the applicant had no domestic remedy whereby he could enforce his right to a ‘hearing within a reasonable time’ as guaranteed by Article 6(1) of the Convention” (párr. 160).
58. En realidad, en los últimos años (desde fines de los años setenta hasta la fecha), la Corte Europea ha, en casos sucesivos, tomado en cuenta las exigencias del debido proceso legal (artículo 6 de la Convención Europea) en correlación directa con las del derecho a un recurso efectivo (artículo 13 de la Convención) . El derecho a un recurso efectivo, en la jurisprudencia europea en evolución, integra el Estado de Derecho, no puede ser disociado del rule of law en una sociedad democrática . Su contenido material, como un derecho subjetivo y autónomo, lo caracteriza como “un outil fondamental de la mise-en-oeuvre de la protection des droits de l’homme” .
59. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha afortunadamente prescindido de estas vicisitudes de la jurisprudencia de su homóloga europea, cuya posición actual, sobre la materia en examen, es, como visto, similar a la de la Corte Interamericana. Intentar disociar los artículos 25 y 8 de la Convención Americana sería, también por esta razón, a mi juicio inadmisible, y constituiría un retroceso a la prehistoria de la jurisprudencia de nuestra Corte. Es lamentable que, en lugar de seguir en la jurisprudencia avant garde de la Corte Interamericana al respecto, me vea en la obligación de, en el seno de la Corte, seguir luchando para evitar un grave retroceso jurisprudencial.
X. El Derecho de Acceso a la Justicia Lato Sensu.
60. En un Coloquio realizado en 1996 por la Universidad de Estrasburgo y la Cour de Cassation sobre “Les nouveaux développements du procès équitable” en el sentido de la Convención Europea de Derechos Humanos, J.-F. Flauss subrayó con acierto la íntima relación del acceso a un tribunal (mediante un recurso efectivo) y el procès équitable, y agregó que el derecho a la prestación jurisdiccional abarca incluso la fiel ejecución de la Sentencia en favor de la víctima . Sobre el particular, el Coloquio concluyó reconociendo expresamente “l’intimité profonde” entre el acceso a la justicia (mediante un recurso efectivo, sencillo y rápido) y el derecho a un procès équitable (las garantías del debido proceso legal), en el marco del Estado de Derecho en una sociedad democrática .
61. En los Informes que presenté, como entonces Presidente de la Corte Interamericana, a los órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), e.g., los días 19.04.2002 y 16.10.2002, sostuve mi entendimiento en el sentido del amplio alcance del derecho de acceso a la justicia a nivel internacional, del derecho de acceso a la justicia lato sensu . Tal derecho no se reduce al acceso formal, stricto sensu, a la instancia judicial (tanto interna como internacional), sino comprende, además, el derecho a la prestación jurisdiccional, y encuéntrase subyacente a disposiciones interrelacionadas de la Convención Americana (como los artículos 25 y 8), además de permear el derecho interno de los Estados Partes . El derecho de acceso a la justicia, dotado de contenido jurídico propio, significa, lato sensu, el derecho a obtener justicia. Configúrase, así, en suma, como el derecho a la propia realización de la justicia.
62. Uno de los componentes principales de ese derecho es precisamente el acceso directo a un tribunal competente, mediante un recurso efectivo y rápido, y el derecho a ser prontamente oído por dicho tribunal, independiente e imparcial, a niveles tanto nacional como internacional (artículos 25 y 8 de la Convención Americana). Como me permití señalar en una obra reciente, podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento jurídico – a niveles tanto nacional como internacional – que efectivamente salvaguarde los derechos fundamentales de la persona humana .
XI. Epílogo: El Derecho al Derecho como un Imperativo del Jus Cogens.
63. En su supracitada Opinión Consultiva n. 18, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (del 17.09.2003), la Corte Interamericana advirtió con acierto que “el Estado debe garantizar que el acceso a la justicia sea no sólo formal sino real” (párr. 126), lo que, a mi juicio, abarca el citado acceso mediante un recurso efectivo, todas las garantías del debido proceso legal, hasta el cumplimiento fiel y final de la sentencia. La misma Opinión Consultiva n. 18 sostuvo con lucidez que el principio de la igualdad y no-discriminación integra hoy día el dominio del jus cogens (párrs. 111-127).
64. La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana (supra) conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia entendido como la plena realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del jus cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el sentido de los artículos 25 y 8 tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales, comunes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario , tienen una vocación universal al aplicarse en todas y cualesquiera circunstancias, conforman un derecho imperativo (perteneciendo al jus cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de protección .
65. Posteriormente a su histórica Opinión Consultiva n. 18, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de 2003, la Corte ya podía y debía haber dado este otro salto cualitativo adelante en su jurisprudencia. Me atrevo a alimentar la esperanza de que la Corte lo hará lo más pronto posible, si realmente sigue adelante en su jurisprudencia de vanguardia, – en lugar de intentar frenarla, – y amplíe el avance logrado con fundamentación y coraje por su referida Opinión Consultiva n. 18 en la línea de la contínua expansión del contenido material del jus cogens.
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario