Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú
Sentencia de 7 de febrero de 2006
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:
Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Oliver Jackman, Juez;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Javier de Belaunde López de Romaña, Juez ad hoc;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1. El 25 de junio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”), la cual se originó en la denuncia No. 12.084, recibida en la Secretaría de la Comisión el 13 de enero de 1999.
2. La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el Peŕú es responsable por la violación del artículo 25.2.c) (Protección Judicial) de la Convención Americana, y por el incumplimiento de la obligación general dispuesta en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma. Los hechos expuestos en la demanda se refieren al supuesto incumplimiento de sentencias emitidas entre 1996 y 2000 “proferidas por Jueces de la ciudad de Lima, la Corte Superior de Justicia de Lima en segunda instancia” y el Tribunal Constitucional del Perú por vía de acción de amparo. Según la Comisión, en dichas sentencias se ordenó a la Municipalidad de Lima que “reintegre a los trabajadores [de la referida Municipalidad] despedidos por no haber concurrido a las evaluaciones que convocó esta municipalidad o no haberlas superado quienes la presentaron, […] a aquellas personas que fueron cesadas por participar en la huelga organizada por el sindicato que fue declarada ilegal [, y a] quienes fueron cesados como consecuencia de la liquidación de la Empresa de Servicios Municipales de [Limpieza de Lima]” (ESMLL). Asimismo, según la Comisión no se cumplieron las sentencias que ordenaban “el pago a estos trabajadores de lo correspondiente a las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, gratificaciones y demás beneficios que les fueron reconocidos en los acuerdos con el sindicato durante [1989 a 1995], así como […] la entrega del local del sindicato en beneficio de los trabajadores […] y […] la adjudicación y el registro sobre los terrenos de la Molina que fueron donados al sindicato para un programa de vivienda […]”. Al presentar la demanda la Comisión indicó que “valora la actitud del Estado peruano al reconocer su responsabilidad internacional por el desconocimiento que ha hecho de las decisiones de sus jueces, pero ante el reiterado incumplimiento del Estado con la recomendación del informe de fondo, los fallidos intentos […] de la solución amistosa y con la instalación de diversas comisiones que se han creado al respecto sin resultados concretos, la Comisión ha resuelto someter el […] caso [a] la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana”.
3. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordenara al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó al Tribunal que ordenara al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano.
II
COMPETENCIA
4. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que el Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
5. El 13 de enero de 1999 los representantes de los trabajadores presentaron una denuncia ante la Comisión.
6. El 9 de junio de 1999 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.
7. Entre septiembre de 1999 y junio de 2000 los peticionarios y el Estado remitieron diversos escritos a la Comisión, en relación con las negociaciones que mantuvieron sobre una posible solución amistosa.
8. Los días 20 y 24 de noviembre de 2000 el Estado y los peticionarios, respectivamente, solicitaron a la Comisión que diera por concluido el proceso de solución amistosa.
9. El 6 de abril de 2001 el Perú presentó un escrito, mediante el cual informó que había creado una comisión negociadora multisectorial, encargada de buscar alternativas para lograr una solución amistosa. El 4 de junio de 2001 el Estado informó a la Comisión Interamericana que mediante Resolución Ministerial Nº 114-2001-PCM decidió dar por concluidas las labores de dicha comisión multisectorial y “someter la decisión del presente caso a la decisión que adopt[ara …] la Comisión Interamericana”.
10. El 10 de octubre de 2001 la Comisión aprobó el Informe Nº 85/01, mediante el cual declaró admisible la petición en lo que respecta a eventuales violaciones a los artículos 1.1 y 25.2.c de la Convención Americana.
11. El 22 de julio de 2002 el Perú remitió el informe Nº 54-2002/JUS/CNDH-SE emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos el 19 de julio de 2002, en el cual indicó, inter alia, que
[…] ratifica[ba] el reconocimiento tácito de responsabilidad internacional manifiesto en el Comunicado de Prensa Conjunto del 22 de febrero de 2001, asumiendo su responsabilidad internacional por la transgresión de los derechos humanos de los trabajadores del SITRAMUN, previstos en los artículos 25(2)(c) de la Convención Americana.
[…] dada la crisis económica que el Estado peruano atraviesa y ante la imposibilidad de atender con las indemnizaciones y medidas reparadoras de los peticionarios en el presente caso, se ve obligado a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopte lo conveniente.
Asimismo, concluyó que “[…] el Estado peruano somet[ía] el presente caso a la mejor decisión que consider[ara] la Comisión Interamericana”.
12. El 11 de octubre de 2002 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 66/02, mediante el cual concluyó que:
[…] el Estado peruano es responsable de la violación al derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25[(2)](c) de la Convención Americana, en perjuicio de los trabajadores de la Municipalidad de Lima y del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima SITRAMUN. Lo anterior constituyó además violación por el Estado peruano a la obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.
Asimismo, la Comisión recomendó al Estado:
Tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento en forma eficiente a las sentencias señaladas en el párrafo 37 [sic] del […] informe.
13. El 25 de octubre de 2002 la Comisión transmitió el referido informe al Estado y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas con el fin de cumplir las recomendaciones formuladas.
14. El 25 de octubre de 2002 la Comisión comunicó a los peticionarios la aprobación del informe de conformidad con el artículo 50 de la Convención y les solicitó que presentaran, dentro del plazo de dos meses, su posición sobre el sometimiento del caso a la Corte.
15. El 17 de enero de 2003 el Estado presentó un escrito en respuesta a las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe Nº 66/02 (supra párr. 12). El Perú adjuntó el Informe No. 101-2002-JUS/CNDH-SE emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos el 20 de diciembre de 2002, en el cual indicó, inter alia, que
ratifica[ba] lo manifestado en el Comunicado de Prensa Conjunto del 22 de febrero de 2001, asumiendo su responsabilidad internacional por la transgresión de los derechos humanos de los trabajadores del SITRAMUN, previstos en los artículos 25(2)(c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual se puso de manifiesto en el informe Nº 54-2002-JUS/CNDH-SE de fecha de 19 de julio de 2002.
Asimismo, concluyó, inter alia, que:
El Gobierno peruano y los trabajadores de SITRAMUN desean iniciar una nueva etapa de negociaciones con la instalación de una Comisión de Trabajo Ad Hoc; por lo que se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga en cuenta estas últimas conversaciones antes de adoptar una decisión final […].
16. El 23 de enero de 2003 el Estado solicitó una prórroga de tres meses para cumplir con las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe No. 66/02 (supra párr. 12), la cual fue concedida por la Comisión hasta el 19 de abril de 2003.
17. El 17 de abril de 2003 el Estado remitió el Informe No. 34-2004-JUS/CNDH-SE emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos el 16 de abril de 2003, mediante el cual solicitó una nueva prórroga de 65 días para cumplir con las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe No. 66/02 (supra párr. 12), la cual fue concedida por la Comisión hasta el 19 de junio de 2003. En dicho escrito el Perú comunicó que mediante Resolución Suprema Nº 015-2003-JUS se resolvió conformar una “Comisión de Trabajo, encargada de elaborar la propuesta final de solución”. El 28 de abril de 2003 el Estado presentó a la Comisión copia del Oficio Nº 515-2003-JUS/CNDH-SE dirigido por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos al Director de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se indica que “[e]l objetivo de la solicitud de prórroga es que el Estado peruano cuente con un plazo adicional que le permita concluir con las negociaciones iniciadas recientemente por [dicha] Comisión de Trabajo, que tiene por objetivo el arribar a una eventual solución amistosa en el presente caso”, así como “agotar los mecanismos que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH en su Informe Nº 66/02”.
18. El 19 de junio de 2003 venció el plazo para que el Perú presentara información sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe No. 66/02. Según la Comisión “el Estado no dio respuesta o información alguna”.
19. El 25 de junio de 2003 la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
20. El 25 de junio de 2003 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a la señora Marta Altolaguirre y al señor Santiago A. Canton, y como asesores legales a los señores Ariel Dulitzky y Pedro E. Díaz.
21. El 16 de septiembre de 2003 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), siguiendo instrucciones del pleno de la Corte, indicó a la Comisión que en lo que respecta al desacuerdo de los representantes de las presuntas víctimas en designar un interviniente común, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 23.2 del Reglamente del Tribunal, éste resolvió solicitar a la Comisión que coordine con las presuntas víctimas para que designaran, a la brevedad, un interviniente común, con el propósito de proceder a notificar la demanda.
22. El 24 de septiembre de 2003 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual indicó, inter alia, que “[r]especto a la designación del interviniente común […], no obstante las diversas solicitudes que la Comisión ha dirigido a los representantes de las víctimas, […] han manifestado no tener acuerdo al respecto”. La Comisión solicitó a la Corte “que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.3 de su Reglamento, se sirv[ier]a resolver lo conducente”.
23. El 24 de octubre y el 3 de noviembre de 2003 la Secretaría, previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte, la notificó junto con los anexos al Estado y al interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “el interviniente común”). Al Estado también le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Asimismo, siguiendo instrucciones del Presidente, se informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc que participara en la consideración del caso. Además, la Secretaría comunicó a las partes que en lo que respecta al desacuerdo de los representantes para designar un interviniente común, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento del Tribunal, éste resolvió que el interviniente común que representaría a las presuntas víctimas sería el correspondiente al señalado como grupo “a” en la demanda (poderes otorgados a los señores Ana María Zegarra Laos, Manuel Antonio Condori Araujo, Wilfredo Castillo Sabalaga, Guillermo Nicolás Castro Barlena y Celestina Mercede Aquino Laurencio) debido a que dichos señores representaban la mayor cantidad de presuntas víctimas que otorgaron poder, les indicó que el interviniente común debía presentar un único escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, y que lo ideal sería que los diversos grupos de representantes se reunieran y lograran presentar, a través de ese interviniente común, un único escrito de solicitudes, argumentos y pruebas a nombre de todos los grupos de representantes designados en la demanda. En cuanto a las presuntas víctimas que no resultaren representadas o no tuvieren representación, el Tribunal indicó que la Comisión debía velar por los intereses de éstas, para asegurarse de que fueran representadas efectivamente en las diferentes etapas procesales ante la Corte.
24. Los días 5, 8 y 20 de noviembre de 2003, respectivamente, el señor Pablo Gregorio Gonza Tito, los señores Manuel Saavedra Rivera, Alfredo Ruiz Mimbela, Cristina Rojas Poccorpachi, Héctor Paredes Márquez y Rubén Canales Pereyra, representantes de presuntas víctimas que no forman parte del interviniente común, y los señores Alejandro Hinostroza, Luis Arias Tirado y Robin Elguera Gancho, presuntas víctimas, remitieron tres comunicaciones, mediante las cuales manifestaron sus inquietudes respecto de la designación de un interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas (supra párr. 23).
25. Los días 10 y 21 de noviembre de 2003 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, explicó a los señores Gonza Tito, Saavedra Rivera, Ruiz Mimbela, Rojas Poccorpachi, Paredes Márquez, Canales Pereyra, Hinostroza, Arias Tirado y Elguera Gancho (supra párr. 24) las razones de la designación de un interviniente común y les recomendó que trataran de coordinar con el interviniente común y los otros grupos de representantes sobre las pretensiones en el caso, para que el interviniente las remitiera al Tribunal.
26. El 24 de noviembre de 2003 el Estado designó como Agente al señor Mario Pasco Cosmópolis.
27. El 2 de diciembre de 2003 y el 18 de marzo de 2004 los señores Joseph Campos Torres y Manuel Francisco Saavedra Rivera y la señora Cristina Rojas Poccorpachi, representantes de las presuntas víctimas que no son parte del interviniente común, presentaron dos escritos, mediante los cuales solicitaron al Tribunal que reconsiderara la decisión de designar como interviniente común al grupo señalado como “a” en la demanda (supra párr. 23). Adjuntaron anexos al escrito de 2 de diciembre de 2003.
28. El 5 de diciembre de 2003 el Estado designó como Juez ad hoc al señor Javier de Belaunde López de Romaña.
29. El 15 de enero de 2004, después de una prórroga que le fue otorgada por el Presidente, el interviniente común remitió su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) en el cual, además de las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana, alegó la violación de los artículos 8.1, 25.1 y 26 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, el interviniente común acompañó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial.
30. El 26 de marzo de 2004, después de dos prórrogas que le fueron otorgadas por el Presidente (una de ellas de oficio), el Estado presentó el escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañó prueba documental y ofreció prueba testimonial. El 30 de marzo de 2004 presentó los anexos a dicho escrito.
31. El 27 de abril de 2004 la Secretaría remitió una nota a la señora Cristina Rojas Poccorpachi y a los señores Joseph Campos Torres, Manuel Francisco Saavedra y Héctor Paredes Márquez, siguiendo instrucciones del pleno de la Corte, con el propósito de referirse a los escritos de 2 de diciembre de 2003 y 18 de marzo de 2004 (supra párr. 27), y les indicó, inter alia, que debido a que las presuntas víctimas no llegaron a un acuerdo sobre la designación de un interviniente común, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 23.3 del Reglamento de la Corte, ésta tuvo que resolver lo conducente y designar un interviniente común, para lo cual tomó en consideración quiénes eran los representantes de la mayor cantidad de presuntas víctimas que otorgaron poder.
32. El 5 de mayo de 2004 la Comisión presentó sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.
33. El 12 de mayo de 2004 el interviniente común presentó sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, a los cuales adjuntó anexos. Asimismo, solicitó que se le concediera “un plazo razonable” para “referir[se] a los alegatos de fondo esgrimidos por el Estado demandado en su contestación de la demanda”.
34. El 5 de julio de 2004 el Estado presentó un “escrito de absolución de traslado de alegatos sobre excepciones preliminares de la C[omisión] y del interviniente común”, al cual adjuntó anexos.
35. El 23 y 26 de julio de 2004 la Secretaría remitió una nota a las partes, mediante la cual les comunicó que tanto la solicitud realizada por el interviniente común en su escrito de 12 de mayo de 2004 (supra párr. 33) como el escrito y sus anexos presentados por el Estado el 5 de julio de 2004 (supra párr. 34) fueron puestos en conocimiento del Presidente de la Corte, quien resolvió: no otorgar al interviniente común un plazo para que se refiriera a los alegatos sobre el fondo expuestos por el Estado en su escrito de contestación a la demanda y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, y no aceptar el referido escrito presentado por el Estado, debido a que se tratan de actos procesales escritos no previstos en el Reglamento de la Corte, y ambos tendrían la oportunidad de referirse a los alegatos expuestos por las otras partes al presentar sus alegatos orales en la audiencia pública que se convoque en su oportunidad, así como al presentar sus alegatos finales escritos; y que en su oportunidad, al emitir la sentencia correspondiente, la Corte resolvería sobre la procedencia de incorporar como prueba documental los documentos presentados por el Estado como anexos al referido escrito.
36. El 7 de julio de 2004 los señores Joseph Campos Torres y Manuel Francisco Saavedra Rivera y la señora Cristina Rojas Poccorpachi, representantes de las presuntas víctimas que no son parte del interviniente común, presentaron un escrito, al cual adjuntaron anexos, mediante el cual solicitaron al Tribunal que reconsiderara la decisión que les fue comunicada mediante nota de 27 de abril de 2004 (supra párr. 34), en relación con la designación de un interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas.
37. El 3 de agosto de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del pleno de la Corte, remitió una nota a los señores Campos Torres y Saavedra Rivera y a la señora Rojas Poccorpachi, en relación con lo solicitado en su escrito de 7 de julio de 2004, mediante la cual les comunicó que la Corte Interamericana reiteraba los términos expresados en la nota de 27 de abril de 2004 (supra párr. 31), en relación con la designación del interviniente común de los representantes en el presente caso.
38. El 14 de octubre de 2004 el interviniente común presentó un escrito, al cual adjuntó anexos, mediante los cuales solicitó la adopción de las “medidas provisionales de protección urgente que correspondan en orden a salvaguardar la plena libertad e integridad” de los señores Alejandro Hinostroza Rimari (presunta víctima), Manuel Antonio Condori Araujo (presunta víctima), Ana María Zegarra Laos y Guillermo Castro Bárcena (los tres últimos son representantes de las presuntas víctimas que forman parte del grupo que integra el interviniente común).
39. El 23 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución, después de haber recibido las observaciones de la Comisión y del Estado sobre la solicitud de medidas provisionales, así como un nuevo escrito del interviniente común. En dicha Resolución la Corte decidió desestimar la solicitud de medidas provisionales e indicó que, el Presidente o el Tribunal considerarían la forma de proceder, si al momento de convocar a las partes a una audiencia pública en el presente caso se comunicare a la Corte la eventual circunstancia de que efectivamente los referidos representantes se vieran impedidos de salir del país.
40. El 21 de enero de 2005 el Estado designó como Agente alterno al señor César Gonzáles Hunt.
41. El 16 de febrero de 2005 el interviniente común presentó un escrito, mediante el cual se refirió al caso y adjuntó anexos.
42. El 29 de abril de 2005 la Defensoría del Pueblo del Perú presentó un escrito y sus anexos en calidad de amicus curiae.
43. El 4 de mayo de 2005 los señores Joseph Campos Torres, Manuel Saavedra Rivera y Héctor Paredes Márquez y la señora Cristina Rojas Poccorpachi presentaron un escrito, al cual adjuntaron un anexo, mediante los cuales expresaron su “preocupación por la situación jurídica de la Dra. Ana María Zegarra Laos y los señores Manuel Antonio Condorí Araujo y Guillermo Nicolás Castro Bárcena”, intervinientes comunes, dado que “sobre ellos existe denuncia penal […] ante el Primer Juzgado Penal Especial Anticorrupción”, y solicitaron a la Corte que “reconsider[ara] y re[e]valu[ara] la designación de los intervinientes comunes”. Al día siguiente, la Secretaría les indicó que, de acuerdo con lo decidido por el Tribunal en su Resolución de 23 noviembre de 2004, si al momento de convocar a las partes a una audiencia pública en el presente caso se comunicare a la Corte la eventual circunstancia de que efectivamente los referidos representantes se vieran impedidos de salir del país, el Presidente o el Tribunal considerarían la forma de proceder (supra párr. 39).
44. El 13 de mayo de 2005 el Estado presentó una comunicación, mediante la cual se refirió al escrito presentado por la Defensoría del Pueblo del Perú en calidad de amicus curiae (supra párr. 42).
45. El 13 de mayo de 2005 el Perú presentó otra comunicación, mediante la cual solicitó a la Corte que, “si lo tiene a bien, […] se dirija […] al Primer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima y solicite la remisión, por conducto reservado y garantizado, de copia certificada de [las] declaraciones [rendidas por las señoras María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi, ex secretarias del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, señor Vladimiro Montesinos], debido a que “sería ampliamente ilustrativo del criterio de la Honorable Corte conocer esas declaraciones in extenso, y […] por tratarse de un órgano jurisdiccional, no puede serle negado el acceso; aunque, obviamente, su manejo sea así mismo reservado”. Además, el Estado señaló que “[e]n caso [de que] el procedimiento solicitado no fuera admitido por las reglas de la Honorable Corte, [… solicita[ que] se admita[n] la[s] declaraci[o]n[es] testimonial[es] de las [referidas] señoras, declaraci[o]n[es] que podrá[n] ser rendida[s] ante fedatario público, de conformidad con el artículo 47.3 del Reglamento […]”.
46. El 30 de mayo de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, requirió al Perú que, a más tardar el 3 de junio de 2005, indicara con mayor amplitud cuál sería la relevancia, en relación con los hechos y el objeto del presente caso, de que la Corte contara con una copia de las declaraciones que han rendido las señoras Maria Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi ante el Primer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como que señalara cuál sería el objeto de un eventual affidávit de dichas señoras, y su relación con el presente caso.
47. El 1 de junio de 2005 el Estado presentó las aclaraciones e información que le fueron solicitados por el Presidente (supra párr. 46), respecto del ofrecimiento de las declaraciones de las señoras María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi (supra párr. 45).
48. El 10 de junio de 2005 la Comisión presentó observaciones al ofrecimiento realizado por el Estado respecto de las declaraciones de las señoras María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi y a las aclaraciones e información aportadas por aquel al respecto (supra párrs. 45 y 47). La Comisión indicó, inter alia, que el ofrecimiento del Estado debía “ser rechazado por injustificado e impertinente”.
49. El 14 de junio de 2005 el interviniente común presentó observaciones al ofrecimiento realizado por el Estado en relación con las declaraciones de las señoras María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi (supra párr. 45) y a las aclaraciones e información aportadas por aquel al respecto (supra párr. 46). El 24 de junio de 2005 el intervinente común presentó anexos a estas observaciones. En este escrito el interviniente común manifestó, inter alia, que: “deja[ba … al] elevado criterio [de la Corte] decidir sobre la pertinencia o no de la solicitud del Estado peruano para la actuación de las declaraciones que éste pretende integrar al presente proceso”; y “en caso de que la Honorable Corte decidiera amparar dicha pretensión, […] solicita[ba] que –por equidad- no se compuls[ara] solo las dos declaraciones propuestas por el Estado demandado, sino todas las que han sido vertidas en el proceso que ha dado pie a la apertura del expediente Nº 30-2004”.
50. El 27 de junio de 2005 el Estado presentó una comunicación, mediante la cual se refirió a las observaciones remitidas por la Comisión y el interviniente común respecto del ofrecimiento realizado por el Estado sobre las declaraciones de las señoras María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi (supra párrs. 45, 47 y 48).
51. El 1 de agosto de 2005 el Presidente dictó una Resolución, mediante la cual requirió que los señores Rogelia Rosario Agüero Laos, Juan de Dios Berrospi Pérez, Yeny Zully Cubas Santos, Agustín Huanca Gimio, Carmen Esperanza Yaranga Lluya, Marcela Teresa Arriola Espino y Wilfredo Castillo Sabalaga, propuestos como testigos por la Comisión y por el interviniente común, prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). También requirió que el señor Josmell Muñoz Córdova, propuesto como perito por la Comisión, y el señor Alejandro Silva Reina, propuesto como perito por el interviniente común, prestarán sus dictámenes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). Asimismo, en dicha Resolución el Presidente convocó a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte Interamericana, a partir del 20 de septiembre de 2005, para escuchar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, y las declaraciones testimoniales de la señora Corina Antonieta Tarazona Valverde, propuesta como testigo por el interviniente común, la declaración testimonial de los señores José Ugaz Sánchez-Moreno y Enrique Zileri Gibson, propuestos como testigos por el Estado, así como el dictamen pericial del señor Samuel Abad Yupanqui, propuesto como perito por la Comisión. Además, en esta Resolución el Presidente informó a las partes que contaban con plazo hasta el 24 de octubre de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas. Por otra parte, el Presidente resolvió dejar a la consideración de la Corte la decisión sobre las solicitudes del Estado relacionadas con las declaraciones de las señoras María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi (supra párrs. 45 a 49), para que el Tribunal resolviera sobre la pertinencia de acceder a alguna de las dos solicitudes del Estado, después de que recibiera la prueba que se rendiría en la audiencia pública, escuchara a las partes en dicha audiencia y contara con los alegatos finales escritos de las partes, en cuyo caso podría requerir la presentación de dicha prueba de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 45 del Reglamento.
52. El 12 de agosto de 2005 el Procurador Público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en representación de ésta, presentó un escrito “en calidad de amicus curiae”. Los anexos de dicho escrito fueron presentados el 25 y 26 de agosto de 2005.
53. El 15 de agosto de 2005 el Estado presentó un escrito, mediante el cual indicó que “el doctor José Ugaz Sánchez-Moreno […] ha informado que, por motivos de fuerza mayor, imprevistos y sobrevinientes, no podrá participar como testigo en la audiencia pública” (supra párr. 51) y solicitó que se “autori[zara] que compare[ciera] en calidad de testigo el doctor César Azabache Carracciolo, quien se desempeñó como Procurador ad hoc adjunto y colaboró estrechamente en las acciones e investigaciones de la Procuraduría anti corrupción [y, e]n caso [de que] la Honorable Corte consider[ara], por alguna razón, que la participación del doctor Azabache como testigo no fuera procedente, solicit[ó…] se permit[iera] que compare[ciera] el doctor César Julio Pantoja Carrera, quien también se ha desempeñado como Procurador ad hoc adjunto […]”.
54. El 19 de agosto de 2005 la Comisión remitió copia de las declaraciones juradas escritas rendidas por los testigos Rogelia Rosario Agüero Laos, Juan de Dios Berrospi Pérez, Yeny Zully Cubas Santos, Agustín Huanca Gimio y Carmen Esperanza Yaranga Lluya (supra párr. 51). Mediante nota de 23 de agosto de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, requirió a la Comisión que remitiera, a la brevedad, el peritaje que debía rendir el señor Josmell Muñoz Córdova (supra párr. 51). El 20 de septiembre de 2005 la Comisión remitió el original de dichas declaraciones escritas.
55. Los días 19, 22 y 23 de agosto de 2005 el interviniente común remitió copia, respectivamente, de las declaraciones juradas escritas rendidas por los testigos Wilfredo Castillo Sabalaga y Marcela Teresa Arriola Espino y por el perito Alejandro Silva Reina (supra párr. 51).
56. El 25 de agosto de 2005, después de una prórroga que le fue otorgada por el Presidente, la Comisión Interamericana presentó un escrito, mediante el cual manifestó que “no t[e]n[ía] objeciones que formular al reemplazo del testimonio del señor José Ugaz Sánchez Moreno, por el del señor César Azabache Carracciolo” (supra párr. 53).
57. El 1 de septiembre de 2005 el Presidente dictó una Resolución, mediante la cual aceptó la sustitución propuesta por el Estado del testigo José Ugaz Sánchez-Moreno por el señor César Azabache Caracciolo, y convocó a este último a que rindiera testimonio en la audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte a partir del 20 de septiembre de 2005 (supra párr. 53).
58. El 2 de septiembre de 2005 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual indicó que “desist[ía] de la presentación del peritaje del señor Josmell Muñoz Córdova” (supra párrs. 51 y 54) y presentó sus observaciones sobre las declaraciones juradas escritas rendidas por los testigos Wilfredo Castillo Sabalaga y Marcela Teresa Arriola Espino, y por el perito Alejandro Silva Reina (supra párr. 55).
59. El 8 de septiembre de 2005 el Estado presentó sus observaciones a las declaraciones juradas escritas rendidas por los testigos Wilfredo Castillo Sabalaga, Marcela Teresa Arriola Espino, Rogelia Rosario Agüero Laos, Juan de Dios Berrospi Pérez, Yeny Zully Cubas Santos, Agustín Huanca Gimio y Carmen Esperanza Yaranga Lluya (supra párrs. 54 y 55).
60. El 13 de septiembre de 2005 la Comisión presentó un escrito, al cual adjuntó un anexo, mediante los cuales indicó que “el señor [Samuel] Abad Yupanqui ha informado a la Comisión que, por motivos ineludibles, le es imposible desplazarse a la ciudad sede de la Corte para rendir su informe pericial en la fecha de la audiencia” (supra párr. 51), por lo que “ha hecho llegar a la Comisión su informe pericial por escrito, el cual […] adjunt[a …] y […] somete a la consideración de la Corte”.
61. El 15 de septiembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, otorgó un plazo improrrogable de diez días para que el Estado y el interviniente común presentaran las observaciones que estimaran pertinentes respecto del peritaje del señor Abad Yupanqui.
62. El 16 de septiembre de 2005 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual solicitó “que no se admita con el carácter de amicus curiae el escrito que [fue] remitido por [la Municipalidad de Lima]” (supra párr. 52), dado que se trata del órgano al cual se le imputa el incumplimiento de las sentencias y el Procurador Público de la Municipalidad fue acreditado por el Estado para participar en la audiencia pública.
63. El 20 de septiembre de 2005 por la mañana, previo a la celebración de la audiencia pública, el Estado presentó un disco compacto, el cual contiene un video editado por el Estado y solicitó autorización para utilizarlo durante la audiencia pública. Ese mismo día, el Tribunal decidió que el Estado no podría utilizar el referido video durante su exposición de alegatos finales en la audiencia pública por considerar que constituye prueba. La Corte decidió recibir dicho video y transmitirlo a las otras partes, en el entendido de que lo valoraría en su debida oportunidad y después de recibir las observaciones correspondientes.
64. Los días 20 y 21 de septiembre de 2005 se celebró la audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, en la cual comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Víctor H. Madrigal Borloz y Manuela Cuvi Rodríguez, asesores legales; b) por el interviniente común: Ana María Zegarra Laos, representante; Francisco Ercilio Moura, asesor; y Angélica Castañeda Flores, asistente; y c) por el Estado del Perú: Mario Pasco Cosmópolis, Agente; César González Hunt, Agente alterno; José Alberto Danós Ordoñez, asistente, y Máximo Licurgo Pinto Ruiz, asesor. Asimismo comparecieron ante la Corte: Corina Antonieta Tarazona Valverde, testigo propuesta por el interviniente común; y César Azabache Caracciolo y Enrique Zileri Gibson, testigos propuestos por el Estado (supra párr. 51). Además, la Corte escuchó los alegatos finales de la Comisión, el interviniente común y el Estado. Durante la audiencia pública, al exponer sus alegatos finales, el Estado presentó diversos documentos, los que fueron transmitidos a las otras partes.
65. El 26 de septiembre de 2005 el Estado remitió sus observaciones al peritaje escrito rendido por el señor Samuel B. Abad Yupanqui (supra párrs. 60 y 61).
66. El 27 de septiembre de 2005 el Estado presentó un escrito, mediante el cual se refirió a la solicitud realizada por la Comisión en su comunicación de 16 de septiembre de 2005, de que “no se admita con el carácter de amicus curiae el escrito que ha sido remitido por [la Municipalidad de Lima el 12 de agosto de 2005]” (supra párr. 62).
67. El 30 de septiembre de 2005 el señor Josmell Muñoz Cordova “inform[ó] que no pudo cumplir con [su …] designación [como perito]” (supra párrs. 51 y 58).
68. El 11 de octubre de 2005 el Estado presentó observaciones a la declaración original del testigo Juan de Dios Berrospi Pérez (supra párr. 54).
69. El 14 de octubre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, remitió notas a las partes, mediante las cuales les recordó cuál fue la documentación o explicaciones que la Corte les requirió con posterioridad a la exposición de alegatos finales orales en la audiencia pública (supra párr. 64), algunas en relación con la determinación de las presuntas víctimas, las cuales debían remitir a más tardar el 24 de octubre de 2005, fecha en que vencía el plazo para presentar los alegatos finales escritos. Asimismo, siguiendo instrucciones del Presidente, se solicitó a las partes que hicieran llegar determinada documentación como prueba para mejor resolver y al Estado también se le requirió que presentara explicaciones en materia de determinación de presuntas víctimas.
70. El 18 de octubre de 2005 el interviniente común presentó un escrito, mediante el cual remitió sus observaciones al disco compacto que presentó el Estado el 20 de septiembre de 2005, previo a la celebración de la audiencia pública (supra párr. 63). El 23 de noviembre de 2005 el interviniente común presentó los anexos a dichas observaciones.
71. El 21 de octubre de 2005 la Comisión presentó un escrito mediante el cual remitió sus observaciones al disco compacto que presentó el Estado el 20 de septiembre de 2005, previo a la celebración de la audiencia pública (supra párr. 63).
72. El 24 y 25 de octubre de 2005 el interviniente común remitió la información que le fue solicitada por el Tribunal con posterioridad a la exposición de alegatos finales orales en la audiencia pública y mediante nota de 14 de octubre de 2005 (supra párr. 69), indicó que remitía copia de la documentación solicitada a las partes como prueba para mejor resolver (supra párr. 69), presentó sus alegatos finales escritos sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, y adjuntó documentos como anexos. El 23 de noviembre de 2005 el interviniente común presentó la referida documentación y anexos (infra párr. 83).
73. El 24 de octubre de 2005 el Estado presentó sus alegatos finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, la información que le fue solicitada por el Tribunal con posterioridad a la exposición de los alegatos finales orales en la audiencia pública y mediante nota de 14 de octubre de 2005 (supra párr. 69), y adjuntó otros documentos como anexos. Los referidos anexos fueron presentados el 31 de octubre de 2005.
74. El 24 de octubre de 2005 la Comisión presentó sus alegatos finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como la información que le fue solicitada por el Tribunal con posterioridad a la exposición de los alegatos finales orales en la audiencia pública y mediante nota de 14 de octubre de 2005 (supra párr. 69). La Comisión indicó que remitía como anexos escritos presentados ante dicho órgano por presuntas víctimas y representantes, los cuales remitió con posterioridad.
75. El 3 de noviembre de 2005 la Comisión remitió una comunicación presentada ante dicho órgano por la señora Cristina Rojas Poccorpachi y sus respectivos anexos, así como una comunicación presentada ante dicho órgano por los señores Manuel Saavedra Rivera, Héctor Paredes Márquez y Carlos Cueva Rojas (sin firmas), y una nota dirigida por la Comisión a esos señores, mediante la cual les solicitó que remitieran los anexos de dicho escrito. El 23 de noviembre de 2005 los señores Manuel Saavedra Rivera, Héctor Paredes Márquez y Carlos Cueva Rojas presentaron a este Tribunal una nota en la cual solicitaron que se “corrijan” determinados errores del referido escrito que presentaron ante la Comisión.
76. El 9 de noviembre de 2005 la Comisión remitió el original del escrito de fecha 24 de octubre de 2005, presentado ante dicho órgano por los señores Manuel Saavedra Rivera, Héctor Paredes Márquez y Carlos Cueva Rojas, así como sus respectivos anexos (supra párr. 75).
77. El 10 de noviembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, remitió una nota al Estado, mediante la cual le solicitó que presentara, a más tardar el 29 de noviembre de 2005, una explicación pormenorizada sobre el alcance del reconocimiento de responsabilidad internacional manifestado durante el trámite del caso ante la Corte, que indicara de forma clara los nombres de las presuntas víctimas ex trabajadores de ESMLL respecto de quienes reconocía responsabilidad internacional, así como que indicara si su reconocimiento de responsabilidad comprendía todas las violaciones a la Convención Americana alegadas por la Comisión Interamericana y por el interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas. Asimismo, siguiendo instrucciones del Presidente, se requirió al Estado que, a más tardar el 29 de noviembre de 2005, aportara la documentación que acreditara la información incluida en el cuadro titulado “Personas que deben ser excluidas de la demanda”, el cual fue aportado como anexo 23 del escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos.
78. El 17 de noviembre de 2005 la Comisión remitió una comunicación de fecha 24 de octubre de 2005 y sus anexos, presentados ante dicho órgano por un grupo de presuntas víctimas.
79. El 17 de noviembre de 2005 la Comisión presentó “el original de una comunicación de 24 de octubre de 2005, recibida en [l]a Secretaría [de la Comisión] el 28 de octubre de 2005, que fuera remitida como apéndice de los alegatos finales escritos de la Comisión Interamericana”.
80. El 18 de noviembre de 2005 la Comisión remitió una comunicación de fecha 24 de octubre de 2005 y sus anexos, presentados ante dicho órgano por las señoras Sara Vásquez Rodríguez, Calixta Sánchez Cabello, Yolanda Alata de Cabezas y Maximiliana Carrillo Palacios, presuntas víctimas, en relación con este caso.
81. El 18 de noviembre de 2005 la Comisión remitió copia del escrito de fecha 24 de octubre de 2005 y sus anexos presentados ante dicho órgano por las señoras Sara Vásquez Rodríguez y Yolanda Alata de Cabezas, y los señores Maximiliano Carrillo Palacios y Calixto F. Sánchez Cabello, “en relación con el presente caso”.
82. El 23 de noviembre de 2005 el interviniente común presentó la documentación y anexos a su escrito de alegatos finales (supra párr. 72).
83. El 23 de noviembre de 2005 el Perú presentó un escrito, mediante el cual solicitó “tener por no presentado el alegato final escrito del interviniente común” de los representantes de las presuntas víctimas, debido a la falta de presentación de los anexos a dicho escrito que “coloca al Estado peruano en imposibilidad virtual de examinarlo y formular elementales consideraciones, dentro del plazo que ha sido fijado”.
84. El 24 de noviembre de 2005 la Comisión remitió una comunicación y sus anexos presentados ante dicho órgano por la señora Cristina Rojas Poccorpachi y sus respectivos anexos.
85. El 29 de noviembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, comunicó a las partes que, debido al tiempo transcurrido desde que el interviniente común presentó sus alegatos finales y la presentación de sus anexos (supra párrs. 72 y 82), se otorgaba un nuevo plazo hasta el 12 de diciembre de 2005 para que la Comisión y el Estado remitieran las observaciones que estimaran pertinentes a las aclaraciones, explicaciones y documentación presentadas por las otras partes en respuesta a lo solicitado por el Tribunal con posterioridad a la exposición de alegatos finales orales en la audiencia pública y mediante notas de 14 de octubre de 2005, así como a la documentación presentada como anexo a los alegatos finales escritos.
86. El 29 de noviembre de 2005 el Estado presentó una comunicación, mediante la cual solicitó al Tribunal que requiriera nuevamente a la Comisión y al interviniente común que presentaran un análisis pormenorizado sobre las presuntas víctimas, ya que consideraba que la información presentada no daba cumplimiento al requerimiento realizado por el Tribunal (supra párrs. 69, 72 y 74).
87. El 29 de noviembre de 2005 el Estado presentó otra comunicación, mediante la cual reiteró al Tribunal el requerimiento de la prueba relativa a las declaraciones de las señoras Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce (supra párr. 45). La Secretaría comunicó a las partes que, con respecto al requerimiento de prueba reiterado por el Estado, dicho escrito sería puesto en conocimiento de la Corte, para los efectos pertinentes y, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, les indicó que la Corte requeriría la presentación de dicha prueba solamente si consideraba pertinente acceder a alguna de las solicitudes del Estado.
88. El 2 de diciembre de 2005 el interviniente común presentó sus observaciones a las aclaraciones, explicaciones y documentación presentadas por el Perú (supra párr. 73). Mediante nota de 22 de diciembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó al interviniente común que remitiera a la mayor brevedad los anexos a dichas observaciones. El 4 de enero de 2006 presentó los referidos anexos.
89. El 6 de diciembre de 2005 el Estado presentó un escrito, al cual adjuntó un anexo, mediante los cuales “[a]compaña relación de extrabajadores comprendidos en sentencia del Tribunal Constitucional (08/07/98) y deslinda responsabilidad”, en relación con la explicación sobre los alcances del reconocimiento de responsabilidad que le fue solicitada por el Presidente (supra párr. 77).
90. El 6 de diciembre de 2005 el Estado presentó otro escrito, al cual adjuntó un anexo, mediante los cuales presentó información dirigida a acreditar el cuadro de “Personas que deben ser excluidas de la demanda” correspondiente al Anexo 23 del escrito de interposición de excepciones preliminares, en relación con la información que le fue solicitada por el Presidente (supra párr. 77).
91. El 12 de diciembre de 2005 el Estado remitió una comunicación, mediante la cual hizo referencia al dictamen recientemente emitido por “la Fiscalía Superior Especializada de Lima en el expediente Nº 039-2004, que se tramita ante la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima”, e indicó que “[ha] solicitado copia legalizada por fedatario público para su presentación en forma íntegra a la Honorable Corte”.
92. El 16 de diciembre de 2005 la Comisión remitió copia del original del escrito de fecha 3 de noviembre de 2005, presentado ante dicho órgano por los señores Manuel Saavedra Rivera, Héctor Paredes Márquez y Carlos Cueva Rojas, así como sus respectivos anexos.
93. El 19 de diciembre de 2005 el Perú remitió un escrito, mediante el cual “[p]resent[ó] observaciones preliminares” a las aclaraciones, explicaciones y documentación presentadas por las otras partes, en respuesta a lo solicitado por el Tribunal con posterioridad a la exposición de alegatos finales orales en la audiencia pública y mediante notas de 14 de octubre de 2005, así como a la documentación presentada como anexo a los alegatos finales escritos (supra párrs. 72, 74 y 85).
94. El 21 de diciembre de 2005 el Estado presentó un escrito, al cual adjuntó anexos, mediante los cuales presentó una copia certificada del dictamen emitido el 10 de noviembre de 2005 por la Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Superior Especializada de Lima en el expediente Nº 039-2004, así como del Oficio Nº 764-2005 del Procurador Público Ad-hoc (supra párr. 91).
95. El 21 de diciembre de 2005 el Estado presentó otro escrito, al cual adjuntó anexos, mediante los cuales presentó un “cuadro de correlación de casos y causas”. Ese mismo día presentó otro escrito, mediante el cual se refirió a una “omisión de anexos del alegato final del interviniente común”.
96. El 22 de diciembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó plazo hasta el 9 de enero de 2006 para que la Comisión y el interviniente común remitieran las observaciones que estimaran pertinentes a la documentación presentada por el Estado el 21 de diciembre de 2005.
97. El 22 de diciembre de 2005 la Comisión Interamericana remitió sus observaciones a las aclaraciones, explicaciones y documentación presentadas por las otras partes, en respuesta a lo solicitado por la Corte con posterioridad a la exposición de alegatos finales orales en la audiencia pública y mediante notas de 14 de octubre de 2005, así como a la documentación presentada como anexo a los alegatos finales escritos (supra párrs. 72, 73 y 85).
98. El 28 de diciembre de 2005 el Estado presentó dos escritos, a los cuales adjuntó anexos, mediante los cuales se refirió a “[e]xpedientes judiciales archivados por abandono” y a “Pruebas (sentencias judiciales) sobre la red de corrupción”.
99. El 6 de enero de 2006, siguiendo instrucciones del Presidente, se otorgó plazo hasta el 12 de enero de 2006 para que la Comisión Interamericana y el interviniente común remitieran las observaciones que estimaran pertinentes a los referidos escritos estatales de 28 de diciembre de 2005 y sus anexos (supra párr. 98).
100. El 4 de enero de 2006 el interviniente común presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales remitió algunos anexos faltantes del escrito de alegatos finales y solicitó se “corri[jan] algunas omisiones y errores” “respect[o] a la determinación de las presuntas víctimas” (supra párrs. 72 y 82).
101. El 4 de enero de 2006 el interviniente común remitió los anexos pendientes a sus observaciones a las aclaraciones, explicaciones y documentación presentadas por el Perú (supra párr. 88).
102. Los días 9 y 12 de enero de 2006 la Comisión Interamericana remitió sus observaciones a los escritos presentados por el Perú el 21 y 28 de diciembre de 2005 (supra párrs. 94 y 98).
103. Los días 10 y 16 de enero de 2006 el interviniente común de los representantes remitió sus observaciones al escritos presentado por el Perú el 21 de diciembre de 2005 y a uno de los escritos presentados el 28 de diciembre de 2005 (supra párrs. 94 y 98).
104. El 17 de enero de 2006 el Presidente solicitó a las partes determinada prueba para mejor resolver.
105. El 17 de enero de 2006 el interviniente común presentó sus observaciones a uno de los escritos estatales de 28 de diciembre de 2005 (supra párr. 98).
106. El 20 de enero de 2006 el interviniente común remitió la prueba para mejor resolver que había sido solicitada por el Presidente (supra párr. 104).
107. El 20 de enero de 2006 la Comisión Interamericana remitió un escrito, mediante el cual indicó que la prueba para mejor resolver solicitada por el Presidente (supra párr. 104) estaba siendo remitida por el interviniente común.
108. El 25 de enero de 2006 el Estado presentó una comunicación, en la cual indicó que en los escritos y documentos que presentó antes del 22 de diciembre de 2005 formuló sus observaciones a las aclaraciones, explicaciones y documentación presentadas por la Comisión y el interviniente (supra párrs. 72 y 74).
109. El 27 de enero de 2006 el Perú presentó un escrito solicitando que se realizara una segunda audiencia pública, en virtud de “nuevos hechos y evidencias producidas con posterioridad a la realización de la primera audiencia”. Indicó que esos nuevos hechos y evidencias eran, en resumen: a) el dictamen emitido por la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el expediente Nº 039-2004 que se tramita ante la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima, por el cual se formula acusación contra una presunta víctima y tres representantes de este caso como cómplices primarios del delito de peculado; b) “[l]a declinación del […] CEDAL a seguir patrocinando a las presuntas víctimas” ; c) “[l]as evidencias de que el presunto reconocimiento de responsabilidad del Estado peruano no es tal”, ya que proviene de un informe elaborado por la Secretaría del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Perú, en el cual se “ratifica” un supuesto reconocimiento tácito de responsabilidad internacional realizado a través de un comunicado de prensa, y en realidad en ese comunicado de prensa sólo se ofrecía propiciar una solución amistosa; además de que la funcionaria estatal que realizó tal allanamiento “no actuó premunida ni autorizada por una resolución suprema, ni por resolución alguna”; d) la Comisión y el interviniente común no habían cumplido adecuadamente con la solicitud del Tribunal de presentar información depurada sobre las presuntas víctimas, lo cual “es de obligado cumplimiento y […] resulta indispensable para precisar los alcances de la pretensión”; y e) “entre los cuatro meses transcurridos desde la primera audiencia y la fecha se ha[bía] generado […] abundante documentación” que debía ser “ventilada a través de su presentación oral”.
110. El 30 de enero de 2006 el Estado remitió dos escritos a los cuales adjuntó anexos, mediante los cuales remitió la prueba para mejor resolver que había sido solicitada por el Presidente (supra párr. 104), y se refirió a “[e]xpedientes judiciales archivados por abandono”.
111. El 30 de enero de 2006 el interviniente común remitió dos escritos, mediante los cuales remitió los anexos a los escritos de 10 y 16 de enero de 2006 (supra párr. 103) y presentó observaciones al escrito estatal de 6 de diciembre de 2005 (supra párr. 90).
112. El 2 de febrero de 2006 el señor Francisco Ercilio Moura presentó un escrito, por medio del cual solicitó a la Corte que “ordene en su sentencia el pago directo al Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) de las costas y gastos que prudencialmente estime a bien asignarle por los servicios profesionales prestados a las [presuntas] víctimas en el presente caso […] ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”.
113. El 3 de febrero de 2005 el interviniente común presentó un escrito, en el cual se refirió al escrito que presentó el Perú el 27 de enero de 2006, solicitando que se desestime el pedido de audiencia pública efectuado por el Estado (supra párr. 109).
114. El 6 de febrero de 2006 la Corte Interamericana emitió una Resolución, en la cual resolvió
1. Desestimar la solicitud realizada por el Estado de que se celebre una segunda audiencia pública en el caso Acevedo Jaramillo y otros.
2. Desestimar por extemporáneo el nuevo alegato expuesto por el Perú en su escrito de 27 de enero de 2006, en relación con “[l]as evidencias de que el presunto reconocimiento de responsabilidad del Estado peruano [ante la Comisión] no es tal.
[…]
V
EXCEPCIONES PRELIMINARES
115. En el escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, el Estado interpuso las siguientes excepciones preliminares:
1. “falta de agotamiento de la vía previa”; y
2. “falta de legitimidad para obrar de los firmantes de la denuncia”.
*
* *
PRIMERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR
“falta de agotamiento de la vía previa”
116. Alegatos del Estado:
a) interpone esta excepción “respecto del extremo de la acción referido al caso de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima -ESMLL. Este caso […] ha sido incorporado en forma impropia o indebida en el conjunto de casos a que el presente proceso se refiere, y debe ser excluido del mismo”. En este caso no se han agotado los recursos de jurisdicción interna. El litigio interno se encuentra en ejecución de sentencia, dentro de los procedimientos que contempla la legislación interna relativos a la acción de amparo. La sentencia que emitió el Tribunal Constitucional dispuso la reposición de los demandantes que no hubiesen cobrado sus beneficios sociales, por lo que el tema en discusión en la etapa de ejecución de sentencia es la determinación de la identidad de quienes cobraron dichos beneficios;
b) se encuentra pendiente que la Corte Superior de Justicia de Lima emita una decisión respecto del recurso de apelación interpuesto el 3 de septiembre de 2003 por la empresa “ESMLL (en liquidación)”, en contra de la resolución que emitió el 64° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, en la que ordena la reposición de 61 demandantes; y
c) “en la nómina de personas consignada en la demanda no figura ningún ex trabajador de ESMLL”.
117. Alegatos de la Comisión
La Comisión Interamericana solicitó a la Corte que “deseche” la excepción “por carecer de fundamento jurídico y fáctico” e indicó que:
a) los argumentos presentados por el Estado son extemporáneos e infundados. La excepción debe rechazarse por no haberse planteado oportunamente ante la Comisión y porque desconoce que ésta adoptó una decisión expresa sobre admisibilidad en el Informe N° 85/01 aprobado el 10 de octubre de 2001. El Estado manifestó su voluntad de acatar la decisión que la Comisión adoptara. En dicho informe, la Comisión analizó detenidamente el cumplimiento de los requisitos convencionales de admisibilidad y, luego de considerar las posiciones de las partes y las pruebas aportadas, teniendo en cuenta que la petición se refería al incumplimiento de sentencias judiciales, consideró cumplido el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención Americana;
b) en la actual evolución del sistema interamericano existen importantes justificaciones para que la Corte no examine las cuestiones sobre admisibilidad que fueron analizadas por la Comisión y evite la repetición de un procedimiento que fue realizado con todas las garantías procesales;
c) dicha excepción también es improcedente en aplicación del principio del estoppel, ya que en el procedimiento ante la Comisión el Estado reconoció su responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, lo cual impide que el Perú alegue ante la Corte la falta de agotamiento de los recursos internos;
d) “todas las sentencias cuyo cumplimiento se solicita en esta causa se encuentran firmes y tienen el carácter de cosa juzgada desde hace más de seis años, sin perjuicio de que algunas de ellas todavía se encuentran en la etapa de ejecución de sentencia”. Al señalar que existe un recurso de apelación pendiente ante la jurisdicción interna en el procedimiento de ejecución de sentencia referido a los ex trabajadores de la ESMLL, “el Estado reconoce que transcurridos […] más de 5 años desde que la máxima autoridad judicial del país reconociera los derechos de los ex trabajadores de la ESMLL y ordenara a la Municipalidad de Lima reponer a los trabajadores que no hubieran cobrado sus beneficios sociales, […] no ha repuesto a dichos trabajadores, es decir, no ha dado cumplimiento a la sentencia en cuestión”;
e) los ex trabajadores del ESMLL a que se refiere la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de julio de 1998 se encuentran comprendidos en la demanda. Su situación fue descrita por la Comisión en los párrafos 98 a 100 de la demanda, al referirse a las sentencias incumplidas por el Estado, consignando los nombres de dichos ex trabajadores en la nota de pie de página N° 48. Asimismo, en el párrafo 145 de la demanda se alegó la violación de sus derechos a la protección judicial (artículo 25 de la Convención). “Además, dichas personas están incluidas en la lista de titulares que tienen derechos a ser reparados[,] consignada en el párrafo 163 de la demanda”. Igualmente, fueron presentados los poderes de representación “otorgados por los ex trabajadores de ESMLL”; y
f) durante la audiencia pública ante la Corte “el Estado reconoció que la sentencia [referida a los ex trabajadores de ESMLL] era válida y que se encontraba incumplida, por lo que implícitamente desistió de la excepción preliminar interpuesta”.
118. Alegatos del interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas
El interviniente común solicitó al Tribunal que desestime la excepción y alegó que:
a) la acción de amparo interpuesta por los ex trabajadores de la ESMLL concluyó con ejecutoria definitiva y firme del Tribunal Constitucional el 8 de julio de 1998, que amparó las pretensiones de dichos trabajadores;
b) en el trámite del caso ante la Comisión el Estado no controvirtió los hechos, no cuestionó la admisibilidad de la petición planteada, ni alegó en su favor la excepción que invoca ante la Corte; y
c) en lo que concierne a los ex trabajadores de la ESMLL “está probado que los recursos internos sí se agotaron, pero […] estos resultaron manifiestamente infructuosos”. Incluso, dado el tiempo transcurrido, es aplicable la excepción al agotamiento de los recursos internos referida al retardo injustificado en la ejecución de la decisión.
Consideraciones de la Corte
119. Los alegatos del Estado respecto de la excepción de “falta de agotamiento de la vía previa” se centran en dos asuntos principales: a) falta de agotamiento de los recursos internos en cuanto a la sentencia emitida el 8 de julio de 1998 por el Tribunal Constitucional sobre la disolución y liquidación de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL), en la cual ordenó reponer a los trabajadores que no hubieren cobrado sus beneficios sociales; y b) que “en la nómina de personas consignada en la demanda no figura ningún ex trabajador de ESMLL”.
a) falta de agotamiento de los recursos internos
120. En su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, el Perú alegó ante la Corte la falta de agotamiento de los recursos “respecto del extremo de la acción referido al caso de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima –ESMLL”, debido a que “el […] litigio […] se encuentra en plena actividad de ejecución de sentencia”.
121. La Convención Americana establece que la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso sujeto a su conocimiento, incluso sobre los presupuestos procesales en los que se funda la posibilidad de que ejerza su competencia .
122. El artículo 46.1.a) de la Convención dispone que para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con los artículos 44 ó 45 de la Convención, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del derecho internacional generalmente reconocidos .
123. Esta Corte ha sostenido que el artículo 46.1.a) de la Convención expresa que los recursos internos deben ser interpuestos y agotados de acuerdo a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos, lo cual implica que no sólo deben existir formalmente esos recursos, sino también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención .
124. La Corte reitera los criterios sobre la interposición de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, los que deben atenderse en el presente caso. En primer lugar, la Corte ha señalado que la falta de agotamiento de recursos es una cuestión de pura admisibilidad y que el Estado que la alega debe indicar los recursos internos que es preciso agotar, así como acreditar que esos recursos son efectivos. En segundo término, la excepción de no agotamiento de recursos internos debe plantearse, para que sea oportuna, en la etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión, o sea, antes de cualquier consideración en cuanto al fondo; si no es así, se presume que el Estado renuncia tácitamente a valerse de ella. En tercer lugar, el Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita a la invocación de la falta de agotamiento de los recursos internos .
125. Este Tribunal observa que durante el procedimiento ante la Comisión el Estado no alegó la falta de agotamiento de los recursos internos. Por el contrario, reconoció su responsabilidad internacional por la violación del artículo 25.2.c) de la Convención Americana. La Comisión realizó el análisis de admisibilidad de la petición y emitió el Informe de admisibilidad Nº 85/01 el 10 de octubre de 2001, en el que indicó, inter alia, que “[e]l Estado no ha[bía] efectuado excepción alguna relacionada con el requisito de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna”.
126. Por lo tanto, como consecuencia de no haber planteado en su oportunidad procesal objeción alguna sobre el agotamiento de los recursos internos, la Corte concluye que el Perú ha renunciado tácitamente a su derecho a objetarlo, y en razón de ello desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado.
127. La Corte observa que la referida sentencia de amparo tiene siete años y medio de encontrarse en ejecución de sentencia. Debido a que podría haber un retardo injustificado en la ejecución de la sentencia, este asunto se encuentra íntimamente relacionado con el fondo de este caso, por lo cual será analizado junto con las alegadas violaciones de la Convención.
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b) “en la nómina de personas consignada en la demanda no figura ningún ex trabajador de [la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima -] ESMLL”
128. La Corte desestima este alegato del Estado por improcedente, en cuanto no guarda relación con la alegada excepción de “falta de agotamiento de la vía previa”.
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SEGUNDA EXCEPCIÓN PRELIMINAR
“falta de legitimidad para obrar de los quejosos”
129. Alegatos del Estado
a) “sustenta” la excepción en los artículos 23.1 y 37 del Reglamento de la Corte, y en los convenios Nº 87 y Nº 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que consagran la autonomía sindical y proscriben la comisión de actos de injerencia destinados a vulnerarla. Los firmantes de la denuncia no son trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima ni ejercen en la actualidad representación alguna del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima (SITRAMUN-LIMA), como pretenden aparentar ante la Corte;
b) no existe identidad ni vinculación entre los titulares de los derechos en discusión y los quejosos, presupuesto indispensable para la existencia de una relación procesal válida;
c) “[n]inguna de las personas que se arrogan ilegítimamente hoy en día ante [la] Honorable Corte la representación del SITRAMUN y la de las presuntas víctimas llegó a tener la condición de dirigentes de esta organización sindical en el momento de su registro ante la Municipalidad Metropolitana de Lima ni posteriormente”;
d) “los actuales quejosos se valieron de una burda argucia a efectos de usurpar y atribuirse frente a terceros la calidad de dirigentes sindicales, vulnerando de esta manera la libertad sindical de los miembros del único y verdadero SITRAMUN y la autonomía sindical de esta organización. Es así que los quejosos promovieron y lograron la inscripción de una denominada ‘Asociación Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima’ en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima y Callao […], asociación de naturaleza civil que legalmente no podía suplantar al SITRAMUN, el cual tenía vigente su registro como organización de naturaleza sindical laboral ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, único habilitado para la representación Gremial”. La referida “Asociación Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima” es una asociación de carácter civil, que carece de personería gremial para representar a los trabajadores y ex trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a pesar de sus maniobras destinadas a confundir al órgano jurisdiccional del Perú y a la Corte. Los integrantes de la “asociación Quejosa” actualmente no son trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que les impide obtener su afiliación al verdadero Sindicato de Trabajadores Municipales y con mayor razón ejercer su representación; y
e) no se puede atribuir a la “Asociación Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima” la condición de representante de las presuntas víctimas “por no ser un organismo sindical y por no haber recibido poder ni mandato alguno de las presuntas víctimas”.
130. Alegatos de la Comisión
La Comisión Interamericana solicitó a la Corte que rechace la excepción “por carecer de fundamento jurídico y fáctico” e indicó que:
a) la excepción no fue planteada oportunamente ante la Comisión y desconoce que ésta adoptó una decisión expresa sobre admisibilidad en el presente caso. La Comisión reitera los argumentos formulados en sus alegatos a la primera excepción “que justifican que la […] Corte no vuelva a reexaminar la cuestión”;
b) en aplicación del principio del estoppel, el Estado se encuentra impedido de cuestionar el locus standi de quienes actuaron como peticionarios en el caso durante su trámite ante la Comisión Interamericana, dado que procuró llegar a una solución amistosa con dichas personas en el transcurso de una serie de negociaciones llevadas a cabo entre septiembre de 1999 y junio de 2000. Adicionalmente, en aplicación de dicho principio, el reconocimiento de responsabilidad internacional formulado por el Perú le impide ahora cuestionar la legitimidad para obrar de los peticionarios;
c) el Estado pareciera estar cuestionando la legitimidad de quienes interpusieron la petición ante la Comisión. Tal como quedó consignado en el informe de admisibilidad de 13 de enero de 1999, la Comisión Interamericana “recibió una petición del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima (SITRAMUN-LIMA), la Federación de Trabajadores Municipales del Perú (FETRAMUNP), y el Comité de Despedidos de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL)”. Las personas jurídicas que presentaron la petición se encontraban facultadas por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. “Dado que las personas jurídicas en cuestión constituyen en todo caso grupos de personas, tendrían de todos modos locus standi para presentar peticiones ante la Comisión”;
d) la demanda fue interpuesta respecto de determinadas personas individuales y no de la o las personas jurídicas que los agrupe o pueda haber agrupado. Las presuntas víctimas mencionadas en la demanda “son personas individuales que cuentan con sentencias dictadas a su favor”;
e) el Estado no ha cuestionado que las personas jurídicas que interpusieron la petición ante la Comisión se encuentren legalmente reconocidas en el Perú; y
f) las presuntas víctimas han otorgado poderes para ser representadas por personas individuales y no por personas jurídicas. El Estado no ha cuestionado ninguno de los poderes que han sido remitidos por la Comisión a la Corte, “ni ha mencionado qué personas estarían siendo representadas por la Asociación” Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima. El Estado tampoco ha cuestionado la representación que ejerce la Comisión respecto de las presuntas víctimas que no han otorgado poder.
131. Alegatos del interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas
El interviniente común solicitó al Tribunal que desestime la excepción y alegó que:
a) en el trámite del caso ante la Comisión y “ya estando sometido el presente proceso a la jurisdicción de [la …] Corte”, el Perú ha reconocido personería y legitimidad para obrar a los recurrentes. Al respecto hacen referencia y transcriben parte de: varios oficios dirigidos por autoridades estatales a algunos de los representantes que conforman el interviniente común y a la Comisión Interamericana, tres actas de reuniones de la “Comisión de Trabajo” creada mediante Resolución Suprema, y el informe dirigido por la Presidenta de dicha comisión al Ministro de Justicia en relación con este caso; y
b) de acuerdo a la “teoría de los actos propios” “resulta jurídica y procesalmente inadmisible […] que un litigante pretenda fundamentar su accionar aportando hechos y razones de derecho que contravengan sus propios actos, asumiendo una actitud que lo venga a colocar en contradicción con su conducta anterior jurídicamente relevante”.
Consideraciones de la Corte
132. El Perú alegó ante la Corte la excepción de “falta de legitimidad para obrar de los quejosos”, centrando sus alegatos en dos asuntos principales: la legitimidad para presentar la denuncia ante la Comisión y la representación de las presuntas víctimas por parte de la “Asociación Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima”.
133. El artículo 44 de la Convención establece que
[c]ualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte.
134. El artículo 23 (Participación de las presuntas víctimas) del Reglamento de la Corte establece que:
1. Después de admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados podrán presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso.
2. De existir pluralidad de presuntas víctimas, familiares o representantes debidamente acreditados, deberán designar un interviniente común que será el único autorizado para la presentación de solicitudes, argumentos y pruebas en el curso del proceso, incluidas las audiencias públicas.
3. En caso de eventual desacuerdo, la Corte resolverá lo conducente.
135. El alcance de lo dispuesto en el citado artículo de la Convención Americana y del Reglamento debe ser interpretado por la Corte conforme al objeto y fin de dicho tratado, que es la protección de los derechos humanos , y de acuerdo al principio del efecto útil de las normas .
136. En cuanto a la presentación de la denuncia ante la Comisión, la Corte observa que los peticionarios fueron el “Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima, la Federación de Trabajadores Municipales del Perú (FETRAMUNP) y el Comité de Despedidos de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL)”.
137. Con respecto al alegato del Estado de que los firmantes de la denuncia no son trabajadores de la Municipalidad de Lima y que no existe identidad ni vinculación entre los titulares de los derechos en discusión y los quejosos, es preciso indicar que el Tribunal ha establecido que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención, la denuncia puede ser presentada por una persona distinta a la presunta víctima , así como también puede ser presentada por un “grupo de personas”. Asimismo, la Corte ha indicado que
[e]l acceso del individuo al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos no puede ser restringido con base en la exigencia de contar con representante legal. La Corte ha señalado que “las formalidades características de ciertas ramas del derecho interno no rigen en el derecho internacional de los derechos humanos, cuyo principal y determinante cuidado es la debida y completa protección de esos derechos” .
138. Inclusive, consta en el acervo probatorio que en el trámite ante la Comisión el Perú no presentó objeción alguna respecto de la legitimidad de quienes interpusieron la denuncia. Inclusive el Estado mantuvo diversas comunicaciones y reuniones con representantes de los peticionarios en aras de lograr una solución amistosa.
139. Con base en lo anteriormente indicado, la Corte considera que la denuncia fue presentada a la Comisión de conformidad con el artículo 44 de la Convención.
140. Por otra parte, en cuanto a la representación de las presuntas víctimas ante la Corte, es preciso recordar que cuando la Comisión sometió el caso al conocimiento de la Corte adjuntó los poderes de representación de más de 800 presuntas víctimas y que la mayoría de presuntas víctimas no otorgaron poder de representación. Los referidos poderes de representación fueron otorgados a siete grupos diferentes de representantes.
141. En los referidos poderes otorgados por las presuntas víctimas se hizo constar claramente las calidades de los otorgantes, los nombres de los apoderados -quienes en todos los poderes fueron personas físicas-, el objeto del poder y la voluntad de los primeros de ser representados por dichas personas. Si bien es cierto que los poderes que fueron otorgados a favor de los señores Manuel Antonio Condori Araujo, Wilfredo Castillo Sabalaga, Celestina Mercedes Aquino Laurencio, Ana María Zegarra Laos y Guillermo Nicolás Castro Barcena tienen en su margen superior un membrete que dice “Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima”, los referidos poderes fueron dados a favor de dichas cinco personas naturales.
142. Debido a que los distintos representantes no lograron ponerse de acuerdo en la determinación de un interviniente común, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 23 del Reglamento, la Corte designó un interviniente común de los representantes (integrado por los señores Manuel Antonio Condori Araujo, Wilfredo Castillo Sabalaga, Celestina Mercedes Aquino Laurencio, Ana María Zegarra Laos y Guillermo Nicolás Castro Barcena), el cual fue el único representante autorizado para participar durante el proceso ante el Tribunal. Al respecto, la Corte realizó la designación tomando en consideración cuál era el grupo que representaba a la mayor cantidad de presuntas víctimas que otorgaron poder. Sin embargo, el Tribunal indicó que lo ideal sería que los diversos grupos de representantes se reunieran y lograran presentar, a través del interviniente común, un único escrito de solicitudes y argumentos a nombre de todos los grupos de representantes designados en la demanda. Asimismo, la Corte indicó que “[e]n el caso de las presuntas víctimas que no resultaren representadas o no tengan representación, la Comisión deberá velar por los intereses de éstas, para asegurarse de que sean representadas efectivamente en las diferentes etapas procesales ante la Corte”.
143. Por ello, la representación de los intereses de las presuntas víctimas en este caso ha sido ejercida por la Comisión Interamericana, por el interviniente común y por otros grupos de representantes, quienes han tenido la posibilidad de presentar sus argumentos y pruebas a través de la Comisión Interamericana. Además, es preciso indicar que la designación de representante legal en el proceso ante esta Corte es un derecho de las presuntas víctimas y no una obligación de éstas .
144. Sobre este tema el Tribunal ha establecido que:
El citado artículo 23 del Reglamento, que regula la participación de las presuntas víctimas en el proceso ante la Corte, a partir de la admisión de la demanda, contiene una de las modificaciones reglamentarias más importantes que introdujo el Reglamento aprobado el 24 de noviembre de 2000, que entró en vigor el 1 de junio de 2001. Esta norma reconoce a las presuntas víctimas y sus familiares el derecho de participar en forma autónoma en todas las etapas del proceso. Los anteriores reglamentos de la Corte no les otorgaban una legitimación tan amplia. La Corte no podría interpretar el referido artículo 23 del Reglamento en el sentido de restringir los derechos de las presuntas víctimas y sus familiares y cesar en el conocimiento del caso cuando aquéllos no cuenten con un representante debidamente acreditado .
145. Asimismo, la Corte ha señalado que no es indispensable que los poderes otorgados por las presuntas víctimas para ser representadas en el proceso ante el Tribunal cumplan las mismas formalidades que regula el derecho interno del Estado demandado . Además, ha indicado que:
La práctica constante de esta Corte con respecto a las reglas de representación se ha guiado por [dichos parámetros] y, en consecuencia, ha sido flexible y se ha aplicado sin distinción […].
[…] Esta amplitud de criterio al aceptar los instrumentos constitutivos de la representación tiene, sin embargo, ciertos límites que están dados por el objeto útil de la representación misma. Primero, dichos instrumentos deben identificar de manera unívoca al poderdante y reflejar una manifestación de voluntad libre de vicios. Deben además individualizar con claridad al apoderado y, por último, deben señalar con precisión el objeto de la representación. En opinión de esta Corte, los instrumentos que cumplan con los requisitos mencionados son válidos y adquieren plena efectividad al ser presentados ante el Tribunal .
146. Tomando en cuenta que los poderes otorgados a favor del interviniente común fueron dados a favor de cinco personas físicas cuyos nombres se indican específicamente, a pesar de que en su margen superior tienen un membrete que dice “Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima”, la Corte considera que no tienen ningún vicio que impida su validez ante este Tribunal.
147. La Corte ha entendido que la “Asociación Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima” no es el actual Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima, y que los escritos que hubiere presentado en el proceso internacional no los ha presentado en nombre de los miembros del actual sindicato. En cuanto a lo alegado por el Perú sobre una supuesta vulneración de la libertad sindical de los miembros del “verdadero SITRAMUN”, no corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto.
148. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte desestima la segunda excepción preliminar.
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149. Una vez desestimadas las dos excepciones preliminares interpuestas por el Estado, la Corte procede a analizar el fondo del caso.
VI
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL Y ALEGADO “HECHO NUEVO”
150. La Corte procederá a determinar los alcances del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado ante la Comisión, y a pronunciarse sobre el alegado “hecho nuevo” ante la Corte, con base en el cual el Estado cambió su posición y manifestó que “no considera que exista responsabilidad”.
A) Reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado ante la Comisión
151. El 10 de octubre de 2001 la Comisión emitió el Informe Nº 85/01, en el cual declaró admisible la petición “en lo que respecta a eventuales violaciones a los artículos 1(1) y 25(2) (c) de la Convención Americana”. En la referida petición se denunciaba el supuesto incumplimiento por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima de doce sentencias emitidas por la Sala Corporativa Especializada en Derecho Público y por el Tribunal Constitucional.
152. El 22 de julio de 2002, nueve meses después de que la Comisión aprobó el referido Informe de admisibilidad Nº 85/01, el Perú remitió a la Comisión un informe emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos el 19 de julio de 2002, en el cual indicó, inter alia, que
[…] ratifica[ba] el reconocimiento tácito de responsabilidad internacional manifiesto en el Comunicado de Prensa Conjunto del 22 de febrero de 2001, asumiendo su responsabilidad internacional por la transgresión de los derechos humanos de los trabajadores del SITRAMUN, previstos en los artículos 25(2)(c) de la Convención Americana.
[…] dada la crisis económica que el Estado peruano atraviesa y ante la imposibilidad de atender con las indemnizaciones y medidas reparadoras de los peticionarios en el presente caso, se ve obligado a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [que] adopte lo conveniente.
Y concluyó que:
[…] el Estado peruano somete el presente caso a la mejor decisión que considere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptar.
153. El 11 de octubre de 2002 la Comisión emitió el Informe de fondo Nº 66/02, mediante el cual concluyó que
[…] el Estado peruano es responsable de la violación al derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25[(2)](c) de la Convención Americana, en perjuicio de los trabajadores de la Municipalidad de Lima y del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima SITRAMUN. Lo anterior constituyó además violación por el Estado peruano a la obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.
La Comisión recomendó al Estado:
Tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento en forma eficiente a las sentencias señaladas en el párrafo 37[sic] del […] informe.
En dicho informe se “extend[ió] la admisibilidad para otros hechos alegados en tiempo por los peticionarios”, quienes alegaron el incumplimiento de otras sentencias “[del] que [supuestamente] han sido víctimas trabajadores del SITRAMUN”.
154. El 17 de enero de 2003 el Estado presentó un informe en respuesta a las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe Nº 66/02 correspondiente al artículo 50 de la Convención. El informe estatal fue emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos el 20 de diciembre de 2002, en el cual indicó, inter alia, que
ratifica[ba] lo manifestado en el Comunicado de Prensa Conjunto del 22 de febrero de 2001, asumiendo su responsabilidad internacional por la transgresión de los derechos humanos de los trabajadores del SITRAMUN, previstos en los artículos 25(2)(c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual se puso de manifiesto en el informe […] de fecha de 19 de julio de 2002.
Asimismo, concluyó, inter alia, que:
El Gobierno peruano y los trabajadores de SITRAMUN desea[ba]n iniciar una nueva etapa de negociaciones con la instalación de una Comisión de Trabajo Ad Hoc; por lo que se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga en cuenta estas últimas conversaciones antes de adoptar una decisión final […].
155. El 26 de febrero de 2003 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución Suprema Nº 015-2003-JUS, mediante la cual se resolvió conformar una “Comisión de Trabajo, encargada de elaborar la propuesta final de solución referida al Caso 12.084- Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima”. Se dispuso que dicha comisión debía sostener reuniones periódicas hasta el término de las negociaciones de la propuesta de solución y que estaría conformada por representantes de los Ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores, Trabajo y Promoción Social, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima.
156. El 19 de junio de 2003 venció el plazo para que el Perú presentara información sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe No. 66/02. Según la Comisión “el Estado no dio respuesta o información alguna”.
157. Al someter el caso a la Corte, la Comisión señaló que
valora la actitud del Estado peruano al reconocer su responsabilidad internacional por el desconocimiento que ha hecho de las decisiones de sus jueces, pero ante el reiterado incumplimiento del Estado con la recomendación del informe de fondo, los fallidos intentos desde que se inició la actuación ante esta instancia a través del trámite de la solución amistosa y con la instalación de diversas comisiones que se han creado al respecto sin resultados concretos, la Comisión ha resuelto someter el presente caso a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana.
B) ALEGADO “HECHO NUEVO” ANTE LA CORTE
158. En su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, el Estado alegó que “no considera que exista responsabilidad” en este caso, ya que tomó conocimiento de que existían relaciones de corrupción entre dirigentes del SITRAMUN, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y miembros del Poder Judicial, razón por la cual “no reconoce la validez jurídica, ni fuerza vinculante[,] ni el mérito ejecutivo a resoluciones nacidas del contubernio, el cohecho y la corrupción, contrarias a resoluciones emanadas de las máximas instancias judiciales y constitucionales que tienen calidad de cosa juzgada”. El Perú alegó que hubo un “círculo vicioso” creado desde el SIN para “demoler la figura” del alcalde de Lima, quien era un “potencial contendor político” de Fujimori, y para ello “se le creaban conflictos laborales artificiales, se lo acosaba a través de innumerables denuncias y demandas y, finalmente, se garantizaba que todas las causas judiciales –en especial las promovidas por dirigentes sindicales aleccionados- fueran resueltas en sentido adverso al Municipio, […] generándole así una permanente inestabilidad social, un alto costo por litigiosidad y elevadas deudas por derechos presuntamente generados durante los litigios”. Según el Estado “[e]se es el verdadero origen y el contenido sustancial de las resoluciones cuya ejecución se pretende”.
159. En el mismo sentido, en la audiencia pública ante la Corte el Perú manifestó que surgió un “elemento absolutamente desconocido dos años atrás” “que explica por qué el Estado peruano en su momento reconoció los incumplimientos y las violaciones y hoy […] pide se tome en consideración que este es un hecho nuevo […] que […] exige reexaminar la situación desde la óptica de la gravedad del hecho en sí”. En su escrito de alegatos finales insistió en este punto, indicando que “[e]n la pasada década, desde el Servicio de Inteligencia Nacional -SIN- y bajo la conducción de Vladimiro Montesinos Torres, se implantó un sistema generalizado de corrupción, [… d]entro de[l cual …] ocupa lugar destacado el control absoluto por vía venal del Poder Judicial”. Agregó que “[…] como parte del sistema de corrupción, dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales –Sitramun- recibían un soborno montante en al menos […] US$ 24,000.00 con el objeto de llevar a cabo las acciones” de “desprestigio contra el Alcalde Andrade” de la Municipalidad de Lima.
160. Con respecto a este alegado “hecho nuevo” (supra párrs. 158 y 159), tanto la Comisión como el interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas solicitaron a la Corte que no lo admita. La Comisión manifestó, inter alia, que “en atención a la institución del estoppel, el reconocimiento realizado por el Estado peruano ante la Comisión deber ser entendido y desplegar efectos en la forma en que fue realizado” y que “no son admisibles subsiguientes limitaciones o restricciones sobre el mismo”. En igual sentido, el interviniente común señaló que los hechos relacionados con el fondo de este caso “fueron explícitamente aceptados por [el Estado] mediante el reconocimiento de su responsabilidad internacional por la comisión de los mismos”.
161. El Estado presentó diversos documentos y otros elementos probatorios destinados a demostrar las alegadas relaciones de corrupción entre los dirigentes del SITRAMUN, el SIN y miembros del Poder Judicial, así como la “naturaleza antijurídica” de las sentencias que se alegan incumplidas. Sin ánimo de hacer un recuento exhaustivo, la Corte nota que tales pruebas se refieren principalmente a: 1) condenas y procesos penales contra integrantes del Poder Judicial; 2) la composición de cuatro magistrados que tuvo el Tribunal Constitucional que resolvió 12 de las 24 sentencias de este caso; 3) informes de la Comisión Interamericana sobre la situación del Poder Judicial en el Perú en la década pasada; 4) sentencia de la Corte Interamericana en el caso del Tribunal Constitucional; 5) declaración jurada del ex Jefe del SIN; 6) declaraciones de las señoras Maria Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi, ex secretarias de Vladimiro Montesinos; 7) proceso penal instaurado contra una presunta víctima y 3 representantes de este caso ante el Primer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, como presuntos cómplices primarios del delito de peculado, en particular el dictamen fiscal acusatorio emitido en noviembre de 2005; 8) declaración de los testigos en la audiencia pública ante la Corte; y 9) alegados cambios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional para beneficiar a los trabajadores del SITRAMUN, en relación con los despidos por evaluación. Asimismo, el Estado solicitó a la Corte que se dirigiera al tribunal penal que tramita el referido proceso penal por el delito de peculado, para solicitarle que facilitara copia de las declaraciones de dos ex Secretarias de Montesinos, o que este Tribunal permitiera que se presentaran las declaraciones de esas dos personas mediante affidávit.
162. Con respecto a la prueba sobre las alegadas relaciones de corrupción, la Comisión manifestó que “efectivamente […] constató las gravosas limitaciones que se introdujo en la independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial peruano durante los años 90, y por supuesto, estima que dichas características juegan un papel crucial en la conformidad de los procesos con las obligaciones establecidas en la Convención Americana”. Sin embargo, la Comisión enfatizó que “no se ha probado ante este Tribunal internacional, como no [se] ha probado en sede interna, que las sentencias dictadas en el presente caso respecto de los ex trabajadores de SITRAMUN hayan sido el producto directo de la corrupción”. Además, solicitó al Tribunal que “no admita para examen los argumentos del Estado sobre supuestos errores de derecho o de hecho que pudieran haber cometido los tribunales nacionales”, ya que el Estado “procura que la Corte actúe como un tribunal de cuarta instancia al revisar las decisiones emitidas por los tribunales peruanos internos”. Asimismo, indicó que “considera que el Estado peruano cae en una contradicción inexplicable al aceptar responsabilidad internacional por la sentencia del caso de ESMLL y no hacerlo por el resto de las sentencias del presente caso, muchas de las cuales fueron dictadas el mismo año por el mismo Tribunal”. Además, la Comisión indicó que la Municipalidad de Lima ejerció los recursos a su disposición y “[s]i mantenía su inconformidad ante sentencia firme que denegaba [el] recurso, podría haber ejercitado recursos extraordinarios como el de cosa juzgada fraudulenta. El Estado así lo reconoce, y además ha acreditado ante esta Corte haberlo hecho. Si estos recursos extraordinarios no existen por disposición legal o no son efectivos, de todas maneras, esto es responsabilidad del Estado”.
163. Por su parte, el interviniente común indicó, inter alia, que el Perú “no ha probado judicialmente, en absolutamente ningún caso, que las sentencias cuya ejecución desacata han sido producto de un acto de colusión ilegal entre los representantes legales del SITRAMUN-Lima o su asesora legal y las autoridades jurisdiccionales que fueron autoras de tales decisiones judiciales”. Asimismo, agregó que “[n]o basta […] con que se trate de una sentencia que corresponda a una época gobernada, en general, por un ambiente de amedrentamiento y corrupción, sino que se debe analizar cada caso en un contexto concreto que permita la individualización de las responsabilidades jurídicas correspondientes”. Además, señaló que “resulta lamentable que, basado exclusivamente en las declaraciones de personas procesadas por corrupción, que se han acogido al mecanismo de la Colaboración Eficaz, el Estado peruano pretenda justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales ante esta Honorable Corte, mediante una presunción, que afectaría toda la producción de la administración de justicia peruana de esa época”.
164. La Corte ha examinado los referidos elementos probatorios presentados por el Perú, sus alegatos al respecto, así como las observaciones de la Comisión y del interviniente común, particularmente en relación con los siguientes puntos:
a) el 9 de diciembre de 2002 el Tribunal Constitucional declaró sin lugar solicitudes en que la Municipalidad de Lima pedía “la revisión o nulidad” de tres sentencias de este caso emitidas por el Tribunal Constitucional entre 1997 y 1999 cuando tenía una composición de 4 magistrados (infra párr. 204.93), y señaló que “se mant[enía] la validez de tales resoluciones por […] razón de la seguridad jurídica nacional […]”;
b) al hacer alusión a lo resuelto por esta Corte en el caso del Tribunal Constitucional el Estado omite una parte importante de la fundamentación sobre la violación al principio de imparcialidad; en ese caso la Corte no afirmó que por estar conformado por cuatro miembros en lugar de siete el Tribunal Constitucional se violara, per se, el principio de imparcialidad;
c) la Municipalidad de Lima interpuso una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en relación con una de las sentencias firmes de este caso; sin embargo, la demanda le fue declarada infundada el 30 de junio de 2003 por el Décimo Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima y el 9 de junio de 2005 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada (infra párr. 204.72, 204.73 y 204.74);
d) en cuanto a las declaraciones de las señoras María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi, ex secretarias del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, la Corte no consideró oportuno acceder a lo solicitado por el Estado (supra párr. 45), tomando en cuenta que las dos señoras han rendido declaraciones dentro de un proceso penal que no ha concluido, en el cual también habrían rendido declaración más personas y se habrían allegado otras pruebas, todas las cuales no corresponde a la Corte valorar, sino al tribunal penal interno;
e) en la documentación presentada sobre el proceso penal por el delito de peculado que se sigue contra una presunta víctima y tres representantes, incluida la acusación penal, no se hace referencia a que hubiera corrupción para la emisión de las sentencias que declararon con lugar las demandas de garantía que se alegan incumplidas ante esta Corte;
f) se ha constatado que respecto de los alegados cambios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional para beneficiar a los trabajadores del SITRAMUN respecto de los despidos por evaluación o excedencia, los hechos y los fundamentos jurídicos de las sentencias son diferentes para el caso de la Municipalidad de Lima y las de los otros casos aportados por el Estado; y
g) es preciso resaltar que en la audiencia pública, ante una pregunta de la Corte, al referirse a la alegada participación de dirigentes del SITRAMUN en la “red de corrupción”, el Estado afirmó que “[s]i tuvi[era] una demostración tangible, la aportaría[…] de inmediato a la Corte y este caso quedaría resuelto. Como no la t[i]en[e], t[i]en[e]que simplemente apelar al sentido común. [… C]omo es obvio, no p[uede] demostrar con una prueba tangible, que quizás exista pero que no h[a] encontrado”.
165. En cuanto a la pretensión estatal sobre el alegado “hecho nuevo”, en sus alegatos finales orales y escritos el Perú afirmó que no pretende que la Corte anule, revise, modifique ni deje sin efecto las sentencias emitidas por los tribunales peruanos, sino que “esos fallos sean examinados desde la noble perspectiva de la justicia y no de la mera formalidad” y la Corte evalúe si esas sentencias de “naturaleza antijurídica” deben ser cumplidas de acuerdo al artículo 25 de la Convención.
166. Este Tribunal entiende que los alegatos y elementos probatorios expuestos por el Estado sobre el alegado “hecho nuevo” se encuentran dirigidos a desvirtuar la legitimidad de las sentencias que se alegan incumplidas en este caso y su autoridad de cosa juzgada, a pesar de que haya expresado que no pretende que la Corte anule, revise, modifique ni deje sin efecto las sentencias emitidas por los tribunales peruanos.
167. La Corte considera que una sentencia con carácter de cosa juzgada tiene que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto, y tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad. Ante este Tribunal, eventualmente puede discutirse la autoridad de cosa juzgada de una decisión cuando ésta afecta derechos de individuos protegidos por la Convención y se demuestra que existe una causal de cuestionamiento de la cosa juzgada , lo cual no ha ocurrido en el presente caso.
168. En razón de las anteriores consideraciones, el Tribunal no admite el argumento del Perú sobre el alegado “hecho nuevo”, el cual indicó que desconocía cuando reconoció responsabilidad en el trámite del caso ante la Comisión, y, por consiguiente, la Corte estima que no ha sido acreditado ningún elemento que prive de su valor jurídico a las sentencias que se alegan como incumplidas.
C) Efectos jurídicos del reconocimiento de responsabilidad ante la Comisión
169. Una vez declarado improcedente el argumento del Perú sobre el alegado “hecho nuevo”, la Corte procede a pronunciarse sobre el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en el trámite del caso ante la Comisión (supra párrs. 152 y 154), según el cual “asumi[ó] su responsabilidad internacional por la transgresión de los derechos humanos de los trabajadores del SITRAMUN, previstos en los artículos 25 (2)(c) de la Convención Americana […]”.
170. En el proceso ante la Corte, el Estado en diversas oportunidades aceptó que ante la Comisión había realizado dicho reconocimiento. Por ejemplo, en la audiencia pública ante la Corte el Perú manifestó que surgió un “elemento absolutamente desconocido dos años atrás” “que explica por qué el Estado peruano en su momento reconoció los incumplimientos y las violaciones y hoy […] pide se tome en consideración este hecho nuevo […]”.
171. La Corte observa que en su escrito de contestación a la demanda el Perú indicó que las sentencias internas cuyo incumplimiento se alega en este caso serían antijurídicas. Posteriormente en la audiencia pública celebrada ante el Tribunal manifestó que “en el caso de ESMLL reconoce que ese ha sido un procedimiento regular aún cuando el resultado le es adverso”, por lo que “reconoce su validez”. Asimismo, el Estado indicó que, “[a] pesar de las discrepancias jurídicas” respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de diciembre de 1997 (infra párr. 204.54), “el Municipio de Lima acató lo resuelto” en tal decisión, en relación con el pago a los trabajadores del monto diferencial correspondiente a la disminución de sus remuneraciones. Además, en dicho escrito de contestación afirmó que “los únicos casos en que admite haber habido desconocimiento de derechos laborales son los determinados por las Comisiones ad hoc” (supra párr. 204.28 a 204.33).
172. En respuesta a un pedido de aclaración realizado por el Presidente, el Estado señaló que “[e]n relación con la pretendida responsabilidad internacional […], considera[ba] necesario deslindar que, en el presente caso, no ha incumplido la sentencia proferida [por el Tribunal Constitucional el 8 de julio de 1998, en relación con los trabajadores del ESMLL,] ni incurrido en responsabilidad [, ya que d]icha sentencia […] se encuentra en su fase de ejecución” y “aunque discrepa con su contenido, no ha discutido ni discute la sentencia recaída […] y se somete a su ejecución”, “declaración [que] no implica reconocimiento de responsabilidad por violación del derecho a la protección judicial”. Por otra parte, el Estado indicó ante la Corte que no reconoce lo que se haya decidido en las sentencias sobre despidos, sino que solamente “se somete a las conclusiones de la Comisión Multisectorial” creada por la Ley No. 27.586 (infra párr. 204.28 a 204.33).
173. El Tribunal, en el ejercicio de sus poderes inherentes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, puede determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ante los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos ofrece una base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para continuar o no con el conocimiento del fondo y la determinación de las eventuales reparaciones . Para estos efectos, el Tribunal analiza la situación planteada en cada caso concreto.
174. En primer término, la Corte estima necesario enfatizar que el proceso de tramitación de denuncias individuales que procure culminar con una decisión jurisdiccional de la Corte, requiere de la integridad institucional del sistema de protección consagrado en la Convención Americana. El sometimiento de un caso contencioso ante el Tribunal por alegadas violaciones a los derechos humanos cometidas por un Estado Parte que haya reconocido la competencia contenciosa del Tribunal requiere del desarrollo previo del procedimiento ante la Comisión, el cual inicia con la presentación de la petición ante este último órgano . El procedimiento ante la Comisión contempla garantías tanto para el Estado denunciado como para las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, dentro de las cuales cabe destacar las relacionadas con las condiciones de admisibilidad de la petición y las relativas a los principios de contradicción, equidad procesal y seguridad jurídica . Es en el procedimiento ante la Comisión que el Estado denunciado suministra inicialmente la información, alegatos y prueba que estime pertinentes en la relación con la denuncia, y aquella prueba rendida en procedimientos contradictorios podrá ser posteriormente incorporada en el expediente ante la Corte. La posición asumida por el Estado en el procedimiento ante la Comisión determina también en gran medida la posición de las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, lo que llega a afectar el curso del procedimiento, en el cual inclusive se podría llegar a una solución amistosa.
175. En relación con el presente caso, cabe destacar que durante el procedimiento ante la Comisión el Perú reconoció su responsabilidad internacional el 22 de julio de 2002, luego de emitido el Informe de Admisibilidad, y reiteró ese reconocimiento el 17 de enero de 2003, luego de emitido el Informe de Fondo (supra párrs. 152 y 154), así como que se conformó una “Comisión de Trabajo” encargada de elaborar una propuesta final de solución en el caso. En su escrito de 22 de julio de 2002 el Estado alegó que se encontraba ante la imposibilidad de atender a las indemnizaciones y demás medidas reparadoras de los peticionarios debido a la crisis económica por la que atravesaba. Sobre la base de ese reconocimiento y debido al incumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones del Informe de Fondo, la Comisión decidió someter el presente caso al conocimiento de la Corte.
176. Conforme con su jurisprudencia esta Corte considera que un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el estado de cosas en base al cual se guió la otra parte . El principio del estoppel ha sido reconocido y aplicado tanto en el derecho internacional general como en el derecho internacional de los derechos humanos . Este Tribunal lo ha aplicado tanto respecto de objeciones que no fueron opuestas en el trámite ante la Comisión y luego el Estado pretende oponerlas ante la Corte, como para otorgar plenos alcances al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado o a un acuerdo suscrito por éste, que pretendió desconocer en etapas posteriores del proceso . La Corte Europea de Derechos Humanos también ha aplicado el principio de estoppel respecto de objeciones de jurisdicción y admisibilidad que son planteadas por los Estados tardíamente .
177. En el presente caso, cada acto de reconocimiento realizado por el Perú ante la Comisión creó un estoppel. Por ello, al haber admitido como legítima, por medio de un acto jurídico unilateral de reconocimiento, la pretensión planteada en el procedimiento ante la Comisión, el Perú queda impedido de contradecirse posteriormente. Tanto las presuntas víctimas, sus representantes como la Comisión Interamericana actuaron en el procedimiento ante dicho órgano con base en esa posición de reconocimiento adoptada por el Estado.
178. En aplicación de la regla del estoppel al presente caso, y con base en las consideraciones anteriores, este Tribunal otorga plenos efectos al reconocimiento de responsabilidad y lo admite, en cuyos términos el Estado es responsable
[…] por la transgresión de los derechos humanos de los trabajadores del SITRAMUN, previstos en los artículos 25(2)(c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos .
179. Ante la Corte dicho reconocimiento de responsabilidad es parcial, ya que el interviniente común ha alegado ante el Tribunal la violación de los artículos 16, 25.1, 26, 1.1 y 2 de la Convención Americana, los cuales no se encuentran incluidos dentro del referido reconocimiento de responsabilidad.
180. Al reconocer responsabilidad por la violación del artículo 25.2.c) de la Convención, el Estado lo hizo respecto de las 24 sentencias firmes que forman parte de este caso. Con respecto a la sentencia emitida por la Sala Especializada de Derecho Público el 6 de junio de 1997 (infra párr. 204.15), que forma parte de ese grupo de 24 sentencias, la Corte ha notado que no fue incluida en el Informe de Fondo No. 66/02. Sin embargo, la Comisión sí la incluyó en el Informe de Admisibilidad No. 85/01 y en la demanda, por lo que su alegado incumplimiento fue de conocimiento del Perú cuando reconoció su responsabilidad internacional con posterioridad a la emisión del Informe de Admisibilidad (supra párr. 152), y el Perú no presentó ante la Corte objeción alguna al respecto.
181. La Corte analizará en los siguientes capítulos los puntos del fondo y las eventuales reparaciones respecto de los cuales ha quedado abierta la controversia sobre la responsabilidad del Estado, así como aquellos el Tribunal estima necesario analizar porque han sido alegados o han surgido recién en el trámite ante la Corte.
VII
PRUEBA
182. Antes de examinar las pruebas ofrecidas, la Corte formulará, a la luz de lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones desarrolladas en la jurisprudencia del Tribunal y aplicables a este caso.
183. En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las partes. El artículo 44 del Reglamento contempla este principio, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes .
184. Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa procesal en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito las partes deben señalar qué pruebas ofrecerán. Además, en ejercicio de las potestades discrecionales contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, la Corte o su Presidente podrán solicitar a las partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor resolver, sin que ello se traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o complementar los alegatos, salvo que el Tribunal lo permita expresamente .
185. La Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, no ha adoptado una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es válido para los tribunales internacionales de derechos humanos, que disponen de amplias facultades en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia .
186. Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, el interviniente común de los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver que les fue solicitada por la Corte o el Presidente, así como la prueba pericial y testimonial rendida ante la Corte durante la audiencia pública, todo lo cual conforma el acervo probatorio del presente caso. Para ello el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente.
A) PRUEBA DOCUMENTAL
187. Entre la prueba documental presentada por las partes, la Comisión y el interviniente común remitieron declaraciones testimoniales y un dictamen pericial escritos, en respuesta a lo dispuesto por el Presidente en su Resolución de 1 de agosto de 2005 (supra párr. 51). Además, la Comisión remitió un dictamen pericial escrito de un perito que había sido convocado a rendir su dictamen en audiencia pública (supra párrs. 60 y 61). Dichas declaraciones y dictámenes se resumen a continuación:
TESTIMONIOS
a) Propuestos por la Comisión Interamericana
1. Rogelia Rosario Agüero Laos, presunta víctima
Ingresó a trabajar a la Municipalidad de Lima el 1° de diciembre de 1976 en la Dirección de Bienestar Social, y luego pasó a la Dirección de Registros Civiles. Su trabajo consistía en el manejo del registro y la expedición de partidas de matrimonio, nacimiento y otros, en la jurisdicción de Lima.
La Municipalidad la despidió, conjuntamente con otros 230 trabajadores, al ser declarada “excedente” en un “mal llamado” proceso de evaluación de personal. No tuvo conocimiento del resultado de los exámenes, ni en qué había fallado.
Como consecuencia del despido interpuso una acción de amparo a través del SITRAMUN. Después de varios meses de litigios, obtuvo una sentencia favorable, lo que significó una gran satisfacción, porque pensó que “se había hecho justicia y que iba a volver a trabajar, iba a poder reiniciar la educación de sus hijos, cubrir las necesidades apremiantes que [tenían]”. Sin embargo, el Alcalde de Lima no cumplió las sentencias judiciales que ordenaban la “devolución de los derechos laborales”, lo que le generó “gran frustración” e “impotencia”. Los trabajadores cesados se vieron obligados a hacer vigilias, marchas y recurrir a los medios de comunicación, al Congreso de la República, a la Iglesia Católica y a la Defensoría del Pueblo. Sentía ira y gran impotencia, ya que en su país “no hay justicia y el poder judicial es incapaz de hacer cumplir sus propias sentencias”. Se sentía derrotada y le daba “rabia” saber que la Municipalidad gastaba miles de dólares en abogados para impedir que se cumplieran las sentencias que hubieran podido cambiar su vida.
El cese que sufrió en octubre de 1996 la desestabilizó económicamente y moralmente. En septiembre de 1999 le fue diagnosticado un quiste de la mama, pero no pudo obtener tratamiento, y en el 2001 le comunicaron que tenía cáncer de mama. La testigo se refirió a las dificultades que afrontó por no tener un seguro médico, lo que la obligó a acogerse al sistema de seguro particular. En julio de 2002, “cuando se enteraron de que se iba a operar”, “le pagaron sus renumeraciones adeudadas de octubre, noviembre y diciembre de 1995”. Para sobrevivir tuvo que pedir dinero prestado a sus familiares. Debido a que fue despedida a los 44 años, le fue imposible conseguir otro trabajo similar o siquiera estable. Se vio obligada a vender cosméticos y comida de forma ambulante. Tampoco ha podido proporcionar la atención médica necesaria a una hija que está enferma, y tiene una “pena inmensa” por no haber podido sufragar los estudios superiores de sus dos hijas menores. Hubo un momento en el cual “quería morir por los males de salud que tenía y por el terror de dejar a sus hijas menores de edad completamente abandonadas”. Tuvo que recurrir a la ayuda de un psicólogo.
La testigo solicita que “la justicia internacional repare todo el daño que se les ha causado”.
2. Juan de Dios Berrospi Pérez, presunta víctima
Ingresó a trabajar a la Municipalidad de Lima el 22 de agosto de 1974. En el momento del despido trabajaba como Auxiliar de oficina en la Dirección de Ecología y su última renumeración fue de S/. 1,500, equivalente aproximadamente “a unos $480 dólares actuales”.
A partir de enero de 1996 se desestabilizaron las relaciones entre la Alcaldía de Lima y el Sindicato de trabajadores. En marzo de 1996 fueron despedidos 186 trabajadores. A partir del 1° de abril de 1996 el sindicato declaró una huelga indefinida por la reposición de los trabajadores despedidos y por la restitución de los derechos laborales. “En represalia” el alcalde despidió a cerca de 500 trabajadores. Ante ello el testigo “se apartó de las huelgas y se reincorporó a las labores”. En octubre 1996 la alcaldía impuso una evaluación de personal con declaración de excedencia. El testigo aprobó la evaluación y 231 trabajadores fueron declarados excedentes y despedidos. Un mes después, “inexplicablemente y fuera de lo que dice la Ley”, la Municipalidad programó otra evaluación de personal para diciembre, la cual no aprobó. Fue despedido “injusta y abruptamente” en diciembre de 1996 por causal de excedencia, junto con otros 300 trabajadores.
Interpuso una acción de amparo, conjuntamente con otros 42 trabajadores despedidos. Un año después obtuvieron una sentencia favorable. Sintió la frustración “más grande de su vida” al ver que las sentencias judiciales eran “letra muerta”, porque las autoridades no las cumplían. Junto con los dirigentes sindicales acudieron a la Iglesia, la Defensoría de Pueblo, el Colegio de Abogados y el Congreso de la República, “para que intercedieran (…) y procuraran que se respetaran los fallos judiciales que [los] favorecían”. Sin embargo “todo fue en vano”. Se sintió “amargado, resentido, frustrado e impotente”.
Las consecuencias económicas de su despido han sido “demoledoras”, ya que “truncaron [su] vida y [lo] postraron en la discapacidad”. Después del despido tuvo muchas dificultades para conseguir un trabajo estable, dado que tenía 45 años. Los más afectados fueron sus hijos; tres de ellos tuvieron que dejar la educación secundaria para trabajar y ayudar con los gastos de la casa. La desestabilización moral y emocional trajo como consecuencia que en enero de 2001 su esposa abandonara el hogar. Como consecuencia de esta situación, sufrió “un derrame cerebral, teniendo como secuela una Hemiplejía que [le] paralizó todo el lado izquierdo de [su] cuerpo”. Ha tenido que asumir los costos del tratamiento con el apoyo de su hermana. A raíz de su enfermedad solicitó a la Municipalidad de Lima el pago de las deudas pendientes. Sin embargo, “no les importó [su] delicada situación” y argumentaban que “no [le] podían pagar y que esper[ara] hasta que h[ubiera] presupuesto”. Recibe propinas y algunos víveres ayudando esporádicamente a su hermano, quien tiene un puesto de venta de plásticos en el mercado.
En el 2003 la Municipalidad empezó a pagarle por partes la deuda pendiente de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1995. En febrero de 2004, después de una sentencia del Tribunal Constitucional, le pagaron el monto del 30% que le habían descontado en 1996.
El testigo solicitó que “la justicia internacional haga cumplir los fallos judiciales de los pobres y que pueda nuevamente recuperar [sus] derechos”.
3. Yeny Zully Cubas Santos, presunta víctima
Inició sus labores en la Municipalidad de Lima el 1° de junio de 1979 en la Dirección de Contabilidad del Área de Conciliación Bancaria. Al momento de ser despedida tenía el cargo profesional “E”.
El cese se produjo el 29 de marzo de 1996 con una carta notarial, mediante la cual se le remitió copia de la Resolución de Alcaldía N° 423, que la despedía “por causal de excedencia”, por no haberse presentado a la evaluación de personal. A pesar de que en marzo la evaluación había sido suspendida por el mismo alcalde fueron despedidos 186 trabajadores del sindicato.
Interpuso una acción de amparo, junto con treinta compañeros de trabajo. Obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia. Después la Sala de Derecho Público revocó la sentencia, por lo que recurrieron al Tribunal Constitucional, quien “finalmente [les] dio la razón”. Al mismo tiempo el Sindicato había logrado que el Poder Judicial declarara inaplicable la Resolución de Alcaldía que implementaba las evaluaciones.
El Alcalde se negaba a cumplir las sentencias judiciales. Se sintió “frustrada y decepcionada porqu[e] no había justicia”. Recurrieron a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y organismos de derechos humanos.
Tenía 37 años al momento de su despido y tenía dos hijas de 9 y 5 años de edad. Después del despido, tuvo que trasladarlas de colegio.
Debido a su despido tuvo que ejercer varios oficios, como cobradora de unidades de trasporte urbano, cuidado de niños y limpieza de casas. Trabaja como vendedora ambulante en un mercado. Tuvo que alejarse más tiempo de sus hijas y no pudo prestarles la atención necesaria. La testigo y su familia tienen serios problemas de salud, que no han podido atender por razones económicas. Vive en la casa de un familiar y el dinero sólo le alcanza para pagar la luz y el agua. Se siente “mal, cansada, enferma, frustrada y con necesidades económicas que son inalcanzables”.
En mayo de 2003 le adelantaron S/. 500 nuevos soles por los sueldos de octubre, noviembre y diciembre de 1995 que le debían, luego “[l]e terminaron de pagar toda la deuda”.
Ahora “renacen [sus] esperanzas de justicia al saber que este alto tribunal de justicia está analizando [su] caso y [cree] que ahora se cumplirán las sentencias de reposición en el Perú”.
4. Agustín Jimio Huanca, presunta víctima
Su vínculo laboral con la Municipalidad de Lima empezó en el año 1985. Trabajaba en la empresa de limpieza como ayudante de recolección de residuos sólidos. En 1996 perdió su trabajo y su salario, “lo único que tenía para alimentar su familia y educar a [sus siete] hijos”.
Interpuso una acción de amparo, junto con otros compañeros. Después de varios años, el proceso terminó con una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó a la ESMLL que los recontrataran. Sin embargo, la sentencia nunca fue cumplida.
Un año después de ser emitidas las resoluciones judiciales “tenía insomnio, dolores de cabeza, [se] deprimía, [se] sentía triste y sentía cólera”. Actualmente tiene miedo por su salud y por su familia. En 1988 tuvo un accidente en el trabajo. En 1989 el estado de su salud empeoró y tuvo que ser internado. Tuvo tres operaciones en la pierna y “en cada operación [le] cortaban más pierna, porque se seguía pudriendo”. Desde que lo despidieron no tiene seguro social.
Después del despido no tenía dinero para comer, ni para pagar la luz y el agua. Poco tiempo después de su despido, su hijo Juan Miguel tuvo que ser internado durante tres meses porque tenía poliomielitis. Tuvo que “pedir prestado a todo el mundo para sobrevivir y ayudarlo con las medicinas”. Tuvo que trabajar vendiendo golosinas en la calle durante tres años. Debe los pagos de dos meses de agua y luz, y no paga el autoevalúo de su casa desde 1996. Tuvo que dejar de trabajar porque le empeoraron la diabetes y los problemas con la pierna. Sus tres hijos tuvieron que dejar de estudiar.
5. Carmen Esperanza Yaranga Lluya, presunta víctima
Su vínculo laboral con la Municipalidad de Lima empezó en 1981. Trabajaba en la limpieza pública, en el turno de noche. Trabajó hasta el 30 de junio de 1996 cuando, después de terminar sus labores de limpieza, encontró las puertas de la empresa ESMLL cerradas. “[N]o dejaban ingresar a ningún trabajador y [les] dijeron que la empresa había cerrado”.
Al igual que sus compañeros, presentó una acción de amparo. Después de varios años, una sentencia del Tribunal Constitucional ordenó a la ESMLL que los recontratara. La Municipalidad de Lima, que es “dueña de ESMLL”, se negó de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y se dedicó a “atacar a los dirigentes”. Los dirigentes sindicales iniciaron gestiones para que la Municipalidad de Lima cumpla con dicha sentencia. Recurrieron a la Defensoría de Pueblo, a la OIT, al Colegio de Abogados de Lima, y a diferentes organismos de derechos humanos.
Se sentía desesperada porque “necesitaba dinero para comprar útiles de [sus] hijos, alimentarlos y, además, [le] cortaron los servicios de agua y luz durante dos años”. Salía a trabajar en lo que encontrara y donde fuera, y se vio obligada a dejar a sus hijos solos. Como vendedora ambulante trata de ganarse la vida, pero a veces no logra vender nada.
Se vio forzada a “cobrar el monto que ofrecía ESMLL como liquidación”.
En 1999 trabajó con un contrato temporal como trabajadora de limpieza, pero ganaba muy poco y tampoco le pagaron los beneficios sociales. En el 2000 se sentía muy deprimida, hasta el punto que pensó suicidarse. Le diagnosticaron tuberculosis, por lo que estuvo nueve meses en tratamiento sin poder trabajar. En el 2001 la recibieron en la Municipalidad de Jesús María como trabajadora de limpieza.
b) Propuestos por el interviniente común
6. Marcela Teresa Arriola Espino, ex Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Perú
Conoció el caso SITRAMUN mientras ejercía el cargo de Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos y debido a que fue integrante de la Comisión de trabajo para llegar a una solución amistosa, comisión que se conformó mediante Resolución Suprema Nº 015-2003-JUS publicada el 26 de febrero de 2003 en el diario oficial “El Peruano”, a fin de elaborar la propuesta final de solución al caso. La referida Comisión de trabajo estuvo originalmente conformada por un representante del Ministerio de Justicia, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, un representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima y un representante de los peticionarios. Luego, mediante Resolución Suprema N° 075-2003-JUS publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de junio de 2003, se agregaron tres representantes más: un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Educación y un representante del Ministerio de Salud. La testigo era la representante del Ministerio de Justicia y fungió como Presidenta de la referida comisión.
La Comisión de Trabajo se instauró el 16 de abril de 2003. Mientras ejerció la presidencia de la Comisión de Trabajo no se llegó a ninguna solución amistosa. El 4 de julio de 2003 se dieron unas propuestas de solución, tanto por parte del Estado como de los peticionarios. “[E]stas propuestas debían debatirse en el seno de la Comisión a fin de lograr la solución de acuerdo a las posibilidades del Estado peruano y la aquiescencia de los peticionarios”. Entre las propuestas presentadas por los miembros de la Comisión, la Municipalidad Metropolitana de Lima propuso que la indemnización debía tener un carácter global. Cuando la testigo renunció se nombró un nuevo Presidente de la Comisión, quién siguió con el trabajo para lograr una solución amistosa.
7. Wilfredo Castillo Sabalaga, presunta víctima
Para realizar el cálculo de las liquidaciones de los trabajadores mencionadas en los Anexos Nº 17, 18 y 22 del escrito de solicitudes y argumentos ha tomado “como referencia y base la aplicación de 7 sentencias” incluidas en la demanda presentada por la Comisión Interamericana, las cuales no han sido cumplidas por el Perú.
El objeto de las liquidaciones que realizó es que la Corte ordene al Estado: “el pago de la suma de dinero por concepto de deudas pecuniarias con las [presuntas] víctimas”, de acuerdo a lo dispuesto en las referidas sentencias; el pago de la suma de dinero por concepto de indemnización por daño material (salarios caídos) y demás derechos laborales, de acuerdo a lo dispuesto en su jurisprudencia; y “el pago de la deuda devengada incluyendo los intereses legales, de acuerdo a la Ley Nº 25920”.
La liquidación efectuada en el anexo Nº 17 del escrito de solicitudes y argumentos se refiere al pago de la deuda de S/. 24,176.20 “correspondiente al pago de renumeraciones de las [presuntas] víctimas de este caso de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1995, y otros beneficios laborales […], derivado de los Pactos y Convenios Colectivos suscritos entre la Municipalidad de Lima y el SITRAMUN, de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia del 18 de noviembre de 1998, Exp. N° 261-97”. La liquidación se efectuó respecto de 1.548 presuntas víctimas.
La liquidación efectuada en el Anexo N° 18 del escrito de solicitudes y argumentos se refiere al pago de la deuda generada por la diferencia correspondiente a la disminución del 30% de las renumeraciones, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia emitida el 10 de diciembre de 1997 por el Tribunal Constitucional. La liquidación se efectuó a favor de un total de 818 presuntas víctimas.
La liquidación efectuada en el Anexo Nº 22 del escrito de solicitudes y argumentos se refiere “al pago de la indemnización por daño material o salarios caídos, y se ha efectuado de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana”.
Las referidas liquidaciones han sido calculadas incluyendo los intereses legales previstos en la Ley Nº 25920, hasta el 18 de noviembre de 2003.
PERITAJES
a) Propuesto por la Comisión Interamericana
1. Samuel Abad Yupanqui, Adjunto al Defensor del Pueblo en Asuntos Constitucionales
Desde el inicio de funciones en la Defensoría del Pueblo ha podido constatar el elevado número de sentencias incumplidas y cumplidas parcialmente. Entre el 11 de septiembre de 1996 y el 11 de septiembre de 1998 se tramitaron 101 quejas contra diversas entidades estatales. Las sentencias pendientes de ejecución provienen de procesos constitucionales, contencioso administrativos y laborales. En el Perú “el incumplimiento de sentencias ha contado con diversas modalidades. Por un lado se han presentado casos en los que la autoridad se negaba a acatar la sentencia sin ninguna justificación; en otros alegaba carecer del presupuesto para hacerlo o no contar con una plaza vacante […]. También se han presentado casos en los cuales la autoridad aparentemente cumplía con la sentencia pero posteriormente reiteraba la misma agresión contra el demandante”.
El derecho a que las sentencias sean ejecutadas se encuentra contemplado en el artículo 139 de la Constitución peruana de 1993. El principio de legalidad presupuestaria no debe permitir al Estado incumplir sentencias o diferir su ejecución de modo arbitrario. El Tribunal Constitucional del Perú ha indicado que es difícil hablar de la existencia de un Estado de derecho cuando las sentencias y resoluciones judiciales firmes no se cumplen.
El perito indicó que “la legislación vigente y su aplicación no establece un equilibrio armónico entre los derechos fundamentales y el principio de legalidad presupuestaria” y se refirió a las “normas y conductas de la administración estatal que así lo indican”.
“[E]l Poder Ejecutivo –y el Estado en su conjunto- carecen de un registro confiable, actualizado y transparente de todas las sentencias pendientes de ejecución, de las razones que sustentan su no acatamiento, su cumplimiento parcial, el retraso en hacerlo y los montos si se trata de sumas de dinero”. Existe “una voluntad constante del Gobierno y del Congreso por dictar normas que establecen restricciones al cumplimiento de sentencias, que el Tribunal Constitucional ha venido eliminando o precisando”.
“En el presente caso, la Defensoría del Pueblo intervino desde el principio recomendando al Alcalde de Lima que disponga el cumplimiento de las sentencias judiciales que declaran fundada la demanda. Lamentablemente en esta oportunidad no se contó con un resultado favorable y, por ello, presentó un informe de ‘amicus curiae’ tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana”.
Se refirió a los “mecanismos previstos en la legislación peruana para anular o privar del efecto de cosa juzgada a sentencias firmes y ejecutoriadas”, así como a “propuestas técnicas y normativas que pueden coadyuvar al cumplimiento de sentencias por parte de la Administración estatal en el Perú”, haciendo referencia a los lineamientos propuestos por la Defensoría del Pueblo del Perú.
b) Propuesto por el interviniente común
2. Alejandro Silva Reina, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)
Se refirió a la importancia de la efectividad de las sentencias en el ámbito internacional y nacional. El derecho a la efectividad garantiza que las resoluciones judiciales se cumplan y que “la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido”. “[C]omo sucede con todos los derechos fundamentales, el de la efectividad de las resoluciones judiciales tampoco es un derecho absoluto; es decir, que esté exento de condiciones, límites o restricciones en su ejercicio”. Los jueces que dictan las sentencias o quienes son responsables de ejecutarlas “tienen la obligación de adoptar, según las normas y procedimientos aplicables […], las medidas necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento”.
Se refirió al Informe de la Defensoría del Pueblo Nº 19 de octubre de 1998, denominado “Incumplimiento de sentencias por parte de la Administración Estatal”, en el cual indicó que “desde el inicio de sus labores de atención a los ciudadanos hasta el mes de agosto 1998, la Defensoría tramitó 101 quejas presentadas contra diversos entes estatales por incumplimiento de sentencias firmes en su contra”.
Se refirió a los principales derechos constitucionales afectados por la falta ejecución de sentencias ante el incumplimiento de entidades estatales, entre otros la afectación al derecho de la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al derecho a la igualdad.
B) PRUEBA TESTIMONIAL
188. El 20 de septiembre de 2005 la Corte recibió en audiencia pública la declaración de tres testigos propuesto por el interviniente común y por el Estado (supra párr. 64). A continuación se resumen las partes relevantes de dichos testimonios.
TESTIMONIOS
a) Propuesta por el interviniente común de los representantes
1. Corina Antonieta Tarazona Valverde, ex-trabajadora de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL)
Trabajó en la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima desde 1980 hasta 1996. En 1996 un día fue a trabajar y la empresa estaba cerrada. Les impidieron el ingreso a la empresa a ella y a sus compañeros de trabajo. No recibió ningún documento cuando la despidieron. No fue informada de que se hubiera iniciado ningún proceso de liquidación de la empresa. Los representantes de la ESMLL les manifestaron que “no ha[bía] trabajo para [ellos]”. Ella “era el sostén de [su] hogar” y tenía cinco hijos.
Interpusieron una acción de amparo y el Tribunal Constitucional del Perú les dio la razón y ordenó la reposición laboral. No se ha hecho efectiva dicha reposición y tampoco ha recibido ningún tipo de beneficio luego de ser despedida de la ESMLL. Trabaja lavando ropa porque no consiguió ningún trabajo en el sector formal.
b) Propuestos por el Estado
2. César Lino Azabache Caracciolo, ex integrante de la Procuraduría Anticorrupción
Trabajó en la Procuraduría Anticorrupción desde noviembre de 2000, cuando fue creada, hasta febrero de 2002. Tuvo a su cargo los casos vinculados a narcotráfico y a violaciones de derechos humanos, así como los relacionados con compras de equipos militares y la preparación de los casos de corrupción vinculados a la “red de Montesinos” con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Se refirió a la creación de la Procuraduría Anticorrupción, debido a la crisis política que se dio en noviembre de 2000 en el Perú, provocada por el hallazgo de videos que ponían en evidencia las relaciones de corrupción que el señor Montesinos Torres, en ese entonces funcionario y asesor más importante del Presidente Fujimori, mantenía con determinadas personas de la comunidad política, así como porque se encontraron cuentas clandestinas del señor Montesinos Torres. El entonces Ministro de Justicia promovió la formación de un equipo de abogados que se hiciera cargo de los casos que había que promover contra el señor Montesinos Torres, ya que era de conocimiento público que éste ejercía formalmente control sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Dado que las fiscalías estaban bajo dicho control se consideró necesario crear una procuraduría especial.
Indicó que el señor Montesinos Torres tenía influencia en el Poder Judicial. A partir de 1995 se realizó una “reforma judicial”, que permitió la creación de órganos de gobierno distintos a los que establecían las leyes orgánicas. Se dio el nombramiento de jueces provisionales por algunos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, “como indicios de una red tejida alrededor de Montesinos Torres”. En 1997 el señor Montesinos Torres “digitó una re-configuración” de las Salas de Derecho Público, encargadas de resolver los recursos de hábeas corpus y amparo, e “impuso a una serie de personas que luego fueron encontradas en evidencia de recibir pagos ilegales permanentes de Montesinos Torres”. Se crearon dos juzgados y una sala de derecho público.
Una de las primeras evidencias sobre las relaciones entre el señor Montesinos y miembros del Poder Judicial fue un fax remitido a dicho señor desde la fiscalía antidrogas, en el cual se le solicitaba que cumpliera con pagar las remesas mensuales. Asimismo hay una serie de declaraciones rendidas por miembros de “la organización” que se acogieron a las reglas de colaboración eficaz y por funcionarios de menor categoría sin capacidad real de aporte delictivo. Hay aproximadamente 39 ex magistrados procesados y tres procesos judiciales principales. Se ha condenado a un ex miembro del Tribunal Constitucional, a un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y a la ex Fiscal de la Nación. Todos los magistrados que resolvieron acciones de garantía constitucional después de marzo de 1997 se encuentran actualmente procesados. Dentro de los magistrados procesados están comprendidos miembros de la Corte Suprema, la Fiscal de la Nación, miembros del Jurado Nacional de Elecciones y miembros del Tribunal Constitucional.
En su trabajo como procurador “no llegó a perfeccionarse” una evidencia de conexión entre dicha red de corrupción en el Poder Judicial con los casos que presentaron los ex trabajadores del Municipio de Lima vía amparo. Aproximadamente en enero de 2001 una de las secretarias de Montesinos Torres declaró ante una fiscalía sobre la entrega de dinero para sostener activistas en contra de quien entonces era el alcalde de Lima, aunque no precisó a quiénes se entregaba dinero ni las agrupaciones a las que se apoyaba. Mientras el testigo trabajó en la Procuraduría Anticorrupción “sólo se había logrado obtener esa declaración” de la ex secretaria de Montesinos. Durante la gestión del testigo no hubo evidencia de intervención del señor Montesinos en los procesos de amparo que conocían los magistrados de Derecho Público, ni encontraron “ninguna evidencia directa sobre los expedientes en concreto del caso SITRAMUN”. Sin embargo, en esa época la Procuraduría Anticorrupción trataba de buscar “vinculaciones directas entre la organización de Montesinos Torres y los jueces individualmente considerados”.
Los jueces de la Sala de Derecho Público, los dos jueces especializados y los tres vocales que conformaban el tribunal de apelación de la Sala de Derecho Público, quienes conocían de los recursos de amparo, están ahora procesados en función a las evidencias que se hallaron sobre una planilla clandestina de pagos permanentes a jueces provenientes de cuentas secretas que manejaba el Servicio de Inteligencia Nacional.
3. Enrique Alberto Zileri Gibson, periodista y director de la Revista Caretas
El señor Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia del Gobierno de Fujimori, “arreglaba” muchos temas, entre ellos la reelección por segunda vez del presidente Fujimori. Se atacaba a quienes pudieran constituirse en candidatos potenciales a la Presidencia. Una de las estrategias para lograr ese cometido era desacreditar a los rivales, uno de ellos era el entonces alcalde de Lima, señor Alberto Andrade. Esto se debió al prestigio que había adquirido como alcalde, lo cual lo convertía en un enemigo del régimen.
Durante el régimen de Fujimori se creó un sistema de extorsión para dominar los medios de comunicación, en particular las televisoras. Muchos medios de comunicación se dedicaban a insultar y difamar a los principales adversarios del régimen. Si alguna de las personas víctimas de las difamaciones y de los insultos decidía acudir al Poder Judicial se rechazaba la causa al estar este poder controlado por Montesinos. El señor Montesinos “enjuició a la revista Caretas” al inicio de su gobierno, debido a los antecedentes negativos de Fujimori que hicieron notar. Fueron “sentenciados” porque en esas circunstancias no había como ganar un juicio, pero “al terminar el régimen fue revisado y anulado”.
El local de la revista Caretas colinda con la Municipalidad de Lima. Ambas se encuentran en la Plaza de Armas. La ubicación de la revista le permitía ser testigo de las manifestaciones del SITRAMUN, las que llamaban la atención, “no solo por la recurrencia y el grado de vandalismo sino por la actitud policial”. Mientras la policía era severa en otras situaciones, con las manifestaciones del SITRAMUN era pasiva. Se refirió a manifestaciones ocurridas en el año 2000. Se dio la quema de llantas permanente, la utilización de megáfonos, el asalto a la casa del alcalde, la acción tardía de la policía. Les pareció que era evidente un tipo de operación política destinada a mermar la presencia o la imagen de un candidato, y por ello dedicaron algunas notas periodísticas al respecto.
C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Valoración de la Prueba Documental
189. En este caso, como en otros , el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.
190. En cuanto a los documentos remitidos como prueba, aclaraciones y explicaciones para mejor resolver (supra párrs. 69, 72, 73, 74, 77, 104, 106 y 110), la Corte los incorpora al acervo probatorio del presente caso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento, tomando en cuenta las observaciones presentadas por las partes (supra párrs. 86, 88, 89, 90, 93, 97 y 108).
191. En relación con las declaraciones juradas no rendidas ante fedatario público por siete testigos propuestos por la Comisión y por el interviniente común y por un perito propuesto por el interviniente común, la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la Resolución del Presidente de 1 de agosto de 2005 y las aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en consideración las objeciones del Estado. El Tribunal ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes . Además, la Corte admite el desistimiento realizado por la Comisión de la presentación del peritaje del señor Josmell Muñoz Córdoba (supra párr. 58).
192. El Estado objetó la declaración jurada del perito Samuel Abad Yupanqui, presentada por la Comisión el 13 de septiembre de 2005 (supra párrs. 60 y 65), debido a que, inter alia, “la variación intempestiva de la forma de la pericia, que convirtió una exposición oral en un simple escrito, ha reducido […] la capacidad de defensa del Estado[, …el que] hubiera tenido la opción y el derecho de solicitar precisiones al perito” durante la audiencia pública. Al respecto, la Corte estima que el dictamen del señor Abad Yupanqui puede contribuir a la determinación, por parte de la Corte, de los hechos en el presente caso en cuanto concuerde con el objeto que fue definido en la Resolución del Presidente de 1 de agosto de 2005 (supra párr. 51), y por ello lo valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado (supra párr. 65). Respecto de la imposibilidad de “solicitar precisiones al perito” por la modalidad escrita de la declaración pericial en referencia, la Corte reitera lo señalado anteriormente en el sentido de que la presentación de testimonios o peritajes a través de una declaración jurada escrita rendida o no ante fedatario público no permite a las partes “contrainterrogar” a los peritos o testigos declarantes, sino que, tal como lo realizó el Estado en su escrito de 26 de septiembre de 2005 respecto de la declaración del perito Abad Yupanqui (supra párr. 65), se cuenta con la oportunidad procesal para presentar las observaciones que consideren pertinentes, de conformidad con el principio del contradictorio .
193. En cuanto al disco compacto presentado por el Estado previo a la celebración de la audiencia pública (supra párr. 63), la Corte lo agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento. Sin embargo, el Tribunal apreciará el contenido del referido disco compacto dentro del contexto del acervo probatorio, tomando en cuenta las observaciones presentadas por el interviniente común y por la Comisión, así como que contiene un video editado por el Estado (supra párrs. 70 y 71).
194. Por otra parte, el Estado presentó prueba en relación con un hecho superviniente a la presentación de la demanda (supra párrs. 94 y 98), de conformidad con el artículo 44.3 del Reglamento, por lo cual la Corte los admite como prueba, tomando en cuenta las observaciones presentadas por las partes (supra párrs. 102, 103 y 105), y los valora en el conjunto del acervo probatorio .
195. En cuanto a las solicitudes del Estado relacionadas con las declaraciones de las señoras María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi Pinchi (supra párrs. 45, 47 y 87), después de recibir la prueba rendida en la audiencia pública, los alegatos finales orales y escritos de las partes y otras pruebas supervinientes presentadas por el Perú, este Tribunal considera que, teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio recabado en el presente caso y las observaciones presentadas por la Comisión y por el intervinente común (supra párrs. 48 y 49), no es pertinente ni necesario acceder a las solicitudes del Estado, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento de la Corte.
196. La Comisión presentó objeciones al escrito y sus anexos presentado “en calidad de amicus curiae” por el Procurador Público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en representación de ésta (supra párr. 52), dado que se trata del órgano al cual se le imputa el incumplimiento de las sentencias y el Procurador Público de la Municipalidad fue acreditado por el Estado para participar en la audiencia pública (supra párr. 62). Al respecto, la Corte lo admite, por cuanto sus anexos contienen información útil y relevante sobre los hechos del presente caso, tomando en cuenta las objeciones presentadas por la Comisión. Por lo tanto, se agrega al acervo probatorio, conforme al artículo 45.1 del Reglamento.
197. En cuanto al escrito y sus anexos que presentó la Defensoría del Pueblo del Perú el 29 de abril de 2005 en calidad de amicus curiae (supra párr. 42), la Corte los considera útiles y valora dichos documentos en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado y que fue remitido por una institución estatal peruana . Por lo tanto, se agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento.
198. La Corte estima útiles los escritos y documentos presentados por la Comisión correspondientes a grupos de presuntas víctimas que no se encontraban representados por el inteviniente común (supra párrs. 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 92), cuya autenticidad o veracidad no fueron puestas en duda, por lo cual este Tribunal los agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento.
199. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal ha considerado que podrían ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso .
200. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio del presente caso la Ley No. 27.803 de 28 de julio de 2002, ya que resulta útil para la resolución del presente caso.
201. Mediante Resolución de 6 de febrero de 2006 (supra párr. 114) la Corte decidió desestimar la solicitud de nueva audiencia realizada por el Estado en el escrito que presentó el 27 de enero de 2006, así como el nuevo alegato expuesto en el mismo en relación con el reconocimiento de responsabilidad efectuado ante la Comisión (supra párr. 109).
202. La Corte considera que el escrito presentado por el Estado el 30 de enero de 2006 sobre “[e]xpedientes judiciales archivados por abandono” (supra párr. 110) es extemporáneo, por lo que no lo agregó al acervo probatorio del caso.
Valoración de la prueba testimonial
203. En relación con las declaraciones rendidas por la testigo propuesta por el intervinivente común y por los testigos propuestos por el Estado (supra párrs. 64 y 188) la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio establecido por el Presidente mediante su Resolución de 1 de agosto de 2005 (supra párr. 51), y les reconoce valor probatorio, tomando en cuenta las observaciones realizadas por las partes. Este Tribunal estima que el testimonio de la señora Corina Antonieta Tarazona Valverde (supra párrs. 64 y 188), que resulta útil en el presente caso, no puede ser valorado aisladamente por tratarse de una presunta víctima y tener un interés directo en este caso, sino debe serlo dentro del conjunto de las pruebas del proceso .
VIII
HECHOS PROBADOS
204. Con fundamento en las pruebas aportadas y considerando las manifestaciones formuladas por las partes, así como el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Perú (supra párrs. 169 a 180), la Corte considera probados los siguientes hechos:
A) RESPECTO DE LOS CESES O DESPIDOS POR EVALUACION O EXCEDENCIA
204.1. El 28 de diciembre de 1992 se promulgó el Decreto Ley No. 26093, mediante el cual se dispuso que los titulares de los Ministerios e Instituciones Públicas Descentralizadas “deberán cumplir con efectuar semestralmente programas de evaluación de personal”, pudiendo cesar por causal de excedencia a quienes no calificaran en dicha evaluación .
204.2. El 29 de diciembre de 1992 la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima (SITRAMUN-Lima), celebraron un “Acta de Excepción” o pacto colectivo, en el cual la Municipalidad se comprometía a “respetar la estabilidad laboral y la carrera administrativa del trabajador permanente” .
204.3. El 12 de diciembre de 1995 se promulgó la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente a 1996, Ley No. 26553 , cuya octava Disposición Transitoria y Final incluía a los gobiernos locales dentro de los alcances de la Ley No. 26093 (supra párr. 204.1), por lo que autorizaba a los gobiernos municipales a iniciar procesos de evaluación y clasificación de sus empleados y trabajadores .
204.4. El 28 de enero de 1996 se publicó la Resolución de la Alcaldía de Lima No. 033-A-96 de 16 de enero de 1996 que dispuso el Programa de Evaluación del Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en aplicación de lo dispuesto por la Ley No. 26553 de 1995 y el Decreto Ley No. 26093 de 1992 (supra párrs. 204.3 y 204.1) y se aprobaron las Bases del referido programa, contenidas en su anexo 1. Según lo resuelto, dicho programa comprendía a “todo el personal, directivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, obreros y empleados” .
204.5. En las Bases del referido Programa de Evaluación se fijaron los días 22 de marzo y 12 de abril de 1996 como fecha para los exámenes de empleados y obreros, respectivamente. Además, se estableció que “los trabajadores que no califiquen en el proceso evaluativo, así como aquellos que decidan no someterse a la evaluación dispuesta y/o no se presenten a rendir los exámenes respectivos, serían cesados por causal de excedencia de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley No. 26093” . Las mencionadas Bases no fueron publicadas antes de las referidas fechas previstas para las evaluaciones .
204.6. El proceso de evaluación fue encargado a la Universidad Privada San Martín de Porres, mediante Resolución de la Alcaldía de Lima No. 4102-96 .
204.7. La Municipalidad de Lima no realizó las evaluaciones programadas para el 22 de marzo de 1996 (supra párr. 204.5) .
204.8. El 25 de marzo de 1996 algunos trabajadores manifestaron por escrito no haberse presentado voluntariamente el día programado para la evaluación y que reiteraban su voluntad de no acceder a la evaluación .
204.9. El 27 de marzo de 1996 la Municipalidad de Lima emitió diversas Resoluciones de Alcaldía cesando por causal de excedencia a trabajadores presuntas víctimas de este caso, por haber manifestado su voluntad de no presentarse a las evaluaciones .
204.10. La Municipalidad de Lima reprogramó el cronograma de evaluaciones correspondiente al primer semestre del año 1996. Dicho proceso evaluativo culminó el día 6 de octubre de 1996 , dando lugar a nuevos despidos .
204.11. Muchos de los trabajadores despedidos por excedencia interpusieron acciones de amparo -personalmente o representados por el SITRAMUN, a fin de que se dejaran sin efecto las referidas resoluciones de despido de la Alcaldía de 27 de marzo de 1996 (supra párr. 204.9) y la Resolución de Alcaldía No. 033-A-96 (supra párr. 204.4) .
204.12. Dichos amparos finalmente fueron declarados fundados mediante dos sentencias emitidas por la Sala Especializada de Derecho Público el 6 de febrero y 6 de junio de 1997 y dos emitidas por el Tribunal Constitucional el 9 de abril y 20 de agosto de 1999 , las cuales se detallan en los siguientes párrafos.
204.13. El 6 de febrero de 1997 la Sala Especializada de Derecho Público emitió una sentencia, en la cual declaró “inaplicables a los demandantes la Resolución de Alcaldía No. 033-A-96 […] de 16 de enero de 1996” (supra párr. 204.4). La referida Sala se fundamentó en que
[…] la no publicación del anexo 01 de la resolución municipal examinada, que [..] contenía las bases aprobadas del Programa de Evaluación de Personal, constituye una violación al […] principio de publicidad […;] la demandada no ha demostrado que por cualquier otra forma los trabajadores hayan tomado conocimiento de las bases [… L]o glosado amerita se ampare el derecho de los demandantes a ser debida y oportunamente informados de todo acto que de cualquier manera pueda afectar su derecho a permanecer en el trabajo libremente escogido […] .
204.14. El 13 de junio de 1997 el Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Lima emitió una resolución en la cual requirió al representante legal de la Municipalidad de Lima “que deje sin efecto los alcances de la Resolución de Alcaldía 0-33 de 16 de enero de 1996, con respecto a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de dicha Municip[alidad] afectados por dicha norma municipal, y en el plazo de tres días se les reponga en sus labores en las mismas condiciones y situación en que se encontraban hasta antes del acto violatorio materia de la demanda, si es que hubiesen sido cesados” . La Municipalidad demandada formuló oposición a dicho requerimiento, basada en que “la Ley de Presupuesto del Sector Público para 1997 dispone como norma de austeridad la prohibición de efectuar nombramientos, [y …] prohíbe toda creación, modificación o recategorización de plazas […]” . Mediante decisión de 31 de marzo de 1998 la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público declaró infundada la oposición formulada por la Municipalidad de Lima, con base en que
el Municipio no puede argumentar las prohibiciones de la Ley de Presupuesto de 1997 para excusarse de cumplir una resolución judicial con autoridad de cosa juzgada […;] doctrinariamente se reconoce que la conducta determinada en la Cosa Juzgada prevalece sobre la conducta determinada en la ley [, sino] la seguridad jurídica simplemente no existiría […] .
La referida Sala ordenó “que la accionada cumpla con reponer a los trabajadores demandantes conforme a lo ordenado” .
204.15. El 13 de junio de 1996 treinta trabajadores despedidos interpusieron acción de amparo a fin de que se los reincorporara en sus labores. El 6 de junio de 1997 la Sala Especializada de Derecho Público emitió una sentencia, en la cual declaró “sin efecto los despidos efectuados por la Municipalidad de Lima Metropolitana” y ordenó la “reincorporación de los [30] accionantes en sus funciones habituales de trabajo; abonándoseles sus remuneraciones y demás beneficios dejados de percibir en el lapso de tiempo que dure su despido” . La referida Sala se fundamentó en que
[…] las bases de dicho concurso de evaluación no fueron publicadas, por tanto los accionistas desconocían que dicha infracción constituiría una causal de cese prevista en las bases contenidas en el anexo 01 de la Resolución 033-A-96 […;] el Decreto Ley 26093 […] no contempla como otra causal el hecho de no presentarse a dicha evaluación […;] el cese ordenado en el presente caso, no fue un acto previsto en la Ley, por lo que constituye un despido arbitrario […].
204.16. En la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 9 de abril de 1999 se declaró “inaplicable a los [7] demandantes las Resoluciones de Alcaldía Nº 461, 501, 523, 511, 448, 398 y 436 de fecha 27 de marzo de 1996 [que ordenaron sus despidos]” y se ordenó a la Municipalidad de Lima que “los reponga en los cargos que venían ocupando u otros de igual nivel, sin el pago de remuneraciones por el tiempo no laborado” .
204.17. En la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 20 de agosto de 1999 se declaró “inaplicable a los [33] demandantes las Resoluciones de Alcaldía Nº 421, 416, 395, 563, 485, 545, 423, 465, 447, 437, 531, 539, 391, 471, 396, 527, 541, 420, 406, 388, 513, 407, 400, 499, 434, 530, 458, 417, 498, 441, 399, 456 y 507 de fecha 27 de marzo de 1996 [que ordenaron sus despidos]” y se ordenó a la Municipalidad de Lima que “los reponga en los cargos que venían ocupando u otros de igual nivel, sin el pago de remuneraciones por el tiempo no laborado” .
204.18. El argumento en el que se basó el Tribunal Constitucional para declarar fundadas las acciones de amparo en las sentencias de 9 de abril y 20 de agosto de 1999 (supra párr. 204.16 y 204.17) fue que, a pesar de que en las Bases para el Programa de Evaluación estaba previsto que los trabajadores “que decidan” no someterse a la evaluación dispuesta serían cesados por causal de excedencia, al no haberse llevado a cabo los exámenes, no cabía la calificación para el cese por causal de excedencia .
204.19 El 28 de enero de 2000 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado de Derecho Público emitió una Resolución, por medio de la cual requirió a la Municipalidad de Lima que diera cumplimiento con lo ejecutoriado en la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de agosto de 1999 (supra párr. 204.17) .
204.20. El 4 de noviembre de 1996 la Municipalidad Metropolitana de Lima expidió la Resolución de Alcaldía No. 3364, en la que dispuso un nuevo programa de evaluación del personal de la dicha Municipalidad, correspondiente al segundo semestre de 1996, fijó los días 11 al 15 de noviembre de 1996 para la evaluación de los empleados y el día 18 de noviembre de 1996 para la evaluación de los obreros, y aprobó las Bases para el referido programa de evaluación contenidas en el anexo 1 de la Resolución. Dicha Resolución y su anexo 1 fueron publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 9 de noviembre de 1996 .
204.21. En el marco de los programas de evaluación que se llevaron a cabo en el segundo semestre de 1996, el 5 de diciembre de 1996 la Municipalidad de Lima emitió la Resolución de Alcaldía No. 3776, mediante la cual cesó por causal de excedencia a 318 trabajadores por no haber “calificado en el referido proceso evaluatorio”, “de acuerdo a lo dispuesto en las citadas Bases del Programa de Evaluación de la Municipalidad Metropolitana de Lima” .
204.22. De los trabajadores despedidos, 68 interpusieron acciones de amparo solicitando, inter alia, que se declarara inaplicable la Resolución de Alcaldía No. 3776 (supra párr. 204.21) y todos los demás actos administrativos que de ella se derivaran. Finalmente dichos amparos fueron declarados fundados mediante dos sentencias de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de 23 de septiembre de 1998 y de 23 de junio de 1999 . Las sentencias de la Sala declararon “la inaplicablidad de la Resolución de Alcaldía No. 3776 respecto de los [174] demandantes [y] litisconsortes” y ordenaron que “la emplazada reponga a todos ellos en sus puestos de trabajo, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y beneficios que gozaban hasta el momento de sus ceses; dejando a salvo el derecho de los actores y litisconsortes para que exijan en la vía correspondiente el pago de sus remuneraciones y demás beneficios dejados de percibir desde la fecha de su cese hasta su reposición efectiva”. El argumento en que se basó la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público para declarar fundadas las acciones de amparo de los trabajadores fue el siguiente:
la Municipalidad no ha respetado el plazo imperativo establecido en el Decreto Ley 26093, en el sentido de que las evaluaciones se aplicarían con periodicidad semestral, pues la evaluación del primer semestre culminó en el mes de octubre y la segunda evaluación -correspondiente al segundo semestre de 1996- se inició en noviembre.
204.23 El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado de Derecho Público, a cargo de la ejecución de las sentencias de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de 23 de septiembre de 1998 y de 23 de junio de 1999, mediante Resoluciones de 23 de noviembre de 1998 y 5 de octubre de 1999, requirió a la Municipalidad de Lima que diera cumplimiento con lo ejecutoriado en dichas sentencias .
204.24. La Municipalidad Metropolitana de Lima formuló tres oposiciones a la ejecución de la sentencia de 23 de septiembre de 1998, las cuales fueron declaradas infundadas por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público mediante decisiones de 4 y 11 de junio y de 6 de agosto de 1999 . La referida Sala se basó, inter alia, en que:
el Municipio no puede argumentar las prohibiciones de la Ley de Presupuesto de 1998 para excusarse de cumplir una resolución judicial con autoridad de cosa juzgada […;] doctrinariamente se reconoce que la conducta determinada en la Cosa Juzgada prevalece sobre la conducta determinada en la Ley, con la cual quedaría invalidada la Cosa Juzgada […].
para reponer las cosas al estado anterior se tiene que reincorporar a los trabajadores demandantes en sus centros de labores; y no cabe admitir la imposibilidad de la misma formulando oposición acogiéndose a la norma de austeridad, puesto que tal imposibilidad sólo se produciría cuando la agresión se convierte en irreparable; lo que no ha sucedido ya que de haber sido así la demanda habría devenido en improcedente y la misma sería advertida por los juzgadores […].
204.25. El 4 de julio de 1997 la Municipalidad de Lima dictó la Ordenanza No. 117 “que regula la evaluación y la reposición del personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las Municipalidades distritales de la provincia de Lima”, en cuyo artículo 4º dispuso que “el personal municipal que se incorpore a la carrera administrativa por cualquier causa o motivo, incluyendo su reincorporación o reposición por mandato judicial y que no haya sido evaluado en cumplimiento del Decreto Ley No. 26093 en el año 1996 o cuya evaluación haya sido dejada sin efecto, deberá ser sometido a evaluación, para lo cual los titulares dictarán las normas necesarias […]”. Mediante Resolución No. 3746 de 21 de octubre de 1997 se aprobaron las Bases del Programa de Evaluación del personal reincorporado de la Municipalidad Metropolitana de Lima .
204.26. El 19 de enero de 1998 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público declaró “fundada la demanda de acción de amparo interpuesta por el SITRAMUN en representación de los trabajadores afiliados y en consecuencia […] INAPLICABLES para el Sindicato demandante y sus afiliados la Ordenanza [No. 117], la Resolución de Alcaldía [No. 3746 …] y todos los actos que de ellas se deriven, reponiendo las cosas al estado anterior a su emisión”. Esta sentencia fue confirmada el 27 de julio de 1998 por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público .
204.27. El 7 de enero de 2002 el 63º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso remitir el Expediente Nº 3010-97, en el que fue expedida la sentencia de 27 de julio de 1998 (supra párr. 204.26), al Depósito Transitorio de los Juzgados Civiles para su “archivamiento temporal”, “habiendo transcurrido más de cuatro meses de inactividad procesal” .
204.28. El 23 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial la Ley No. 27487 “que deroga el Decreto Ley No. 26093 y autoriza la conformación de Comisiones encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en el Sector Público” . En su artículo 3 sobre “Ceses colectivos en el sector público y gobiernos locales” estableció que:
Las instituciones y organismos públicos, las empresas del Estado no sujetas a procesos de promoción de la inversión privada, así como los gobiernos locales y las empresas municipales, en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la vigencia de la presente Ley, conformarán Comisiones Especiales integradas por representantes de éstas y de los trabajadores, encargadas de revisar los ceses colectivos de personal amparados en procedimientos de evaluación de personal efectuados al amparo del Decreto Ley Nº 26093 o en procesos de reorganización autorizados por norma legal expresa.
Asimismo, estableció que las Comisiones Especiales debían elaborar “un informe que contenga la relación de trabajadores que han sido cesados irregularmente, si los hubiera, así como las recomendaciones y sugerencias a ser implementadas por el Titular del Sector o gobierno local”.
204.29. Las Comisiones Especiales conocían sólo las solicitudes de revisión presentadas por los trabajadores cesados, dentro del plazo establecido .
204.30. El 12 de diciembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley No. 27586, mediante la cual se estableció la creación de una Comisión Multisectorial, conformada por: representantes de los Ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo, de Salud y de Educación; un representante del Ministro de la Presidencia; cuatro representantes de las Municipalidades Provinciales; el Defensor del Pueblo y tres representantes de las Confederaciones Nacionales de Trabajadores. La Comisión Multisectorial podía revisar las razones que motivaron los despidos y determinar los casos en que se adeudara el pago de remuneraciones o beneficios sociales devengados e insolutos, siempre que tales aspectos no hubiesen sido materia de reclamación judicial .
204.31. En marzo de 2002 la Comisión Multisectorial emitió su informe final, en el cual expuso sus recomendaciones y propuso que se creara un “Registro Nacional de Extrabajadores del Sector Público cesados irregularmente”, basado en la información sobre extrabajadores cesados irregularmente que debía entregar cada entidad del sector público donde laboraron .
204.32. Mediante Ley No. 27803 de 28 de julio de 2002 “que implementa las recomendaciones derivadas de las Comisiones creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586”, se dispuso que los trabajadores cuyos ceses o despidos fuesen determinados como irregulares tendrían derecho a optar alternativa y excluyentemente entre: su reincorporación o reubicación laboral, la jubilación adelantada, una compensación económica o capacitación y reconversión laboral, y se creó el “Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente” .
204.33. Los días 22 de diciembre de 2002, 27 de marzo de 2003 y 24 de diciembre de 2003 se publicaron el primer, el segundo y el último listado de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes Nº 27452, Nº 27586 y Nº 27803 .
B) RESPECTO DE LOS DESPIDOS POR PARTICIPACIÓN EN MANIFESTACIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS
204.34. El 11 y 22 de marzo de 1996 algunos trabajadores de la Municipalidad de Lima realizaron manifestaciones en protesta al Programa de Evaluación de Personal (supra párr. 204.4 y 204.5). Mediante Resoluciones de Alcaldía No. 308 de 15 de marzo de 1996 y No. 372 de 22 de marzo de 1996 se procedió a instaurar procesos administrativos disciplinarios a varios trabajadores. Posteriormente, la Municipalidad dictó las Resoluciones de Alcaldía No. 625 de 10 de abril de 1996 y No. 638 de 12 de abril de 1996, destituyendo a los trabajadores .
204.35. Once trabajadores despedidos interpusieron acciones de amparo, alegando que habían sido destituidos sin observar el procedimiento establecido en el Reglamento de la Carrera Administrativa .
204.36. En enero y febrero de 1996 la Oficina de Personal de la Municipalidad de Lima emitió oficios, en relación con la supuesta extracción o retiro de tarjetas de control de asistencia de varios trabajadores. Mediante Resolución de Alcaldía No. 297 de 13 de marzo de 1996 se procedió a instaurar procesos administrativos disciplinarios a los trabajadores que supuestamente habrían cometido las faltas. Posteriormente, la Municipalidad dictó la Resolución de Alcaldía No. 680 de 25 de abril de 1996, destituyendo a dichos trabajadores. Cuatro de los trabajadores despedidos interpusieron acciones de amparo, alegando que habían sido destituidos sin observar el debido procedimiento .
204.37. El 18 de noviembre y 21 de diciembre de 1998 y el 9 de abril de 1999 el Tribunal Constitucional emitió tres sentencias, en las cuales declaró fundadas las referidas acciones de amparo (supra párr. 204.35 y 204.36) e inaplicables para 14 de los 15 demandantes las Resoluciones de Alcaldía que ordenaron sus despidos, y ordenó a la Municipalidad de Lima reponerlos en el cargo que ocupaban u otro de igual nivel “sin reintegro de haberes dejados de percibir”. En cuanto al fundamento de dichas decisiones, el Tribunal Constitucional indicó que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios no se pronunció en los procesos administrativos instaurados por la Municipalidad de Lima contra los demandantes, como debía hacerlo de acuerdo a los artículos 152 y 166 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, por lo que se violó el derecho al debido proceso. Además, en la citada sentencia de 21 de diciembre de 1998 el Tribunal Constitucional agregó que el informe de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios presentado en ese proceso fue emitido con posterioridad a la fecha de expedición y publicación de la Resolución de Alcaldía que dispuso la destitución del demandante, así como también indicó que se violó el derecho al trabajo. Asimismo, en las sentencias de 18 de noviembre de 1998 y 9 de abril de 1999 el Tribunal Constitucional señaló que “es durante todo el desarrollo del proceso que el demandante está facultado para ejercer su derecho de defensa y no solamente en una parte del mismo” .
204.38. Los días 9 y 15 de noviembre de 1999 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público emitió dos Resoluciones, mediante las cuales requirió a la Municipalidad de Lima que diera cumplimiento a las sentencias que emitió el Tribunal Constitucional los días 18 de noviembre de 1998 y 9 de abril de 1999 (supra párr. 204.37) .
C) RESPECTO DE LOS CESES O DESPIDOS POR DECLARATORIA ILEGAL DE HUELGA
204.39. El SITRAMUN- Lima convocó a sus afiliados a un cese general de actividades para el día 13 de marzo de 1996, el cual fue declarado improcedente mediante Resolución de Alcaldía No. 239 de 8 de marzo de 1996, bajo amenaza de sanción administrativa para los que participaran en la huelga. El sindicato prorrogó la realización de la huelga para el 15 de marzo de 1996. El 14 de marzo de 1996 la Municipalidad emitió la Resolución de Alcaldía No. 305, mediante la cual comprendió dentro de los alcances y efectos de la Resolución No. 239 la prórroga del plazo de inicio de la huelga. El sindicato prorrogó nuevamente el inicio de la huelga para el 1 de abril de 1996. Mediante Resolución de Alcaldía No. 575 de 1 de abril de 1996, se comprendió dentro de los alcances y efectos de la Resolución No. 239 la nueva prórroga del plazo de inicio de la huelga, ratificando su declaratoria de improcedencia. Asimismo, en dicha Resolución No. 575 se resolvió:
declarar ilegal la huelga convocada por el denominado “Sitramun-Lima” y el señor Hinostroza Alejandro Rimari que se viene materializando desde el día 29 de marzo de 1996[, … y] declarar que los servidores que se plieguen a dicha ilegal paralización cometerán falta grave disciplinaria por lo que se les impondrá la sanción correspondiente […] .
204.40. El 1 de abril de 1996 se inició la huelga que había sido convocada por el SITRAMUN .
204.41. En abril y mayo de 1996 la Municipalidad de Lima emitió diversas Resoluciones, mediante las cuales procedió a instaurar procesos administrativos disciplinarios a los trabajadores que participaron en la huelga . Posteriormente, la Municipalidad dictó Resoluciones de Alcaldía, destituyendo a los trabajadores .
204.42. El SITRAMUN-Lima interpuso una acción de amparo contra la Municipalidad de Lima. Mediante sentencia de 13 de diciembre de 1996, el Sexto Juzgado Civil de Lima declaró fundada la acción de amparo, ordenando que se dejara “sin efecto legal la Resolución No. 575 de 1 de abril de 1996 […] que declara ilegal la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima (SITRAMUN) iniciada el primero de abril del presente año como las demás disposiciones que contiene, con reintegro de remuneraciones para los trabajadores que se hubieren visto afectados”. El referido juzgado indicó que
la Resolución de alcaldía [No. 575 …] fue objeto de apelación por el Sindicato […,] sin que se haya probado que la misma hubiere sido resuelta por el ente empleador, de modo que no puede considerarse que la resolución citada haya quedado consentida o ejecutoriada; no obstante lo expuesto, se ha venido ejecutando lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución impugnada, esto es se ha[n] aperturado procesos administrativos disciplinarios a gran número de servidores del municipio […,] en el caso sub-litis no existió sentencia consentida o ejecutoriada ni requerimiento previo a los trabajadores para el reingreso a su centro laboral, deviniendo improcedente la apertura de Procesos Administrativos Disciplinarios […].
Dicha sentencia fue confirmada por la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público el 16 de noviembre de 1998 .
204.43. Los trabajadores despedidos interpusieron acciones de amparo contra la Municipalidad Metropolitana de Lima con el objeto de que se declararan inaplicables y sin efectos las Resoluciones de Alcaldía que resolvieron sus respectivas destituciones. Dichos amparos fueron declarados fundados mediante tres sentencias firmes de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público emitidas el 14 de julio de 1998, 31 de marzo de 1999 y el 22 de diciembre de 1999 (infra párr. 204.44) y cinco del Tribunal Constitucional emitidas el 3 de abril de 1998, 13 de mayo de 1998, 16 de octubre de 1998, 20 de agosto de 1999 (infra párr. 204.45) y 11 de noviembre de 1998 (infra párr. 204.46), las cuales se detallan en los siguientes dos párrafos .
204.44. Las sentencias emitidas por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público el 14 de julio de 1998, 31 de marzo de 1999 y el 22 de diciembre de 1999 declararon “inaplicable respecto de los [7] actores las Resoluciones de Alcaldía [que resolvieron sus respectivas destituciones] y los demás actos administrativos que de ellas deriven, ordenándose la reposición a sus puestos de trabajo con los mismos derechos y beneficios que gozaban hasta el momento de su cese”. Además, en la referida sentencia de 31 de marzo de 1999 se ordenó que se les “reintegr[ara] sus remuneraciones y demás beneficios dejados de percibir desde la expedición de la […] resolución”. En cuanto a la fundamentación de sus decisiones, la Sala indicó que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios no se pronunció sobre los procesos administrativos instaurados por la Municipalidad de Lima contra los demandantes por haber acatado la huelga convocada por el SITRAMUN, como debía hacerlo de acuerdo al artículo 166 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Además, en la citada sentencia de 31 de marzo de 1999 la Sala indicó que si bien la Municipalidad se pronunció “sobre la ilegalidad de la huelga programada para el primero de abril de mil novecientos noventa y seis, no es menos cierto también que la fecha de publicación se realiza recién el seis de abril del mismo año, esto es, cuando la huelga ya se había iniciado, por lo que la huelga se tornaba viable y legal” .
204.45. Las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional el 3 de abril de 1998, 13 de mayo de 1998, 16 de octubre de 1998 y 20 de agosto de 1999 declararon “inaplicables a los [33] demandantes las Resoluciones de Alcaldía [que resolvieron sus respectivas destituciones …,] debiendo la Municipalidad Metropolitana de Lima reponer a los demandantes en los cargos que ocupaban u otros de igual nivel, sin reintegro de los haberes dejados de percibir”. En cuanto al fundamento de dichas decisiones, el Tribunal Constitucional indicó que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios no se pronunció en los procesos administrativos instaurados por la Municipalidad de Lima contra los demandantes por haber acatado la huelga convocada por el SITRAMUN, como debía hacerlo de acuerdo a los artículos 162 y 166 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Además, en la citada sentencia de 16 de octubre de 1998 el Tribunal Constitucional agregó que en el caso del demandante, el informe de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios presentado en ese proceso fue emitido con posterioridad a la fecha de expedición de la Resolución de Alcaldía que dispuso la destitución del demandante .
204.46. El 12 de noviembre de 1997 la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público declaró infundada la demanda respecto de 11 demandantes y fundada con relación a 3 demandantes y ordenó respecto de estos últimos “dej[ar] sin efecto alguno las Resoluciones de Alcaldía que los destituye[ron …] así como las que se deriven de ellas; en consecuencia el demandado debe reponerlos en sus puestos de trabajo con las mismas condiciones derechos y beneficios que gozaban hasta el momento de su cese, pagándoles sus remuneraciones y demás beneficios dejados de percibir desde la fecha en que se ejecutaron las resoluciones referidas hasta su reposición” . La Municipalidad de Lima y los trabajadores respecto de los cuales se declaró infundada la demanda interpusieron un recurso extraordinario contra algunos extremos de dicha sentencia. El 11 de noviembre de 1998 el Tribunal Constitucional confirmó “en parte la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público [… el] 12 de noviembre de 1997 […, y la] revoc[ó] en la parte que declara infundada la demanda”, y reformándola declaró “inaplicables a los [11] demandantes las Resoluciones de Alcaldía [que resolvieron sus respectivas destituciones …,] debiendo la Municipalidad Metropolitana de Lima reponer a los demandantes en los cargos que ocupaban u otros de igual nivel, sin reintegro de los haberes dejados de percibir” .
204.47. Los días 26 de agosto de 1998, 30 de noviembre de 1998, 4 de febrero de 1999, 18 de junio de 1999, 13 de agosto de 1999, 15 de septiembre de 1999 y 10 de mayo de 2000, el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público emitió Resoluciones por medio de las cuales requirió a la Municipalidad de Lima que diera cumplimiento con lo ejecutoriado en las sentencias que emitió la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público los días 14 de julio de 1998, 31 de marzo de 1999 y el 22 de diciembre de 1999 y en las que emitió el Tribunal Constitucional el 3 de abril de 1998, el 13 de mayo de 1998, 16 de octubre de 1998 y 11 de noviembre de 1998 (supra párr. 204.43).
204.48. La Municipalidad formuló oposiciones a los requerimientos de ejecución de las sentencias de 14 de julio y 16 de octubre de 1998 (supra párr. 204.47), sustentándolas, inter alia, en normas de austeridad presupuestaria .
204.49. El 11 de junio de 1999 la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público emitió una resolución, mediante la cual declaró infundada la oposición a la ejecución de la sentencia de 14 de julio de 1998, basándose, inter alia, en que:
el Municipio no puede argumentar las prohibiciones de la Ley de Presupuesto de 1998 para excusarse de cumplir una resolución judicial con autoridad de cosa juzgada […;] doctrinariamente se reconoce que la conducta determinada en la Cosa Juzgada prevalece sobre la conducta determinada en la Ley, con la cual quedaría invalidada la Cosa Juzgada […] .
204.50. El 10 de mayo de 2000 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público emitió una resolución, mediante la cual declaró infundada la oposición a la ejecución de la sentencia de 16 de octubre de 1998, basándose en que:
el artículo primero de la Constitución Política, se relieva la importancia de la persona sobre los intereses; tanto más si se tiene en cuenta que no se trata de la creación de una nueva plaza laboral, sino del restablecimiento del derecho existente antes de su afectación […;] el cumplimiento del fallo jurisdiccional no produce la supuesta infracción a las normas invocadas ni genera responsabilidad administrativa de los funcionarios que la efectúen, toda vez que la decisión que se cumple o ejecuta es judicial […] .
204.51. La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público mediante Resoluciones de 16 y 22 de junio de 1999 declaró infundadas dos nuevas oposiciones a la ejecución de la sentencia de 14 de julio de 1998, interpuestas por la Municipalidad de Lima. En la Resolución de 22 de junio de 1999 ordenó “REQUERIR por última vez al señor Alcalde del Consejo Provincial […] que en el plazo de tres días cumpla con reponerlos en sus puestos de trabajo con los mismos derechos y beneficios que gozaban hasta el momento de su cese” .
D) RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE PACTOS COLECTIVOS
D.1) Reducción de remuneraciones
204.52. El 17 de enero de 1996 la Municipalidad Metropolitana de Lima expidió la Resolución de Alcaldía No. 044-A-96, en la cual dispuso, inter alia,:
Artículo primero: Disponer la inmediata revisión de las planillas de sueldos y salarios, así como de toda la documentación contable relativa a remuneraciones, beneficios sociales, pensiones y demás conceptos atinentes a la problemática laboral de la Municipalidad de Lima Metropolitana, a los efectos de determinar, en concordancia con las disposiciones legales sobre la materia, las cantidades que deben ser de abono, así como las que pudieran haberse pagado en exceso.
Artículo segundo: Establecer, en tanto se realiza la revisión dispuesta en el artículo anterior, una escala remunerativa de carácter transitorio, que regirá a partir del presente mes y cuyo detalle se consigna como Anexo No 01 de la presente resolución[…].
Artículo cuarto: Solicitar a la Contraloría General de la República su pronunciamiento sobre los “compromisos”, “acuerdos”, “pactos” y/o “actas” que ha celebrado la Municipalidad de Lima Metropolitana con las organizaciones sindicales SITRAMUN-LIMA y SITRAOMI, entre los años 1988 y 1995 […] .
204.53. La Municipalidad de Lima aplicó el artículo segundo de la Resolución de Alcaldía No. 044-A-96 durante el período comprendido entre enero de 1996 y octubre de 1997 .
204.54. El 15 de abril de 1996 el SITRAMUN-LIMA interpuso una acción de amparo contra la Municipalidad de Lima, en representación de los trabajadores afiliados, solicitando, inter alia, que se declarara inaplicable la Resolución No. 044-A-96 y alegó que su aplicación había significado la reducción de sus remuneraciones en un 30%, desconociéndose los pactos colectivos que originaron diversos incrementos de remuneraciones, con el agravante de que la escala remunerativa de carácter transitorio no había sido publicada o notificada .
204.55. El 10 de diciembre de 1997 el Tribunal Constitucional declaró “fundada en parte” la acción de amparo e “inaplicable a los afiliados del sindicato demandante el artículo 2º de la Resolución de Alcaldía No. 044-A-96 en cuanto establece una escala de remuneraciones”, y ordenó que “el Alcalde de la Municipalidad cumpla con cancelarles el monto diferencial correspondiente a la disminución de sus remuneraciones, por el período real y efectivamente laborado durante la aplicación de dicha resolución” . El fundamento en el que se basó el Tribunal Constitucional fue que:
de acuerdo al artículo 15 de la Ley No. 26553 que aprueba el Presupuesto del Sector Público de 1996, sólo pueden afectar la planilla única de pago los descuentos establecidos por Ley, por mandato judicial, por préstamo administrativo y otros conceptos aceptados por el servidor o cesante[,] no encontrándose dentro de ninguno de dichos supuestos la que de modo discrecional ha habilitado la Municipalidad Metropolitana de Lima […,] máxime que las sucesivas leyes de Presupuesto del Sector Público autorizaron a los Gobiernos Locales a efectuar incrementos en las remuneraciones por costo de vida a través de la negociación colectiva.
204.56. Mediante Resolución de Alcaldía No. 3499 de 24 de agosto de 1999, la Municipalidad de Lima resolvió, entre otras cosas, “dejar sin efecto el Artículo 2 de la Resolución de Alcaldía No. 044-A-96, de fecha 17 de enero de 1996, a partir de la misma fecha en que se estableció su vigencia” y “establecer el monto de la diferencia de la remuneración total de los Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima a partir del 1 de enero de 1996 por el período real y efectivamente laborado […,] determinándose la cantidad de trabajadores a que alcanza y el monto al que asciende la deuda total” .
204.57. El 19 de octubre de 1998 el Juzgado encargado de la ejecución de la sentencia emitió una Resolución, mediante la cual requirió a la Municipalidad de Lima que diera cumplimiento a la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional el 10 de diciembre de 1997 (supra párr. 204.55) .
204.58. El 2 de noviembre de 1998 la Municipalidad de Lima formuló oposición contra la Resolución de 19 de octubre de 1998 (supra párr. 204.57). El 17 de julio de 2000 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público emitió una Resolución, mediante la cual declaró improcedente la referida oposición . El 18 de junio de 2001 la Sala de Derecho Público confirmó dicha Resolución, basándose en que “las sentencias judiciales consentidas y ejecutoriadas son de cumplimiento obligatorio, no pudiendo entidad alguna eximirse de su cumplimiento […] la oposición sólo puede estar sustentada en el cumplimiento o extinción de la obligación” .
204.59. La Municipalidad de Lima dictó diversas Resoluciones de Alcaldía entre julio de 1999 y noviembre de 2002, en las que autorizaba a las Oficinas de Personal y Tesorería que abonaran pagos a cuenta del reajuste efectuado en los sueldos y salarios . El Estado dio cumplimiento a la sentencia de 10 de diciembre de 1997 respecto de los trabajadores activos en la Municipalidad y de aquellos que reciben una pensión , así como también respecto de algunos trabajadores que no fueron reincorporados .
D.2) Beneficios remunerativos
204.60. El SITRAMUN interpuso una acción de amparo contra la Municipalidad de Lima, solicitando el cumplimiento de los pactos colectivos suscritos entre los años 1989 a 1995. El 13 de diciembre de 1996 el Sexto Juzgado Civil de Lima declaró fundada la demanda ordenando que:
La Municipalidad de Lima Metropolitana cumpla con los Pactos Colectivos celebrados con el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima – SITRAMUN, durante los años de mil novecientos ochentinueve a mil novecientos noventicinco, que tienen incidencia directa con las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, gratificaciones y demás beneficios de los trabajadores, que asimismo abone a los trabajadores afiliados a dicho sindicato, las sumas adeudadas durante los años de mil novecientos noventidós a mil novecientos noventicinco por dichos conceptos, en un promedio de veinticuatro mil ciento setenta y seis punto veinte nuevos soles por cada trabajador así como las remuneraciones mensuales impagadas de setiembre de mil novecientos noventicinco a diciembre del mismo año .
204.61. El 18 de noviembre de 1998 la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público emitió una sentencia mediante la cual confirmó la decisión del Sexto Juzgado Civil de Lima de 13 de diciembre de 1996 .
204.62. La Municipalidad pagó a algunos ex trabajadores, presuntas víctimas de este caso, parte de la deuda pendiente de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1995 , cancelándola totalmente respecto de uno de ellos .
204.63. El 17 de noviembre de 2004 el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la Resolución No. 63, en la cual declaró que la sentencia de amparo de 18 de noviembre de 1998 (supra párr. 204.61) beneficia “a quienes integraban el SITRAMUN LIMA a la fecha de interposición de la demanda”, y realizó consideraciones respecto a la forma de establecer quiénes serían esas personas beneficiarias .
E) RESPECTO DEL TERRENO EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
204.64. El 22 de septiembre de 1987 la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la Resolución de Alcaldía No. 1757 , mediante la cual resolvió que se inscribiera “en el Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, a nombre de la Municipalidad de Lima Metropolitana el terreno de 85.200,00 metros cuadrados de área, […] ubicado en la zona denominada Pampa El Arenal, distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima […,] y “adjudicar en forma directa y gratuita al […] SITRAMUN-LIMA el [referido] terreno para que lo destine a una habilitación urbana a favor de sus afiliados”. Asimismo, resolvió que dicho terreno “revertirá a favor de la Municipalidad de Lima sin obligación de abonar suma alguna, si los beneficiarios con la presente adjudicación incurrieran en alguna de las causales de caducidad o rescisión previstas en el artículo 24 del Decreto Supremo No. 004-85-VC”. Dicha adjudicación fue inscrita en el asiento 2-C de la ficha 257334 de los Registros Públicos de Lima .
204.65. El 28 de abril de 1993 la Municipalidad de Lima emitió la Resolución de Alcaldía No. 399, mediante la cual prorrogó por tres años el plazo para que el SITRAMUN culminara los trámites y habilitación urbana del terreno adjudicado a su favor .
204.66. El 28 de diciembre de 1995 se emitió la Resolución No. 265-95, la cual fue publicada el 16 de febrero de 1996 en el Diario Oficial “El Peruano”. En esta decisión la Directora de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima autorizó al SITRAMUN “para ejecutar en el plazo de […] 24 meses[,] contados a partir de la notificación de la […] Resolución, las obras de Habilitación Urbana cuyos proyectos se aprueban” en esa misma resolución .
204.67. El 16 de enero de 1998 la Municipalidad de Lima dictó la Resolución No. 267 , que declaró la caducidad de la adjudicación del terreno ubicado en el distrito de La Molina, en razón de no haberse ejecutado las obras de habilitación urbana dentro del plazo establecido, y se ordenó la cancelación del asiento en el Registro de Propiedad. En dicha Resolución también se estableció que el terreno permanecería reservado “para la ejecución de un Programa de Vivienda Municipal para los trabajadores municipales que acredit[aran] necesidad de vivienda única”. Mediante Decreto de Alcaldía No. 005-98 de 16 de enero de 1998, se creó el mencionado Programa Municipal de Vivienda, sobre la base de los terrenos revertidos al dominio de la Municipalidad. Asimismo, se estableció que “en el caso de lotes de terreno transferidos a terceros en los que el adquirente hubiese edificado más del 60% de la obra y siempre que no sea propietario de otro inmueble, podrá adquirir directamente de la Municipalidad la propiedad del terreno a precio de tasación comercial que será fijado pericialmente”.
204.68. Durante el año 1998 algunos de los propietarios de lotes del referido terreno, realizaron en el Registro de la Propiedad Inmueble “anotaciones preventivas” de sus dominios “por existir defectos subsanables consistentes en la falta de recepción de obras de la Habilitación Urbana y la autorización para la libre venta de los lotes que la conforman” .
204.69. El 19 de enero de 1999 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público declaró fundada la acción de amparo interpuesta por el SITRAMUN-LIMA, y ordenó que se dejaran “sin efecto la Resolución de Alcaldía No. 267 y el Decreto de Alcaldía No. 005-98, […] reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación constitucional invocada”. Esta sentencia fue confirmada mediante sentencia emitida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público el 19 de agosto de 1999, en la cual se indicó, inter alia, que “la emplazada al emitir tanto la Resolución de Alcaldía No. 267 y el Decreto de Alcaldía No. 005-98, ambos de 16 de enero de 1998, no tuvieron en cuenta que se encontraba vigente la Resolución No. 265-95[…] publicada el 16 de febrero de 1996” (supra párr. 204.66), por lo que “no proced[ía] declarar caducidad alguna de la adjudicación del terreno” .
204.70. El 2 de marzo de 1999 la Municipalidad de Lima emitió la Resolución de Alcaldía No. 822, mediante la cual declaró “consentida la Resolución No. 267” (supra párr. 204.67) y resolvió “encargar a la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A (EMILIMA S.A) y a la dirección Municipal de Desarrollo Urbano el cumplimiento de la presente Resolución” .
204.71. El 28 de enero de 2000 el Tribunal Registral emitió la Resolución No. 018-2000 mediante la cual resolvió disponer la inscripción de la Resolución de Alcaldía No. 822 (supra párr. 204.70).
204.72. El 20 de octubre de 2000 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público emitió una resolución por medio de la cual declaró “inaplicable la Resolución de Alcaldía No. 822, expedida con fecha 2 de marzo de 1999 y la Resolución del Tribunal Registral número 018-2000, del 28 de enero de 200[0 (supra párr. 204.70 y 204.71)], por oponerse y constituir agresión a lo pretendido en el […] proceso”, respecto del cumplimiento de la sentencia que emitió la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público el 19 de agosto de 1999 (supra párr. 204.69) .
204.73. El 7 de julio de 2000 la Municipalidad de Lima interpuso ante el Décimo Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, contra la Asociación Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima, el juez del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de la Corte Superior de Lima, los vocales de la Sala Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Lima y el Procurador Público encargado de los Asuntos del Poder Judicial, manifestando que las sentencias de 19 de enero y 19 de agosto de 1999 (supra párr. 204.69) violan el ordenamiento jurídico. La Municipalidad de Lima señaló en su demanda que dichas Resoluciones adolecían de los siguientes vicios: “Fraude en el presunto Derecho a la Propiedad”, al ampararse el derecho de propiedad del SITRAMUN, pese a que éste estaba sujeto a condición y “Fraude en la legitimidad para obrar”, ya que la adjudicación de los terrenos se realizó el 22 de septiembre de 1987 y la inscripción del falso SITRAMUN como Asociación se produjo el 3 de julio de 1998, por lo que mal pudo esa Asociación ser la adjudicataria de los terrenos .
204.74. El 30 de junio de 2003 el Décimo Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima emitió la Resolución No. 30, mediante la cual declaró “infundada la demanda interpuesta por la Municipalidad” (supra párr. 204.73), considerando que “los hechos […] descritos no califican el fraude invocado y más bien ellos dejan notar una disconformidad en la calificación hecha por el juez al derecho invocado por el sindicato demandante, lo cual debió ser objeto de discusión en el mismo proceso mediante la interposición de recurso impugnatorio que franquea la ley para conseguir sea la nulidad o la revocatoria de la sentencia, si el afectado por ella consideró que se ha dictado sin sujeción al derecho ni a lo actuado”. También se indicó que para que la referida acción prospere “no basta el solo mérito de un error sino que el mismo sea consecuencia de una conducta fraudulenta del juez o de las partes o del primero con las segundas, lo que no se ha probado” .
204.75. El 18 de agosto de 2003 la Municipalidad de Lima interpuso un recurso de apelación contra la sentencia de 30 de junio de 2003 (supra párr. 204.74). El 9 de junio de 2005 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada. Dentro de sus fundamentos señaló que en la demanda de nulidad “no se indica cuál es la conducta, activa u omisiva, unilateral o concentrada, proveniente de los litigantes, de terceros, del Juez o auxiliares, que signifique el alejamiento dañoso de un tramo del proceso o de todo el proceso, esto es, no se precisa en qué consiste el fraude o colusión” .
F) RESPECTO DEL LOCAL DE LA SEDE SINDICAL
204.76. Mediante Resolución No. 905 de 16 de octubre de 1980, la Municipalidad de Lima cedió al SITRAMUN-Lima y al FETRAMUN, en uso temporalmente y a título gratuito, el local ubicado en Jirón Lampa No. 170. Se estableció que quedaban obligados a la devolución del citado inmueble cuando el Consejo Provincial de Lima lo necesitara para ejecutar alguna obra de interés comunitario, reubicándolos en cualquier otro local municipal .
204.77. El 13 de diciembre de 1988 se firmó un Acta de Trato Directo o Convenio Colectivo, por medio del cual la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el punto 19 de la citada Acta, “conven[ía] en adoptar las medidas pertinentes para que la sede del SITRAMUN-Lima, cita en Jirón Lampa No 170-Lima, altos y bajos, sea donada […]” .
204.78. El 26 de noviembre de 1996 se realizó el Acuerdo de Consejo Nº 129, publicado el 2 de enero de 1997, en el cual se estableció poner fin a toda cesión de uso de inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Lima Metropolitana .
204.79. La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A –EMILIMA-, encargada de administrar los inmuebles de propiedad municipal, interpuso una demanda de desalojo contra el SITRAMUN-Lima. Mediante sentencia de 19 de marzo de 1998 la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda e indicó que “si bien la demandante se comprometió a gestionar la donación del inmueble en favor del sindicato demandado, según aparece del Acta de Trato Directo, […] también es cierto que dicho compromiso no impide la terminación de la cesión de uso, desde que ambas relaciones jurídicas son independientes” .
204.80. El SITRAMUN-Lima interpuso una acción de cumplimiento contra la Municipalidad de Lima, a fin de que cumpliera, entre otros, con el punto 19 del Acta de Trato Directo de 13 de diciembre de 1988 (supra párr. 204.77). El 11 de marzo de 1999 la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público emitió una decisión, en la que declaró fundada la demanda y dispuso que “la Corporación demandada cumpla dentro del plazo de diez días con adoptar las medidas pertinentes para que la Sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima -SITRAMUN-LIMA- Jirón Lampa No. 170 –Lima- altos y bajos, sea donada con lo demás que contiene el punto 19” de la referida Acta, con base en que la referida Acta de Trato Directo constituye un acto administrativo vigente por no haber sido anulado y se encuentra al margen de lo resuelto en el proceso de desalojo (supra párr. 204.79) .
204.81. El 1 de junio de 1999 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado de Derecho Público emitió una Resolución, por medio de la cual requirió a la Municipalidad de Lima que diera cumplimiento con lo ejecutoriado en la sentencia de 11 de marzo de 1999 emitida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público (supra párr. 204.80) . La Municipalidad de Lima formuló una oposición a la ejecución del fallo de fecha 11 de marzo de 1999. El 23 de junio de 2000 la referida Sala declaró improcedente dicha oposición .
204.82. El 10 de marzo de 2003 la Municipalidad Metropolitana de Lima y el SITRAMUN-LIMA firmaron el Acta Final de la Comisión Paritaria Sitramun – Lima, en cuyo acuerdo undécimo se estableció que “la Municipalidad de Lima continuará cediendo al Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima, SITRAMUN, el uso del ambiente ubicado en el Sótano del Palacio Municipal como local Sindical” .
G) RESPECTO DE LA DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA DE LIMA (ESMLL)
204.83. El servicio de recolección, barrido, transporte y disposición final de los residuos sólidos generados por el Distrito de Lima, estuvo a cargo de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL) . Dicha empresa fue creada mediante Decreto Ley Nº 22918 de 4 de marzo de 1980 como una persona jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa y económica .
204.84. La Municipalidad de Lima celebró un contrato con el Consorcio VEGA-UPACA-Empresa RELIMA, por medio del cual se dispuso que esa empresa asumiría las funciones de la ESMLL, a partir del 1 de julio de 1996 .
204.85. El 28 de junio de 1996 el Concejo Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió el Acuerdo de Concejo No. 036, en el cual acordó “disolver y posteriormente liquidar la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL) por la causal de conclusión de su objeto social previsto en el párrafo 2 del artículo 359 de la Ley General de Sociedades”. El 1 de julio de 1996 se cerró la referida empresa . El 4 de julio de 1996 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el referido Acuerdo de Concejo No. 036 .
204.86. El 8 de agosto de 1996 273 trabajadores de la ESMLL interpusieron una demanda de acción de amparo , solicitando que se suspendiera el acto de cierre de la empresa ESMLL y los efectos del Acuerdo de Consejo No. 036 (supra párr. 204.85). El 8 de julio de 1998 el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda e “inaplicable el Acuerdo de Consejo No. 036 de 28 de junio de 1996, ordenándose la reposición de los demandantes que no hubiesen cobrado sus beneficios sociales” . El Tribunal Constitucional indicó que
la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima fue creada por Decreto Ley No. 22918 […,] en consecuencia su disolución debió producirse mediante otra norma de igual jerarquía, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Ley No. 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado […].
[L]a finalidad de dicha Empresa (ESMLL) es la de recolectar, transportar y ejecutar la disposición final de los residuos sólidos de la integridad del área jurisdiccional de la provincia de Lima, servicio que no solamente es prioritario, sino permanente en el tiempo; por tal razón la disolución de dicha empresa no puede sustentarse en la conclusión de su objeto social […].
[D]eviene en nulo el cese colectivo de los trabajadores […] por cuanto la causa única y excluyente que motivó el referido cese fue el proceso de disolución y liquidación de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL).
Esta nulidad no puede ser convalidada con el hecho de que los liquidadores de la referida empresa pusieran en conocimiento de la Sub-Dirección de Negociaciones Colectivas del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el cese colectivo de los trabajadores […].
Que habiéndose acreditado en autos la violación del derecho constitucional de trabajo del personal de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima […], resulta necesario reponer las cosas al estado anterior a la violación […].
204.87. El 9 de julio de 1999 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima requirió a la Municipalidad de Lima que cumpliera con lo ordenado en la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional el 8 de julio de 1998 .
204.88. El 23 de julio de 1999 la Municipalidad de Lima presentó un escrito ante el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima argumentando que el Tribunal Constitucional en su sentencia excluyó a los ex trabajadores que hubieran cobrado su compensación por tiempo de servicios. Asimismo, la Municipalidad indicó que sólo un trabajador no hizo efectivo ese cobro .
204.89. El 8 de agosto de 2003 el Sexagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima emitió la Resolución No. 222 en la cual, inter alia, se determinaron dos grupos de trabajadores: los que habían “cobrado sus beneficios sociales, ya sea directamente o vía proceso de consignación[, por lo que,] aplicando el criterio del Tribunal Constitucional en sentido estricto, dichos demandantes han roto el vínculo laboral con la demandada”; y los que, pese a la consignación de beneficios hecha por la Junta Liquidadora del ESMLL, se consideraba que no habían cobrado los beneficios sociales, debido a diversos motivos, tales como la falta de notificación de la consignación judicial de los beneficios, la solicitud ante juzgados laborales de la devolución de la consignación, la oposición a la consignación. La Resolución finalmente ordenó la reposición de 56 trabajadores demandantes, presuntas víctimas en el presente caso, y declaró improcedente dicha reposición respecto de 217 trabajadores. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante decisión de 9 de diciembre de 2004 confirmó la Resolución No. 222, en el extremo que declara infundada en parte la oposición y ordena la reposición de los 56 trabajadores . Aún está pendiente de resolverse un recurso de apelación concedido sin efecto suspensivo el 18 de septiembre de 2003, interpuesto contra la Resolución No. 222 en el extremo que declara improcedente la reposición de 217 trabajadores de la ESMLL.
204.90. El 10 de junio de 2004 el Concejo Provincial de Lima emitió el Acuerdo de Concejo Nº 166, en el cual decidió “aprobar la iniciativa legislativa ‘Proyecto de Ley que declara la disolución y liquidación de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima ESMLL para su aprobación en el Congreso de la República” .
204.91. El 20 de junio de 2005 el especialista legal Julio César Morales, en cumplimiento de lo ordenado el 13 de junio de 2005 por el Sexagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, se constituyó, junto con los interesados en la Oficina de Personal del Área de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Lima, a fin de ejecutar la orden de reposición en el cargo laboral de 28 trabajadores, dispuesta en la Resolución No. 222 de 8 de agosto de 2003 y confirmada mediante Resolución de 9 de diciembre de 2004 (supra párr. 204.89) . El especialista legal levantó un acta de dicha actuación. El 3 de agosto de 2005 dicho especialista legal se constituyó nuevamente en la referida oficina, para ejecutar la reposición de otros siete trabajadores. En ambos casos el Jefe del Área de Relaciones Laborales de la Municipalidad, en el mismo acto de levantamiento de actas, manifestó que se encontraba ante un “imposible jurídico” para proceder a la referida reposición de los trabajadores .
H) PEDIDO DE NULIDAD DE TRES SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
204.92. El 29 de mayo de 1997 el Congreso del Perú emitió resoluciones legislativas, mediante las cuales destituyó a tres de los siete magistrados del Tribunal Constitucional, y el 17 de noviembre de 2000 el Congreso anuló dichas resoluciones y los reinstaló como magistrados del Tribunal Constitucional .
204.93. Las doce sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que se alegan incumplidas en este caso, fueron dictadas mientras dicho tribunal estuvo compuesto por cuatro magistrados .
204.94. El 9 de diciembre de 2002 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, mediante la cual resolvió diversas solicitudes en las que se pedía “la revisión o nulidad de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional cuando estaba conformado por cuatro magistrados, esto es, las dictadas en el lapso comprendido entre el 29 de mayo de 1997 y el 17 de noviembre de 2000”. Dentro de las solicitudes, la Municipalidad de Lima pidió la revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional el 10 de diciembre de 1997 EXP. No. 459-97-AA/TC (supra párr. 204.55), el 8 de julio de 1998 EXP. No. 1246-97-AA/TC (supra párr. 204.86) y el 9 de abril de 1999 EXP. No. 063-98-AA/TC (supra párr. 204.37). El 9 de diciembre de 2002 el Tribunal Constitucional declaró sin lugar dichas solicitudes, y motivó su decisión en que “declarar [la] invalidez [de las sentencias] después de tanto tiempo vulneraría muchísimos derechos regularmente adquiridos por terceros y desconocería hechos cumplidos entre junio de 1997 y noviembre de 2000 o, aún más, hasta el presente. La seguridad del sistema jurídico sufriría notablemente con esta decisión, ocasionando un caos que el Tribunal no debe propiciar sino, más bien, evitar”. El Tribunal Constitucional añadió que “se mantiene la validez de tales resoluciones por esta razón de la seguridad de jurídica nacional y no -de manera alguna- por que se considere ética la maniobra fraudulenta que ‘permitió’ al Tribunal Constitucional ‘funcionar’ durante lapso tan largo con sólo cuatro Magistrados” .
I) INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ
204.95. El 26 de octubre de 1998 la Defensoría del Pueblo del Perú emitió un informe denominado “Incumplimiento de sentencias por parte de la Administración Estatal”, en el cual expuso recomendaciones a los entes estatales, a efectos de que cumplan con los mandatos judiciales .
204.96. El 16 de julio de 2003 se emitió la Resolución Ministerial 238-2003-PCM, mediante la cual se creo una comisión encargada de estudiar y preparar propuestas técnicas y normativas orientadas a coadyuvar al cumplimiento de sentencias por parte de la administración estatal. Dicha comisión estuvo integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía, de la Superintendencia de Bienes Nacionales y de la Defensoría del Pueblo. Se instaló el 31 de julio de 2003 y culminó su informe el 24 de octubre de 2003. Dicha comisión dio cuenta de que habían más de quinientas sentencias pendientes de ejecución por diversas entidades del Poder Ejecutivo, cifra que no incluye a los gobiernos locales .
COSTAS Y GASTOS
204.97. Las presuntas víctimas y sus representantes realizaron gestiones y diligencias en aras de obtener el cumplimiento de las sentencias de amparo emitidas a su favor, y sufragaron gastos generados por haber recurrido al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
IX
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 8 DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA (PROTECCIÓN JUDICIAL Y GARANTÍAS JUDICIALES)
Alegatos de la Comisión
205. La Comisión no alegó la violación al artículo 8 de la Convención. En cuanto a la alegada violación del artículo 25.2.c) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, la Comisión indicó que:
a) el Estado incumplió lo ordenado por sentencias definitivas y firmes dictadas por los tribunales peruanos que dispusieron: a) que la Municipalidad de Lima reintegrara a los trabajadores que fueron cesados tras la convocatoria a unas pruebas y evaluaciones periódicas que no fueron publicitadas en debida forma y que apuntaban a buscar la desvinculación de los funcionarios con desconocimiento de la carrera administrativa; b) que la Municipalidad de Lima reintegrara a aquellas personas que fueron cesadas por participar en la huelga organizada por el sindicato y que fue declarada ilegal o quienes fueron cesados como consecuencia de la liquidación de la Empresa de Servicios Municipales (ESMLL); c) que la Municipalidad de Lima reintegrara a dichos trabajadores lo correspondiente a las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, gratificaciones y demás beneficios que les fueron reconocidos en los pactos colectivos celebrados con el sindicato entre los años 1989 y 1995; d) dejar sin efecto resoluciones de la Administración que habían dispuesto la reducción unilateral de sueldos, salarios y pensiones de los trabajadores del municipio; e) que la Municipalidad de Lima debía entregar un local para la sede del sindicato al que se había comprometido en el pacto firmado el 13 de diciembre de 1988, la anulación de la caducidad de la adjudicación de los terrenos de La Molina que fueron donados al sindicato para un programa de vivienda y la cancelación de la respectiva “ficha registral”; y f) inaplicable para los trabajadores la disolución y liquidación de la Empresa Municipal de Aseo de Lima ESMLL, la reposición en sus puestos de trabajo y el pago de las respectivas indemnizaciones;
b) la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales adquiere especial importancia cuando quien tiene que cumplir la sentencia es un órgano del Estado, que “pueden tener una inclinación a usar su poder y sus privilegios para tratar de ignorar las sentencias judiciales dictadas en contra de ellos”;
c) el Perú se sustrajo de cumplir con las sentencias de los tribunales peruanos de una forma reiterativa que conformó “un cuadro sistemático de desconocimiento de las decisiones judiciales”;
d) al ser compelida a cumplir las decisiones judiciales, la Municipalidad de Lima “creó condiciones adicionales en las que transfiere a los trabajadores algunas de sus funciones propias a efectos de hacer más onerosa su situación y dilatar su cumplimiento, en un claro abuso de la función pública y en la búsqueda de argumentos normativos para sustraerse a su responsabilidad”;
e) el derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 25 de la Convención Americana, y concretamente, la obligación a que se refiere el inciso 2(c) de dicho artículo, “implica que los Estados deben hacer cumplir tales decisiones de buena fe y de manera inmediata, sin dar lugar a que los afectados tengan que intentar acciones adicionales”;
f) el Estado “ha reconocido de manera formal, clara y determinante que se abstuvo de cumplir las sentencias de sus jueces, y ha aceptado la responsabilidad internacional en consecuencia”;
g) ante la Corte, el Estado cuestiona la validez de actos adoptados por sus propios órganos, esta posición procesal no es compatible con el ejercicio de derechos establecidos en la Convención Americana;
h) el Estado ha argumentado también ante la Corte que las sentencias son producto de interpretaciones defectuosas de la ley y ha allegado al Tribunal una gran cantidad de elementos de prueba destinados a motivar que éste haga un “ejercicio de evaluación sobre la justeza de las sentencias”, y excuse su cumplimiento. El ejercicio de interpretación propuesto al Tribunal es foráneo a la competencia de los órganos del Sistema Interamericano;
i) el Estado no ha probado la alegada vinculación de corrupción en la emisión de las sentencias de este caso, a pesar de varias investigaciones que se han ejecutado a nivel interno. Cuando la Municipalidad de Lima estuvo en desacuerdo con lo decidido por el juez, ejerció los recursos a su disposición. Si mantenía su inconformidad ante sentencia firme que denegaba el recurso podría haber ejercitado recursos extraordinarios como el de cosa juzgada fraudulenta. El Estado ha acreditado ante esta Corte haberlo hecho;
j) el argumento del Estado sobre los “expedientes judiciales archivados por abandono de la demandante” fue presentado a consideración de las partes y del Tribunal, por primera vez, a más de dos años de que venciera el plazo para contestar la demanda y sin que se funden en hechos supervinientes, sino fundamentados en hechos ocurridos en 1999 y 2000. Una vez que las partes han formulado sus conclusiones en alegatos finales, no es procedente que una parte introduzca nuevos alegatos que estuvieron a su disposición en las etapas previas, lo contrario no es conducente al derecho de defensa y no se subsana con la sola presentación de observaciones. Deja constancia de que no encuentra en el alegato del Estado, o en los sucintos documentos que en él acompaña, ningún elemento para concluir que el archivamiento haga fenecer los derechos reconocidos en las sentencias cuestionadas, ni afecte la firmeza de las mismas o la obligación de cumplimiento que recae en el demandado. Solicita sea desechado este argumento por extemporáneo e improcedente; y
k) solicita a la Corte que concluya que el Estado peruano violó, en perjuicio de las presuntas víctimas del presente caso, el derecho a la protección judicial contemplado en el artículo 25.2.c de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, al incumplir con lo ordenado por las sentencias firmes y basadas en autoridad de cosa juzgada comprendidas en la presente causa; que declare inadmisibles aquellos argumentos del Estado destinados a solicitar una resolución sobre una controversia entre dos entidades gubernamentales; y que no admita para examen los argumentos del Estado en materia de vicios de las sentencias que son objeto del presente caso.
Alegatos del interviniente común de los representantes
206. En cuanto a la alegada violación del artículo 25.2.c de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, el interviniente común indicó que:
a) los sistemas judiciales deben hacer cumplir las decisiones que adopten. “[S]i el Estado no cumple con las sentencias que ordenan reparar las violaciones, está afectando la convivencia pacífica y está violando el derecho de sus ciudadanos a la tutela judicial efectiva”. El cumplimiento de una sentencia no puede quedar supeditado a la voluntad o discrecionalidad del propio obligado, en este caso, el Estado;
b) las sentencias que ordenaron reponer a los trabajadores y trabajadoras afiliados del SITRAMUN – LIMA en sus puestos de trabajo en la Municipalidad de Lima, abonarles las remuneraciones y demás beneficios convencionales que no se les pagaron durante el tiempo que duró su despido, así como restablecer los demás derechos reconocidos directamente en favor del SITRAMUN – LIMA, no han sido obedecidas y los recursos judiciales intentados para lograr que dichas sentencias se cumplieran resultaron totalmente ineficaces. “Esta circunstancia hace incurrir al Estado en responsabilidad internacional por la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención”;
c) la negativa de cumplir “las sentencias proferidas a favor de los trabajadores afiliados al SITRAMUN – LIMA y la falta de una efectiva investigación y sanción de los responsables de dicho incumplimiento configuran un alarmante y prolongado cuadro de denegación de justicia”;
d) “la Municipalidad de Lima ha desacatado todas las sentencias proferidas por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Lima y el Tribunal Constitucional que resolvieron favorablemente los recursos de amparo interpuestos desde 1996 por las [presuntas] víctimas”. A pesar de que todas las sentencias mencionadas hicieron tránsito a cosa juzgada, ninguna de ellas ha sido ejecutada por la Municipalidad de Lima;
e) cuando el Estado ha pretendido dar cumplimiento a algunas sentencias judiciales que ordenaban la reincorporación de los trabajadores en sus puestos de trabajo, “lo ha hecho disponiendo que de no existir una plaza vacante ni disponibilidad presupuestal, el trabajador deberá solicitar se tramite la autorización de creación de plaza y la disponibilidad presupuestal respectiva, manteniéndose entre tanto en la condición de disponibilidad, sin pago de remuneración y en expectativa de ser sometido a nueva evaluación”. El Estado ha trasladado a las presuntas víctimas la carga de cumplir con una obligación que no les corresponde;
f) el Estado no ha probado judicialmente en absolutamente ningún caso que las sentencias cuya ejecución desacata han sido producto de un acto de colusión ilegal entre los representantes legales del SITRAMUN-Lima o su asesora legal y las autoridades jurisdiccionales que fueron autoras de tales decisiones judiciales;
g) en relación con el cierre del ESMLL, el Concejo Provincial de Lima emitió el Acuerdo de Concejo Nº 166, de fecha 10 de junio de 2004, disponiendo aprobar una iniciativa legislativa para la aprobación por el Congreso de la República del “Proyecto de Ley que declara la disolución y liquidación de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima ESMLL”. Este proyecto de ley pone en evidencia que la Municipalidad de Lima pretende “regularizar” legalmente el ilegal cierre de la empresa; y obedece a la declaratoria de nulidad del Acuerdo de Concejo Nº 036 resuelta por el Tribunal Constitucional mediante sentencia de 8 de julio de 1998;
h) en cuanto a la reposición de los trabajadores del ESMLL ordenada por el Tribunal Constitucional, la Municipalidad de Lima asumió que el mencionado fallo la habilitaba para interpretar que el pago efectuado a dichos trabajadores por parte de la Junta Liquidadora, constituía per se el cobro de beneficios sociales por parte de algunas de las presuntas victimas, lo que las excluiría del mandato de reposición. Las presuntas víctimas de ESMLL comprendidas en el proceso de amparo que cobraron un monto económico en calidad de supuestos beneficios sociales no pueden ser excluidos de los alcances de la sentencia, puesto que dicha exclusión tornaría en ilusorio e ineficaz el recurso intentado por los agraviados, lo cual es contrario a las exigencias del recurso previsto en el artículo 8º de la Convención. Después de interpuesta la demanda un importante número de demandantes cobró un monto económico en concepto de liquidación de beneficios sociales; no debería considerarse que dicha acción constituya una manifestación ficta de voluntad, en el sentido de renunciar a la pretensión procesal planteada con la demanda, ya que según el ordenamiento jurídico peruano el desistimiento solo procede con documento expreso y con firma legalizada ante el Juzgado, prescribiendo el artículo 341º del Código Procesal Civil que el desistimiento no se presume. El cobro de tales recursos tampoco puede ser considerado como una manifestación de voluntad a favor de la ruptura de la relación laboral, porque en las acciones de amparo tramitadas no se examinaron derechos laborales sino derechos fundamentales de ámbito constitucional, que deben ser restituidos retornando a su situación anterior;
i) los pagos y consignaciones judiciales a favor de las y los trabajadores de ESMLL fueron efectuados cuando el trámite procesal de la demanda de amparo aún estaba en curso, y en algunos casos los presuntos beneficiarios de estos depósitos se encontraban en circunstancias de extrema precariedad y necesidad, tratándose en su mayoría de mujeres jefes de familia, con mas de 40 años de edad y escasas oportunidades en el mundo laboral. En efecto, en las liquidaciones de ninguno de ellos fueron considerados los incrementos de remuneraciones y bonificaciones establecidos en varios convenios colectivos y laudos arbitrales. El pago efectuado no cubrió las deudas de remuneraciones e intereses generados antes del despido; la compensación por tiempo de servicios abonada resultó diminuta e ilegal. Los pagos efectuados constituyen solo pagos parciales que, conforme al artículo 1220 del Código Civil peruano, no puede reputarse como pago efectivo, en tanto no se ejecutó íntegramente la obligación;
j) solicitan a la Corte que disponga como medida de reparación por el agravio de su derecho al trabajo y el posterior incumplimiento de estas sentencias hasta la fecha – aún incuso para aquellos trabajadores y trabajadoras que no cobraron sus beneficios sociales – que sean repuestos en sus puestos de trabajo, o en otros equivalentes; y
k) respecto a los expedientes que según el Estado fueron “archivados por abandono de la demandada”, la condición de “archivados” en que supuestamente se encuentran obedeció a las recomendaciones del “Órgano del Control Institucional de la Magistratura” (sic), quien dispuso esta medida técnica y administrativa para descongestionar los despachos judiciales. Esta medida y disposición judicial no implica la conclusión del proceso de ejecución por supuesto abandono de las presuntas víctimas, porque esto no le estaba permitido legalmente. De conformidad con el artículo 350 inciso 1 del Código Procesal Civil, no existe abandono “en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia”.
207. El interviniente común de los representantes alegó que el Estado violó el artículo 25.1 de la Convención, apreciación que no figura en la demanda presentada por la Comisión. En cuanto a la alegada violación expresó que:
a) los jueces penales desestimaron y archivaron las denuncias penales presentadas por las presuntas víctimas con el fin de que se investigara y sancionara a los agentes del Estado responsables del incumplimiento de las sentencias proferidas a su favor por la Corte Superior de Lima y el Tribunal Constitucional. Los recursos consagrados en la legislación peruana “se revelaron ineficaces” para investigar y sancionar debidamente a los responsables del incumplimiento de las sentencias;
b) “la ‘aprobación’, por parte de la justicia penal, del incumplimiento de las sentencias, además de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las [presuntas] víctimas, refleja la falta de autonomía e independencia del poder judicial peruano y su incapacidad para garantizar la ejecución de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada”; y
c) solicita a la Corte que declare que los recursos penales fueron ineficaces para reparar el derecho de las presuntas víctimas a que se cumplan las sentencias que los favorecen.
208. El interviniente común de los representantes alegó que el Estado violó el artículo 8 de la Convención, apreciación que no figura en la demanda. El interviniente indicó que:
a) los ceses de trabajadores producto de los programas de evaluación y de los procesos administrativos por declaratoria ilegal de huelga, la reducción en un 30% de los sueldos, salarios y pensiones de los trabajadores así como la disolución y liquidación de la Empresa de Servicio Municipal de Limpieza de Lima ESMLL, fueron procedimientos que se llevaron a cabo con una manifiesta trasgresión de las garantías del debido proceso legal, consideradas en el artículo 8 de la Convención;
b) a los trabajadores del SITRAMUN LIMA se les instauraron procesos administrativos en forma arbitraria y contraria a la ley por ejercer el derecho de huelga y otras causales relacionadas, para posteriormente, también en forma ilegal, proceder a despedirlos. Se incumplieron las obligaciones legales de emitir un informe previo por parte de la Comisión de Procesos Administrativos para habilitar la apertura de un proceso administrativo, de notificar a los afectados la resolución de apertura de proceso administrativo y de poner a disposición de los procesados los actuados en el expediente del proceso administrativo, impidiendo con ello que pudieran ejercer su derecho de defensa. Asimismo, no se concedió a los procesados un plazo ampliatorio de cinco días para efectuar los descargos correspondientes de las resoluciones de destitución impuestas, las que no estuvieron motivadas con referencia de hechos y de derecho. Tampoco se requirió a los que acataron la huelga que se reintegraran a sus labores antes de la apertura de proceso administrativo; y
c) el Decreto Ley Nº 26093 demuestra que el cese por causal de excedencia era una facultad del titular de cada pliego y no una imposición obligatoria de una norma con rango de ley. La evaluación programada por la Municipalidad de Lima debía realizarse sobre las bases “contenidas en el Anexo Nº 01”, las cuales no fueron publicadas. En esas bases se incorporó unilateral e ilegalmente una nueva causal de cese directamente vinculada con el derecho fundamental al trabajo y la garantía de su estabilidad.
Alegatos del Estado
209. En cuanto a las alegadas violaciones de los artículos 25 y 8 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, el Estado señaló que:
a) en el ordenamiento peruano no hay un instrumento procesal que permita reclamar al servidor público contra un cese indebido o injustificado. “Por eso se recurre comúnmente a la acción de amparo;
b) “en la mayoría de los casos, las sentencias cuya inejecución se señala provienen de procedimientos fraudulentos, llevados a cabo por magistrados que, bajo dictados del SIN, acogieron demandas que carecían de fundamento”. “Por consiguiente, el Estado […] no reconoce la validez jurídica, ni la fuerza vinculante ni el mérito ejecutivo de sentencias proferidas dentro de esas condiciones”;
c) el Estado “reitera su abierta disposición a dar solución a aquellos casos en que, con arreglo a la normativa interna, se ha acreditado a través de procedimientos honestos y de comisiones autónomas e imparciales”. Se han conformado comisiones autónomas integradas por representantes independientes “con participación virtualmente decisoria de los tres gremios laborales más importantes del Perú” y de la Defensoría del Pueblo, las cuales han examinado todos los casos denunciados. “[A]parece registrado un elevado número de extrabajadores del Municipio de Lima Metropolitana, cuyos ceses, a criterio de las comisiones, fue irregular”. El Estado reconoce y acata estas conclusiones, y procederá al resarcimiento respectivo, en los términos fijados por las normas pertinentes;
d) “la omisión en la impugnación de las resoluciones era causal de inadmisibilidad, que fue sin embargo soslayada por los jueces que admitieron las acciones de amparo cuyas resoluciones son objeto de la presente demanda”;
e) hubo trasparencia en el proceso de evaluación del personal de la Municipalidad y las evaluaciones fueron debidamente publicitadas y estaban respaldadas en un mandato legal expreso, por lo que su realización constituía una obligación legal. En resguardo de la transparencia de esos procesos, la Municipalidad Metropolitana de Lima encomendó su realización a una entidad independiente: la Universidad Particular San Martín de Porres”. La pertenencia a la carrera administrativa no es garantía de inamovilidad perpetua;
f) indicó las razones por las cuales considera que los pactos que las sentencias de amparo ordenaron cumplir eran nulos ipso jure y se apartaban o violaban el sistema único homologado de remuneraciones y pensiones de los servidores públicos. Además indicó que el Municipio de Lima ha acatado y ejecutado la resolución del Tribunal Constitucional de fecha 10 de diciembre de 1997 y ha “procedido a reintegrar en sucesivas armadas los montos que fueron objeto de disminución, lo cual, conforme a la propia sentencia, debe responder sólo a ‘días real y efectivamente trabajados”;
g) respecto a los pactos sobre beneficios remunerativos, la sentencia está en proceso de ejecución. El Primer Juzgado Especializado de Lima ha emitido resoluciones en orden a la ejecución. Con arreglo a la normativa vigente, las obligaciones dinerarias que deben ser atendidas con cargo al presupuesto de una entidad pública deben ser objeto de programación, para proveer los fondos suficientes en los sucesivos ejercicios. La Municipalidad de Lima Metropolitana ha efectuado ya las necesarias provisiones;
h) dentro de las diversas resoluciones indiscriminadamente incluidas en la demanda, hay algunas que son tan sólo declarativas, no contienen ningún mandato específico, no se refieren a ningún cese, no identifican a persona alguna, y por ende no son pasibles ni de cumplimiento ni de incumplimiento. El examen de las resoluciones del 27 de julio y 16 de noviembre de 1998 y de otras emitidas por la Sala Corporativa Transitoria de Derecho Público “entra dentro de tal calificación”, por lo que solicita excluir las resoluciones del 27 de julio y 16 de noviembre de 1998 por no contener ningún mandato;
i) respecto del caso de la ESMLL, el proceso judicial aún no concluye y está en etapa de ejecución. Ha retardado su culminación la identificación nominal de las personas comprendidas en los alcances de la resolución del Tribunal Constitucional. Las resoluciones que han puesto término al debate concluyen que: (i) la consignación surte el efecto del pago;(ii) las consignaciones debidamente notificadas y no impugnadas son válidas y surten igual efecto, y (iii) se entiende que no han cobrado sus beneficios aquellos trabajadores que no fueron notificados o que han probado impedimento de fuerza mayor para la impugnación. El número de personas en tal situación es de 56;
j) existe una imposibilidad material y jurídica para la reposición debido a que la ESMLL ya no existe. Los trabajadores de la ESMLL no pertenecían a la Municipalidad de Lima Metropolitana, ya que aquella era una empresa con personería jurídica propia e independiente; y estaban sujetos, como es natural, a un estatuto laboral distinto al de los trabajadores municipales. Por ello no es materialmente posible reincorporar al personal en una empresa inexistente, ni es posible jurídicamente reincorporarlos al Municipio, que no era su empleador;
k) la normativa fiscal peruana prohíbe de modo radical la incorporación de un trabajador si no existe plaza vacante debidamente prevista y presupuestada, bajo responsabilidad administrativa y penal del funcionario competente. Tal prohibición subsiste aún en caso de que se trate de ejecución de una resolución judicial, supuesto en el cual la reincorporación del trabajador queda en suspenso hasta que existan la plaza y el presupuesto. Asimismo, existen leyes que prohíben la creación de nuevas plazas. “Por consiguiente, la posibilidad de reincorporación de un trabajador queda supeditada a la posibilidad de que se autogenere una vacante, por cese de un trabajador activo”. Las normas de austeridad no están orientadas a generar el incumplimiento de resoluciones judiciales, “sino que obedecen a la situación económica del país y al estado caótico de su administración pública en la mayoría de sus dependencias”;
l) en relación con los terrenos de La Molina, “la reversión de los mismos obedeció […] fundamentalmente, a que dichos terrenos habían sido objeto de tráfico ilícito: en lugar de ir a sus destinatarios, fueron transferidos o vendidos a terceras personas, que no tenían ni tienen la condición de trabajadores del Municipio de Lima”. La Municipalidad trató de resolver esta situación, para lo que declaró la caducidad de la adjudicación de dicho terreno reservándolo para la ejecución del programa de vivienda municipal;
m) en cuanto al local sindical, “SITRAMUN – la organización auténtica – tiene en posesión un inmueble proporcionado por el Municipio para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines”. Los accionantes pretenden que el inmueble del Jirón Lampa Nº 170 “sea transferido al falso SITRAMUN, la asociación civil que ha usurpado ilegítimamente la denominación del organismo sindical”. El Estado se opone a dicha pretensión;
n) en al menos ocho expedientes judiciales consignados en la demanda y partes en la presente causa, no se ha llevado a cabo la ejecución por exclusiva inacción de la parte demandante, razón por la cual dichos expedientes han sido archivados desde mucho tiempo atrás. El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos no puede ser requerido como instancia instrumental para la ejecución de expedientes en estado de abandono. No es admisible que se pretenda en sede internacional lo que no se ha procurado oportuna y eficientemente en sede interna. Solicita que las personas incluidas en cada uno de los expedientes archivados sean excluidas del listado de presuntas víctimas. Además, el expediente N° 3010-1997, en el que fue expedida la sentencia de fecha 27 de julio de 1998, fue en su oportunidad archivado, sin que se dispusiera en el mismo, por vía de ejecución, la reposición o reinstalación de persona alguna. El Municipio pidió el desarchivamento para poder confrontar sus archivos y proporcionar los elementos fácticos necesarios para contestar la demanda; y
o) los convenios colectivos que se celebraron entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Sindicato de Trabajadores de dicha Municipalidad (SITRAMUN), “no contienen renuncia ni menos abdicación a la potestad y correlativa obligación de la Municipalidad de Lima de aplicar la normativa legal pertinente”. La estabilidad laboral no implica la inamovilidad absoluta y perpetua de ningún trabajador, “sino, a lo sumo, la garantía de no ser despedido sino por una causal justificada. La Municipalidad se ha ceñido en todo momento a dicho compromiso: los trabajadores que han cesado lo han sido a consecuencia de procesos previstos y autorizados por leyes específicas, o como consecuencia de la participación en paralizaciones ilegales y en actos de extrema violencia contra personas y bienes”.
Consideraciones de la Corte
210. El artículo 25 de la Convención señala que:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
211. En relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, el artículo 1.1 de la Convención dispone que:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
212. Independientemente del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado (supra párrs. 169 a 180), este Tribunal estima necesario analizar diversos asuntos que han sido alegados o han surgido recién en el trámite ante la Corte, con el fin de establecer algunas particularidades en relación con el cumplimiento de las sentencias, así como también considera necesario establecer algunos criterios generales sobre el derecho a la protección judicial.
213. La Corte ha establecido que no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben tener efectividad, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención . Al respecto, este Tribunal ha señalado que
[…] no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión .
y que
la salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos .
214. La Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados tanto en la Convención, como en la Constitución y las leyes. El recurso o acción de amparo regulado en la normativa peruana constituye un recurso rápido y sencillo que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales.
215. No se discute en este caso la consagración normativa de dicho recurso, sino la falta de cumplimiento de 24 sentencias firmes que declararon con lugar diversas acciones de garantía (supra párr. 204.13, 204.15, 204.16, 204.17, 204.22, 204.37, 204.42, 204.43, 204.55, 204. 61, 204.69, 204.80 y 204.86).
216. Al respecto, es preciso indicar que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas . Sin embargo, la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas .
217. Asimismo, el Tribunal ha establecido que
[l]a efectividad de las sentencias depende de su ejecución. El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento .
218. En este sentido, esta Corte ha declarado la violación del artículo 25 de la Convención, debido a que, en un caso, el Estado demandado, durante un largo período de tiempo, no ejecutó las sentencias emitidas por los tribunales internos y, en otro caso, no aseguró que una sentencia de hábeas corpus “fuera apropiadamente ejecutada” .
219. El derecho a la protección judicial sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de una de las partes .
220. En relación con este caso, el Tribunal estima que, para satisfacer el derecho de acceso a un recurso efectivo, no es suficiente con que en los procesos de amparo se emitieran decisiones definitivas, en las cuales se ordenó la protección a los derechos de los demandantes . Además, es preciso que existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. Como ha quedado establecido (supra párr. 167), uno de los efectos de la cosa juzgada es su obligatoriedad. La ejecución de las sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso al recurso, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario supone la negación misma de este derecho.
221. De conformidad con el artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú “[… n]inguna autoridad puede […] dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.
222. Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº 23506 de Hábeas Corpus y Amparo de 1982, “[l]a resolución final constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al recurrente”. Por su parte, el Código Procesal Constitucional de 2004 dispone en su artículo 6 que “[e]n los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo”. De acuerdo a lo anterior, las 24 sentencias cuyo incumplimiento se alega en este caso tienen autoridad de cosa juzgada, con sus correspondientes efectos.
223. En cuanto a la ejecución de dichas sentencias, el artículo 27 de la Ley Nº 23506 de Hábeas Corpus y Amparo de 1982 disponía que “[l]as resoluciones finales consentidas o ejecutoriadas que recaigan en las Acciones de Garantía, serán ejecutadas por el juez, Sala o Tribunal que las conoció en Primera Instancia, en el modo y forma que establecen los Títulos XXVIII y XXX, Sección Segunda, del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto sean compatibles con su naturaleza”.
224. Asimismo, el artículo 59 del Código Procesal Constitucional de 2004, al referirse a la “Ejecución de Sentencia”, dispone que
[…] la sentencia firme que declara fundada la demanda debe ser cumplida dentro de los dos días siguientes de notificada […]. Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez[,] quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual serán de aplicación las medidas coercitivas […].
225. En cuanto al alegato del Perú de supeditar el cumplimiento de las sentencias a la existencia de plaza y presupuesto, la Corte considera que tratándose de sentencias que resuelven acciones de garantía, por la especial naturaleza de los derechos protegidos, el Estado debe darles cumplimiento en el menor tiempo posible, adoptando todas las medidas necesarias para ello. El retraso en la ejecución de la sentencia no puede ser tal que permita un deterioro a la esencia misma del derecho a un recurso efectivo y, por consiguiente, también cause una afectación al derecho protegido en la sentencia. Las normas de presupuesto no pueden justificar la demora durante años del cumplimiento de las sentencias .
226. La Corte aplicará los criterios indicados en los párrafos precedentes al analizar las 24 sentencias firmes cuyo incumplimiento se alega en este caso, y seguidamente realizará tal análisis tomando como base la estructura o agrupación de estas sentencias expuesta en el capítulo de Hechos Probados (supra párr. 204).
227. Por otra parte, en cuanto a la determinación de las presuntas víctimas, la Corte hace notar que, en el transcurso del proceso, tanto la Comisión como el interviniente común han aceptado que hay personas que efectivamente se encuentran comprendidas como beneficiarios de las sentencias de amparo y que por error no fueron incluidas en las listas de presuntas víctimas. Al respecto, el Tribunal deja establecido que las presuntas víctimas en este caso son todas las personas a cuyo favor fueron emitidas las sentencias de amparo, según los nombres indicados en las mismas sentencias. Asimismo, en los casos de las sentencias que no indican los nombres de esas personas, sino que se refieren a “los demandantes” o “los accionantes”, el Tribunal considera como presuntas víctimas a las personas que presentaron las demandas o acciones de amparo, para lo cual tomará sus nombres de las acciones de amparo interpuestas por esos demandantes. Además, la Corte considera como presuntas víctimas a las personas que, no habiendo sido propiamente demandantes, tienen sus derechos amparados por algunas sentencias.
228. Al referirse a cada grupo de sentencias de amparo, la Corte realizará las indicaciones pertinentes sobre quiénes son las presuntas víctimas, para lo cual también se incorpora a la presente Sentencia un anexo al respecto, el cual forma parte integrante de la misma. Asimismo, el Tribunal ha notado que hay personas que son presuntas víctimas de varias sentencias de amparo en relación con ceses o despidos, lo cual ha hecho constar en el referido Anexo, sin excluir el nombre de ninguna de ellas.
A) Sentencias respecto de los ceses o despidos por evaluación o excedencia
229. En este grupo de sentencias se encuentran, por una parte, 3 sentencias emitidas por las Salas Especializadas en Derecho Público y 2 sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional , en las cuales se declaran inaplicables las Resoluciones de la Alcaldía de Lima que disponían ceses o despidos por evaluación o excedencia (supra párr. 204.15, 204.16, 204.17 y 204.22). En las sentencias emitidas por la referida Sala se ordenó reponer a los demandantes en sus puestos o funciones habituales de trabajo (supra párr. 204.15 y 204.22), y en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional se ordenó reponer a los demandantes “en los cargos que venían ocupando u otros de igual nivel, sin el pago de remuneraciones por el tiempo no laborado” (supra párr. 204.16 y 204.17).
230. Este Tribunal observa que, con respecto al cumplimiento de las referidas sentencias de amparo emitidas por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público el 23 de septiembre de 1998 y 23 de junio de 1999, y por el Tribunal Constitucional el 20 de agosto de 1999, el juzgado a cargo de su ejecución requirió a la Municipalidad que cumpliera con los reintegros (supra párr. 204.19 y 204.23). En cuanto a la orden de cumplimiento de la mencionada sentencia de 23 de septiembre de 1998, la Municipalidad interpuso tres oposiciones, que le fueron declaradas infundadas con base, inter alia, en que no puede argumentar las prohibiciones de la ley de presupuesto para excusarse de cumplir una resolución con autoridad de cosa juzgada (supra párr. 204.24).
231. Con base en las anteriores consideraciones y en el acervo probatorio del caso, el Tribunal ha constatado que el Estado no ha cumplido efectivamente las referidas 5 sentencias de amparo, configurándose una demora injustificada de seis a ocho años en el cumplimiento de esas sentencias de amparo firmes.
232. Conforme a lo explicado en el párrafo 227 de la presente Sentencia, las víctimas del incumplimiento de esas 5 sentencias de amparo son las personas indicadas como demandantes y litisconsortes en 4 de ellas. En cuanto a la sentencia emitida por la Sala Especializada de Derecho Público el 6 de junio de 1997, en cuyo texto se hace referencia a “los accionantes” sin indicar sus nombres, la Corte toma los nombres de las personas que interpusieron la acción de amparo. Todas esas personas se encuentran en la lista de víctimas anexa a la presente Sentencia.
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233. En este grupo de sentencias de ceses o despidos por evaluaciones también se encuentra la sentencia emitida por la Sala Especializada de Derecho Público el 6 de febrero de 1997 (supra párr. 204.13). La acción que dio lugar a esta sentencia fue interpuesta por el SITRAMUN (supra párr. 204.11). En la sentencia se declara “INAPLICABLES a los demandantes” la Resolución de Alcaldía No. 033-A-96 que dispuso el programa de evaluación del personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (supra párr. 204.4), debido a que no fue publicado el anexo 1 de esa Resolución que contenía las bases de dicho programa de evaluación y la Municipalidad no demostró que los trabajadores hubieren tomado conocimiento de esas bases por otro medio (supra párr. 204.13).
234. Si bien la sentencia de 6 de febrero de 1997 no ordena la reposición de los demandantes, en etapa de ejecución de sentencia los tribunales competentes ordenaron a la Municipalidad de Lima que cumpla con reponer a los trabajadores (supra párr. 204.14).
235. Al respecto, la Corte observa que la referida sentencia establece un mandato general que debía ser cumplido respecto de todos aquellos trabajadores afiliados al SITRAMUN que hubieren sido despedidos en aplicación de la Resolución No. 033-A-96, cuando el anexo 1 de esa resolución no fue publicado. Los beneficiarios de esta sentencia son personas determinables.
236. En relación con la determinación de esos beneficiarios, en su demanda la Comisión señaló como presuntas víctimas a 355 personas, allegando al Tribunal copia de las Resoluciones de despido de 354 de ellas, que prueban que fueron despedidas en aplicación de la mencionada Resolución No. 033-A-96 . El Tribunal considera como víctimas a las referidas 354 personas, cuyos nombres se encuentran incluidos en el cuadro de víctimas anexo a la presente Sentencia.
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237. Finalmente, en este grupo de sentencias sobre ceses o despidos por evaluaciones, se encuentra la sentencia emitida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público el 27 de julio de 1998 (supra párr. 204.26).
238. Con respecto a esta sentencia, en su escrito de alegatos finales, el Estado indicó que no hay forma de vincularla con ningún cese o persona individual y que no contiene ningún mandato.
239. Al respecto, la Corte observa que la referida sentencia de 27 de julio de 1998 confirmó la decisión adoptada por el Primer Juzgado Transitorio Especializado en Derecho Público (supra párr. 204.26), que declaró “INAPLICABLES para el sindicato demandante y sus afiliados la Ordenanza Municipal número 117 y la Resolución de Alcaldía número 3746; y todos los actos de la Municipalidad de Lima Metropolitana que de ellos se deriven”. En la misma se indicó que la referida ordenanza y resolución “constitu[ía]n amenazas concretas de afectación a los derechos constitucionales invocados”. Es decir, que se podrían ver beneficiados con esta sentencia aquellos trabajadores afiliados al SITRAMUN despedidos con base en las referidas ordenanza y resolución, que fueron declaradas inaplicables.
240. Sin embargo, no consta en el acervo probatorio del caso que se hubiere despedido a ningún trabajador en aplicación de dichas ordenanza y resolución de Alcaldía, además de que la Comisión y el interviniente común no indicaron nombres de presuntas víctimas respecto de quienes se habría incumplido esa sentencia de amparo.
241. Por consiguiente, no se ha probado ante esta Corte un incumplimiento de la sentencia de amparo emitida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público el 27 de julio de 1998, debido a que no se ha acreditado a ninguna persona como presunta víctima beneficiaria de tal decisión. No obstante, debido a que se trata de una decisión con autoridad de cosa juzgada, si el Perú realizó algún despido, con fundamento en esas normas declaradas inaplicables, debe observar lo dispuesto en esa sentencia de amparo.
B) Sentencias respecto de los despidos por faltas administrativas y participación en manifestaciones
242. En este grupo de sentencias se encuentran tres sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional el 18 de noviembre de 1998, 21 de diciembre de 1998 y 9 de abril de 1999 (supra párr. 204.37), en las cuales se declaran inaplicables las resoluciones de la Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima que ordenaron los despidos de 14 de los demandantes. En esas sentencias se ordenó reponer a 14 de los 15 demandantes en los cargos que ocupaban o en otros de igual nivel, “sin reintegro de los haberes dejados de percibir”.
243. La Corte observa que, con respecto al cumplimiento de las referidas sentencias de amparo de 18 de noviembre de 1998 y 9 de abril de 1999 emitidas por el Tribunal Constitucional, el juzgado a cargo de su ejecución requirió a la Municipalidad que cumpliera con las reposiciones (supra párr. 204.38).
244. Con base en las anteriores consideraciones y en el acervo probatorio del caso, la Corte encuentra que el Estado no ha cumplido las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional el 18 de noviembre de 1998, 21 de diciembre de 1998 y 9 de abril de 1999, configurándose una demora injustificada de seis a siete años en el cumplimiento de esas sentencias de amparo firmes.
245. Conforme a lo explicado en el párrafo 227 de la presente Sentencia, las víctimas del incumplimiento de esas 3 sentencias de amparo son las 14 personas demandantes a cuyo favor se emitieron los amparos, quienes se encuentran en la lista de víctimas anexa a la presente Sentencia.
C) Sentencias respecto de ceses o despidos por declaratoria ilegal de huelga
246. En este grupo de sentencias se encuentra, por un lado, la emitida el 16 de noviembre de 1998 por la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público, mediante la cual confirmó la sentencia de primera instancia, en la cual se resolvió dejar “sin efecto legal” la Resolución de Alcaldía No. 575 de 1 de abril de 1996 “que declara[ba] ilegal [un]a huelga convocada por el […] SITRAMUN” “con lo demás que contiene”, y “con reintegro de remuneraciones para aquellos servidores que se hubieren visto afectados” (supra párr. 204.42). La acción de amparo fue interpuesta por el Sindicato en beneficio de todos sus afiliados.
247. El Estado indicó, en su escrito de alegatos finales, que no hay forma de vincular dicha sentencia con ningún cese o persona individual y que no contiene ningún mandato, por lo que solicitó su exclusión del presente caso.
248. Al respecto, la Corte observa que la referida sentencia establece un mandato general que debía ser cumplido respecto de todos aquellos afiliados al SITRAMUN que hubieren sido despedidos en aplicación de la Resolución de Alcaldía No. 575, cuyos beneficiarios son personas determinables. Si bien la sentencia de 16 de noviembre de 1998 no ordena la reposición de los demandantes, sí ordena el reintegro de remuneraciones para los trabajadores afectados y además en el considerando segundo estableció que “[…] el objeto de la presente acción se contrae a reponer las cosas al estado anterior a la violación […]”. De lo expuesto surge como consecuencia lógica la reposición de dichos trabajadores.
249. En relación con la determinación de los beneficiarios de la referida sentencia de 16 de noviembre de 1998, en su demanda la Comisión señaló como presuntas víctimas a 288 personas. La Corte ha constatado que 45 de esas personas deben verse beneficiadas por el cumplimiento de la referida sentencia de 16 de noviembre de 1998, ya que se han allegado al Tribunal copia de sus resoluciones de despido, que prueban que fueron despedidas en aplicación de la Resolución No. 575. El Tribunal considera como víctimas a las referidas 45 personas, cuyos nombres se encuentran incluidos en el cuadro de víctimas anexo a la presente Sentencia.
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250. También en relación con los despidos por huelgas ilegales, se encuentran las 3 sentencias emitidas por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público y las 5 sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional , en las cuales se declaran inaplicables las Resoluciones de la Alcaldía de Lima a través de las cuales se destituyó a los demandantes (supra párr. 204.43 a 204.46). En las sentencias emitidas por la referida Sala se ordenó reponer a los 7 demandantes en sus puestos de trabajo con los mismos derechos y beneficios que gozaban hasta el momento de su cese. Sólo en la sentencia de 31 de marzo de 1999 emitida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público se ordenó además reintegrar las remuneraciones y demás beneficios dejados de percibir desde la expedición de la resolución de despido (supra párr. 204.44). En las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional el 3 de abril de 1998, 13 de mayo de 1998, 16 de octubre de 1998 y 20 de agosto de 1999 se ordenó reponer a los 33 demandantes “en los cargos que ocupaban u otros de igual nivel, sin el reintegro de haberes dejados de percibir” (supra párr. 204.45). Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1998 ordenó reponer a 11 demandantes “en los cargos que ocupaban u otros de igual nivel, sin el reintegro de haberes dejados de percibir” y confirmó la decisión emitida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público que ordenaba reponer a los otros 3 demandantes (supra párr. 204.46).
251. Este Tribunal observa que, con respecto al cumplimiento de siete de las referidas sentencias de amparo indicadas en el párrafo anterior, el juzgado a cargo de su ejecución requirió a la Municipalidad que cumpliera con lo dispuesto en dichos fallos (supra párr. 204.47). La Municipalidad interpuso oposiciones al cumplimiento de dos de esas sentencias con base en prohibiciones basadas en la Ley de Presupuesto, oposiciones que fueron declaradas infundadas (supra párr. 204.48 a 204.51). En consecuencia, no es de recibo lo alegado por el Estado sobre el archivo de los expedientes correspondientes a dos de esas sentencias por supuesto “abandono”. Dichos fallos declararon un derecho de forma definitiva y su cumplimiento se debía realizar prontamente, dentro de los plazos indicados en la legislación peruana, sin que la parte beneficiaria deba instar a su ejecución indefinidamente, cuando el propio tribunal encargado de su ejecución ha ordenado su cumplimiento a la Municipalidad.
252. Con base en las anteriores consideraciones y en el acervo probatorio del caso, la Corte encuentra que el Estado no ha ejecutado las sentencias emitidas por la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público el 14 de julio de 1998, 16 de noviembre de 1998, 31 de marzo de 1999 y 22 de diciembre de 1999 y por el Tribunal Constitucional el 3 de abril de 1998, 13 de mayo de 1998, 16 de octubre de 1998, 11 de noviembre de 1998 y 20 de agosto de 1999, configurándose una demora injustificada de más de seis años en el cumplimiento de esas sentencias de amparo firmes.
253. Conforme a lo explicado en el párrafo 227 de la presente Sentencia, las víctimas del incumplimiento de las 8 sentencias de amparo (supra párr. 250) son las personas indicadas como demandantes en ellas y las víctimas del incumplimiento de la sentencia de 16 de noviembre de 1998 son las 45 personas acreditadas como beneficiarios de la sentencia (supra párr. 249), quienes se encuentran en la lista de víctimas anexa a la presente Sentencia.
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Alegaciones sobre exclusión de presuntas víctimas respecto de las sentencias sobre despidos por evaluación o excedencia, por faltas administrativas y participación en manifestaciones y por declaratoria ilegal de huelga
254. La Corte estima importante referirse a algunas alegaciones de las partes respecto de las personas que deben considerarse como presuntas víctimas de las sentencias sobre ceses o despidos que ordenan la reposición, las cuales han sido analizadas en los párrafos precedentes (supra párrs. 229 a 253).
255. En su demanda la Comisión indicó que no todas las personas que presentaron las acciones de amparo que fueron declaradas con lugar son presuntas víctimas de este caso. En cuanto a la sentencia de 6 de junio de 1997 (supra párr. 204.15) indicó que 27 de los 30 demandantes “celebraron un convenio de cumplimiento de sentencia con la Municipalidad de Lima”, por lo que no los incluyó en la demanda.
256. Asimismo, el Estado ha indicado que, después de obtener la sentencia de amparo a su favor, algunos demandantes habrían realizado transacciones extrajudiciales con la Municipalidad de Lima, y aportó un cuadro certificado bajo juramento por el Asesor de la Sub Gerencia de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre las exclusiones de presuntas víctimas que considera se deberían realizar.
257. Por su parte, el interviniente común ha indicado que hay “transacciones extrajudiciales […] efectuadas después de las sentencias de última instancia y, según el artículo 334º del Código Procesal Civil[,] sólo pueden efectuarse hasta antes de que se emita sentencia[. … No obstante,] el artículo 339º del Código Procesal Civil [establece que] en los casos que hay sentencia consentida y ejecutoriada, se puede acordar cualquier asunto respecto al cumplimiento de la obligación contenida en la sentencia”. El interviniente común indicó que “deja[…] al alto criterio de la honorable Corte la decisión respecto a este grupo de [presuntas] víctimas”.
258. En cuanto a la determinación de las presuntas víctimas, la Comisión señaló en su escrito de 9 de enero de 2006 (supra párr. 102) que, “como consecuencia de la posición adoptada por el Estado recién a partir de su contestación de la demanda”, han variado ante la Corte los “elementos de prueba” para la determinación de las presuntas víctimas, por lo que concluye que se ha “creado la necesidad de que se haga una determinación judicial de esta cuestión”.
259. El Tribunal observa que se han allegado documentos dirigidos a probar que, con posterioridad a la emisión de las sentencias, se habrían adoptado diversas medidas a fin de darles cumplimiento respecto de algunas personas. Sobre este asunto, la Corte considera que los tribunales internos competentes de la ejecución de las sentencias sobre ceses o despidos deben adoptar una decisión definitiva sobre la determinación de quiénes son los trabajadores respecto de los que continúa pendiente el cumplimiento parcial o total de las sentencias.
D) Sentencias respecto de la aplicación de pactos colectivos
D.1 Reducción de remuneraciones
260. En cuanto a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 10 de diciembre de 1997 (supra párr. 204.55), la Corte observa que, según lo dispuesto en la misma, los beneficiarios de este amparo serían los afiliados al SITRAMUN. De acuerdo a lo ordenado dicho fallo, la Municipalidad de Lima debía “cancelarles el monto diferencial correspondiente a la disminución de sus remuneraciones, por el período real y efectivamente laborado durante la aplicación de [la] Resolución [de Alcaldía No. 044-A-96 de 17 de enero de 1996]”, por medio de la cual se les había aplicado a partir de enero de 1996 una escala remunerativa transitoria.
261. En cuanto a su cumplimiento, tanto el interviniente común como la Comisión Interamericana reconocieron en la audiencia pública ante la Corte y en sus escritos de alegatos finales, que se ha producido un cumplimiento parcial de dicho fallo y alegan que subsiste una falta de cumplimiento respecto de los trabajadores que fueron despedidos y no han sido repuestos en sus trabajos en la Municipalidad, así como de aquellos que no son pensionistas. El interviniente común presentó un detalle de los montos que considera que todavía se debe a los beneficiarios de la sentencia de amparo, tema al cual se refirió el testigo Wilfredo Castillo Sabalaga en su affidávit (supra párr. 187). No obstante, la Corte ha notado que, al parecer, habrían trabajadores no repuestos en sus cargos a quienes la Municipalidad les reintegró las cantidades disminuidas de sus salarios en el año 1996, ya que el testigo Juan de Dios Berrospi (supra párr. 187), quien es presunta víctima de este caso, así lo reconoció.
262. Por su parte, el Estado ha alegado que la Municipalidad de Lima ha reintegrado “a sus trabajadores la suma disminuida, en sucesivas armadas y de acuerdo a sus posibilidades presupuestales”. Asimismo, fueron aportadas diversas resoluciones que emitió la Municipalidad entre julio de 1999 y noviembre de 2002, en las que autorizaba a las Oficinas de Personal y Tesorería que abonaran pagos por concepto del reajuste (supra párr. 204.59).
263. Con base en el acervo probatorio del caso y lo indicado por las partes, la Corte considera probado que el Estado reintegró las cantidades debidas a aquellos afiliados al SITRAMUN que trabajaban en la Municipalidad en la fecha en que se realizaron los pagos por reintegro, así como a aquellos que eran pensionistas en esas fechas. Sin embargo, no ha cumplido respecto de la totalidad de los otros afiliados al SITRAMUN a los que se les aplicó dicha escala remunerativa transitoria y que, por diversos motivos, no trabajaban en la Municipalidad en la fecha en que se realizaron los pagos por concepto de reintegro. Con respecto a esto último, cabe recordar que hay un grupo de trabajadores que fue despedido en el transcurso de 1996 y que mediante sentencias de amparo se ordenó su restitución al trabajo, pero no se han cumplido esas sentencias. Antes de ser despedidas estas personas también estuvieron recibiendo sus remuneraciones durante varios meses, de acuerdo a la escala transitoria que se aplicó por lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía No. 044-A-96 de 17 de enero de 1996, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de 10 de diciembre de 1997, les corresponde el pago del reintegro de los montos deducidos a sus salarios de los meses del año 1996 que efectivamente trabajaron antes de ser despedidos. Asimismo, podrían haber trabajadores que por despido u otros motivos dejaron de laborar en la Municipalidad y no cuentan con sentencias de reposición a su favor, a quienes también se les habría aplicado una escala remunerativa transitoria de acuerdo a la Resolución de Alcaldía No. 044-A-96 de 17 de enero de 1996.
264. De conformidad con las anteriores consideraciones, el Estado ha dado cumplimiento parcial a la sentencia de amparo emitida por el Tribunal Constitucional el 10 de diciembre de 1997 y se encuentra pendiente su cumplimiento en relación con una parte de los beneficiarios, configurándose respecto de estos últimos una demora injustificada de más de ocho años en el cumplimiento de esa sentencia de amparo firme.
265. La Corte no cuenta con elementos probatorios suficientes ni adecuados para indicar quiénes serían los afiliados al SITRAMUN respecto de los que todavía se encuentra pendiente el cumplimiento de la referida sentencia de 10 de diciembre de 1997, lo cual deberá ser determinado por el tribunal judicial interno competente de la ejecución de dicho fallo.
D.2) Beneficios remunerativos
266. En la sentencia emitida el 18 de noviembre de 1998 por la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público (supra párr. 204.60 y 204.61) se resolvió que la Municipalidad de Lima debe: cumplir con los pactos colectivos suscritos con el SITRAMUN entre los años 1989 a 1995, que tienen incidencia directa en las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, gratificaciones y demás beneficios de los trabajadores; abonar a los trabajadores afiliados a dicho sindicato, las sumas adeudadas durante los años 1992 a 1995 por dichos conceptos; y abonarles las remuneraciones mensuales impagadas de septiembre a diciembre de 1995. En su escrito de alegatos finales el Perú indicó que dicha sentencia “está en proceso de ejecución” ante el 1º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, que se “ha[brían] emitido un conjunto de resoluciones, en orden a la ejecución” y aportó alguna documentación en relación con uno de los puntos ordenados en dicho fallo, cual es abonar a los trabajadores las remuneraciones mensuales impagadas de septiembre a diciembre de 1995. En el mismo sentido, en dos de las declaraciones juradas aportadas a este Tribunal, las presuntas víctimas mencionaron que en el año 2003 la Municipalidad comenzó a pagarles parte de la deuda pendiente de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1995, cancelándola totalmente respecto de una de ellas (supra párrs. 187 y 204.62).
267. Asimismo, el Estado indicó que la mencionada sentencia se encuentra en etapa ejecutiva, por lo que “no comporta un incumplimiento de sentencia”.
268. Al respecto, la Corte ha constatado que efectivamente el 17 de noviembre de 2004 el juzgado a cargo de la ejecución de la sentencia emitió una resolución que guarda relación con la determinación de los afiliados al SITRAMUN beneficiarios de la misma (supra párr. 204.63). Además, el Tribunal observa que el propio Estado ha reconocido que en su ejecución se ha dado una “excesiva dilación” debido al sometimiento a los “procedimientos legales”.
269. La Corte considera que el hecho de que una sentencia se encuentre en etapa de ejecución no excluye una posible violación al derecho a un recurso efectivo. El Tribunal reconoce que en la ejecución de sentencia se tengan que realizar determinaciones para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala y emitir diversas resoluciones, pero ello no es una justificación razonable ante un retraso de más de siete años en la ejecución de la sentencia firme, por lo que concluye que se ha configurado una demora injustificada en el cumplimiento de la referida sentencia de amparo de 18 de noviembre de 1998.
270. Este Tribunal no cuenta con elementos probatorios suficientes ni adecuados para indicar quiénes serían los afiliados al SITRAMUN beneficiarios de la referida sentencia de 18 de noviembre de 1998, lo cual deberá ser determinado por el tribunal judicial interno competente de su ejecución.
E y F) Sentencias respecto del local de la sede sindical y respecto del terreno en el Distrito de La Molina
271. La Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre el alegado incumplimiento de las sentencias emitidas por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público el 11 de marzo y 19 de agosto de 1999 que ordenan que la Municipalidad de Lima adopte las medidas pertinentes para donar al SITRAMUN un local para su sede (supra párr. 204.80), y la inaplicación de la Resolución Nº 267 que declaró la caducidad de la adjudicación a dicho sindicato del terreno ubicado en el Distrito La Molina (supra párr. 204.69), debido a que el beneficiario de las mismas es una persona jurídica y no se puede establecer la identidad de los individuos que serían presuntas víctimas de los alegados incumplimientos.
G) Sentencia respecto de la disolución de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL)
272. La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 8 de julio de 1998, que declara “inaplicable el Acuerdo de Consejo que resolvió disolver y liquidar la ESMLL y ordenó la reposición “de los demandantes que no hubiesen cobrado sus beneficios sociales” (supra párr. 204.86), se encuentra en etapa de ejecución, en la cual los tribunales han adoptado diversas decisiones respecto de la determinación de quiénes deben ser repuestos. Según el acervo probatorio del caso, ante las últimas actuaciones judiciales realizadas en junio y agosto de 2005 en aras de reponer a 35 trabajadores, la Municipalidad de Lima ha manifestado “imposibildad jurídica de proceder a la referida incorporación de los trabajadores” (supra párr. 204.91). Asimismo, se encontraría pendiente de resolver una apelación sobre el extremo de la decisión que declaró improcedente la reposición de 217 trabajadores (supra párr. 204.89).
273. Ante este Tribunal el Estado manifestó que reconoce la validez de esta sentencia, pero que por encontrarse en etapa de ejecución el Tribunal no debería conocer de este caso. Al respecto, el Tribunal reitera que el hecho de que una sentencia se encuentre en etapa de ejecución no excluye una posible violación al derecho a un recurso efectivo (supra párr. 269).
274. La Corte reconoce que en la ejecución de esta sentencia se han tenido que realizar determinaciones para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Constitucional y se han tenido que adoptar diversas resoluciones y decidir sobre oposiciones y apelaciones interpuestas por las partes. Sin embargo, el Tribunal estima que ello no es una justificación razonable ante el retraso que se ha dado en la ejecución de la sentencia firme, por lo que concluye que se ha configurado una demora injustificada de siete años y medio en el cumplimiento de la referida sentencia de amparo de 8 de julio de 1998.
275. Conforme a lo explicado en el párrafo 227 de la presente Sentencia, las víctimas del incumplimiento de esta sentencia de amparo son las 56 personas que el tribunal encargado de la ejecución de la sentencia ha determinado que deben ser reintegradas, quienes se encuentran en la lista de víctimas anexa a la presente Sentencia. Debido a que, según la información aportada a la Corte, se encuentra pendiente que el tribunal interno competente decida sobre una apelación respecto de la decisión que declaró improcedente la reposición de 217 trabajadores (supra párr. 204.89), este Tribunal deja establecido que si al resolver dicha apelación se reconoce el derecho de reposición de esos trabajadores, el Estado debe cumplir con su reintegro.
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276. Además de todas las consideraciones expuestas en este capítulo, la Corte resolvió otorgar plenos efectos y admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado en el trámite ante la Comisión (supra párr. 178), en cuyos términos el Perú es responsable “por la transgresión de los derechos humanos de los trabajadores del SITRAMUN, previstos en los artículos 25(2)(c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en los términos de lo indicado en los párrafos 169 a 180.
277. De todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana e incumplió la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas indicadas en los párrafos 232, 235, 236, 245, 249, 253, 260, 265, 270 y 275, por no cumplir las sentencias emitidas por la Sala Constitucional y la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público, según lo indicado en los párrafos 210 a 236, 242 a 270 y 272 a 275 de la presente Sentencia.
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278. La Corte considera que las violaciones por el incumplimiento de sentencias declaradas previamente en este capítulo son particularmente graves, ya que implicaron que durante muchos años se afectaron derechos laborales amparados en las mismas. Estas afectaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal al pronunciarse sobre las reparaciones.
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279. No corresponde emitir un pronunciamiento sobre lo alegado por el interviniente común en su escrito de solicitudes y argumentos respecto de la supuesta violación al artículo 25.1 en relación con la desestimación y archivamiento de denuncias penales (supra párr. 207), debido a que el Tribunal considera que en el expediente no hay suficientes elementos probatorios sobre este asunto.
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280. Esta Corte ha establecido que las presuntas víctimas o sus representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión, ateniéndose a los hechos contenidos en la demanda .
281. El Tribunal no entrará a analizar la presunta violación del artículo 8.1 alegada por el intervininiente común de los representantes, en los términos en que la planteó, debido a que las sentencias de amparo sobre ceses o despidos ya declararon que se habían configurado violaciones al debido proceso al realizarse las destituciones y ordenaron que se debía reintegrar a los trabajadores (supra párrs. 229, 234, 242, 246 y 250), de lo cual la Corte toma nota.
X
ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA MISMA
(DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES)
282. La Comisión no alegó que se hubiera violado el artículo 26 de la Convención.
Alegatos del interviniente común
283. El interviniente común de los representantes alegó que el Estado violó el artículo 26 de la Convención, apreciación que no figura en la demanda presentada por la Comisión. El interviniente indicó que:
a) es necesario incorporar la normativa y jurisprudencia internacionales desarrolladas en la materia, para dotar de preciso alcance y contenido a este derecho, teniendo en cuenta la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales, y de conformidad con el principio pro homine establecido en el artículo 29.b de la Convención;
b) los siguientes hechos constituyen una violación manifiesta de derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del Hombre, en la Convención Americana y en el Protocolo de San Salvador: el despido masivo de trabajadores de la Municipalidad de Lima afiliados al SITRAMUN que se negaron a someterse al Programa de Evaluación de Personal u obtuvieron resultados insatisfactorios en el mismo; la imposición posterior e “irregular” de un nuevo programa de evaluación sin observar la ley, despidiendo “nueva y masivamente a cientos de trabajadores” afiliados al SITRAMUN; los despidos de 418 trabajadores afiliados al SITRAMUN como consecuencia de la instauración de procesos administrativos contra quienes, por considerarse lesionados en sus derechos, rechazaron los procedimientos de evaluación y se declararon en huelga; la reducción por parte de la Municipalidad del 30% en “sueldos, salarios y pensiones de sus trabajadores y ex trabajadores”, incluyendo los afiliados al SITRAMUN; la exigencia de la Municipalidad de Lima de requisitos para la sindicalización que sólo podían ser determinados por ley; la infracción al Convenio No. 87 de la OIT al “eliminar las licencias sindicales y desconocer a la Junta Directiva del SITRAMUN-Lima” porque “sus integrantes eran ex trabajadores de la Municipalidad, reteniendo además las cuotas sindicales de los afiliados” a dicho sindicato y devolviéndolas individualmente a los trabajadores; la pretensión de desalojar al SITRAMUN-Lima de su local sindical y la reversión de los terrenos de La Molina concedidos al SITRAMUN-Lima por convenio colectivo”; el incumplimiento de sentencias judiciales que ordenaron remediar y reparar las referidas violaciones; el despido de más de 800 trabajadores sin respetar el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo No. 728, con anterioridad a la adopción del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad de Lima No. 036 de 4 de julio de 1996 “disolviendo y liquidando la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza (ESMLL)”;
c) el incumplimiento por parte del Estado de las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que reconocen a las presuntas víctimas su derecho a ser reincorporados en sus puestos de trabajo, constituye una grave violación a sus derechos laborales y previsionales, reconocidos en diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos;
d) la justicia peruana reivindicó a través de sus máximos tribunales el derecho de las presuntas víctimas “a conservar su empleo y a seguir percibiendo ingresos económicos que les permitiesen garantizar a ellos y a sus familias una existencia digna, luego de haber sido arbitrariamente despedidos en procesos administrativos irregulares”. Sin embargo, el Estado no ha cumplido con reincorporarlos en sus puestos de trabajo y con la restitución de los beneficios convencionales de los que fueron privados, violando en perjuicio de las presuntas víctimas sus derechos laborales y previsionales. Las presuntas víctimas son personas de escasos recursos económicos;
e) la violación del derecho de las presuntas víctimas a la seguridad social se concretó al verse abruptamente interrumpido el acceso de éstas, y el de sus dependientes, a la cobertura de protección que les brindaba el entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, en su condición de asegurados de la referida institución. Dicha calidad de asegurados “les fue irremediable y bruscamente desconocida, inmediatamente después de que se consumaran los inconstitucionales despidos de que fueran objeto a partir de 1996”;
f) el derecho a la seguridad social continúa siéndoles negado a las presuntas víctimas, “pese a la existencia de sendas resoluciones de las más altas instancias de la justicia peruana que ordenaron su reposición en sus puestos de trabajo con todos los derechos inherentes al empleo del que son titulares, incluyendo el de ser amparados por la cobertura de protección ofrecida por las instituciones de la seguridad social”;
g) el despido arbitrario de las presuntas víctimas y la no reposición en sus puestos de trabajo, conforme a lo ordenado por los tribunales nacionales, trajo como consecuencia el cese de la acumulación de sus años de servicio para fines previsionales, lo cual impidió que muchos trabajadores alcanzasen su jubilación. También se negó a muchos trabajadores su derecho a recibir una pensión de invalidez. Dicha situación ha conducido, incluso, al fallecimiento de muchas presuntas víctimas, “sin que hasta la fecha se les haya reconocido a sus familias el derecho a la pensión de sobrevivencia que, conforme a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, les corresponde”;
h) solicita a la Corte que tome en cuenta que las violaciones de los derechos humanos de los “señores Julio Acevedo Jaramillo y sus demás compañeros y compañeras, ex trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Lima y miembros del SITRAMUN – Lima, en el ámbito del Trabajo y de la Seguridad Social, no solo abarcan a un universo ampliamente significativo de personas (cerca de 2,000), sino que son claramente representativas de un patrón de violaciones similares ocurridas en el Perú entre 1990 y el 2000”;
i) como consecuencia de la violación de dicha norma, el Estado violó, a su vez, su obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, así como su deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. Además, ha violado el derecho al trabajo y a una justa remuneración, reconocidos en los artículos XIV y XVI de la Declaración Americana, en conexión con el deber de progresividad garantizado por el artículo 26 de la Convención; y
j) la aplicación del Decreto Ley No. 26.093 y de la Ley No. 26.553 que confirieron a los titulares de los Ministerios, de las Instituciones Públicas Descentralizadas y de los Gobiernos Locales facultades extraordinarias para disponer la ejecución de los Programas de Evaluación de Personal y que, como consecuencia de ello, los habilitó para despedir masivamente a sus trabajadores, colisionó con la legislación interna entonces vigente en materia laboral. La primera de dichas normas violó los derechos al trabajo y en el trabajo reconocidos por la Constitución Política de 1979 y la normativa ordinaria entonces aplicable; en tanto la segunda violó las garantías contempladas en materia de trabajo incorporadas al nuevo texto constitucional de 1993, por lo cual el Estado incurrió en una violación al artículo 2 de la Convención, en perjuicio de los trabajadores afiliados al SITRAMUN.
284. Alegatos del Estado
El Estado expresó que no incumplió ninguna obligación de la Convención.
Consideraciones de la Corte
285. La Corte no analizará la alegada violación al artículo 26 de la Convención porque ya se refirió a las graves consecuencias que tuvo el incumplimiento de las sentencias en el marco de los derechos laborales amparados en aquellas (supra párr. 278).
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286. La Corte no se pronuncia sobre la alegada violación del artículo 2 de la Convención realizada por el interviniente común proveniente de la aplicación del Decreto Ley No. 26.093 y de la Ley No. 26.553 (supra párr. 283.j), porque hacerlo llevaría a la Corte a realizar un análisis de hechos que no son objeto de la litis en el presente caso.
XI
ARTÍCULO 16 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA MISMA
(LIBERTAD DE ASOCIACIÓN)
287. La Comisión no alegó que se hubiera violado el artículo 16 de la Convención.
Alegatos del interviniente común
288. El interviniente común de los representantes indicó en sus alegatos finales que el Estado violó el artículo 16 de la Convención, apreciación que no figura en la demanda presentada por la Comisión. El interviniente indicó que:
a) los afiliados al SITRAMUN-Lima negociaron convenios colectivos, por medio de los cuales obtuvieron estabilidad laboral y la adjudicación para el sindicato, a título gratuito, de un terreno en Lima para el desarrollo de un programa de vivienda y de un local para la sede del sindicato;
b) 418 trabajadores afiliados al sindicato fueron despedidos por participar en una huelga declarada ilegal por la Municipalidad de Lima;
c) la Municipalidad de Lima desconoció la autonomía de la organización sindical al cancelar la vigencia y validez del registro sindical debidamente inscrito en el Registro del Instituto Nacional de la Administración Pública, así como el de su junta directiva, desconociendo la validez de las licencias sindicales obtenidas y disponiendo la retención ilegal de las cotizaciones sindicales efectuadas por los afiliados de SITRAMUN-Lima. El Estado incumplió el deber de garantizar a los afiliados y a los dirigentes del SITRAMUN el ejercicio de la libertad de asociación y representación sindical que les reconocía el ordenamiento legal vigente al momento de los hechos;
d) las sentencias que ordenaron la reposición de las presuntas víctimas destituidas a través de los procesos administrativos irregulares “dan cuenta de la diversidad de infracciones cometidas por el Estado, inter alia, del derecho a la libertad de asociación y al fuero sindical”. En efecto, la libertad sindical no se agota en el derecho de asociación o afiliación, sino más bien constituye un complemento indispensable de los demás derechos sindicales. El fuero sindical es “el conjunto de medidas de protección del dirigente sindical y del militante sindical, que los pongan a cubierto de los perjuicios que puedan sufrir por su actuación y que posibiliten un desarrollo normal y eficaz de la actividad sindical”. Abarca la protección otorgada por ley o convención colectiva de trabajo a los trabajadores agremiados o sindicalizados, con el fin de protegerlos en el ejercicio de su actividad sindical, ya sea en relación a su empleador, al Estado o sus propios compañeros”. La libertad sindical incluye además el derecho de sus titulares a desarrollar actividad sindical, la que se encuentra amparada por la Constitución Política del Perú en su artículo 28 inciso 1) y en los Convenios Internacionales de la OIT Nº 98 y Nº 151, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 inciso 2); y
e) a pesar de la existencia de normas supranacionales que protegen el fuero sindical, y de la existencia de un Pacto Colectivo suscrito entre las partes que garantizaba la estabilidad laboral de los trabajadores de la corporación municipal, la Municipalidad Metropolitana de Lima no tuvo reparo en implementar despidos masivos que afectaron a más de 1200 trabajadores, incluidos los 15 dirigentes sindicales, a quienes se les expidió incluso 2 o 3 resoluciones de despido, como en el caso del dirigente Wilfredo Castillo Sabalaga.
289. Alegatos del Estado
El Estado expresó que no incumplió ninguna obligación de la Convención.
Consideraciones de la Corte
290. La pretendida violación al artículo 16 de la Convención no fue alegada por el interviniente común en su debida oportunidad procesal. Sin embargo, la Corte considera que los hechos materia de la litis del presente caso no encuadran bajo el artículo 16 de la Convención, por lo que no se pronunciará sobre su alegada violación.
XII
REPARACIONES
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1
Obligación de Reparar
291. Alegatos de la Comisión
a) en cuanto a los beneficiarios de las reparaciones:
i. son titulares con derecho a ser reparados los “1734 trabajadores de la Municipalidad de Lima miembros del SITRAMUN” y también los ex trabajadores de la empresa ESMLL. Se deben tener como beneficiarios de las reparaciones a las personas cuyos nombres se indican en las notas a pie de página de la demanda, al referirse a cada sentencia en particular;
ii. como consecuencia de la posición adoptada por el Estado a partir de la contestación de la demanda, se han generado controversias respecto de las listas de víctimas, por lo que se ha creado la necesidad de que se haga una determinación judicial de esta cuestión;
b) en cuanto al daño material, solicitó a la Corte que ordene al Perú que:
i. reintegre a los trabajadores de la Municipalidad de Lima afiliados al SITRAMUN que fueron cesados en indebida forma o que les entregue una indemnización de no ser posible acceder al mismo cargo o a un nuevo cargo;
ii. pague a los trabajadores de la Municipalidad de Lima afiliados al SITRAMUN que fueron cesados los montos de sus remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios dejados de percibir en indebida forma;
iii. pague a los trabajadores de la Municipalidad de Lima afiliados al SITRAMUN que fueron cesados sus pensiones hacia el futuro; y
iv. compense “a dichas personas por todo otro daño que ellas acrediten debidamente y que sean consecuencia directa de las alegadas violaciones a los derechos humanos”;
c) en cuanto al daño inmaterial, solicitó a la Corte que ordene al Perú que compense a los trabajadores de la Municipalidad de Lima afiliados al SITRAMUN que fueron cesados “por todo otro daño que ellos acrediten debidamente y que sean consecuencia directa de las alegadas violaciones a los derechos humanos de las víctimas, incluyendo el daño inmaterial por el sufrimiento generado por la disminución en el monto de sus pensiones y por el incumplimiento del Estado con las sentencias de los tribunales peruanos”;
d) solicitó a la Corte que ordene al Estado que “haga entrega material y legal del local para la sede del Sindicato SITRAMUN en beneficio de sus trabajadores afiliados”; y que “registre los terrenos de La Molina cuya caducidad y cancelación de registro fue dispuesta por la Municipalidad de Lima”; y
e) en cuanto a las costas y gastos, solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas originadas a nivel nacional y de las originadas a nivel internacional en la tramitación del caso ante la Comisión, así como las que se originen como consecuencia de la tramitación ante la Corte.
292. Alegatos del interviniente común de los representantes
a) los beneficiarios de las reparaciones son los 1.734 trabajadores de la Municipalidad de Lima individualizados en la demanda. Además, se debe tomar en consideración como víctimas beneficiarias de las reparaciones a 39 trabajadores de dicha Municipalidad, afiliados al SITRAMUN, que no fueron incluidos en la demanda de la Comisión, a 274 trabajadores de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMILL) a que se refiere la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 1998, y a 10 personas que fueron erróneamente excluidas;
b) en cuanto al daño material, solicitó a la Corte que ordene al Perú que:
i. reincorpore a “los trabajadores afiliados al SITRAMUN – Lima que fueron cesados indebidamente por la Municipalidad de Lima, en los mismos puestos que tenían antes del despido o en cargos de similar nivel y remuneración”;
ii. pague las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, gratificaciones y demás beneficios laborales obtenidos por los trabajadores mediante Pactos Colectivos, de conformidad con lo ordenado en la sentencia de 18 de noviembre de 1998 recaída en el Expediente Nº 261-97;
iii. otorgue a aquellos trabajadores que no puedan ser reincorporados en sus puestos de trabajo, por encontrarse física o mentalmente imposibilitados, además de las indemnizaciones respectivas, la pensión de invalidez correspondiente a ley;
iv. otorgue a aquellos trabajadores que no pueden ser reincorporados en sus cargos, por haber alcanzado la edad de jubilación, conforme a ley, una pensión de jubilación que tome en consideración el conjunto de años de servicio que no pudieron cumplir debido al despido arbitrario;
v. reconozca “el tiempo de servicios ocurrido entre su despido y su efectiva reincorporación en sus puestos de trabajo, para los efectos de su acceso al derecho a la jubilación. Los aportes correspondientes por este efecto, deberán ser deducidos del importe de los salarios caídos que corresponde restituir a las víctimas por el tiempo transcurrido mientras se mantuvieron fuera de su centro de labores. Suma que no deberá acarrear intereses, toda vez que su no pago fue consecuencia de un acto arbitrario de la propia administración estatal”;
vi. pague a las víctimas el monto diferencial correspondiente a la disminución de sus remuneraciones, aprobadas mediante resolución de alcaldía N0 044-A-96, y que resultó en la reducción del 30% de las remuneraciones y pensiones de todos los trabajadores, más los intereses legales correspondientes, de conformidad con lo ordenado en la sentencia de 10 de diciembre de 1997, recaída en el expediente Nº 457-97/AA/TC;
vii. otorgue a los familiares de las víctimas fallecidas una pensión de sobrevivencia, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico peruano;
viii. pague “a las víctimas y a sus familiares una indemnización por concepto de daño material, que incluya una reparación por las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, y demás beneficios laborales que dejaron de percibir desde el momento de su despido hasta la fecha de la expedición de la sentencia por parte de la Corte”. La indemnización debe incluir “una suma prudencial, estimada a criterio de la Corte, correspondiente a todos aquellos gastos que en materia de salud, educación y vivienda tuvieron que afrontar las víctimas y sus familiares durante el despido de éstas, lo que les ocasionó un grave empobrecimiento económico, particularmente teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las víctimas constituían el único sostén de su familia y que, como en el caso de aquellas que sufrieron alguna incapacidad física, mental o fallecieron con posterioridad a su arbitrario despido, dejaron en total desamparo a sus familias”. Además, se deberá tener en cuenta, entre otros factores, el tiempo que las víctimas han permanecido sin trabajar;
c) en cuanto al daño inmaterial, solicitó a la Corte que
i. otorgue “a las víctimas y a sus familiares, una indemnización por concepto de daño moral, debido al sufrimiento padecido durante todos estos años derivado de la falta de medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias, así como también por la angustia y sufrimiento en los que se han visto envueltos en una lucha sin descanso por la reivindicación de sus derechos laborales”; y
ii. “otorgue a las víctimas y a sus familiares una indemnización derivad[a] del ‘daño a su proyecto de vida”. Las víctimas “vieron drásticamente interrumpido su desarrollo personal y profesional debido al despido arbitrario”;
d) en cuanto a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, solicitó a la Corte que ordene al Estado que:
i. deje sin efecto la Ordenanza Municipal Nº 117 de 4 de julio de 1997, que dispuso seguir aplicando la Ley Nº 26093, y seguir ejecutando nuevas evaluaciones y nuevos ceses por excedencia;
ii. deje sin efecto la Ordenanza Municipal Nº 100 en el extremo ordenado por la sentencia de fecha 8 de mayo de 2000 en el expediente Nº 1922-99;
iii. entregue “a los trabajadores afiliados al SITRAMUN – Lima, el local ubicado en el Jr. Lampa Nº 170, en el cercado de Lima, para la sede del sindicato, de conformidad con la sentencia de fecha 11 de marzo de 1999, expediente Nº 2216-98”;
iv. deje sin efecto las Resoluciones de Alcaldía Nº 267 y Nº 2421 y el Decreto de Alcaldía Nº 005-98, que declararon la caducidad de la adjudicación del terreno del Distrito de La Molina, destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda para los trabajadores afiliados al SITRAMUN, así como la cancelación de la correspondiente ficha registral, de conformidad con la sentencia de 19 de agosto de 1999, expediente Nº 498-99;
v. otorgue a los familiares de las víctimas que padezcan “algún problema físico o mental, una reparación económica en forma de prestación de servicios de salud, que implique su recuperación integral”;
vi. otorgue a los hijos de las víctimas que han visto interrumpidos sus estudios por razón de la situación sufrida, “una reparación económica en forma de prestación de servicios de educación, a través del otorgamiento de créditos educativos y de becas integrales, a fin de que puedan culminar con éxito sus estudios y realizarse personal y profesionalmente”;
vii. reconozca públicamente su responsabilidad internacional por no haber cumplido las sentencias judiciales que reivindicaban derechos laborales fundamentales de los trabajadores municipales;
viii. pida disculpas a las víctimas y a sus familiares;
ix. publique, en dos diarios de amplia circulación nacional, el reconocimiento expreso de su responsabilidad y la petición de disculpas;
x. investigue “imparcialmente y sancione efectivamente – administrativa, civil y penalmente – a los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima responsables del prolongado incumplimiento de las sentencias judiciales que ordenaban la restitución de derechos laborales a favor de los trabajadores”;
xi. garantice el respeto de las garantías judiciales y archive los procesos penales a que se refiere el Anexo Nº 21 del escrito de solicitudes y argumentos, instaurados contra miembros del SITRAMUN – Lima como consecuencia de su participación en “eventos relacionados con la defensa de sus intereses legales lesionados por la Municipalidad de Lima”; y
xii. adecue la legislación en materia de ejecución de resoluciones judiciales en materia laboral y de seguridad social a las obligaciones internacionales del Perú; y
e) en cuanto a las costas y gastos, solicitó a la Corte que ordene al Estado el reintegro de los gastos y costas ocasionados por la contienda jurisdiccional, en el ámbito nacional e interamericano.
293. Alegatos del Estado
a) en cuanto a los beneficiarios, no existe obligación alguna frente a la inmensa mayoría de personas involucradas en los diversos casos contenidos en el presente proceso. Respecto de aquellos casos aislados que, por excepción, han sido dictaminados por las comisiones imparciales, el Estado peruano está llano a resarcir aplicando cualquiera de las medidas legalmente previstas en el ordenamiento pertinente, a elección de cada persona y de acuerdo a los requisitos señalados en dichas normas. Ni la Comisión, ni el interviniente común de las presuntas víctimas han cumplido con el requerimiento realizado por el Presidente en la audiencia pública, de presentar un análisis pormenorizado y minucioso de las víctimas;
b) en cuanto al daño material:
i. rechaza las liquidaciones presentadas por el interviniente común en los anexos 17 y 18 del escrito de solicitudes y argumentos porque “carecen de elementos esenciales para poder apreciar su contenido, ya que sólo consignan sumas globales sin indicar los conceptos y los montos desagregados que las componen”;
ii. “un gran grupo” de los trabajadores que fueron cesados de la Municipalidad se encuentran gozando de una pensión nivelable;
iii. admite su responsabilidad y está en disposición de resarcir a aquellos trabajadores cuyos casos han sido analizados por comisiones autónomas. No se considera obligado a compensar a quienes no han sido calificados positivamente por tales comisiones. No reconoce la validez jurídica de resoluciones que fueron fruto de la corrupción y el cohecho;
iv. en cuanto a las pensiones, cabe hacer un distingo: el Estado peruano acata la decisión de aquellos trabajadores que, previa y debidamente calificados por las comisiones ad hoc, opten por este tipo de resarcimiento. Tratándose de trabajadores no calificados por las comisiones, la Municipalidad de Lima Metropolitana viene pagando puntual y debidamente las pensiones de todos aquellos con derecho a ellas, no ha habido disminución ni menoscabo alguno: las personas con derecho a ella las vienen percibiendo en su integridad. Dichas pensiones se fijan en función del haber de un trabajador activo de rango equivalente y se reajustan en forma automática cuando hay incremento de éste. “No hay, por consiguiente, daño o perjuicio por resarcir”; y
v. en cuanto a las personas que no tienen condiciones de pensionistas, si han sido calificadas por las comisiones ad hoc tienen derecho a los resarcimientos alternativos que las normas pertinentes han establecido. Las otras personas no tienen derecho a resarcimiento alguno, ya que su cese ha sido calificado “por omisión como válido y correcto por las referidas comisiones”.
c) el Estado no se refirió a las solicitudes de indemnizaciones por concepto de daño inmaterial;
d) en cuanto a medidas de satisfacción y garantías de no repetición expresó que:
i. las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias que considera procedentes son las establecidas en leyes dictadas para resolver esta tipo de situaciones, en particular la Ley Nº 27803, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 014-2002-TR;
ii. la entrega de los terrenos de La Molina “ha dado ocasión para actos de incalificable corrupción por parte de dirigentes sindicales y asesores legales. Persistir en su entrega sólo significaría prolongar las ocasiones de enriquecimiento y corrupción de personas que no tienen la condición legítima de dirigentes del SITRAMUN”;
iii. en cuanto a la pretensión de que reconozca públicamente su responsabilidad y pida disculpas públicas, el Perú “ha reconocido su responsabilidad y ha actuado en consecuencia con la expedición de las leyes N° 27452, N° 27586 y N° 27803. Del mismo modo, reitera su acatamiento a las conclusiones y recomendaciones de las comisiones imparciales en todos aquellos casos en que éstas han determinado la existencia de ceses irregulares”;
iv. en cuanto a la pretensión de que se realice una investigación, “[l]a investigación imparcial y eficaz del conjunto de acciones delincuenciales ejecutados bajo la conducción del SIN la pasada década viene siendo efectuada por los jueces y tribunales peruanos. De tales investigaciones fluye, no por qué no se han cumplido sentencias, sino cómo dichas sentencias fueron perpetradas, razón por la cual sus autores – incluidos algunos de quienes se presentan en estos actuados como presuntas víctimas – están con procesos abiertos antes los juzgados anticorrupción”; y
v. en cuanto a la pretensión de que se adecue la legislación interna en materia de ejecución de las sentencias judiciales, “la legislación interna se ha adecuado para actuar frente a los gravísimos casos de corrupción descubiertos. El número de procesos en curso ante los cuatro (4) juzgados y la Sala Superior anticorrupción que ha sido necesario crear, la cantidad de personas procesadas – incluidos algunos de los que aquí se presentan como presuntas víctimas – y el número de ellas que se encuentra bajo detención física o domiciliaria así lo demuestran”; y
e) en cuanto a las costas y gastos, indicó que se ha visto obligado a comparecer ante la Corte para defender la legalidad y demostrar que las pretensiones son inválidas e infundadas en la “inmensa mayoría” de los casos. “Por lo tanto, estima que debiera ser exonerado del pago de gastos y costas, ya que sus motivos para litigar son no sólo atendibles, sino que están amplísimamente justificados”.
Consideraciones de la Corte
294. De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, la Corte decidió que el Estado es responsable por la violación del artículo 25.1 y 25.2.c) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en los términos del párrafo 277. En su jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente . En sus decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, según el cual
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
295. El artículo 63.1 de la Convención Americana acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge la responsabilidad internacional de éste, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación .
296. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados . La obligación de reparar se regula por el Derecho Internacional, y no puede ser modificada o incumplida por el Estado invocando para ello disposiciones de su derecho interno .
297. Las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de la violación y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores, y deben guardar relación con las violaciones declaradas en la Sentencia .
A) BENEFICIARIOS
298. La Corte considera “parte lesionada”, con el carácter de víctimas de las violaciones de los derechos consagrados en el artículo 25.1 y 25.2.c) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, a las personas determinadas como víctimas en el capítulo IX de esta Sentencia (supra párrs. 232, 235, 236, 245, 249, 253, 260, 265, 270 y 275), tomando en cuenta que los tribunales internos competentes de la ejecución de las sentencias deberán realizar algunas determinaciones (supra párrs. 259, 265 y 270). En el cuadro anexo a la presente Sentencia, que forma parte de la misma, se encuentran los nombres de las víctimas que pudieron ser individualizadas por el Tribunal.
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* *
299. De acuerdo a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención, la Corte dispone, en primer término, que se garantice a los lesionados en el goce de sus derechos o libertades conculcados, a través de la efectiva ejecución de las sentencias de amparo cuyo incumplimiento fue declarado por este Tribunal (supra párr. 277). En el caso de la falta de cumplimiento de las sentencias que ordenan reponer a trabajadores en sus cargos o similares, el Estado está obligado a restablecer en dichos puestos a las víctimas y, si esto no fuera posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos.
300. Si no fuera posible reponer en sus puestos o en otros similares a los trabajadores, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, como medida de reparación el Estado deberá proceder al pago de una indemnización por concepto de terminación de las relaciones laborales por causa injustificada. Los montos de las indemnizaciones deberán fijarlos las autoridades nacionales, tomando en cuenta el tiempo de servicios de cada trabajador destituido, el tiempo que permaneció destituido injustificadamente y el monto del salario que devengaba con los reajustes correspondientes. En caso de desacuerdo o discrepancias sobre la determinación de los montos de indemnizaciones, ello debe ser resuelto de forma definitiva en el ámbito interno, siguiendo los trámites nacionales pertinentes o estableciendo el procedimiento para ello, lo cual comprende la posibilidad de recurrir a las autoridades competentes, entre ellas los tribunales nacionales.
B) DAÑO MATERIAL
301. La Corte se referirá en este acápite al daño material, el cual supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judice, para lo cual, cuando corresponde, el Tribunal fija un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la presente Sentencia , tomando en cuenta el reconocimiento realizado por el Estado ante la Comisión, las circunstancias del caso, la prueba ofrecida, la jurisprudencia del Tribunal y los alegatos de las partes.
302. Con respecto a los alegados ingresos dejados de percibir por los trabajadores cesados respecto de quienes no se han cumplido las sentencias de amparo que ordenaron su reposición, el Tribunal observa que tres de las sentencias de amparo también dispusieron que se les reintegraran las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que dure su despido (supra párr. 204.15, 204.42, 204.44) y en otras dos sentencias se dispuso que se dejaba “a salvo el derecho de los actores y litisconsortes para que exijan en la vía correspondiente el pago de sus remuneraciones y demás beneficios dejados de percibir desde la fecha de su cese hasta su reposición efectiva” (supra párr. 204.22). Como quedó establecido (supra párr. 299), el Perú debe dar cumplimiento a esas sentencias.
303. La Corte observa con preocupación que las sentencias internas objeto de este caso han dado soluciones diferentes al tema de los ingresos dejados de percibir por las víctimas que debían ser repuestas. Sin embargo, escapa de las posibilidades del Tribunal cambiar esas decisiones de los tribunales internos respecto del período comprendido entre el despido y la sentencia de amparo. Por ello, respecto de las sentencias de amparo que sólo ordenan la reposición, esta Corte fijará el daño material desde el momento en que las mismas quedaron firmes.
304. En cuanto a las sentencias que ordenan solamente la reposición, la Corte estima que debido a que se trata de amparos lo adecuado habría sido que se cumplieran prontamente de forma tal que, al ser efectivamente repuestas, las víctimas habrían vuelto a recibir sus salarios. Sin embargo, debido a que ha quedado probado que han transcurrido de seis a nueve años entre las referidas sentencias que ordenan la reposición y la presente Sentencia, sin que se hayan cumplido esas decisiones, el Tribunal considera necesario y justo que se les entregue una indemnización por concepto de los ingresos dejados de percibir , ya que se trata de un daño causado por el incumplimiento de las sentencias de amparo. Los montos de las indemnizaciones deberán fijarlos las autoridades nacionales y en caso de desacuerdo o discrepancias al respecto, ello debe ser resuelto en el ámbito interno, siguiendo los trámites nacionales pertinentes, lo cual comprende la posibilidad de recurrir a las autoridades competentes, entre ellas los tribunales nacionales. Los montos deberán fijarse tomando en cuenta el tiempo que las víctimas permanecieron destituidas injustificadamente, contado a partir de las sentencias firmes, hasta su efectivo cumplimiento o hasta la fecha de su fallecimiento, y deberá abarcar los montos correspondientes a los salarios dejados de percibir. En el caso de los trabajadores que hubiesen fallecido, el pago deberá hacerse a sus derechohabientes.
305. Asimismo, las autoridades estatales competentes deberán determinar, de acuerdo al derecho interno y a través de los mecanismos correspondientes, quiénes son las víctimas que tienen derecho a la jubilación, ya sea por su edad o salud o por cualesquiera otras circunstancias prescritas en la ley interna. En el caso de las víctimas fallecidas, las autoridades estatales competentes deberán determinar, de acuerdo al derecho interno y a través de los mecanismos adecuados, quiénes son los beneficiarios de la correspondiente pensión por muerte. Para realizar tales determinaciones se deberá tomar en cuenta tanto los años de servicio acumulados como el tiempo en que las víctimas permanecieron destituidas.
306. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores que no fueron repuestos en cumplimiento de las sentencias de amparo tengan acceso al sistema de seguridad social.
307. El Estado deberá, en el plazo de 15 meses, entregar a las víctimas las indemnizaciones por concepto de ingresos dejados de percibir (supra párr. 304), pagar las referidas pensiones (supra párr. 305) y asegurar que los trabajadores que no fueron repuestos tengan acceso al sistema de seguridad social (supra párr. 306).
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* *
C) DAÑO INMATERIAL
308. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad, así como mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos . El primer aspecto de la reparación del daño inmaterial se analizará en esta sección y el segundo en la sección D) de este capítulo.
309. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye, per se, una forma de reparación .
310. El Tribunal considera necesario fijar una indemnización compensatoria del daño inmaterial sufrido por las víctimas beneficiarias de sentencias de amparo que ordenan la restitución y que no fueron cumplidas (supra párrs. 232, 235, 236, 245, 249 y 253). El incumplimiento de las sentencias que les reconocen derechos ocasionó graves consecuencias en la vida profesional, personal y familiar de las víctimas.
311. Al no haber sido reintegrados en sus puestos o en cargos similares y, por lo tanto, no poder ejercer el derecho a desempeñar una actividad laboral en condiciones dignas y justas, y recibir como contraprestación de su trabajo una remuneración que permitiera a las víctimas y sus familiares gozar de un estándar de vida digno, se impidió que éstos tuvieran acceso al bienestar económico y pudieran proporcionar a sus familiares mejores condiciones de salud, vivienda y educación, entre otras. Además, la Corte toma en cuenta que la falta de incorporación al trabajo tiene un efecto directo en el ánimo de la persona desempleada que afecta las relaciones personales y familiares, y tiene un efecto lesivo en la autoestima personal.
312. Teniendo en cuenta los distintos aspectos del daño inmaterial ocasionado, la Corte fija, en equidad, la cantidad de US$ 3.000 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana, que el Estado deberá pagar, en el plazo de 15 meses, a favor de las víctimas beneficiarias de sentencias de amparo que ordenan la restitución y que no fueron cumplidas, o sus derechohabientes, según lo dispuesto en los párrafos 210 a 236, 242 a 270 y 272 a 275 de la presente Sentencia.
D) OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
(MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN)
Publicación de la Sentencia
313. Como lo ha dispuesto en otros casos, como medida de satisfacción , el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia.
314. En lo que respecta a las demás pretensiones, la Corte estima que la presente Sentencia constituye per se una forma de reparación para las víctimas.
E) COSTAS Y GASTOS
315. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable .
316. La Corte toma en cuenta que las víctimas y sus representantes incurrieron en gastos durante la tramitación interna de los procesos de amparo, y ante la Comisión Interamericana y esta Corte. Asimismo, se ha constatado que en la mayor parte del proceso ante este Tribunal el interviniente común tuvo el apoyo del Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL). Al no contar con prueba documental que acredite los gastos en que incurrieron por las gestiones efectuadas en representación de las víctimas en el proceso internacional, así como tampoco de los gastos incurridos ante la justicia doméstica, este Tribunal establece en equidad la cantidad total de US$ 16.000,00 (dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana, por concepto de costas y gastos, que deberá repartirse en partes iguales entre el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) y los siete grupos de representantes de las víctimas acreditados en la demanda ante la Corte. Cada uno de los referidos grupos de representantes deberá designar una persona en su representación para que reciba dicha cantidad. El Estado deberá pagar dichas cantidades en el plazo de un año.
317. Asimismo, este Tribunal dispone que, en el plazo de seis meses, el Estado deberá establecer un mecanismo específico que apoye a las víctimas en la tramitación de los asuntos a los que se refiere esta Sentencia y les brinde asesoría legal competente. Todo ello de forma totalmente gratuita.
F) MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO
318. El Estado debe cumplir, en el plazo de un año, con garantizar a los lesionados en el goce de sus derechos, a través de la efectiva ejecución de las sentencias de amparo cuyo incumplimiento parcial o total fue declarado por este Tribunal (supra párr. 299), tomando en cuenta que los tribunales internos competentes de la ejecución de las sentencias deberán realizar algunas determinaciones (supra párrs. 259, 265 y 270). En el caso del cumplimiento de las sentencias que ordenan reponer a trabajadores en sus cargos o similares, en el plazo de un año, el Estado debe restablecer en dichos puestos a las víctimas que se encuentran con vida y, si esto no fuera posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos (supra párr. 299). Si no fuera posible reponer en sus puestos o en otros similares a los trabajadores, el Estado debe proceder, en el plazo de un año, al pago de una indemnización por concepto de terminación de las relaciones laborales por causa injustificada (supra párr. 300).
319. El Estado debe entregar a las víctimas o sus derechohabientes las indemnizaciones correspondientes a ingresos dejados de percibir, pagar las pensiones de jubilación correspondientes, y asegurar que los trabajadores que no fueron repuestos tengan acceso al sistema de seguridad social, en el plazo de 15 meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, según lo dispuesto en los párrafos 304, 305, 306 y 307 de la misma.
320. El Estado debe entregar a los beneficiarios de las víctimas fallecidas la pensión por muerte según corresponda, en el plazo de 15 meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, según lo dispuesto en los párrafos 305 y 307 de la misma.
321. El Estado debe pagar a las víctimas o sus derechohabientes la indemnización por concepto de daño inmaterial, dentro del plazo de 15 meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, según lo dispuesto en el párrafo 312 de la misma.
322. El Estado debe reintegrar las costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, según lo dispuesto en el párrafo 316 de la misma. Dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado debe realizar la publicación de las partes pertinentes de la Sentencia, según lo dispuesto en el párrafo 313 de la misma.
323. El Estado debe cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
324. El pago correspondiente al reintegro de las costas y gastos será hecho a favor de el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) y de los siete grupos de representantes de las víctimas acreditados ante la Corte, según lo dispuesto en el párrafo 316 de la presente Sentencia.
325. Si por causas atribuibles a cada grupo de representantes o a CEDAL, no fuese posible que éstos reciban el monto correspondientes a las costas y gastos dentro del indicado plazo de un año, el Estado consignará el monto a favor de alguno de ellos en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria peruana solvente, en dólares estadounidenses o su equivalente en moneda peruana y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias del Perú. Si al cabo de 10 años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado, con los intereses devengados.
326. El Estado deberá, en el plazo de seis meses, establecer un mecanismo específico que apoye a las víctimas en la tramitación de los asuntos a los que se refiere esta Sentencia y les brinde asesoría legal competente, todo de forma totalmente gratuita, según lo dispuesto en el párrafo 317 de la Sentencia.
327. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnizaciones y por reintegro de costas y gastos, no podrán ser afectadas o condicionadas por motivos fiscales actuales o futuros. En consecuencia, deberán ser entregadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia.
328. En caso de que el Estado incurra en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en el Perú.
329. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad, inherente a sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana, de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de 15 meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Perú deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
XIII
PUNTOS RESOLUTIVOS
330. Por tanto,
LA CORTE,
DECIDE,
Por unanimidad,
1. Desestimar las dos excepciones preliminares interpuestas por el Estado, en los términos de los párrafos 119 a 128 y 132 a 148 de la presente Sentencia.
2. Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado durante el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 169 a 180 de la presente Sentencia.
DECLARA:
Por unanimidad, que:
3. El Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de las personas indicadas en los párrafos 232, 235, 236, 245, 249, 253, 260, 265, 270 y 275, así como en el anexo sobre víctimas de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 210 a 236, 242 a 270 y 272 a 275 de la presente Sentencia.
4. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos de los párrafos 309 y 314 de la misma.
Y DISPONE:
Por unanimidad, que:
5. El Estado debe, en el plazo de un año, garantizar a los lesionados en el goce de sus derechos o libertades conculcados, a través de la efectiva ejecución de las sentencias de amparo cuyo incumplimiento fue declarado por este Tribunal, en los términos de los párrafos 299 y 318 de la presente Sentencia.
6. El Estado debe, en el caso de la falta de cumplimiento de las sentencias que ordenan reponer a trabajadores en sus cargos o similares, en el plazo de un año, reestablecer en dichos puestos a las víctimas y, si esto no fuera posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos, en los términos del párrafo 299 de la presente Sentencia. Si no fuera posible reponer en sus puestos o en otros similares a los trabajadores, el Estado deberá proceder al pago de una indemnización por concepto de terminación de las relaciones laborales por causa injustificada, en los términos de los párrafos 300 y 318 de la presente Sentencia.
7. El Estado debe pagar a los trabajadores cesados respecto de quienes no se han cumplido las sentencias de amparo que ordenaron su reposición o a sus derechohabientes, en el plazo de 15 meses, una indemnización por concepto de los ingresos dejados de percibir, en los términos de los párrafos 304, 307, 319, 323, 327 y 328 de la presente Sentencia.
8. El Estado debe determinar, de acuerdo al derecho interno y a través de los mecanismos correspondientes, quiénes son las víctimas que tienen derecho a la jubilación, ya sea por su edad o salud o por cualesquiera otras circunstancias prescritas en la ley interna. En el caso de las víctimas fallecidas, las autoridades estatales competentes deberán determinar, de acuerdo al derecho interno y a través de los mecanismos correspondientes, quiénes son los beneficiarios de la correspondiente pensión por muerte, en los términos de los párrafos 305 y 307 de la presente Sentencia.
9. El Estado debe pagar a los trabajadores cesados respecto de quienes no se han cumplido las sentencias de amparo que ordenaron su reposición, en el plazo de 15 meses, las pensiones de jubilación que les correspondan, en los términos de los párrafos 305, 307, 319, 323 y 328 de la presente Sentencia.
10. El Estado debe pagar a los derechohabientes de los trabajadores cesados que hubieren fallecido respecto de quienes no se han cumplido las sentencias de amparo que ordenaron su reposición, en el plazo de 15 meses, las pensiones por muerte que les correspondan, en los términos de los párrafos 305, 307, 320, 323 y 328 de la presente Sentencia.
11. El Estado debe adoptar, en el plazo de 15 meses, todas las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores que no fueron repuestos en cumplimiento de las sentencias de amparo tengan acceso al sistema de seguridad social, en los términos de los párrafos 307 y 319.
12. El Estado debe pagar, en el plazo de 15 meses, la cantidad fijada en el párrafo 312 de la presente Sentencia por concepto de daño inmaterial a las víctimas beneficiarias de sentencias de amparo que ordenan la restitución y que no fueron cumplidas, o a sus derechohabientes, en los términos de los párrafos 310 a 312, 321, 323, 327 y 328 de la misma.
13. El Estado debe pagar, en el plazo de un año, la cantidad total dispuesta en el párrafo 316 de la presente Sentencia por concepto de costas y gastos, que deberá repartirse en partes iguales entre el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) y los siete grupos de representantes de las víctimas acreditados ante la Corte, en los términos de los párrafos 316, 323, 324, 327 y 328 de la misma.
14. El Estado debe establecer, en el plazo de seis meses, un mecanismo específico que apoye a las víctimas en la tramitación de los asuntos a los que se refiere esta Sentencia y les brinde asesoría legal competente, todo de forma totalmente gratuita, en los términos de los párrafos 317 y 326 de esta Sentencia.
15. El Estado debe publicar, en el plazo seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma, en los términos de los párrafos 313 y 322 de aquella.
16. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de 15 meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 329 de la presente Sentencia.
El Juez Cançado Trindade y la Jueza Medina Quiroga hicieron conocer a la Corte sus Votos Razonados, los cuales acompañan esta Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 7 de febrero de 2006.
Sergio García Ramírez
Presidente
Alirio Abreu Burelli
Oliver Jackman
Antônio A. Cançado Trindade
Cecilia Medina Quiroga
Manuel E. Ventura Robles
Javier de Belaunde López de Romaña
Juez ad hoc
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Sergio García Ramírez
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Cuadro de víctimas
VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1. Al haber concurrido con mi voto para la adopción de la presente Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me veo, sin embargo, en la obligación de dejar constancia, en este Voto Razonado, de mi razonamiento sobre un punto medular de esta Sentencia, conducente a fortalecer uno de sus puntos resolutivos (n. 3) y la parte considerativa a éste correspondiente (párrs. 210-281), como fundamentación de mi posición personal al respecto. Considero que la violación declarada por la Corte en el cas d’espèce del artículo 25(1) y (2)(c) de la Convención Americana, por el incumplimiento de las sentencias de amparo durante un largo período de tiempo, se encuentra ineluctable y estrechamente vinculada a la garantía del plazo razonable contemplada en el artículo 8(1) de la Convención.
2. Es éste el entendimiento que refleja la posición que he consistentemente mantenido, a lo largo de los años, en el seno de esta Corte. En el presente caso Acevedo Jaramillo y Otros versus Perú, la Corte decidió no entrar a analizar la alegada violación al artículo 8, en los términos quizás no suficientemente precisos o adecuados en que fue planteada ante ella. Sin embargo, podría haber reformulado la formulación del argumento para darle una respuesta más garantista de los derechos humanos. No me parece estar de más subrayar que, lo indicado por el Tribunal, al declarar la violación del artículo 25(1) de la Convención, en el sentido de que la efectividad de las sentencias depende de su fiel ejecución, guarda estrecha relación con la protección otorgada por la referida garantía del plazo razonable prevista en el artículo 8(1) de la Convención Americana.
3. A mi juicio, la ejecución de la sentencia forma parte del proceso – del debido proceso – y, por ello, los Estados deben garantizar que tal ejecución se realice dentro de un plazo razonable. Tampoco sería de más recordar – distintamente de lo que tiende a pensar o suponer los procesalistas tradicionales – que el proceso no es un fin en si mismo, sino un medio para la realización de la justicia. Hay una gran distancia entre la justicia formal y la material, que es, ésta última, la que tengo siempre presente en mis razonamientos. Más que esto, sostengo que el cumplimiento de la sentencia forma parte del propio derecho de acceso (lato sensu) a la justicia, entendido éste como el derecho a la prestación jurisdiccional plena, incluida ahí la fiel ejecución de la sentencia.
4. El cumplimiento de las sentencias es, pues, un elemento constitutivo del propio derecho de acceso a la justicia, así ampliamente concebido, dando expresión a la vinculación entre las garantías judiciales y la protección judicial, bajo los artículos 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana. Es ésta la hermenéutica que mejor se coaduna con la propia jurisprudencia de esta Corte. Hace no más que una semana, en su Sentencia en el caso López Álvarez versus Honduras (del 01.02.2006), la Corte Interamericana afirmó claramente que
“El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable; una demora prolongada puede llegar a constituir, por si misma, una violación de las garantías judiciales” (párr. 128).
5. A ese significativo obiter dictum, se puede agregar la consideración de la Corte, en su ya célebre Opinión Consultiva n. 16, sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal (del 01.10.1999), en el sentido de que
“En opinión de esta Corte, para que exista ‘debido proceso legal’ es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (párr. 117).
La Corte, una vez más, tomó en conjunto el derecho a un recurso efectivo y las garantías del debido proceso legal (artículos 25 y 8 de la Convención). En este particular, la Corte debía, a mi juicio, en el presente caso Acevedo Jaramillo y Otros versus Perú, haber sido más consistente con su jurisprudencia más lúcida y garantista al respecto.
6. En ese entendimiento, la violación establecida por la Corte en el cas d’espèce del artículo 25 de la Convención Americana, tiene, a mi modo de ver, incidencia directa en las garantías del debido proceso del artículo 8(1) de la Convención Americana. Es este un caso claro de denegación de justicia, bajo los artículos 25 y 8(1) de la Convención Americana. La denegación de justicia puede presentarse de modo multiforme sin dejar de caracterizarse como tal, – como señalé en estudios al respecto publicados en fines de la década de setenta (cf. A.A. Cançado Trindade, “Denial of Justice and Its Relationship to Exhaustion of Local Remedies in International Law, 53 Philippine Law Journal – University of the Philippines (1978), n. 4, pp. 404-420; A.A. Cançado Trindade, “A Denegação de Justiça no Direito Internacional: Doutrina, Jurisprudência, Prática dos Estados”, 62 Revista de Informação Legislativa do Senado Federal – Brasília (1979) pp. 23-40). A mi juicio, en toda probabilidad, cuando se viola el artículo 25 de la Convención Americana no se habrá dado cabal cumplimiento a las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana. Es ésta la hermenéutica que me parece conllevar a la mayor protección.
7. El debido proceso implica que, una vez determinado el derecho mediante una decisión final de la autoridad judicial o tribunal (nacional) competente, esa decisión se haga efectiva mediante su fiel ejecución. Lo contrario haría nugatorio el derecho declarado, como claramente aconteció en el presente caso Acevedo Jaramillo y Otros versus Perú, en que, durante muchos años, el Estado demandado no dio cumplimiento efectivo a las sentencias de amparo favorables a las víctimas. Esta violación debe tener consecuencias en la determinación de las reparaciones a partir del inicio de los hechos lesivos a los derechos de las víctimas.
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA CECILIA MEDINA QUIROGA
EN EL CASO ACEVEDO JARAMILLO Y OTROS VS. PERÚ
1. He concurrido con mi voto al punto dispositivo 7 de esta sentencia por cuanto no estoy en contra de que se otorgue una indemnización por daño material a los trabajadores cesados respecto de quienes no se han cumplido las sentencias de amparo que ordenaron su reposición al trabajo. Tengo, sin embargo, una discrepancia en cuanto al modo de calcular esa indemnización que la Corte establece para que los tribunales nacionales lo determinen.
2. Con respecto a estos trabajadores, se dictaron en el Perú sentencias diferentes. Algunas ordenaron la reposición de los mismos y el reintegro de aquello que habían dejado de percibir desde el momento de su despido. Otras, por el contrario, ordenaron solamente la reposición y no accedieron a la petición de reintegro.
3. Para los primeros, la Corte sostuvo que el Perú debía cumplir con sus sentencias, por lo cual la indemnización se calcularía a contar de la fecha del despido ilegítimo (párrafo 302).
4. Para los segundos, la Corte dispone que la base de la indemnización serán también los ingresos dejados de percibir, pero sólo desde el momento en que quedaron firmes las sentencias que ordenaron la reposición (párrafos 303 y 304). No estoy de acuerdo con esto.
5. El daño material “supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas”. Parece evidente que esta pérdida se produjo desde el momento en que estos trabajadores fueron despedidos de manera injustificada, por lo que el daño material empezó también a manifestarse en ese momento. No comparto la consideración de la Corte hecha en el párrafo 303 de esta sentencia. Como la Corte fija una indemnización, no está restringida a decir solamente que debe cumplirse la sentencia incumplida y tiene la facultad, que estimo debió haber ejercido, de apreciar el daño de manera independiente. Esto hubiera además reparado la injusticia de atribuir a hechos similares consecuencias diferentes y perjudicar de esa manera a un sector de los trabajadores cesados.
Cecilia Medina Quiroga
Jueza
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario