Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú
Sentencia de 25 de noviembre de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso del Penal Miguel Castro Castro,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza; y
Manuel E. Ventura Robles, Juez,
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;
de acuerdo con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1. El 9 de septiembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”). Dicha demanda se originó en las denuncias No. 11.015 y 11.769, recibidas en la Secretaría de la Comisión el 18 de mayo de 1992 y el 5 de junio de 1997, respectivamente.
2. La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de “al menos 42” reclusos que fallecieron; la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención, en perjuicio de “al menos 175” reclusos que resultaron heridos y de 322 reclusos “que habiendo resultado ilesos [supuestamente] fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante”; y por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de “las [presuntas] víctimas y sus familiares”.
3. Los hechos expuestos por la Comisión en la demanda habrían ocurrido a partir del 6 de mayo de 1992 y se refieren a la ejecución del “Operativo Mudanza 1” dentro del Penal Miguel Castro Castro, durante el cual el Estado, supuestamente, produjo la muerte de al menos 42 internos, hirió a 175 internos, y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros 322 internos. Los hechos también se refieren al supuesto trato cruel, inhumano y degradante experimentado por las presuntas víctimas con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”.
4. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó al Tribunal que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso.
II
COMPETENCIA
5. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Además, el Estado ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 28 de marzo de 1991 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer el 4 de junio de 1996.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
6. El 18 de mayo de 1992 la señora Sabina Astete remitió una denuncia ante la Comisión Interamericana , la cual se encuentra firmada por personas que indican ser miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra. Dicha denuncia fue identificada bajo el número 11.015, y se refería a los supuestos “genocidio del 6 al 9 de mayo de 1992” en el Penal Castro Castro y falta de información “a los familiares y opinión pública” acerca de los sobrevivientes, fallecidos y heridos. Asimismo se refería a supuestos “traslad[os] clandestin[os] a diferentes penales” de Perú, sin permitir el “acceso […] de los familiares [y] abogados”.
7. Los días 12 de junio, 9 de julio, 10, 12 y 21 de agosto de 1992, 17 de agosto de 2000, 23 de enero y 7 de febrero de 2001, y 31 de mayo de 2001 la Comisión transmitió al Estado información adicional respecto al caso. Esta información se refería, inter alia, a los malos tratos, “torturas”, “requisas” y “aislamiento” a que supuestamente fueron sometidas las presuntas víctimas de los hechos del Penal Miguel Castro Castro, con posterioridad al 9 de mayo de 1992 y durante los traslados de los internos a otros penales del Perú. Asimismo, se refería a las alegadas condiciones “infrahumanas” en que se encontraban las presuntas víctimas en los centros a los que fueron trasladadas. Además se informó del “hostigamiento” a los familiares de las presuntas víctimas por parte del Estado.
8. El 18 de agosto de 1992 la Comisión solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares en relación a los hechos ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Comisión. Entre las medidas solicitadas se encontraba la autorización de “visitas de familiares y abogados de los detenidos”, y el ingreso de “ropas y medicinas”. Asimismo, se solicitó que el Estado brindara “atención médica” a quiénes la requirieran y que remitiera a la Comisión “la lista oficial de […] muertos y desaparecid[os] a partir de los hechos [del] Penal ‘Miguel Castro Castro’”.
9. El 11 de septiembre de 1992 el Estado presentó un escrito, mediante el cual remitió información “sobre las medidas adoptadas en relación con la solicitud formulada por la Comisión” respecto a “los ‘sucesos’ ocurridos a partir del 6 de mayo de[ 1992]” en el Penal Miguel Castro Castro”. El 21 de octubre de 1992 el Estado presentó un escrito y anexos, mediante los cuales remitió el informe elaborado por la Fiscalía de la Nación del Perú, respecto de los sucesos ocurridos “en el penal Castro Castro el 6 de mayo de [1992]”.
10. El 9 de noviembre de 1992 el Estado presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales remitió el informe elaborado por la Fiscalía de la Nación respecto de la información adicional que le fue transmitida (supra párr. 7).
11. El 25 de noviembre de 1992 la Comisión presentó al Tribunal un escrito y sus anexos, mediante los cuales remitió una solicitud de medidas provisionales en relación con los casos 11.015 y 11.048 en trámite ante la Comisión, sobre la grave situación en que se encontrarían los centros penales peruanos Miguel Castro Castro y Santa Mónica en Lima, Cristo Rey en Ica y Yanamayo en Puno.
12. El 14 de diciembre de 1992 el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) emitió una Resolución, mediante la cual resolvió “[q]ue no proced[ía] solicitar por el momento[…] medidas urgentes de carácter preliminar” y decidió “[s]ometer a la Corte en su próximo período ordinario de sesiones la solicitud presentada por la Comisión Interamericana”.
13. El 27 de enero de 1993 el Tribunal emitió una Resolución respecto de la solicitud de medidas provisionales realizada por la Comisión (supra párr. 11), mediante la cual resolvió “[n]o dictar, por el momento, las medidas provisionales […] solicitadas”. Asimismo, la Corte consideró necesario “[s]olicitar a [la Comisión] que en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Convención, el Estatuto y el Reglamento, solicit[ara] las pruebas o reali[zara] las investigaciones necesarias para cerciorarse de la veracidad de los hechos” señalados en la solicitud de medidas.
14. El 5 de junio de 1997 el señor Curtis Doebbler, en representación de la señora Mónica Feria Tinta, presentó una denuncia ante la Comisión, la cual fue identificada bajo el número 11.769. Dicha denuncia se refería, inter alia, a los sucesos en el Penal Miguel Castro Castro a partir del 6 de mayo de 1992, así como a la “tortura”, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que supuestamente fueron sometidas las presuntas víctimas en este caso durante el “ataque” al referido penal y con posterioridad al mismo.
15. El 29 de junio de 2000 el caso 11.769 (supra párr. 14) fue desglosado en dos expedientes: 11.769-A y 11.769-B, en aplicación de lo establecido en el artículo 40.1 del Reglamento de la Comisión vigente en esa época. El expediente 11.769-B se refería a “los hechos denunciados […] que conciernen a los sucesos ocurridos en la prisión Castro Castro, de Lima, en mayo de 199[2]”, y el 11.769-A a la “detención, juicio y demás hechos […] concernientes directa y personalmente a la [señora] Mónica Feria Tinta”.
16. El 29 de junio de 2000 el caso 11.769-B (supra párr. 15) fue acumulado al caso identificado como 11.015 (supra párr. 6) para su tramitación en forma conjunta.
17. El 5 de marzo de 2001 la Comisión aprobó el Informe Nº 43/01, mediante el cual declaró admisible el caso. El 21 de marzo de 2001 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.
18. El 16 de marzo de 2001 el Estado presentó un informe, mediante el cual señaló el nombre de las presuntas víctimas “fallecidas en los sucesos […] del 6 al 10 de mayo de 1992”.
19. El 2 de abril de 2001 la señora Mónica Feria Tinta presentó observaciones al Informe de admisibilidad del caso (supra párr. 17). Entre sus observaciones expresó, inter alia, que creía importante resaltar que “fue un ataque originalmente dirigido contra las prisioneras[, …] entre las que habría mujeres embarazadas”, y que “en la denuncia presentada […] se especific[ó] que a la cabeza de los responsables directos por los hechos figura […] Alberto Fujimori Fujimori[,] quien ordenó el ataque y las ejecuciones extrajudiciales de prisioneros del 6 [al] 9 de mayo[,] así como el régimen que se les aplicó a los sobrevivientes posterior a la masacre”.
20. El 18 de abril de 2001 la señora Mónica Feria Tinta informó a la Comisión que no tenía interés en que se llevara a cabo el proceso de solución amistosa (supra párr. 17). El 23 de abril de 2001 el Estado presentó un informe, mediante el cual expresó que “no desea[ba] someterse […] al procedimiento de solución amistosa” (supra párr. 17).
21. El 24 de abril de 2001 la Comisión solicitó a las peticionarias y al Estado que presentaran “sus argumentos y pruebas respecto al fondo del caso” debido a la “controversia entre las partes respecto a los hechos denunciados”. También requirió al Estado que presentara: “[e]l nombre y la explicación de las circunstancias específicas en que muri[eron…] las personas […] en mayo de 1992 en el Centro Penal Castro Castro, incluyendo las pericias forenses efectuadas [… y] los respectivos certificados de defunción”; “[e]l nombre [y] tipo de lesiones, […] las circunstancias […] en que dichas lesiones fueron causadas, […] y las pericias forenses que se hayan efectuado [al respecto]; e “[i]nformación sobre las investigaciones administrativas y judiciales que se hayan efectuado respecto a los hechos ocurridos en mayo de 1992 en el Centro Penal Castro Castro”. Esta información también fue solicitada a las peticionarias, sin necesidad de que presentaran los documentos oficiales.
22. El 1 de noviembre de 2001 el Estado presentó sus alegatos y pruebas respecto al fondo del asunto (supra párr. 21), tras dos prórrogas que le fueron otorgadas. Asimismo, manifestó que completaría su argumentación respecto al fondo del asunto durante la audiencia convocada para el 14 de noviembre de 2001 (infra párr. 23).
23. El 14 de noviembre de 2001 se celebró una audiencia sobre el fondo del caso ante la Comisión.
24. El 20 de octubre de 2003 la señora Mónica Feria Tinta presentó sus alegatos respecto al caso (supra párr. 21), después de diversas prórrogas que le fueron otorgadas.
25. El 23 de octubre de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 94/03, en el cual concluyó que el Estado “es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1(1) del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas individualizadas en el párrafo 43 de [dicho] informe”. Además, la Comisión indicó que “el objeto de[ … ese] informe trasc[endía] lo relativo a la promulgación y aplicación de la legislación antiterrorista en el Perú, en virtud de la cual algunas de las víctimas se encontraban privadas de la libertad, toda vez que no e[ran] materia de los hechos denunciados y probados”. Asimismo, la Comisión recomendó al Estado: “[l]levar adelante una investigación completa, efectiva e imparcial en la jurisdicción interna, con el propósito de establecer la verdad histórica de los hechos; procesar y sancionar a los responsables de la masacre cometida contra los internos del Centro Penal ‘Miguel Castro Castro’ de la ciudad de Lima, entre los días 6 y 9 de mayo de 1992”; “[a]doptar las medidas necesarias para identificar los cadáveres aún no reconocidos y entregar los restos a sus familiares”; “[a]doptar las medidas necesarias para que los afectados reciban una reparación adecuada por las violaciones a los derechos humanos padecidas a causa de las acciones del Estado”; y “[a]doptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana”.
26. El 9 de enero de 2004 la Comisión notificó el referido informe al Estado y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas con el fin de cumplir las recomendaciones formuladas.
27. El 9 de enero de 2004 la Comisión comunicó a las peticionarias la aprobación del informe (supra párr. 25) de conformidad con el artículo 50 de la Convención y les solicitó que presentaran, dentro del plazo de un mes, su posición sobre el sometimiento del caso a la Corte. También les solicitó que presentaran los datos de las víctimas; los poderes que acreditaran su calidad de representantes; la prueba documental, testimonial y pericial adicional a la presentada durante el trámite del caso ante la Comisión; y sus pretensiones en materia de reparaciones y costas.
28. Los días 4 de marzo, 7 de abril y 9 de julio de 2004, el Estado solicitó prórrogas para informar a la Comisión del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Nº 94/03 (supra párrs. 25 y 26). La Comisión concedió las prórrogas solicitadas, la última de ellas hasta el 9 de agosto de 2004.
29. Los días 6 de febrero y 7 de marzo de 2004 las peticionarias presentaron dos comunicaciones a la Comisión, en las cuales declararon su interés en que la Comisión remitiera el caso a la Corte (supra párr. 27).
30. El 7 de marzo de 2004 la señora Mónica Feria Tinta presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales remitió la información solicitada por la Comisión en la comunicación de 9 de enero de 2004 (supra párr. 27). Asimismo, observó, inter alia, que “los hechos fueron planeados como masacre[…]”, que se entregó información a la Comisión “sobre el tipo de tortura durante y posterior a la masacre infligido contra los prisioneros”, y que “subraya[ron] las violaciones físicas perpetradas contra las mujeres heridas en el hospital”. La señora Feria Tinta indicó que “[l]a falta de referencia a es[os] hechos horrendos en el reporte de la Comisión no m[ostró] la magnitud y horror de los hechos vividos por los prisioneros”. Asimismo, la señora Mónica Feria Tinta expresó, inter alia, que “considera[ban] como parte del objeto de es[a] demanda no sólo a los hechos ocurridos durante el 6 [al] 9 de mayo de 1992”, sino también “el terrible y deshumanizante régimen carcelario al que se […] sometió [a los internos] con el intento de destruirlos como seres humanos”, respecto de lo que se había presentado información a la Comisión. Asimismo, la señora Feria Tinta resaltó que “[e]l alcance del reporte de la Comisión […] no reflej[ó] que esos hechos [fueran] parte de las violaciones incurridas por el Estado”.
31. El 5 de agosto de 2004 el Estado remitió un informe a la Comisión en respuesta a las recomendaciones del Informe de fondo Nº 94/03 (supra párrs. 25, 26 y 28). Los anexos fueron presentados el 24 de agosto de 2004.
32. El 13 de agosto de 2004, “ante la falta de implementación satisfactoria de las recomendaciones contenidas en el informe 94/03” (supra párr. 25), la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
33. El 9 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte, a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión presentó los anexos a la demanda el 29 de septiembre de 2004. Asimismo, designó como delegados a los señores Freddy Gutiérrez, Florentín Meléndez y Santiago A. Canton, y como asesores legales a los señores Ariel Dulitzky, Pedro Díaz, Juan Pablo Albán y Víctor Madrigal.
34. El 15 de octubre de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, solicitó a la Comisión que coordinara con las presuntas víctimas y sus familiares para que designaran, a la brevedad, un interviniente común de los representantes, con el propósito de proceder a notificar la demanda, de conformidad con lo estipulado en el artículo 23.2 del Reglamento del Tribunal. Asimismo, resolvió que la Comisión “indi[cara…] quién, a [su] juicio[, …] deb[ía] ser considerado el interviniente común que represent[aría] a las presuntas víctimas” en el proceso ante la Corte.
35. El 16 de noviembre de 2004 la Comisión remitió un escrito, mediante el cual presentó la información solicitada a través de nota de 15 de octubre de 2004 (supra párr. 34) en relación con la designación de un interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas en el presente caso. El 22 de noviembre de 2004 la Comisión presentó los anexos de dicho escrito.
36. El 14 de enero de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, remitió notas a las señoras Mónica Feria Tinta y Sabina Astete, acreditadas como representantes al momento de presentación de la demanda de la Comisión, y les comunicó que la demanda se encontraba en la etapa de examen preliminar, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Corte. Asimismo, les indicó que del análisis inicial de la referida demanda, el Presidente había constatado que en el procedimiento ante la Comisión se presentaron diversos problemas de representación, los cuales continuaban ante el Tribunal y se refirió a esos problemas. Asimismo, se les solicitó que presentaran, a más tardar el 24 de enero de 2005, una lista final de presuntas víctimas a las que representarían, respecto de quienes las mencionadas señoras daban fe de conocer su verdadera voluntad de ser representadas por ellas.
37. El 24 de enero de 2005 la señora Sabina Astete presentó un escrito, en respuesta a lo solicitado por el Presidente (supra párr. 36), mediante el cual remitió la lista final de presuntas víctimas “representad[a]s por los [señores] Douglas Cassel y Peter Erlinder en consulta con [la señora Sabina Astete] y la [señora] Berta Flores”. Los anexos a dicho escrito fueron presentados el 26 de enero de 2005.
38. El 25 de enero de 2005 la señora Mónica Feria Tinta remitió un escrito y su anexo, en respuesta a lo solicitado por el Presidente (supra párr. 36), mediante los cuales presentó la lista final de presuntas víctimas a las que representa, respecto de quienes “d[ió] fe que conoce la voluntad” de ser representadas por ella.
39. El 8 de abril de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó a las señoras Feria Tinta y Astete plazo improrrogable hasta el 29 de abril de 2005 para que presentaran todos los poderes de representación que les faltara remitir con el propósito de que la Corte resolviera lo conducente. Asimismo, se les aclaró que si remitían nuevos poderes con posterioridad al vencimiento del plazo otorgado, dichos poderes no cambiarían la decisión que el Presidente o la Corte hubieren adoptado.
40. El 4 de octubre de 2005 la Secretaría comunicó a la Comisión Interamericana, al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares que, en lo que respecta al desacuerdo de los representantes para designar un interviniente común, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento del Tribunal, éste resolvió que la interviniente común que representaría a las presuntas víctimas sería la señora Mónica Feria Tinta debido a que: del análisis de todos los poderes que constan en el expediente ante la Corte, se desprendía que la señora Feria Tinta representaba la mayor cantidad de presuntas víctimas que otorgaron poder; es presunta víctima y asumió gran parte de la representación durante el procedimiento ante la Comisión; y se presentaron problemas con algunos de los poderes de representación a favor de la señora Sabina Astete, dado que no expresaban con claridad la voluntad de los poderdantes y tenían una redacción que inducía a error o confusión sobre dichas personas, ya que daba a entender que la señora Feria Tinta había decidido no representarlas. Asimismo, se les indicó que no debe implicar una limitación al derecho de las presuntas víctimas o sus familiares de plantear ante la Corte sus solicitudes y argumentos, así como ofrecer las pruebas correspondientes, y que la interviniente común “ser[ía la] única autorizad[a] para la presentación de solicitudes, argumentos y pruebas en el curso del proceso, [y que] deber[ía] canalizar en los escritos, alegatos orales y ofrecimientos probatorios las diversas pretensiones y argumentos de los distintos representantes de las presuntas víctimas y sus familiares”. En cuanto a las presuntas víctimas que no resultaren representadas o no tuvieren representación, el Tribunal indicó que la Comisión “ser[ía] la representante procesal de aquéllas como garante del interés público bajo la Convención Americana, de modo a evitar la indefensión de las mismas”, en aplicación del artículo 33.3 del Reglamento de la Corte.
41. El 4 de octubre de 2005 la Secretaría, previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.b) y e) del Reglamento, la notificó junto con sus anexos al Estado y a la interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares (en adelante “la interviniente común”). Al Estado también le informó sobre el plazo para contestarla y designar su representación en el proceso. Asimismo se informó a la interviniente común el plazo para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
42. El 6 de octubre de 2005 la interviniente común presentó un escrito, mediante el cual comunicó que “h[a] instruido al doctor Vaughan Lowe para que haga representaciones legales conjuntamente con la suscrita […]”, y solicitó la adopción del idioma inglés como idioma de trabajo, conjuntamente con el español.
43. El 13 de octubre de 2005 la Secretaría remitió una nota, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente, informó a la interviniente común que el idioma de trabajo del caso continuaría siendo el español. Lo anterior debido a que “el idioma empleado previamente, desde el inicio del trámite ante la Corte y sin variación, ha[bía] sido el español”, “el Estado demandado […,] la interviniente común de los representantes y la mayoría de las presuntas víctimas t[enían] el idioma español” y “el Tribunal carec[ía] de recursos para tramitar el caso en dos idiomas o traducir todo el material reunido a un idioma diferente del que se ha[bía] empleado hasta [ese día]”.
44. El 17 de octubre de 2005 la interviniente común remitió un escrito y sus anexos, mediante los cuales solicitó una prórroga de un mes para presentar el escrito de solicitudes y argumentos (supra párr. 41). También solicitó que el Tribunal requiriera a la Comisión la remisión de los originales de algunos anexos y videos de los testimonios grabados, los cuales supuestamente no habían sido remitidos a la Corte.
45. El 27 de octubre de 2005 la Comisión presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales, inter alia, solicitó que el Tribunal “requ[i]r[iera] al Estado […] la remisión de copias certificadas de la totalidad de los documentos disponibles relacionados con las investigaciones desarrolladas en el ámbito de la jurisdicción interna en relación con los hechos, así como copia autenticada de la legislación y disposiciones reglamentarias aplicables”. Asimismo, reiteró que “lo enviado [como anexos a la demanda] e[ra] la mejor copia con la que c[ontó] y ha podido obtener”.
46. El 2 de noviembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó a la interviniente común que no se concedía la prórroga solicitada para presentar su escrito de solicitudes y argumentos (supra párr. 44) debido a que la improrrogabilidad del plazo para presentar dicho escrito se encuentra establecida expresamente en el Reglamento de la Corte.
47. El 2 de noviembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la Comisión que remitiera la prueba indicada por la interviniente común en el escrito de 17 de octubre de 2005 (supra párr. 44).
48. El 4 de noviembre de 2005 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual remitió los originales de 3 declaraciones de presuntas víctimas, en respuesta al pedido de prueba realizado el 2 de noviembre de 2005 (supra párr. 47). Los anexos a dicho escrito fueron presentados el 7 de noviembre de 2005.
49. El 6 de noviembre de 2005 la interviniente común presentó un escrito, mediante el cual remitió sus observaciones a la “subsanación de los anexos” realizada por la Comisión e hizo referencia a la “[d]ocumentación relativa al trámite inicial” ante la Comisión. Señaló que no se incluía “ninguna de las pruebas actuadas en contradictorio correspondiente a los años previos a la acumulación del expediente 11.015 y el 11.769-B” (supra párr. 16). Debido a lo anterior solicitó que la Comisión “corrig[iera dicha] omisión” y que el plazo de dos meses para presentar el escrito de solicitudes y argumentos se computará “sobre la base de recepción de [la] demanda y sus anexos legibles o completos”. Respecto a la última solicitud la Secretaría, siguiendo instrucciones del Tribunal, reiteró lo manifestado en la nota de Secretaría de 2 de noviembre de 2005 (supra párr. 46), en el sentido de que el plazo para presentar el escrito de solicitudes y argumentos es improrrogable y comienza a computarse desde el día en que se le notificó la demanda. Asimismo, se indicó a la interviniente común que posteriormente contaría con la posibilidad de presentar alegatos finales orales y escritos.
50. El 10 de noviembre de 2005 el Estado designó como Agente al señor Oscar Manuel Ayzanoa Vigil.
51. El 29 noviembre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la Comisión que “indi[cara] si en el trámite ante dicho órgano ha[bía] recibido prueba ‘en procedimientos contradictorios’ que no se hubiere allegado al Tribunal con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de la Corte, y de ser así la remit[iera] a la brevedad”. Asimismo, ese día la Secretaría remitió una nota al Estado, mediante la cual se le solicitó que en su escrito de contestación a la demanda y observaciones a las solicitudes, argumentos y pruebas remitiera la documentación relativa a las investigaciones internas y la normativa aplicable al caso solicitada por la Comisión en el párrafo 202 de su demanda.
52. El 16 de diciembre de 2005 la Comisión presentó un escrito con anexos, mediante los cuales remitió su respuesta a lo solicitado mediante nota de 29 de noviembre de 2005 (supra párr. 51). La Comisión indicó, inter alia, que “no ha[bía] omitido enviar al Tribunal ningún elemento de evidencia que h[ubiera] estimado relevante para el caso[…]”. Además remitió cuatro documentos que contienen “alguna referencia a los hechos [del] caso”, dejando constancia de que la Comisión “consideró que únicamente reitera[ba]n evidencia allegada al proceso a través de otras actuaciones”.
53. El 20 de diciembre de 2005 la interviniente común remitió su escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. Asimismo, adjuntó un escrito de 12 páginas y sus anexos e indicó que era de “un grupo de [presuntas] víctimas representadas por otros representantes”. El 26 de diciembre de 2005 presentó los anexos al escrito de solicitudes y argumentos.
54. El 6 de enero de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la interviniente común que presentara el documento titulado “Lista de Víctimas” en idioma español, “a la mayor brevedad”. Dicho documento es parte de los anexos al escrito de solicitudes y argumentos (supra párr. 53).
55. El 15 de enero de 2006 la interviniente común presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales remitió las traducciones al español de diversos documentos que habían sido presentados en inglés en el trámite ante la Comisión y la Corte. El 19 de enero de 2006 la Secretaría indicó que quedaba a la espera de la traducción faltante del documento titulado “Lista de Víctimas” (supra párr. 54).
56. El 12 de febrero de 2006 el Estado presentó el escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañó prueba documental y ofreció prueba testimonial. El 20 de febrero de 2006 el Perú remitió los anexos de dicho escrito. En dicho escrito, el Estado efectúo un allanamiento y reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por determinadas violaciones alegadas por la Comisión (infra párrs. 129 a 159). Asimismo, el Perú indicó que “se reserva[ba] el derecho de expresar los fundamentos de derecho en un próximo escrito[, …] para lo cual solicit[ó] un plazo razonable a fin de poder desarrollarlos con la propiedad que un caso de la trascendencia de éste amerita[ba]”.
57. El 3 de marzo de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y en aplicación de las disposiciones reglamentarias, informó al Estado que no se concedía la solicitud de un nuevo plazo para que desarrollara los “fundamentos de derecho” (supra párr. 56), debido a que se trataba de un acto procesal no contemplado en el Reglamento. La Secretaría también le indicó que tendría oportunidad de presentar alegaciones al exponer sus alegatos finales orales en la eventual audiencia pública que se convocara, así como al presentar sus alegatos finales escritos.
58. El 13 de marzo de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a las partes que, a más tardar el 24 de marzo de 2006, remitieran sus observaciones a la solicitud realizada por la Comisión en el párrafo 203 de su demanda, en el sentido de que la Corte admitiera como prueba testimonial, “en virtud del principio de economía procesal”, las declaraciones rendidas bajo juramento por las señoras Mónica Feria Tinta y Avelina García Calderón Orozco, durante la audiencia sobre el fondo del caso celebrada ante la Comisión el 14 de noviembre de 2001, contenidas en el Anexo 269 de la demanda.
59. El 21 de marzo de 2006 la interviniente común presentó un escrito, mediante el cual indicó que remitía sus “observaciones” al escrito de contestación a la demanda presentado por el Estado (supra párr. 56).
60. El 24 de marzo de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó a la interviniente común que no se admitían las referidas “observaciones” (supra párr. 59), debido a que se trataba de un acto procesal no contemplado en el Reglamento. Asimismo, se reiteró el requerimiento formulado al Perú mediante nota de 29 de noviembre de 2005 (supra párr. 51), en el sentido de que remitiera la documentación relativa a las investigaciones internas y a la normativa aplicable al caso.
61. El 24 de marzo de 2006 la interviniente común presentó la traducción del documento titulado “Lista de Víctimas” (supra párrs. 54 y 55).
62. Los días 24 y 27 de marzo de 2006 la interviniente común y el Estado, respectivamente, presentaron sus observaciones a la solicitud realizada por la Comisión, en el sentido de que el Tribunal admitiera como prueba testimonial las declaraciones rendidas bajo juramento por las señoras Feria Tinta y García Calderón durante el procedimiento ante la Comisión (supra párr. 58). Al respecto, el Estado manifestó que “no formula[ba] objeción” a la referida solicitud. La interviniente común expresó que la señora Avelina García y la interviniente común “ten[ían] la disposición de […] ser llamada[s] ante la Corte […] como testigo[s]”. Asimismo, agregó que “[d]e considerar la […] Corte que por economía procesal [fuera] preferible […] admitir […] las declaraciones rendidas […] en la audiencia [ante] la Comisión […], acepta[ban] lo que la Corte consider[ara] de acuerdo a su mejor entender”.
63. El 26 de abril de 2006 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual sometió al Tribunal una consulta realizada por “el señor Douglas Cassel, asesor legal del grupo de víctimas representado por la denunciante original, Sabina Astete”, “respecto al mecanismo apropiado para obtener autorización para que dicho grupo de víctimas pu[diera] comunicarse directamente con el Tribunal o en su defecto, pu[diera] hacerlo a través de la Comisión y no de la interviniente común”. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte “que arbitr[ara] las medidas necesarias para garantizar que todas las [presuntas] víctimas t[uvieran] acceso y [fueran] escuchadas de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de la Corte […]”.
64. El 8 de mayo de 2006 la interviniente común remitió un escrito y sus anexos, mediante los cuales se refirió al escrito presentado por la Comisión el 26 de abril de 2006 (supra párr. 63), en el cual sometió al Tribunal una consulta realizada por el señor Douglass Cassel.
65. El 24 de mayo de 2006 el Presidente de la Corte emitió una Resolución, mediante la cual requirió que el señor Wilfredo Pedraza, propuesto como testigo por la Comisión, los señores Michael Stephen Bronstein, Edith Tinta, Rosario Falconí Alvarado, Liliana Peralta Saldarriaga, Osilia Ernestina Cruzatt viuda de Juárez, Eva Challco, Luis Jiménez, Gustavo Adolfo Chávez Hun, Mercedes Villaverde, Raul Basilio Orihuela y Jesús Julcarima Antonio, propuestos por la interviniente común, prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). También requirió que el señor Christopher Birkbeck, propuesto como perito por la Comisión, y los señores José Quiroga y Ana C. Deutsch, propuestos como peritos por la interviniente común, prestaran sus dictámenes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). Además, requirió que, como prueba para mejor resolver, los señores Miriam Rodríguez Peralta, Cesar Mamani Valverde, Alfredo Poccopachi Vallejos y Madelein Valle Rivera, prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). Asimismo, en dicha Resolución el Presidente convocó a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en la sede de la Corte Suprema de Justicia, los días 26 y 27 de junio de 2006, para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así como las declaraciones testimoniales de las señoras Gaby Balcázar Medina y Julia Peña Castillo, propuestas por la Comisión, de los señores Luis Angel Pérez Zapata y Lastenia Eugenia Caballero Mejía, propuestos por la interviniente común, del señor Omar Antonio Pimentel Calle, propuesto por el Estado, y los dictámenes periciales de los señores Nizam Peerwani y Thomas Wenzel, propuestos por la interviniente común. Además, en esta Resolución el Presidente informó a las partes que contaban con plazo hasta el 3 de agosto de 2006 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
66. El 30 de mayo de 2006 la interviniente común solicitó una prórroga para presentar los peritajes a través de declaración rendida ante fedatario público, en respuesta a lo requerido en la Resolución emitida por el Presidente el 24 de mayo de 2006 (supra párr. 65). Siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte se concedió la prórroga solicitada hasta el 21 de junio de 2006.
67. El 2 de mayo de 2006 el señor Douglas Cassel, quien es uno de los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares en el caso, pero no el interviniente común, remitió dos escritos y sus anexos, mediante los cuales presentó una solicitud de medidas provisionales a la Corte, con el objeto, inter alia, de que “el Estado asegur[ara] que h[hubiera] una investigación […] pronta y adecuada del asalto [sufrido por la señora Madelein Valle Rivera] ”.
68. El 31 de mayo de 2006 el Presidente, en consulta con los jueces, emitió una Resolución mediante la cual “desestim[ó] la solicitud de medidas provisionales presentada por el señor Douglass Cassel” debido, inter alia, a que “estim[ó] que no se […] acredit[ó] que exist[iera] una situación de extrema gravedad y urgencia que amerit[ara] la adopción de medidas urgentes a favor de la señora Madelein Valle Rivera, para evitar un daño irreparable a sus derechos”.
69. El 1 de junio de 2006 la Comisión solicitó una prórroga para presentar el peritaje del señor Christopher Birkbeck a través de declaración rendida ante fedatario público, en respuesta a lo requerido en la Resolución emitida por el Presidente el 24 de mayo de 2006 (supra párr. 65). Siguiendo instrucciones del Presidente se concedió la prórroga solicitada, hasta el 21 de junio de 2006.
70. El 5 de junio de 2006 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual comunicó que “el 31 de mayo de 2006 el señor Douglass Cassel […] solicit[ó] a la Comisión que lo incorpor[ara] a él, a la señora Sabina Astete y al señor Sean O´Brien, a la delegación de la Comisión para el caso”. Asimismo, solicitó a la Corte “que […] disp[usiera] las medidas que consider[ara] necesarias para garantizar la representación efectiva de todas las [presuntas] víctimas […]”.
71. El 6 de junio de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la Comisión que remitiera una copia del escrito mediante el cual el señor Cassel realizó la solicitud a que hace referencia la comunicación de la Comisión de 5 de junio de 2006 (supra párr. 70).
72. El 7 de junio de 2006 la Comisión presentó un escrito y su anexo, mediante los cuales remitió copia de “las partes pertinentes de la solicitud formulada a la Comisión el 31 de mayo de 2006 por el [señor] Douglass Cassel”, en relación al caso (supra párrs. 70 y 71). Según el referido anexo, el 31 de mayo de 2006 el señor Douglass Cassel solicitó a la Comisión que, de acuerdo con el artículo 69 de su Reglamento y para los efectos de la audiencia que se realizaría ante la Corte los días 26 y 27 de junio de 2006, designara a la peticionaria Sabina Astete como delegada de la Comisión y a los abogados Douglass Cassel y Sean O´Brien como delegados o asistentes.
73. El 8 de junio de 2006 la interviniente común remitió copia de las declaraciones escritas de los testigos Michael Stephen Bronstein y Luis F. Jiménez (supra párr. 65). La Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, le solicitó que remitiera la declaración del señor Michael Stephen Bronstein en idioma español a la brevedad posible.
74. El 9 de junio de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente en consulta con los jueces, remitió una nota a la Comisión en relación con los escritos de 5 y 7 de junio de 2006 (supra párrs. 70 y 72), en la cual le indicó que la decisión sobre la integración de su delegación para la audiencia pública correspondía a la propia Comisión, ya que se trata de una situación claramente prevista y resuelta en el artículo 69.2 del Reglamento de la Comisión, y el señor Cassel invocó expresamente la norma aplicable a dicha situación. Asimismo, se informó a la Comisión que la Corte no tenía inconveniente en que se atendiera, en el presente caso, a la disposición contenida en el Reglamento de la Comisión, en la forma que ésta considerara pertinente.
75. El 9 de junio de 2006 la interviniente común solicitó una prórroga para presentar los testimonios y peritajes a través de declaración rendida ante fedatario público que aún no habían sido remitidos al Tribunal, en respuesta a lo requerido en la Resolución emitida por el Presidente el 24 de mayo de 2006 (supra párr. 65). Siguiendo instrucciones del Presidente se concedió la prórroga solicitada hasta el 16 de junio de 2006.
76. El 9 de junio de 2006 la Comisión solicitó una prórroga para presentar el testimonio del señor Wilfredo Pedraza a través de declaración rendida ante fedatario público, en respuesta a lo requerido en la Resolución emitida por el Presidente el 24 de mayo de 2006 (supra párr. 65). Siguiendo instrucciones del Presidente se concedió la prórroga solicitada hasta el 21 de junio de 2006.
77. El 11 de junio de 2006 la interviniente común remitió copia de la declaración escrita de la testigo Osilia Ernestina Cruzatt viuda de Juárez (supra párr. 65).
78. El 12 de junio de 2006 la interviniente común presentó un escrito y su anexo, mediante los cuales manifestó “su posición” en relación con la solicitud de “la señora [Sabina] Astete y el [señor] Douglass Cassel de ser designados Delegados de la Comisión Interamericana” durante la audiencia pública convocada en el presente caso (supra párrs. 70 y 72). Al respecto, siguiendo instrucciones del Presidente, se le informó que su escrito fue transmitido a la Comisión, para los efectos pertinentes.
79. El 13 de junio de 2006 la interviniente común remitió copias de las declaraciones escritas de las testigos Eva Sofía Challco Hurtado y Luz Liliana Peralta Saldarriaga (supra párr. 65).
80. El 13 de junio de 2006 la Asociación de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos y Víctimas de Genocidio, en respuesta a la prueba para mejor resolver requerida por el Presidente (supra párr. 65), remitió copia de las declaraciones escritas de los testigos Nieves Miriam Rodríguez Peralta, Madelein Escolástica Valle Rivera y Alfredo Poccorpachi Vallejos. Asimismo, presentaron un disco compacto con la grabación de dichas declaraciones.
81. El 13 de junio de 2006 el señor César Mamani Valverde, en respuesta al requerimiento de prueba para mejor resolver realizado por el Presidente (supra párr. 65), remitió su declaración escrita.
82. El 16 de junio de 2006 la interviniente común remitió copia de las declaraciones escritas de las señoras Edith Adriana Tinta Junco de Feria (supra párr. 65) y Rubeth Feria Tinta. Respecto de la declaración de esta última señaló que “[p]ese a que [dicho a]ffidávit no fue ofrecido […], se hizo necesario pues [la interviniente común,] halló difícil hacer preguntas a su […] madre”, por lo que solicitó al Tribunal que aceptara dicha declaración “como complementari[a]” a la declaración de la señora Edith Tinta. La Secretaría informó a la interviniente común que dicha solicitud sería puesta en conocimiento de la Corte para los efectos pertinentes.
83. El 17 de junio de 2006 la interviniente común remitió copia de la declaración del testigo Raúl Basilio Gil Orihuela (supra párr. 65). Asimismo, solicitó una prórroga para presentar los testimonios de los señores Rosario Falconí, Jesús Angel Julcarima, Gustavo Chávez Hun y Mercedes Villaverde a través de declaración rendida ante fedatario público, en respuesta a lo requerido en la Resolución emitida por el Presidente de 24 de mayo de 2006 (supra párr. 65). La Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la representante que remitiera dichas declaraciones a la brevedad.
84. El 19 de junio de 2006 el perito Christopher Birkbeck remitió su declaración escrita (supra párr. 65).
85. El 20 de junio de 2006 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual desistió de la presentación de la declaración escrita del señor Wilfredo Pedraza (supra párrs. 65 y 76), debido a que dicho señor informó a la Comisión que “a pesar de la prórroga otorgada por la […] Corte […], por limitaciones de tiempo no le ser[ía] posible cumplir con lo requerido”. Ese mismo día la Comisión presentó un escrito mediante el cual indicó que “no t[enía] observaciones que formular a las declaraciones de los señores Michael Stephen Bronstein [supra párr. 73], Osilia Ernestina Cruzatt viuda de Juárez [supra párr. 77], Eva Sofía C[h]allco Hurtado, Luz Liliana Peralta Saldarriaga, Nieves Miriam Rodríguez Peralta, Madelein Escolástica Valle Rivera, Alfredo Poccorpachi Vallejos y César Mamaní Valverde” (supra párr. 79). Además, en dicho escrito presentó observaciones a la declaración del señor Luis F. Jiménez (supra párr. 73) e, inter alia, solicitó a la Corte “agregar al acervo probatorio únicamente aquellos elementos de la declaración que cumpl[ieran] con el objeto señalado por el Tribunal”.
86. El 21 de junio de 2006 la interviniente común presentó un escrito, mediante el cual remitió copia de los dictámenes periciales de la señora Ana Deutsch y el señor José Quiroga (supra párr. 65).
87. El 24 de junio de 2006 la interviniente común remitió copia completa de la declaración escrita del testigo Jesús Ángel Julcarima Antonio (supra párr. 65).
88. El 25 de junio de 2006 la interviniente común presentó un escrito, en el que formuló una “objeción a la participación del señor Diego García Sayán como juez en el presente caso”, por considerar que tendría impedimento para ello. La interviniente indicó, inter alia, que el Juez García-Sayán fue Ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores del Perú, y como tal tuvo “responsabilidad como funcionario de las políticas y decisiones del Estado Peruano en relación a la investigación o falta de investigación de los hechos”.
89. El 25 de junio de 2006 el Perú presentó un escrito, mediante el cual manifestó su “objeción” a la pretensión de la interviniente común (supra párr. 88).
90. El 25 de junio de 2006 la Corte emitió una Resolución, mediante la cual “rechaz[ó] por improcedente la recusación planteada por la interviniente común […] respecto de la participación del Juez Diego García-Sayán para el conocimiento del caso” (supra párr. 88) y resolvió que se debía continuar con la tramitación del caso y llevar a cabo la audiencia pública convocada. La Corte tomó en consideración que la petición fue efectuada el día anterior a la realización de la audiencia pública y estimó que no se aportó evidencia alguna de que los hechos y argumentos expuestos en la solicitud fueran constitutivos de alguna de las causales previstas en el artículo 19 del Estatuto de la Corte.
91. El 26 de junio de 2006 el Juez Diego García-Sayán presentó un escrito, mediante el cual se excusó de conocer el presente caso. En dicho escrito el Juez García-Sayán manifestó, inter alia, que “no ha[bía] tenido intervención en los hechos materia de este caso, por lo que la Resolución de [la] Corte [emitida el día anterior] se enc[ontró] perfectamente ajustada a las disposiciones de[l] Estatuto”, y que “mucho menos, pudo haber tenido intervención alguna en las ‘políticas y decisiones del Estado peruano en relación a la investigación o falta de investigación de los hechos’”. Asimismo, comunicó que tomó la decisión de excusarse debido a que “se [iba] a iniciar […] una audiencia pública cuyo normal desenvolvimiento podría verse afectado por la imprevisible conducta de la [interviniente común y que e]l precioso tiempo de la Corte, las partes y los testigos deb[ía] concentrarse en los asuntos de fondo y no dejar abierta la posibilidad de que se distra[jera] en asuntos que nada tienen que ver con el caso y la efectiva vigencia de los derechos humanos, razón de ser de esta Corte”.
92. El 26 de junio de 2006 la Corte emitió una Resolución, mediante la cual, pese a que estimó que no existía impedimento para que el Juez García-Sayán conociera este caso, “acept[ó] la excusa planteada por el [referido] Juez […] de continuar conociendo […] el caso” (supra párr. 91). Lo anterior, en consideración de lo señalado en los artículos 19 del Reglamento y Estatuto de la Corte, y del análisis de los motivos expuestos por el Juez Diego García-Sayán para excusarse de continuar conociendo el caso.
93. Los días 26 y 27 de junio de 2006 se celebró la audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en la cual comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Florentín Meléndez y Santiago Canton, delegados; Víctor Madrigal, Juan Pablo Alban, Lilly Ching y Manuela Cuvi, asesores legales; b) por la interviniente común: Mónica Feria Tinta, representante, y Zoe Harper, asesora: y c) por el Estado del Perú: Oscar Manuel Ayzanoa Vigil, Agente. Asimismo comparecieron ante la Corte los testigos y peritos propuestos por las partes y convocados por el Presidente (supra párr. 65 e infra párr. 187). La Corte también escuchó los alegatos finales de la Comisión, la interviniente común y el Estado. Asimismo, la Corte solicitó al Estado y a la interviniente común que presentaran determinadas explicaciones y documentos junto con sus respectivos escritos de alegatos finales. Además, en dicha audiencia la interviniente común presentó documentación diversa. Ese mismo día, la interviniente común remitió los anexos de las declaraciones escritas de las testigos Osilia Ernestina Cruzatt viuda de Juárez y Luz Liliana Peralta Saldarriaga, así como el anexo No. 2 del peritaje del señor José Quiroga (supra párr. 65).
94. El 30 de junio de 2006 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual informó que “no t[enía] observaciones que formular a las declaraciones de los señores Rubeth Feria Tinta, Raúl Basilio Gil Orihuela, Ana Deutsch y José Quiroga” (supra párrs. 82, 83 y 86). Además, presentó observaciones a la declaración de la señora Edith Feria Tinta e, inter alia, solicitó a la Corte “agregar al acervo probatorio únicamente aquellos elementos de la declaración que cumpl[ían] con el objeto señalado por el Tribunal, excluyendo aquellos que se ref[erían] al asunto que aún pende ante la Comisión”.
95. El 3 de julio de 2006 la interviniente común presentó un escrito, mediante el cual solicitó a la Corte que, en aplicación del artículo 51 de su Reglamento, “la señora Madelein Escolástica Valle, la señora Sabina Astete y en general las personas ligadas a ellas […] se [abstuvieran] de interferir con testigos de la [interviniente común], amedrentar y desatar una campaña contra los testigos que han aparecido ante la Corte […] durante la audiencia [pública]”, así como que “tom[ara] las medidas necesarias para que copias grabadas de la audiencia no [fueran] objeto de circulación pública como pretend[ía] la señora Sabina Astete”. Al respecto, la Corte desestimó la primera petición porque entendió que no se encuadraba en los presupuestos establecidos en el referido artículo 51 del Reglamento relativo a la protección de testigos y peritos. En cuanto a la solicitud relativa a la “circulación pública” de las copias grabadas de la audiencia, la Corte la desestimó por improcedente, debido a que se trata de una actuación procesal de carácter público. Asimismo, se indicó que en caso de que la interviniente común hubiere considerado que existían circunstancias excepcionales que ameritaban que la Corte recibiera las declaraciones de los testigos propuestos por ella en privado debería haberlo indicado al Tribunal, con anterioridad, para que éste resolviera lo conducente.
96. El 4 de julio de 2006 la interviniente común presentó un escrito, en el cual manifestó, inter alia, que “la declaración de la señora Edith Tinta en su totalidad e[ra] pertinente en la materia de este caso” (supra párrs. 82 y 94).
97. El 5 de julio de 2006 la Comisión presentó un escrito, en el que indicó que “no t[enía] observaciones que formular a la declaración jurada del señor Jesús Ángel Julcamira Antonio” (supra párr. 87).
98. El 7 de julio de 2006 la interviniente común remitió sus observaciones a las declaraciones escritas de la testigo Madelein Escolástica Valle Rivera y del perito Christopher Birkbeck (supra párrs. 80 y 84).
99. El 10 de julio de 2006 la interviniente común remitió copia de la traducción al idioma español de la declaración escrita rendida por el testigo Stephen Bronstein (supra párr. 73).
100. El 11 de julio de 2006 la interviniente común remitió copia de un anexo a la declaración escrita de la perito Ana Deutsch, “el cual no se remitió con el original por error” (supra párr. 86) y, en relación con la declaración jurada rendida por el señor Luis F. Jiménez, solicitó, inter alia, que “su testimonio se integr[ara] en su totalidad a la prueba vertida en este caso”.
101. El 27 de julio de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, recordó al Estado y a la interviniente común la documentación o explicaciones que la Corte les solicitó con posterioridad a la exposición de alegatos finales orales en la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas celebrada los días 26 y 27 de junio de 2006 (supra párr. 93). Asimismo, solicitó a la Comisión y a la interviniente común que, a más tardar el 3 de agosto de 2006, presentarán sus aclaraciones u observaciones en relación con varios puntos respecto a la determinación de las presuntas víctimas del caso.
102. El 3 de agosto de 2006 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual remitió su respuesta a las aclaraciones u observaciones en relación con los asuntos referidos a la determinación de las presuntas víctimas del caso (supra párr. 101).
103. El 3 de agosto de 2006 la Comisión presentó sus alegatos finales escritos sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Como “apéndice” a su escrito de alegatos finales la Comisión remitió un escrito del “Grupo Canto Grande 92”, indicando que se trataba de un escrito “recibido por la Comisión del grupo de [presuntas] víctimas representado por la señora Sabina Astete”. El 11 de agosto de 2006 presentó los anexos al referido escrito de la señora Sabina Astete.
104. El 3 de agosto de 2006 la interviniente común presentó su respuesta a las aclaraciones u observaciones en relación con los asuntos relativos a la determinación de las presuntas víctimas del caso (supra párr. 101). El 15 de agosto de 2006 presentó los anexos 2, 3 y 4 del referido escrito.
105. El 9 de agosto de 2006 el Estado presentó sus alegatos finales escritos y su respuesta a la solicitud de prueba para mejor resolver que le fue requerida en la audiencia pública (supra párrs. 93 y 101). El 10 de agosto de 2006 el Estado presentó los anexos a dichos escritos.
106. El 18 de agosto de 2006 la interviniente común presentó sus alegatos finales escritos. Asimismo, adjuntó documentos contenidos en 6 “Apéndices”.
107. El 23 de agosto de 2006 la Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó un plazo hasta el 23 de septiembre de 2006 para que las partes remitieran las observaciones que estimaran pertinentes a los referidos escritos mediante los cuales la Comisión y la interviniente común presentaron su respuesta a las aclaraciones u observaciones en relación con los asuntos relativos a la determinación de las presuntas víctimas, y la respuesta del Estado a la solicitud de la Corte de prueba para mejor resolver de la Corte (supra párrs. 102, 104 y 105).
108. El 25 de agosto de 2006 el Estado presentó “prueba superviniente[, … en relación con] la denuncia penal formulada por la Quinta Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima […] en contra del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori […]” en relación con el presente caso.
109. El 28 de agosto de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó plazo hasta el 23 de septiembre de 2006 para que la Comisión y la interviniente común remitieran las observaciones que estimaran pertinentes al escrito presentado por el Estado el 25 de agosto de 2006 (supra párr. 108).
110. El 31 de agosto de 2006 la interviniente común presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales remitió sus observaciones a las aclaraciones referentes a la determinación de las presuntas víctimas presentadas por la Comisión el 3 de agosto de 2006 (supra párrs. 102 y 107). En esa misma fecha, la interviniente común presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales remitió sus observaciones a la “prueba superviniente” presentada por el Estado mediante escrito de 25 de agosto de 2006 (supra párrs. 108 y 109). Los anexos a estas últimas observaciones fueron presentados el 19 de septiembre de 2006.
111. El 8 de septiembre de 2006 la interviniente común presentó un escrito y su anexo, a través de los cuales aportó “la […] noticia publicada por el diario Correo de 6 de se[p]tiembre de 2006 en relación al encausamiento de Alberto Fujimori Fujimori por algunos hechos relativos al presente caso”. Asimismo, realizó algunas correcciones a datos que fueron consignados en su escrito de alegatos finales (supra párr. 106) e indicó que remitía documentación relativa a “recibos [… de] gastos”. Esta última documentación fue presentada el 4 de octubre de 2006.
112. El 14 de septiembre de 2006 el Estado presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales remitió “prueba superviniente, al amparo de lo previsto en el artículo 44º, inciso 3, del Reglamento de la Corte”, en relación con “[la] resolución del 29 de agosto último[, en la cual se] ha abierto instrucción con mandato de detención contra el ex-presidente Alberto Fujimori Fujimori, por los hechos acaecidos entre el 6 y 9 de mayo de 1992 en el Establecimiento Penitenciario ‘Miguel Castro Castro’”. El 20 de septiembre de 2006 el Perú presentó los anexos a dicho escrito.
113. El 22 de septiembre de 2006 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual remitió observaciones a la prueba presentada por el Estado como anexo a sus alegatos finales escritos (supra párr. 105) y a la presentada el 25 de agosto de 2006 como prueba superviniente (supra párrs. 108 y 109). Asimismo, se refirió al escrito presentado por la interviniente común el 3 de agosto de 2006 sobre aclaraciones u observaciones en relación con la determinación de las presuntas víctimas (supra párrs. 104 y 107).
114. El 26 de septiembre de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó plazo hasta el 6 de octubre de 2006 para que la interviniente común y la Comisión remitieran las observaciones que estimaran pertinentes a la referida “prueba superviniente” presentada por el Estado el 14 de septiembre de 2006 (supra párr. 112).
115. El 29 de septiembre de 2006 la interviniente común presentó un escrito y sus anexos, en los cuales remitió sus observaciones al escrito y prueba presentados por el Estado el 14 de septiembre de 2006 (supra párrs. 112 y 114).
116. El 5 de octubre de 2006 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual remitió sus observaciones al escrito y prueba presentados por el Perú el 14 de septiembre de 2006 (supra párrs. 112 y 114).
117. El 20 de octubre de 2006 la Comisión presentó una comunicación, a la cual adjuntó anexos. En su comunicación la Comisión señaló que remitía “copia de una comunicación [de] 16 de octubre de 2006, mediante la cual los señores Hubert Arce Carpio y Francisco Alania Osorio solicita[ro]n a la Comisión […] que asum[ier]a la defensa de sus intereses, [en relación con este] caso […,] y la señora Doris Quispe La Rosa […] ratific[ó] su voluntad en ese sentido”. Como anexos a dicha comunicación la Comisión también adjuntó las declaraciones escritas de las referidas presuntas víctimas.
118. El 24 de octubre de 2006 la interviniente común remitió un escrito, mediante el cual se refirió a la comunicación que presentó la Comisión Interamericana el 20 de octubre de 2006 y sus anexos (supra párr. 117), e indicó que “[o]bjeta[…] la presentación de testimonios a estas alturas del proceso y considera[…] que en virtud del artículo 44 del Reglamento son inadmisibles”.
119. El 25 de octubre de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, comunicó a las partes que tanto la comunicación presentada por la Comisión Interamericana el 20 de octubre de 2006 y sus anexos (supra párr. 117), como el escrito de la interviniente común de 24 de octubre de 2006 (supra párr. 118), serían puestos en conocimiento de la Corte para los efectos pertinentes. Asimismo indicó que al recibir dicha comunicación por parte de la Comisión Interamericana la Secretaría constató que se trata de prueba que no le fue solicitada a dicho órgano y que en su escrito la Comisión no hace referencia alguna a la presentación de las declaraciones escritas que adjunta.
120. El 30 octubre de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento del Tribunal, solicitó a la Comisión Interamericana que remitiera, a más tardar el 2 de noviembre de 2006, una copia completa de la denuncia identificada ante dicho órgano bajo el número 11.769 (supra párr. 14), así como determinadas aclaraciones en relación con la denuncia identificada con el número 11.015 (supra párr. 6).
121. El 3 de noviembre de 2006, después de una prórroga que le fue otorgada por el Presidente, la Comisión remitió un escrito y sus anexos, mediante los cuales presentó el documento y aclaraciones que le fueron solicitadas, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, mediante nota de 30 de octubre de 2006 (supra párr. 120).
122. El 6 de noviembre de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento del Tribunal, solicitó al grupo de representantes compuesto por Sabina Astete, Douglass Cassel, Peter Erlinder y Bertha Flores que remitiera, a más tardar el 9 de noviembre de 2006, determinada prueba en relación con la determinación de presuntas víctimas.
123. El 7 de noviembre de 2006 la interviniente común presentó un escrito y sus anexos, mediante los cuales se refirió al escrito que presentó la Comisión Interamericana el 3 de noviembre de 2006 y sus anexos (supra párr. 121).
124. El 9 de noviembre de 2006 el grupo de representantes compuesto por Sabina Astete, Douglass Cassel, Peter Erlinder y Bertha Flores remitieron copia de la documentación que les fue solicitada, siguiendo instrucciones del Presidente, mediante nota de Secretaría de 6 de noviembre de 2006 (supra párr. 122).
125. El 15 noviembre de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento del Tribunal, solicitó a la Comisión Interamericana que remitiera, a más tardar el 20 de noviembre de 2006, determinada prueba en relación con la determinación de presuntas víctimas.
126. El 18 de noviembre de 2006 la interviniente común presentó un escrito, mediante el cual se refirió al escrito que presentó el grupo de representantes compuesto por Sabina Astete, Douglass Cassel, Peter Erlinder y Bertha Flores el 9 de noviembre de 2006, en relación con los documentos que les fueron solicitados siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal (supra párr. 124).
127. Los días 14 y 20 de noviembre de 2006 la interviniente común aportó documentación relativa a “recibos [… de] gastos”.
128. Los días 20 y 22 de noviembre de 2006 la Comisión remitió dos escritos y un anexo, mediante los cuales presentó su respuesta a la solicitud de prueba para mejor resolver realizada por el Presidente de la Corte mediante nota de 15 de noviembre de 2006 (supra párr. 125).
V
RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
129. A continuación la Corte procederá a determinar los alcances del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado (supra párr. 56) y la extensión de la controversia subsistente.
130. El artículo 53.2 del Reglamento dispone que
[s]i el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, la Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En este supuesto, la Corte procederá a determinar, cuando fuere el caso, las reparaciones y costas correspondientes.
131. La Corte Interamericana, en ejercicio de su función contenciosa, aplica e interpreta la Convención Americana. Cuando un caso ha sido sometido a su jurisdicción, está facultada para declarar la responsabilidad internacional de un Estado Parte en la Convención por violación a las disposiciones de ésta .
132. La Corte, en el ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, podrá determinar si el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para concluir el procedimiento o si es preciso llevar adelante el conocimiento del fondo y determinar eventuales reparaciones y costas. Para estos efectos, el Tribunal analizará la situación planteada en cada caso concreto .
133. En el presente caso, el Estado ha reconocido parcialmente los hechos en diversos actos ante la Corte. En la audiencia pública ante el Tribunal (supra párr. 93) el Estado realizó un reconocimiento más amplio y concreto sobre los hechos que el efectuado en su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (supra párr. 56). En sus alegatos finales escritos (supra párr. 105) el Perú reiteró dicho reconocimiento en los términos efectuados en la referida audiencia.
134. En sus consideraciones fácticas y jurídicas, esta Corte se basará en dicho reconocimiento más amplio realizado por el Estado, al que hará referencia en los siguientes párrafos. Debido a que en dicha audiencia pública y en sus alegatos finales el Estado no se refirió de forma expresa al tema de víctimas ni a los derechos violados, el Tribunal hará referencia, en lo concerniente a estos temas, a lo indicado con anterioridad por el Estado en su escrito de contestación de demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos.
A) Alcances del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado
1) Respecto de los hechos
135. En la audiencia pública celebrada en El Salvador los días 26 y 27 de junio de 2006 (supra párr. 93), el Estado manifestó que
[l]os hechos […] no se pueden ocultar, no se puede ocultar el dolor, […] no se pueden ocultar los heridos, no se pueden ocultar el dolor de los familiares de las víctimas. En el escrito de contestación de la demanda en ese sentido, el Estado peruano está reconociendo ya esos hechos por la evidencia de los mismos y porque desde el mismo momento de haber acaecido […] fueron sujetos de una amplia difusión de los medios de comunicación.
[…] Creemos que para analizar los hechos es inevitable analizar el contexto. […] El Perú durante veinte años vivió una situación de conflicto interno sumamente grave. [… L]os hechos del 6 al 9 de mayo [ de 1992 …] se cometieron contra internos de determinada orientación. Los actos de violencia fueron dirigidos contra dos pabellones, o contra un pabellón principalmente, el pabellón 1 A y el pabellón 4B, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados de delitos de terrorismo vinculados al partido comunista del Perú Sendero Luminoso[. … E]l acto tuvo un destino directo: atacar a Sendero Luminoso.
[…] desde la estrategia militar del gobierno de ese entonces hubo un direccionamiento de las acciones hacia ese partido, hacia ese grupo, hubo una lógica de guerra [al] adversario.
136. Asimismo, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal, el Estado aclaró que reconoce solamente los hechos del 6 al 9 de mayo 1992, y no los posteriores a esa fecha. Seguidamente, el Estado expresó que también “formul[a] reconocimiento” “de las situaciones expresadas en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por la interviniente común”, entendiéndose que lo hace en relación con los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992.
137. En el escrito de alegatos finales (supra párr. 105) el Estado “reafirm[ó] y ratific[ó] los argumentos y posiciones expresadas en el marco de la [referida] Audiencia Pública [ante] la Corte”, y reiteró que reconoce su responsabilidad parcial en este caso. El Perú señaló que “reconoce su responsabilidad en los hechos acaecidos entre el 6 y 9 de mayo de 1992”. Asimismo, agregó que:
[… s]i bien a nivel del Fuero Interno se determinarán las responsabilidades individuales, en los términos [d]el proceso actualmente en trámite ante el Poder Judicial […,] no se puede dejar de reconocer la magnitud de los hechos a que se refiere el presente proceso y la responsabilidad del Estado Peruano en los mismos.
Además, solicitó a la Corte que tome en cuenta “el contexto histórico dentro del cual estos hechos se produjeron, en contraste con la actual gestión del Estado”, e indicó que “los hechos materia del presente proceso formaron parte de la estrategia del gobierno de turno para afrontar, violando derechos humanos, el conflicto interno”.
2) Respecto de las presuntas víctimas y derechos alegados como violados
138. Al expresar su reconocimiento parcial de responsabilidad en cuanto a los hechos, en los términos realizados en la audiencia pública y en sus alegatos finales escritos (supra párrs. 93 y 105), el Perú no hizo referencia expresa a las víctimas ni a los derechos cuya violación alegaron la Comisión Interamericana y la interviniente común de los representantes.
139. Anteriormente, en el escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, el Perú señaló, en relación con las víctimas, que
[…] acerca de los ciudadanos muertos y heridos durante los acontecimientos, […] su detalle y circunstancias de identificación deberá basarse principalmente en las actuaciones judiciales actualmente en trámite y que en la sentencia que el Poder Judicial emita se vayan a delimitar.
140. Asimismo, en el escrito de contestación de la demanda el Perú señaló que acepta que la Corte “concluya y declare” que “el Estado es parcialmente responsable por”:
i. […] las muertes ocasionadas durante la ejecución del Operativo Mudanza I, en los términos que el proceso actualmente en trámite ante el Poder Judicial por los hechos imputados, oportuna e imparcialmente declarará y sancionará; pues del análisis de los hechos se presentan innumerables situaciones que dilucidar en cuanto a las circunstancias precisas de las muertes.
ii. […] los heridos y maltratados ocasionados durante la ejecución [..] del Operativo Mudanza I, en los términos que el proceso actualmente en trámite ante el Poder Judicial por los hechos imputados, oportuna e imparcialmente declarará y sancionará; pues del análisis de los hechos se presentan innumerables situaciones que dilucidar en cuanto a las circunstancias de estos hechos.
iii. […] no respetar las garantías judiciales y la protección judicial de las víctimas y familiares, mientras duró el estado de situación de un Poder Judicial encubridor de las violaciones a los derechos humanos ocasionados por la gestión gubernamental de Alberto Fujimori. Sin embargo, dada la actual existencia de un proceso judicial independiente e imparcial en trámite, la violación ha cesado no lográndose su consumación y se han restituido derechos que están siendo plenamente ejercidos por las víctimas y familiares.
[…]
141. Además, en dicho escrito de contestación a la demanda el Estado señaló que:
acepta el incumplimiento de la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el Artículo 1 (1) de la Convención Americana […]. Sin embargo, acepta responsabilidad parcial en las violaciones del derecho a la vida, integridad física, en tanto el Poder Judicial del Perú no se pronuncie sobre la verdad histórica y detallada de los sucesos acaecidos entre el 6 y 9 de mayo de 1992.
3) Respecto de las solicitudes sobre reparaciones y costas
142. En su escrito de contestación de demanda, el Perú indicó que “[e]n relación [con] las reparaciones que deriven de este reconocimiento parcial de responsabilidad, […] acepta la publicación de la sentencia que se emita en un diario de circulación nacional”, y manifestó “su oposición a la medida de corte simbólico de colocar una placa conmemorativa en el penal ‘Castro Castro’, por cuanto ya existe un monumento de recuerdo de todas las víctimas del conflicto armado y dado que el mencionado penal es un centro en actual funcionamiento con presencia de detenidos organizados y militantes del Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso y una medida de este tipo no favorecería la seguridad interna del penal ni medidas destinadas a la reconciliación de los peruanos”. Además, indicó que “[e]n cuanto a las reparaciones dinerarias que result[e]n de la determinación de responsabilidades, el Estado propone determinar los montos de acuerdo a políticas que el Estado esté implementando o por implementar, por vía legislativa y/o administrativa, de acuerdo a experiencias que se hayan dado para otros casos ventilados ante el Sistema Interamericano y como efecto del reconocimiento del Estado de sus compromisos internacionales”.
143. Al respecto, en la audiencia pública (supra párr. 93) el Perú señaló que “en una coherencia de esta política de reconocimiento de hechos y de búsqueda de la reconciliación” se iniciarían las consultas pertinentes para promover un acuerdo de solución amistosa. Asimismo, se refirió al plan integral de reparaciones que recomendó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como a la Ley Nº 28592 sobre reparaciones a víctimas del conflicto armado interno.
144. Por último, en su escrito de alegatos finales el Estado solicitó a la Corte “que declare la responsabilidad del [mismo] en los hechos materia del presente proceso y fije medidas reparatorias que se inscriban dentro de l[a]s medidas legales y reglamentarias que el Estado está implementando como parte de sus compromisos derivados de la suscripción de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”. Asimismo, solicitó al Tribunal que “reconozca [la] firme intención [del Perú] de implementar políticas reparatorias” y “reafirm[ó] su firme intención de implementar[… las reparaciones simbólicas] en un contexto que signifique la real dignificación de las víctimas y sus familiares […]”.
4) Alegatos de la Comisión Interamericana y de la interviniente común con respecto al reconocimiento parcial de responsabilidad
145. Con respecto a dicho reconocimiento, la Comisión Interamericana expresó que valora el reconocimiento de los hechos efectuado por el Estado y lo considera un paso positivo hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Asimismo, en su escrito de alegatos finales (supra párr. 103) la Comisión agregó que “[e]l Estado […] ha aceptado en su totalidad los hechos del caso, incluida la denegación de justicia, por lo que […] solicita a la Corte que los tenga por establecidos y los incluya en la sentencia de fondo que dicte, en razón de la importancia que el establecimiento de una verdad oficial de lo acontecido tiene para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como para sus familiares y para la sociedad peruana”.
146. Asimismo, en sus alegatos finales escritos la Comisión observó que “el reconocimiento [del Estado] no se refiere a las implicaciones jurídicas en relación con los hechos, ni a la pertinencia de las reparaciones solicitadas por las partes” y que “el agente estatal, [durante la audiencia pública,] manifestó que no tenía instrucciones para proceder a la aceptación de la responsabilidad internacional del Estado peruano por las violaciones alegadas por las partes”. La Comisión solicitó “a la Corte que res[olvier]a en sentencia las cuestiones que permanecen en contención, es decir, la valoración y consecuencias jurídicas de los hechos reconocidos por el Estado, y las reparaciones que resulten pertinentes en atención a la gravedad de los hechos, al número de víctimas, y a la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos acusadas”.
147. Por su parte, la interviniente común de los representantes solicitó al Tribunal, inter alia, que “[emita] una sentencia […] tanto en materia sustantiva que determine los hechos[, como] que determine el derecho, en base a […] los alegatos de las partes, y que determine las reparaciones correspondientes”. En la audiencia pública la interviniente manifestó que rechazaba el ofrecimiento realizado por el Estado de intentar lograr una solución amistosa en los términos propuestos (supra párr. 143). Además, se refirió a los términos en que el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad, y resaltó que en la investigación penal que se está realizando los sobrevivientes no son considerados como víctimas y que los delitos investigados no son los que corresponden a lo que verdaderamente sucedió.
148. La Corte considera que el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana .
B) Extensión de la controversia subsistente
149. Después de haber examinado el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado y tomando en cuenta lo manifestado por la Comisión y la interviniente común, la Corte considera que subsiste la controversia en los términos que se exponen en los siguientes párrafos.
En cuanto a los hechos
150. La Comisión interpretó que el reconocimiento de hechos realizado por el Estado incluye “[la] totalidad [de] los hechos del caso” (supra párr. 145). El Tribunal no concuerda con esta apreciación, ya que el Estado señaló claramente que “reconoce su responsabilidad en los hechos acaecidos entre el 6 y 9 de mayo de 1992” expuestos en la demanda de la Comisión y también expresó que “formul[a] reconocimiento” “de las situaciones expresadas en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por la interviniente común”. De esta forma está claro que el Perú no reconoció los hechos posteriores al 9 de mayo de 1992. Cabe notar que en el proceso ante la Corte el Estado no se opuso expresamente a la prueba presentada para acreditar los alegados hechos después del 9 de mayo de 1992.
151. Por lo que respecta a los hechos acontecidos entre el 6 y 9 de mayo de 1992, la Comisión y la interviniente no coinciden en la descripción y calificación de algunos de éstos. Por ello, el Tribunal deberá tomar en cuenta el examen más amplio que ofrece la interviniente sobre algunos hechos que fueron alegados por la Comisión (infra párrs. 167 a 169), y con respecto a los hechos que han sido calificados por la Comisión y la interviniente de forma distinta, determinará tales hechos con base en la prueba aportada en este proceso (infra párrs. 164 a 166).
152. Con apoyo en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que subsiste la controversia en cuanto a los hechos que se alega sucedieron después del 9 de mayo de 1992. En consecuencia, determinará los correspondientes hechos probados, de conformidad con lo alegado por las partes y el acervo probatorio del caso.
En cuanto a los derechos cuya violación se alega
153. En su escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, el Estado reconoció la violación del artículo 1.1 de la Convención y manifestó que reconoce “responsabilidad parcial” en cuanto a las violaciones de los artículos 4 y 5 de la misma “en tanto el Poder Judicial del Perú no se pronuncie sobre la verdad histórica y detallada de los sucesos acaecidos entre el 6 y 9 de mayo de 1992”. Además, expresamente señaló que “contradice el extremo de la demanda que solicita se declare al [E]stado responsable de la violación al derecho a la protección judicial”.
154. Posteriormente, en la audiencia pública y en sus alegatos finales, al reconocer su responsabilidad sobre los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, el Estado no indicó expresamente cuáles derechos alegados por la Comisión y la interviniente admite como violados. Sin embargo, de lo expresado por el Estado se puede deducir que éste cambió la posición que había sostenido en su escrito de contestación a la demanda (supra párr. 139). Al respecto, en dicho escrito de contestación el Perú hacía depender la determinación de hechos y de violaciones del pronunciamiento de su Poder Judicial, mientras que en sus alegatos finales el Estado reconoció expresamente los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, sin hacerlos depender de ninguna decisión de tribunales internos, e indicó que el pronunciamiento que emitan éstos guarda relación únicamente con la determinación de responsabilidades penales individuales.
155. A pesar de que del reconocimiento de responsabilidad del Estado podría deducirse que éste admite que se violaron los derechos a la vida e integridad de los internos durante los días 6 a 9 de mayo de 1992, la Corte considera adecuado establecer, en los capítulos correspondientes, las consecuencias jurídicas de los hechos reconocidos por el Estado, así como de los ocurridos después del 9 de mayo de 1992, conforme a lo alegado por las partes y al acervo probatorio del caso.
En cuanto a las presuntas víctimas
156. Al reconocer su responsabilidad sobre los hechos del 6 y 9 de mayo de 1992 el Estado no indicó expresamente que reconoce como víctimas a las personas indicadas bajo ese concepto por la Comisión y la interviniente común.
157. Sin embargo, con base en que el Estado expresó que “los hechos […] no se pueden ocultar, no se puede ocultar el dolor, […] no se pueden ocultar los heridos, no se puede ocultar el dolor de los familiares de las víctimas”, la Corte estima que el Estado reconoció que como consecuencia de los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992 hubo personas que murieron, personas que resultaron heridas y personas que sufrieron, incluyendo a los familiares de los internos.
158. Como ya se dijo, el Tribunal establecerá quiénes son las víctimas de los hechos violatorios reconocidos por el Estado, de conformidad con lo alegado por las partes y el acervo probatorio del caso, tomando en cuenta, además, que aquél no formuló oposición alguna a la prueba sobre presuntas víctimas aportada ante la Corte. Asimismo, el Tribunal determinará las víctimas de los hechos ocurridos después del 9 de mayo de 1992 que constituyan una violación de la Convención, de conformidad con lo alegado por las partes y el acervo probatorio del caso.
En cuanto a Reparaciones
159. Al reconocer su responsabilidad sobre los hechos del 6 y 9 de mayo de 1992 el Estado se refirió de forma expresa al tema de reparaciones y solicitó a la Corte que fije las medidas de reparación (supra párr. 144), manifestando su firme intención de cumplir con medidas que correspondan. La Corte determinará las medidas de reparación correspondientes, para lo cual también tomará en cuenta lo expresado por el Estado respecto a las reparaciones que “acepta” y las oposiciones que presentó sobre algunas medidas de reparación solicitadas.
VI
CONSIDERACIONES PREVIAS
160. En este capítulo la Corte formulará algunas consideraciones respecto de los hechos objeto del presente caso, y la determinación de presuntas víctimas.
A) RESPECTO DE LOS HECHOS OBJETO DEL PRESENTE CASO
161. Es preciso considerar dos cuestiones en este punto. Por una parte la Comisión y la interviniente no coinciden en la descripción de algunos hechos ocurridos entre el 6 y 9 de mayo de 1992; por la otra, en lo que toca a los hechos ocurridos con posterioridad al 9 de mayo de 1992, la Comisión incluyó en la demanda menos hechos que los desarrollados por la interviniente común.
162. Antes de pronunciarse sobre esos asuntos, la Corte reafirma su jurisprudencia en materia de establecimiento de hechos, en el sentido de que, en principio, “no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante”, así como con la excepción que implican los hechos supervinientes . Asimismo, el Tribunal reitera que
tiene la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso y de decidir aspectos de derecho no alegados por las partes con base en el principio iura novit curia. Es decir, si bien la demanda constituye el marco fáctico del proceso, aquélla no representa una limitación a las facultades de la Corte de determinar los hechos del caso, con base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en información complementaria y contextual que obre en el expediente, así como en hechos notorios o de conocimiento público, que el Tribunal estime pertinente incluir en el conjunto de dichos hechos .
163. Por otra parte, la Corte ha tomado nota de que en el párrafo 79 de la demanda la Comisión señaló que
desea resaltar que el objeto de la presente demanda trasciende lo relativo a la promulgación y aplicación de la legislación antiterrorista en el Perú, en virtud de la cual algunas de las víctimas se encontraban privadas de la libertad, toda vez que no es materia de los hechos denunciados y probados. Asimismo, cabe destacar que durante el procedimiento ante la Comisión no se analizó la eventual responsabilidad internacional del Estado por la lamentable muerte de un policía que ocurrió en el desarrollo de los mismos hechos que motivan el presente caso, así como por las lesiones causadas a otros. El Estado debe investigar tales hechos y sancionar a los responsables, sin embargo, ante la Comisión no se denunció responsabilidad del Estado en tal sentido.
1) Hechos ocurridos entre el 6 y 9 de mayo de 1992: diferencias en la descripción y calificación de los mismos por la Comisión y la interviniente común
164. Ha quedado claramente establecido que el Perú reconoció los hechos acontecidos entre el 6 y 9 de mayo de 1992 expuestos en la demanda de la Comisión y que también expresó que “formul[a] reconocimiento” “de las situaciones expresadas en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por la interviniente común” (supra párr. 150). Sin embargo, la Comisión y la interviniente no coinciden en la descripción y calificación de algunos hechos ocurridos en dicho período.
165. En algunos casos la diferencia se debe a que la interviniente explica más ampliamente el hecho que fue alegado por la Comisión. En este punto no existe problema ya que, según la jurisprudencia de este Tribunal, la interviniente puede explicar o aclarar los hechos expuestos en la demanda (supra párr. 162). Además, el Perú reconoció tales hechos (supra párr. 150).
166. Sin embargo, existen otros hechos en los que surge contradicción entre el planteamiento de la Comisión y la posición de la interviniente y resulta contradictorio adoptar ambas versiones del hecho. Se trata, básicamente, de los hechos relativos a la existencia de un motín o de resistencia de los internos antes del “Operativo Mudanza 1” en la madrugada del 6 de mayo de 1992, así como a la tenencia y el empleo de armas por parte de los internos. La distinta calificación que hacen las partes sobre esos hechos se debe principalmente al análisis y valoración que han realizado de la prueba. El Tribunal determinará los hechos con base en la prueba aportada en este proceso, aplicando las reglas de la sana crítica.
2) Hechos ocurridos con posterioridad al 9 de mayo de 1992: hechos no incluidos en el escrito de demanda, que son objeto de este caso
167. En el escrito de demanda la Comisión expuso diversos hechos supuestamente acontecidos con posterioridad al 9 de mayo de 1992, fecha en que concluyó el denominado “Operativo Mudanza 1”. Sin embargo, la Corte ha constatado que en el escrito de solicitudes y argumentos la interviniente común expuso más hechos que los incluidos en la demanda de la Comisión, con respecto a lo que se alega sucedió con posterioridad a esa fecha. Asimismo, en los alegatos finales la Comisión incluyó como hechos de este caso algunas de las situaciones fácticas expuestas por la interviniente común.
168. Debido a que en el presente caso la falta de inclusión de esos hechos fue observada por la interviniente común y a que de los anexos a la demanda se desprenden hechos no incluidos expresamente en la misma, el Tribunal procederá a resolver este asunto fáctico.
169. Ante esta situación y en cumplimiento de las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, el Tribunal hará uso de su facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso supuestamente ocurridos con posterioridad al 9 de mayo de 1992 (supra párr. 162) y fijará en el capítulo de Hechos Probados los que son objeto de este caso. Para ello, la Corte tomará en cuenta los hechos descritos por la Comisión en la demanda y los que surgen de la prueba aportada como anexos a la misma. Además, el Tribunal se ha cerciorado de que esos hechos también fueron objeto del trámite del presente caso ante la Comisión y guardan relación con los hechos de este anteriores al 9 de mayo de 1992. Es preciso indicar que ante la Corte el Perú no objetó la prueba sobre los hechos posteriores al 9 de mayo de 1992 ni presentó argumentos que contradijeran tales hechos, a pesar de que contó con múltiples oportunidades procesales para hacerlo.
B) RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTAS VÍCTIMAS
170. En el presente caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento, la Comisión consignó en el texto de la demanda el nombre de las presuntas víctimas, indicando quiénes eran los internos fallecidos (“cuyo deceso [pudo] establecer de manera fehaciente a través del acervo probatorio”), los internos heridos y los internos que resultaron ilesos. Con respecto a los familiares de las presuntas víctimas, a pesar de que la Comisión solicitó a la Corte que declare que fueron víctimas de violaciones a los artículos 5 , 8 y 25 de la Convención, aquella solamente indicó el nombre de algunos familiares de los internos fallecidos (Apéndice A de la demanda). Asimismo hizo notar que la relación de presuntas víctimas presentada por los peticionarios en el procedimiento ante la Comisión no fue controvertida por el Estado.
171. En el escrito de solicitudes y argumentos la interviniente indicó que habría 11 personas consignadas en la demanda como internos “ilesos”, pero que de acuerdo a la prueba recopilada por ella tales personas habrían resultado heridas en los hechos de este caso. Posteriormente, al responder a un pedido de aclaraciones para mejor resolver (supra párr. 104) la interviniente alegó que habrían dos personas más en la misma situación. Al respecto, la interviniente explicó que con posterioridad al año 2001, presuntas víctimas respecto de quienes no contaba con información se la proporcionaron y que otras le dieron información más detallada, y también explicó que algunas lesiones al sistema auditivo, lesiones de esquirlas y lesiones leves de bala no fueron originalmente consideradas como lesión por algunos internos y por eso se creía que habían resultado ilesos. Por su parte, la Comisión, al presentar las observaciones que le fueron solicitadas sobre este punto (supra párrs. 102 y 103) indicó, inter alia, que “si la interviniente común aporta prueba que lleve al Honorable Tribunal a la conclusión de que [dichas] personas resultaron lesionadas durante los hechos, la Comisión estima pertinente su inclusión como víctimas”.
172. La Corte tomará en cuenta la prueba aportada al expediente para proceder a determinar si las presuntas víctimas sobrevivientes, cuyos nombres están en la demanda, resultaron ilesas o heridas, incluyendo a esas 13 presuntas víctimas a las que se refiere la interviniente como supuestamente heridas (supra párr. 171). El Tribunal hace notar que se garantizó al Estado el derecho de defensa y que este último no formuló ninguna oposición ni observación al respecto.
173. Asimismo, el Tribunal tomará en consideración la prueba solicitada por el Presidente para mejor resolver en cuanto a presuntas víctimas (supra párrs. 122 y 124), de acuerdo a la cual habría una persona más que debe ser incluida como presuntas víctima sobreviviente , cuyo nombre no se encontraba en la demanda, pero fue indicado en el escrito de otro grupo de representantes de presuntas víctimas que la interviniente común adjuntó a su escrito de solicitudes y argumentos (supra párr. 53). Asimismo, ese grupo de representantes solicitó la inclusión como presunta víctima de otra persona que no estuvo en el Penal Miguel Castro Castro durante ninguno de los días en que se llevó a cabo el “Operativo Mudanza 1”, pero que alega que posteriormente fue trasladada al penal de Santa Mónica de Chorrillos y sometida a condiciones de detención supuestamente violatorias de sus derechos. La Corte no puede incluir a dicha persona como presunta víctima debido a que solamente se están considerando las supuestas violaciones acontecidas con posterioridad al “Operativo Mudanza 1” en relación con aquellos internos que vivieron los hechos del referido “Operativo”.
174. Con respecto a las presuntas víctimas, en su escrito de solicitudes y argumentos la interviniente también indicó que habría 31 personas incluidas en la lista de presuntas víctimas de la demanda de la Comisión que la interviniente considera que no son presuntas víctimas “porque o bien no estuvieron al tiempo de los hechos en los pabellones 1-A y 4-B, o porque hicieron arreglos propios con el Estado peruano”. La interviniente reiteró dicha posición al responder a un pedido de aclaraciones para mejor resolver (supra párr. 104). Por su parte, al presentar las observaciones que le fueron solicitadas sobre este punto (supra párr. 102), la Comisión indicó que “[d]urante el trámite ante sí, y a partir de la evidencia aportada por las partes, la Comisión llegó a la convicción de que estas 31 personas también fueron víctimas de los hechos […]”, y señaló que “no ha tenido en su consideración prueba que desacredite esta conclusión”.
175. Al respecto, esta Corte se pronunciará respecto de esas 31 personas que fueron incluidas en la demanda tomando en cuenta la prueba aportada, las observaciones de la Comisión, así como el hecho de que el Estado no se opuso a su inclusión como presuntas víctimas ni realizó ninguna observación al respecto, a pesar de que tuvo la oportunidad procesal para hacerlo.
176. Por otra parte, en cuanto a los familiares de las presuntas víctimas en el procedimiento ante la Corte, tanto por medio de la interviniente común como a través de prueba para mejor resolver, se han consignado los nombres de otros familiares y se ha allegado a la Corte prueba al respecto.
177. En el presente caso la Comisión y la interviniente común han alegado que los familiares de los internos presuntas víctimas de este caso serían a su vez presuntas víctimas de alegadas violaciones a la Convención Americana.
178. La jurisprudencia de este Tribunal en cuanto a la determinación de presuntas víctimas y sus familiares ha sido amplia y ajustada a las circunstancias de cada caso. De conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento de la Corte, corresponde a la Comisión, y no a este Tribunal, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte . Sin embargo, en su defecto, en algunas ocasiones la Corte ha considerado como víctimas a personas que no fueron alegadas como tales en la demanda, siempre y cuando se haya respetado el derecho de defensa de las partes y las presuntas víctimas guarden relación con los hechos objeto del caso y con la prueba aportada ante la Corte .
179. Además de las personas expresamente señaladas en la demanda como familiares de las presuntas víctimas, este Tribunal utilizará los siguientes criterios para definir quiénes más serán considerados familiares de los internos presuntas víctimas de este caso: a) la oportunidad procesal en que fueron identificados y que se haya asegurado el derecho de defensa al Estado; b) el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado; c) la prueba que obra al respecto; y d) las características propias del presente caso.
180. Para realizar la valoración de la prueba que permite la determinación de los familiares la Corte tomará en cuenta las circunstancias particulares del presente caso. La Corte también hace notar que se garantizó al Estado el derecho de defensa y que este último no realizó ninguna oposición con respecto a dicha prueba.
181. Asimismo, el Tribunal dispondrá lo pertinente con respecto a los familiares de las presuntas víctimas que no se lograron identificar en el proceso ante este Tribunal (infra párr. 420).
VII
LA PRUEBA
182. Antes de examinar las pruebas ofrecidas, la Corte formulará, a la luz de lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones desarrolladas en la jurisprudencia del Tribunal y aplicables a este caso.
183. En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las partes. El artículo 44 del Reglamento contempla este principio, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes .
184. La Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, no ha adoptado una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es válido para los tribunales internacionales de derechos humanos, que disponen de amplias facultades en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia .
185. Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, la interviniente común y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver que fue solicitada. Para ello el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente.
A) PRUEBA DOCUMENTAL
186. Entre las pruebas documentales presentadas por las partes, la Comisión y la interviniente común remitieron declaraciones testimoniales y dictámenes periciales escritos, en respuesta a lo dispuesto por el Presidente en su Resolución de 24 de mayo de 2006 (supra párr. 65). Además, otro grupo de representantes, que no es la interviniente común, aportó declaraciones testimoniales requeridas por el Presidente como prueba para mejor resolver en dicha Resolución (supra párr. 65). Finalmente, la interviniente presentó una declaración testimonial escrita que no había sido requerida por el Presidente y solicitó su admisión (supra párr. 82). Dichas declaraciones y dictámenes se resumen a continuación:
Testimonios
a) Propuestos por la interviniente común:
1. Michael Stephen Bronstein, interno del Penal Miguel Castro Castro a la época de los hechos
Es ciudadano británico y durante la época de los hechos estuvo recluido en el Penal Miguel Castro Castro en el pabellón 6A.
Las mujeres sospechosas de pertenecer a Sendero Luminoso se encontraban recluidas en el pabellón 1A. Era conocido en la prisión que las autoridades habían decidido reubicar a las mujeres presas por delitos contra la seguridad en una nueva prisión de alta seguridad. Existían rumores sobre la realización de una requisa de grandes proporciones. El 6 de mayo de 1992 fue despertado por fuertes explosiones, provenientes del pabellón 1A, las cuales continuarían los días siguientes. La policía lanzaba granadas desde el techo, que explotaban afuera de las ventanas para mantener a los internos lejos de éstas; también lanzaba granadas fulminantes desde helicópteros a través de los ventiladores, que transportaban más soldados al interior del penal. Por la intensidad del ataque durante el primer día cree que la intención era matar a las mujeres. Éstas trataron de huir por los conductos al pabellón 4 para salvar sus vidas.
El tercer día los eventos se intensificaron. Las autoridades juntaron a los prisioneros de los pabellones 6A, 6B y 5, y fueron obligados a salir al patio a sentarse en fila sin moverse durante 18 horas. Durante ese tiempo el testigo pudo escuchar en las noticias que el entonces Presidente Fujimori no tenía intención de negociar. Hacia el final del “operativo” el testigo escuchó que el Coronel Cajahuanca, quien estaba al mando de la operación, dió la orden de matar a todos los que se estaban rindiendo. Después, los internos volvieron al pabellón 6A. El pabellón 1A estuvo cerrado durante dos o tres meses para ser reconstruido.
Debido a que perteneció al ejército inglés y recibió instrucción sobre armamentos, conoció las armas que fueron utilizadas en los días del ataque al penal, las cuales tenían por objeto causar el mayor daño posible. También reconoció a los uniformados que participaron en el ataque, quienes además de pertenecer a la Policía y al Ejército, formaban parte de las fuerzas especiales de asalto.
Considera que el asalto a las mujeres fue premeditado. La fuerza fue usada en escala masiva y estaba diseñada para causar tantos muertos y heridos como fuera posible.
2. Edith Tinta, madre de la presunta víctima Mónica Feria Tinta
Se refirió a la detención de su hija, quien fue trasladada al Penal Castro Castro una semana antes de los sucesos. Después de los hechos en el penal, su hija Mónica continuó recluida e incomunicada sin que sus familiares pudieran suministrarle ropa, alimentos o libros.
Se refirió a la absolución de su hija en 1993 y a lo que supuestamente le habría sucedido con posterioridad.
La testigo y su esposo han sufrido todo el tiempo desde que su hija fue acusada por terrorismo, han padecido algunos quebrantos de salud, no han podido ver a aquélla durante aproximadamente 14 años, y han soportado toda clase de injusticias y persecuciones por parte del Estado.
3. Rubeth Feria Tinta, hermana de la presunta víctima Mónica Feria Tinta
La testigo y su madre se ubicaron en las afueras del Penal Miguel Castro Castro esperando recibir información acerca del estado de su hermana. Los familiares de los internos eran retirados por los policías mediante la utilización de gases lacrimógenos y disparos. Su madre sufrió desmayos y vómito a causa de los gases. Durante cuatro días hubo detonaciones, explosiones y disparos. Presenciaron cómo el pabellón 1A se derrumbaba totalmente. Los familiares fueron maltratados cuando se presentaron en la morgue, y las autoridades se negaban a dar información sobre muertos y heridos. Al finalizar los cuatro días del ataque su hermana fue trasladada al penal de Santa Mónica. Desde ese momento no les permitieron visitarla ni suministrarle ropa, alimentos ni medicinas. Cinco meses más tarde los familiares pudieron verla cuando fue llevada a una diligencia al Palacio de Justicia y, posteriormente, pudieron visitarla en el penal de Santa Mónica por 10 o 15 minutos.
Después de los hechos, la familia Feria Tinta ha sufrido por la forma en que se ha estigmatizado a Mónica en los medios de comunicación, especialmente la madre, ya que padece de presión alta y dificultades para dormir.
4. Luz Liliana Peralta Saldarriaga, hermana de la presunta víctima sobreviviente Martín Peralta Saldarriaga
A la fecha de los hechos, su hermano Martín se encontraba recluido en el pabellón 4B del penal Castro Castro en detención preventiva. El miércoles 6 de mayo de 1992, al escuchar noticias en la radio, se acercó al penal y pudo observar que los prisioneros eran bombardeados mientras que la multitud de familiares clamaba que la “matanza parara”. Pudo notar que “la fiscal estaba ahí, viendo que bombardeaban desde el primer día a presos indefensos”.
La policía empezó a disparar y a lanzar bombas lacrimógenas a la multitud de familiares que estaban en las afueras del centro penal, compuesta mayormente de mujeres por ser día de visita femenina. Muchas de ellas estaban embarazadas, con niños o eran ancianas. La testigo, que se encontraba embarazada de 9 meses, se cayó y fue aplastada por la multitud al tratar de huir de los disparos y las bombas lacrimógenas. Pensó que perdería a su bebé, y por ello decidió regresar a su casa.
Como resultado de la angustia “desgarradora” que vivió, “inconscientemente retuv[o su] parto”. Dio a luz el 10 de mayo de 1992. Lo vivido esos días tuvo un impacto en su hija, quien ha estado en tratamiento psicológico y ha desarrollado miedo hacia las personas. La testigo no cuenta con los recursos económicos para pagar dicho tratamiento y quiere que se brinde ayuda profesional a su hija.
A las tres semanas de dar a luz, la testigo se acercó al penal para ver a su hermano, quien se encontraba lesionado, pero no le permitieron visitarlo. Recién en agosto o septiembre lo logró ver por primera vez, pero sólo a través de unas mallas. Su hermano finalmente está siendo juzgado, después de haber pasado 15 años en prisión sin sentencia.
5. Osilia Ernestina Cruzatt viuda de Juárez, madre de la presunta víctima Deodato Hugo Juárez Cruzatt
Su hijo se encontraba detenido en el Penal Castro Castro y “era dirigente entre los presos políticos”. Lo visitaba los miércoles y sábados y pudo notar que se veía “amarillo y hueso y pellejo”.
El miércoles 6 de mayo de 1992 fue a visitar a su hijo en el penal, pero no logró entrar debido a que los militares y policías lanzaban bombas lacrimógenas e impedían el paso. Su hijo murió “la víspera del día de la madre”. Fue a recuperar su cuerpo a la morgue, donde observó cadáveres “quemados que no se podían reconocer”. También observó “a una amiga de [su] hijo, […] llamada Elvia [que estaba] muerta”, “[t]enía la barriga inflada y le habían sacado las uñas”. Cuando encontró el cuerpo de su hijo, notó que “[t]enía el pecho traspasado por bayonetas hasta atrás. […] Tenía como 6 o 7 balazos por el pecho [y] espalda […, l]e habían volado o cortado el pene”, y le habían disparado en la cabeza. Logró obtener una orden para el retiro del cuerpo y dio entierro a su hijo ese mismo día, para lo cual tuvo que pedir prestado “$2.500”.
Las consecuencias de la traumática muerte de su hijo han sido difíciles de enfrentar. Para sus hijos “no era fácil encontrar trabajo por los apellidos[; …] el simple hecho de ser hermanos de Hugo, fallecido así, [los] ponía en una situación difícil”. Sufre de artrosis, un brazo no le funciona bien, y también sufre de presión emotiva e insuficiencia cardiaca.
Considera que “[l]o que ocurrió en Castro Castro no fue un motín”. Su hijo sabía que “iban a entrar a matar, que iban a querer matarlo”.
Su hijo debió ser juzgado y no asesinado. Solicitó que Alberto Fujimori sea juzgado por los crímenes que cometió en la prisión de Castro Castro.
6. Eva Sofía Challco Hurtado, presunta víctima
Se refirió a su detención en septiembre de 1991 e indicó que ingresó a la prisión de Castro Castro el 10 de octubre de 1991 estando embarazada. Al momento de los hechos de este caso tenía siete meses de embarazo.
Ni ella ni su abogado ni su familia fueron informados sobre el supuesto traslado que se pretendía realizar. Cuando comenzó el ataque se encontraba durmiendo en el cuarto piso del pabellón 1A. Las fuerzas peruanas hicieron huecos con explosivos en todo el techo y empezaron a disparar a través de esos huecos. Mientras tanto, “[t]odo el piso estaba inundado de gases asfixiantes” y muchas de las prisioneras se desmayaban de asfixia. Aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde logró llegar al pabellón 4B, donde se encontraban prisioneros heridos. Los militares lanzaron kerosene o gasolina y “llamas de fuego” desde el techo.
“Hacia la tarde del sábado” escuchó una voz diciendo “vamos a salir. No disparen”. Sin embargo, los militares dispararon sus metralletas y “algunos [internos] caían, otros continuaban caminando”. Le cayó una esquirla en el pie, tuvo que arrastrarse y fue obligada a tenderse en un terral, junto con otras mujeres “ensangrentadas y mojadas”, donde fue pateada y obligada a estar boca abajo por horas, a pesar de su embarazo.
El 10 de mayo de 1992 fue trasladada al penal Cristo Rey en Ica, junto con otras 52 mujeres, aproximadamente. Fueron ubicadas alrededor de 8 internas por celda. Las celdas eran de espacio muy reducido, sin baño y sólo con dos camas de cemento. La única entrada de luz de las celdas eran los huecos que tenían en el techo, por donde les “tiraban a veces hasta ratas”.
El 27 de junio de 1992 dio a luz a un bebé prematuro en un hospital de Ica por medio de cesárea, ya que la posición del bebé en su útero no era normal. Tuvo a su hijo solamente por cinco días, por temor a la constante amenaza en contra de su seguridad e integridad en el penal. Durante el tiempo que pasó en prisión pudo ver a su hijo “muy pocas veces”, y finalmente pudo “ser su madre” sólo cuando salió de la prisión 10 años mas tarde.
A principios de 1993 fueron trasladadas a la prisión de Santa Mónica, ocasión en la cual utilizaron varas eléctricas contra ellas y fueron golpeadas de manera “horrible”.
La experiencia vivida repercutió en la salud de su hijo, quien padece alteraciones en el sistema nervioso y “[n]o puede sufrir emociones fuertes. Ni tristezas ni alegrías fuertes”. Como consecuencia de las condiciones carcelarias descritas, la testigo contrajo tuberculosis y hoy en día padece de polineuritis. Asimismo, ha sentido depresión y su familia se ha visto fuertemente afectada por las secuelas de la masacre.
7. Luis F. Jiménez, testigo ocular de los hechos de mayo de 1992
Era abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al momento de los hechos. El 6 de mayo de 1992 fue contactado por un familiar de uno de los presos, quien le solicitó que se acercara al penal “lo más pronto posible, pues había comenzado un operativo de fuerzas combinadas del Ejército y la Policía para trasladar a los presos a otro penal, lo cual era considerado por los familiares como un pretexto para ejecutar lo que llamaban un ‘genocidio’”.
Ese mismo día el testigo fue al penal, junto con un encargado de seguridad asignado por el Estado. Se entrevistó en las afueras del penal con el Director de éste, coronel Gabino Cajahuanca. Este último manifestó al testigo que “temía una matanza” y solicitó que la Comisión adoptara medidas. El coronel también le informó que había sido desplazado de la capacidad de adoptar decisiones, “pues el control del penal había sido asumido por una unidad especial de las fuerzas de seguridad”.
Según la información proporcionada por distintas fuentes, el testigo pudo constatar que no había ocurrido levantamiento o motín alguno de los presos, “sino una acción violenta y unilateral de las fuerzas de seguridad”.
En la noche del 7 de mayo de 1992 fue informado por un grupo de familiares de los internos, acompañados por dos de sus abogados, que “los presos aceptaban el traslado con la condición de que estuvieran presentes en el acto representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y de la Cruz Roja”. Al día siguiente comunicó esta información personalmente al Ministro de Justicia, pero nunca recibió respuesta de éste. Las más altas autoridades gubernamentales estaban al tanto del ofrecimiento de los presos aceptando el traslado.
El 9 de mayo de 1992 fue al centro penal acompañado del Presidente de la Conferencia Episcopal. Pudo notar que “[e]l bombardeo contra el pabellón era realmente impresionante”. Intentó acercarse a la puerta del penal pero las fuerzas armadas “efectuaron disparos disuasivos”. También observó que había personal uniformado, que consideró parte de “fuerzas combinadas del Ejército y la Policía […, así como también había] sobrevuelo de helicópteros[, …] disparos de fusiles[,] detonaciones de armas de grueso calibre [y] gran cantidad de vehículos blindados”. También escuchó invocaciones por megáfono ofreciendo respetar la vida de los que se entregaran, pero inmediatamente después escuchó disparos que supuso “eran destinados a eliminar a quienes se habían propuesto”.
Después de esos hechos, las autoridades peruanas no suministraron inmediatamente una relación de heridos, fallecidos y sobrevivientes. No se permitió el ingreso al centro penal Castro Castro, pero sí a la prisión de Santa Mónica, a la morgue y al Hospital de la Policía. Cuando visitó la prisión de Santa Mónica, a donde fueron trasladadas algunas sobrevivientes de los hechos, observó que estas mujeres “estaban todavía sucias con el polvo del penal y salpicadas de sangre”. Asimismo, le impresionó “el hacinamiento de las internas”.
8. Raúl Basilio Gil Orihuela, presunta víctima
Estuvo interno en el Penal Castro Castro en el pabellón 4B, al tiempo de los hechos. Debido a que prestó servicio militar en el Perú, donde recibió entrenamiento sobre el manejo de armamento y explosivos, reconoció las “armas de guerra” utilizadas al interior del centro carcelario. También reconoció que participaron la policía de élite, las fuerzas armadas, efectivos de la FOES (grupo de élite de la Marina) y francotiradores, y previamente al “operativo” observó la presencia del ejército peruano vestidos de campaña en los pabellones 4B y aledaños. Un mes antes de los hechos en el penal, los pabellones 1A y 4B fueron inspeccionados, ya que la prensa decía que había armas dentro del centro carcelario. El resultado de la inspección fue que no existían armas dentro de estos pabellones.
En la madrugada del 6 de mayo de 1992 se escuchó una fuerte explosión que venía del pabellón 1A, donde se encontraban las mujeres. Hubo disparos, bombas y gases lacrimógenos. El calor era insoportable, había cuerpos de mujeres en el suelo, y las que sobrevivían pedían ayuda. Se usaron bombas incendiarias, que contienen gas de fósforo blanco que al contacto con el cuerpo humano produce ardor en las partes descubiertas, en las fosas nasales, así como también provoca asfixia y “quemazón” química de los órganos internos y la piel. Considera que el propósito fue “matarlos a todos en masa”. Se trató de un “ataque militar”, “[n]o hubo allí ningún motín”.
Las fuerzas armadas combinadas mataron a varias personas y desde un helicóptero destruyeron el pabellón 1A. En el pabellón 4B el interno Cesar Augusto Paredes murió a causa de un disparo en la cabeza. El 9 de mayo de 1992 murió el señor Mario Aguilar a causa de las quemaduras causadas en su cuerpo.
La cantidad de heridos y muertos era considerable. Los internos decidieron salir gritando “no disparen, vamos a salir”. Al poco tiempo el testigo escuchó disparos en ráfaga y gritos y cuando salió al umbral de la puerta de entrada al pabellón, reconoció varios muertos entre quienes estaban Deodato Hugo Juárez y Janet Talavera. Uniformados encapuchados se llevaron a Antonio Aranda y Julia Marlene a “la cocina”, donde estaban fusilando a internos. Los internos que sobrevivieron fueron puestos boca abajo en el piso con vidrios, bajo la lluvia, sin una adecuada alimentación, fueron maltratados, golpeados, pisoteados y mordidos por perros.
Los malos tratos continuaron durante los meses siguientes. Había requisas donde obligaban a los internos a salir desnudos a los patios, los torturaban con varillas eléctricas y los sometían a revisiones en partes íntimas del cuerpo. Como consecuencia de esos tratos, padece de un dolor crónico lumbar, pérdida de la capacidad para ver con su ojo derecho, y heridas en su brazo izquierdo.
9. Jesús Ángel Julcarima Antonio, presunta víctima
Se refirió a su detención y traslado al Penal Castro Castro el 8 de noviembre de 1991. Su condición legal era de inculpado, no había sido juzgado ni le habían formalizado los cargos. Tras algunas noticias en la prensa peruana que indicaban que dentro del penal habían armas y túneles, los reclusos fueron sometidos a una minuciosa revisión donde quedó claro que no poseían armas ni había túneles construidos por los reclusos en el penal.
Los hechos se iniciaron en la madrugada del 6 de mayo de 1992 cuando se escucharon explosiones en el pabellón 1A, donde se encontraban las mujeres. Los internos se trasladaron a dicho pabellón por los conductos, para socorrer a las internas. Cuando llegaron olía a pólvora, se sentía un ardor en la garganta y no se podía respirar. Había muertos y heridos. A causa de los disparos que hacían los militares desde el techo hacia el pabellón 1A murió Marcos Calloccunto y quedo gravemente herido Víctor Javier Olivos Peña. El testigo fue herido a causa de una bomba, situación que se le complicó con la tuberculosis que ya padecía. En estos hechos también resultó herido Jesús Villaverde.
Durante el tiempo del ataque los internos no recibieron alimentos, agua, ni atención médica. Algunos heridos murieron por no recibir atención. Los agentes estatales mataron a personas selectivamente, tal como a Janet Talavera. Después de soportar cuatro días de ataques, los sobrevivientes fueron trasladados a la zona llamada “tierra de nadie”. Se les obligó a permanecer desnudos a la intemperie, acostados boca abajo y no podían utilizar el baño. Además fueron golpeados y pisoteados. El testigo no recibió atención médica, y permaneció más de 15 días con la misma ropa.
Durante los siguientes meses continuaron las torturas. Como castigos los obligaban a cantar el himno nacional del Perú, cuya primera estrofa dice “somos libres”, a los alimentos les echaban kerosene, alcanfor y pellejo de ratas. Los mantenían encerrados 23 horas y media al día, las visitas eran restringidas, estaba prohibido trabajar, cantar, hacer ejercicio y desarrollar cualquier actividad dentro del penal.
Como consecuencia de lo ocurrido en el penal, se perjudicaron sus relaciones sentimentales, su salud empeoró. Se agravó la tuberculosis que ya padecía, perdió los dientes y en gran medida su visión, contrajo alergias a la humedad y problemas digestivos. Su familia también sufrió como consecuencia de los hechos. Sus padres sufrieron quebrantos de salud, y los recursos económicos que se iban a destinar a sus hermanos se utilizaron en él, razón por la cual los hermanos no han podido realizar sus estudios.
b) Requeridos como prueba para mejor resolver por el Presidente:
10. Nieves Miriam Rodríguez Peralta, presunta víctima
En “días previos al 6 de mayo se llevó a cabo una ‘inspección’ en la cual consta que no hubo ninguna clase de armas [o] ‘Resistencia armada’ para justificar el delito de genocidio de acuerdo a las leyes peruanas en contra del grupo de prisioneros de los pabellones 1A y 4B acusados de pertenecer al Partido Comunista del Perú”.
El 6 de mayo de 1992 se encontraba durmiendo cuando escuchó la primera explosión en el pabellón de las mujeres y pronto se percató de que estaban siendo atacadas “brutal y cobardemente”. Pudo notar que habían dinamitado una pared del patio del pabellón 1A y que “balas, bombas y gases lacrimógenos estaban por todas partes”. Asimismo, observó que efectivos de la policía procedían a dinamitar el techo del cuarto piso. Las internas trataron de encontrar una salida por un ducto porque “[p]arecía que el pabellón lo iban a tirar abajo”. Los ductos no eran túneles construidos por los internos, sino construcciones que unían los pabellones. Era difícil ingresar al ducto porque había que pasar frente a una ventana y los francotiradores disparaban al menor movimiento. La interna María Vilegas cayó gravemente herida. Tratando de salir del pabellón hacia el ducto, la testigo fue herida de un disparo en la pierna. Fue llevada por dos compañeros al pabellón 4B. La bala causó impacto en la región lumbar izquierda afectando las raíces nerviosas. Eran varios los heridos pero les fue negada la atención médica, “demostrando una vez más que [a las autoridades] no les importaba la vida de los internos”.
Los compañeros que estaban dentro del pabellón pedían que se trasladara a los heridos y se les proporcionara atención médica. Asimismo, “pedían en forma reiterativa garantía para sus vidas (la presencia de representantes de la Cruz Roja Internacional, abogados y familiares) para poder salir”. Sin embargo, “el ataque era cada vez más brutal y desenfrenado”. El 9 de mayo de 1992, “los prisioneros que salieron tomados de las manos cantando la Internacional” fueron objeto de fusilamiento selectivo.
Cuando se encontraba con los demás heridos escuchó la voz de Elvia Sanabria. Después de los traslados notó que ella ya no estaba.
Este “ataque brutal y siniestro” se hizo extensivo a sus familiares y afectó en particular a su madre, quien se enfermó del corazón, estuvo en tratamiento psiquiátrico y quiso atentar contra su vida al no poder soportar el sufrimiento que sintió a raíz de los ataques y después al buscar el cuerpo de su hija que creía muerta.
Posteriormente a estos hechos, la testigo fue trasladada junto con otros heridos a un hospital donde, durante casi toda su permanencia y en pleno frío, se les mantuvo desnudas y cubiertas sólo por una sábana, hasta que finalmente permitieron que la Cruz Roja les diera una frazada y un camisón. Durante la permanencia de las mujeres en el hospital estuvieron vigiladas por tres custodios armados. Tuvo una sonda para eliminar la orina que durante un mes le cambiaron sólo una vez. En el hospital no se les proporcionó medicina alguna, siendo éste el motivo de la muerte de María Villegas. Después de 15 días fue trasladada junto con otras mujeres heridas al penal de máxima seguridad de Chorrillos, pero el médico del penal no quiso responsabilizarse por lo que pudiera pasar y fue devuelta al hospital junto con otras compañeras; tenían heridas abiertas.
Un mes después fue trasladada nuevamente al penal de Chorrillos. Requería urgentemente rehabilitación física pero le fue negada repetidamente. Después de más de un año fue llevada a un centro especializado, pero para entonces sus músculos se habían atrofiado, condición señalada por los especialistas como irreversible por falta de rehabilitación física. Los especialistas consideraron que habían posibilidades de que la testigo recuperara la movilidad en una de las piernas si se sometía a rehabilitación diaria, tratamiento que no pudo llevar a cabo porque las autoridades carcelarias no cumplían con llevarla. Después fue transferida al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde le diagnosticaron que sólo podía mantener la masa muscular que quedaba, pero las autoridades impidieron el tratamiento de rehabilitación correspondiente. En dos ocasiones sufrió quemaduras en la piel con una bolsa de agua caliente. Respecto de las heridas que tenía abiertas, sólo le fue dada una crema antimicótica por el médico del penal, hasta que fue llevada al hospital por exigencia de su familia.
Las internas también fueron víctimas de golpizas por parte de las fuerzas de seguridad, tales como las que recibieron el 25 de septiembre (avalada por la fiscal Mirtha Campos) y en noviembre de 1992. Fue arrastrada por el pasillo junto con otras reclusas y las patearon en todo el cuerpo “sin respetar a las mujeres gestantes, ancianas, ni enfermas”. Una vez en el piso los guardias caminaron y saltaron en sus espaldas y a otras reclusas les pusieron sus varas entre los glúteos.
Se refirió a su juzgamiento en 1994 por un tribunal especial sin rostro.
Se refirió a diversos problemas que padece como consecuencia de la herida de bala y por la falta de rehabilitación física, tales como: paraplejia parcial afectando los miembros inferiores; hemorroides por estreñimiento severo y crónico; constantes infecciones en las vías urinarias; inflamaciones del recto debido a falta de elasticidad de los músculos; osteoporosis debido a la falta de movimiento y el hacinamiento en la cárcel; y problemas de las vías respiratorias y articulaciones por la humedad y las filtraciones en las celdas. Además de su salud y bienes materiales, perdió su trabajo y sus planes de superación y desarrollo profesional. Sufrió un gran daño moral y secuelas emocionales debido a las ya descritas “violaciones que denigraron [su] dignidad como persona y como mujer”. Las lesiones descritas han dificultado que desarrolle cualquier actividad o trabajo y han tenido un profundo impacto en su familia, afectando especialmente a su madre y a sus hermanas (una de ellas fue detenida y la otra despedida de su trabajo).
Solicitó a la Corte que se haga justicia para que “estos hechos no queden impunes y que [le] sea otorgada una justa reparación por los daños ocasionados a [su] familia[,] a [su] salud física y mental y a [su] honra”.
11. Cesar Mamani Valverde, presunta víctima
El testigo era interno en el Penal Castro Castro en el pabellón 4B. El 6 de mayo de 1992 fue levantado por una poderosa explosión que venía del pabellón 1ª, en el que se encontraban las mujeres. Fue el inicio de una sucesión de bombas y descargas explosivas lanzadas contra dicho pabellón. El día siguiente fueron llevados los heridos al pabellón 4B y se “juntaron cinco cadáveres de los internos”, los cuales fueron enterrados ese día. Tras intentos de diálogo entre las partes, no se obtuvo respuesta de los altos mandos de las fuerzas armadas. Al principio se había aceptado que salieran los heridos, pero cambiaron de idea y los francotiradores comenzaron a disparar desde los pabellones contiguos contra varios internos, fue perforado el techo y se introdujeron granadas de mano y bombas lacrimógenas. Para ese entonces había más de 30 muertos y más de 500 personas atrapadas. Los internos estaban hacinados, no había espacio por donde caminar, no se podía comer, dormían muy cerca de los cadáveres, estaban asfixiados y quemándose a causa de los gases, bombas y fuego que utilizaban las fuerzas armadas dentro del penal. Considera que no era el traslado lo que querían las autoridades, sino “matar a los internos”.
Su madre tuvo que ir a la morgue en su búsqueda a revisar todos los cadáveres, lo cual fue una experiencia traumatizante para ella.
Fue llevado al hospital de la policía donde no recibió atención médica necesaria. Junto a él reconoció a Walter Huamanchumo, Luis Pérez Zapata, Víctor Olivos Peña y Agustín Machuca. Su diagnostico después “de la explosión” en el penal Castro Castro fue quemaduras de segundo grado en el rostro, pecho, ambos brazos y piernas; perforación de los tímpanos en ambos oídos, rotura del parpado superior derecho, pérdida del globo ocular del ojo derecho, y pérdida de la visión total del ojo izquierdo. Le programaron una operación para extirparle el ojo derecho, pero ese mismo día fue trasladado al Hospital Alcides Carrión, en el cual no continuaron su tratamiento médico. Fue instalado en una celda totalmente antihigiénica. En agosto de 1992 fue llevado de vuelta al Penal Castro Castro, donde continuaron los malos tratos. Fue golpeado constantemente, obligado a salir al patio desnudo en época de invierno para ser requisado, nunca lo dejaron trabajar, no tenía acceso a los medios de comunicación, y no le permitían leer ni hacerse las curaciones en su ojo, lo cual hizo que se infectara. En ocasiones la comida tenía vidrio molido, orines, restos de partes de ratas, y no se la daban caliente ni a las horas adecuadas. Por ello aumentaron los casos de tuberculosis e infecciones. Su madre fue sometida a humillaciones en las requisas para entrar al penal.
A mediados de noviembre de 1994 fue procesado por jueces sin rostro y resultó absuelto. Encontrándose en libertad fue hostigado, perseguido, detenido y estigmatizado como terrorista por parte del Gobierno peruano. Por estas razones no pudo reinsertarse en la sociedad peruana, lo que lo llevó a pedir refugio inicialmente en la República de Bolivia y posteriormente en la República de Chile. Su calidad de vida después de los hechos ha sido muy precaria, ya que tiene discapacidades físicas y daños de tipo neurológico y psicológico considerables, por lo cual su salud se deteriora cada día mas, lo que le ha impedido conseguir un trabajo o realizar estudios.
El testigo solicita que se condene al Estado, que le sean otorgadas las medidas de reparación y justa satisfacción pertinentes, y que se sancione penalmente a los responsables de los actos que, de acuerdo a la legislación peruana, constituyen genocidio perpetrado en contra de un grupo político.
12. Alfredo Poccorpachi Vallejos, presunta víctima
Se encontraba recluido en el Penal Castro Castro inculpado de terrorismo al momento en que ocurrieron los hechos. El 6 de mayo de 1992 vio a efectivos de DINOES (fuerza élite de la policía) en los techos de los pabellones en la rotonda “con ropas de comando, fusiles y pasamontañas”. Se escuchaban balas y explosiones, y las bombas lacrimógenas llegaban hasta el pabellón 4B, en que estaba él. Las prisioneras llegaron a este pabellón a través de un ducto. Desde ese pabellón “llama[ron] a gritos a las autoridades del penal para que respetaran la vida de las prisioneras[,] cesaran el ataque y conversaran con los delegados, pero […] las llamadas al Director del penal fueron en vano”. La interna Janet Talavera fue acribillada a treinta metros de él, cuando algunos internos salían del pabellón 4B.
Posteriormente, los internos fueron trasladados a diferentes penales sin que se informara a sus familiares. El testigo fue trasladado al penal Lurigancho, donde los internos fueron “duramente golpeados en plena presencia de la Fiscal Mirtha Campos”. Durante el trayecto a un rumbo desconocido, los prisioneros fueron golpeados. Los internos fueron sometidos a “golpizas [y] tortura”. En prisión “fu[eron] sometidos a un aislamiento absoluto[,] sin ropa y en general sin la más mínima provisión de necesidades elementales”. Considera que “el objetivo era aniquilar[l]os sistemáticamente tanto física como moralmente, reduciéndo[l]os a condiciones inhumanas”.
Estaba bajo tratamiento médico por padecer de tuberculosis y a raíz de los hechos se suspendió su tratamiento y su “salud desmejoró notablemente por los abusos a los que fu[e] sometido, las bombas lacrimógenas y las múltiples explosiones en los pabellones, torturas y golpizas”. Como consecuencia del ataque al Penal Castro Castro su tuberculosis empeoró, y “la falta de tratamiento adecuado ocasionado por la brutalidad del sistema carcelario peruano [le] ha provocado cinco recaídas”. Además, “sufr[e] de gastritis crónica [debido] al plan de aislamiento y aniquilación al que [fue] sometido después de los hechos”. También sufre deficiencia de irrigación cerebral como consecuencia de los golpes en la cabeza y tiene esquirlas de granada en el cuero cabelludo. Estas y otras enfermedades han mermado considerablemente su calidad de vida. Particularmente, la tuberculosis ha limitado su desenvolvimiento en el trabajo.
Presentó cuatro recursos de hábeas corpus denunciando los abusos cometidos en su contra, pero todos fueron declarados improcedentes. También le fueron negadas cuatro solicitudes de libertad condicional, tres solicitudes de comparecencia, y dos quejas a Control Interno del Poder Judicial. Permaneció 18 años y 5 meses en prisión sin ser juzgado ni condenado, y fue liberado por “prescripción”, ya que su detención sobrepasó la pena correspondiente al delito que le imputaban.
El testigo y su familia han sufrido consecuencias psicológicas como resultado de los maltratos, enfermedades, y hechos terribles presenciados. “Todas las situaciones anteriores han violado [su] derecho a la vida, salud, al trabajo, a la igualdad ante la ley y [su] libertad e integridad física y mental”.
Dentro de sus “anhelos de justicia, […] se encuentra la liberación de los sobrevivientes que aun se encuentran presos, el cese de la persecución a los sobrevivientes, la restitución plena de sus derechos y honra ante la sociedad y la sanción a los responsables de este acto genocida”.
13. Madelein Escolástica Valle Rivera, presunta víctima
Fue víctima de los hechos acontecidos del 6 al 9 de mayo en el Penal Castro Castro. Se encontraba presa en el pabellón 1-A, no había sido sentenciada. El 6 de mayo de 1992 escuchó una detonación alrededor de las 4:00 horas. Los miembros de las fuerzas especiales atacaron el pabellón 1A, y en los techos de otros pabellones se encontraban francotiradores disparando por las ventanas y la cabina. El ataque fue muy intenso, con todo tipo de armas lanza granadas, bazucas, armas largas, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes. A medida que transcurrían las horas se incrementó la intensidad del ataque contra el pabellón 1A e incluso se lanzaron bombas desde un helicóptero de guerra que sobrevolaba el penal. Observó que María Villegas fue herida.
Aproximadamente a las 5 p.m. del 6 de mayo de 1992, la testigo y otras prisioneras, entre quines se encontraban mujeres embarazadas, se refugiaron en el pabellón 4B, al que pudieron llegar a través de los ductos del penal. Los francotiradores les disparaban y muchos prisioneros murieron en el intento de llegar al pabellón 4B, tal como sucedió con Vilma Aguilar.
Al día siguiente, los ataques se reiniciaron a las 5:00 horas. Los internos exigieron la presencia de la Cruz Roja Internacional y de fiscales y abogados como mediadores, pero fueron negadas las peticiones de diálogo, cese al fuego y asistencia médica para los heridos y para las prisioneras gestantes. Eventualmente, se permitió la salida de cuatro delegados de los internos para conversar con la fiscal Mirtha Campos, quien dijo que “no iba a permitir la intervención de ninguna institución ajena como mediadora del conflicto”. En ningún momento las autoridades les comunicaron que iban a ser trasladadas a otro penal. Las internas “nunca [se] opusi[eron] al traslado de prisioneros, sólo exigí[an] garantías para [sus] vidas y que estuvieran presentes la Cruz Roja Internacional, [sus] abogados, familiares y la prensa”.
El día 9 de mayo fue demolido el pabellón 4B con un cañón de guerra. Aproximadamente a las 4 p.m. los prisioneros decidieron salir y pidieron a las autoridades que no dispararan. Primero salieron dos prisioneros tomados de la mano, seguidos por un grupo de prisioneros cantando la Internacional. Los prisioneros fueron acribillados por los francotiradores. Dos de los internos murieron instantáneamente y otros quedaron heridos de gravedad. Entre los muertos se encontraba su padre Tito Valle, a quien vio morir. Cuando se encontraba en la zona “tierra de nadie” escuchó que los agentes estatales preguntaban por los dirigentes. Esa noche separaron a los heridos en tres grupos. Al primer grupo se lo llevaron en la madrugada y a los dos grupos restantes los dejaron a la intemperie boca abajo en el piso.
Al día siguiente fue trasladada junto con otras reclusas al penal de Cachiche en Ica. Al llegar pudo notar que no había ningún pabellón en condiciones de albergar a más de 50 prisioneras. Fueron llevadas a celdas con camas de cemento, sin colchones ni frazadas. Durante su estadía de un año en ese penal fue víctima de golpizas por parte de la policía. Asimismo, fue víctima del hostigamiento directo del director del penal, quien las amenazaba constantemente y las golpeaba cuando realizaba sus llamadas “requisas”. También se les impidió hablar con sus familiares en privado, quienes han sufrido a raíz de esta “política de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático” de la que han sido víctimas.
El 7 de mayo de 1993 fueron trasladadas a Lima, operación que se llevó a cabo en medio de golpizas por no aceptar el trato denigrante al que fueron sometidas. Al llegar al penal de máxima seguridad de Chorrillos fueron bajadas del ómnibus a rastras y, posteriormente, fueron golpeadas con palos “de la cabeza a los pies”. A partir de esa fecha no les fue permitido salir al patio, trabajar o estudiar, y la visita fue restringida una vez al mes por locutorio y sólo por media hora. Cuando se restableció la salida al patio, ésta sólo fue dada por media hora para cada dos celdas. Asimismo, durante el período de 1992 a 1998 no se les permitió tener lapicero ni papel, por lo que le fue negado el derecho de expresarse libremente. Tampoco se les permitió acceso a la prensa por un período de 6 años, por lo que les fue abrogado su derecho a la información. Cuando se permitió el acceso a ciertas publicaciones, éstas venían incompletas. Tampoco se permitía el ingreso de libros de especialidad. No fue sino hasta el año 2000 que se les permitió contar con una radio portátil.
Recobró su libertad en mayo de 2002 y actualmente estudia Derecho. Sufrió daños por haber presenciado el genocidio político en el penal Castro Castro y el asesinato de su padre, así como por todos los abusos y restricciones desproporcionadas a los que fue sometida. Como consecuencia de los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992 ha tenido problemas de la vista, serios quebrantos auditivos y gastritis crónica hepático biliar. Igualmente, debido a la mala alimentación y el hacinamiento en el penal, fue contagiada en el 2001 de tuberculosis por otra prisionera que se encontraba enferma. Dentro de las consecuencias psicológicas que ha sufrido se encuentran el insomnio, pérdida de la habilidad de recordar cosas y el trauma que representa recordar las circunstancias en las que falleció su padre. Su familia también se ha visto afectada por este estrés emocional, en especial su hermana Liudmila, a causa de las circunstancias en que se produjo la pérdida de su padre. Además, a partir de 1987, su familia ha sido hostigada por miembros del servicio de inteligencia.
Solicitó a la Corte que decrete la responsabilidad del Estado por las violaciones a sus derechos humanos y a los de su familia, que se juzgue y sancione a los responsables del genocidio por razones políticas, y que se otorgue a ella y a su familia plena reparación de los daños sufridos.
PERITAJES
a) Propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
1. Christopher Birkbeck, especialista en criminología
Las explosiones registradas el primer día de los hechos en el Penal Castro Castro apuntaron hacia una acción de tipo militar que llama poderosamente la atención, dadas las características de confinamiento y de relativa indefensión de los internos. Dos puntos ameritan especial atención: la existencia de armas dentro del penal, y la no utilización de mecanismos alternativos al uso de la fuerza en la ejecución del “Operativo Mudanza 1”.
De acuerdo con informaciones de sobrevivientes y el contenido de un acta de incautación de armas de 10 de mayo de 1992, sí existían armas al interior del penal en la época de los hechos. El Estado y la administración carcelaria no cumplieron con los estándares de seguridad y control de establecimientos carcelarios. De haber impedido la tenencia de armas entre los internos, el Gobierno no habría tenido razón para esperar resistencia armada por parte de los internos. Frente a la posibilidad de este tipo de resistencia, nada dictaba la necesitad de obrar con fuerza física para ponerle fin al conflicto surgido entorno al operativo, como efectivamente se hizo en la madrugada del 6 de mayo de 1992.
Frente a la resistencia de los internos se pueden adoptar medidas tales como: negociar con los internos; ofrecer recompensas por cumplir o amenazar con castigos; restringir determinados componentes del régimen de visitas en la prisión; o usar fuerza física para someter, confinar o trasladar a los internos. El uso de la fuerza debió ser la última medida en utilizarse. Recurrir a la fuerza de inmediato debilita y elimina la posibilidad de otras estrategias. Por tal razón los internos no podían confiar en que sus vidas serían respetadas cuando los oficiales de policía les decían que se entregaran, lo que también impidió un acuerdo pacífico.
La inclusión de las granadas de sonido y los disparos como medios de hostigamiento pueden ser claramente encuadradas en la definición de tortura formulada en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Dado que la fuerza física representa un medio permitido para el control interno de las cárceles, es necesario evaluar si la empleada por el Estado fue proporcional al grado de resistencia de los internos y al objetivo que se pretendía lograr en el operativo.
A partir de la reconstrucción de los acontecimientos hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación y por la demanda de la Comisión, es posible distinguir dos fases en la respuesta de los internos ante la situación planteada. La primera de ellas se puede calificar de resistencia a las autoridades; la segunda de rendición. La resistencia se inició antes del 6 de mayo de 1992 cuando los internos tapiaron puertas y ventanas y reforzaron los muros de los pabellones y se prolongó hasta las 6 de la tarde del 9 de mayo, momento en que los internos empezaron a rendirse ante las autoridades. Durante la fase de resistencia, no existe evidencia alguna de riesgo de fuga. Al contrario, los internos se refugiaban en sus pabellones a manera de atrincheramiento.
El “Operativo Mudanza 1” se inició con tres explosiones y el ingreso de un número indeterminado de efectivos policiales disparando armas de fuego. El uso de la fuerza fue desproporcionado, ya que según el acervo probatorio no se presenta ninguna de las circunstancias contempladas en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en los que se estipula que se podrá utilizar armas de fuego en un operativo de traslado si surge un peligro inminente de muerte o de lesiones graves proveniente de los internos, o la amenaza de fuga con claras indicaciones de su intención inmediata de matar o herir gravemente a alguien.
No existe testimonio específico que indique que los internos utilizaron armas, no hay evidencia alguna ni resultados de los exámenes forenses que permitan deducir dicha circunstancia. Por el contrario, hay evidencia donde consta que las fuerzas armadas disparaban indiscriminadamente contra los internos, dando como resultado la muerte de varios internos que trataban de trasladarse de un lugar a otro para protegerse de los disparos. El cadáver del señor Hugo Juárez Cruzatt presentaba 11 impactos de bala con diferentes trayectorias. Dieciséis de los internos que se rindieron fueron separados del grupo y ejecutados en distintos lugares del penal. Dichas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales.
b) Propuesto por la interviniente común
2. José Quiroga, especialista en atención a víctimas de tortura
Realizó una evaluación física a 13 presuntas víctimas. Se refirió a “tres momentos críticos”: la tortura previa al ataque al penal, la tortura durante el ataque y la tortura posterior a este.
Durante los cuatro días del ataque al Penal Castro Castro se utilizaron armas de guerra, tanques, helicópteros artillados, cohetes y explosivos. Los internos examinados fueron privados de sueño, agua y alimentos. Algunos tomaban sus propios orines debido a la sed que experimentaban. Todo esto bajo constante balacera, bombardeo, cañonazos y uso de armas incendiarias. Las víctimas experimentaron sufrimiento al pasar por encima de los cuerpos humanos todavía calientes. Las presuntas víctimas que examinó describieron la sensación de asfixia, de quemazón en todo el cuerpo y sistema respiratorio. Asimismo, hubo heridos a causa de las esquirlas de granadas y balas. También tuvieron el efecto traumático de ver morir y caer heridos a otros internos, algunos de los cuales fueron abandonados y otros torturados a pesar de su gravedad. Algunos de los entrevistados describieron actos de gran crueldad contra personas heridas, quienes fueron forzadas a arrastrarse, tales como culatazos, puntapiés y fueron cargados como si fueran bultos cuando fueron trasladados al hospital.
La composición de los gases usados en Castro Castro es desconocida, pero se sabe que los dos componentes más usados son el O-chlorobenzylidene malonitrile, conocido como CS, y el 1- chloroaceptopheonnone, conocido como CN, y necesitan un solvente que usualmente es el methylene chloride. Estos componentes juntos causan las reacciones descritas por los testimonios, como son: ardor; irritación en los ojos, en la nariz, en los pulmones y en la piel; y asfixia que puede ocasionar la muerte. El solvente es conocido como cancerígeno y además puede producir cambios en los cromosomas somáticos.
Los testigos que sobrevivieron fueron llevados a la zona llamada “tierra de nadie”. Fueron puestos boca abajo durante horas y resguardados con perros sin bozal. Muchos de ellos fueron golpeados, no se les dio agua ni alimentos, y no se les permitió usar el baño ni cambiarse de ropa. No hubo consideración con las mujeres embarazadas ni con los ancianos.
Después de los hechos del Penal Castro Castro, los internos fueron sometidos a un régimen disciplinario muy estricto. El traslado de la zona “tierra de nadie” a los pabellones 1A y 4B ya reconstruidos se hizo a través del “callejón oscuro”, método de castigo que consiste en obligar al detenido a caminar en una doble fila de gendarmes armados de elementos contundentes como palos, y bastones metálicos o de goma. El prisionero al avanzar recibe múltiples golpes, cae al suelo y se vuelve a parar y recibe más golpes hasta que llega al otro extremo del callejón. Los prisioneros eran obligados a cantar el himno nacional, que inicia con el verso “somos libres”. Esa era la razón por la cual se resistían a cantar, en consecuencia, recibían innumerables golpes con bastones rígidos y duros en todo el cuerpo y en la planta de los pies. Esta práctica es conocida como “falanga” y produce hematomas locales, intenso dolor y dificultad para caminar. Algunas víctimas pueden sufrir de dolor crónico por engrosamiento de la aponeurosis plantar e incluso fractura de los huesos del metatarso. También eran castigados con corriente eléctrica aplicada con un bastón eléctrico que generalmente no deja marcas, solo intenso dolor agudo. Todos estos métodos de castigo eran colectivos, y por su severidad y consecuencias físicas y psicológicas son consistentes con tortura. Fueron obligados a permanecer en cuartos de castigo sin que pudieran sentarse ni acostarse.
Las secuelas de las personas examinadas son permanentes. Por una parte los recuerdos de los hechos quedan grabados en el cerebro, y dichos recuerdos pueden ser revividos a causa de diferentes estímulos. Muchas víctimas de tortura presentan estrés post traumático y en algunos casos puede ser permanente. Por otra parte las personas que sobrevivieron tienen limitaciones físicas permanentes y algunas se han agravado por la falta de tratamiento.
3. Ana Deutsh, especialista en atención a víctimas de tortura
Realizó una evaluación psicológica y psicosocial a 13 presuntas víctimas.
Las particularidades del ataque al Penal Castro Castro permiten calificar a este episodio como de “tortura colectiva” por los siguientes elementos: el ataque fue sorpresivo y los internos se encontraban en estado de indefensión, pues se hallaban durmiendo; el ataque fue masivo y agresivo y dadas las características de las armas utilizadas tenía como intención aniquilar indiscriminadamente. Los internos permanecieron con el terror de que iban a morir. Además, se originó un sufrimiento psicológico y emocional intenso debido a que los heridos no recibieron atención y sus compañeros tuvieron que presenciar con impotencia esta situación. También fueron privados de alimentos y de agua. Los ataques provenían de fuerzas de seguridad del Estado. Estas situaciones encuadran en los elementos de la tortura, según la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El hecho de haber empezado el ataque en el pabellón donde se alojaban las mujeres presas políticas y en donde varias de ellas estaban gestando, indicaría una selección intencional contra las mujeres. Además, el hecho de que este ataque se haya planeado para que culminara el Día de la Madre fue interpretado y sentido como una provocación más, como un ensañamiento contra los familiares, especialmente sus madres, y también contra las víctimas, quienes “sufrían de pensar en el sufrimiento de sus madres y otros familiares”.
En los días posteriores continuó la “tortura colectiva”. Los internos evaluados permanecieron en la zona llamada “tierra de nadie” sin recibir alimentos ni agua, sin moverse, sin poder utilizar los baños. Al volver al pabellón, algunos internos permanecieron incomunicados por cinco meses y recibieron castigos adicionales, como el que consistía en meter hasta 20 prisioneros en un cuarto de aproximadamente 2 metros por 2 metros, donde no podían sentarse ni acostarse, con un hoyo en el piso como baño. Durante los días y meses posteriores los internos recibieron otros maltratos y fueron sometidos a tortura psicológica, a través de: la prohibición de trabajar, de leer y de ir al patio; al ser obligados a permanecer en las celdas 23 horas y media al día; y la prohibición de recibir visitas. Todas estas medidas ponían a los prisioneros en estado de mucho estrés, interrumpían el ritmo de vida, y se creaban estados de ansiedad y desesperación por la impotencia de modificar o impedir o ser afectados por esas medidas.
El trato infligido a los familiares de los internos también constituye tortura, ya que fueron víctimas de golpes, gases lacrimógenos, bombas y disparos por parte de las Fuerzas Armadas. Fueron humillados al ser denominados familiares de “terroristas”. Tuvieron que presenciar la destrucción de sus seres queridos, y fueron sometidos a la horrible experiencia de buscar los cadáveres de sus familiares apilados, desmembrados, sangrando o en descomposición. También fueron sometidos a intimidaciones en caso de denunciar o reclamar al gobierno, y durante cinco meses se les negó información y contacto con los sobrevivientes de los hechos.
Las víctimas han sufrido una acumulación de traumas, razón por la cual el daño psicológico es más profundo y más duradero. El diagnóstico que corresponde a semejantes experiencias es el de “estrés post-traumático complejo”. El paso del tiempo no produjo ningún efecto sanador en ninguno de los entrevistados, quienes continúan en un proceso patológico post-trauma. “El factor impunidad contribuye muchísimo en impedir una recuperación”.
B) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL
187. Los días 26 y 27 de junio de 2006 la Corte recibió en audiencia pública (supra párr. 93) las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Estado y por la interviniente común, así como los dictámenes de los peritos propuestos por la interviniente común. A continuación, el Tribunal resume las partes principales de dichos testimonios y peritajes.
Testimonios
a) Propuestos por la Comisión Interamericana
1. Gaby Balcazar Medina, presunta víctima
Estuvo recluida en el segundo piso del pabellón 1A en el Penal Castro Castro, junto con aproximadamente 100 internas más. En los pabellones 1A (mujeres) y 4B (hombres) del penal Castro Castro se encontraban únicamente los internos acusados por terrorismo. No está segura si en los demás pabellones había alguien en las mismas circunstancias.
El 6 de mayo de 1992, día de visitas, aproximadamente a las 4:00 horas, cuando la testigo se encontraba descansando, empezaron las explosiones y disparos dentro del penal. Los muros del pabellón fueron derribados, y fueron lanzadas bombas lacrimógenas y otras más potentes. Para protegerse de los gases y poder respirar las internas tuvieron que utilizar pañuelos con vinagre o con sus propios orines, e incluso tuvieron que poner su rostro en el hoyo que utilizaban como baño porque era el único sitio por donde entraba aire. Ese día en horas de la mañana murió el señor Juan Bardales. Después de las muertes empezó a generarse un “clima” de desesperación entre las mujeres, quienes sentían que iban a morir y que sus familiares que permanecían en las afueras del penal iban a presenciarlo. Si se hubiera tratado de un traslado ella no se hubiese opuesto a éste, ya que no era cómodo vivir con hombres en el penal Castro Castro.
A causa del “bombardeo […] por aire” se perforó el techo del cuarto piso, por donde los militares entraron al pabellón hiriendo a algunas internas, entre quienes reconoció a María Villegas. En vista de que el pabellón 1A iba a ser destruido, las internas, entre quienes se encontraban cuatro embarazadas, tuvieron que “arrastrarse” por el suelo pasando por encima de cadáveres y protegiéndose de las balas que disparaban francotiradores, saltando del segundo piso al sótano donde quedaba el ducto que se encontraba lleno de ratas, dirigiéndose hasta el pabellón 4B. Otras internas no corrieron con la misma suerte, entre quienes reconoció a la señora Vilma (no recuerda el apellido) de 60 años de edad, quien por no poder saltar fue alcanzada por las balas. La intensidad del ataque no disminuyó en ningún momento. Un grupo de delegados de los internos se encargó de tratar de dialogar para que no les hicieran daño en el traslado.
El día sábado los internos se encontraban amontonados. Los ataques se intensificaron y continuaron los bombardeos y las explosiones. La testigo describe los efectos de las bombas como “que ya no se podía ni respirar, como que el cuerpo te ardía, como que el cuerpo quería zafarse de ti”. Cuando se abre la puerta del pabellón algunos internos comienzan a salir y todos son “fusilados”, entre quienes reconoce al señor Marco Azaña. La testigo decide salir en vista de que el pabellón se iba a derrumbar. Ella pensó “si yo salgo al menos mi mamá podrá enterrarme y reconocer mi cuerpo”. Cuando salió a la zona conocida como “gallinero” fue alcanzada por una esquirla que le ocasionó una herida en su pierna derecha. En esta zona también vio a muchas personas muertas y heridas, entre quienes reconoció a la señora Violeta (no recuerda el apellido) que estaba muerta, a Marco Azaña y Elvia Sanabria, que no sabe si estaban muertos o heridos, y a Miriam Rodríguez y Luis Ángel, quienes estaban heridos. Mientras se dirigía a la zona conocida como “tópico” miró hacia los techos del penal y habían muchos militares vestidos tipo “ranger”, quienes apuntaron y atacaron verbalmente a los internos. La testigo dejó de caminar y en ese momento empezaron a dispararle. Fue herida en el cuello, en el brazo y en el seno derecho. Cuando los militares se dieron cuenta que ella permanecía viva le dispararon en la espalda, ante lo cual quedó inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento se encontraba en la zona del penal “donde requisan a las visitas”, junto con más heridos. Allí fue ayudada por un guardia del penal que le dió agua.
Posteriormente los militares encapuchados la tomaron de los pies y de las manos y la “lanzaron” a un camión junto con otros heridos. Cuando iba en ese camión saliendo del penal pudo escuchar las voces de los familiares, quienes gritaban protestando por el ataque, lo que “le dio fuerza” para aferrarse a la vida. En el camión fueron amenazados por los militares, quienes les decían que los iban a matar o los iban a “botar” en el camino hacia el hospital, y uno de los militares la pateó en la cara.
En el hospital no recibió la atención médica necesaria; estuvo sin bañarse, por lo cual las moscas se paraban en su cuerpo que estaba lleno de sangre; permaneció sin poder comer, ya que a causa de sus heridas no podía comer por si misma y nadie le ayudaba; estuvo desnuda frente a todos los militares que la custodiaban y le apuntaban permanentemente con fusiles; y no le permitían utilizar el baño en privado ni recibir visitas de sus familiares. Todo ese tiempo recibió malos tratos por parte de los militares. En el hospital murieron, por falta de atención, Consuelo, Noemí (no recuerda sus apellidos) y María Villegas.
Posteriormente fue trasladada a la prisión de Chorrillos, descalza y vestida con una bata que le había donado la Cruz Roja. En esta cárcel las internas permanecieron hacinadas, en celdas sin las condiciones normales de higiene, sin agua, con mala alimentación, y no les permitían realizar actividades como leer, trabajar, ni salir al patio. Aproximadamente 5 meses después de los ataques al penal pudieron recibir una visita; sin embargo, no se les permitió tocar a sus familiares.
Fue juzgada por jueces sin rostro y se comprobó su inocencia. Su vida ha cambiado radicalmente desde lo ocurrido en el Penal Castro Castro, no solo por las cicatrices que tiene en su cuerpo que no le permiten llevar una vida normal, sino también porque ha sido estigmatizada como terrorista. Cuando estuvo en libertad quiso hacer una vida nueva con su familia, pero no ha podido. Siempre va a recordar aquellos hechos que la dejaron marcada para siempre. Además ha quedado con trastornos, ya que los primeros años tenía pesadillas con el penal, los cadáveres y con los fusilamientos.
Refiriéndose a los hechos en el penal y a todas las situaciones dolorosas que pasó, la testigo expresó “[…] realmente yo no se por qué tanta maldad[, …] no se por qué el ser humano puede llegar a esos extremos de maldad”. También se refirió a los valores que infunde a sus alumnos en su vida profesional, ya que así como vio tanta maldad también hubo gente que la ayudó.
2. Julia Genoveva Peña Castillo, madre de las presuntas víctimas Julia Marlene Olivos Peña y Víctor Javier Olivos Peña
Es la madre de dos internos que estaban recluidos en el penal Castro Castro. En la mañana del 6 de mayo de 1992 se enteró por las noticias que algo estaba sucediendo en el penal e inmediatamente se dirigió a sus instalaciones. Llegó al penal aproximadamente a las 7:00 horas. Había muchos militares y medios de comunicación. También llegaron los familiares de internos que se enteraban de lo que estaba sucediendo y, como era un miércoles de visita, seguían llegando más familiares. Como a las 3:00 p.m. se utilizó más fuerza y llegaron más militares. Los familiares no recibieron ninguna clase de información en relación con los disturbios en el penal y recibieron un tratamiento “muy fuerte” por parte de los militares.
En la tarde del 9 de mayo de 1992 el ataque se intensificó. Muchas de las madres se abrazaron “porque los estruendos del cañón eran algo que llegaba hasta [sus] corazones”. Se veían las esquirlas del pabellón que volaban. Pensaban que sus hijos ya no estarían vivos porque el ataque era muy fuerte. Escucharon claramente la voz del coronel del penal que decía “salgan, ríndanse, salgan”. Reconoció la voz de su hija que gritaba “alto al fuego, alto al fuego, vamos a salir, pedimos evacuación”. Le entusiasmó mucho escuchar la voz de su hija. Más tarde “ya no se escuchaban voces, sólo se escuchaban muchos tiros como de metralleta o de un arma larga”, que escuchaban cada cierto tiempo. Los familiares pasaron la noche ahí, sin saber quiénes eran los muertos y heridos, ya que no les dieron información.
El 10 de mayo de 1992, día de la madre, la testigo no sabía nada de sus hijos, así que empezó su búsqueda en la morgue. Estando adentro “vi[o] a las chicas tiradas en el piso desnudas y cosidas”, habían cuerpos sobre otros, y en las mesas estaban haciendo la necropsia a otros cuerpos. Para buscar a su hija y a su hijo levantó y movió los cuerpos, pero no los encontró. Fue a la Cruz Roja Internacional, pero no sabían nada. Aproximadamente a las 5 p.m. fue al Hospital de la Policía. Allí una persona le dijo “señora su hija está muerta, […] está en la morgue, pero ahorita usted vaya al hospital del Carrion que allí está su hijo, lo acaban de llevar, si usted no lo saca hoy día lo matan”. La testigo fue a ese hospital que quedaba muy lejos, pero no le permitieron ingresar porque había terminado la visita. Sin embargo, logró entrar trepando un muro. Buscó la morgue, en la cual no había ningún fallecido, pero escuchó un quejido que venía de atrás de la puerta. Abrió la puerta y era su hijo que estaba “en una mesa de lata” con una sabana amarrada, tenía cinco heridas y mucha fiebre. Cuando encontró a su hijo entró al cuarto un militar, quien la trató mal. Ella le dijo que si venía a matar a su hijo la “tendr[ía] que matar a [ella] primero”. En ese momento entró un médico que preguntó el motivo por el cual el hijo de la testigo se encontraba en la morgue si estaba vivo. El militar se fue. Llevaron a su hijo al Hospital de la Policía.
El día 11 de mayo de 1992 volvió al Hospital de la Policía, pero no le permitieron ingresar. El doctor le dijo que su hijo estaba muy mal y podría morir. Fue nuevamente a la morgue pero no estaba su hija.
El día 12 de mayo de 1992 fue a la Dirección Nacional de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIRINCRI) porque le dijeron que allí había una lista de todos los fallecidos. Le preguntaron el nombre de su hija y le dijeron que no estaba en la lista. Volvió a ir a la morgue, en donde estaban otras madres que también buscaban a sus hijos. Funcionarios de la DINCOTE no las dejaban entrar, pero en un descuido de uno de ellos la testigo logró entrar y corrió hasta donde se encontraban los frigoríficos. Logró abrir un frigorífico y el cadáver de su hija le “ca[yó] encima”. La testigo manifestó que “eso no lo v[a] a olvidar nunca” y describió lo que fue ese momento. En el piso habían tres bolsas bien cerradas, y la testigo las abrió. En una de ellas estaba Fernando Orozco, quien estaba descuartizado. Era el hijo de una de las señoras que estaba allí. En la otra bolsa había una persona calcinada, y en la otra un trozo de carbón. La hija de la testigo no tenía parte de su cabello y presentaba señales de que había sido arrastrada y golpeada. El médico de la morgue le ayudó con un cajón para sacar el cuerpo de su hija de la morgue. La testigo envió el cuerpo con un familiar a su casa, mientras ella volvía al hospital a ver a su hijo.
Indicó que desconocía que hubiera un proceso abierto en el Perú sobre los hechos de este caso. Solicitó a la Corte Interamericana que haga justicia y que se sancione a los responsables de los hechos.
b) Propuestos por la interviniente común:
3. Luis Ángel Pérez Zapata, presunta víctima
Explicó un mapa del Penal Miguel Castro Castro, refiriéndose a su estructura, el lugar de ubicación de los pabellones 1A y 4B y algunos lugares que se nombran en los testimonios. Indicó que el penal tenía una pared de 6 a 8 metros de altura, era de ladrillo y cemento. La zona interior del penal es lo que se conoce como “tierra de nadie”. En la zona conocida como la “rotonda”, que es la parte central del penal, hay unos subterráneos por donde se comunicaban los pabellones. Debido al hacinamiento que había en el pabellón 4B, por las noches a algunos internos les era permitido dormir en el pabellón 1A. En el pabellón 4B había más de 400 personas, siendo un pabellón con capacidad para 90. El primer día de los hechos el testigo se encontraba en el pabellón 1A.
Después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 comenzó la militarización del Penal Castro Castro. Durante el golpe de Estado fueron restringidos derechos y libertades, “incluso no se hacia caso de los hábeas corpus”.
A las 4:30 horas del 6 de mayo de 1992 comenzaron las explosiones por parte de “tropas combinadas” del Ejército y la Policía. Utilizaron “armamento largo […] de guerra”, bombas lacrimógenas, bombas incendiarias y helicópteros de artillería, que dispararon misiles y cohetes contra el pabellón 1A. Las bombas incendiarias “arden [por dentro] y quitan el oxígeno, [e] impiden la respiración”. El ataque también se produjo desde los techos y ventanas de los otros pabellones, donde estaban ubicados los francotiradores.
Durante los días del ataque bombardearon las paredes, dispararon con armas instalazas para golpear las paredes, las cuales “son de un concreto muy resistente [y] antisísmico [y miden] 25 cm. de ancho”. También bombardearon los techos para hacer huecos, desde los cuales lanzaban ráfagas de metralleta y explosivos. Además, utilizaron “helicópteros artillados” para disparar misiles contra el pabellón. El testigo expresó que “[l]a situación era para darse cuenta rápidamente que allí íba[n] a quedar triturados bajo los escombros de ese pabellón”. “Estar bajo este bombardeo es como un infierno” porque hay gas lacrimógeno que no permite la respiración, las explosiones sacuden el pabellón, se escuchan las ráfagas de las metralletas disparando, uno piensa “aquí nos van […] a matar a todos”. Además, permanecieron sin luz, agua, ni alimentación.
Según le contaron posteriormente, durante los ataques, los internos que se encontraban en el penal por delitos comunes fueron llevados al patio donde permanecieron agrupados en el centro y custodiados.
En el cuarto día de ataques los internos optaron por salir del pabellón 4B porque pensaban que el pabellón iba a ser “triturado como ha[bía] ocurrido en el 1A” y ya no podían soportar más la situación. Un grupo de internos pidió a gritos que no les dispararan porque iban a salir, pero fueron fusilados. El testigo salió del pabellón 4B, caminó por “la rotonda” y llegó a la “puerta de acceso”, desde donde pudo ver que “había […] cientos de tropas combinadas con armamentos de guerra” y que en los cerros había soldados con armamento. Cuando iba caminando vio que “al frente [suyo] había una ametralladora con tres patas”. Se volteó y lo alcanzó una bala en la espalda y otra en la mano, y la palma de su mano se le abrió. Estaba tendido boca arriba cuando un soldado con fusil y pasamontañas le puso el arma en su boca, lo insultó y lo pateó. Pedía agua porque sentía mucha sed, le dolía la mano y también la espalda, tenía un “hueco” en la clavícula. Aproximadamente una hora después dos soldados lo agarraron de la mano que le dolía y lo levantaron del brazo, “como si fuera un costal de papas” y lo lanzaron a un camión militar donde había otras personas heridas. Tiraron a otras personas sobre él. Luego los llevaron al hospital de policías.
En el Hospital de la Policía le cosieron la mano de tal forma que quedó con muchas cicatrices y funcionalmente no la puede mover bien. Durante el tiempo que estuvo en el hospital “los médicos [le]s dijeron que no había medicinas para [ellos]”. La Cruz Roja Internacional estuvo pendiente de que tuvieran medicamentos. En el hospital permaneció custodiado por tres o cuatro policías armados que no permitían el ingreso a su habitación.
Transcurridas dos semanas fue trasladado al hospital “Carrión”, donde permaneció en un lugar sucio, sin ventanas, con mucho ruido, sin ropa, y con sus heridas infectadas debido a que no les fueron entregadas las medicinas que habían sido suministradas por la Cruz Roja. La Cruz Roja “pudo ingresar recién después de 15 días”. Transcurridos alrededor de un mes y medio fueron trasladados de nuevo al Penal Castro Castro sin ropa ni zapatos. Debido a que era época de invierno el frío hacía que les dolieran más los huesos y las heridas. En el Penal Castro Castro los siguieron “torturando”, les ponían marchas militares a las 6 a.m. con mucho volumen; los golpearon; les pusieron descargas eléctricas; no les permitían realizar ninguna actividad como leer ni trabajar; no podían salir a los patios; permanecían 24 horas en celdas de 2×1.80mts sin recibir luz del sol; los alimentos que les suministraban estaban sucios, inclusive con pequeñas piedras; y eran sometidos a pasar entre dos filas de custodios, quienes les pegaban con palos y fierros. Tuvo que soportar todas esas “torturas” cuando estaba recuperándose de lo que le ocasionaron las heridas de bala.
Permitieron las visitas de los familiares recién seis meses después de lo sucedido en el Penal Castro Castro.
Su madre sufrió mucho y “la tensión le provocó cáncer”, por lo que falleció hace dos años. Durante los días del ataque su madre lloró mucho y se sentía muy mal al ver que al testigo lo estaban “bombardeando […] y fusilando” y ella no podía hacer nada.
Está cursando quinto año de Derecho en la Universidad de San Marcos. También trabaja como obrero de construcción civil. Hoy en día, además de las lesiones a causa de los disparos (las cuales incluyen las cicatrices), tiene una lesión en su oído que le ha reducido la capacidad de escuchar, la cual fue causada por una explosión durante el ataque al penal. Además tiene problemas de movimiento en su mano que le han ocasionado dificultad para la realización de ciertos trabajos, y no puede levantar “completamente” el brazo. Tiene muchas dificultades para escuchar a una persona en una conversación normal, y más aún para escuchar sus clases.
En el Perú nadie ha sido enjuiciado y ninguna autoridad se ha responsabilizado de lo que les ocurrió.
4. Lastenia Eugenia Caballero Mejía, esposa de la presunta víctima Mario Aguilar Vega y madre de las presuntas víctimas Ruth y Orlando Aguilar Caballero
Su esposo y su hijo se encontraban recluidos en el pabellón 4B del Penal Castro Castro, y su hija se encontraba recluida en el pabellón 1A de dicho penal. Se enteró por las noticias de lo que estaba ocurriendo en el penal y se dirigió a éste junto con su nieta. Cuando llegó observó muchos militares y policías que rodeaban el centro penitenciario. Escuchó disparos y explosiones, y nadie le suministro información acerca de los internos. Al tercer día la situación fue más grave, el número de militares se incrementó y continuaban las explosiones y disparos. Los familiares fueron tratados mal por los militares, les decían que se fueran, les disparaban y lanzaban bombas lacrimógenas, y también les echaron agua. Además, personas vestidas de civil les dispararon.
El tercer día de los hechos, al no saber lo que podría haber sucedido a sus familiares, se dirigió a la morgue a buscar información. La morgue “era una carnicería total”. Para identificar a sus familiares le mostraron fotos de personas que estaban “destrozadas”. Había gusanos en el suelo y un olor espantoso, había personas “tirad[a]s en el piso como si fueran animales”. Además, el personal de la morgue estaba realizando las autopsias delante de los familiares, como si no les importara que ellos vieran. Fue “un dolor muy inmenso” para la testigo, que le “quedó marcado como una huella muy grande”. Sus hijos y esposo no estaban en la morgue, por lo que volvió al penal.
Cuando estaba en las afueras del penal el cuarto día de los hechos salía humo, se escuchaban “sonidos estruendosos”, y se escuchaban metralletas “como si fuera una guerra”. Se imaginó que sus hijos y esposo estarían muertos. Volvió a la morgue y no los encontró.
El Estado no proporcionó una lista oficial con el nombre de las personas que murieron ni de los sobrevivientes y su estado.
Sus hijos sobrevivieron a los hechos y fueron trasladados a las cárceles de Ica y Puno. Después de 12 años de indagar con diferentes personas sobre lo ocurrido, se enteró que su esposo murió como consecuencia de una explosión de una bomba incendiaria y quedó carbonizado.
Padece trastornos psicológicos y nerviosos y sufre otras enfermedades del sistema urinario. Solicitó que se sancione a los responsables y que le entreguen el cadáver de su esposo para darle sepultura.
c) Propuesto por el Estado:
5. Omar Antonio Pimentel Calle, Juez del Segundo Juzgado Penal Supraprovincial
Se desempeña como Juez Supraprovincial, encargado de conocer casos de terrorismo y de violación a derechos humanos. A partir de julio de 2005 ha estado conociendo el caso en materia de instrucción por los hechos sucedidos en el Penal Castro Castro entre el 6 y 9 de mayo de 1992. Después de evaluar la denuncia que presentó la Quinta Fiscalía Supraprovincial, el testigo procedió a dictar la apertura de instrucción. La investigación judicial es exclusivamente por homicidio calificado, basado en los artículos 106 y 108 inciso 4 del Código Penal del Perú, y los agraviados serán los familiares de las víctimas de dichos homicidios.
Respecto a los sobrevivientes y heridos el referido Juzgado no está conociendo de sus casos, ya que en el Perú el monopolio de la acción penal está a cargo del Ministerio Público. Corresponde al fiscal denunciar ante el juez, y este último no puede motu propio iniciar tal acción. Es posible que estando en la etapa de juzgamiento de un caso se encuentre que falta completar alguna información, supuesto en el cual se remitirá otra vez al Fiscal para que “la complete”. En el caso del Penal Castro Castro “se ha corrido traslado al fiscal [competente]” para que emita opinión sobre dos aspectos: el primero es que se dice en los autos y en la investigación que hubo muchos heridos, como también otros actos que han vulnerado diferentes bienes jurídicos que no solo condujeron a muertes; y el segundo es que la parte civil solicitó la comparencia al proceso del ex Presidente Fujimori.
El pronunciamiento sobre la responsabilidad del ex Presidente Alberto Fujimori correspondía a la Fiscalía de la Nación por la inmunidad que tenía en su calidad de Presidente. Estando el caso en dicha Fiscalía terminó el plazo de inmunidad del señor Fujimori, por lo que la Fiscalía de la Nación remitió las actuaciones a la Fiscalía Supraprovincial, en la cual está pendiente dicho pronunciamiento.
El proceso está en etapa de instrucción “con el 95% de [las] diligencias solicitadas por la Fiscalía” culminadas, entre las cuales se encuentran las declaraciones de 12 procesados y 106 declaraciones testimoniales entre efectivos policiales e internos, entre las cuales están las declaraciones testimoniales de Vladimiro Montesinos y de integrantes del Grupo Colina. Se han hecho 15 diligencias de confrontación entre inculpados, y entre éstos y testigos, destinadas a esclarecer algunos puntos de la investigación. Se llevaron a cabo dos diligencias de declaración preventiva de familiares, quienes son los únicos que se han constituido en parte civil. Se están realizando indagaciones para conocer los nombres y direcciones de los familiares de las víctimas fatales. En el proceso se han tomado en consideración las investigaciones y declaraciones que se llevaron a cabo por la Comisión de la Verdad, pero muchas de ellas han tenido que ser “precisadas por el Ministerio Público para que tenga[n] mayor validez”.
Se han realizado diligencias de ratificación pericial por parte de 8 médicos legistas que suscribieron los protocolos de necropsia de los internos occisos y por parte de 8 peritos en balística que suscribieron los dictámenes periciales de balística forense practicados en los internos occisos. En estas diligencias de ratificación pericial se les formularon preguntas tendientes a esclarecer el contenido de los referidos protocolos y dictámenes “que ya existían pero […] incompletos”, con el fin determinar: la ubicación externa de las lesiones; la posible causa y forma de producción; la trayectoria y distancia de los proyectiles de armas de fuego; la trayectoria y orificios de entrada y salida en los cuerpos de los occisos; y la causa directa de muerte.
En la etapa de instrucción no se han llevado a cabo exhumaciones, puesto que se realizaron con anterioridad y las víctimas fatales que a nivel de la investigación se han identificado, han sido entregadas a sus familiares. No consta en autos que se encuentre pendiente ninguna exhumación. El 21 de abril de 2006 se llevó a cabo una diligencia de inspección judicial en el Penal Castro Castro, en presencia de los procesados, de internos como testigos y de los médicos y peritos, “quienes emitirán un informe integral y un informe técnico balístico”. También se está tratando de ubicar las armas que fueron incautadas en el “Operativo Mudanza 1”, y los proyectiles de armas de fuego que fueron extraídos de los occisos, así como los encontrados en los pabellones 1A y 4B, en la “rotonda” y en “tierra de nadie”. También se está recabando información sobre “armamento afectado al personal estatal interviniente”, así como se han cursado oficios para recabar información sobre el nombre de personal y de los maestros harneros (encargados de la distribución del armamento) asignados a las diversas unidades policiales que participaron en el “operativo”.
Hay 13 personas procesadas, entre quienes se encuentran el ex director del penal (Gabino Marcelo Cajahuanca Parra), el ex jefe de la Policía Nacional (Adolfo Cuba y Escobedo) y el ex Ministro del Interior (Juan Briones Dávila). Los otros procesados son Teofilo Wilfredo Vásquez, Alfredo Vivanco Pinto, Jorge Luis Lamela, Jesús Artemio Konja, Jesús Manuel Pajuelo Garcia, Felix Lizarraga, Estuardo Mestanza, José Johnson, Adolfo Javier Cuelles Cobero y Miguel Barriga. Sólo se ha librado mandato de detención respecto de un imputado que no se ha presentado a rendir declaración instructiva. No hay ningún imputado privado de libertad. De acuerdo a la normativa peruana, al dictar el auto de apertura de instrucción el juez puede disponer la detención o mandatos de comparecencia con restricciones. En este proceso los mandatos de comparencia con restricciones han dado resultado positivo ya que, con excepción de un imputado, todos los demás han comparecido. El hecho de que el delito que se imputa sea grave no es merito suficiente para dictar mandato de detención.
El proceso ha sido declarado complejo porque se tenían que realizar ratificaciones de protocolos de necropsia que estaban un “poco incompletos”, y recabar testimoniales de personas que tienen varios procesos en su contra, lo que ocasiona que se “cru[cen] las diligencias”. Cuando se declara complejo un proceso el plazo de investigación, que habitualmente es de 4 meses, se extiende a 8 meses, de conformidad con el artículo 202 del Código de Procedimiento Penal.
El período de investigación vence aproximadamente el 25 de julio de 2006, entonces pasará a la Fiscalía Supraprovincial para que emita su dictamen, y luego a la Sala Penal Nacional donde se realizará la etapa de juzgamiento. En el período que resta de investigación se recibirán, “dentro de lo humanamente posible”, declaraciones de familiares de las víctimas.
PERITAJES
Propuestos por la interviniente común:
1. Nizam Peerwani, experto forense
Se refirió a la extensión y la forma en qué son llevadas las investigaciones forenses. Estas investigaciones deben incluir una serie completa de exámenes de rayos X del cuerpo de la persona fallecida. Los rayos X son muy importantes porque documentan las heridas, lo que permite hacer una predicción sobre el tipo de armas de fuego utilizadas, y la presencia de materia externa en el cuerpo, como balas, fragmentos de granadas o metrallas. También es importante tomar fotografías que documenten la identidad y las heridas de la persona, de tal manera que otro experto forense pueda realizar una evaluación independiente. Asimismo, el examen forense debe incluir la recolección, preservación y el análisis de muestras de sangre para estudios de toxicología. Las pruebas toxicológicas pueden detectar sustancias y químicos en el cuerpo, como abuso de drogas, e inhalación de humo o de gas lacrimógeno. Por ejemplo, un examen toxicológico puede detectar si el fósforo blanco fue usado como un incendiario al momento de producirse las heridas. Sin toxicología no se puede realizar una verificación independiente sobre el tipo de armas o agentes que fueron usados durante el asalto o ataque. Para la investigación forense también se debe recolectar evidencia como casquillos de balas o fragmentos de metal, dejados después del ataque, para proveer información clave sobre el ataque y las heridas de las personas. La evidencia recolectada debe incluir huellas digitales y la ropa de los fallecidos. La ropa es la evidencia más importante, porque es la que impide que la pólvora y el humo entren en contacto con el cuerpo. La evaluación forense de un cuerpo sin acceso a su ropa, es una evaluación insuficiente. En el presente caso varios de estos análisis forenses ya no se pueden realizar debido al paso del tiempo: tales como el análisis de ropa de los internos y la toma de muestras de aire y de gases del penal al momento del ataque.
Respecto a la controversia sobre si el “Operativo Mudanza 1” fue un ataque o si se trató de una operación para controlar un motín en la prisión, el perito realizó una evaluación que incluyó: el tipo de armas utilizadas, la gravedad de las heridas infligidas a los prisioneros, el número de prisioneros asesinados, el número de heridos graves y el número de policías y miembros del ejército que fueron heridos o que murieron. Con base en estas circunstancias concluyó que el evento fue un ataque, y no un operativo para controlar un motín en la cárcel. Para llegar a dicha conclusión se basó en el tipo de heridas sufridas. Varios de los prisioneros sufrieron heridas extrañas como rozaduras por armas de fuego, heridas en los pies, en las piernas, en las extremidades, y en otros ángulos no comunes. Con base en estas heridas se confirma el hecho de que los prisioneros esquivaron descargas de armas de fuego dirigidas hacia ellos. La evidencia forense también sugiere que algunos prisioneros murieron a causa de explosiones y quemaduras. Asimismo, los prisioneros presentaban heridas en la espalda y en las extremidades, consistentes con disparos realizados al azar y de manera imprudente.
También se refirió al tipo de armas usadas en la prisión. La evidencia más importante disponible demuestra el uso de armas de ataque y de gran velocidad en contra de los internos. Particularmente, existe evidencia que sugiere y sustenta que rondas de 7.62 milímetros fueron disparadas en contra de los prisioneros. Las armas de gran velocidad producen una cantidad muy grande de destrucción en los tejidos, y un gran número de heridas internas en el cuerpo. Además, estas balas de alta velocidad, con velocidades excedentes a 700-1000 metros por segundo, llevan consigo una gran cantidad de energía cinética, la cual tiende a rebotar en su objetivo, causando aún más daño. Esas armas de ataque de gran velocidad son usualmente usadas en la guerra, y no en ambientes cerrados como las cárceles.
2. Thomas Wenzel, experto en desórdenes psicológicos en sobrevivientes de tortura y en trastorno por estrés postraumático
Se refirió a cuatro factores importantes que pueden predecir el desarrollo de secuelas a largo plazo en las víctimas: la exposición a violencia física extrema con la cual se vio amenazada la vida y la integridad de las personas teniendo a la vista las lesiones severas; la exposición a períodos largos de traumas físicos que desarrollan consecuencias severas de trauma; la pérdida completa de reglas y de trato social que tiene un impacto muy severo sobre los sistemas psicológicos y biológicos del cuerpo; y la pérdida de la dignidad y transferencia de culpabilidad en las víctimas.
Los factores previos y posteriores a lo sucedido en el Penal Castro Castro pueden tener influencia sobre las secuelas a largo plazo, como por ejemplo la falta de acceso a tratamiento, y la violencia traumática tal como la tortura antes y después del evento principal en la prisión.
La situación de que las mujeres fueran mantenidas desnudas en el hospital puede ser una técnica de tortura psicolóca.
Los síntomas de una persona con trastorno por estrés postraumático por haber sido torturada son: la inhabilidad de funcionar dentro de una familia, así como de concentrarse y de dormir adecuadamente; la destrucción completa de las funciones biológicas del cerebro y del cuerpo; la destrucción de los patrones de sueño, presentando pesadillas; y problemas en el trabajo. Para una persona torturada estas secuelas podrían convertirse en algo de por vida si no se da el tratamiento adecuado. El impacto severo sobre la familia se puede convertir en una segunda traumatización. Además, los niños que son expuestos al trauma severo de sus padres sufren consecuencias a largo plazo.
En cuanto a la rehabilitación, se tienen que tomar en cuenta las implicaciones sociales, especialmente el estigma y los sentimientos de humillación y culpabilidad. El sufrimiento de los familiares tiene que ser abordado de manera adecuada y sostenible a través de intervenciones en la comunidad y la sociedad. Si la persona ha sido acusada erróneamente de algo y se le culpa por lo que ha sucedido va a ser imposible que pueda funcionar en su ambiente nuevamente.
Se refirió a los diferentes tipos de reparaciones simbólicas, y enfatizó que hay que tratar a cada víctima individualmente. Primero se debe realizar un diagnóstico a la víctima porque podría estar muy traumatizada. Un experto debe realizar la evaluación individual, y en muchos casos la evaluación tiene que ser multidisciplinaria. Por medio de la evaluación de debe conformar un plan de rehabilitación que pueda permitir que la persona retome su vida. Se debe convencer a las víctimas para que busquen tratamiento, y es preciso que en la comunidad haya accesibilidad de estos tratamientos y estándares de diagnóstico de manera individual. Hay que desarrollar medidas de orientación comunitaria y se tiene que atender a las familias, ya que muchas han sido traumatizadas severamente y sufren conjuntamente con el sobreviviente. En algunas ocasiones el trauma es tan severo que es casi imposible de tratar.
Indicó que la tensión que vive la madre puede ser impactante en el desarrollo y vida del niño, especialmente si esta tensión se da en los últimos tres meses de la gestación.
Los golpes en las plantas de los pies “crea[n] un dolor muy largo, permanente [y] muy difícil de tratar”, y “afecta[n] todo el sistema nervioso [debido a que l]as plantas de los pies tienen una alta densidad de sensores nerviosos”. El trato que fue dado a los prisioneros “definitivamente no es normal para contener a los prisioneros”. El retiro de estímulos como falta de luz, prohibición de ejercicio, música y lectura tiene “efectos psicológicos y biológicos”. La falta de “luz [por] un período largo de tiempo […] causa depresión[, …] causa un daño bastante fuerte sobre el sistema psicológico y las glándulas [del] cerebro, [así como afectaciones] a las estructuras hormonales en el cuerpo”. Este tipo de condiciones “pueden […] activar otros efectos psicológicos [o] afectar un área[,] un punto vulnerable [de algún interno, y] entonces esto puede llevar a problemas a largo plazo incluyendo la psicosis crónica entre otros”. En este caso se configuró una tortura psicológica sistemática.
C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Valoración de Prueba Documental
188. En este caso, como en otros , el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal o como prueba para mejor resolver, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. Asimismo, en aplicación del artículo 44.2 del Reglamento, incorpora las pruebas rendidas ante la Comisión, siempre que hayan sido recibidas en procedimientos contradictorios. En particular, incorpora las declaraciones rendidas bajo juramento por las señoras Mónica Feria Tinta y Avelina García Calderón Orozco durante la audiencia pública sobre el fondo celebrada ante la Comisión el 14 de noviembre de 2001, tomando en cuenta que el Estado expresó que no tenía observaciones al respecto (supra párr. 62).
189. En cuanto a las declaraciones escritas rendidas por los testigos Michael Stephen Bronstein, Edith Tinta, Rubeth Feria Tinta, Luz Liliana Peralta Saldarriaga, Osilia Ernestina Cruzatt viuda de Juárez, Eva Sofía Challco Hurtado, Luis F. Jiménez, Raul Basilio Gil Orihuela, Jesús Ángel Julcarima Antonio, Nieves Miriam Rodríguez Peralta, Cesar Mamani Valverde, Alfredo Poccorpachi Vallejos y Madelein Escolástica Valle Rivera, así como por los peritos Christopher Birkbeck, José Quiroga y Ana Deutsch (supra párrs. 73, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87 y 99) la Corte las estima pertinentes en cuanto se ajusten al objeto que fue definido por el Tribunal en la Resolución en que ordenó recibirlas (supra párr. 65), tomando en cuenta las observaciones presentadas por la Comisión (supra párrs. 85, 94 y 97) y por la interviniente (supra párr. 98). El Tribunal ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes . Asimismo, la Corte acepta el desistimiento realizado por la Comisión respecto de la presentación de la declaración escrita del señor Wilfredo Pedraza (supra párr. 85).
190. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio los documentos presentados por la Comisión, por la interviniente y por el otro grupo de representantes que no es la interviniente común (supra párrs. 47, 48, 93, 101, 102, 104. 105, 120, 121, 122, 124, 125 y 128) en respuesta a las solicitudes realizadas por el Presidente y la Corte.
191. La Corte agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento y por estimarlos útiles para resolver este caso, la documentación presentada por la interviniente al finalizar la audiencia pública celebrada los días 26 y 27 de junio de 2006 (supra párr. 93), los presentados como anexos a los alegatos finales escritos (supra párrs. 103, 105, 106, 120 y 121), y los remitidos por el otro grupo de representantes de presuntas víctimas a través de la interviniente y de la Comisión (supra párrs. 53 y 103) tomando en cuenta las observaciones realizadas por la interviniente (supra párr. 110) y por la Comisión (supra párr. 113).
192. De igual forma, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.3 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio los documentos presentados por el Estado (supra párrs. 108 y 112), tomando en cuenta las observaciones presentadas por la interviniente y por la Comisión (supra párrs. 110, 113, 115 y 116), así como parte de la documentación presentada por la interviniente común (supra párrs. 111 y 127), y los valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica.
193. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio del presente caso el Decreto Supremo No. 065-2001-PCM de 4 de julio de 2001, el Decreto Ley Nº 25418 de 6 de abril de 1992 y la Resolución Suprema No. 438-2001-PCM de 6 de septiembre de 2001, ya que resultan útiles para el presente caso.
194. La Corte hace constar que las declaraciones testimoniales rendidas ante fedatario público (affidávits) de los señores Gustavo Adolfo Chávez Hun, Mercedes Villaverde y Rosario Falconí Alvarado, las cuales fueron propuestas por la interviniente y requeridas mediante Resolución de 24 de mayo de 2006 (supra párr. 65), no fueron remitidas a la Corte sin otorgar ninguna explicación al respecto.
195. El Tribunal no valorará la documentación presentada por la Comisión el 20 de octubre de 2006 (supra párr. 117), ni parte de la documentación presentada por la interviniente común los días 4 de octubre, 14 y 20 de noviembre de 2006 (supra párrs. 111 y 127), ya que su remisión extemporánea no obedece a ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 44 del Reglamento.
Valoración Prueba Testimonial y Pericial
196. El Tribunal admite y otorga el valor probatorio correspondiente a las declaraciones testimoniales de Gaby Balcázar Medina, Julia Peña Castillo, Luis Angel Pérez Zapata, Lastenia Eugenia Caballero Mejía y Omar Antonio Pimentel Calle, así como los dictámenes periciales de los señores Nizam Peerwani y Thomas Wenzel, los cuales no fueron objetadas ni controvertidas. Este Tribunal estima que las declaraciones testimoniales de Gaby Balcázar Medina, Julia Peña Castillo, Luis Angel Pérez Zapata y Lastenia Eugenia Caballero Mejía que resultan útiles en el presente caso, no pueden ser valoradas aisladamente por tratarse de presuntas víctimas y por tener un interés directo en este caso, sino deben serlo dentro del conjunto de las pruebas del proceso .
VIII
HECHOS PROBADOS
197. De conformidad con el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado (supra párrs. 129 a 159), según lo señalado en los párrafos 164 a 169 de la presente Sentencia, y de acuerdo con el acervo probatorio del presente caso, la Corte considera probados los siguientes hechos:
Antecedentes y contexto jurídico
197.1. Durante el período que se extiende desde comienzos de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, se vivió en el Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policial y militar. Se agudizó en medio de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, como Sendero Luminoso (en adelante SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (en adelante MRTA), prácticas realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales .
197.2. El 28 de julio de 1990 el señor Alberto Fujimori Fujimori asumió la Presidencia del Perú, de conformidad con la Constitución Política del Perú de 1979, por el término de cinco años. El artículo 205 de dicha Constitución no permitía la reelección presidencial inmediata. El 6 de abril de 1992 el Presidente Alberto Fujimori Fujimori promulgó el Decreto Ley N° 25418, con el cual instituyó transitoriamente el llamado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”. Dicho Gobierno disolvió el Congreso y el Tribunal de Garantías Constitucionales, intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público y destituyó a numerosos jueces de la Corte Suprema de Justicia .
La Comisión de la Verdad y Reconciliación
197.3. En relación con los sucesos ocurridos en las dos décadas de violencia, el Estado, mediante el Decreto Supremo No. 065-2001-PCM de 4 de julio de 2001, modificado por el Decreto Supremo No. 101-2001-PCM, emitidos ambos por el Presidente de la República, creó una Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante CVR) con la finalidad de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos . Dicha Comisión emitió su Informe Final el 27 de agosto de 2003 .
197.4. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estuvo conformada por doce personas de nacionalidad peruana, “de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad e identificadas con la defensa de la democracia y la institucionalidad constitucional”, un observador y un secretario adjunto, designados por el Presidente de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, mediante Resolución Suprema 438-2001-PCM del 6 de septiembre de 2001, refrendada por el presidente del Consejo de Ministros .
197.5. La CVR recibió miles de denuncias sobre actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes producidos durante el período comprendido entre 1980 y 2000. En su informe final afirma que de 6.443 actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registrados por dicho órgano, el 74.90% correspondió a acciones atribuidas a funcionarios del Estado o personas que actuaron bajo su autorización o aquiescencia, y el 22.51% correspondió al grupo subversivo PCP- Sendero Luminoso. Asimismo la CVR en su informe final expresó que “la desaparición forzada de personas fu[e …] uno de los principales mecanismos de lucha contrasubversiva empleados por los agentes del Estado, adquiriendo las características de una práctica sistemática o generalizada”. “Del total de víctimas reportadas a la CVR como ejecutadas o cuyo paradero continúa desconocido por responsabilidad de agentes del Estado, el 61% habrían sido víctimas de desaparición forzada” .
197.6. La CVR en su informe final, dentro del capítulo denominado “Los casos investigados por la CVR”, dedicó un apartado a los hechos sucedidos en el Penal Miguel Castro Castro titulado “Las ejecuciones extrajudiciales en el penal Canto Grande” .
197.7. El 20 de julio de 2005 se expidió en el Perú la Ley N° 28592 que crea el Plan Nacional Integral de Reparaciones (en adelante PIR), con el objeto de “establecer el Marco Normativo del Plan Integral de Reparaciones -PIR para las víctimas de la violencia ocurrida durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000, conforme a las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. El 6 de julio de 2006 se aprobó el Reglamento de la referida Ley N° 28592 .
Los centros penales y el conflicto armado
197.8. En el informe final emitido por la CVR se estableció que “durante los años de violencia política, [las cárceles] no sólo fueron espacios de detención de procesados o condenados por delitos de terrorismo, sino escenarios en los que el Partido Comunista del Perú [PCP-Sendero Luminoso] y, en menor medida, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, extendieron el conflicto armado” .
197.9. A partir del golpe de estado de 5 de abril de 1992, y con el fin de combatir a grupos subversivos y terroristas, el Estado implementó en las prisiones prácticas incompatibles con la efectiva protección del derecho a la vida y otros derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos, así como el uso desproporcionado de la fuerza en circunstancias críticas .
197.10. El Estado improvisó un sistema único de concentración de reclusos, sin implementar regímenes adecuados a estos internos acusados y sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria .
197.11. La prensa nacional difundió reportajes y editoriales advirtiendo que Sendero Luminoso ejercía control territorial dentro del Penal Miguel Castro Castro, que desde allí planificaba diversos atentados y que había convertido sus pabellones “en centros de adoctrinamiento” .
Penal Miguel Castro Castro
197.12. El penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro es un reclusorio para varones y está ubicado en San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima, capital del Perú . Está constituido por 12 pabellones de 4 pisos, identificados como 1-A y 1-B hasta 6-A y 6-B. Cada uno de estos pabellones cuenta con un patio independiente. El acceso a los pabellones se efectúa a través de un patio central de forma octogonal, conocido como “Rotonda”. A la entrada de cada pabellón existe un espacio enrejado denominado “Gallinero”. El conjunto de pabellones se encuentra rodeado por un patio de arena conocido como “Tierra de nadie”. La entrada al establecimiento está constituida por un patio y oficinas administrativas, conocidos como “Admisión” .
197.13. En la época en que ocurrieron los hechos, el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro estaba ocupado por alrededor de 135 internas mujeres y 50 varones, y el pabellón 4B lo estaba por aproximadamente 400 internos varones . Los internos de los pabellones 1A y 4B se encontraban acusados o sentenciados por los delitos de terrorismo o traición a la patria , y eran presuntamente miembros del Sendero Luminoso . Muchos eran procesados sin sentencia condenatoria y en algunos casos se dispuso el sobreseimiento de las causas .
197.14. El 14 de abril de 1992 se realizó una inspección en el interior del pabellón 1A del penal Miguel Castro Castro. Intervinieron en la citada inspección, entre otros, directivos del penal, las internas delegadas de dicho pabellón y representantes del Ministerio Público. En el acta de inspección se hizo constar que no se hallaron armas de fuego, explosivos ni excavación de túneles .
“Operativo Mudanza 1”
197.15. El Decreto Ley No. 25421 de 6 de abril de 1992 ordenó la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y encargó a la Policía Nacional del Perú el control de la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Fue en el marco de esta disposición que se planificó y ejecutó el “Operativo Mudanza 1” . La versión oficial fue que dicho “operativo” consistía en el traslado de las mujeres que se hallaban recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro, a la cárcel de máxima seguridad de mujeres en Chorrillos . Las autoridades estatales no informaron del referido traslado ni al Director del penal, ni a las prisioneras, sus familiares o abogados .
197.16. El objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro. Los actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria .
197.17. La sentencia de la Sala Nacional de Terrorismo de 3 de febrero de 2004 indicó que “existen elementos que generan sospecha razonable en el Colegiado Juzgador, respecto que, con motivo del operativo Mudanza Uno, se habría planificado desde las más altas esferas del gobierno […] la eliminación física de los internos por terrorismo que ocupaban los pabellones Uno A y cuatro B”. Durante los días 7 al 12 de mayo de 1992 los recortes de prensa referidos a los sucesos que estaban ocurriendo en el Penal Castro Castro, relataban las visitas que hizo al interior del penal el entonces Ministro del Interior, así como las reuniones que llevó a cabo el Consejo de Ministros para evaluar la situación del penal, y la visita que hizo Fujimori el día 10 de mayo de 1992, al interior de dicho establecimiento penitenciario .
Desarrollo del “Operativo Mudanza 1”: hechos ocurridos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 en el Penal Miguel Castro Castro
197.18. El “operativo” comenzó el miércoles 6 de mayo de 1992, día de visita femenina en el penal, razón por la cual se encontraba afuera del mismo un gran número de familiares, madres, hermanas, esposas e hijos, quienes se percataron, desde el exterior, de lo que ocurrió. Además, el domingo 10 de mayo de 1992 se celebraba el día de las madres en el Perú .
197.19. Los familiares que se encontraban afuera del penal trataron de que se les informara sobre lo que estaba sucediendo en el interior del mismo, y cuál era el estado de salud de sus familiares. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. Algunos de ellos fueron insultados y golpeados, les arrojaron agua y bombas lacrimógenas para obligarlos a alejarse del penal; y si trataban de escalar un cerro, para poder ver mejor lo que sucedía en el interior del penal, eran ahuyentados con disparos .
197.20. Aproximadamente a las 4:00 horas del miércoles 6 de mayo de 1992, efectivos de las fuerzas de seguridad peruanas iniciaron el “operativo”. Al efecto, la Policía Nacional derribó parte de la pared externa del patio del pabellón 1A utilizando explosivos. Se produjeron tres detonaciones sucesivas. Simultáneamente los efectivos policiales tomaron el control de los techos del penal abriendo boquetes en los mismos, desde los cuales realizaron disparos con armas de fuego .
197.21. Los agentes estatales, policía y ejército utilizaron armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de los internos, desde el inicio de la operación . Las balas y granadas utilizadas se fragmentaban al impactar contra las paredes, hiriendo a muchos internos con esquirlas . En los techos y ventanas de los otros pabellones se encontraban ubicados francotiradores . Durante el desarrollo del “operativo” participaron personal policial, efectivos de las unidades especializadas UDEX, SUAT, USE, DINOES y efectivos del Ejército peruano .
197.22. Entre las 9:00 y las 9:30 horas del 6 de mayo la Policía Nacional introdujo granadas, bombas de gas de fósforo blanco y gases lacrimógenos en el pabellón 1A, lo que produjo en los internos cuadros de asfixia, sensación de ardor en el sistema respiratorio, en los ojos y en la piel. Si bien al principio los internos utilizaron pedazos de tela empapados en vinagre para resistir los gases disparados en el espacio cerrado de los pabellones atacados, cuando el vinagre se agotó tuvieron que usar su propia orina para este propósito .
197.23. A las 10:00 horas los reclusos del pabellón 4B iniciaron una protesta por el ataque a sus compañeras; la policía reaccionó disparándoles .
197.24. Existía comunicación subterránea entre los pabellones 4B y 1A, a través de dúctos o túneles mediante los cuales los internos se trasladaron del pabellón 4B al 1A y viceversa. A la salida de dichos túneles se enfrentaron con grupos de policías, resultando varios muertos y heridos . Para poder trasladarse hacia el pabellón 4B y evitar ser alcanzadas por las balas de los francotiradores, las internas tuvieron que arrastrarse pegadas al piso, y pasar por encima de cuerpos de otros internos recién fallecidos .
197.25. Según artículos periodísticos publicados el 7 de mayo de 1992, aproximadamente a las 13:00 horas el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional se apersonaron en el penal y supervisaron las acciones .
197.26. Por la tarde del 6 de mayo de 1992 los agentes de seguridad ingresaron al cuarto piso del pabellón 1A, deteniendo a un grupo de internas que se encontraban heridas a causa de los disparos y las explosiones. Las trasladaron primero a la zona denominada “admisión” y posteriormente al penal “Santa Mónica” de Chorrillos .
197.27. Los presos que tenían algún conocimiento médico o de enfermería instalaron en el pabellón 4B un dispensario improvisado para atender a alrededor de 70 personas heridas . Los ataques continuaron el resto del día .
197.28. Según artículos periodísticos publicados los días 7 y 8 de mayo de 1992, al finalizar el día 6 de mayo de 1992 el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, se reunió en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, conocida como “Pentagonito”, con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares, para evaluar la situación del penal .
197.29. En el segundo día, el 7 de mayo de 1992, miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y familiares de los reclusos intentaron ingresar al penal y dialogar con los internos, pero fueron obligados por la policía a alejarse del lugar. Los agentes policiales efectuaron advertencias a los internos, exhortándolos a salir de los pabellones “de cuatro en cuatro y con las manos en alto”, requerimiento que no fue obedecido .
197.30. Según se indicó en el Informe final de la CVR y en varios artículos periodísticos, ese mismo día el Presidente Alberto Fujimori Fujimori se reunió nuevamente con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares en el “Pentagonito” para evaluar la situación del penal. En esas fuentes se señaló que entre otras acciones inmediatas se prohibió la presencia en las cercanías del penal de los organismos de derechos humanos, se dispuso el corte de luz, agua y alimentos para los internos, así como el incremento de los ataques con armas de fuego y explosivos .
197.31. Por la tarde, efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas intensificaron los ataques contra el pabellón 4B, utilizando granadas, ametralladoras y bombas lacrimógenas .
197.32. El 8 de mayo de 1992, tercer día del “operativo”, los efectivos policiales, conjuntamente con el Ejército, continuaron el ataque con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de mortero y granadas .
197.33. Una delegación de internas salió de los pabellones a conversar con la Fiscal Mirtha Campos, retornando sólo una de las internas a comunicar los acuerdos. Como parte de las negociaciones aproximadamente 30 internos heridos salieron a la zona del “gallinero” del pabellón 4B para ser llevados al hospital, pero ello no se cumplió, sino fueron mantenidos a la intemperie e inmóviles .
197.34. Hubo varios intentos de negociación entre delegados de los internos y autoridades del Estado, pero no lograron alcanzar un acuerdo, pues los internos exigían la presencia de la Cruz Roja, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de sus abogados y familiares para el traslado a otros penales, así como la atención médica inmediata a los heridos, quienes hasta ese momento habían sido auxiliados por los mismos presos que lanzaban medicinas desde otros pabellones. Por su parte, el Estado exigía la rendición de los internos sin condiciones y su salida del pabellón 4B, dejando en el interior a los heridos y los muertos para que aquellos fueran atendidos más tarde .
197.35. El Estado rechazó expresamente el ofrecimiento de intervención efectuado por la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuyos representantes se encontraban afuera del penal . También se negó el auxilio a muchos internos gravemente heridos .
197.36. El 9 de mayo de 1992 fue el último día del “operativo”, y desde las 6:00 horas se reanudó con mayor intensidad el ataque contra el pabellón 4B, con más granadas, disparos, explosiones e incendios que provocaron varios muertos y heridos .
197.37. Aproximadamente a las 18:00 horas de ese mismo día los reclusos anunciaron a los agentes estatales que iban a salir y les pidieron que dejaran de disparar. Grupos de internos desarmados, compuestos principalmente por personas señaladas como miembros de la directiva de Sendero Luminoso, salieron al exterior del pabellón, momento en el que fueron alcanzados por ráfagas de balas disparadas por agentes estatales. Falleció la mayoría de esos internos. Posteriormente un gran número de internos salieron del pabellón 4B, a paso ligero. Los agentes de seguridad del Estado les dispararon indiscriminadamente y en diferentes partes del cuerpo, inclusive cuando se encontraban heridos en el suelo. Seguidamente, entre gritos, insultos y forcejeos la policía separó a los hombres de las mujeres y los obligaron a acostarse boca abajo en las zonas conocidas como “tierra de nadie” y “admisión” .
197.38. Cuando los internos se encontraban bajo el control de las autoridades estatales, algunos fueron separados del grupo y ejecutados por agentes estatales . Uno de los cadáveres presentaba mutilaciones y signos de tortura .
197.39. La mayoría de los internos víctimas mortales presentaban entre 3 y 12 impactos de bala en la cabeza y el tórax .
197.40. Durante los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992 resultó muerto un policía, como consecuencia de haber recibido el impacto de proyectiles de arma de fuego en la cabeza y el tórax; y resultaron heridos aproximadamente 9 efectivos policiales .
Sucesos posteriores al 9 de mayo de 1992
197.41. El 10 de mayo de 1992 se levantó un acta del material incautado en el penal por el personal especializado de la Policía Nacional, en la cual constan 10 armas (2 subametralladoras, 4 revólveres, 1 escopeta y 3 pistolas), 11 granadas y 24 artefactos explosivos caseros “queso ruso”. Dicha acta fue firmada por la fiscal Mirtha Campos .
197.42. Una vez que salieron de los pabellones la mayoría de los internos sobrevivientes fueron obligados a permanecer en las zonas del penal denominadas “tierra de nadie” y “admisión”, tendidos boca abajo sobre la tierra, en posición de cúbito ventral, sin abrigo, a la intemperie, permitiéndoseles levantarse únicamente para ir a orinar, y fueron objeto de constantes golpes y agresiones. Quienes estuvieron en estas condiciones durante varios días, recibieron como único alimento pan y agua de manera irregular por las mañanas y una sopa aguada, y fueron vigilados por agentes de seguridad armados y con perros, y si alguien se movía o se quejaba dichos agentes se paraban sobre el cuerpo del sobreviviente y lo insultaban. Dentro de este grupo de personas se encontraban heridos y mujeres en estado de gestación, quienes también fueron forzadas a yacer boca abajo, al igual que los demás detenidos. Muchos permanecieron en estas condiciones hasta el 22 de mayo de 1992 (infra párr. 197.46) .
197.43. El 10 de mayo de 1992 el Presidente Alberto Fujimori Fujimori estuvo presente en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios del presidio .
197.44. Algunas internas mujeres fueron trasladadas al penal “Santa Mónica de Chorrillos” y otras al penal “Cristo Rey de Cachiche”. Los internos varones fueron mantenidos en el patio del penal hasta el 22 de mayo de 1992, fecha en que algunos quedaron reubicados dentro del mismo Penal Miguel Castro Castro y otros fueron trasladados a otros penales como “Lurigancho” y “Yanamayo”. Algunos de los internos heridos, tanto hombres como mujeres, fueron llevados al Hospital de la Sanidad de la Policía, para luego ser reubicados en los penales antes mencionados .
197.45. El señor Víctor Olivos Peña fue trasladado con vida a la morgue de un hospital, donde fue encontrado y rescatado por su madre y un médico de dicho establecimiento .
197.46. El 22 de mayo de 1992 agentes del Estado trasladaron a los prisioneros que se encontraban en “tierra de nadie” y en “admisión” al patio del pabellón 1A. Durante ese traslado, los agentes se colocaron en filas paralelas formando un callejón por el cual debían pasar los internos, quienes habían sido obligados a desnudarse, y fueron golpeados con objetos contundentes, en la cabeza, los riñones y otras partes del cuerpo .
197.47. Muchos de los heridos fueron mantenidos sin atención médica por varios días y los heridos que fueron trasladados al hospital no recibieron los medicamentos ni la atención médica que requerían. Estas omisiones causaron complicaciones en la salud de algunos internos y en otros provocó su muerte .
197.48. Los traslados tanto al hospital como a los centros penales se realizaron en camiones, donde los internos, incluso los heridos, iban hacinados uno encima de otro. Durante dichos traslados recibieron golpes e insultos .
197.49. Algunas internas e internos heridas fueron trasladadas al Hospital de la Sanidad de la Policía. Allí fueron desnudados y obligados a permanecer sin ropa durante casi todo el tiempo que estuvieron en el hospital, que en algunos casos se prolongó durante varios días y en otros durante semanas. En algunos casos les dieron una bata luego de quince días, al momento de trasladarlas a los penales donde fueron reubicadas. En el Hospital se encontraban rodeados de individuos armados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. A las internas no se les permitió asearse, estaban cubiertas con tan solo una sábana, y en algunos casos para utilizar los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de un guardia armado, quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades fisiológicas .
197.50. Cuando llegó al Hospital de la Sanidad de la Policía una de las internas fue objeto de una “inspección” vaginal dactilar, realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla (infra párrs. 309 a 313) .
197.51. Las internas trasladadas a las cárceles de “Santa Mónica de Chorrillos” y de “Cristo Rey de Cachiche” fueron objeto de constantes maltratos físicos y psicológicos. Fueron mantenidas sin contacto con el mundo exterior, ni acceso a libros, televisión, radios o periódicos. No se les permitía dialogar entre sí, leer o estudiar, ni realizar trabajos manuales de ningún tipo, ni siquiera aquellos que trataban de realizar con hilos tomados de sus propias ropas, con migas de pan o con restos de “valvas de choro” que venían en la sopa. La violación de cualquiera de esta prohibiciones era motivo de golpizas. Tampoco tenían acceso a materiales de aseo personal, tales como jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, ni ropa íntima para cambiarse, así como ropa de abrigo. Permanecían encerradas 23 horas y media o 24 horas del día en una celda de dos metros por dos metros, la cual compartían al menos dos personas. Dichas celdas no tenían acceso a luz de ningún tipo, natural o artificial, por lo que permanecían en una oscuridad constante. Los alimentos eran escasos. Eran objeto de constantes requisas, durante las cuales recibían golpes, puntapiés, choques eléctricos, golpes en la planta de los pies con varillas, les arrojaban agua y las amenazaban con matarlas. Asimismo, si se negaban a cantar el himno nacional eran castigadas .
197.52. Los internos varones, que fueron reacomodados dentro del penal Castro Castro, así como aquellos trasladados a Lurigancho o a Yanamayo, fueron objeto de maltratos físicos y psicológicos similares a los descritos en el párrafo anterior . Los internos varones reacomodados en el penal Miguel Castro Castro, como forma de castigo, eran trasladados a la celda conocida como “el hueco” . Al momento de ser trasladados a las cárceles de Lurigancho y Yanamayo los internos fueron insultados y golpeados incluso con varas en la espalda .
197.53. El penal de Yanamayo se encuentra en Puno, ubicado a más de 3.800 metros de altura, por lo cual la temperatura desciende varios grados bajo cero. Los internos no contaban con abrigo suficiente. Además, sólo podían recibir visitas de familiares directos, a través de locutorios con doble malla, durante media hora al mes. Debido a la lejanía del penal los internos recibían visitas solamente un par de veces al año .
197.54. Una vez concluido el “operativo”, e incluso después de que fueron trasladados a hospitales u otros establecimientos penitenciarios, se impidió a los internos comunicarse con sus familiares y abogados durante varios días y en algunos casos durante semanas o meses .
197.55. Los familiares de los internos recorrieron durante varios días hospitales y morgues en busca de sus seres queridos. Trataron, sin éxito, de obtener información acerca de lo ocurrido en el interior del penal, quiénes estaban vivos y quiénes muertos, a dónde los habían trasladado y el estado de salud de sus familiares. No se les proporcionó ninguna ayuda para buscar e identificar los restos de sus familiares . En el caso particular del señor Mario Francisco Aguilar Vega sus restos nunca fueron entregados a sus familiares .
197.56. Luego de levantada la incomunicación absoluta aplicada a las internas e internos durante semanas, el régimen de visitas impuesto a aquéllas sólo les permitía comunicarse con sus familiares, incluyendo sus hijos, una vez al mes, cosa que hacían a través de una malla .
197.57. Se acreditó ante la Corte que las internas Eva Challco, Vicente Genua López y Sabina Quispe Rojas al momento de los hechos en Castro Castro se encontraban embarazadas. Tenían, respectivamente, 7, 5 y 8 meses de embarazo. Las internas Eva Challco y Sabina Quispe dieron a luz cuando se encontraban, respectivamente, en las cárceles de Cachiche y Chorrillos, y no recibieron atención médica sino hasta que las llevaron al hospital para el parto. La interna Sabina Quispe no recibió atención médica post parto .
197.58. Los internos presuntas víctimas de este caso han sido calificados como terroristas, incluso por los medios de prensa, aun cuando muchos de ellos se encontraban detenidos sin sentencia condenatoria y en varios casos fueron sobreseídos los procesos correspondientes. Asimismo, se estigmatizó a sus familias y, en algunos casos, éstas han sido rechazadas, excluidas y apartadas por la sociedad e incluso por su círculo más íntimo .
197.59. Entre los días 6 y 12 de mayo de 1992 se publicaron en varios periódicos del Perú, artículos en los cuales se hacía referencia a los internos que ocupaban los pabellones 1-A y 4-B del penal calificándolos de “internos por terrorismo”, “terroristas” y “delincuentes terroristas”. Algunos de los artículos de prensa tenían los siguientes títulos: “unos 600 terroristas siguen en evidente rebeldía”, “600 terroristas hombres y mujeres amotinados en el pabellón 4B del penal Castro Castro, depusieron su actitud de rebelde y se rindieron”, “470 terroristas se rinden tras infernal balacera en Canto Grande”, y “pabellón 4B asilo para terroristas” .
Investigaciones y Procesos en Sede Judicial
197.60. El 11 de mayo de 1992 peritos del Laboratorio Central de Criminalística efectuaron un examen físico químico en los pabellones 4B y 1A. Durante la inspección técnico criminal se removieron escombros y enseres y se retiraron los cadáveres para su traslado a la Morgue Central de Lima, en presencia del Juez Instructor de Turno. Asimismo, se realizaron pericias médicas forenses, toxicológicas y de dosaje etílico, balísticas, y de absorción atómica . No se hicieron actas de levantamiento de cadáveres. Los certificados de necropsia e informes médicos forenses se limitan a describir las heridas sufridas por las víctimas mortales y las lesiones encontradas en algunos de los heridos. En dichos informes no se da cuenta de los proyectiles recuperados de los cuerpos de las víctimas .
Investigaciones Policiales
197.61. El 7 de agosto de 1992 se instruyó el Atestado Policial No. 322 IC-H-DDCV, conteniendo el “resultado de la investigación de los sucesos ocurridos en el Establecimiento Penal ‘Miguel Castro Castro’ entre los días 6 y 10 de mayo de 1992”, como consecuencia del “Operativo Mudanza 1”. El referido atestado estableció, inter alia, que como consecuencia de la ejecución del “Operativo Mudanza 1” fallecieron 40 internos acusados de terrorismo, y que “el personal policial que intervino en el develamiento del motín en el interior [del penal había] actuado dentro del marco legal con apoyo de la FF. AA”. Dicho atestado fue cursado ante el Fuero Privativo Militar .
197.62. En aplicación de la Resolución Ministerial No. 456-90-IN-PNP y de los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento de Documentación Policial, el 13 de abril de 1998 se incineró la “documentación pasiva” producida por las Unidades Operativas y Administrativas de la Dirección de Investigación Criminal durante los años 1990, 1991 y 1992, dentro de la cual se quemó gran parte del expediente interno referido al presente caso .
197.63. Mediante Resolución No. 631-2002- MP-FN de 17 de abril de 2002 se creó la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas .
197.64. El 25 de noviembre de 2005 la citada Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas emitió una Resolución, que ordenó ampliar la investigación policial .
197.65. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú llevó a cabo una investigación, que consta en el Atestado No. 121 de 26 de mayo de 2004, ampliado mediante Parte No. 468 de 28 de noviembre de 2004, “con relación al presunto Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud (Homicidio Calificado por PAF y Tentativa Punible de Homicidio con subsecuentes lesiones por PAF) y presuntas Ejecuciones Extrajudiciales, ocurrido el 9 de mayo de 1992 entre las 17:30 y las 18:30 horas aproximadamente en agravio de los internos por terrorismo recluidos en el Establecimiento Penal de Máxima Seguridad Miguel Castro Castro”. En dichas investigaciones no se logró individualizar a los responsables directos de los citados delitos. Dicho atestado fue cursado ante la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas .
Investigación y juzgamiento de cuatro internos
197.66. En el año 1992 la investigación fiscal relacionada con los hechos del presente caso estuvo encaminada a determinar exclusivamente la responsabilidad de los internos. El 1 de junio de 1992 la Décima Fiscalía Especial para casos de Terrorismo formalizó denuncia penal en contra de 4 internos presuntas víctimas en este caso, por los delitos de terrorismo, violación de la libertad personal, exposición o abandono de personas en peligro, tenencia ilegal de armas y materiales explosivos y violencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado, con base en los hechos suscitados como consecuencia del “Operativo Mudanza 1”. Mediante sentencia de 20 de abril de 1996, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, los acusados fueron condenados a cadena perpetua. Dicha sentencia fue anulada y se dio inicio a un nuevo juzgamiento .
197.67. El 3 de febrero de 2004 la Sala Nacional para Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia del Perú emitió una sentencia en la que, luego de meses de investigaciones, audiencias y tomas de declaraciones, absolvió a los internos que habían sido acusados por los delitos arriba mencionados . En dicha sentencia, la Sala de Terrorismo estableció, inter alia, que “el 6 de mayo de 1992 los internos de los pabellones Uno A y cuatro B no se encontraban amotinados, ni llevando a cabo acto de fuerza o despliegue de violencia alguna, que hubiere justificado una intervención de la fuerza pública de las características […] del operativo ‘Mudanza I’”. Asimismo estableció que “el mantenimiento por parte de los internos […] de una resistencia armada al desarrollo del operativo durante los cuatro días referidos, resultaba materialmente imposible, debido al volumen del fuego (de armas largas) y de las cargas de demolición a que eran sometidos los pabellones que ocupaban”. Además, señaló que “[l]o antes establecido no enerva el hecho que frente a las primeras acciones del operativo, se produjera una inicial resistencia armada por parte de un sector de los internos, la misma que el Colegiado Juzgador […] ha llegado a establecer que se produjo luego de compulsar no solo las versiones de los efectivos policiales que testificaron, sino también el hecho que se diera el fallecimiento del efectivo policial José Idroho Olano[, …] como consecuencia de haber recibido el impacto de proyectiles de armas de fuego en la cabeza, y heridas en [varios] efectivos policiales […] por esquirlas de explosivos algunos y proyectil de armas de fuego otros” .
Investigación contra miembros de la Policía Nacional
197.68. Ante la Segunda Sala del Consejo Superior de Justicia de la II Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú, se llevó a cabo un proceso originado en una denuncia contra el personal de la policía que participó en el “Operativo Mudanza 1”. Este proceso culminó con la Resolución No. 41592 de 5 de noviembre de 1992, que declaró que no había mérito para la apertura de instrucción contra los miembros de la Policía Nacional del Perú que intervinieron en el “operativo” por encontrarse en acto de servicio y en cumplimiento de la Ley, y se dispuso el archivo definitivo de la denuncia .
Proceso ante el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial
197.69. El 31 de mayo de 2005 la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas presentó la denuncia penal No. 35-02, por el Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, Homicidio Calificado, en agravio de presuntas víctimas fallecidas de este caso, basada en los hechos acontecidos en el Penal Miguel Castro Castro entre los días 6 y 10 de mayo de 1992 .
197.70. El 16 de junio de 2005 el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial expidió el Auto Apertorio de Instrucción del proceso No. 0045-2005, correspondiente a la investigación de los hechos suscitados en el Penal Castro Castro entre los días 6 y 9 de mayo de 1992, contra Juan Briones Dávila (ex Ministro del Interior), Adolfo Cuba y Escobedo (ex Director General de la Policía Nacional), Miguel Barriga Gallardo (General de la Policía Nacional del Perú), Teófilo Vásquez (Coronel de la Policía Nacional del Perú), Teniente General Federico Gonzalo Hurtado Esquerre (ex jefe DINOES de la Policía Nacional del Perú), Coronel Jesús Artemio Konja Chacon (Mayor de la Policía Nacional del Perú en 1992), General Alfredo Vivanco Pinto (Coronel de la Policía Nacional del Perú), Coronel Jesús Manuel Pajuelo García (Sub jefe del “Operativo Mudanza 1”), Comandante Jorge Luis Lamela Rodríguez, Mayor Félix Guilleromo Lizarraga Lazo, Coronel Estuardo Napoleón Mestanza Bautista y Mayor José Raúl Málaga Johnson por Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, Homicidio Calificado- Asesinato, y contra Gabino Marcelo Cajahuanca Parra (ex Director del Penal Miguel Castro Castro) por el delito de Omisión Impropia de Homicidio Calificado- Asesinato, en agravio de presuntas víctimas fallecidas de este caso. Además, contra cada uno de los encausados se dictó mandato de comparecencia restringida, y se ordenó practicar determinadas diligencias, tales como declaraciones instructivas de los encausados, declaraciones testimoniales y declaraciones preventivas de los familiares más cercanos de las víctimas .
197.71. El 7 de noviembre de 2005 el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial declaró complejo el proceso No. 0045-2005, debido a la cantidad de medios de prueba pendientes de práctica, la pluralidad de procesados y agraviados, el concurso de hechos materia de instrucción y la gravedad del delito materia de la investigación judicial. Además, ordenó ampliar el plazo de la instrucción por seis meses, a fin de que se practicaran determinadas diligencias, tales como declaración instructiva de un procesado, recibir declaración testimonial de 45 personas, y diligencias de ratificación pericial e inspección judicial .
197.72. El 16 de noviembre de 2005 el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial revocó el mandato de comparecencia restringida y decretó Mandato de Detención contra el señor Federico Hurtado Esquerre, debido a que este imputado no se presentó a rendir declaración .
197.73. El 25 de mayo de 2006 el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial amplió el proceso penal por el término de sesenta días, a efecto de que se practicaran diligencias .
197.74. Durante la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana los días 26 y 27 de junio de 2006, el señor Omar Antonio Pimentel Calle, Juez del Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, quien ha tramitado la investigación judicial en el fuero interno de los hechos materia del presente caso, expresó cuáles han sido las diligencias que se han llevado a cabo: recepción de 12 declaraciones instructivas de procesados y de 106 declaraciones testimoniales de efectivos policiales y de internos que presenciaron los hechos; ratificación pericial por parte de 8 médicos legistas suscriptores de los protocolos de necropsia de los internos occisos; ratificación pericial por parte de 8 peritos en balística suscriptores de los dictámenes periciales de balística forense practicados en los internos occisos; 15 diligencias de confrontación entre los inculpados, así como entre éstos y testigos; 2 diligencias de declaraciones preventivas de familiares de agraviados, quienes han sido los únicos que se han apersonado a la instancia y se han constituido en parte civil; inspección judicial en el Penal Miguel Castro Castro, que contó con la participación y presencia de los procesados, algunos internos testigos, médicos legistas y peritos; y reconocimiento de víctimas a nivel de la investigación preliminar. Además indicó que se están llevando a cabo acciones tendentes a: ubicar las armas incautadas al término del “Operativo Mudanza 1”; establecer la ubicación de los proyectiles de armas de fuego extraídos de los cuerpos de los occisos, así como los encontrados en las instalaciones de los pabellones 1A y 4B, rotonda y explanada de tierra de nadie, que permitirán la homologación para determinar el arma empleada; recabar información del armamento afectado al personal interviniente, así como los nombres de dicho personal, incluido el asignado a las diversas unidades policiales intervinientes en el “operativo” tales como DINOES, UDEX, SUAT y USE .
197.75. El 29 de agosto de 2006 el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial ordenó “abrir instrucción en la vía ordinaria contra Alberto Fujimori Fujimori, como presunto autor del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio Calificado, en agravio de [40 presuntas víctimas fallecidas en este caso]”. Asimismo se decretó en su contra “la medida de coerción personal de DETENCIÓN, ordenándose la inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional” y se ordenó practicar el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles y de las cuentas bancarias. Finalmente se dispuso practicar determinadas diligencias como declaraciones testimoniales, protocolos de necropcias, dictámenes periciales y recabar la información sobre el personal que laboró en el mes de mayo en el Penal Castro Castro así como de los internos que se encontraban en la época de los hechos en el mismo .
Costas y Gastos
197.76. Las presuntas víctimas y sus representantes realizaron gestiones y diligencias, y sufragaron los gastos correspondientes a su gestión ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos .
IX
LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL CONTEXTO DEL PRESENTE CASO
198. Tal como fue señalado (supra párr. 148), el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana.
199. Asimismo, dicho reconocimiento puede tener gran relevancia en el ámbito interno, pues los hechos que el Estado reconoce en el proceso ante esta Corte, es decir, más de catorce años después de ocurridos, se caracterizan por ser sumamente graves y tratarse de acciones realizadas de forma directa por agentes del Estado, que implican, por consiguiente, graves violaciones a derechos humanos protegidos en la Convención Americana. Durante muchos años esos hechos fueron negados o calificados de diversas formas tanto por distintas autoridades estatales como por algunos sectores de la sociedad civil y los medios de comunicación, y en múltiples ocasiones fueron enmarcados como legítimos dentro de la “lucha contra el terrorismo”.
200. Dadas las particularidades de este caso, la Corte estima adecuado exponer en el presente capítulo algunos factores correspondientes a los hechos que caracterizan la responsabilidad internacional del Estado en relación con su obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención que se alegan violados en este caso, tanto en los aspectos reconocidos por aquél como en los que quedan por determinarse en los próximos capítulos relativos al fondo y a las eventuales reparaciones. La Corte no pretende abarcar aquí todos los factores que aumentan la gravedad de los hechos de este caso, los cuales serán analizados en los capítulos correspondientes a las violaciones de la Convención, pero sí encuentra necesario resaltar algunos de esos factores, tales como el contexto histórico en que ocurrieron los hechos, y algunas características del llamado “Operativo Mudanza 1” que se deben tener presentes al momento de analizar las alegadas violaciones a la Convención.
El contexto histórico en que ocurrieron los hechos
201. El Estado reconoció los hechos expuestos en la demanda sobre lo sucedido del 6 al 9 de mayo de 1992 en el Penal Miguel Castro Castro y también se refirió al contexto en que ocurrieron, resaltando que se dieron dentro de “una situación de conflicto interno sumamente grave”, cuando el Gobierno se había apartado de la “institucionalidad democrática un mes antes de los [hechos]” y en el marco de una ley “que declaró la emergencia de los penales y brindó la ‘legitimidad’ a los actos que hoy est[á conociendo …] la Corte”. Asimismo, el Estado agregó que “es evidente” que “los actos de violencia se cometieron contra internos de determinada orientación”, ya que “fueron dirigidos contra dos pabellones, o contra un pabellón principalmente, el pabellón 1A y el pabellón 4B, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados de delitos de terrorismo vinculados al partido comunista del Perú Sendero Luminoso”.
202. Es importante destacar el contexto en que se produjeron los hechos, ya que ese constituye un entorno político e histórico determinante para el establecimiento de las consecuencias jurídicas en este caso, comprendiendo tanto las violaciones a la Convención como las correspondientes reparaciones.
203. Se vivía en Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policial y militar, que había generado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales . Al respecto, la Corte ha conocido de diversos casos de violaciones a derechos humanos que ocurrieron en ese contexto , y ha establecido que “dichas violaciones graves infringen el jus cogens internacional” . Existen antecedentes de casos correspondientes a la época abarcada entre 1991 y 2000, en que se sometió a personas acusadas de terrorismo o traición a la patria a múltiples violaciones de sus derechos humanos en los centros penales en los que estuvieron detenidos .
204. Con posterioridad a esa época de conflicto interno, que culminó aproximadamente en noviembre de 2000, diversos órganos del Estado han emitido decisiones pronunciándose sobre el referido contexto de violaciones a los derechos humanos, en las que inclusive se ha analizado de forma específica lo sucedido en el Penal Miguel Castro Castro.
205. Al respecto, cabe destacar la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (en adelante “CVR”) en el 2001 (supra párr. 197.3 a 197.7), la cual tenía la finalidad, inter alia, de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado. Del análisis de miles de denuncias que recibió, dicha Comisión determinó que la mayoría de violaciones correspondió a acciones atribuidas a funcionarios del Estado o personas que actuaron bajo su aquiescencia. En su informe final de 2003 la CVR dedicó un apartado a los hechos sucedidos en el penal Miguel Castro Castro titulado “Las ejecuciones extrajudiciales en el penal de Canto Grande (1992)”. En cuanto al contexto presente en mayo de 1992, época de los hechos, es ilustrativo lo señalado por la CVR en el sentido de que a partir del golpe de Estado de 5 de abril de 1992, y con el fin de combatir a grupos subversivos y terroristas, el Estado implementó en las prisiones prácticas incompatibles con la efectiva protección del derecho a la vida y otros derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos, así como el “uso desproporcionado de la fuerza en circunstancias críticas”. En cuanto a un contexto más general la CVR también indicó que
a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se estableció un régimen de facto que suspendió la institucionalidad democrática del país a través de la abierta intervención en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público y en otros órganos constitucionales. Se gobernó por decreto a través del denominado “Gobierno de Emergencia y Re-construcción Nacional”, que concentró durante un breve lapso las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, neutralizando en la práctica el control político y judicial sobre sus actos.
206. También es preciso resaltar que en el referido informe final de la CVR se analizó que, dentro de ese contexto de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno, las mujeres se vieron afectadas por la violencia de manera diferente a los hombres. La CVR incluyó en su informe un capítulo específico sobre la violencia sexual contra las mujeres y también se refirió a la situación que experimentaron las madres recluidas en centros penitenciarios. Asimismo, en dicho informe se concluyó que durante el conflicto interno y con motivo de éste los agentes estatales fueron responsables de aproximadamente un 83% de los casos de violación sexual contra las mujeres.
207. Asimismo, otro acto estatal de reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en el período comprendido de mayo de 1980 a noviembre de 2000 fue la promulgación por el Congreso del Perú de la Ley No. 28592 el 20 de julio de 2005, la cual “tiene por objeto establecer el Marco Normativo del Plan Integral de Reparaciones –PIR para las víctimas de la violencia ocurrida durante [dicho] período”, con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones de la CVR.
208. También resulta pertinente resaltar que la Defensoría del Pueblo del Perú se ha referido en varios informes a tal contexto, y ha dado seguimiento al proceso de reparación de las víctimas de la violencia de dicha época y, en particular, se ha pronunciado sobre la forma en que se han investigado las denuncias por tales violaciones a los derechos humanos .
209. La investigación interna que correspondía realizar por los hechos de este caso se vio afectada por la situación de impunidad imperante en el Perú en aquella época de graves violaciones a los derechos humanos. Recientemente, trece años después de ocurridos los hechos, el 16 de junio de 2005 un juzgado abrió un proceso penal correspondiente a la investigación de hechos suscitados en el Penal Castro Castro entre los días 6 y 9 de mayo de 1992, aspectos que serán analizados en el capítulo sobre la alegada violación a los artículos 8 y 25 de la Convención (infra párrs. 372 a 408). Hace casi tres meses se ordenó abrir instrucción en un proceso penal en la vía ordinaria contra Alberto Fujimori Fujimori por algunos de los hechos del presente caso (supra párr. 197.75), en cuyo auto de apertura el juez penal indicó, inter alia, que:
fluye de las investigaciones preliminares, que se incrimina a ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, en su calidad de Ex Presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú, haber ordenado la planificación y ejecución de un plan para asesinar a dirigentes e integrantes de Sendero Luminoso, sucesos acontecidos en el Establecimiento Penal de Regimen Cerrado Especial Miguel Castro Castro, entre el seis al diez de mayo de mil novecientos noventidós, para lo cual el denunciado, como parte de su estrategia integral contra el terrorismo, que anunciara después del denominado autogolpe de Estado de fecha cinco de abril de mil novecientos noventa y dos, dictó el Decreto Ley Número veinticinco mil cuatrocientos veintiuno de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y dos, declarando en estado de reorganización al Instituto Nacional Penitenciario […] .
El llamado “Operativo Mudanza 1” que inició el 6 de mayo de 1992
210. En el contexto descrito, el Estado realizó el llamado “Operativo Mudanza 1”, que según fuentes oficiales pretendía el traslado de las internas que se encontraban en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro a otra cárcel de máxima seguridad de mujeres. En ese pabellón se hallaban aproximadamente 135 internas mujeres y 50 varones (supra párr. 197.13). Asimismo, se encuentra acreditado que el “operativo” también se dirigió contra el pabellón 4B de dicho centro penal, en el que había aproximadamente 400 internos varones. Las internas e internos ubicados en esos pabellones del penal se encontraban acusados o sentenciados por los delitos de terrorismo o de traición a la patria, y eran presuntamente miembros del Sendero Luminoso (supra párr. 197.13).
211. En cuanto al inicio de este “operativo”, las partes coinciden en que el primer acto se presentó el 6 de mayo de 1992 aproximadamente a las 4:00 horas, cuando efectivos de las fuerzas de seguridad peruanas iniciaron una incursión en el pabellón 1A, derribando parte de la pared mediante el uso de explosivos, para lo cual se produjeron tres detonaciones sucesivas. Simultáneamente, los efectivos policiales abrieron huecos en los techos, desde los cuales dispararon (supra párr. 197.20). Ello se encuentra apoyado por la prueba aportada al expediente de este caso.
212. No escapa a la consideración de la Corte la magnitud de la fuerza utilizada en ese primer acto del “operativo” realizado en la madrugada del 6 de mayo de 1992. La Comisión resaltó en su demanda que “las fuerzas de seguridad del Estado emplearon, desde el inicio del ‘operativo’, fuerza excesiva e inclusive material bélico que ocasionó la destrucción parcial de los pabellones”.
213. Según las explicaciones del Estado, en la época de los hechos se utilizó la fuerza porque los internos se encontraban amotinados. Sobre este punto, la Comisión señaló en la demanda que “las autoridades encontraron resistencia” para realizar el “operativo” de traslado y ello “desencadenó en la utilización de la fuerza”, aunque en su escrito de alegatos finales se refiere a que “supuestamente se produjo resistencia al traslado”. En la misma demanda asume una posición poco clara al indicar que “es irrelevante quien ejecutó la primera agresión […]”. Asimismo, en la demanda la Comisión afirmó que se cometió una “masacre […] contra los internos del Centro Penal ‘Miguel Castro Castro’”. En la demanda también señaló que “[e]l hecho de que los internos recluidos en los pabellones ‘1A’ y ‘4B’ del penal ‘Castro Castro’ contaran con armas, cuyo número, características y funcionalidad era desconocida por las fuerzas de seguridad peruanas evidenciaba una voluntad de resistencia al operativo de traslado[, …] situación [que] autorizaba el uso gradual de fuerza”. Estas últimas afirmaciones no fueron sostenidas por la Comisión en su escrito de alegatos finales, sino que al referirse a la “ejecución extrajudicial de internos desarmados”, la Comisión señaló en dichos alegatos que “en casos como los del Penal Castro Castro […] se constata que el uso de armas de fuego no es necesario y que[,] en todo caso, la motivación anunciada para la operación no es la real”.
214. La interviniente común señaló que no existía un motín que justificara el uso de fuerza por parte del Estado, y que “[n]ada en la prueba actuada durante el proceso ante la Comisión probó que en efecto el operativo ‘Mudanza I’ fue un operativo legal con fines de un traslado de prisioneros”. Asimismo, la interviniente indicó que “[l]a Comisión […] se asienta en la versión de los hechos reflejad[a] en un reporte emanado de un organismo Estatal peruano (la CVR)”, y que dicho reporte “se contradice con todo lo actuado ante la Comisión misma (prueba nunca refutada por el Estado peruano) y más aún que en sus aspectos fundamentales se contradice con las conclusiones del órgano judicial peruano (Sala Nacional de Terrorismo) que investigó hechos relativos a lo sucedido en Castro Castro emitiendo sentencia en los primeros meses de 2004”. Además, la interviniente enfatizó que “[s]i el objeto hubiera sido un ‘necesario’ traslado de mujeres prisioneras a otra prisión ‘porque ya no existía capacidad en dicho penal’ ¿por qué se continuó llevando prisioneras hasta la última semana a precisamente dicho lugar?”.
215. No ha sido probado ante esta Corte que existiera un motín cuando se realizó ese primer acto del “operativo”, ni otra situación que ameritara el uso legítimo de la fuerza por los agentes del Estado. Por el contrario, el comportamiento observado por los agentes de seguridad, altas autoridades del Estado y otros funcionarios estatales durante los cuatro días que duró el “operativo”, así como con posterioridad a éste, demuestran que se trató de un ataque ejecutado para atentar contra la vida e integridad de las internas e internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro.
216. Para llegar a la conclusión de que no existía una causa que ameritara el uso legítimo de la fuerza por los agentes estatales y que se trató de un ataque ejecutado para atentar contra la vida e integridad de las internas e internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B, la Corte ha tomado en consideración, entre otras, las siguientes actuaciones y omisiones en que incurrieron las autoridades estatales en la época de los hechos:
• las autoridades estatales no notificaron que el día 6 de mayo de 1992 realizarían un traslado de las internas (supra párr. 197.15);
• el primer acto del “operativo” fue sumamente violento y no hay prueba de que los agentes estatales hubieren recurrido a las medidas que es indispensable adoptar previamente al uso de la fuerza; es decir, el primero y único recurso fue el ataque contra las internas;
• desde el primer acto se utilizaron explosivos para derribar la pared externa del pabellón 1A (supra párr. 197.20);
• desde el primer día del “operativo” y durante los tres siguientes se empleó armamento que los peritos han calificado como de guerra o propio de una “incursión militar” (supra párrs. 186 y 187), tales como granadas tipo instalazza, bombas, cohetes, helicópteros de artillería, morteros y tanques, así como también utilizaron bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de los internos. El perito Peerwani, quien es experto forense (supra párr. 187), resaltó que se utilizaron armas de gran velocidad que se caracterizan por producir una mayor destrucción en los tejidos y muchas heridas internas en el cuerpo, además que llevan consigo una gran cantidad de energía cinética, que tiende a rebotar en su objetivo, causando aún más daño;
• la magnitud de la fuerza empleada también se desprende de que en el “operativo” participaron agentes de la policía, del ejército y de fuerzas especiales tales como DINOES, UDEX, SUAT y USE, quienes incluso se ubicaron como francotiradores en los techos del penal y dispararon contra los internos (supra párr. 197.21);
• el tipo de heridas sufridas por los internos confirman que los prisioneros esquivaron descargas de armas de fuego dirigidas hacia ellos; y algunos prisioneros murieron a causa de explosiones y quemaduras (supra párr. 187). Asimismo, los prisioneros presentaban heridas en la espalda y en las extremidades. Además, la mayoría de los internos que fallecieron presentaban entre 3 y 12 impactos de bala en zonas de la cabeza y el tórax (supra párr. 197.39);
• a pesar de que durante el desarrollo del “operativo” varios órganos internacionales y otras organizaciones ofrecieron su intervención para que cesara la violencia, el Estado no utilizó medios que no fueran la fuerza letal (supra párr. 197.35);
• en el último día del “operativo” los agentes estatales dispararon contra los internos que salieron del pabellón 4B, después de haber pedido que no les dispararan; es decir, dispararon indiscriminadamente contra internos que estaban bajo el control de las autoridades estatales, y no significaban un peligro que ameritara el uso de la fuerza (supra párr. 197.37);
• algunos internos que se encontraban bajo el control de las autoridades estatales fueron separados del grupo y ejecutados por agentes estatales (supra párr. 197.38);
• durante los días del “operativo” se publicó que, en al menos dos ocasiones (supra párr. 197.28 y 197.30), el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, se reunió en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, conocida como “Pentagonito”, con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares, para evaluar la situación del penal y determinar las acciones por seguir. Asimismo, el día 10 de mayo Fujimori se presentó en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios del presidio (supra párr. 197.42);
• una vez terminado el “operativo” y encontrándose los internos bajo el control de las autoridades estatales, el Estado no brindó a algunos de ellos la necesaria asistencia médica, durante horas, y a otros durante días, como consecuencia de lo cual algunos murieron y otros resultaron con secuelas físicas permanentes (supra párr. 197.43 y 197.47);
• después de concluido el “operativo” algunos de los internos heridos que permanecieron durante horas sin asistencia médica fueron llevados a hospitales, en los que varios de ellos no recibieron los medicamentos que requerían (supra párr. 197.47); y
• las autoridades estatales incurrieron en graves omisiones en la recolección, preservación y análisis de la prueba: no se hicieron pruebas toxicológicas; no se recolectó evidencia como casquillos de balas o fragmentos de metal; no se recolectaron huellas digitales ni la ropa de los fallecidos (supra párr. 187); los protocolos de necropsia y los dictámenes periciales de balística forense practicados en los internos occisos fueron realizados de forma incompleta; no se preservaron las armas incautadas en el “operativo” ni los proyectiles de armas de fuego extraídos de los cadáveres, así como los encontrados en los pabellones 1A y 4B, y en la “rotonda” y “tierra de nadie” del Penal Castro Castro; y recientemente el 21 de abril de 2006 se llevó a cabo una diligencia de inspección judicial en el penal (supra párr. 197.74).
217. Es importante observar las diferencias que hubo en el número de bajas: 41 internos identificados y un policía, así como el número de internos heridos (aproximadamente 190) en contraste con aproximadamente 9 agentes policiales heridos (supra párr. 197.40). El Estado no ha establecido la causa de la muerte del policía ni de las heridas de los referidos agentes.
218. En este orden de consideraciones es preciso hacer referencia a lo establecido en la sentencia emitida el 3 de febrero de 2004 por la Sala Nacional para Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia del Perú (supra párr. 197.67), que absolvió a los cuatro internos acusados de terrorismo, violación de la libertad personal, exposición o abandono de personas en peligro, tenencia ilegal de armas y material explosivo y violencia y resistencia a la autoridad “en agravio del Estado y otros”, con base en los hechos suscitados como consecuencia del desarrollo del “Operativo Mudanza 1”. En dicha sentencia la Sala Nacional de Terrorismo estableció, inter alia, que “el 6 de mayo de 1992 los internos de los pabellones Uno A y cuatro B no se encontraban amotinados, ni llevando a cabo acto de fuerza o despliegue de violencia alguna que hubiere justificado una intervención de la fuerza pública de las características del operativo ‘Mudanza I’”. La prueba testimonial rendida ante esta Corte también coincide en que no existía un motín de los internos cuando el Estado dio inicio al ataque (supra párrs. 186 y 187).
219. Debido a que esta Corte ha tenido por probado que no existía un motín ni otra situación que ameritara el uso legítimo de la fuerza al inicio del “Operativo Mudanza 1”, resulta innecesario e irrelevante entrar a considerar la controversia sobre la posesión y utilización de armas por parte de los internos, punto respecto del cual no existe prueba concluyente.
220. En el presente caso es claro que los actos estatales del llamado “Operativo Mudanza 1”, que duró cuatro días, fueron ampliamente difundidos en la sociedad peruana, fueron tratados por los medios de comunicación y públicamente por las autoridades estatales como acciones estatales tendientes a controlar un amotinamiento de reclusos considerados como miembros de grupos subversivos, así como también significaron una exposición pública acerca de la magnitud de fuerza que el Estado era capaz de utilizar en la lucha antisubversiva.
221. Los hechos, realizados de forma directa por agentes estatales cuya actuación se encontraba protegida por su autoridad, se dirigieron contra personas recluidas en un centro penal estatal, es decir, personas respecto de quienes el Estado tenía la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad y protección especiales, en su condición de garante directo de sus derechos, puesto que aquellas se encontraban bajo su custodia .
222. Otro dato importante que este Tribunal tomará en cuenta al analizar la responsabilidad internacional del Estado es que los referidos actos de violencia extrema del llamado “Operativo Mudanza 1” se encontraron dirigidos, en primer término, contra las internas recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro (supra párr. 197.20). Posteriormente se dirigió la fuerza contra el pabellón 4B del penal (supra párr. 197.23, 197.24 y 197. 31), una vez que las internas empezaron a pasar a este pabellón para protegerse, y que los internos del 4B comenzaron a ayudarlas. En la época de los hechos, las altas autoridades estatales consideraban que esas mujeres ubicadas en el pabellón 1A eran miembros de organizaciones subversivas y ello determinaba, en gran medida, la actuación estatal.
223. Al analizar los hechos y sus consecuencias la Corte tomará en cuenta que las mujeres se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres, que algunos actos de violencia se encontraron dirigidos específicamente a ellas y otros les afectaron en mayor proporción que a los hombres. Ha sido reconocido por diversos órganos peruanos e internacionales que durante los conflictos armados las mujeres enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como lo son los actos de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es utilizada como “un medio simbólico para humillar a la parte contraria” .
224. Es reconocido que durante los conflictos armados internos e internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección.
225. Al respecto, en su Informe Final la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú afirmó que en el conflicto armado existió “una práctica […] de violaciones sexuales y violencia sexual contra mujeres principalmente”, la cual “es imputable […] en primer término a agentes estatales [… y] en menor medida a miembros de los grupos subversivos”. Asimismo, la CVR señaló que durante el referido conflicto los actos de violencia sexual contra las mujeres tenían como objetivos castigar, intimidar, presionar, humillar y degradar a la población.
226. La Corte ha constatado que diversos actos que se dieron en el presente caso en perjuicio de las mujeres respondieron al referido contexto de violencia contra la mujer en dicho conflicto armado (infra párrs. 306 a 313).
227. Con base en lo expuesto en este capítulo en relación con el contexto en que ocurrieron los hechos y sobre la ejecución del llamado “Operativo Mudanza 1”, que buscaba atentar contra la vida e integridad de las internas e internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Castro Castro, la Corte ha tenido por establecido que en el presente caso se presentaron múltiples factores que determinan la gravedad de tales hechos y que serán considerados por este Tribunal para determinar las consecuencias jurídicas en los siguientes capítulos sobre las alegadas violaciones a la Convención Americana.
X
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 4 (DERECHO A LA VIDA)
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
Alegatos de la Comisión
228. En cuanto a la alegada violación del artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, la Comisión alegó, en resumen, lo siguiente:
“Falta de prevención y uso excesivo de la fuerza”
a) hubo una manifiesta falta de previsión de las autoridades peruanas en supervisar y controlar a los internos dentro de los pabellones en los que supuestamente se produjo la resistencia al traslado, y en la facilitación del ingreso de armas;
b) al iniciar el operativo el Estado no recurrió a mecanismos alternativos tendientes a lograr una solución negociada al traslado o a debilitar la capacidad de resistencia de los internos y rechazó en forma expresa la intervención de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Comisión Episcopal de Acción Social, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las fuerzas de seguridad del Estado emplearon, desde el inicio del operativo, fuerza excesiva e inclusive material bélico que ocasionó la destrucción parcial de los pabellones materia del operativo;
c) una acción de traslado de detenidos debe ser planeada y controlada para reducir al mínimo el uso de la fuerza y los riesgos para la vida y la integridad física de las personas involucradas, y debe contar con las previsiones necesarias para determinar las responsabilidades de los agentes estatales que hagan uso de las armas;
d) el uso legítimo de la fuerza pública implica, entre otros factores, que ésta debe ser necesaria y proporcionada. La policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben proteger los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, pudiendo emplear la fuerza, únicamente, en caso de peligro directo o inminente de muerte o de lesiones para los propios agentes u otras personas;
e) para resistir el ingreso de la fuerza pública al penal, algunos de los internos pudieron haber accionado armas de fuego, existiendo discrepancia entre las partes respecto al número, poder, alcance y funcionalidad de dichas armas. Esta situación no se pudo esclarecer debido al manejo irregular de la evidencia y la destrucción parcial de los resultados de la investigación;
f) la prueba aportada por el Estado demuestra que la mayoría de las víctimas mortales presentaban entre 3 y 12 impactos de bala, algunos de éstos en sus extremidades inferiores, y que otras víctimas mortales y heridos presentaban lesiones compatibles con las producidas por objetos contundentes o corto punzantes y laceraciones que pudieran ser consecuencia de golpes. Adicionalmente, está demostrada la forma en que se ejecutó el operativo desde un comienzo, empleando explosivos para derribar paredes, y hasta su conclusión, con la demolición parcial del pabellón 4B del penal Castro Castro, lo que evidencia un uso desproporcionado de la fuerza, y en forma indiscriminada contra cualquier interno sin atender al hecho de que se hubiera rendido o entregado;
g) el tipo de armamento empleado durante la incursión permite concluir que la intención de los agentes estatales era ocasionar grave daño físico y psicológico, así como la eliminación del mayor número de internos posible;
h) la falta de prevención de las autoridades para impedir el ingreso de armas al centro penal y su posesión, la tenencia de explosivos de fabricación casera por parte de los internos, y el uso desproporcionado de la fuerza a lo largo de los 4 días que duró la incursión, permiten atribuir al Estado las muertes ocurridas desde el primer día del operativo “Mudanza 1” hasta los instantes anteriores a la rendición de los reclusos, el 9 de mayo de 1992, constituyendo violaciones al artículo 4 de la Convención Americana y un inclumplimiento de la obligación general de respeto y garantía contemplada en el artículo 1.1 de la misma;
“Ejecuciones extrajudiciales”
i) en los alegatos finales indicó que “la falta de capacitación así como la falta de control del operativo se evidencia, en casos como el del penal Castro Castro, en hechos que degeneran en la ejecución extrajudicial de internos desarmados. En estos casos se constata que el uso de armas de fuego no es necesario y que, en todo caso, la motivación anunciada para la operación no es la real”;
j) una vez que los prisioneros “fueron sometidos” y se encontraban notoriamente indefensos, varios estando gravemente heridos, el Estado tenía el deber de tratar humanamente a estas personas en toda circunstancia, y de evitarles cualquier tipo de daño, sin que fuera justificable el uso de la fuerza letal. Tras la rendición de los prisioneros, las fuerzas de seguridad ejecutaron en forma selectiva a por lo menos 11 reclusos mientras estos salían del pabellón 4B; y posteriormente al menos 5 prisioneros fueron separados por las fuerzas de seguridad del grupo de internos rendidos ubicados en el patio denominado “tierra de nadie”, apareciendo muertos en otros lugares del penal. Esas 16 personas, identificadas desde antes de los hechos como dirigentes de “Sendero Luminoso”, fueron ejecutadas extrajudicialmente, presumiblemente en cumplimiento de órdenes emanadas del Director de Inteligencia del Ejército, del Comandante de las Fuerzas Armadas y del propio Presidente de la República, por lo que la Comisión alega la violación del artículo 4 de la Convención y de la obligación general de respeto y garantía contemplada en el artículo 1.1 del mismo instrumento, también por estos hechos;
k) en los alegatos finales indicó que, al menos en un caso, uno de los internos fue trasladado con vida a la morgue, donde se pretendió ejecutarlo, acción impedida por su madre y un médico de dicho establecimiento;
“Falta de investigación”
l) cuando el uso de fuerza ha ocasionado muerte, o inclusive lesiones, el Estado tiene la obligación internacional de determinar, a través de órganos judiciales independientes e imparciales, si la fuerza utilizada fue excesiva y, en su caso, debe sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como indemnizar a las víctimas o a sus familiares. Si no realiza la investigación en tales términos el Estado incurre en responsabilidad internacional relacionada con su obligación de garantizar el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana. Además se estaría creando un ambiente de impunidad, en el que pudieran repetirse estos hechos contrarios al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida. Aún cuando no se haya determinado el autor individual de la violación, corresponde al Estado indemnizar a la víctima o a sus familiares si tal violación fue cometida por un agente estatal;
m) la fragmentaria documentación entregada por el Estado bajo la denominación de “certificados de necropsia” e “informes médico forenses” contiene únicamente descripciones incompletas de las heridas sufridas por las víctimas mortales y de las lesiones encontradas en algunos de los heridos, sin determinar su ubicación externa, posible causa y forma de producción, antigüedad, trayectoria y orificios de entrada o salida (en el caso de heridas producidas por impactos de bala). Tampoco se da cuenta en dichos informes de los proyectiles recuperados de los cuerpos de las víctimas. De igual modo, la ausencia de actas de levantamiento de los cadáveres es una omisión trascendental que contribuye a la imposibilidad de determinar técnicamente las circunstancias de las muertes en relación con los autores materiales de las mismas, ya que la única evidencia con la que cuenta la Comisión para saber cómo ocurrieron las muertes son las declaraciones escritas aportadas por los peticionarios y no controvertidas por el Estado, así como lo descrito en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación;
n) una parte del expediente interno fue incinerada, al amparo de lo dispuesto por el R.M.N° 456-90-IN-PNP y el artículo 35 del Reglamento de Documentación Policial. La destrucción de evidencia esencial para el pleno esclarecimiento de los hechos constituye una obstaculización a la justicia;
o) debido al patrón de obstrucción a la justicia en el presente caso y ante el incumplimiento del Estado de su obligación de actuar con la debida diligencia para esclarecer la “masacre” cometida en el Penal Castro Castro, el Perú es responsable por la violación del derecho a la vida y del inclumplimiento de la obligación general de respeto y garantía contemplada en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de las personas individualizadas en el apartado 42.1 de la demanda;
“Incumplimiento por parte del Estado con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana”
p) en su escrito de alegatos finales indicó que casi un centenar de las víctimas del presente caso son mujeres, para quienes las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos analizadas resultaron particularmente gravosas;
q) en su escrito de alegatos finales indicó que los deberes de prevención, investigación y sanción a cargo del Estado han sido recogidos por la Convención de Belém do Pará, que si bien no estaba vigente para el Perú en la época de los hechos, puede ser utilizada a efectos de analizar la responsabilidad estatal por las violaciones a los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 de la misma; y
r) en su escrito de alegatos finales indicó que el derecho a estar exento de violencia en la esfera pública y en la esfera privada, estipulado en el artículo 3 de la Convención de Belém do Pará, incluye el derecho a la protección de otros derechos básicos, entre ellos la vida. En consecuencia, existe una conexión integral entre las garantías establecidas en la Convención de Belém do Pará y los derechos y libertades básicos estipulados en la Convención Americana, que se aplica al tratar la violencia contra la mujer como violación de los derechos humanos.
Alegatos de la interviniente común
229. En cuanto a la alegada violación del artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, la interviniente común alegó que:
“La violación flagrante del principio de derecho general de las consideraciones elementales de humanidad en el caso sub judice”
a) de la prueba se desprende que los hechos fueron un “deliberado ataque militar por parte del Estado contra personas privadas de libertad bajo su custodia, indefensas, abarrotadas en un edificio, [sin medio de escape], entre quienes se encontraban personas en estado avanzado de gestación, ancianas y discapacitados, quienes fueron sometidos a cuatro días de ininterrumpido uso de fuerza armada por aire y por tierra, con armas especialmente escogidas para causar un daño atroz e inhumano […] con el propósito de su exterminio”. Dicho ataque violó toda consideración de humanidad con respecto a la vida e integridad de los presos;
“La existencia de un conflicto armado y el derecho a la vida y la integridad de los prisioneros de los pabellones 1A y 4B”
b) las personas que se encontraban detenidas en el penal eran civiles bajo la custodia del Estado y, por tanto, estaban protegidas por el artículo común 3 de las Convenciones de Ginebra, el cual prohíbe ataques contra personas que, dentro de un conflicto armado, no estén tomando parte en hostilidades, están fuera de combate o privadas de su libertad;
“Hermenéutica del derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos”
c) el operativo en la prisión “Castro Castro” tenía el fin ilegal de asesinar en masa a los prisioneros, “por tanto no cabe aquí aplicar tests de proporcionalidad. No existen ‘masacres proporcionales y no proporcionales’. Las masacres que han sido planeadas, ordenadas y dirigidas como tal[es] son actos ilegales bajo el derecho internacional”;
d) se utilizaron armas de gases de fósforos blanco, clasificadas como incendiarias, y balas de alta velocidad. El uso de estas armas contra civiles y combatientes, o como armas antipersonales, está prohibido por el derecho internacional humanitario;
e) la violación al artículo 4 de la Convención Americana también se refiere a conductas dirigidas a privar de la vida a una persona, “tal es así que la conducta de un Estado de amenaza inminente contra la vida (como se dio contra todos los sobrevivientes los 4 días) constituye una violación a las obligaciones del Estado peruano bajo [este] artículo”;
“La violencia de género en el presente caso”
f) la masacre fue inicialmente dirigida contra las aproximadamente 133 mujeres que se encontraban en el pabellón 1-A de la prisión Miguel Castro Castro, con el objeto de exterminarlas, convirtiéndose en blancos singularizados del ataque contra la prisión. Muchas de las internas fueron asesinadas a quemarropa;
g) en los alegatos finales orales indicó que al momento de los hechos la interna Eva Challco se encontraba embarazada de aproximadamente 7 meses y dio a luz prematuramente el 27 de junio de 1992. Sadi, el hijo de Eva Challco, “ha debido ser considerado como presente en el pabellón 1A, ya que él estaba a apunto de nacer y ha sido víctima directa de todo el ataque como persona que ya físicamente se encontraba allí dentro del vientre de Eva”;
“Crímenes de Estado y la Responsabilidad Internacional de Estado”
h) “las violaciones de derechos humanos […] no fueron ‘excesos’ de algunos policías que no supieron como ‘controlar’ una situación de violencia en la prisión. Fue una masacre planeada desde los escalones más altos del Estado peruano, […] existió una cadena de comando” desde Alberto Fujimori, el Consejo de Ministros y los altos mandos militares del Perú;
“Crímenes de lesa Humanidad”
i) “las violaciones materia [de este caso …] constituyen por lo menos, crímenes de lesa humanidad”;
“Genocidio”
j) “las violaciones materia [de este caso …] fueron cometidas contra las víctimas teniendo como blanco su alegada pertenencia a un grupo específico (o considerados por el Estado peruano como ‘permeables’ a ideas comunistas), con el intento de destruir a dicho grupo en todo o parte”. Si bien en el presente caso la identidad del grupo de presuntas víctimas no es una categoría protegida bajo la definición de la Convención para la Prevención y Sanción al Crimen de Genocidio, “el Estado del Perú [en su Código Penal] ha consentido a una definición de genocidio que amplía la definición reflejada en [dicha] Convención, incluyendo al ‘grupo social’ entre los grupos protegidos y por tanto está[n] vinculados vis a vis aquellos bajo su jurisdicción a no someter a aquellos grupos sociales a actos genocidas”; y
k) en el presente caso se configura el genocidio en virtud de que el Estado “es responsable por asesinar miembros del grupo de prisioneros en cuestión”, causarles daño físico y mental de gravedad, así como someter a dicho grupo a “condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física en todo o en parte”. Además estos actos fueron cometidos contra estos prisioneros “por considerárseles parte de un grupo específico el cual era blanco del Estado”. El “intento” o “dolo specialis” que requiere el crimen de genocidio puede ser demostrado por diversos actos atribuidos al Estado.
Alegatos del Estado
230. El Estado expresó:
a) en su escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, que “acepta el incumplimiento de la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana[, …] acepta la responsabilidad parcial en las violaciones del derecho a la vida[, …] en tanto el Poder Judicial del Perú no se pronuncie sobre la verdad histórica y detallada de los sucesos acaecidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992”;
b) en sus alegatos finales orales señaló que el Perú, durante veinte años, vivió una situación de conflicto interno sumamente grave” y que “los hechos del 6 al 9 de mayo [ de 1992 …] se cometieron contra internos de determinada orientación. Los actos de violencia fueron dirigidos contra dos pabellones, o contra un pabellón principalmente, el pabellón 1 A y el pabellón 4B, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados de delitos de terrorismo vinculados al partido comunista del Perú Sendero Luminoso[. … E]l acto tuvo un destino directo: atacar a Sendero Luminoso”;
c) en sus alegatos finales escritos que “si bien a nivel del Fuero Interno se determinarán las responsabilidad individuales, en los términos [d]el proceso actualmente en trámite ante el Poder Judicial […,] no se puede dejar de reconocer la magnitud de los hechos a que se refiere el presente proceso y la responsabilidad del Estado Peruano en los mismos”; y
d) que “reconoce su responsabilidad de los hechos acaecidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992”.
Consideraciones de la Corte
231. El artículo 1.1 de la Convención señala que:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
232. El artículo 4.1 de la Convención dispone que:
[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
233. El Tribunal considera pertinente analizar la violación del artículo 4 de la Convención debido a la gravedad de los hechos, a las circunstancias en que acontecieron y a que el Perú no reconoció los hechos posteriores al 9 de mayo de 1992 (supra párrs. 150 a 152).
234. Tal como fue indicado por la Corte (supra párr. 227), en el análisis del presente capítulo se tomarán en cuenta los señalados datos que determinan la gravedad de los hechos de este caso. Por ello es preciso partir de que lo sucedido en el Penal Miguel Castro Castro fue una masacre y que carece de fundamento afirmar que los internos significaran un peligro para los agentes estatales que ameritase un ataque de tal magnitud (supra párrs. 215 a 219). Cuando se realizó el primer acto del “operativo” no existía motín de los internos, ni otra causa que determinara el uso legítimo de la fuerza por los agentes estatales (supra párr. 215). Por el contrario, el comportamiento observado por los agentes de seguridad, altas autoridades del Estado y otros funcionarios estatales durante los cuatro días que duró el “operativo”, así como con posterioridad a éste, demuestran que se trató de un ataque ejecutado para atentar contra la vida e integridad de los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B. Al respecto, en la sentencia que emitió la Sala Nacional de Terrorismo el 3 de febrero de 2004 se indicó que “existen elementos que generan sospecha razonable en el Colegiado Juzgador, respecto que, con motivo del operativo Mudanza uno, se habría planificado desde las más altas esferas del gobierno […] la eliminación física de los internos por terrorismo que ocupaban los pabellones Uno A y cuatro B” (supra párr. 197.17).
235. Al respecto, al reconocer su responsabilidad internacional por los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, el propio Estado manifestó que “los actos de violencia se cometieron contra internos de determinada orientación”, quienes estaban en “el pabellón 1A y el pabellón 4B, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados de delitos de terrorismo vinculados al partido comunista del Perú, Sendero Luminoso”. Según señaló el Estado, “el acto tuvo un destino directo: atacar a Sendero Luminoso” y “desde la estrategia militar del Gobierno de ese entonces hubo un direccionamiento de las acciones hacia ese partido, hacia ese grupo, hubo una lógica de guerra [al] adversario”.
236. Este caso se presentó en un contexto de sistemática violación a los derechos humanos, en el que hubo ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, como Sendero Luminoso, y dichas prácticas eran realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales (supra párr. 203).
237. La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos . Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él . La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) , conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción . Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas .
238. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas de seguridad , situación que se ve agravada cuando existe un patrón de violaciones de los derechos humanos . De manera especial, los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción .
239. Como se desprende de los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, los cuerpos de seguridad estatales solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea “estrictamente inevitable para proteger una vida” y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas .
240. Como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta Corte reconoce la existencia de la facultad e incluso la obligación del Estado de garantizar la seguridad y mantener el orden público, en especial dentro de las cárceles, utilizando la fuerza si es necesario . Al respecto, también ha establecido que al reducir alteraciones al orden público el Estado debe hacerlo con apego y en aplicación de la normativa interna en procura de la satisfacción del orden público, siempre que esta normativa y las acciones tomadas en aplicación de ella se ajusten, a su vez, a las normas de protección de los derechos humanos aplicables a la materia . El poder estatal no es ilimitado; es preciso que el Estado actúe ‘‘dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana” . En casos que esta Corte ha conocido en los que el Estado ha utilizado la fuerza para mantener el orden dentro de centros penales cuando se presenta un amotinamiento, cosa que no sucedió en el presente caso, el Tribunal ha analizado si existían elementos suficientes para justificar la magnitud de la fuerza utilizada .
241. Sin embargo, tal como fue establecido (supra párr. 215), al momento en que el Estado inició el “operativo” los internos no se encontraban amotinados y no se ha probado que existiera ninguna causal que ameritara el uso legítimo de la fuerza por los agentes estatales en ese primer acto del ataque. La resistencia que opusieron los internos se presentó después del ataque, como reacción normal a la ofensiva de las fuerzas de seguridad, por un instinto natural de defensa de la vida e integridad física.
242. Durante los cuatro días que duró el llamado “Operativo Mudanza 1” los internos de los pabellones 1A y 4B vieron constantemente amenazadas sus vidas por la intensidad del ataque, que implicó el uso de armas de guerra y la participación de agentes de la policía, del ejército y de fuerzas especiales, y por la magnitud de los daños que producía (supra párr. 197.18 a 197.38). Según la prueba aportada al expediente, los internos pasaron esos cuatro días buscando formas de sobrevivir ante las múltiples y constantes acciones estatales que les podían producir la muerte.
243. Asimismo, de acuerdo a los hechos expuestos, perdieron la vida 41 personas identificadas. Del análisis de los certificados de necropsia de los cadáveres surge que la mayoría de las víctimas presentaban de 3 a 12 heridas de bala en la cabeza y tórax (supra párr. 197.39). De igual manera, de los exámenes físicos realizados por el perito José Quiroga, que describe las heridas de 13 de los sobrevivientes, surge que por lo menos cuatro presentan heridas de arma de fuego en partes del cuerpo donde se presume que la consecuencia del disparo sería la muerte, como son la cabeza, cuello y tórax. Por estas razones, entre otras, se puede concluir que los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad no tenían la finalidad de inmovilizar o persuadir a los internos, sino causar un daño irreparable a la vida de dichas personas.
244. En el presente caso las fuerzas de seguridad, en una actitud coherente con el fin que tenía el “Operativo Mudanza 1”, no hicieron nada por utilizar otros medios que no fueran el uso de la fuerza letal (supra párr. 216); así, se rechazó el ofrecimiento de intervención realizado por la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
245. La gravedad de los hechos del presente caso se refleja de evidencia al analizar la forma en la que fueron ejecutados algunos internos, quienes el último día del “operativo” anunciaron a los agentes estatales que iban a salir del pabellón 4B y pidieron que dejaran de disparar; sin embargo, al salir fueron recibidos por ráfagas de balas provenientes de disparos de agentes estatales (supra párr. 197.37). Los demás internos que también decidieron salir del pabellón 4B corrieron la misma suerte (supra párr. 197.37). Ese último día otro grupo de internos, quienes también se encontraban bajo el control de las autoridades estatales, fueron separados del grupo y ejecutados por agentes estatales (supra párr. 197.38). En estos casos es notaria la forma deliberada en que actuaron las fuerzas de seguridad para privar a los reclusos de la vida. Por la situación en que se encontraban esos internos no había justificación alguna del uso de las armas en su contra, no existía necesidad de defensa propia, ni un peligro inminente de muerte o lesiones graves para los agentes estatales.
246. Asimismo, se encuentra probado que algunos internos después de concluido el “Operativo Mudanza 1” fueron llevados a los hospitales y murieron debido a que no recibieron los medicamentos ni la atención médica que requerían (supra párr. 197.47). Esas omisiones en la asistencia médica a los internos heridos respondieron a decisiones deliberadas y no a meros descuidos o negligencias, que dieron lugar a privaciones arbitrarias de la vida.
247. Respecto de los internos fallecidos, la Corte declara como víctimas a las 41 personas identificadas en la demanda de la Comisión, quienes coinciden con las personas identificadas como fallecidos por la interviniente común, y respecto de quienes se cuenta con prueba sobre su deceso e identificación.
248. El Tribunal estima necesario referirse a lo señalado por la Comisión y la interviniente respecto de la posibilidad de que haya internos fallecidos sin identificar. En su demanda la Comisión hizo hincapié en que “los peticionarios han alegado que las víctimas fatales fueron al menos 86”, pero que la Comisión haría referencia “únicamente a las víctimas cuyo deceso ha podido establecer de manera fehaciente a través del acervo probatorio ofrecido por las partes y del informe elaborado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sin perjuicio de nueva evidencia que pudiera surgir en el futuro y demostrar la identidad y circunstancias de la muerte o desaparición de las otras víctimas referidas por los peticionarios”. La Comisión en su demanda señaló como víctimas fallecidas a 41 personas identificadas y a un “N.N. protocolo necropsia 1944 de 7/5/92”. Asimismo, aportó copia de 10 certificados de necropsia de personas identificadas, una de las cuales corresponde al policía que falleció (supra párr. 197.40). La Comisión no alegó que ninguna de esas 10 personas fuera víctima de este caso.
249. Por su parte, la interviniente común presentó como anexo al escrito de solicitudes y argumentos una relación en la que figuran las mismas 41 víctimas fallecidas identificadas incluidas en la demanda, pero agregó a un “N.N. Protocolo 2007, (hombre) murió quemado” e incluyó al final de su lista a 43 “prisioneros sin identificar”, sin indicar que existiera algún protocolo de necropsia o que estuviese pendiente de realización.
250. Al respecto, cabe aclarar que:
a) ni la Comisión ni la interviniente aportaron copia del “protocolo de necropsia 1944 de 7 de mayo de 1992” incluido en la lista de víctimas de la Comisión;
b) de la prueba aportada al expediente, la Corte ha constatado que el protocolo de necropsia que la interviniente denomina como “N.N. Protocolo 2007, (hombre) murió quemado”, corresponde en realidad al protocolo de necropsia del señor Mario Francisco Aguilar Vega que es el Nº 2007. En dicho documento consta que el diagnóstico fue “debido a: proyectiles de arma de fuego. Carbonización”. Dicho señor figura entre los 41 fallecidos identificados que nombran tanto la Comisión como la interviniente. Asimismo, de la prueba testimonial y documental aportada surge que el cadáver de este señor nunca fue entregado a sus familiares;
c) respecto de lo alegado por la interviniente, en el sentido de que habría 43 “prisioneros sin identificar”, es necesario aclarar que la prueba en la que la interviniente se basa para agregarlos a su lista de fallecidos son declaraciones de otros internos sobrevivientes, en las cuales éstos relatan haber visto morir a internos, sin identificarlos. Al respecto, la Corte nota que esos relatos podrían referirse a la forma en que murieron personas que ya están identificadas; y
d) no surge de la prueba aportada al expediente que existan en la actualidad cadáveres de víctimas sin identificar.
251. Por lo tanto, existe duda respecto al cumplimiento por parte del Estado del deber de identificar a todos los internos que fallecieron y entregar los restos a sus familiares, y está probado que en el caso del interno Mario Francisco Aguilar Vega no los entregó. Con respecto a los restos de este último el Tribunal dispondrá la medida correspondiente en el capítulo sobre Reparaciones (infra párr. 442). Asimismo, este Tribunal considera que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los internos que fallecieron como consecuencia del ataque sean identificados y sus restos entregados a sus familiares, de acuerdo con su legislación interna. En caso de que se llegue a identificar otros internos fallecidos, sus familiares podrán hacer las reclamaciones correspondientes en el derecho interno.
252. De acuerdo al reconocimiento de responsabilidad parcial efectuado por el Estado y a lo considerado en los párrafos anteriores, el Perú es responsable por la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el 1.1 de la misma, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados, cuyos nombres se encuentran incluidos en el Anexo 1 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
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Obligación de investigar efectivamente los hechos
253. La Corte ha establecido que para garantizar efectivamente los derechos a la vida y a la integridad es preciso cumplir la obligación de investigar las afectaciones a los mismos, que deriva del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado .
254. En el presente caso, esta Corte entiende que de los hechos ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro surgió para el Estado la obligación de investigar respecto de la violación del derecho a la vida, máxime si se tiene en cuenta que murieron decenas de personas y que muchas más resultaron heridas debido a un “operativo” que implicó el uso de la fuerza, con gran intensidad, durante 4 días y en el que participaron agentes de la policía y del ejército.
255. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados. Ésta debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa , o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios . Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, a ser escuchados durante el proceso de investigación y el trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos .
256. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva . Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de todos los responsables de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales .
257. Para determinar si se ha cumplido la obligación de proteger el derecho a la vida por la vía de una investigación seria de lo ocurrido, es preciso examinar los procedimientos abiertos a nivel interno destinados a identificar a los responsables por los hechos del caso. Este examen se hará a la luz de lo que dispone el artículo 25 de la Convención Americana y de los requerimientos que impone el artículo 8 de la misma para todo proceso, y se efectuará en el Capítulo XV de la presente Sentencia.
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258. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados, cuyos nombres se encuentran en el Anexo 1 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. Los hechos revisten especial gravedad en razón de las consideraciones indicadas en este capítulo y en el capítulo IX de “Responsabilidad internacional del Estado en el contexto del presente caso”.
XI
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL)
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA, Y EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
Alegatos de la Comisión
259. En cuanto a la alegada violación del artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, la Comisión señaló, en resumen, lo siguiente:
“Internos heridos durante ‘el enfrentamiento’”
a) aproximadamente 175 reclusos resultaron heridos durante el operativo denominado “Mudanza 1”, a causa de los disparos y explosiones efectuados por las fuerzas de seguridad del Estado, y de la caída de escombros durante el enfrentamiento, así como de las golpizas y maltratos inflingidos por los agentes estatales a los prisioneros rendidos una vez concluido el asalto;
b) el propio Estado, por su falta de prevención en el ingreso de armas al centro penal, creó una situación en la que resultaba previsible la necesidad de someter por la fuerza a los internos y, en consecuencia, ocasionarles eventuales lesiones a su integridad personal. Es irrelevante quién ejecutó la primera agresión, pues aún si los prisioneros iniciaron un motín o dispararon armas de fuego, existen indicios suficientes de que la policía utilizó fuerza excesiva, innecesaria, sin gradualidad y desproporcionada contra los presos, hiriendo a muchos de ellos;
c) varios de los internos resultaron heridos por los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad mientras salían del pabellón 4B, luego de “haberse rendido y desarmado”;
d) el Estado no investigó con la debida diligencia las lesiones producidas a los reclusos en el curso del enfrentamiento, ni sancionó a los responsables. En consecuencia resulta imposible para la Comisión determinar si algunas de las lesiones ocasionadas a los presos se produjeron en utilización legítima, necesaria y proporcionada de la fuerza pública o en legítima defensa por parte de algunos de sus agentes;
e) el análisis efectuado por la Comisión en relación con la falta de prevención y el exceso en el uso de la fuerza que ocasionaron violaciones del derecho a la vida, resulta aplicable mutatis mutandi respecto de la violación del derecho a la integridad personal, en concordancia con la obligación general de respeto y garantía contemplada en el artículo 1.1 de la Convención;
“Tratamiento otorgado a los internos con posterioridad a la toma de los pabellones 1A y 4B”
f) en los días posteriores al operativo denominado “Mudanza 1” y hasta el 22 de mayo de 1992, inclusive, los internos individualizados en la demanda fueron obligados a permanecer acostados boca abajo en los patios conocidos como “tierra de nadie” y “admisión”, sin que se les proveyera agua y alimento suficiente, ni se les permitiera cambiarse de ropa, ni se les ofreciera mantas para abrigarse o un colchón donde acostarse. Lo anterior, a pesar de que muchos de los reclusos habían sido heridos durante el asalto;
g) en los alegatos finales escritos indicó que los internos heridos que fueron trasladados a centros de salud recibieron nuevos maltratos en el trayecto hasta dichos establecimientos, así como nuevos intentos de ejecución extrajudicial. Fueron sometidos a condiciones sanitariamente inadecuadas y moralmente denigrantes, lo que resulta particularmente grave en el caso de las mujeres. Muchos de los heridos, aún cuando no habían logrado recuperarse, fueron dados de alta con el único propósito de llevarlos nuevamente a prisión, destacándose las vivencias de las señoras Gaby Balcázar y Miriam Rodríguez, y del hijo de la señora Julia Peña Castillo, Víctor Olivos Peña, relatadas en el curso de la audiencia pública ante la Corte;
h) en los alegatos finales escritos indicó que las internas fueron tratadas por los agentes estatales con particular desprecio y ensañamiento desde el inicio del ataque. Las “situaciones [violatorias] tuvieron consecuencias particularmente graves para las víctimas mujeres, varias de las cuales se encontraban embarazadas”. El asalto se inició en el único pabellón de la prisión ocupado por mujeres, y tras la conclusión del operativo estuvieron sometidas a condiciones atentatorias contra su dignidad como mujeres. Las internas reubicadas en cárceles de mujeres fueron víctimas de maltratos físicos y psicológicos durante el traslado y dentro de los establecimientos penitenciarios a los que fueron llevadas. De la misma manera las heridas trasladadas a los hospitales fueron desnudadas y obligadas a permanecer así por semanas, rodeadas de individuos armados, sin permitírseles asearse o utilizar los servicios sanitarios, salvo acompañadas de un guardia armado que no les permitía cerrar la puerta;
i) en los alegatos finales escritos indicó que las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad. La violencia contra las mujeres es una estrategia de guerra que usan los actores del conflicto armado para avanzar en su control de territorio y recursos. Adicionalmente, estas agresiones sirven como una táctica para humillar, aterrorizar, destruir y lesionar al “enemigo”, ya sea el núcleo familiar o la comunidad a la que pertenece la víctima;
“Falta de asistencia médica a los internos heridos”
j) tras la rendición de los internos, entre los días 10 y 22 de mayo de 1992, alrededor de 160 reclusos que resultaron heridos durante la ejecución del operativo “Mudanza 1” y que habían sido sometidos por las fuerzas de seguridad peruana, no recibieron asistencia médica adecuada y oportuna, lo que ocasionó el agravamiento de sus lesiones, y en algunos casos dio lugar a secuelas físicas permanentes;
k) en situaciones de heridas de gravedad, resultantes del uso de la fuerza por parte de autoridades estatales, la norma que consagra el derecho a la integridad personal exige que el Estado adopte medidas inmediatas para salvaguardar la integridad física de la persona que se encuentra bajo custodia de la policía, autoridades judiciales o autoridades penitenciarias. El Estado tiene el deber positivo específico de proteger la integridad física de toda persona privada de libertad, el cual abarca la adopción de las acciones necesarias para mantener un estándar adecuado de salud. La falta de un adecuado tratamiento médico en tal situación debe ser calificada de tratamiento inhumano;
l) en las circunstancias particulares del presente caso, la Comisión solicita a la Corte que declare que, una vez concluido el operativo “Mudanza 1”, la falta de atención médica oportuna y adecuada a los heridos individualizados en la demanda, así como la falta de adopción de acciones necesarias para garantizar de manera oportuna y eficaz los procedimientos y medicinas necesarias para restablecer el nivel más alto posible de salud de todas las personas heridas en los hechos del presente caso, constituyen una infracción al artículo 5 de la Convención y un incumplimiento de la obligación general de respeto y garantía contemplada en el artículo 1.1 de la misma;
“Incomunicación”
m) una vez concluido el operativo denominado “Mudanza 1”, los internos e internas fueron impedidos de comunicarse con sus familiares y abogados durante varios días y en ciertos casos durante semanas. Ello coloca al individuo en una situación de vulnerabilidad innecesaria, pudiendo constituir la incomunicación, en sí misma, una forma de maltrato. Las autoridades peruanas debieron permitir que los sobrevivientes se comunicaran con sus familias y abogados para informarles sobre su situación y mermar la incertidumbre general que produjeron los hechos;
“Falta de información a los familiares sobre la situación de las presuntas víctimas”
n) en los alegatos finales escritos indicó que la desatención negligente o dolosa de los familiares, quienes esperaron en las inmediaciones de la prisión, en los hospitales y en las morgues, constituye en sí una violación al derecho a la integridad personal, por la angustia psíquica que generó en los familiares la injustificada dilación en informar sobre quiénes resultaron muertos y heridos;
o) en los alegatos finales escritos indicó que particularmente las madres trataron sin éxito de obtener información sobre la situación de sus familiares, recibiendo todo tipo de insultos y agresiones físicas. Además tuvieron que pasar por terribles condiciones para buscar a sus seres queridos y recuperar sus restos, cuando lograban identificarlos. A la señora Julia Peña se le negó en reiteradas ocasiones que su hija se encontrara en la morgue, y para poder darle sepultura tuvo que entrar furtivamente a dicho lugar, abriendo los frigoríficos, encontrándose con el horror de los cadáveres descompuestos y hasta descuartizados de otras víctimas, que tampoco habían sido entregados a sus familias. Durante todo este proceso no recibió asistencia alguna de parte de los funcionarios encargados de la morgue; y
p) en los alegatos finales escritos indicó que “[e]n virtud de […] evidencia presentada al proceso en forma sobreviniente, […] considera que el sufrimiento experimentado por dichos familiares por la falta de información, así como la impotencia y angustia soportadas durante años ante la inactividad de las autoridades estatales para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de los mismos, constituyen razones por las cuales los familiares de las víctimas deben ser considerados víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en los términos del artículo 5 de la Convención, en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida en el mismo tratado”.
Alegatos de la interviniente común
260. La interviniente común alegó la violación del artículo 5 de la Convención Americana. Además, alegó la violación de los artículos 1, 6, 7, 8, y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y de los artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, apreciaciones que no se encuentran en la demanda presentada por la Comisión Interamericana. La interviniente alegó, en resumen, lo siguiente:
“Hermenéutica del derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos”
a) “la asfixia, la privación de agua y alimentos, el hacinamiento forzado, el sufrimiento severo mental infligido por el ataque y las armas específicas escogidas para él constituyen una violación flagrante de la prohibición contra la tortura”;
b) “el ataque fue diseñado como una reproducción del infierno”. Este ataque incluyó cortes de electricidad, bombardeo y bombas incendiarias que producían una luz anaranjada, en un ambiente de oscuridad absoluta y de voces gritando. Esto fue “intencionalmente planeado así” para que quedará en las neuronas de los sobrevivientes;
“La incomunicación como forma de tortura”
c) las condiciones de incomunicación aplicadas en las prisiones Santa Mónica, Castro Castro y Cachiche a los sobrevivientes del “operativo”, incluyeron aislamiento total del mundo exterior, “sin acceso a radios, periódicos, televisión, libros, actividades de trabajo o de estudio, las 24 horas del día, en celdas de 2 por 2 metros, con por lo menos otras 2 personas, con letrina incluida, sin acceso adecuado a agua corriente, ningún tipo de luz, con prohibición de hablar entre si, sin materiales de aseo, ropa de abrigo ni atención médica”. Estas condiciones se prolongaron por más de 5 meses y constituyeron tortura para los internos, quienes en muchas ocasiones “se volvieron locos” como resultado de dichas condiciones;
d) las prisioneras de Santa Mónica no vieron a sus parientes hasta septiembre de 1992, ni la luz del sol hasta meses después de la masacre, lo que les ocasiono pérdida de pigmentación en sus rostros y mareos. Además, permanecieron con las mismas ropas ensangrentadas de la masacre, sin poder realizar cambio de ropa interior u obtener abrigo para el frío;
e) solicita “que en el presente caso se reconozca que la incomunicación prolongada a la que fueron sometidos los prisioneros constituyó tortura por su extensión, […] condiciones y propósito específicos de su aplicación”;
“Confinamiento aislado del mundo y el control total de la persona humana: su institucionalización total para su destrucción lenta”
f) el régimen de incomunicación absoluta buscaba el control total del ambiente del preso con dos objetivos adicionales: infligir sufrimiento mental al interno por la falta de contacto con sus familiares, y restringir el apoyo y comunicación con el exterior. La falta de contacto con familiares también era utilizada para controlar la voluntad de los internos;
g) la confinación del preso a inmovilidad las 24 horas del día, así como la privación de luz y ejercicio fueron una forma severa de infligir sufrimiento humano. Existía una orden específica para mantenerlos inactivos, “sólo podían comer, defecar y dormir”;
h) según un estudio “métodos como privación sensorial, aislamiento, privación de sueño, desnudo forzado, humillación cultural y sexual, el uso de perros entrenados militarmente para instigar miedo, ejecuciones simuladas, y amenazas de violencia o muerte hacia detenidos o sus seres queridos son formas de tortura psicológica”;
“El uso de desnudo forzado, el uso de perros sin bozal contra personas en detención”
i) se utilizaron perros sin bozal para intimidar y degradar a los prisioneros en estado de indefensión, en violación del artículo 5 de la Convención y del Manual de las Naciones Unidas en su Protocolo de Estambul;
j) el desnudo a que fueron sometidos los presos, acompañados por “golpes brutales, sadistas y de exposición [al] frío o la noche por largas horas” constituyó un sufrimiento severo;
“Electroshocks, falange y golpes contundentes en partes sensibles del cuerpo como forma de tortura”
k) los prisioneros y enfermos sobrevivientes a la masacre fueron desnudados y golpeados con fierros, palos y electroshocks, en la cabeza, espalda, plantas de los pies, tobillos, pulmones, columna vertebral, costillas, caderas, manos, hígado y riñones. Lo anterior ocasionó daño físico severo a los sobrevivientes, y en algunos casos les imposibilitó caminar por varios días. Solicita que esos golpes sean reconocidos por la Corte como una forma de tortura, en violación al artículo 5 de la Convención Americana;
“Celdas de Castigo: El hueco”
l) la tortura de los sobrevivientes incluyó el uso de una celda especial de castigo llamada “el hueco”. Esta celda era de metal, medía aproximadamente 1.70×2 mts., con una ventana de 10×10 cm., hacinada con agua, ratas, sin luz y con hedor nauseabundo. Los internos recluidos en la celda tenían que permanecer parados día y noche por la falta de espacio. En ese lugar eran torturados personalmente por el director del penal, recibiendo golpes con un palo en los testículos, en la pierna, y en los pies. Asimismo, las presuntas víctimas eran alimentadas en un balde de plástico sucio en el que comían los perros de la cocina;
“Las condiciones generales de prisión aplicadas a los sobrevivientes constituyeron tortura porque fueron una afrenta para la dignidad humana de los presos”
m) “las condiciones generales de prisión aplicadas a los sobrevivientes y descritas en detalle en cada uno de los testimonios presentados ante la Corte Interamericana y subsumidos en el documento Lista de Víctimas constituyeron tortura porque fue un régimen infligido intencionalmente en ellos”;
“La violencia de género en el presente caso”
n) las internas fueron heridas gravemente durante el transcurso de la masacre y fueron arrastradas sobre cadáveres, sin que se permitiera que otras personas las ayudaran;
o) la violencia también se dirigió contra las madres, las hermanas y las esposas de las presuntas víctimas que fueron a visitar a sus familiares, sometiéndolas a torturas psicológicas por tener que presenciar la masacre, así como a ataques físicos y verbales por parte de las autoridades del operativo. Durante estos ataques les lanzaron agua, bombas lacrimógenas, les dispararon y las golpearon. Varias de las mujeres se encontraban embarazadas o iban en compañía de niños. Las madres también fueron amenazadas de muerte sino se retiraban del lugar donde estaba ocurriendo “el operativo”;
p) es significativo que el Estado realizó la operación militar un día de visita femenina a la prisión, más aún, “el ataque fue realizado […] la semana del día de la [m]adre”. La violencia del Estado “había sido planeada de forma que el castigo ejemplarizante de las prisioneras políticas y el de los prisioneros políticos varones […] fuera presenciado por sus propias madres y hermanas”. El domingo que se celebró el día de la madre, las madres de los prisioneros estarían recogiendo cadáveres de las morgues o visitando hospitales para saber si su ser querido había sobrevivido. De la misma forma “varias prisioneras sobrevivientes que eran madres, llevarían atado por siempre […] en la memoria, la conexión entre [el día de la madre] y su sufrimiento extremo en dicha matanza”. La masacre de Castro Castro se realizó de manera que “cada [d]ía de la [m]adre todos los años, [las] mujeres revivieran el sufrimiento infligido”, así como para influir en que “las madres o las esposas se n[egaran] a que sus hijos se integr[aran a] las filas senderistas];
q) “[n]o existe tortura que no tome en cuenta el género de la víctima. No existe […] tortura ‘neutral’ […]. Aún cuando una forma de tortura no sea ‘específica’ para la mujer[, …] sus efectos si tendrán especifi[ci]dades propias en la mujer”. Debido a lo anterior, “pese a que no toda forma de violencia en este caso fue específica de las mujeres, […] constituy[ó] violencia de género pues estaba dirigida […] a atacar la identidad femenina”;
r) “el tipo de insultos dirigidos a [las mujeres], la manera como eran golpeadas y el régimen de prisión que les negó acceso a artefactos propios del cuidado femenino, atención ginecológica [y] derechos de maternidad, junto con el ofrecimiento de un sistema de ‘premios’ a aquella que ‘abandonará’ su libertad de pensamiento a cambio de ‘devolvérsele’ su feminidad dándoles acceso a enseres tales como peine, lápiz labial, etc., y al ser reintegrada en su rol de ‘buena madre’ (las que aceptaban sumisión volvían a ver a sus hijos) demuestran los aspectos de género integrales a las torturas infligidas y el daño específico en la mujer vis a vis los hombres”;
s) “el régimen aplicado a las sobrevivientes de la masacre constituyó un ataque contra su dignidad, y una violación sostenida a ser libres de torturas, tal como están reconocidos en el artículo 4 de la Convención Americana”. Además el sufrimiento infligido en las mujeres en el presente caso cae bajo la definición de violencia contra la mujer contenida en el artículo 2 de la Convención de Belém do Pará;
t) “cubriendo el período del 12 de Julio de 1995 en adelante, dichas violaciones constituyeron una violación del objeto y propósito de la Convención Inter[a]mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer[, …] la cual fue firmada por Perú el 12 de Julio de 1995[,] y violaciones de [los] Artículo[s] 4 y 7 de la misma Convención por el período que cubre 1996 hacia adelante, desde que Perú ratificara dicho tratado el 4 de junio de 1996”. “ El Estado del Perú intencionalmente inflingió violencia contra las prisioneras políticas como castigo por su doble transgresión del sistema imperante: el uso del factor género para infligir daño y torturar a las prisioneras“;
“Violencia física y psicológica post-masacre”
u) “el Estado […] infligió violencia física brutal y violencia psicológica seria que en su conjunto constituyeron tortura en las sobrevivientes de la masacre”. Esta violencia abarcó golpizas frecuentes, conductas que negaron intencionalmente que las prisioneras con hijos pudieran cumplir efectivamente su rol de madres, negación intencional de atención médica adecuada pre y post natal a gestantes, así como de condiciones básicas en la prisión que respetaran la dignidad humana de las mujeres;
v) las medidas de incomunicación afectaron a la mujer de manera particular porque afectaron su relación con sus niños pequeños. Por lo general, los niños que no pudieron ver a sus madres sino a través de rejas por breves momentos, empezaron a perder contacto emocional con ellas y muchos las desconocieron;
w) las condiciones de prisión impuestas en las sobrevivientes violaron los artículos 4, 5 y 12 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer;
“Violencia sexual” y “violación de la mujer como forma de tortura”
x) la violencia contra la mujer en el caso incluyó violencia sexual de varios tipos. Esta violencia “no se limitó a violación sexual, sino que las mujeres fueron sometidas [a] una gama más amplia de violencia sexual que incluyó actos que no env[olvían] penetración o […] contacto físico”. Por lo menos en un caso hay evidencia que una sobreviviente de la masacre de Castro Castro fue violada sexualmente en el Hospital de Policía, y existen alegaciones de violación sexual con las “puntas de las bayonetas” con respecto a la prisionera “extrajudicialmente asesinada Julia Marlene Peña Olivos”;
y) “las revisiones o inspecciones vaginales de las presas en el contexto de requisas […] llevadas a cabo por policías varones encapuchados, usando fuerza, y sin otro propósito que la intimidación y abuso de ellas constituyeron flagrantes violaciones a los derechos de las presas, constituyendo violencia contra la mujer”. Asimismo, las revisiones vaginales practicadas a la visita femenina de los sobrevivientes “en total ausencia de regulación, practicada por personal policial y no de salud, y como una medida primera y no de último recurso en el objetivo de mantener la seguridad en la prisión constituyó violencia contra la mujer”; y
z) otras formas de violencia sexual incluyeron amenazas de actos sexuales, “manoseos”, insultos con connotaciones sexuales, desnudo forzado, golpes en los senos, entre las piernas y glúteos, golpes a mujeres embarazadas en el vientre y otros actos humillantes y dañinos que fueron una forma de agresión sexual.
Alegatos del Estado
261. El Estado alegó en resumen lo siguiente:
a) en su escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos señaló que “acepta el incumplimiento de la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana[, …] acepta la responsabilidad parcial en las violaciones del derecho […] a la integridad física, en tanto el Poder Judicial del Perú no se pronuncie sobre la verdad histórica y detallada de los sucesos acaecidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992”;
b) en sus alegatos finales orales manifestó que “los hechos […] no se pueden ocultar, no se puede ocultar el dolor, […] no se pueden ocultar los heridos, no se pueden ocultar el dolor de los familiares de las víctimas”;
c) en sus alegatos finales escritos manifestó que “si bien a nivel del Fuero Interno se determinarán las responsabilidades individuales, en los términos [d]el proceso actualmente en trámite ante el Poder Judicial […] no se puede dejar de reconocer la magnitud de los hechos a que se refiere el presente proceso y la responsabilidad del Estado Peruano en los mismos”; y
d) “reconoce su responsabilidad de los hechos acaecidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992”.
Consideraciones de la Corte
262. El artículo 1.1 de la Convención Americana establece que:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
263. El artículo 5 de la Convención Americana establece que:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
[…]
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.
264. Los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establecen que:
Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la […] Convención [Interamericana contra la Tortura].
[…]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 [de la Convención Interamericana contra la Tortura], los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.
[…]
Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.
Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.
265. En cuanto a la alegada violación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, esta Corte reitera su jurisprudencia sobre la posibilidad de que las presuntas víctimas o sus representantes invoquen derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión , la cual es también aplicable en relación con la alegación de otros instrumentos que otorguen competencia a la Corte para declarar violaciones, respecto de los mismos hechos objeto de la demanda.
266. Como lo ha hecho en otros casos , la Corte ejercerá su competencia material para aplicar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y determinar la responsabilidad del Estado conforme a este tratado, ratificado por el Perú el 28 de marzo de 1991, que se encontraba en vigencia cuando ocurrieron los hechos. Los artículos 1, 6 y 8 de dicho tratado obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción.
267. Tal como indicó la Corte (supra párr. 148), el reconocimiento de responsabilidad del Estado en cuanto a los hechos acaecidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 en el Penal Miguel Castro Castro constituye una contribución positiva. En cuanto a esos hechos el Perú señaló, inter alia, que “no se pueden ocultar, no se puede ocultar el dolor, […] no se pueden ocultar los heridos, no se pueden ocultar el dolor de los familiares de las víctimas” (supra párr. 135).
268. No obstante, debido a las graves circunstancias en que acontecieron los hechos y a que el Perú no reconoció los hechos posteriores al 9 de mayo de 1992 (supra párr. 152), el Tribunal considera pertinente analizar la violación del artículo 5 de la Convención.
269. Tal como fue indicado por la Corte (supra párr. 227), en el análisis del presente capítulo se tomarán en cuenta los elementos que determinan la gravedad de los hechos de este caso.
270. Asimismo, es relevante indicar que, en uno de sus informes, la Defensoría del Pueblo del Perú concluyó que el involucramiento de las mujeres en el conflicto armado cambió la percepción de la mujer y provocó “un trato más cruel y violento sobre aquellas mujeres consideradas ‘sospechosas’” . En este caso ya ha quedado probado que el ataque inició específicamente en el pabellón del penal ocupado por las internas acusadas o sentenciadas por delitos de terrorismo y traición a la patria (supra párr. 197.13 y 197.20).
271. Este Tribunal ha indicado que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Dicha prohibición subsiste aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas .
272. Asimismo, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica .
273. La Corte ha establecido que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia . Es posible considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que sufre una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de quienes aparezcan como responsables de ellos . Recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados .
274. En lo que se refiere a personas privadas de la libertad, el propio artículo 5.2 de la Convención establece que serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, que no es susceptible de suspensión en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes .
275. En seguida el Tribunal analizará las consecuencias de los hechos reconocidos por el Estado acaecidos del 6 al 9 de mayo de 1992, y de los hechos que sucedieron después de esa fecha y que la Corte consideró probados, en lo que toca a la integridad personal de los internos y de sus familiares. Cuando corresponda, el Tribunal especificará los efectos particulares de los hechos con respecto a las internas en general y a las internas embarazadas.
276. Asimismo, en cuanto a los referidos aspectos específicos de violencia contra la mujer, esta Corte aplicará el artículo 5 de la Convención Americana y fijará sus alcances, tomando en consideración como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por el Perú el 4 de junio de 1996, y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Perú el 13 de septiembre de 1982, vigente en la época de los hechos, ya que estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana .
A) RESPECTO DE LOS INTERNOS
1) Violaciones a la integridad personal de los internos como consecuencia del “Operativo Mudanza 1”
277. Las violaciones a la integridad personal de los internos como consecuencia del llamado “Operativo Mudanza 1” se enmarcan dentro de las consideraciones realizadas por el Tribunal en el capítulo sobre violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención, en cuanto al uso ilegítimo de la fuerza, la magnitud de la fuerza utilizada, el tipo de armas, explosivos y gases empleados contra los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro.
278. La Corte se remite a esas consideraciones sobre los factores que repercuten en la gravedad de los hechos. Es claro que el uso de esa fuerza por los agentes estatales contra los internos implicó la violación de la integridad física de éstos.
279. Este Tribunal ha sostenido que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención Americana, cuando sea suficientemente real e inminente, puede constituir en sí misma una transgresión a la norma de que se trata. Para determinar la violación al artículo 5 de la Convención, debe tomarse en cuenta no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia psíquica y moral. La amenaza de sufrir una grave lesión física puede llegar a configurar una “tortura psicológica” .
280. Para determinar la gravedad de las lesiones y los sufrimientos causados la Corte tomará en cuenta los peritajes rendidos ante el Tribunal y las demás pruebas pertinentes.
281. Los efectos descritos por el perito Quiroga (supra párr. 186) con respecto a algunos gases que son los más usados son consistentes con los testimonios rendidos por internos que experimentaron el ataque, que describieron sensaciones de ardor, asfixia y dificultad para respirar.
282. En cuanto al uso de bombas de gas de fósforo blanco, el perito Peerwani indicó que cuando este producto químico entra en contacto con el tejido humano “ocasiona quemaduras muy severas”. Dentro de su experiencia como perito forense ha observado que estas quemaduras atraviesan el tejido humano “hasta [llegar a]l hueso”. Asimismo, estas bombas de fósforo blanco producen mucho humo, el cual “es muy peligroso”, y su uso “no es recomendado dentro de ambientes cerrados”. La testigo Gaby Bálcazar se refirió al efecto que producían estas bombas, señalando “que ya no se podía ni respirar, como que el cuerpo ardía, como que el cuerpo quería zafarse de ti”, y se refirió a las medidas que se vieron obligadas a adoptar ante ello (supra párr. 187). El testigo Raúl Basilio Gil Orihuela indicó que dicho químico al contacto con el cuerpo humano produce ardor en las partes descubiertas, en las fosas nasales, así como asfixia y “quemazón” química de los órganos internos y la piel (supra párr. 186).
283. Se ha probado que 185 internos resultaron lesionados como resultado del “Operativo Mudanza 1”, afectándose su integridad física. Todos los internos contra quienes se dirigió el ataque experimentaron el sufrimiento inherente a un ataque de tal magnitud, lo cual incluye tanto a los internos que fallecieron como a los que sobrevivieron (heridos e ilesos).
284. El ataque se realizó con armas muy lesivas, con explosiones, gases y humo, con disparos indiscriminados, en oscuridad total, en un espacio cerrado y en condiciones de hacinamiento. Los internos sufrieron heridas por las balas, explosiones, gases, esquirlas, granadas, bombas y caída de escombros durante los cuatro días que duró el ataque. Con respecto al tipo de lesiones sufridas por los internos, el perito Peerwani señaló que se trató de “heridas extrañas”, dentro de las cuales se encontraban “rozaduras por armas de fuego, heridas en los pies, en las piernas, en las extremidades, y en otros ángulos no comunes”, así como en la espalda y las extremidades. En opinión del perito, este tipo de heridas evidenció que los disparos fueron hechos al azar, en forma arbitraria, por lo cual los internos se esforzaron en esquivar las ráfagas dirigidas hacia ellos (supra párr. 187).
285. Todos los internos enfrentaron condiciones de sufrimiento adicionales en el curso de esos cuatro días, como lo fueron la privación de alimentos, agua, luz y atención médica.
286. En su peritaje, la perito Deutsch destacó que los internos experimentaron “sufrimiento psicológico y emocional intenso debido a que los heridos no recibieron atención y […] tuvieron que presenciar con impotencia [dicha] situación” (supra párr. 186).
287. Según los peritajes rendidos en este proceso y los testimonios allegados, los internos e internas que vivieron el ataque en mayo de 1992 aún sufren graves secuelas psicológicas. Los peritos Deutsch y Quiroga manifestaron que las consecuencias psicológicas del ataque corresponden al síndrome de estrés post traumático.
288. La Corte estima que los internos que sobrevivieron al ataque experimentaron tortura psicológica por las amenazas constantes y el peligro real que generaron las acciones estatales que podían producir su muerte y serias lesiones a su integridad física.
289. También es preciso señalar que el cadáver de la interna Julia Marlene Olivos Peña presentaba “signos visibles de tortura” (supra párr. 197.38). Esta circunstancia muestra la violencia extrema con que los agentes estatales actuaron durante el “operativo”.
290. El ataque inició contra el pabellón de mujeres 1A del Penal Miguel Castro Castro. Las internas que se encontraban en ese pabellón, incluidas las embarazadas, se vieron obligadas a huir del ataque en dirección al pabellón 4B. Este traslado fue especialmente peligroso por las condiciones del ataque antes descritas; las internas sufrieron diversas heridas. Un dato que muestra las condiciones extremas en que se desarrolló el ataque fue que las prisioneras tuvieron que arrastrarse pegadas al piso, y pasar por encima de cuerpos de personas fallecidas, para evitar ser alcanzadas por las balas. Esta circunstancia resultó particularmente grave en el caso de las mujeres embarazadas quienes se arrastraron sobre su vientre.
291. Estas características del ataque que vivieron las internas, quienes observaron la muerte de sus compañeras y vieron a mujeres embarazadas heridas arrastrándose por el suelo, generaron, como fue descrito por la testigo Gaby Balcázar, “un clima de desesperación entre las mujeres”, de forma tal que sentían que iban a morir. En igual sentido, la perito Deutsch concluyó que durante los cuatro días que duró el ataque “[l]os internos permanecieron con el terror de que iban a morir[, lo cual] originó un sufrimiento psicológico y emocional intenso”.
292. Es importante aclarar que de la prueba aportada al Tribunal y de los testimonios de los internos se desprende que las internas embarazadas también fueron víctimas del ataque al penal. Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos. Las internas embarazadas que han sido identificadas ante esta Corte son las señoras Eva Challco, quien aproximadamente un mes después del ataque tuvo a su hijo Said Gabriel Challco Hurtado; Vicenta Genua López, quien tenía cinco meses de embarazo; y Sabina Quispe Rojas, quien tenía ocho meses de embarazo (supra párr. 197.57). Al respecto, además de la protección que otorga el artículo 5 de la Convención Americana, es preciso señalar que el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará señala expresamente que los Estados deben velar porque las autoridades y agentes estatales se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer.
293. Con base en lo indicado anteriormente, este Tribunal considera que el Estado es responsable de la violación a la integridad física de los internos que resultaron heridos durante los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, lo cual constituyó una violación al artículo 5 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte considera que, en las circunstancias del presente caso, el conjunto de actos de agresión y las condiciones en que el Estado puso deliberadamente a los internos (los que fallecieron y los que sobrevivieron) durante los días del ataque, que causaron en todos ellos un grave sufrimiento psicológico y emocional, constituyó una tortura psicológica inferida en agravio de todos los miembros del grupo, con violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, esta Corte estima que la violación del derecho a la integridad personal de las señoras Eva Challco, Sabina Quispe Rojas y Vicenta Genua López se vio agravada por el factor de que se encontraban embarazadas, de forma tal que los actos de violencia les afectaron en mayor medida. Igualmente, la Corte considera que el Estado es responsable por los actos de tortura infligidos a Julia Marlene Olivos Peña, con violación del artículo 5.2 de la Convención Americana y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
2) Tratos recibidos por los internos con posterioridad al 9 de mayo de 1992 y durante los traslados a otros penales y a los hospitales
294. Se ha probado (supra párr. 197.42) las condiciones inhumanas en que tuvieron que permanecer la mayoría de los internos una vez que terminó el ataque el 9 de mayo de 1992. Además, se encuentra probado que el 10 de mayo de 1992 el ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, estuvo en el Penal Miguel Castro Castro y caminó entre los internos tendidos boca abajo en el suelo de los patios de dicho establecimiento (supra párr. 197.43), constatando directamente las condiciones en que se encontraban.
295. La Corte encuentra particularmente grave que los internos que estaban heridos y fueron mantenidos en las zonas del referido penal conocidas como “tierra de nadie” y “admisión” no recibieran atención médica (supra párr. 197.42). El Estado tenía el deber de brindarles la atención médica que requerían, considerando que era el garante directo de sus derechos.
296. Se ha probado asimismo que una minoría de los internos heridos fueron trasladados al Hospital de la Sanidad de la Policía el día 9 de mayo de 1992 (supra párr. 197.44) y que durante los traslados sufrieron nuevas violaciones a su integridad física, psíquica y moral. Se les trasladó hacinados y fueron golpeados por los agentes de seguridad, a pesar de que se encontraban heridos (supra párr. 197.48). La víctima Gaby Balcázar declaró que creía que “ni a un animal se le hace eso” (supra párr. 187). Este hecho es un elemento más del trato particularmente grave que se dio a los internos durante el “operativo” y con posterioridad al mismo. El perito Quiroga describió la manera de trasladar a los internos heridos a los hospitales como “actos de gran crueldad” (supra párr. 186).
297. En igual sentido, cuando los internos que se encontraban en “tierra de nadie” y en “admisión” del Penal Castro Castro (supra párr. 197.42) fueron traslados a otros penales o reubicados en el mismo penal Castro Castro sufrieron nuevas violaciones a su integridad física, psíquica y moral, ya que fueron golpeados una vez más, incluso con objetos contundentes, en la cabeza, los riñones y otras partes del cuerpo (supra párr. 197.46 y ** 197.48). Como parte de esas agresiones se sometió a gran parte de los internos varones a lo que el perito Quiroga describe como el “Callejón Oscuro”, método de castigo que consiste en obligar al detenido a caminar en una doble fila de agentes que les golpean con elementos contundentes como palos y bastones metálicos o de goma, y quien cae al suelo recibe más golpes hasta que llega al otro extremo del callejón. El perito señaló que este método de castigo colectivo, “por su severidad y consecuencias físicas y psicológicas[, es] consistente con tortura”.
298. Entre las internas que estuvieron en las condiciones descritas había mujeres embarazadas. Los agentes estatales no tuvieron ninguna consideración respecto a la condición específica de éstas. Sólo fueron identificadas ante la Corte las señoras Eva Challco, Sabina Quispe Rojas y Vicenta Genua López (supra párr. 197.57). La posición boca abajo en que tuvieron que permanecer resulta particularmente grave en el caso de las mujeres embarazadas. Presenciar este trato hacia ellas generó mayor angustia entre los demás internos.
299. Asimismo, la Corte hace notar el caso particular del señor Víctor Olivos Peña, quien estando vivo pero gravemente herido fue llevado a la morgue de un hospital, donde fue rescatado por su madre y un médico (supra párr. 197.45).
300. La Corte considera que los tratos descritos en los párrafos precedentes constituyeron un tratamiento inhumano violatorio del artículo 5 de la Convención Americana. Esta violación se vio agravada respecto de aquellos internos que se encontraban heridos y respecto de las mujeres que se encontraban embarazadas.
3) Tratos recibidos en los centros de salud a los que fueron trasladados los internos durante el ataque o una vez terminado éste
301. Quedó probado que los internos trasladados al Hospital de la Policía no recibieron tratamiento médico adecuado (supra párr. 197.47). El Principio vigésimo cuarto para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece que “[…] toda persona detenida […] recibirá[…] atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario[…]” . Esta Corte ha establecido que “el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos […] atención y tratamiento [médicos] adecuados cuando así se requiera” .
302. El Estado debía cumplir este deber, con mayor razón, respecto de las personas que resultaron heridas en un centro penal y mediante la acción de los agentes de seguridad. Es evidente que todos los heridos como consecuencia del llamado “Operativo Mudanza 1” y de los actos siguientes a esa operación necesitaban atención médica urgente, máxime si se considera la magnitud del ataque, el tipo de heridas causadas y las características de las armas utilizadas durante ese “operativo”. La falta de atención médica adecuada ocasionó sufrimiento psicológico y físico adicional, y determinó que las lesiones no fueran adecuadamente atendidas y dieran lugar a padecimientos crónicos.
303. Con respecto al tratamiento que deben recibir las mujeres detenidas o arrestadas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que “no deben sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación”. Asimismo, ha indicado que las detenidas deben ser supervisadas y revisadas por oficiales femeninas y las mujeres embarazadas y en lactancia deben ser proveídas con condiciones especiales durante su detención . El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que dicha discriminación incluye la violencia basada en el sexo, “es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y que abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad” .
304. Se probó que en el Hospital de la Policía los internos heridos, quienes se encontraban en deplorables condiciones, fueron además desnudados y obligados a permanecer sin ropa durante casi todo el tiempo que estuvieron en el hospital, que en algunos casos se prolongó durante varios días y en otros durante semanas, y se encontraron vigilados por agentes armados (supra párr. 197.49).
305. La Corte considera que todos los internos que fueron sometidos durante ese prolongado período a la referida desnudez forzada fueron víctimas de un trato violatorio de su dignidad personal.
306. En relación con lo anterior, es preciso enfatizar que dicha desnudez forzada tuvo características especialmente graves para las seis mujeres internas que se ha acreditado que fueron sometidas a ese trato. Asimismo, durante todo el tiempo que permanecieron en este lugar a las internas no se les permitió asearse y, en algunos casos, para utilizar los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de un guardia armado quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades fisiológicas (supra párr. 197.49). El Tribunal estima que esas mujeres, además de recibir un trato violatorio de su dignidad personal, también fueron víctimas de violencia sexual, ya que estuvieron desnudas y cubiertas con tan solo una sábana, estando rodeadas de hombres armados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemente observadas por hombres. La Corte, siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, considera que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno .
307. La Corte hace notar el contexto en el que fueron realizados dichos actos, ya que las mujeres que los sufrieron se hallaban sujetas al completo control del poder de agentes del Estado, absolutamente indefensas, y habían sido heridas precisamente por agentes estatales de seguridad.
308. El haber forzado a las internas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres armados, en el estado precario de salud en que se encontraban, constituyó violencia sexual en los términos antes descritos, que les produjo constante temor ante la posibilidad de que dicha violencia se extremara aún más por parte de los agentes de seguridad, todo lo cual les ocasionó grave sufrimiento psicológico y moral, que se añade al sufrimiento físico que ya estaban padeciendo a causa de sus heridas. Dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad de esas mujeres. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, en perjuicio de las seis internas que sufrieron esos tratos crueles, cuyos nombres se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
309. Por otra parte, en el presente caso se ha probado que una interna que fue trasladada al Hospital de la Sanidad de la Policía fue objeto de una “inspección” vaginal dactilar, realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla (supra párr. 197.50).
310. Siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto en el ámbito del Derecho Penal Internacional como en el Derecho Penal comparado, el Tribunal considera que la violación sexual no implica necesariamente una relación sexual sin consentimiento, por vía vaginal, como se consideró tradicionalmente. Por violación sexual también debe entenderse actos de penetración vaginales o anales, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril.
311. La Corte reconoce que la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente . Asimismo, la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas .
312. Con base en lo anterior, y tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, este Tribunal concluye que los actos de violencia sexual a que fue sometida una interna bajo supuesta “inspección” vaginal dactilar (supra párr. 309) constituyeron una violación sexual que por sus efectos constituye tortura. Por lo tanto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, así como por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la referida Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de la interna indicada en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
313. La Relatora Especial de la ONU para la Violencia contra las Mujeres ha establecido, refiriéndose a la violencia contra las mujeres en el contexto de un conflicto armado, que la “[l]a agresión sexual a menudo se considera y practica como medio para humillar al adversario” y que “las violaciones sexuales son usadas por ambas partes como un acto simbólico” . Este Tribunal reconoce que la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para ellas , que se ven agravadas en los casos de mujeres detenidas .
4) Condiciones generales de detención a las que fueron sometidos los internos con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”
314. Las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e “implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita” . Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención, que no es consecuencia natural y directa de la privación de libertad en sí misma. Cuando se trata de personas que sufren condena, las situaciones descritas son contrarias a la “finalidad esencial” de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del citado artículo, es decir, “la reforma y la readaptación social de los condenados”. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas . Las anteriores consideraciones son aplicables, en la medida pertinente, a la privación provisional o cautelar de la libertad, en lo relativo al tratamiento que deben recibir los reclusos, ya que la normativa internacional que lo regula contiene reglas aplicables tanto a los reclusos en prisión preventiva como a los reclusos condenados .
315. De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal . En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin lecho para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, y la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal . Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos condiciones que respeten sus derechos fundamentales y dejen a salvo su dignidad .
316. En el análisis de la gravedad de los actos que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura es preciso ponderar todas las circunstancias del caso, tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales, y en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima, entre otros .
317. Las torturas físicas y psíquicas son actos “preparados y realizados deliberadamente contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas o para someterla a modalidades de castigos adicionales a la privación de la libertad en sí misma” . Dentro de la noción de tortura establecida en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura se encuentra el infligir a una persona sufrimientos físicos o mentales con cualquier fin . En situaciones de violación masiva de derechos humanos, el uso sistemático de tortura generalmente tiene el fin de intimidar a la población .
318. A la luz de los anteriores criterios, y con base en el acervo probatorio del caso, este Tribunal examinará el conjunto de condiciones de detención y de tratamiento a las que fueron sometidos los internos en los centros penales a los que fueron trasladados o reubicados después del “Operativo Mudanza 1” (supra párr. 197.44).
319. Dentro de las graves condiciones de detención se encuentran (supra párr. 197.51 y 197.52): ubicación en celdas en condiciones de hacinamiento que no permitían adecuada movilidad ni aseguraban condiciones razonables de higiene y salud, sin acceso a luz natural o artificial; precarias condiciones de alimentación; falta de atención médica adecuada y de suministro de medicinas, no obstante que había internos heridos y otros que adquirieron enfermedades en la cárcel; falta de ropa de abrigo, inclusive para quienes estaban en la cárcel de Yanamayo en donde las temperaturas descienden varios grados bajo cero; severo régimen de incomunicación; desatención de las necesidades fisiológicas de la mujer al negarles materiales de aseo personal, como jabón, papel higiénico, toallas sanitarias y ropa íntima para cambiarse; desatención de las necesidades de salud pre y post natal; prohibición de dialogar entre sí, leer, estudiar y realizar trabajos manuales. El daño y sufrimiento experimentados por las mujeres en general y especialmente las mujeres embarazadas y por las internas madres resultó particularmente grave en los términos que se describen más adelante (infra párrs. 330 a 332).
320. Entre los tratamientos que violaron la integridad física de los internos, la mayoría fueron perpetrados como castigos colectivos, tales como: golpes con varas de metal en las plantas de los pies, comúnmente identificados como golpes de falanga; aplicación de choques eléctricos; golpizas realizadas por muchos agentes con palos y puntapiés que incluían golpes en la cabeza, las caderas y otras partes del cuerpo en que las víctimas tenían heridas; y el uso de celdas de castigo conocidas como el “hueco”. El Estado recurrió a la fuerza sin que existieran motivos determinantes para ello y aplicó sanciones crueles que están absolutamente prohibidas conforme al artículo 5 de la Convención Americana y a otras normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a la materia.
321. En el contexto de los hechos del presente caso, esas condiciones de detención y tratamiento significaron una afectación del derecho de los internos a vivir en un régimen de detención compatible con su dignidad personal, e incluyeron modalidades de castigo adicionales a la privación de la libertad en sí misma, que conllevaron graves lesiones, sufrimientos y daños a la salud de los internos. El Estado aprovechó el poder de control que tenía sobre quienes se encontraban en centros de detención para causarles un grave deterioro a su integridad física, psíquica y moral, a través de tales condiciones y tratamientos.
322. En seguida la Corte hará referencia a algunos parámetros y dictámenes en relación con tales condiciones de detención y trato a los internos. Asimismo, se analizará las consecuencias especiales que tuvieron algunas de ellas en las mujeres en general, las mujeres embarazadas y las internas madres.
323. En cuanto a la incomunicación, la Corte ya se ha referido en otros casos a los efectos que causa en los internos , y ha indicado, inter alia, que el “aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano” . Asimismo, ha establecido que la incomunicación sólo puede utilizarse de manera excepcional, tomando en cuenta los graves efectos que genera, pues “el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecient[a] el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles” . En igual sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado que el aislamiento sensorial total usado en conjunto con el aislamiento social total puede destruir la personalidad de un individuo; y por tanto constituye un tratamiento inhumano que no puede ser justificado aduciendo necesidad en seguridad .
324. En el presente caso esa incomunicación fue particularmente grave si se toma en cuenta que los internos habían sufrido el ataque del 6 al 9 de mayo de 1992 y que con posterioridad a éste no les fue permitido comunicarse con sus familiares, quienes naturalmente se preocuparían por lo ocurrido a aquellos. Esta imposibilidad de informar a sus familiares que habían sobrevivido al ataque y tener contacto con ellos después de tales hechos generó en los internos sentimientos adicionales de angustia y preocupación.
325. El encierro en celda oscura , tal como la descrita por los internos varones y llamada el “hueco” contraría las normas internacionales acerca de la detención. Al respecto, el perito Quiroga expresó que “[l]os prisioneros fueron frecuentemente castigados obligándolos a permanecer por varios días en cuartos de castigo conocidos como el “Hueco”[; dichos] cuartos eran pequeños y se llenaba[n] totalmente de prisioneros parados, de manera que ninguno de ellos pudiera sentarse o [a]costarse” (supra párr. 186). El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha señalado que las celdas de aislamiento de 60 x 80 centímetros, en las que no hay luz ni ventilación y sólo se puede estar en ellas de pié o agachado, “constituyen en sí mismas una forma de instrumento de tortura” .
326. Durante las llamadas “requisas” a las que fueron expuestos los internos, las autoridades inflingieron a éstos golpes con varas de metal en las plantas de los pies, trato comúnmente conocido como golpes de falanga. En la audiencia pública ante la Corte el perito Wenzel expresó que el uso de estos golpes “es una práctica que […] crea un dolor muy largo permanente [y] muy difícil de tratar”, y “afecta[n] todo el sistema nervioso [debido a que l]as plantas de los pies tienen una alta densidad de sensores nerviosos”(supra párr. 187). En el mismo sentido el perito Quiroga señaló que esa práctica conocida como falanga por los expertos en tratamiento de víctimas de tortura, “produce hematomas locales e intenso dolor agudo con dificultad para caminar” y que “algunas víctimas pueden sufrir de dolor crónico por engrosamiento de la aponeurosis plantar e incluso fractura de los huesos del metatarso” (supra párr. 186). El perito señaló que “est[e] método de castigo era […] colectivo [y] por su severidad y consecuencias físicas y psicológicas [es] consistente con tortura”. En el mismo sentido, el Protocolo de Estambul establece que la falanga es una forma de tortura .
327. En cuanto a la aplicación de electricidad, la Corte Europea determinó en un caso en el que se alegaba que la víctima había recibido choques eléctricos en las orejas, que dicha circunstancia, en conjunto con los golpes, sufrimiento psicológico y demás tratos infligidos a la víctima, habían constituido tortura . El perito Quiroga expresó que el castigo con corriente eléctrica aplicada a los internos generó un “intenso dolor” (supra párr. 186).
328. En opinión de la perito Deutsch los internos fueron “sujetos a tortura psicológica [mediante] la prohibición de trabajar, de leer, de ir al patio, y la prohibición de recibir visitas” (supra párr. 186). Asimismo estableció que “[t]odas estas medidas junto con el sufrimiento físico […] ponían a los prisioneros en estado de mucho estrés e interrumpían un ritmo de vida que llevaba a confundir y crear estados de ansiedad y desesperación por la impotencia de modificar o impedir o ser afectados por esas medidas” (supra párr. 186).
329. Al rendir dictamen en la audiencia pública ante la Corte, el perito Wenzel concluyó que el tipo de trato dado a los internos “definitivamente no es normal para contener a los prisioneros” (supra párr. 187). Asimismo, señaló, inter alia, que el retiro de estímulos como falta de luz, prohibición de ejercicio, música y lectura tiene efectos psicológicos y biológicos. En particular indicó que la falta de “luz [por] un período largo de tiempo […] causa depresión[, …] causa un daño bastante fuerte sobre el sistema psicológico y las glándulas [del] cerebro, [así como afectaciones] a las estructuras hormonales en el cuerpo”. El perito agregó que este tipo de condiciones “pueden […] activar otros efectos psicológicos [o] afectar un área[,] un punto vulnerable [de algún interno,] entonces esto puede llevar a problemas a largo plazo incluyendo la psicosis crónica entre otros” (supra párr. 187). Asimismo, concluyó que en este caso se configuró una tortura psicológica sistemática. El perito Quiroga indicó que “[l]as personas que han sobrevivido la tortura sin un daño físico visible significativo sufren de dolor crónico en un 90% [de los casos y es consistente] con los ejemplos [que analizó]” (supra párr. 186).
330. La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.
331. También afectó a las mujeres la desatención de sus necesidades fisiológicas (supra párr. 319). El Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido que el Estado debe asegurar que “las condiciones sanitarias [en los centros de detención] sean adecuadas para mantener la higiene y la salud [de las prisioneras], permitiéndoles acceso regular a retretes y permitiéndoles que se bañen y que limpien su ropa regularmente” . Asimismo, dicho Comité también determinó que se deben realizar arreglos especiales para las detenidas en período menstrual, embarazadas, o acompañadas por sus hijos . La comisión de esos excesos causó sufrimiento especial y adicional a las mujeres detenidas.
332. Quedó probado que en el caso de las internas Eva Challco y Sabina Quispe Rojas el Estado desatendió sus necesidades básicas de salud pre natal, y que con respecto a la última tampoco le brindó atención médica post natal (supra párr. 197.57), lo cual implicó una violación adicional a la integridad personal de éstas.
333. Este Tribunal considera que el conjunto de condiciones de detención y de tratamiento a las que fueron sometidos los internos en los centros penales donde se les trasladó o reubicó con posterioridad al llamado “Operativo Mudanza 1”, constituyó tortura física y psicológica infligida a todos ellos, con violación de los artículos 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
B) RESPECTO DE LOS FAMILIARES DE LOS INTERNOS
334. A la luz de los anteriores criterios, y con base en el acervo probatorio del caso, este Tribunal realizará un análisis de distintas acciones y omisiones estatales en relación con el tratamiento que se acreditó fue dado a algunos familiares de los internos durante los cuatro días del “operativo” y con posterioridad a éste.
335. La Corte reitera que los familiares de las víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas de hechos violatorios . En esta línea, la Corte ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que éstos han padecido como producto de las circunstancias particulares correspondientes a las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las actuaciones u omisiones posteriores de las autoridades estatales con respecto a esos hechos .
336. De la prueba se ha podido establecer que 28 familiares de los internos que estuvieron en el exterior del penal entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, en espera de información oficial sobre lo que sucedía, fueron insultados, golpeados y obligados a alejarse mediante disparos, agua y bombas lacrimógenas (supra párr. 197.19). Además de recibir este trato violento por parte de las autoridades estatales, los mencionados familiares tuvieron que soportar el dolor y la angustia de presenciar la magnitud del ataque dirigido a los pabellones del penal en que estaban sus familiares, lo cual incluso los llevó a pensar que sus familiares podrían haber muerto (supra párr. 187). Las referidas acciones estatales, totalmente injustificadas, generaron daños a la integridad física, psíquica y moral en perjuicio de dichos familiares de los internos. Los nombres de esos 28 familiares se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
337. Asimismo, de la prueba se ha logrado determinar que, una vez que concluyó el ataque, 36 familiares de los internos tuvieron que afrontar nuevos malos tratos e importantes omisiones por parte de las autoridades estatales cuando buscaron información respecto a lo ocurrido en el penal, quiénes estaban vivos y quiénes muertos, a dónde los habían trasladado y el estado de salud de sus parientes (supra párr. 197.55). Los referidos familiares de los internos tuvieron que recorrer hospitales y morgues en busca de sus seres queridos, sin recibir la atención debida en esos establecimientos estatales. Los nombres de esos 36 familiares se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
338. El testimonio de la señora Julia Peña es ilustrativo del sufrimiento que significó dicha búsqueda para los familiares (supra párr. 187). La señora Peña encontró a su hijo en la morgue de un hospital, se hallaba con vida, aunque gravemente herido; en otra morgue localizó el cuerpo de su hija fallecida. La señora Lastenia Caballero Mejía manifestó que la búsqueda de sus familiares en la morgue y en los hospitales fue algo que “nunca […] olvidará, [la dejó] marcad[a] como una huella muy grande” (supra párr. 187). Algunos de los familiares en sus testimonios señalaron que un elemento más de sufrimiento fue el hecho de encontrarse en tal situación de incertidumbre y desesperación precisamente el “día de la madre” (día domingo 10 de mayo de 1992).
339. La perito Deutsch señaló que los familiares fueron “sometidos a la horripilante experiencia de buscar a sus seres queridos en la morgue donde los cadáveres estaban apilados [y] desmembrados”, así como “[l]a demora injustificada en la entrega de [los mismos] ocasionó que [los cadáveres] estuvieran ya en descomposición” y que el haber visto a “sus seres queridos en esas condiciones agregó otro sufrimiento que bien podría haberse evitado” (supra párr. 186).
340. Finalmente, de la prueba se ha determinado que 25 familiares de los internos sufrieron debido a la estricta incomunicación y restricción de visitas que aplicó el Estado a los internos con posterioridad al ataque al penal (supra párr. 197.54 y 197.56). Este sufrimiento implicó una violación a la integridad psíquica de tales familiares. Los nombres de esos 25 familiares se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
341. La Corte considera que este tipo de medidas de incomunicación causó una particular afectación en los niños por la privación del contacto y relación con sus madres internas, y por ello presume dicho sufrimiento respecto de los hijos de las internas que tenían menos de 18 años de edad en la época de la incomunicación (supra párrs. 197.54 y 197.56). Se ha probado que se encontraba en tal condición Yovanka Ruth Quispe Quispe, hija de la interna Sabina Virgen Quispe Rojas, y Gabriel Said Challco Hurtado, hijo de la interna Eva Challco (supra párr. 197.57). Debido a que la Corte no cuenta con la prueba necesaria para determinar la identidad de todos los hijos de las internas que en esa época eran menores de 18 años, es preciso que dichas personas se presenten ante las autoridades competentes del Estado, dentro de los 8 meses siguientes a la notificación de esta Sentencia y demuestren su filiación y edad que determine que estuvieron en el referido supuesto y, por tanto, son víctimas de dicha violación.
342. Por lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de los familiares de los internos identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
Obligación de investigar efectivamente los hechos
343. El análisis de la obligación de investigar efectivamente los hechos violatorios del derecho a la integridad personal se realiza tomando en cuenta los parámetros a los que la Corte hizo referencia en los párrafos 253 a 256 de la presente Sentencia.
344. En particular, respecto de la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, la Corte ha señalado que ésta implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes . Asimismo, en virtud de que el Perú ratificó el 4 de junio de 1996 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, a partir de esa fecha debía observar lo dispuesto en el artículo 7.b de dicho tratado, que le obliga a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar dicha violencia. La obligación de investigar también se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de acuerdo a los cuales el Estado se encuentra obligado a “tomar[…] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como para “prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de esta Convención
cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.
345. En igual sentido, el Tribunal ha señalado anteriormente que:
a la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado, existe la obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura .
346. En el presente caso, la Corte considera que por los hechos declarados como violatorios del derecho a la integridad personal surgió para el Estado la obligación de investigar las afectaciones del mismo, la cual deriva del artículo 1.1 de la Convención Americana en conjunto con el referido derecho sustantivo protegido en el artículo 5 de la misma, aplicando las referidas disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichas disposiciones son aplicables al caso ya que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana.
347. En definitiva, el deber de investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole . Como ya ha señalado este Tribunal, en casos de vulneraciones graves a derechos fundamentales la necesidad imperiosa de evitar la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido . La obligación de investigar constituye un medio para garantizar tales derechos; y su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado .
348. Para determinar si se ha cumplido la obligación de proteger el derecho a la integridad personal por la vía de una investigación seria de lo ocurrido, es preciso examinar los procedimientos abiertos a nivel interno destinados a investigar los hechos del caso e identificar y sancionar a los responsables de los mismos. Este examen se hará a la luz de lo que dispone el artículo 25 de la Convención Americana y de los requerimientos que impone el artículo 8 de la misma para todo proceso, y se efectuará en el Capítulo XV de la presente Sentencia.
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349. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en conexión con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados y de los internos que sobrevivieron, quienes se encuentran identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. Los hechos revisten especial gravedad en razón de las consideraciones indicadas en este capítulo y en el Capítulo IX de “Responsabilidad internacional del Estado en el contexto del presente caso”.
350. Asimismo, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 de este capítulo e identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
XII
ARTÍCULO 11 (PROTECCIÓN A LA HONRA Y A LA DIGNIDAD) DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
351. La Comisión no alegó que se hubiere violado el artículo 11 de la Convención.
Alegatos de la interviniente común
352. La interviniente común de los representantes señaló que el Estado violó el artículo 11 de la Convención, apreciación que no figura en la demanda presentada por la Comisión. La interviniente indicó que:
a) “el Estado etiquetó a todas las personas detenidas a mayo de 1992 en los pabellones 1A y 4B de la prisión Casto Castro como ‘terroristas’, a pesar de que el 90% de los mismos se encontraban en detención preventiva”. Hasta la fecha se sigue hablando de ellos como terroristas;
b) el rótulo de “terrorista” también estigmatizó a las familias de las víctimas. Hasta el día de hoy una víctima sigue siendo referida como “terrorista que murió en la cárcel Castro Castro”, a pesar de contar con una orden de libertad por absolución; así también el caso de una abogada, que por el sólo hecho de defender el caso se ha convertido en “terrorista”;
c) “como señalan los sociólogos que ha estudiado el fenómeno, esto fue el resultado de una estrategia psicosocial del Estado que considera que la creación de opinión pública es un campo de batalla más de la guerra contrasubversiva”; y
d) llamar a este grupo de personas “terroristas” viola el derecho al honor y a la reputación de dichas personas y de sus familiares.
353. El Estado no presentó alegatos sobre la supuesta violación del artículo 11 de la Convención Americana.
Consideraciones de la Corte
354. El artículo 11 de la Convención Americana establece que:
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
355. En cuanto a la alegada violación del artículo 11 de la Convención, esta Corte reitera su jurisprudencia sobre la posibilidad de que las presuntas víctimas o sus representantes invoquen derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión, sin agregar hechos a los incluidos en ésta .
356. La interviniente común ha alegado que el 90% de los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro en la época de los hechos se hallaban en prisión preventiva y que en algunos casos se dispuso posteriormente el sobreseimiento de las causas. Dicha afirmación no fue controvertida por el Estado.
357. Asimismo, se encuentra probado que todos los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del penal Miguel Castro Castro en la época de los hechos fueron tratados por la prensa como “terroristas” (supra párr. 157.59), a pesar de que la mayoría no tenía sentencia condenatoria firme. Asimismo, los familiares fueron estigmatizados como “familiares de terroristas”.
358. De la prueba allegada al Tribunal, se ha constatado que en diversos artículos periodísticos publicados del 6 al 10 de mayo de 1992, se transcribe o se hace referencia a dos comunicados oficiales emitidos por el Ministerio del Interior del Perú los días 6 y 9 de mayo de 1992, en los cuales se hizo referencia a todos los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B con el calificativo de “terroristas de Sendero Luminoso”, “delincuentes terroristas” e “internos por terrorismo”. De igual manera, el Atestado Policial No. 322 (supra párr. 197.61) se refiere a los internos fallecidos llamándolos “delincuentes terroristas”, y un comunicado de prensa emitido por la Embajada del Perú en Inglaterra de 7 de mayo de 1992 se refiere a los “internos por terrorismo” que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del penal.
359. Dicha calificación expuesta por órganos del Estado significó una afrenta a la honra, dignidad y reputación de los internos sobrevivientes que no tenían sentencia condenatoria firme al momento de los hechos, de sus familiares, y de los familiares de los internos fallecidos que tampoco tenían sentencia condenatoria firme, ya que fueron percibidos por la sociedad como “terroristas” o familiares de “terroristas”, con todas las consecuencias negativas que ello genera.
360. No obstante, el Tribunal no cuenta con prueba suficiente que permita determinar quiénes serían los internos que al momento de los hechos tenían la calidad de acusados sin una sentencia condenatoria firme y, por tanto, tampoco se puede determinar quiénes eran sus familiares. En consecuencia, la Corte no puede declarar la responsabilidad del Estado por violación del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
XIII
ARTÍCULO 7 (DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL) DE LA CONVENCIÓN
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
361. La Comisión no alegó que se hubiera violado el artículo 7 de la Convención.
Alegatos de la interviniente común
362. La interviniente común de los representantes señaló que el Estado violó el artículo 7 de la Convención, apreciación que no figura en la demanda presentada por la Comisión. La interviniente indicó que:
a) “el Estado del Perú sistemáticamente violó el Artículo 7 de la Convención Americana […] en detrimento de los sobrevivientes de los eventos de Castro Castro [por] la naturaleza arbitraria de la privación de libertad de los sobrevivientes”, ya que “[l]uego de la masacre [l]a privación de libertad física de los prisioneros […era] fuera de toda ley[ porque] se torturaba y mantenía a las personas incomunicadas por un tiempo prolongado sin protección judicial alguna”. Asimismo, el Estado violó el artículo 7 de la Convención por “el retenimiento de la libertad de una prisionera[, Patricia Zorrilla,] más allá de su sentencia como resultado del juicio contra ella por los eventos de Castro Castro”, ya que “después del cumplimiento de su sentencia (fines de 2004) fue retenida 3 meses aproximadamente”; y
b) “las amenazas contra la libertad individual de la representante legal del presente caso, sobreviviente también de los hechos, reabriéndosele un caso que es ya cosa juzgada y cursándose órdenes de detención internacional contra ella, por la simple razón de haber intentado detener el litigio internacional del presente caso es también, con respecto a ella, una violación del artículo 7 (1), toda vez que esa amenaza continúa y es flagrante”.
363. El Estado no presentó alegatos sobre la alegada violación del artículo 7 de la Convención Americana.
Consideraciones de la Corte
364. Este Tribunal no se pronunciará sobre la alegada violación del artículo 7 de la Convención realizada por la interviniente común porque una parte de los argumentos de la interviniente se refieren al supuesto hecho de que la señora Patricia Zorrilla, presunta víctima, habría terminado de cumplir la pena de un delito “a fines de 2004”, pero se le privó de libertad durante tres meses, y ese hecho no es parte del objeto de la litis en el presente caso, definido a partir de la demanda que presentó la Comisión el 9 de septiembre de 2004. Asimismo, el Tribunal no se pronunciará sobre la alegada violación del artículo 7 de la Convención porque los restantes argumentos formulados ya fueron tomados en cuenta al analizar la violación del artículo 5 de la Convención Americana, y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en particular al examinar las condiciones de detención a que fueron sometidos los internos con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”.
XIV
ARTÍCULOS 12 (LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN) Y 13 (LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN) DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
Alegatos de la Comisión
365. La Comisión no alegó que se hubieren violado los artículos 12 y 13 de la Convención.
Alegatos de la interviniente común
366. La interviniente común de los representantes señaló que el Estado violó los artículos 12 y 13 de la Convención, apreciaciones que no figuran en la demanda presentada por la Comisión. La interviniente indicó que:
a) los presos eran llevados ante la bandera a cantar el Himno Nacional, cuya primera estrofa dice “somos libres”, contra su propia conciencia de que no lo eran. Estas prácticas buscaban que los internos abrazaran una ideología nacionalista en los términos del Estado. Si se rehusaban a hacerlo eran sometidos a maltratos; y
b) la reclusión absoluta en incomunicación e inmovilidad quería en última instancia atacar a la mente, por lo que “es justamente la libertad de pensamiento lo que estaba siendo atacado y la obliteración de la mente de las personas privadas de libertad con el uso de tortura era una violación flagrante de la libertad de conciencia humana”.
Alegatos del Estado
367. El Estado no presentó alegatos sobre la supuesta violación de los artículos 12 y 13 de la Convención Americana.
Consideraciones de la Corte
368. Este Tribunal no examinará la alegada violación de los artículos 12 y 13 de la Convención Americana, porque ya ha tomado en cuenta los argumentos formulados por la interviniente al respecto, al analizar la violación del artículo 5 de la Convención Americana y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en particular al analizar las condiciones de detención a que fueron sometidos los internos con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”.
XV
Violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
(Garantías Judiciales y Protección Judicial)
en relación con el artículo 1.1 de la misma, y en conexión con
los artículos 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura
Alegatos de la Comisión
369. La Comisión alegó la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, respecto de lo cual señaló que:
a) las ejecuciones extrajudiciales de las víctimas fatales constituyeron hechos violentos realizados por agentes del Estado que, por su forma y manejo, exigía a los funcionarios de la policía judicial, del ministerio público y de los juzgados a cargo de la investigación, emplear todos los esfuerzos para realizar una búsqueda inmediata, con las pesquisas urgentes y necesarias;
b) el Perú es responsable por la falta de una adecuada investigación sobre los hechos que originan el presente caso. No se han integrado las más elementales medidas de indagación. Entre las serias deficiencias de la investigación llevada adelante por el Estado están la destrucción del expediente policial y la falta de recolección oportuna de testimonios de los reclusos sobrevivientes. Esta deficiente actuación de la policía y del Ministerio Público ha conducido a que, luego de más de 14 años desde la “masacre” en el penal “Castro Castro”, no se haya identificado y sancionado a los responsables y, por ende, las presuntas víctimas y sus familiares no hayan podido promover un recurso con el objeto de obtener una compensación por los daños sufridos. Por lo tanto, se trata de “un caso de encubrimiento absoluto de los hechos y responsabilidades de todos los autores […] por esta grave violación de derechos humanos”;
c) la falta de debida diligencia en el proceso de investigación y en la preservación de evidencia esencial, sin la cual los procesos judiciales no podrían llevarse adelante, caracteriza una violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, sobre todo en casos como el presente, en el que las autoridades deben actuar de oficio e impulsar la investigación, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los particulares. El Estado no ha ofrecido una explicación satisfactoria respecto a la excesiva prolongación de este proceso de investigación;
d) esta obligación de investigar del Estado requiere que se castigue a los autores materiales e intelectuales de los hechos violatorios de derechos humanos;
e) la investigación únicamente se refiere a la muerte de víctimas, y no incluye la investigación de las heridas, los maltratos y las torturas. Además, la investigación se limita a lo ocurrido del 6 al 9 de mayo de 1992;
f) en sus alegatos finales escritos indicó que casi un centenar de las víctimas del presente caso son mujeres, para quienes las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos resultaron particularmente gravosas. Si bien la Convención de Belém do Pará no estaba vigente en Perú en la época de los hechos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 de la Convención Americana este tratado puede ser utilizado a efectos de analizar la responsabilidad estatal por las violaciones a los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana. La Convención de Belém do Pará establece obligaciones del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
g) la absolución por parte de la Segunda Sala del Consejo Superior Justicia de la II Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú el 5 de noviembre de 1992 a favor del personal policial que participó en el operativo “Mudanza 1”, no satisface los requerimientos de justicia en el presente caso, porque la gravedad de las acciones y las consecuencias del operativo constituyen delitos comunes y algunos crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados por tribunales independientes e imparciales. El hecho de que la investigación que involucra a oficiales de la Policía haya sido confiada a esa misma fuerza de seguridad, plantea serias dudas acerca de su independencia e imparcialidad;
h) se ha impedido el acceso a la justicia de las presuntas víctimas o sus familiares, incluso en el plano de una compensación económica, debido a que la obtención de la reparación civil por los daños ocasionados como consecuencia de un hecho ilícito tipificado penalmente, se encuentra sujeto al establecimiento del delito en un proceso de naturaleza criminal;
i) a pesar de que el Estado ha manifestado que tras la adopción del informe de la Comisión ha emprendido una nueva investigación de los hechos a través de la fiscalía especial sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, las contravenciones de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención se consumaron desde que el Estado omitió llevar a cabo investigaciones y procedimientos internos suficientemente rigurosos para contrarrestar el encubrimiento realizado;
j) en su escrito de observaciones de 22 de septiembre de 2006 (supra párr. 113) indicó que “la prueba superviniente ofrecida por el Estado el 25 de agosto de 2006[, en relación con la denuncia penal formulada contra el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori …, ] evidencia la adopción de pasos positivos hacia el pleno esclarecimiento de los hechos [y] el procesamiento y sanción de los responsables”. Sin embargo, “la indagación debe ampliarse a los miembros de tropa de la policía y las fuerzas armadas peruanas que participaron en el ataque [… y] no debe limitarse temporalmente a los días 6 a 9 de mayo de 1992, sino incluir la preparación del ataque, los actos posteriores a la toma de los pabellones 1A y 4B, y la obstrucción a la justicia por parte de los propios agentes involucrados; y no debe referirse sólo a la muerte de las al menos 42 víctimas fatales de los hechos, sino también a las heridas sufridas por al menos 175 internos y los maltratos a los que fueron sometidos el resto de sobrevivientes durante el ataque y tras su conclusión”; y
k) en su escrito de observaciones de 5 de octubre de 2006 (supra párr. 116) la Comisión reiteró sus conclusiones del escrito de 22 de septiembre de 2006, y agregó que “la prueba superviniente presentada por el Estado al Tribunal el 20 de septiembre de 2006 es de recibo y evidencia la adopción de pasos positivos hacia el pleno esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y sanción de los responsables”.
Alegatos de la interviniente común
370. La interviniente común alegó la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Además, sostuvo la existencia de violaciones a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y de los artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, apreciaciones que no se encuentran en la demanda presentada por la Comisión Interamericana. La interviniente alegó, en resumen, lo siguiente:
a) los hechos del caso están impunes, la negación de protección judicial y de un recurso sencillo y rápido para la protección de la integridad y vidas de las presuntas víctimas ocurrió desde el momento en que se perpetuaron los hechos, y se extiende hasta la actualidad. “A más de 13 años de los hechos no existe ninguna persona, ningún perpetrador condenado por la masacre de Castro Castro ni por las torturas sistemáticas ocurridas contra los sobrevivientes”, no obstante que han transcurrido más de 5 años desde la caída del régimen de Fujimori. Contrasta con la gravedad de los hechos (que son crímenes de lesa humanidad) que ninguna persona se encuentre detenida;
b) la apertura de una investigación judicial no hace cesar la violación a estos derechos, “ni descarga la responsabilidad del Estado en cuanto a la protección judicial”. Las presuntas víctimas consideran que los efectos de las violaciones no han sido resarcidos y se encuentran vigentes, aquellos no participan en el proceso interno a que hace referencia el Estado;
c) una investigación seria tiene que encausar a los principales agentes responsables de la masacre de la prisión de Castro Castro y del régimen de torturas aplicado a los sobrevivientes;
d) “la actual investigación [… ante] el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial […] no llena los requisitos de la investigación debida por parte del Estado […] porque no incluye todos los hechos criminales ocurridos […,] la tipificación del delito es […] inadecuad[a …], no cubre todos los delitos cometidos […], se concibe como ‘víctima’ sólo a los muertos […] y […] no juzga a todos los individuos partícipes en el crimen en particular”;
e) a los prisioneros se les negó todo remedio por las violaciones que sufrieron, sin que tuvieran acceso a “recursos a la ley”, ni a su derecho a la verdad, con violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Se les negó su derecho a igual protección de la ley en virtud de un Decreto Ley que establecía que no era posible plantear el hábeas corpus en los casos de procesados por terrorismo;
f) “para efectos del presente caso […] las personas privadas de libertad en el penal de Castro Castro han de ser consideradas población civil en detención”;
g) en su escrito de observaciones de 31 de agosto de 2006 (supra párr. 110) manifestó que “la denuncia fiscal contra Alberto Fujimori Fujimori es un paso importante […] para sancionar los crímenes ocurridos en la prisión de Castro Castro”. Sin embargo, señaló que “el Estado […] debe abrir instrucción contra todos los responsables de dichas violaciones” y reiteró que la tipificación de homicidio no cubre todos los delitos cometidos. Además “corresponde que el fiscal o en su defecto el juez encargado del proceso contra Fujimori corrija la tipificación en dicho caso y use el tipo penal de crímenes de lesa humanidad”;
h) en su escrito de 29 de septiembre de 2006 (supra párr. 115) alegó que “no considera[n] que la investigación al presente haya ‘restaurado’ violaciones de los artículos 8 y 25”. Asimismo indicó que preocupa “que la investigación llevada a cabo por el Estado [se realice] como si el proceso ante la Corte […] no existiera y [el] reconocimiento [de los hechos] no se hubiera dado”, y que los “que ordenaron dichos crímenes” continúen “teniendo [la] calidad de `testigos’”;
i) el Perú debería solicitar la inclusión de este caso dentro del pedido a Chile de extradición de Alberto Fujimori. “De no hacerse esto, la impunidad de los hechos continuará”; y
j) la Convención de Belém do Pará resulta directamente aplicable desde el 4 de junio de 1996, día en que el Estado ratificó este tratado, ya que la “negación de la justicia y persecución de varias sobrevivientes continua hasta el día de hoy”.
Alegatos del Estado
371. En el escrito de alegatos finales, el Estado expresó que:
a) dispuso la creación de Fiscalías Especializadas para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas, así como Juzgados Penales Supraprovinciales, mediante Resolución Administrativa;
b) desde el 26 de noviembre de 2001 inició la investigación de los hechos, la cual se vio sujeta a varias ampliaciones debido a su complejidad. El 30 de mayo de 2005 se formuló una denuncia formal por los hechos y el 16 de junio del mismo año se abrió la instrucción, con la concurrencia de una gran cantidad de testigos;
c) en la actualidad se está juzgando a integrantes de las fuerzas policiales en la jurisdicción ordinaria, sin aplicar normas procesales para sustituirla;
d) el “conjunto de principios y garantías que conforman el llamado [d]ebido [p]roceso, están siendo respetados”. Los inculpados y las partes civiles reconocidas han contado con la defensa de abogados defensores de su elección. Asimismo, han tenido el derecho de participar en las diligencias judiciales, presentar medios probatorios y realizar los descargos correspondientes;
e) en el proceso penal se han recibido las declaraciones instructivas de 12 procesados, faltando únicamente la instructiva de un acusado. También se han recibido 106 declaraciones testimoniales, incluyendo el 95% de las declaraciones solicitadas por el fiscal y por el Ministerio de Justicia de manera oficiosa. Además, se han realizado diligencias de ratificación pericial por parte de 8 médicos legistas suscriptores de los protocolos de necropsia de las víctimas fatales, y de 8 peritos en balística suscriptores de los dictámenes periciales de balística forense practicados en las víctimas fatales; así como 15 diligencias de confrontación y una diligencia de inspección judicial en el Centro Penal Miguel Castro Castro. Asimismo, se han realizado 2 diligencias de declaración preventiva de familiares de agraviados, por ser los únicos apersonados y constituidos como parte civil en la instancia, notificándoles todas las diligencias y actuaciones llevadas a cabo, sin que se haya podido localizar a los familiares de las restantes víctimas. Las indagaciones sobre el nombre y domicilio de los demás agraviados continúan;
f) en el proceso penal también se está tratando de “establecer la ubicación de las armas incautadas al término del Operativo Mudanza I presuntamente de los internos, así también establecer la ubicación de los proyectiles de armas de fuego que fueron extraídos de las occisos así como los encontrados en las instalaciones de los pabellones de mujeres 1A, varones 4B, rotonda, explanada de la tierra de nadie” del penal;
g) a la fecha del escrito de alegatos finales el “[e]xpediente [del caso] se encuentra en el Ministerio Público a fin de que se emita el dictamen correspondiente previo al juzgamiento”;
h) considera probada su firme intención “de sancionar los hechos y evitar la impunidad” y manifestó que la “determinación de las responsabilidades individuales que se deriven de las actuaciones del Poder Judicial, sentarán bases sólidas para garantizar la no repetición de hechos como los que se conocen en el presente proceso”;
i) “está buscando una justicia sana que busca corregir la verdad histórica y […] que la solución a todas estas situaciones afecte a la sociedad en su conjunto”. Existen los mecanismos suficientes para obtener esta justicia y la plena seguridad “de que las pretensiones de las víctimas [y] de los familiares van a ser recogidas por la instancia jurisdiccional interna”;
j) el 25 de agosto de 2006 el Estado presentó un escrito (supra párr. 108) en el cual manifestó que “[l]a denuncia fiscal planteada [en contra de Alberto Fujimori Fujimori] prueba[…] fehacientemente el interés del Estado […] en procurar la Justicia y sancionar a los responsables de los trágicos sucesos acaecidos en el Penal ‘Miguel Castro Castro’ en mayo de 1992 y, de es[a] forma, ser coherente con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos[…]”;
k) el 14 de septiembre de 2006 el Estado presentó un escrito (supra párr. 112) mediante el cual manifestó que la apertura de “instrucción con mandato de detención” contra el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori por los hechos del caso demuestra la firme intención del Estado de lograr su “inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional”. El Estado agregó que en dicho auto de apertura se invocó “expresamente” el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana sobre el caso 11.015; y
l) solicitó a la Corte que declare que “ha cumplido con restablecer el derecho a la protección judicial que le asiste a los deudos de las víctimas[, ya que] actualmente se están prestando todas las garantías por parte del órgano jurisdiccional interno para el pleno ejercicio de este derecho por parte de ellos y se están dando todas las condiciones para logar el esclarecimiento total de los hechos, garantizando […] una efectiva sanción para los responsables[, l]o que garantizará la no repetición de hechos como los que se han tratado en el presente proceso”.
Consideraciones de la Corte
372. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que
[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
373. El artículo 25.1 de la Convención dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
374. En el párrafo 264 de esta Sentencia se ha indicado lo que disponen los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura respecto de la obligación de investigar y sancionar.
375. El artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer dispone que:
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
[…]
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
376. En cuanto a la posibilidad de que la interviniente alegara la violación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Corte se remite a lo indicado en el párrafo 265 de esta Sentencia.
377. De acuerdo a las obligaciones internacionales contraídas por el Perú, éste tiene el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana, pero además conforme a las obligaciones específicas que le imponen las Convenciones especializadas que ha suscrito y ratificado en materia de prevención y sanción de la tortura y de la violencia contra la mujer (supra párr. 376).
378. Para cumplir con la obligación de investigar el Estado debe observar lo indicado en el párrafo 256 de esta Sentencia, en el sentido de que “una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”. Asimismo, en virtud de que el Perú ratificó el 4 de junio de 1996 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, debe observar lo dispuesto en el artículo 7.b de dicho tratado, que le obliga a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar dicha violencia. Con respecto a los actos que constituyeron tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Estado también debe observar la obligación que le impone la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en el sentido de “tomar[…] medidas efectivas para prevenir y sancionar” tales violaciones (supra párr. 344), y la obligación dispuesta en el artículo 8 de dicho tratado de que ante “denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción” deberá “garantizar que sus respectivas autoridades procedan de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal”.
379. De acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Corte analizará si el Estado ha cumplido con su obligación de investigar dispuesta en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, aplicando las referidas disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichas disposiciones son aplicables al caso ya que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana.
380. En el presente caso la Corte ha determinado que el Estado violó los derechos a la vida y a la integridad personal, en los términos indicados en los párrafos 231 a 258 y 262 a 350. En razón de ello el Estado tiene el deber de investigar las afectaciones a dichos derechos como parte de su deber de garantizarlos, como se desprende del artículo 1.1 de la Convención Americana.
381. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) .
382. Asimismo, esta Corte ha señalado que la facultad de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables .
383. Este Tribunal ha especificado que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En este sentido, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas la Corte ha señalado los principios que deben orientar tales diligencias. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben, inter alia, a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.
384. Por otro lado, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que la evaluación sobre el uso de la fuerza que haya implicado la utilización de armas debe hacerse sobre todas las circunstancias y el contexto de los hechos, incluyendo las acciones de planeación y control de los hechos bajo examen .
385. En cuanto a las acciones adoptadas por el Estado entre mayo de 1992 y la apertura del primer proceso penal ordinario en junio de 2005, la Corte hace notar que las autoridades estatales incurrieron en importantes omisiones en cuanto a la recuperación, preservación y análisis de la prueba, tales como: no se realizaron actas de levantamiento de cadáveres; en el acta de incautación de armas encontradas dentro del penal no se especificó el lugar exacto ni las circunstancias del hallazgo; los certificados de necropsia e informes médicos forenses se limitaron a describir las heridas sufridas por las víctimas mortales y las lesiones encontradas en algunos heridos, sin indicar los proyectiles recuperados de los cuerpos de las víctimas (supra párrs. 196 y 197). Asimismo, llama la atención de esta Corte la falta de preservación de la prueba y de las actuaciones policiales referidas a los hechos del presente caso. Consta que en aplicación de una Resolución Ministerial y un Reglamento se incineró gran parte del expediente interno referido a este caso (supra párr. 197.62).
386. Ha quedado establecido que en el presente caso, el 16 de junio de 2005, el Estado inició un proceso penal ante el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial con el objeto de investigar una parte de los hechos, con el propósito de juzgar y castigar a los responsables de los mismos (supra párr. 197.70). Es decir, el primer proceso penal ante la justicia ordinaria para investigar la responsabilidad penal por las violaciones cometidas se abrió aproximadamente 13 años después de ocurridos aquellos. En ese proceso penal solamente se están investigando las muertes de internos como consecuencia de lo sucedido en el Penal Castro Castro del 6 al 10 de mayo de 1992, y se encuentran 13 personas en calidad de imputados (supra párr. 197.70). Asimismo, hace casi tres meses se abrió instrucción contra Alberto Fujimori Fujimori, también para investigar dichas muertes (supra párr. 197.75).
387. En primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.
388. La Corte reconoce que el Estado actualmente se encuentre desarrollando procesos penales en la jurisdicción ordinaria, en los que figuran como imputados personas que en la época de los hechos desempeñaban altos cargos, como son el ex Presidente de la República, el ex director del Penal Castro Castro, el ex Director de la Policía Nacional y el ex Ministro del Interior, así como también figuran como imputados diez funcionarios de la Policía Nacional del Perú (supra párr. 197.70). De acuerdo con la prueba allegada a la Corte, en estos procesos el Estado ha respetado el principio del plazo razonable y en los tiempos establecidos en la normativa interna se han realizado gran cantidad de diligencias probatorias (supra párrs. 197.70 a 197.74).
389. Además, el Tribunal considera que las mencionadas omisiones que se configuraron en cuanto a la recuperación, preservación y análisis de la prueba con anterioridad al desarrollo de los procesos penales en curso (supra párr. 385), han afectado el desarrollo de los mismos. Según la declaración formulada en la audiencia pública ante la Corte, los días 26 y 27 de junio de 2006, por el juez penal que ha instruido el proceso en torno a estos hechos (supra párrs. 187 y 197.74), se han tenido que hacer diligencias tendientes a esclarecer el contenido de protocolos de necropsia de los internos occisos y dictámenes periciales de balística forense que ya existían pero que estaban incompletos, con el fin determinar: la ubicación externa de las lesiones; la posible causa y forma de producción; la trayectoria y distancia de los proyectiles de armas de fuego; la trayectoria y orificios de entrada y salida en los cuerpos de los occisos; y la causa directa de muerte. Asimismo dicho juez penal informó que se están “tratando de ubicar las armas incautadas al termino del operativo Mudanza 1[, … y ] se está tratando de establecer la ubicación de los proyectiles de armas de fuego que fueron extraídos de los occisos así como los encontrados en las instalaciones de los pabellones de mujeres 1A, varones 4B, rotonda, y explanada de tierra de nadie”. En el mismo sentido el perito Nizam Peerwani (supra párr. 187) señaló que la evidencia no fue recolectada ni fue preservada en debida forma, ya que hubiera sido muy útil recoger muestras de aire y conservar alguna ropa que vestían los internos, pruebas que hoy en día es imposible recuperar, y explicó que una adecuada evaluación forense debe incluir el análisis de la ropa del occiso.
390. Si bien la apertura de esos procesos constituye pasos positivos hacia el esclarecimiento y juzgamiento de los responsables por las muertes ocurridas como consecuencia de los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, la Corte considera violatorio del derecho de acceso a la justicia que dichos procesos no abarquen la totalidad de los hechos violatorios de derechos humanos analizados en la presente Sentencia, cuya gravedad es evidente. Tanto las denuncias penales formuladas por la Fiscalía como los autos de apertura de instrucción de los procesos penales dictados por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial se refieren solamente a delitos de homicidio.
391. En el presente caso, el Estado no ha brindado una explicación a la Corte de las razones por las cuales no se ha iniciado un proceso penal por todos los acontecimientos violatorios, a pesar de que reconoció su responsabilidad internacional por los hechos sucedidos del 6 al 10 de mayo de 1992 y expresó que “los hechos […] no se pueden ocultar, no se puede ocultar el dolor, […] no se pueden ocultar los heridos, no se pueden ocultar el dolor de los familiares de las víctimas”.
392. Para encontrar alguna explicación sobre esta falta de inclusión de todos los hechos violatorios en los procesos penales que se tramitan ante el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, la Corte formuló preguntas al juez a cargo de ese juzgado cuando rindió declaración ante este Tribunal en la audiencia pública celebrada los días 26 y 27 de junio de 2006 (supra párr. 187), quien respondió básicamente que corresponde a la Fiscalía de la Nación la persecución exclusiva del delito, por lo que el juez no tiene la facultad de ordenar la apertura de instrucción por otro delito. Asimismo, el testigo señaló que en el caso del Penal Castro Castro “se ha corrido traslado al fiscal competente en lo pertinente” para que emita opinión sobre dos aspectos: el primero es que se dice en los autos y en la investigación que hubo muchos heridos, como también otros actos que han vulnerado diferentes bienes jurídicos que no solo condujeron a muertes; y el segundo es que la parte civil solicitó la comparencia al proceso del ex presidente Fujimori.
393. De acuerdo a la prueba aportada por el Perú con posterioridad a dicha audiencia pública, la Fiscalía efectivamente formuló denuncia contra Alberto Fujimori Fujimori, pero por el mismo delito de homicidio, y el juez ordenó la apertura de instrucción en la vía ordinaria por dicho ilícito. Es decir, se continúa investigando solamente las muertes. La Corte considera que esta falta de investigación de todas las violaciones a los derechos humanos de las cuales es responsable el Estado constituye una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, en tanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.
394. Esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno” . Por ello, el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para cumplir la obligación de investigar todos los hechos constitutivos de las violaciones a los derechos humanos declaradas en esta Sentencia y para ello debe tomar en cuenta lo resuelto por esta Corte en la presente Sentencia, incluyendo las consideraciones realizadas sobre las víctimas de los hechos, los derechos que se declararon violados y la determinación de la gravedad y magnitud de los mismos. Ello implica también que el Estado tome en consideración la gravedad de los hechos constitutivos de violencia contra la mujer, teniendo en consideración las obligaciones que le imponen los tratados que ha ratificado en esa materia.
395. Además, la gran demora en la apertura del proceso penal ha tenido repercusiones particulares para todas las víctimas del caso, ya que en el Perú, como ha sido notado en otros casos , la reparación civil por los daños ocasionados como consecuencia de un hecho ilícito tipificado penalmente se encuentra sujeta al establecimiento del delito en un proceso de naturaleza criminal. Es decir, la falta de justicia en el orden penal ha impedido que las víctimas obtengan una compensación por los hechos perpetrados, afectando así su derecho a recibir una reparación adecuada.
396. La Corte ha constatado que en agosto de 1992 se instruyó el Atestado Policial NO. 322 IC-H-DDCV respecto a la investigación de los sucesos ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro, mediante el cual se determinó, sin mayor análisis, “que el personal policial que intervino en el debelamiento del motín en el interior del penal […había] actuado dentro del marco legal con apoyo de la FF. AA” (supra párr. 197.61). De la misma manera en noviembre de 1992, el Consejo Superior de Justicia de la II Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú declaró que no había mérito para la apertura de instrucción contra los miembros de la Policía Nacional que intervinieron, por encontrarse en Acto de Servicio y en cumplimiento de la Ley, disponiéndose el archivo definitivo de la denuncia que le dio origen (supra párr. 197.68).
397. Estas disposiciones tampoco tuvieron el carácter de medidas efectivas para cumplir la obligación de investigar, no solo por la forma como fue resuelta la investigación, sino principalmente porque no se trató de procesos ante un órgano judicial independiente e imparcial.
398. El 20 de abril de 1996 fueron condenados a cadena perpetua 4 internos que también son víctimas en este caso, por los hechos acontecidos en el Penal Miguel Castro Castro del 6 al 9 de mayo de 1992. No fue sino hasta el 2004 que estos internos resultaron absueltos de dicha condena por la Sala Nacional para Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia del Perú (supra párr. 197.67).
399. Tanto la Comisión como la interviniente común alegan la falta de persecución de todos los autores de los hechos del presente caso. Al respecto, cabe resaltar que en los procesos penales que está llevando a cabo solamente figuran como presuntos responsables 14 personas (supra párr. 197.70 y 197.75). Esta determinación contrasta con el hecho ya establecido de que en el “Operativo Mudanza 1” participaron muchos efectivos del personal policial y del ejército peruano, e incluso efectivos de unidades especializadas de la policía (supra párr. 197.21). Asimismo, ha notado la Corte que recién ahora se están realizando diligencias para determinar quiénes fueron los agentes que participaron en tales hechos (supra párr. 197.74). Como ya se señaló líneas arriba el Estado debe tomar en cuenta lo establecido por este Tribunal en torno a los hechos y a las violaciones declaradas para cumplir con su obligación de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia (supra párr. 394). El Perú también debe tomar en consideración para el cumplimiento de su obligación de investigar, perseguir, juzgar y, en su caso, castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos la gravedad de los hechos y de las violaciones de derechos humanos de este caso, así como la magnitud del “operativo” mismo.
400. En cuanto a los distintos alegatos presentados por las partes respecto de la participación de las víctimas en los procesos penales internos, este Tribunal ha establecido que la responsabilidad del Estado por no haber reparado las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, no se ve anulada o disminuida por el hecho de que los familiares de las víctimas no hayan intentado utilizar las vías civiles o administrativas que en dado caso señale el Estado. La obligación de reparar los daños es un deber jurídico propio del Estado que no debe depender exclusivamente de la actividad procesal de las víctimas .
401. El Estado también alegó que ha “restablec[ido] el derecho a la protección judicial que le asiste a los deudos de las víctimas[, ya que] actualmente se están prestando todas las garantías […] para el pleno ejercicio de este derecho[…]”. Al respecto este Tribunal reitera su jurisprudencia en el sentido de que la responsabilidad del Estado se genera con la violación internacional que se le atribuye .
402. Además, esta Corte encuentra que en mayo de 1992, época a partir de la cual ocurrieron los hechos del presente caso, la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluidos el asesinato y la tortura ejecutados en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, era violatoria de una norma imperativa del derecho internacional. Tal como esta Corte lo estableció en el caso Almonacid Arellano, dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens, y la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general .
403. En cuanto a la ocurrencia de los hechos bajo un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, ya ha sido establecido que los hechos del presente caso ocurrieron dentro de un contexto de conflicto interno y de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú (supra párrs. 201 a 209), que el ataque a los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro constituyó una masacre, y que dicho “operativo” y el trato posterior otorgado a los internos tenían el fin de atentar contra la vida e integridad de dichos internos, quienes eran personas acusadas o sentenciadas por los delitos de terrorismo y traición a la patria (supra párrs. 215, 216 y 234). Asimismo, el Tribunal hace notar que dichas personas se encontraban recluidas en un centro penal bajo el control del Estado, siendo este de forma directa el garante de sus derechos.
404. Por lo tanto, la Corte encuentra que hay evidencia para sostener que las muertes y torturas cometidas contra las víctimas de este caso por agentes estatales, por las razones referidas en párrafos precedentes constituyen crímenes de lesa humanidad. La prohibición de cometer estos crímenes es una norma de ius cogens, y, por tanto, el Estado tiene el deber de no dejar impunes estos delitos y para ello debe utilizar los medios, instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales para la persecución efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores, con el fin de prevenirlas y evitar que queden en la impunidad .
405. Este Tribunal ha señalado invariablemente que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, caracterizada como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” . Se debe combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, tomando en cuenta la necesidad de hacer justicia en el caso concreto y que aquélla propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas . Este Tribunal ha destacado también que la naturaleza y gravedad de los hechos en contextos de violaciones sistemáticas de derechos humanos genera una mayor necesidad de erradicar la impunidad de los hechos .
406. El Tribunal también tiene en cuenta la importancia que conlleva la apertura de un proceso penal en contra del ex Presidente peruano Alberto Fujimori Fujimori, a quien se atribuye haber planificado y ejecutado el “Operativo Mudanza 1” (supra párrs. 197.75 y 209). Al respecto la interviniente común durante la audiencia pública señaló que “el día que [ellos] vea[n] que el Estado […] tiene la voluntad política de abrir un juicio [contra] Alberto Fujimori Fujimori por este caso […] eso [los] emp[ezará] a sanar[…]”. Asimismo, la Comisión al presentar sus observaciones en torno a la apertura de la instrucción por parte del juez penal consideró que era “de recibo y evidencia la adopción de pasos positivos hacia el pleno esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y sanción de los responsables”.
407. Tomando en consideración la gravedad de los hechos del presente caso, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas.
408. Por todo lo anterior, este Tribunal estima que los procedimientos internos abiertos en el presente caso no han constituido recursos efectivos para garantizar un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas, dentro de un plazo razonable, que abarque el esclarecimiento de los hechos, la investigación y, en su caso, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones a la vida e integridad. Por ello, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación contenida en el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 del Capítulo sobre violación a la integridad personal e identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
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409. Este Tribunal no se pronunciará sobre la alegada violación a la “igual protección de la ley” en relación con la interposición del hábeas corpus (supra párr. 370.e), realizada por la interviniente común, porque se refiere a un hecho que no es parte del objeto de la litis en el presente caso que ha sido definido a partir de la demanda que presentó la Comisión.
XVI
REPARACIONES
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1
OBLIGACIÓN DE REPARAR
Alegatos de la Comisión
410. Solicitó a la Corte que:
a) en atención a la naturaleza del presente caso, los beneficiarios de las reparaciones que ordene la Corte como consecuencia de la violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado peruano son las personas individualizadas en el Apéndice A de la presente demanda y sus allegados que acrediten durante el procedimiento ante el Tribunal un vínculo emocional cercano con las víctimas y haber sido profundamente afectados por los hechos;
b) en cuanto al daño material, fije en equidad el monto de la indemnización correspondiente al daño emergente y lucro cesante, tomando en cuenta la naturaleza del caso y el número de víctimas, “sin perjuicio de las pretensiones que en el momento procesal oportuno presenten las representantes de las víctimas y sus familiares”;
c) en cuanto al daño inmaterial, que fije en equidad el monto de la compensación por los sufrimientos físicos y psicológicos padecidos por las víctimas, atendiendo a la naturaleza del caso y al número de víctimas. Es necesario tomar en consideración la falta de una investigación diligente de los hechos y de la consecuente sanción de los responsables, la falta de identificación y entrega de los restos mortales de al menos una de las víctimas, entre otros agravios. Los actos a que fueron sometidas las víctimas habrán producido en ellas diversas formas, y en distinto grado, miedo, sufrimiento, ansiedad, humillación, degradación y sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración e impotencia. Al menos 321 sobrevivientes que resultaron físicamente ilesos compartieron con sus compañeros fallecidos y heridos el horror del ataque y el maltrato posterior a su conclusión, sufriendo la mayoría de ellos, las secuelas psicológicas hasta el presente;
d) fije en equidad el monto de la compensación por concepto de daños inmateriales, inflingido a los seres cercanos a las víctimas directas. De la prueba se desprende que los familiares de las víctimas experimentaron sufrimientos morales como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidas, quienes en algunos casos hasta este momento desconocen cuál fue el destino de las víctimas directas. Aunando a lo anterior, se encuentra el sentimiento de impotencia y frustración por la falta de resultados en el proceso de investigaciones;
e) en cuanto a las indemnizaciones compensatorias, estima que respecto a los montos de la indemnización a los que tienen derecho las víctimas y sus familiares que se encuentran debidamente representados ante la Corte, es aplicable la obligación de compensación por daño, detallada por su representación. Por otro lado, es necesario que se tomen en cuenta las pretensiones compensatorias del otro grupo de víctimas, representado por la denunciante original, la señora Astete, debido a que la interviniente común expuso sus pretensiones sobre esta cuestión, únicamente a nombre de las personas que le otorgaron poder para representarlas. En lo que corresponde a las víctimas que no han designado representación, la Comisión defiende sus intereses y solicita que se fije en equidad una indemnización compensatoria para dichas víctimas y sus familiares, disponiendo como modalidad de cumplimiento los procesos de búsqueda, identificación, acreditación y reclamo que permitan concretar los pagos respectivos. En el caso de las víctimas que no se encuentran localizadas, es necesario y pertinente que se adopten las medidas adecuadas para asegurar que dichas víctimas y sus familiares no se vean privados de la justa reparación que les es debida como consecuencia de los hechos que han sido reconocidos por el Estado;
f) en cuanto a las medidas de cesación de las violaciones, el Estado debe cumplir con su obligación de investigar, acusar y castigar debidamente las violaciones de derechos humanos en el presente caso, pues de lo contrario incurre en violación continua del derecho establecido en el artículo 25 y de la obligación consagrada en el artículo 1 de la Convención Americana”. En el mismo sentido, es necesario que se recuperen y entreguen los restos de la o las víctimas que no fueron plenamente identificadas por sus familiares, a fin de que estos completen el duelo por el desconocimiento de la suerte de sus seres queridos y se repare parcialmente el daño causado. Además, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la justicia militar se ocupe de investigar y juzgar violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública;
g) en cuanto a las medidas de rehabilitación, se ordene al Estado que se haga cargo de la rehabilitación médica y psicológica de las víctimas y de los miembros de sus grupos familiares que han sufrido daños como resultado de los hechos del presente caso, tomando en cuenta que a raíz de esto varias de las víctimas en este caso han decidido radicarse en otros países. Tanto las víctimas como sus familiares han sufrido estigmatización a raíz de su búsqueda de justicia. Tiene especial importancia en la rehabilitación que se difunda públicamente el reconocimiento de responsabilidad y el pedido de perdón realizados por el Estado durante la audiencia pública;
h) en cuanto a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, ordene al Estado que:
i. adopte todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con el fin de “reabrir” la investigación por los hechos del presente caso y localizar, juzgar y sancionar al o los autores intelectuales y demás responsables de: la falta de prevención para impedir el ingreso de armas al Centro Penal “Miguel Castro Castro” el uso excesivo de la fuerza para recuperar el control del centro carcelario en cuestión; la ejecución extrajudicial de al menos 16 reclusos; la tortura de al menos una reclusa; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de todas las víctimas; la falta de una investigación diligente, oportuna y completa; la destrucción de evidencia esencial para el esclarecimiento de los hechos; y la denegación de justicia en perjuicio de los afectados. Las víctimas y sus familiares deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. El Estado debe asegurar el cumplimiento efectivo de la decisión que adopten los tribunales internos. El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado, para que la sociedad peruana conozca la verdad;
ii. publique en un medio de circulación nacional la Sentencia que dicte el Tribunal;
iii. lleve a cabo en el Perú un reconocimiento público de la responsabilidad por las violaciones cometidas y los obstáculos mantenidos durante años para la realización de la justicia, que incluya una disculpa digna y significativa, en consulta con las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas fatales;
iv. erija en monumento o destine un lugar, en la zona de Canto Grande, donde se encuentra el Centro Penal “Miguel Castro Castro”, en memoria de todas las víctimas de esta masacre, en consulta con las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas fatales;
v. modifique la disposición normativa y de todas aquellas que de modo similar, establezcan un obstáculo de hecho para los procesos de investigación judicial. De la información proporcionada por el propio Estado se desprende que al amparo de una norma reglamentaria, que no fija un plazo específico de conservación de los documentos relacionados con investigaciones policiales, se procedió a la destrucción de evidencia esencial para el pleno esclarecimiento de los hechos;
vi. capacite profesionalmente, en materia de control de motines, derechos humanos y tratamiento de prisioneros, al personal de la polícia y de las fuerzas armadas peruanas, mediante la incorporación formal, dentro de los programas de estudio de las academias militares, policiales y del personal penitenciario de asignaturas obligatorias sobre los temas anteriormente descritos;
vii. desarrolle políticas y planes educativos destinados al entrenamiento del personal policial, militar y penitenciario en estrategias de negociación y solución pacífica de conflictos;
viii. adopte un Manual General de Prisiones acorde con los estándares internacionales sobre trato humano a las personas privadas de la libertad contenidos en el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y la jurisprudencia interamericana, así como un protocolo general para el uso de la fuerza en prisiones, bajo los parámetros de las reglas Penitenciarias Europeas; y
ix. elabore planes de emergencia que contengan previsiones sobre líneas de mando y responsabilidades; asignación de funcionarios que proporcionen información pública durante y después de los hechos; modelos de evacuación, entre otras previsiones, asegurándose de distribuirlo dentro de los establecimientos penitenciarios y entre los demás miembros estatales, involucrados en las fases de acción; e
i) en cuanto a las costas y gastos, una vez escuchadas las representantes de las víctimas, ordene al Estado el pago de las costas y gastos debidamente probados por aquélla, tomando en consideración las especiales características del presente caso.
Alegatos de la interviniente común
411. La interviniente común solicitó lo siguiente:
a) junto con la presentación de su escrito de solicitudes y argumentos, presentó una lista de beneficiarios identificados, representados por ella;
b) el reconocimiento público por parte del Estado de los hechos “tal y como han sido demostrados en la litigación presente”. El Estado debe realizar una disculpa pública por televisión a los familiares y víctimas por el daño moral ocasionado;
c) que cese la persecución contra la sobreviviente que denunció y representó este caso en cuanto a su honra y nombre, ya que es identificada con el término de “terrorista” en distintas comunicaciones y declaraciones de agentes del Estado. Que cese también su persecución en cuanto a las ordenes de detención y reapertura de una “cosa juzgada por parte de la Procuraduría del Estado […] sin base real alguna”, y que sea desagraviada públicamente;
d) que se publiquen las partes “pertinentes de la sentencia de la Corte” en el diario estatal y en otros dos periódicos no estatales, de alcance nacional;
e) que el Estado solicite un pronunciamiento del colegio de periodística o alguna institución de ética periodística a nombre de todos los medios de comunicación que distribuyeron “información falsa”, en la que rectifiquen las “falsedades publicadas sobre los hechos que realmente acontecieron”. Solicite a estos medios de comunicación que se comprometan a no utilizar apelativos criminales sin que se haya probado la responsabilidad de la persona en una corte independiente;
f) “que por cada día de prisión cumplida […] desde el 6 de mayo de 1992 por el término del período cubierto por el presente caso […] se considere el equivalente a dos días de prisión”. Lo anterior con la finalidad de que los prisioneros Eva Chalco, Juan Castro Vizcarra, Ramiro Porras y Daniel Grande Ascue, quienes se encuentran en libertad condicional, “dejen de firmar”, así como para que los 11 prisioneros, que representa, que no han sido encausados y que continúan en prisión, se beneficien de esta equivalencia en el cumplimiento de sus penas;
g) la creación de un parque en la zona de Canto Grande, donde las víctimas y familiares de personas fallecidas que representa puedan plantar un árbol “como gesto simbólico de vida a nombre de su ser querido fallecido”, así como que se erija un monumento en el parque para honrar a las Madres de las víctimas que representa. Lo anterior deberá ser construido conforme a los deseos de las víctimas. No desean “museos ni monumentos de otra naturaleza adscritos a dicho parque”;
h) que se reparen las consecuencias individuales del daño ocasionado de conformidad a la tabla de daños presentada conjuntamente con su escrito de alegatos finales;
i) que el Estado reintegre lo antes posible y a más tardar en un término de 6 meses desde la sentencia respectiva, los gastos incurridos en la “litigación internacional del presente caso”;
j) que el Estado, como garantía de no repetición, “firme y ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes”;
k) que la Corte establezca “que las violaciones de esta demanda constituyeron crímenes de lesa humanidad”. Solicita el encausamiento de los agentes del Estado, que de alguna forma participaron en la realización de los hechos materia del presente asunto e indicó sus nombres;
l) que para establecer quantum en materia de reparación, al momento de fijar los montos de reparaciones, tenga en cuenta:
i) el tiempo que ha pasado entre la violación y la decisión, esto por “justicia demorada”;
ii) la destrucción del proyecto de vida de las víctimas y sus familiares que no pudieron hacer posible su desarrollo personal;
iii) los niños que se perjudicaron por la incomunicación prolongada de sus padres y madres;
iv) tanto las lesiones causadas a los internos víctimas de la “masacre”, en el penal Castro Castro, como las causadas en la tortura subsiguiente, y se considere tanto el daño físico como el psicológico;
v) a los internos que salieron ilesos de los hechos, entre el 6 y el 9 de mayo del 2002 en el penal Castro Castro, pero fueron victimas de torturas después de ser trasladados a diferentes centros carcelarios, y que a consecuencia de eso han quedado con lesiones permanentes o enfermedades graves, (como la TBC);
vi) a las mujeres que se encontraban en estado de embarazo, y que fueron víctimas del ataque al penal Castro Castro;
vii) las secuelas de los daños causados, su impacto a largo plazo y si es el caso la disminución de la capacidad de “funcionamiento de la víctima”;
viii) los sufrimientos y aflicciones de carácter moral tales como la pérdida de vínculos familiares con hijos, padres y esposos, como resultado del aislamiento;
ix) las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos, y los gastos en que se pueda incurrir en el futuro, como rehabilitaciones, medicinas, prótesis, etc.;
x) las pérdidas patrimoniales de los artículos personales destruidos por los agentes del estado durante la operación “Mudanza I”;
xi) el daño moral a causa de la “tortura psicológica” padecida por los familiares de las víctimas, y por daños a la salud de que fueron objeto, como daño moral. También como daños materiales, todos los gastos que los familiares hicieron durante los 4 días de ataque al centro carcelario y los posteriores durante la búsqueda de sus familiares;
xii) las responsabilidades que tenían las víctimas fatales, en relación con sus familias, sus edades, ocupaciones al tiempo de su muerte, y en los casos de personas que se encontraban estudiando, se calcule lo que dejaron de percibir en caso de haber terminado con sus estudios;
xiii) que las personas que murieron y que se encontraban recluidas en el penal Castro Castro bajo prisión preventiva, deben ser tratadas como si hubieran alcanzado su libertad por el principio de inocencia para propósito de calcular el daño material;
xiv) para efectos del daño moral, la manera honrosa como murió cada una de las victimas así como su sufrimiento previo; y
xv) el principio de “valor intrínseco de la vida” que fue utilizado por la Corte en el caso de Villagrán Morales y en el caso Bámaca, en tanto a que la vida no puede ser tratada solamente con la noción de “homo económicus” sino la vida per se que es un valor que merece protección, ya sea la vida de una persona discapacitada o de una persona que no produce económicamente.
m) que ordene entregar los restos mortales a los familiares de los fallecidos, Mario Aguilar Vega y Santos Genaro Zavaleta, como medida de reparación;
n) que ordene cubrir los gastos de traslado de los restos de Luis Llamas Mendoza, al cementerio que se encuentra más cerca de la casa de sus familiares;
o) que ordene reincorporar al señor Luis Torres Maldonado a su trabajo ya que fue separado de este, debido a la pena de prisión “ilegalmente” impuesta en su contra;
p) que ordene indemnizar al señor Víctor Trejo Pérez víctima del ataque al penal Castro Castro, quien resultara absuelto mediante sentencia de 6 de noviembre de 1994 y a quien se retuvo “ilegalmente” en prisión hasta octubre de 2002, por sus años de servicio en su antiguo trabajo;
q) considerar en equidad una compensación por daño moral a Patricia Zorrilla, por haber sido acusada de “amotinarse y asesinar a los compañeros que se estaban rindiendo” por lo cual estuvo retenida “ilegalmente” aproximadamente 3 meses;
r) considerar en el lucro cesante de la representante y víctima, Mónica Feria Tinta todo el tiempo que dedicó a la representación del presente caso. Desde el año 1997, cuando interpuso la denuncia, al 2000, cuando logró la admisión del caso, trabajó a tiempo partido, pero posteriormente tuvo que dedicarse a la representación del caso tiempo completo. Solicita que se tome en cuenta sus estudios profesionales, así como también el sufrimiento físico y moral por apuros económicos y se tome en cuenta algunos parámetros de salarios internacionales. Solicitó que se le reintegre por este concepto, la cantidad de U$S 655.000,00 dólares americanos; y
s) en cuanto a las costas y gastos expresó que:
i) solicitó el reintegro de los gastos afrontados durante los 10 años de la litigación del presente caso ante el Sistema Interamericano; y
ii) solicitó “el reintegro de $448,761,412 dólares americanos erogados” hasta el presente; que a dicho valor le sean sumados $2,000 dólares por los intereses mensuales debido a los préstamos que solicitó; y que se le asignen $50.000 dólares americanos como parte de los gastos en que incurrirá en el futuro por el seguimiento de la Sentencia.
Alegatos del Estado
412. El Estado indicó que:
a) ha pagado hasta el momento US$ 6.941.673.35, dispuestos por la Corte Interamericana, y US$ 336,923.87 por acuerdos de solución amistosa ante la Comisión Interamericana, ambos por concepto de reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos producidas durante el conflicto armado interno. El presente caso sería una obligación estatal de difícil manejo, en la que se demanda al Estado por 42 internos fallecidos, 175 heridos y 322 personas que habrían sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si se aplicaran los estándares de la Corte, se determinaría una indemnización de aproximadamente US$ 17.052.000 entre fallecidos y heridos, sin contar los que habrían sufrido tratos crueles que serían 322 personas;
b) resulta evidente la urgencia de aprobar una ley que determine reparaciones individuales en estándares que el Estado pueda atender con criterios de igualdad y universalidad, sin discriminación;
c) el derecho a la verdad “se plasma con la dilucidación de los hechos que se obtienen luego del proceso judicial, al que solicita que la Corte se remita, dado lo avanzado del proceso”;
d) acepta la reparación que se refiere a la publicación de la Sentencia, por ser una práctica usual en el Perú;
e) no está de acuerdo con la medida que se refiere a poner una placa conmemorativa en el lugar de los hechos, debido a que ya se ha erigido en un lugar público de la capital un monumento en favor de todas las víctimas del conflicto. Además el penal Miguel Castro Castro, en actual funcionamiento, “cuenta todavía con internos por delitos de terrorismo vinculados al grupo político que inició el conflicto y un gesto como el que se pretende sustentaría su posición política y pondría en riesgo el orden del penal”;
f) el Estado creó el Plan Integral de Reparaciones, mediante Ley Nº 28592, reglamentado por Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS. En consecuencia “queda probada la […] intención del Estado de implementar políticas reparatorias que contribuyan a beneficiar a todas las víctimas del conflicto que sacudió al país entre los años 1980 y 2000”, por lo que las víctimas cuentan con su derecho a impulsar las reparaciones que les corresponden. Asímismo el Estado solicita que la Corte reconozca su intención de implementar estas políticas y ordena que las reparaciones sean fijadas a través de las mismas; y
g) en cuanto a las reparaciones simbólicas, “el Estado peruano no puede sino reafirmar su firme intención de implementarlas”, sin que se politicen las mismas.
Consideraciones de la Corte
413. De conformidad con el análisis realizado en los capítulos precedentes, la Corte ha declarado, con base en el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, y en los hechos del caso y la prueba presentada ante este Tribunal, que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de la misma; del artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Corte ha establecido, en varias ocasiones, que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente . A tales efectos, el artículo 63.1 de la Convención Americana establece que:
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
414. Tal como lo ha señalado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación . Dicha responsabilidad internacional es distinta a la responsabilidad en el derecho interno .
415. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se establezca el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados u otros modos de satisfacción. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando disposiciones de su derecho interno .
416. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores .
417. De conformidad con los elementos probatorios recogidos durante el proceso y a la luz de los anteriores criterios, la Corte procede a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por la interviniente común de los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares, y las consideraciones del Estado respecto de las reparaciones, con el objeto de determinar, en primer lugar, quiénes son los beneficiarios de las reparaciones, para luego disponer las medidas de reparación de los daños materiales e inmateriales, medidas de satisfacción y de no repetición y, por último, lo relativo a costas y gastos.
A) BENEFICIARIOS
418. La Corte ha determinado que los hechos del presente caso constituyeron una violación del artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados en el Anexo 1 de víctimas de esta Sentencia; del artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y en conexión con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados y de los internos que sobrevivieron; del artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 del capítulo sobre violación a la integridad personal e identificados en el Anexo 2 de víctimas de esta Sentencia; y de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b) de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 del capítulo sobre violación a la integridad personal e identificados en el Anexo 2 de víctimas de esta Sentencia. Dichas personas son acreedoras a las reparaciones que fije el Tribunal, en calidad de víctimas de las mencionadas violaciones.
419. Asimismo, los familiares inmediatos de las 41 víctimas fallecidas identificadas también serán acreedores de las reparaciones que fije la Corte, en su carácter de derechohabientes de dichas víctimas.
420. De acuerdo a la prueba allegada, la Corte ha identificado a algunos de los referidos familiares, cuyos nombres se encuentran en el Anexo 3 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. En ese anexo se han incluido solamente a aquellas personas respecto de quienes se cuenta con prueba que permita determinar que estaban vivos a la época de los hechos. En relación con los demás familiares de las 41 víctimas fallecidas identificadas que no han sido individualizados en este proceso, la Corte dispone que la compensación que les corresponde, se les entregue directamente, de la misma manera que se prevé respecto de quienes están individualizados, luego de que se presenten ante las autoridades competentes del Estado, dentro de los 8 meses siguientes a la notificación de esta Sentencia, y demuestren, a través de un medio suficiente de identificación , su relación o parentesco con la víctima y que estaban vivos a la época de los hechos.
421. La distribución de las indemnizaciones entre los familiares de las víctimas fallecidas, por concepto del daño material e inmaterial correspondiente a éstas, se hará de la siguiente manera :
a) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización se repartirá por partes iguales entre los hijos e hijas de las víctimas;
b) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización deberá ser entregado a quien fuera cónyuge, o compañera o compañero permanente de la víctima, al momento de la muerte de ésta;
c) en el caso de que la víctima no tuviere hijos o hijas, ni cónyuge o compañera o compañero permanente, el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización se entregará a sus padres en partes iguales. Si uno de ellos hubiere muerto, la parte que le corresponde acrecerá a la del otro. El restante cincuenta por ciento (50%) se repartirá en partes iguales entre los hermanos de dicha víctima; y
d) en el evento que no existieren familiares en alguna o algunas de las categorías definidas en los literales anteriores, lo que le hubiere correspondido a los familiares ubicados en esa o esas categorías, acrecerá proporcionalmente a la parte que les corresponda a las restantes.
422. En el caso de los familiares de las víctimas, acreedores de las indemnizaciones que se establecen en la presente Sentencia, que hubieren fallecido o que fallezcan antes de que les sea entregada la indemnización respectiva, se aplicarán los mismos criterios de distribución de la indemnización indicados en el párrafo anterior.
B) DAÑO MATERIAL
423. El daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario causadas por los hechos del caso sub judice. El Tribunal fijará las indemnizaciones correspondientes a este concepto, por las violaciones declaradas en la presente Sentencia , tomando en cuenta el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, las circunstancias del caso, la prueba ofrecida, los alegatos de las partes y los criterios establecidos en la jurisprudencia del propio Tribunal .
Internos fallecidos
424. La Corte considera pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada uno de los 41 internos fallecidos identificados por concepto de indemnización del daño material por los ingresos que pudieren haber percibido por el trabajo que podrían haber realizado en el futuro. Dichas cantidades deberán ser distribuidas entre sus familiares, de conformidad con el párrafo 421 del presente fallo. El Estado deberá realizar tales pagos dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
Internos sobrevivientes
425. Se ha constatado que como consecuencia de los hechos del presente caso hay víctimas que sufren daños físicos y psicológicos permanentes que en muchos casos implican disminución permanente de la capacidad para trabajar o incapacidad total permanente. Por ello, la Corte fija en equidad la cantidad de US$ 25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana), en beneficio de las víctimas que a raíz de los hechos del presente caso quedaron con una incapacidad total permanente para trabajar; y la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana) para las que resultaron con una incapacidad parcial permanente para trabajar. Debido a que el Tribunal no cuenta con la prueba necesaria para determinar individualmente la incapacidad de cada una de las víctimas sobrevivientes, dicha determinación deberá ser realizada por los órganos internos especializados para decidir sobre incapacidad a requerimiento de los interesados, quienes deberán presentar su solicitud dentro del plazo de 8 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. El Estado deberá realizar tales pagos dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
426. Las discrepancias sobre la determinación indicada en el párrafo anterior deberán ser resueltas en el ámbito interno, siguiendo los trámites nacionales pertinentes ante las autoridades competentes, entre ellas los tribunales nacionales. Lo anterior sin perjuicio de la competencia para supervisar el cumplimiento de la Sentencia que tiene este Tribunal.
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Familiares de las víctimas
427. Tal como fue indicado (supra párr. 337), se ha establecido que 36 familiares de los internos buscaron a las víctimas, recorriendo durante varios días hospitales y morgues, por lo cual la Corte presume que realizaron gastos. Por ello el Tribunal fija en equidad la cantidad de US $200 (doscientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana) para cada uno de esos familiares, cuyos nombres se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
428. Además, la Corte presume que los familiares de las 40 víctimas fallecidas identificadas, cuyos restos les fueron entregados, asumieron los gastos de entierro, por lo cual la Corte fija en equidad una indemnización de US $300,00 (trescientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana) a cada familia de dichas víctimas. Dicha cantidad deberá ser entregada a los familiares de los 40 internos fallecidos en el siguiente orden excluyente: a los padres, si no los hay será entregada al cónyuge o compañero o compañera, y en su ausencia a los hijos, y si no los hay se entregará a los hermanos de la víctima. Para tales efectos los referidos familiares deberán presentar su solicitud dentro del plazo de 8 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, y el Estado deberá realizar tales pagos dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
429. Con respecto a los gastos que se generen en relación con la entrega de los restos de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega a sus familiares, el Estado deberá observar lo indicado en el párrafo 443.
C) DAÑO INMATERIAL
430. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. Como no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, resulta pertinente proveer por otras vías a la reparación integral del daño causado. En primer término, mediante el pago de una cantidad de dinero que el Tribunal determina en ejercicio razonable del arbitrio judicial, conforme a consideraciones de equidad. En segundo lugar, a través de actos u obras de alcance o repercusión públicas, como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir. Estos actos pretenden la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos . El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la sección correspondiente a otras formas de reparación.
431. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que una sentencia constituye per se una forma de reparación . No obstante, considerando las circunstancias del caso sub judice, los sufrimientos que las violaciones cometidas causaron a las víctimas y a sus familiares, el cambio en las condiciones de existencia de los internos sobrevivientes y las restantes consecuencias de orden no pecuniario que sufrieron, la Corte estima pertinente determinar el pago de una compensación, fijada equitativamente, por concepto de daños inmateriales .
432. Teniendo en cuenta las distintas violaciones declaradas por el Tribunal en la presente Sentencia, la Corte fija en equidad las compensaciones por concepto de daño inmaterial, tomando en consideración:
a) respecto de los internos fallecidos, los daños inmateriales sufridos por la forma como fallecieron en el contexto de los hechos de violencia del “Operativo Mudanza 1”, que implicó el uso ilegítimo de la fuerza, un ataque de gran magnitud empleando armas generalmente utilizadas en la guerra y la falta de atención médica oportuna;
b) que la víctima fallecida Julia Marlene Olivos Peña fue torturada (supra párr. 293);
c) respecto de los internos sobrevivientes, los daños inmateriales sufridos por las violaciones a su integridad personal en el contexto de los hechos de violencia del “Operativo Mudanza 1”, que implicó el uso ilegítimo de la fuerza, un ataque de gran magnitud empleando armas generalmente utilizadas en la guerra, la falta de atención médica para los heridos, los tratos recibidos con posterioridad al 9 de mayo de 1992 y durante los traslados a otros penales y a los hospitales, los tratos recibidos en los centros de salud a que fueron trasladados durante el ataque o una vez terminado; y las condiciones generales de detención a que fueron sometidos con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”;
d) que la Corte determinó que el conjunto de actos de agresión y las condiciones en que el Estado puso deliberadamente a todos los internos (los que fallecieron y los que sobrevivieron) durante los días del ataque, les causaron grave sufrimiento psicológico y emocional y constituyó una tortura psicológica para todos ellos (supra párr. 293);
e) que la Corte determinó que el conjunto de condiciones de detención y de tratamiento a las que fueron sometidos los internos en los centros penales a los que se les trasladó o reubicó con posterioridad al llamado “Operativo Mudanza 1”, constituyó tortura física y psicológica inferida a todos ellos (supra párr. 333);
f) que las internas Eva Sofía Challco, Sabina Quispe Rojas y Vicenta Genua López al momento de los hechos se encontraban con 7, 8 y 5 meses de embarazo (supra párrs. 197.57 y 298), y que el Estado desatendió las necesidades básicas de salud de las dos primeras antes del parto, y de la señora Quispe también después del parto (supra párr. 332);
g) que una interna fue sometida a una supuesta “inspección” vaginal dactilar que constituyó violación sexual (supra párr. 312);
h) que seis internas fueron forzadas a estar desnudas en el hospital, vigiladas por hombres armados, lo cual constituyó violencia sexual (supra párr. 308);
i) que los familiares inmediatos de los internos fallecidos fueron víctimas de la violación a los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en conexión con los artículos 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;
j) que la Corte declaró que se violó el derecho a la integridad personal de los familiares de los internos indicados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 debido al tratamiento que sufrieron: por parte de agentes estatales cuando estuvieron en el exterior del penal entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 (supra párr. 336); con posterioridad a esa fecha cuando buscaron a sus familiares en hospitales y morgues (supra párr. 337); y debido a la estricta incomunicación y restricción de visitas que aplicó el Estado a los internos con posterioridad al ataque al penal (supra párr. 340). Asimismo, al declarar tal violación el Tribunal consideró que dicha incomunicación causó una particular afectación en los hijos de las internas que tenían menos de 18 años de edad en la época de la incomunicación (supra párr. 341);
k) que los restos del señor Francisco Aguilar Vega no han sido entregados a sus familiares; y
l) otros factores que determinan la gravedad de los hechos indicados por la Corte en el Capítulo IX de “Responsabilidad internacional del Estado en el contexto del presente caso”.
433. De acuerdo a lo establecido en los párrafos anteriores la Corte fija en equidad las siguientes indemnizaciones por concepto de daño inmaterial:
a) por cada una de las 41 víctimas fallecidas identificadas, la Corte fija la cantidad de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana). Respecto de la víctima fallecida Julia Marlene Olivos Peña la Corte fija la indemnización en US$ 60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana). El Estado deberá realizar estos pagos dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, tomando en cuenta lo dispuesto en los párrafos 420 y 421;
b) para los familiares inmediatos de las 41 víctimas fallecidas identificadas, la Corte considera que el daño correspondiente debe ser indemnizado mediante el pago de las sumas que se indican a continuación:
i) US $10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana) en el caso del padre, madre, cónyuge o compañera permanente, y de cada hijo e hija de las víctimas. En el caso de estos familiares de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega, la Corte fija la indemnización en US $15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana);
ii) US $1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana) en el caso de cada hermana o hermano de las víctimas. En el caso de estos familiares de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega la Corte fija la indemnización en US $ 1.200,00 (mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana);
c) respecto de las víctimas sobrevivientes:
i. por cada una de las víctimas con lesiones o enfermedades físicas o psíquicas que implican una incapacidad total permanente para trabajar la cantidad de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana);
ii. por cada una de las víctimas con lesiones o enfermedades físicas o psíquicas que implican una incapacidad parcial permanente para trabajar la cantidad de US$ 12.000,00 (doce mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana);
iii. por cada una de las víctimas con consecuencias permanentes por heridas sufridas que no generaron incapacidad total ni parcial la cantidad de US$ 8.000,00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana);
iv. por cada una de las otras víctimas sobrevivientes que no queden incluídas en alguna de las categorías antes mencionadas, la cantidad de US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana);
v. debido a que el Tribunal no cuenta con la prueba necesaria para determinar individualmente en cuál de las anteriores categorías se debe incluir a cada una de las víctimas sobrevivientes, dicha determinación deberá ser realizada por los órganos internos especializados en clasificación de lesiones e incapacidades a requerimiento de los interesados, quienes deberán presentar su solicitud dentro de 8 meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia. Cada víctima podrá ser incluida solamente en una de las cuatro anteriores categorías que le represente el mayor monto de indemnización. Las discrepancias sobre dicha determinación deberán ser resueltas definitivamente en el ámbito interno, siguiendo los trámites nacionales pertinentes ante las autoridades competentes, entre ellas los tribunales nacionales. Lo anterior, sin perjuicio de la competencia para supervisar el cumplimiento de la Sentencia que tiene este Tribunal. El Estado deberá realizar tales pagos dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia;
vi. con respecto a las víctimas sobrevivientes que la Comisión y la interviniente clasificaron en sus listas como “ilesos”, la Corte considera necesario señalar que podría ser que dichas personas no hubieren declarado que tenían alguna lesión debido a que al declarar solamente hicieron notar los hechos violentos que tuvieron que enfrentar y no hicieron mención de su estado de salud. Tomando en cuenta las particularidades de este caso, la Corte dispone que esas personas pueden presentarse a probar su inclusión en alguna de las categorías mencionadas por los daños sufridos como consecuencias de los hechos violatorios del presente caso (supra incisos i a v de este párrafo 433.c). Dichas personas deberán presentar su solicitud dentro del plazo de 8 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. Cada víctima podrá ser incluida solamente en una de las referidas categorías. Las discrepancias sobre dicha determinación deberán ser resueltas definitivamente en el ámbito interno, siguiendo los trámites nacionales pertinentes ante las autoridades competentes, entre ellas los tribunales nacionales. Lo anterior, sin perjuicio de la competencia para supervisar el cumplimiento de la Sentencia que tiene este Tribunal. El Estado deberá realizar tales pagos dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia;
vii. con relación a las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior, el Estado deberá permitirles probar desde los países en que residan su estado de salud físico y psíquico por medios objetivos y veraces, tales como certificados médicos autenticados ante fedatario público o dictámenes emitidos por los Colegios Médicos del país donde residan. Para ello se aplica lo dispuesto en el punto v de este párrafo 433.c);
viii. la Corte fija una indemnización adicional a favor de las víctimas Eva Challco, Sabina Quispe Rojas y Vicenta Genua López en US $5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana). El Estado deberá realizar tales pagos dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia;
ix. la Corte fija una indemnización adicional a favor de la víctima de violación sexual en US $30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana), cuyo nombre se encuentra en el Anexo 2 de víctimas de esta Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. El Estado deberá realizar tal pago dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia;
x. la Corte fija una indemnización adicional a favor de las seis víctimas de violencia sexual en US $10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana). Los nombres de esas víctimas se encuentran en el Anexo 2 de víctimas de esta Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. El Estado deberá realizar tales pagos dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia;
d) para los familiares víctimas de la violación al derecho a la integridad personal indicados en los párrafos 336, 337, 340 y 341, la Corte fija una indemnización de US $1.500,00 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana). Los nombres de esas víctimas se encuentran en el Anexo 2 de víctimas de esta Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. Esta indemnización se verá acrecentada en US$ 500,00 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana) para los hijos de las internas que tenían menos de 18 años de edad en la época de la incomunicación (supra párr. 341); es decir, que tales hijos recibirán una indemnización total de $2.000,00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana). Se ha probado que se encontraba en tal condición Yovanka Ruth Quispe Quispe, la hija de la interna Sabina Virgen Quispe Rojas, y Gabriel Said Challco Hurtado, hijo de la interna Eva Challco. Debido a que la Corte no cuenta con la prueba necesaria para determinar la identidad de todos los hijos de las internas que a dicha época eran menores de 18 años, es preciso que dichas personas se presenten ante las autoridades competentes del Estado, dentro de los 8 meses siguientes a la notificación de esta Sentencia y demuestren su filiación y edad que determine que estuvieron en el referido supuesto y, por tanto, son víctimas de dicha violación. El Estado deberá realizar tales pagos dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
434. El Estado deberá realizar los pagos dispuestos en el párrafo 433 dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
D) OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
(MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN)
435. En este apartado el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública . En casos como el presente que revisten extremada gravedad estas medidas tienen especial relevancia.
a) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
436. La Corte ha establecido en esta Sentencia que los procedimientos internos abiertos en el presente caso no han constituido recursos efectivos para garantizar un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas, dentro de un plazo razonable, que abarque el esclarecimiento de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las violaciones a la vida e integridad personal. Por ello, el Tribunal declaró al Estado responsable de la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
437. La Corte ha valorado como positivo que el Estado actualmente se encuentre desarrollando procesos penales en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, el Tribunal declaró como violatorio del derecho de acceso a la justicia que dichos procesos no abarquen la totalidad de los hechos violatorios de derechos humanos analizados en la presente Sentencia. Tanto las denuncias penales formuladas por la Fiscalía como los autos de apertura de instrucción de los procesos penales dictados por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial se refieren exclusivamente a delitos de homicidio.
438. Como ya se indicó, aún cuando el Estado ha realizado esfuerzos recientes en cuanto a la investigación penal de una parte de los hechos, las violaciones cometidas en este caso permanecen impunes.
439. Además, tal como indicó la Corte el Estado debe adoptar todas aquellas medidas necesarias para cumplir con la obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
440. La Corte reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos . El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituye un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a la verdad da lugar a una expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer .
441. A la luz de lo anterior, en un plazo razonable, el Estado debe conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran trámite y los que se llegaren a abrir, y debe adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de todos los hechos del presente caso y no sólo aquellos que derivaron en la muerte de las víctimas, en aras de determinar la responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad peruana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso.
442. Asimismo, como garantía de no repetición, la Corte dispone que el Estado debe, en un plazo razonable, establecer los medios necesarios para asegurar que la información y documentación relacionada con investigaciones policiales relativa a hechos tan graves como los del presente caso se conserve de forma tal que no se obstaculicen las correspondientes investigaciones.
b) Entrega del cuerpo de Mario Francisco Aguilar Vega a sus familiares
443. Debido a que los familiares de Mario Francisco Aguilar Vega no han recibido sus restos (supra párr. 251), este Tribunal dispone que el Estado debe realizar todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la entrega, dentro de un plazo de 6 meses, permitiéndoles así darle la sepultura de la forma que estimen pertinente. El Estado deberá cubrir todos los gastos de entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares así como los gastos de entierro en los que ellos puedan incurrir.
444. Asimismo, debido a que existen dudas respecto de si el Perú cumplió con su deber de identificar a todos los internos que fallecieron y entregar los restos a sus familiares, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 250 y 251 de la presente Sentencia, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los internos que fallecieron como consecuencia del ataque sean identificados y sus restos entregados a sus familiares, de acuerdo con su legislación interna. En caso de que se llegue a identificar otros internos fallecidos, sus familiares podrán hacer las reclamaciones correspondientes en el derecho interno.
c) Acto público de reconocimiento de responsabilidad en desagravio de las víctimas y para satisfacción de sus familiares
445. Como lo ha dispuesto en otros casos , la Corte considera necesario, con el fin de reparar el daño causado a las víctimas y sus familiares y de evitar que hechos como los de este caso se repitan, que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia en desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares. Este acto deberá realizarse en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares. El Estado debe difundir dicho acto a través de los medios de comunicación , incluyendo la difusión en la radio y televisión. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
d) Publicación de la sentencia
446. Como lo ha dispuesto en otros casos, como medida de satisfacción , y tomando en cuenta que el Perú expresó que “acepta la reparación que se refiere a la publicación de la Sentencia”, la Corte ordena que el Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los Hechos Probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia.
447. Asimismo, el Tribunal dispone que el Estado debe difundir las referidas partes de la presente Sentencia a través de una emisora radial y un canal de televisión, ambos de amplia cobertura nacional, al menos en dos ocasiones con un intervalo de dos semanas entre cada una. Para ello, el Estado cuenta con el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
e) Asistencia médica y psicológica
448. Algunas de las víctimas sobrevivientes, así como algunos de los familiares de los internos fallecidos y sobrevivientes que han rendido testimonio ante el Tribunal o han brindado su declaración jurada, han expresado padecer secuelas físicas y/o problemas psicológicos como consecuencia de los hechos de este caso. Asimismo, la perito Ana Deutsch manifestó en su dictamen pericial que es necesario que las víctimas y los familiares reciban tratamiento médico y psicológico adecuado.
449. Con el fin de contribuir a la reparación de los daños físicos y psicológicos, el Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares, incluyendo los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual.
450. Respecto de las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben ante los órganos internos competentes, en la forma y plazos establecidos en el párrafo 433.c) v y vii de esta Sentencia, que con motivo de los hechos del presente caso necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico adecuado, el Estado deberá depositarles en una cuenta bancaria que cada víctima indique, la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), con el propósito de que ese dinero pueda constituir una ayuda para dicho tratamiento.
f) Medidas educativas
451. Las violaciones imputables al Estado en el presente caso fueron perpetradas por personal de la policía, del ejército y de fuerzas especiales de seguridad, en violación de normas imperativas de Derecho Internacional. Asimismo, la Corte ha indicado que para garantizar adecuadamente el derecho a la vida y a la integridad, los miembros de los cuerpos de seguridad deben recibir entrenamiento y capacitación adecuados.
452. En consecuencia, el Estado deberá diseñar e implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos, dirigidos a agentes de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre los estándares internacionales aplicables en materia de tratamiento de los reclusos en situaciones de alteración del orden público en centros penitenciarios.
*
* *
453. En cuanto a las medidas solicitadas por la Comisión y la interviniente, sobre construcción de monumentos y la creación de un parque en “la zona de Canto Grande”, el Estado alegó que “ya se ha erigido en un lugar público de la capital un monumento (denominado el Ojo que Llora) en favor de todas las víctimas del conflicto, en un lugar público de la capital de la República y que es materia de continuos actos de recuerdo y conmemoración”.
454. Al respecto, la Corte valora la existencia del monumento y sitio público denominado “El Ojo que Llora”, creado a instancias de la sociedad civil y con la colaboración de autoridades estatales, lo cual constituye un importante reconocimiento público a las víctimas de la violencia en el Perú. Sin embargo, el Tribunal considera que, dentro del plazo de un año, el Estado debe asegurarse que todas las personas declaradas como víctimas fallecidas en la presente Sentencia se encuentren representadas en dicho monumento. Para ello, deberá coordinar con los familiares de las víctimas fallecidas la realización de un acto, en el cual puedan incorporar una inscripción con el nombre de la víctima según la forma que corresponda de acuerdo a las características del monumento.
E) COSTAS Y GASTOS
455. Como se ha señalado en oportunidades anteriores , las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación establecido en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando se declara la existencia de responsabilidad internacional del Estado. Por lo que toca a la cuantificación de ese concepto, el Tribunal debe apreciar prudentemente su alcance, tomando en cuenta los gastos generados por la tramitación realizada ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, debidamente acreditados por los destinatarios de la reparación, así como las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede sustentarse en la equidad.
456. La Corte toma en cuenta que las víctimas y sus representantes incurrieron en gastos ante la Comisión y ante este Tribunal. La Corte ha constatado que la mayor parte de los gastos fueron asumidos por la interviniente común, señora Mónica Feria Tinta. Asimismo, se ha constatado que los representantes de otro grupo de víctimas y familiares, conformado por Sabina Astete, Douglas Cassel, Peter Erlinder y Berta Flores, también incurrieron en gastos. Este Tribunal establece, en equidad, que el Estado deberá reintegrar por concepto de costas y gastos la cantidad de US$ 75.000,00 (setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana) a la señora Mónica Feria Tinta (interviniente común), y la cantidad de US$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana) al referido grupo de representantes que no son el interviniente común. Dicho grupo de representantes deberá designar una persona en su representación para que reciba la referida cantidad. El Estado deberá pagar dichas cantidades en el plazo de un año.
F) MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO
457. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, Perú deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material a favor de la víctimas y sus familiares (supra párrs. 424 a 428) en el plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. Los familiares inmediatos de las víctimas fallecidas identificadas que no han sido individualizados en este proceso, cuentan con un plazo de 8 meses siguientes a la notificación de esta Sentencia para presentarse ante las autoridades competentes del Estado a acreditar su parentesco (supra párr. 420).
458. El Estado debe cumplir, en el plazo 18 meses contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, con el pago de las indemnizaciones por concepto de daño inmaterial (supra párr. 433) a favor de la víctimas y sus familiares, tomando en cuenta que los órganos internos especializados deberán realizar algunas determinaciones a requerimiento de los interesados, quienes cuentan con un plazo de 8 meses siguientes a la notificación de esta Sentencia para presentar la solicitud (supra párr. 433.c) v, vi, vii y d).
459. El Estado deberá efectuar la publicación de las partes pertinentes de esta Sentencia y su difusión radial y televisiva (supra párrs. 446 y 447) dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la misma.
460. El Estado debe cumplir con las medidas indicadas en los párrafos 436 a 442 y 452 dentro de un plazo razonable y con la medida indicada en el párrafo 443 dentro del plazo de 6 meses.
461. En cuanto al tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares (supra párrs. 448 a 450), éste deberá brindarse en forma inmediata a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que el Estado realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario. Respecto de las víctimas que, en el plazo de 8 meses a partir de la notificación de esta Sentencia, acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben que necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico, el Perú deberá depositarles la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), en el plazo de 18 meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
462. El Estado deberá adoptar la medida de reparación referida a la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia y de desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares (supra párr. 445), dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la misma.
463. El Estado deberá asegurar, dentro del plazo de un año, que todas las personas declaradas como víctimas fallecidas en la presente Sentencia se encuentren representadas en el monumento llamado “El Ojo que Llora”, de forma tal que los familiares de las víctimas fallecidas puedan incorporar una inscripción con el nombre de la víctima como corresponda conforme a las características del monumento.
464. El Estado debe reintegrar las costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, según lo dispuesto en el párrafo 456 de la misma.
465. El Estado debe cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda peruana, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago, con excepción del pago dispuesto en el párrafo 450 que deberá realizarse en dólares de los Estados Unidos de América.
466. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones y del reintegro de costas y gastos no fuese posible que éstos las reciban dentro de los plazos indicados, el Estado consignará dichos montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria peruana solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias del Perú. Si al cabo de 10 años las indemnizaciones no han sido reclamadas, las cantidades serán devueltas al Estado, con los intereses devengados.
467. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnizaciones y por reintegro de costas y gastos, no podrán ser afectadas o condicionadas por motivos fiscales actuales o futuros. En consecuencia, deberán ser entregadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia.
468. En caso de que el Estado incurra en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario por mora en el Perú.
469. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad, inherente a sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana, de supervisar la ejecución íntegra de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Perú deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
XVII
PUNTOS RESOLUTIVOS
470. Por tanto,
LA CORTE
DECLARA,
Por unanimidad, que:
1. Admite el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992.
2. La presente Sentencia comprende y se pronuncia tanto sobre los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, como acerca de los ocurridos con posterioridad a esta última fecha.
3. El Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados, cuyos nombres se encuentran incluidos en el Anexo 1 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 231 a 258 de la misma.
4. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, y en conexión con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados y de los internos que sobrevivieron, cuyos nombres se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 262 a 350 de la misma.
5. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 334 a 350 de la misma.
6. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 3 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 372 a 408 de la misma.
7. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
Y DECIDE,
Por unanimidad, que:
8. El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables, para lo cual debe abrir los procesos pertinentes y conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite así como los que se llegaren a abrir, adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de todos los hechos del presente caso, con el propósito de determinar la responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones, y divulgar públicamente los resultados de estos procesos penales, en los términos de los párrafos 436 a 442 y 460 de la presente Sentencia.
9. El Estado debe establecer, en un plazo razonable, los medios necesarios para asegurar que la información y documentación relacionada con investigaciones policiales relativa a hechos muy graves se conserve de forma tal que sea posible llevar a cabo las correspondientes investigaciones, en los términos de los párrafos 442 y 460 de la presente Sentencia.
10. El Estado debe realizar todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la entrega de los restos de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega a sus familiares, dentro de un plazo de seis meses, y debe cubrir todos los gastos de entrega así como los gastos de entierro en los que los familiares puedan incurrir, en los términos de los párrafos 443 y 460 de la presente Sentencia.
11. El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias para asegurar que todos los internos que fallecieron como consecuencia del ataque sean identificados y sus restos entregados a sus familiares, de acuerdo con su legislación interna. En caso de que se llegue a identificar otros internos fallecidos, sus familiares podrán hacer las reclamaciones correspondientes en el derecho interno.
12. El Estado debe, dentro del plazo de un año, realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia en desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares, en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares, y debe difundir dicho acto a través de los medios de comunicación, incluyendo la difusión en la radio y televisión, en los términos de los párrafos 445 y 462 de la presente Sentencia.
13. El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares, incluyendo los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual, en los términos de los párrafos 449 y 461 de la presente Sentencia.
14. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, la cantidad fijada en el párrafo 450 de la presente Sentencia a las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben ante los órganos internos competentes, que con motivo de los hechos del presente caso necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico adecuado, en los términos de los párrafos 450 y 461 de la presente Sentencia.
15. El Estado debe diseñar e implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos dirigidos a agentes de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre los estándares internacionales aplicables en materia de tratamiento de los reclusos, en los términos de los párrafos 452 y 460 de la presente Sentencia.
16. El Estado debe asegurar, dentro del plazo de un año, que todas las personas declaradas como víctimas fallecidas en la presente Sentencia se encuentren representadas en el monumento denominado “El Ojo que Llora”, para lo cual debe coordinar con los familiares de las referidas víctimas la realización de un acto, en el cual puedan incorporar una inscripción con el nombre de la víctima como corresponda conforme a las características de dicho monumento, en los términos de los párrafos 454 y 463 de la presente Sentencia.
17. El Estado debe, dentro del plazo de seis meses, publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los Hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de esta Sentencia, así como difundir las referidas partes de la presente Sentencia a través de una emisora radial y un canal de televisión, ambos de amplia cobertura nacional, al menos en dos ocasiones con un intervalo de dos semanas entre cada una, en los términos de los párrafos 446, 447 y 459 de la presente Sentencia.
18. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, la cantidad fijada en el párrafo 424 de la presente Sentencia, por concepto del daño material causado a los 41 internos fallecidos identificados, en los términos de los párrafos 424, 457, 465, 466, 467 y 468.
19. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 425 de la presente Sentencia, por concepto de daño material de los internos sobrevivientes, en los términos de los párrafos 425, 426, 457, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
20. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en los párrafos 427 y 428 de la presente Sentencia, por concepto de daño material causado a los familiares de los internos por gastos de búsqueda y gastos de entierro, en los términos de los párrafos 427, 428, 457, 465, 466, 467 y 468.
21. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 433 de la presente Sentencia, por concepto del daño inmaterial de cada una de las 41 víctimas fallecidas identificadas y de las víctimas sobrevivientes, en los términos de los párrafos 433, 434, 458, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
22. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 433 de la presente Sentencia, por concepto del daño inmaterial correspondiente a los familiares inmediatos de las 41 víctimas fallecidas identificadas, en los términos de los párrafos 433, 434, 458, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
23. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 433 de la presente Sentencia, por concepto del daño inmaterial correspondiente a los familiares declarados víctimas de la violación al artículo 5 de la Convención Americana determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 433, 434, 458, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
24. Supervisará la ejecución íntegra de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 469 de la presente Sentencia.
Los Jueces García Ramírez y Cançado Trindade hicieron conocer a la Corte sus Votos Razonados sobre el punto resolutivo sexto. Dichos votos acompañan esta Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 25 de noviembre de 2006.
Sergio García Ramírez
Presidente
Alirio Abreu Burelli
Antônio A. Cançado Trindade
Cecilia Medina Quiroga
Manuel E. Ventura Robles
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Sergio García Ramírez
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
CON RESPECTO A LA SENTENCIA DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
EN EL CASO CASTRO Y CASTRO,
DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2006
1. En este Voto me referiré a dos cuestiones que analiza la Corte Interamericana en la Sentencia dictada en el Caso Castro Castro (Perú), del 25 de noviembre de 2006, que es, por cierto, una fecha simbólica en el compromiso general de combatir toda forma de violencia contra la mujer. Una de esas cuestiones, de la que me ocuparé en primer término y con mayor amplitud, corresponde a la aplicación, por parte del Tribunal, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, del 9 de junio de 1994, bien conocida bajo el nombre de la población en la que se suscribió: Convención de Belém do Pará. La otra concierne al frecuente, intenso y doloroso tema de la vida en reclusorios y la relación que existe, a propósito de la persecución penal –en términos amplios–, entre el poder público y los particulares, penalmente responsables o no, sobre los que aquélla se ejerce.
APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ
2. La tutela de los derechos humanos requiere instrumentos de alcance general y específico que integran, conjuntamente, el “escudo de protección” requerido por grandes sectores de la población. Evidentemente, no ha bastado con las declaraciones y los pactos en los que se enuncian y garantizan los derechos y las libertades de los seres humanos en general, a veces acogidos como “derechos del hombre” –la más antigua denominación– y actualmente, con la mayor frecuencia, como “derechos humanos o fundamentales”. Si bastara con aquellos, en tanto aluden a derechos que todos compartimos bajo la condición de seres humanos, y si fuese suficiente la proclamación de la igualdad y la no discriminación, que poseen carácter universal, no sería necesario contar con ciertos instrumentos de alcance más específico, referentes a derechos y libertades de esos grandes sectores de la población. 3. Ha sido necesario –más aún, indispensable– disponer de declaraciones y tratados específicos, que abarcan hipótesis de enorme importancia cualitativa y cuantitativa. Destaca la protección de los derechos de la mujer, vulnerable por diversos motivos, acosada por riesgos, restricciones y vulneraciones que poseen identidad característica y enlazan no sólo con las condiciones derivadas de la biología, sino también, y acaso sobre todo, en circunstancias culturales que no ha sido posible contrarrestar, suprimir, disipar –y en ocasiones ni siquiera moderar–, no obstante el esfuerzo realizado en este sentido por sucesivas generaciones. El requerimiento de medidas específicas de protección se observa y atiende tanto en el plano internacional como en los órdenes nacionales. 4. Esta corriente ha predominado en América. Cuando se planteó, en la Conferencia sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz (Conferencia de Chapultepec, México, 1945) el establecimiento de un régimen de tutela de los derechos humanos, que incluyese una jurisdicción especializada, surgió la propuesta –que no era insólita– de que el correspondiente instrumento declarativo –y preceptivo– abarcase, explícitamente, a hombres y mujeres. Así, el presidente de la delegación de Uruguay en dicho encuentro solicitó, en un discurso del 22 de febrero de 1945, la expedición de una “nueva Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer”. En suma, se reiteró –como antes, durante y después– la pertinencia, la urgencia inclusive, de amparar con referencias y figuras especiales a esa mitad de la humanidad que solía quedar –y suele quedar– en la penumbra cuando se trata de trasladar a la realidad los enunciados generales de protección de los seres humanos. 5. No es mi propósito emprender en este Voto la relación de los trabajos conducentes a consolidar aquel propósito, en los diversos espacios en que se han manifestado: mundial y regionales. Me concentro en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir de 1969 se ha construido, gradualmente, un corpus juris hemisférico sobre derechos humanos, que hoy abarca sendos protocolos y tratados, entre los que figura la aludida Convención de Belém do Pará, una suerte de “carta magna específica” de los derechos de la mujer –o mejor: de las mujeres– que constituye capítulo separado y sustancial en el corpus juris pleno que constituye el estatuto del ser humano contemporáneo, apoyado en el doble cimiento que le proporcionan el orden de los derechos humanos a escala mundial y el orden de la misma especialidad en la dimensión continental. 6. Hasta hoy, la Corte Interamericana no había recibido consultas o litigios que tuviesen como personaje principal –o, al menos, como uno de los personajes principales, de manera específica–, a la mujer. Obviamente, la Corte ha abordado temas en los que se proyecta la cuestión de la igualdad a propósito del género (como la Opinión Consultiva OC-4/84, “Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización”, resuelta el 19 de enero de 1984), e igualmente ha debido conocer de casos que atañen a mujeres a título de víctimas de violaciones de derechos humanos o personas en riesgo, cuya situación amerita medidas provisionales de carácter cautelar y tutelar. Sin embargo, en estos casos la violación o el riesgo no ponía a la vista, necesariamente, consideraciones vinculadas directa e inmediatamente con la condición femenina de la víctima. 7. No corresponde a la Corte –que carece de la potestad de atracción y rechazo de cuestiones contenciosas, y tampoco puede sugerir formalmente temas para consulta– suscitar el envío de demandas o solicitudes de opinión sobre asuntos específicos, independientemente de la mayor o menor relevancia que éstos pudieran tener para la formulación de la jurisprudencia interamericana. La selección de casos incumbe solamente a quienes han sido investidos de legitimación procesal para proponerlos a la consideración de la Corte, sujetos a sus propios ordenamientos y dotados de autonomía –que la Corte no puede cuestionar– para formular el planteamiento, suscitando así el desempeño jurisdiccional. De ahí que la Corte no se hubiese ocupado de ciertos extremos concernientes a derechos de las mujeres, aunque lo hubiera hecho a propósito de otros grupos de población, también relevantes y vulnerables, de muy diversas características: menores de edad, miembros de comunidades indígenas, trabajadores migrantes, detenidos, desplazados, etcétera. 8. En el caso al que corresponde la Sentencia que acompaño con este Voto se ha planteado, por primera vez, la aplicabilidad de la Convención de Belém do Pará, acerca de la cual no existe pronunciamiento anterior de la Corte. Los había, en cambio, en otros casos referentes a la aplicabilidad y aplicación de instrumentos del corpus juris americano de los derechos humanos diferentes de la CADH: Protocolo de San Salvador, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Este camino se hallaba, pues, suficientemente transitado; en cambio, aquél estaba pendiente de planteamiento, análisis y solución. Había sido, hasta hoy, un “tema inexplorado”, sin definición. Ya no lo es, gracias a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Castro Castro. 9. La materia sugiere por lo menos dos consideraciones. Ante todo, resulta claro –a la luz de los desarrollos del Derecho nacional e internacional de los derechos humanos, pero sobre todo a la sombra de una realidad tenaz y lacerante– la necesidad de afirmar la protección específica que requieren los derechos y libertades de las mujeres, afirmación que constituye una pieza indispensable para la construcción integral del sistema de protección de los derechos humanos y su vigencia eficaz. Militar en esta dirección significa avanzar en un rumbo establecido –aunque siempre sembrado de obstáculos, limitaciones y contradicciones–, de manera consecuente con las mejores tendencias en esta etapa de la extensa y difícil historia de la igualación de las mujeres y los varones ante la ley (y, más todavía, ante la aplicación de la ley a la realidad estricta). 10. Por supuesto, cuando me refiero a derechos y libertades de las mujeres estoy aludiendo a dos sectores en ese universo de protección jurídica: a) por una parte, aquellos que comparten, sin salvedad ni distinción, con los varones: derechos generales; y b) por otra parte, aquellos que se relacionan en forma directa y exclusiva –o casi exclusiva– con la condición de mujeres que tienen sus titulares. En este último sector se impone la adopción de medidas especiales que reconozcan características propias de las mujeres –ejemplo evidente es la protección previa y posterior al parto– y que restablezcan, introduzcan o favorezcan la igualación entre varones y mujeres en ámbitos en los que éstas se han encontrado en situación desfavorable frente a aquéllos por consideraciones culturales, económicas, políticas, religiosas, etcétera. 11. En pronunciamientos acerca de la igualdad ante la ley y otros puntos aledaños, la Corte ha dejado claramente establecido que el principio de igualdad y no discriminación no sufre lesión o merma cuando se brinda trato diferente a personas cuya situación lo justifica, precisamente para colocarlas en posición de ejercer verdaderamente los derechos y aprovechar auténticamente las garantías que la ley reconoce a todas las personas. La desigualdad real, la marginación, la vulnerabilidad, la debilidad deben ser compensadas con medidas razonables y suficientes que generen o auspicien, en la mayor medida posible, condiciones de igualdad y ahuyenten la discriminación. El principio de juridicidad –que tiene raíz en el trato igual para todos– no sólo no excluye, sino reclama, la admisión –más todavía: la exigencia– de una especificidad que alimente ese trato igualitario y evite el naufragio al que frecuentemente se halla expuesto. 12. Por todo ello, es perfectamente justificable, además de deseable, que la defensa de los derechos de la mujer que se halla depositada en declaraciones y convenciones específicas sobre esta materia acuda al primer plano en la consideración de los órganos internacionales de protección. Esa admisión relevante contribuye a esclarecer, fortalecer y engrandecer el sistema protector en su conjunto. Resulta consecuente con los fines que este se propone y es pertinente y oportuno si se toma en cuenta cuál es la situación que a menudo prevalece en esta materia. Así, existe una razón de derecho sustantivo que sustenta el interés cifrado en la Convención de Belém do Pará. 13. Resuelta esa primera cuestión, surge la relativa a la aplicabilidad y, en consecuencia, a la aplicación de aquel instrumento por parte de la Corte Interamericana en un caso concreto, en el desempeño de su jurisdicción contenciosa, de manera tal que la sentencia analice y resuelva sobre la afectación que pudo sufrir la presunta víctima conforme a la Convención de Belém do Pará. ¿Tiene la Corte Interamericana atribuciones para formular la declaración relativa a esa afectación, que formaría parte de la porción declarativa de una sentencia, y para disponer, a partir de ahí, ciertas consecuencias derivadas del hecho ilícito declarado, que sería parte de la porción condenatoria de la sentencia? 14. Esta interrogante, con los efectos correspondientes, se hallaba resuelta frente a la CADH –soporte de la jurisdicción misma de la Corte, en sus diversas vertientes–, así como ante el Protocolo de San Salvador, la Convención relativa a la Tortura y la Convención referente a Desaparición Forzada. Ahora lo está en lo que respecta a la Convención de Belém do Pará, en torno a la cual han existido diversos puntos de vista. Desde luego, son respetables los diversos pareceres. No me permitiría desecharlos y mucho menos censurarlos en la medida en que no coincidan con el mío, pero debo expresar –con respeto para ellos– la opinión que finalmente he sustentado a la hora de votar la Sentencia. 15. Las potestades de un órgano jurisdiccional derivan, necesariamente, de la norma que lo instituye, organiza y gobierna. Esta vinculación entre norma jurídica, por una parte, y jurisdicción, por la otra –expresión, en el orden jurisdiccional, del principio de legalidad–, constituye una preciosa garantía para los justiciables y un dato natural y necesario del Estado de Derecho. Sería inadmisible y extraordinariamente peligroso para las personas que un órgano jurisdiccional pretendiese “construir”, a partir de su voluntad, la competencia que le parezca pertinente. Este “voluntarismo creador de jurisdicción” pondría en riesgo el conjunto de los derechos y las libertades de las personas y constituiría una forma de tiranía no menos lesiva que la ejercida por otros órganos del poder público. Es posible que resulte aconsejable, conforme a la evolución de los hechos o del derecho, extender el ámbito jurisdiccional de un órgano de esta naturaleza, a fin de que concurra mejor a la satisfacción de necesidades sociales. Pero esa extensión debe operar a partir de la reforma normativa y no apenas de la decisión voluntariosa –y en esencia arbitraria– del órgano jurisdiccional. 16. Consecuentemente, un tribunal –y en el caso concreto, la Corte Interamericana– ha de explorar en el universo normativo al que debe disciplinar su desempeño las disposiciones que le confieren o le niegan atribuciones para conocer de ciertas contiendas. Esta es la primera cuestión que analiza y resuelve el órgano jurisdiccional que recibe una demanda de justicia. El punto no reviste mayor complicación cuando existe una norma clara, enfática, que de manera directa y explícita confiere esas atribuciones. Obviamente, tampoco la hay cuando la norma niega semejante posibilidad o la concede a un órgano diferente de aquel que está analizando y resolviendo sobre su propia competencia. 17. Existe una tercera situación, que se plantea cuando las disposiciones del ordenamiento sobre derechos humanos contienen algún régimen sobre el control de la materia por parte de los órganos internacionales de protección, pero la fórmula que utilizan no es por sí misma, prima facie, suficientemente explícita o unívoca, o difiere de la utilizada en otros casos. En esta hipótesis, el tribunal debe interpretar la disposición y hallar su significado. No digo, por supuesto, que debe “integrar” el ordenamiento y crear, a partir de su voluntad o de su imaginación, una competencia que no se encuentra recogida, en lo absoluto, en la norma sobre control de convencionalidad de los actos del Estado. Su poder no llega tan lejos: sólo debe desentrañar el sentido de la disposición oscura o elusiva y establecer, a través de ese proceso lógico-jurídico, su sentido y alcance. Es esto lo que ha hecho la Corte Interamericana a propósito de la Convención de Belém do Pará y su aplicabilidad al presente caso. 18. Es deseable que los instrumentos del corpus juris americano contengan mandamientos inequívocos, meridianamente claros, cuya interpretación no requiera mayor esfuerzo para el aplicador de la norma, e inclusive para cualquier lector. Se trata, en fin de cuentas, de la transparencia del significado de la norma, en bien de cuantos se hallan obligados o favorecidos por ella, transparencia conveniente en todos los planos de la regulación jurídica. Sin embargo, en nuestro corpus juris específico hay diversidad de fórmulas para aludir a la responsabilidad internacional de los Estados y al correspondiente control cuando existe incumplimiento de los deberes asumidos. Cada tratado emplea su propio giro; cada uno requiere, por lo tanto, un esfuerzo autónomo de interpretación, que no puede aplicar sencillamente los razonamientos y las conclusiones que sustentaron, en este punto, el entendimiento de otros textos depositados en previos instrumentos. 19. Conviene revisar la forma en que se refieren a nuestro asunto los tratados que contienen disposiciones acerca del control internacional, en la inteligencia de que hay otros que no aluden a éste. De la revisión se desprende una gran diversidad de expresiones para aludir a un mismo punto y regularlo de manera esencialmente coincidente. En este punto es preciso mencionar también la existencia de una distinción adicional, que se detallará adelante: mientras ciertos ordenamientos –así, la CADH, por ejemplo– no incluyen restricciones al conocimiento de la Corte, ratione materiae, otros lo acotan a determinadas disposiciones –así, el Protocolo de San Salvador, también por ejemplo. 20. No ignoro la diversidad de circunstancias que pudieran rodear la preparación de cada instrumento internacional, ni pierdo de vista las vicisitudes que regularmente se hallan en la base de cada selección de textos, que entraña una compleja decisión jurídico y política, tras un proceso de reflexión y negociación. Más allá de la evidente variedad de expresiones, lo que importa es el progreso que cada instrumento ha significado en la protección de los derechos humanos –que está lejos de su puerto de arribo– y la necesidad de considerar tanto el conjunto como cada uno de sus componentes en forma tal que concurra a esa protección y exprese, desde cierta perspectiva consecuente con su especialidad, nuevos pasos adelante en el avance hacia un destino compartido. 21. Como es natural, el mandamiento primordial acerca del tema que ahora me interesa se halla en la CADH y en el Estatuto de la Corte Interamericana, que reconocen a la Corte competencia –en el orden contenciosa, además de hacerlo en la vertiente consultiva– para resolver cualquier cuestión relativa a la interpretación y aplicación de ese tratado central del corpus juris americano (artículos 62 de la CADH y 1 del Estatuto). No hay duda al respecto, aunque se han planteado cuestiones, oportunamente resueltas por la Corte, en torno a la competencia de ésta a propósito de los litigios concernientes a un Estado que resuelve sustraerse a la competencia contenciosa a través de un acto unilateral –que no constituye denuncia de la Convención– y acerca de la potestad de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus determinaciones vinculantes. 22. El Protocolo de San Salvador se refiere a este asunto en términos diferentes. Pudo hacerlo en la misma forma que la CADH. Con todo, esos términos no requieren mayor esfuerzo por parte del intérprete. En efecto, el artículo 19.6 manifiesta que la violación de los artículos 8,a) (derecho de asociación sindical), y 13 (derecho a la educación) podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. 23. No es afortunado el empleo de la expresión “podría dar lugar”, como tampoco lo es la restricción del control a los supuestos considerados en aquellos dos preceptos del Protocolo. Conviene ampliar el alcance de la competencia material de conocimiento por parte de la Corte, aun cuando es preciso observar que no son pocos los casos de violación de normas del Protocolo que pueden ser analizados a través de la aplicación lisa y llana de la CADH, tema en el que no debo ingresar ahora. Como sea, prevalece la convicción de que, no obstante el giro “podría dar lugar”, la Corte es competente para conocer de esas violaciones cuando lo demanda la Comisión conforme al régimen de legitimación ordinaria que contiene la Convención Americana. 24. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura no emplea, al referirse a esta materia, las expresiones acuñadas por la CADH ni las utilizadas por el Protocolo de San Salvador. Opta por otra fórmula –una tercera fórmula, pues–, menos explícita que aquéllas, que reclama cierto esfuerzo de interpretación. Dice, a propósito de los actos de tortura, que “una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado” (artículo 8). Aun cuando no se menciona específicamente ni a la Comisión ni a la Corte, ni se invoca norma alguna –material o procesal– de la CADH, la interpretación general acepta que aquéllas pueden intervenir en tales supuestos y que la Corte cuenta con las atribuciones pertinentes para aplicar la Convención sobre tortura, apreciar las violaciones cometidas y emitir las declaraciones y condenas que correspondan. Así lo ha hecho el Tribunal en varios casos, sin reparo. 25. De fecha posterior al instrumento citado en el párrafo anterior, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas adelanta su propia fórmula en este campo; cuarta fórmula en el conjunto. Señala que el trámite de las peticiones o comunicaciones sobre desaparición forzada “estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares” (artículo XIII). Se ha entendido que el Tribunal interamericano cuenta con atribuciones para resolver acerca de las violaciones en este ámbito, sin perjuicio de que ya lo hacía en el ejercicio de la competencia general que le confiere la CADH y en los términos de las disposiciones sustantivas de ésta, como lo acreditan las resoluciones germinales de la Corte en materia contenciosa, señaladamente la famosa sentencia dictada en el Caso Velásquez Rodríguez, de 26 de junio de 1987. 26. Coincidente en fecha y lugar de suscripción con aquel ordenamiento sobre desaparición forzada, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer eligió una expresión distinta de todas las mencionadas hasta aquí –a su vez, diferentes entre sí– para abordar el tema del control internacional sobre la conducta que transgrede los deberes asumidos por el Estado y genera a cargo de éste, por ende, responsabilidad internacional exigible ante instancias de la misma naturaleza. Nos hallamos, entonces, ante una quinta fórmula. 27. Bajo el rubro “Mecanismos internacionales de protección”, la Convención de Belém do Pará se refiere a la facultad de los Estados partes en ésta y de la Comisión Interamericana para solicitar a la Corte opinión consultiva sobre la interpretación de la propia Convención (artículo 11). Esta norma no resulta indispensable, porque basta con las disposiciones de la CADH en materia consultiva (artículo 64) para sustentar la competencia de la Corte en este extremo. Y por lo que toca a cuestiones que pueden revestir carácter contencioso, a partir de la violación de la Convención de Belém do Pará –específicamente, la transgresión del artículo 7–, ésta abre la vía para la presentación de quejas o denuncias ante la Comisión Interamericana, que “las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (artículo 12). 28. Como se ve, la Convención de Belém pone el acento en el control internacional al que dedica un capítulo específico, que abarca tanto la colaboración informativa y el análisis de ésta (artículo 10), como la atención consultiva (artículo 11) y la consideración litigiosa (artículo 12). En otros términos, no se ha querido detener la normativa internacional de la materia en el reconocimiento de los derechos y la determinación de los deberes públicos, sino se ha procurado, además, asegurar que esos reconocimiento y determinación se trasladen a la realidad, y para ello se ha empleado el medio del que se vale, a tal fin, la regulación internacional: supervisión y control a cargo de órganos dotados de atribuciones para ello. En otros términos: la Convención procura asegurar la eficacia de sus normas y el alcance de sus fines. 29. El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, mencionado en el artículo 12 de ésta e invocado en la Sentencia del Caso Castro Castro, contiene una enfática condena de todas las formas de violencia contra la mujer y pone a cargo de los Estados partes en esa Convención la asunción de “políticas” orientados a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. En este marco, se obligan a determinadas acciones y abstenciones que atienden a aquellos objetivos. Esas acciones y abstenciones guardan evidente correspondencia con deberes inherentes al reconocimiento, el respeto y la garantía de derechos y libertades acogidos en la CADH –por ejemplo, los previstos en los artículos 5 y 8 de ésta, y otros–, a la adopción de normas que sirvan a esos fines y a la supresión de medidas y prácticas, de diversa naturaleza, que signifiquen violencia contra la mujer –disposición que se vincula con el artículo 2 CADH, entre otros preceptos.
30. Por lo tanto, resulta natural e incluso obligada la lectura conjunta de la CADH, con su catálogo de derechos y garantías generales, y de la Convención de Belén do Pará, con su enunciado de deberes estatales específicos, a los que corresponden derechos de las mujeres, para la aplicación de ambas. La segunda fija, ilustra o complementa el contenido de la primera en lo que atañe a los derechos de la mujer que derivan de la CADH. Esa lectura conjunta permite integrar el panorama de los derechos y, por ende, el perfil de las violaciones a las que se ha referido la Corte Interamericana en la Sentencia del Caso Castro Castro, y apreciar la entidad de aquéllas a la luz de los dos instrumentos, el general y el especial, como lo ha hecho la Corte en esta resolución, primera en su género emitida por el Tribunal interamericano en el desempeño de su función contenciosa. Tal lectura es consecuente con el criterio pro personae que rige la interpretación en materia de derechos humanos –como ha reconocido la Corte en todo momento– y se aviene a la estipulación del artículo 29 CADH, especialmente el inciso b), que excluye cualquier interpretación que limite derechos y libertades reconocidos en convenciones diferentes de la CADH y por ende alienta la asunción de aquéllos en el marco de la tutela que deben proveer los órganos de la Convención Americana.
31. El artículo 12 de la Convención de Belém do Pará atribuye a la Comisión el conocimiento de denuncias o quejas por violación del artículo 7 del propio instrumento. Con ello se abre la puerta para la presentación de peticiones individuales por este concepto, conforme a las disposiciones de la CADH y del Estatuto y el Reglamento de la Comisión. Es razonable –y consecuente con el sistema general de tutela de los derechos humanos– entender que la aplicación de estos ordenamientos rige todos los extremos del procedimiento que se sigue ante la Comisión, que puede agotarse dentro de esta misma instancia o avanzar hacia una segunda etapa de la tutela internacional, que se desarrolla ante la Corte, cuando la Comisión así lo determina, atenta a las disposiciones de la CADH (artículos 51 y 61.1), de su Estatuto (artículo 23) y Reglamento (artículos 26 y siguientes, destacadamente el 44).
32. En suma: la aplicabilidad y aplicación de la Convención de Belém do Pará, con respecto al artículo 7 de ésta y en la forma en que lo ha hecho la Corte Interamericana en la Sentencia del Caso Castro Castro, se funda en diversas consideraciones: a) el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos opera a partir de un corpus juris en expansión, que se propone abarcar la más amplia protección de las personas, tanto a través de normas de alcance ordinario y general, como mediante disposiciones cuyo ámbito de validez subjetiva comprende grupos humanos específicos a los que se destinan declaraciones o medidas de tutela indispensables para el goce y ejercicio efectivos de sus derechos y libertades; b) la atribución de facultades a los órganos de protección internacionales –como a cualesquiera instancias decisorias, de las que depende la definición de derechos y obligaciones– no se sustenta en la simple voluntad de los órganos llamados a ejercerlas, sino en un marco normativo suficiente que constituye sustento de la función pública, garantía de seguridad para los participantes y límite al arbitrio de las autoridades; c) para atribuir facultades de conocimiento a los órganos internacionales de control y supervisión, ese corpus juris no se ha valido de una sola fórmula, que ciña todos los supuestos practicables, sino ha utilizado textos diferentes –hasta cinco, por ahora, como supra se observó–, que deben ser analizados a la luz del conjunto en el que se inscriben y del ordenamiento en el que figuran, tomando en cuenta el objeto y fin de aquél y de éste; d) esa interpretación se realiza dentro de las fronteras que fijan la CADH, como ordenamiento rector del conjunto, y los instrumentos específicos que se pretende aplicar; uno y otros pueden limitar el conocimiento de un órgano a determinados extremos o permitir el amplio análisis de posibles violaciones. Para establecer el panorama completo de esta materia, en supuestos específicos, habría que considerar, en sus casos, las reservas o limitaciones a la competencia que hubiesen formulado los Estados; e) la interpretación debe atender a las previsiones del artículo 29 CADH, acoger el criterio pro personae propio del Derecho internacional de los derechos humanos, favorecer la plena eficacia del tratado en atención a su objeto y fin y contribuir a la afirmación y fortalecimiento del Sistema Interamericano en esta materia. EMPLEO DE LA FUERZA SOBRE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 33. La Corte vuelve a ocuparse ahora en un tema recurrente, en el que ha puesto énfasis a lo largo de numerosas resoluciones, e incluso de algunas observaciones ante los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos. Se trata de hechos violatorios ocurridos en una institución penal, cuyos ocupantes se hallan sujetos en forma prácticamente total al control del Estado –de jure y de facto–, garante de la observancia de los derechos de quienes guardan esa situación de especial dependencia. A esto se asocia, para integrar el panorama de los hechos contemplados en la Sentencia, el empleo de la fuerza por parte de agentes del Estado, como instrumento para llevar adelante ciertas determinaciones y ejercer el control de un conjunto de personas en las excepcionales condiciones que constan en la propia Sentencia. Por lo tanto, la circunstancia de este caso tiene dos componentes: reclusión, por una parte, y empleo de la fuerza, por la otra. Los hechos violatorios se proyectan en esas dos dimensiones.
34. Como se ha dicho –y conviene insistir en ello–, lo que caracteriza al Estado de Derecho en el marco de una sociedad democrática y en atención a los valores y principios que caracterizan a ésta, es el reconocimiento o la asignación de funciones y papeles propios, debidamente caracterizados, al Estado, la sociedad y los individuos, y la específica relación, con todas sus expresiones y consecuencias, que existe entre esos tres sujetos. El carácter de aquellas funciones y la naturaleza de esa relación –y su prueba de “fuego”, si se permite la expresión– quedan de manifiesto sobre todo en circunstancias críticas, tales como las que se plantean cuando la autoridad del Estado interviene, con toda su potencia, en la custodia de inculpados, la ejecución de condenas y el control de movimientos colectivos, espontáneos o provocados.
35. La Corte ha examinado estos puntos en diversas resoluciones, tanto declarativas como condenatorias, que fijan el alcance de los derechos del individuo y de los deberes y actividades del Estado, y las correspondientes reparaciones a raíz de hechos violatorios. Nunca se ha negado el deber del Estado –con las facultades consecuentes– para proveer al cumplimiento de las disposiciones legítimamente emitidas y asegurar el orden público. Pero jamás se ha admitido que ese deber se ejerza en forma ilimitada o desbordante, que puede llegar al extremo que ahora tenemos a la vista y que el propio Estado ha reconocido sustancialmente. En la especie resultan aplicables diversos principios que arraigan en un concepto rector: legitimidad y racionalidad de las medidas públicas, como fuente para la admisión de éstas, que de lo contrario resultan excesivas, desproporcionadas, impertinentes, y en definitiva violatorias de los derechos humanos.
36. Para llamar la atención sobre estos temas, que ameritan profunda reflexión y medidas correctivas inmediatas –y no me refiero solamente, por supuesto, al Estado dentro de cuya jurisdicción ocurrieron los hechos objeto de la condena a la que corresponde el presente Voto–, vale la pena recordar los casos en los que la Corte ha examinado situaciones de maltrato –desde grave hasta gravísimo: inclusive delitos de lesa humanidad– en agravio de detenidos, sea individual, sea colectivamente. A este grupo corresponden, por ejemplo, total o parcialmente, los casos Loayza Tamayo (1997), Suárez Rosero (1997), Castillo Petruzzi (1999), Cantoral Benavides (2000), Hilaire, Constantine y Benjamín (2002), Maritza Urrutia (2003), Bulacio (2003), Tibi (2004), Lori Berenson (2004), Caesar (2005), Fermín Ramírez (2005), Raxcacó Reyes (2005), García Asto y Ramírez Rojas (2005) y López Alvarez (2006). El uso desproporcionado de la fuerza en circunstancias de agresión sobre conjuntos de detenidos o control de movimientos colectivos se ha examinado en los casos Neira Alegría (1995), Durand Ugarte (2000), Instituto de Reeducación del Menor(2004) y Montero Aranguren (2006). También se debe tomar nota de gravísimos excesos en acciones de control en libertad, como se pudo advertir en el Caso del Caracazo (1999).
37. Ha habido, en número creciente y frente a situaciones sumamente preocupantes, medidas provisionales adoptadas por la Corte en situaciones de este mismo carácter: casos de Penales Peruanos (1992, 1993), Cárcel de Urso Branco (2004), Niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” da FEBEM (2005, 2006), Personas privadas de libertad de la Penitenciaría “Dr. Sebastiâo Martins Silveira” en Araraquare, Sâo Paulo (2006), Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), Penitenciarías de Mendoza (2006) y Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (2006).
38. La Sentencia en el Caso Castro y Castro –como otras adoptadas en el curso de dos años, o menos– debe atraer la atención de nuestros países, e incluso de la organización que reúne a los Estados Americanos, hacia la situación que guardan los reclusorios, el estado en que se hallan las personas privadas de libertad, las deficiencias en los medios de que se dispone para la custodia y el “tratamiento” de los detenidos y la generalmente insuficiente preparación de los agentes que tienen a su cargo estas tareas u otras vinculadas con el control de movimientos colectivos, sea en reclusión, sea en libertad. La Sentencia de este caso se refiere una vez más a la necesidad de proveer al personal a cargo de aquéllas –que debiera ser cuidadosamente seleccionado– la preparación que requiere para el cumplimiento de su cometido, que ha desembocado –como se observa en esta Sentencia– en fuente de violaciones masivas, cometidas con extraordinaria violencia. Esta provisión queda integrada en el amplio concepto de las reparaciones o, mejor aún, de las garantías de no repetición, concepto que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte.
Sergio García Ramírez
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1. He votado en favor de la adopción, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la presente Sentencia en el caso de la Prisión de Castro Castro. Dada la importancia que atribuyo a algunas cuestiones planteadas en el curso del procedimiento contencioso ante la Corte en el presente caso, me veo en la obligación de agregar a la presente Sentencia este Voto Razonado, con mis reflexiones personales como fundamento de mi posición al respecto de lo deliberado por el Tribunal. Centraré mis reflexiones en ocho puntos básicos, a saber: a) el tiempo y el Derecho, ahora y siempre; b) nuevas reflexiones sobre el tiempo y el Derecho; c) el tiempo y la vindicación de los derechos; d) los hechos y los sujetos de derecho; e) el surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado y el principio de la proporcionalidad; f) la recurrencia del crimen de Estado: el pensamiento jurídico olvidado; g) la necesidad e importancia del análisis de género; y h) oprimidos y opresores: la dominación insostenible y el primado del Derecho.
I. El Tiempo y el Derecho, Ahora y Siempre.
2. La relación entre el tiempo y el Derecho ha sido siempre objeto de mis reflexiones, incluso mucho antes de ingresar como Juez de esta Corte. En el seno de esta última, el tema ha marcado presencia en mi Voto Razonado (párrs. 4-6) en el caso Blake versus Guatemala (fondo, Sentencia del 24.01.1998), mi Voto Razonado (párrs. 15 y 23) en el caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (fondo, Sentencia del 25.11.2000), mi Voto Razonado (párrs. 24-33) en el caso de la Comunidad Moiwana versus Suriname (Sentencia del 15.06.2005), en mi Voto Concurrente (párrs. 2-15) en la pionera e histórica Opinión Consultiva n. 16 (del 01.10.1999) sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, entre otros. Más recientemente, en mi Curso General de Derecho Internacional Público, que ministré en 2005 en la Academia de Derecho Internacional de La Haya , me permití dedicar un capítulo entero a esta temática que considero de fundamental relevancia.
3. Me dediqué a escribir este capítulo, y a insertarlo en el inicio de mi referido Curso General, no sólo para subrayar la importancia que atribuyo al tema, sino además para dejar constancia de mi posición francamente contraria tanto a la pretensión positivista de visualizar e interpretar el ordenamiento jurídico independientemente del tiempo, como a la pretensión “realista” de tomar en cuenta los hechos del presente independientemente de su dimensión temporal, atribuyéndoles una supuesta inevitabilidad y una indemostrable perennidad. En consecuencia, positivismo y realismo, al hacer abstracción de la relación ineluctable entre el tiempo y el Derecho, se muestran ineluctable y patéticamente subservientes al poder, – lo que considero inaceptable, al sostener el primado del Derecho en toda y cualquier situación.
4. No es mi propósito reiterar en este Voto Razonado en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, mis consideraciones formuladas en otras ocasiones, inclusive en numerosos Votos míos en esta Corte, sobre el tiempo y el Derecho, a las cuales me limito aquí a referirme (supra). Procedo, en el presente Voto Razonado, a agregar algunas nuevas reflexiones personales sobre el tiempo y el Derecho, por cuanto el tema fue efectivamente planteado en el curso del procedimiento contencioso ante esta Corte en el presente caso de la Prisión de Castro Castro.
II. Nuevas Reflexiones sobre el Tiempo y el Derecho.
5. Todos vivimos en el tiempo, misterio mayor de la existencia humana; pero el implacable tiempo del cosmos, que reduce a la nada el poder y la gloria, no es el tiempo de los humanos, que luego los nutre de esperanza y más tarde de memoria. El tiempo concede a cada uno, de inicio, la inocencia, para más tarde imponer la experiencia. Y ésta abarca a todo, al bien y al mal, propios de la condición humana, correspondiendo a cada uno extraer sus lecciones en la búsqueda sin fin de su propio nirvana.
6. El tiempo envuelve a todo, el chiaroscuro del día y noche, de las estaciones del año, y abarca a todos, – los que imparten justicia y los que desagregan con su violencia y el engaño. El tiempo impregna la existencia de cada uno de memoria, que permite la búsqueda del sentido de cada instante de su historia. El tiempo de los humanos desmitifica los injustos y astutos, y gradualmente sedimenta los valores absolutos. El tiempo cronológico es distinto del biológico , y este último se distingue del psicológico. El tiempo de los humanos requiere la verdad, la memoria y la justicia, pues el olvido y la impunidad privarían la vida de sentido y la llenarían de malicia.
7. El tiempo es inherente al Derecho, a su interpretación y aplicación, el Derecho que busca regir las relaciones humanas y todo tipo de situación. El Derecho, al regir los conflictos que se presenten, es, en el tiempo, el transmisor de la solidaridad entre la generaciones que se suceden. Si es el tiempo que permite, en última instancia, superar obstáculos y alcanzar la realización de la justicia, es la conciencia humana que mueve el Derecho en este propósito, sobreponiéndose a toda malicia.
8. Tiempo y Derecho desunidos conllevan a la desesperación, paralizando el curso de la vida circundada de sentido y realización. Tiempo y Derecho unidos ponen fin a la impunidad, tornando la vida un privilegio nutrido por la paz de espíritu y la tranquilidad. El tiempo con justicia es el tiempo que vale recordar, es el tiempo de la levedad del ser. El tiempo con impunidad es el tiempo que cabe soportar, es el tiempo de la pesadilla del ser. El primero, abre camino a las realizaciones del ser en la vida; el segundo, es un tormento en la existencia sufrida. El tiempo con justicia es el tiempo de la posibilidad; el de la impunidad es el tiempo de la iniquidad. El primero es el tiempo de la conjunción de la fe y la razón; el segundo es el tiempo de la desesperación. No se puede negar la justicia a cada semejante, lo que tornaría la vida, para cada uno, el infierno de Dante.
9. Se torna aquí patente la diferencia entre la gravedad y la gracia, inmortalizada por una mujer superior (Simone Weil) a quien tanto admiro por su pureza de espíritu y su mística audacia. Enfrentó el mal, buscó la restauración, y (con 34 años de edad) no más se alimentó y se entregó a la muerte ; se entregó a la otra vida, dejando a los sucesores el testimonio indeleble de un espíritu iluminado y fuerte. Al igual que Stefan Zweig, otro escritor iluminado del siglo XX, que prefirió la otra vida al no encontrar en ésta la justicia restaurativa; eran tan diferentes ambos de, v.g., dictadores y criminosos como Stalin y el Generalísimo Franco, quienes, en sus lechos de muerte, cercados de todo tipo de atenciones, tuvieron la muerte natural que negaron a sus víctimas en secretas operaciones.
10. Son insondables los designios de la Providencia, al no impedir que sean brutalizadas las víctimas del mal radical, mientras que los victimarios – cuando no hay justicia – siguen llevando una vida segura y normal. Son insondables los designios de la Providencia, al conceder la muerte natural a impíos e impuros, y al no evitar la muerte auto-infligida de los que tanto cultivaron la vida del espíritu con su pensamiento luminoso, y con éste continúan a inspirar y orientar los que se empeñan en tornar este mundo bruto y efímero al menos armonioso. Son insondables los designios de la Providencia, al permitir la muerte de tantos en la humillación del abandono, inclusive de quienes fueron tan sensibles al sufrimiento humano en un mundo tan tirano.
III. El Tiempo y la Vindicación de los Derechos.
11. En la segunda mitad del siglo XX, se ha intentado explicar el tiempo (el cual, como la amenaza y el uso de la fuerza, y los conflictos armados, tanto presiona la humanidad) no como un dato objetivo (como pretendía I. Newton en fines del siglo XVII e inicio del siglo XVIII), ni como una estructura a priori del espíritu (como sostenía I. Kant en el siglo XVIII), sino más bien como un símbolo social conformado al final de un largo proceso de aprendizaje humano . De mi parte, no me siento persuadido ni seguro al respecto. Los intentos de explicar el tiempo tienen, cada uno, su mérito propio, y algunos son particularmente penetrantes.
12. Es el caso, v.g., de los que han buscado vincular el tiempo a la precariedad de la condición humana, y – más subjetivamente – a la conciencia de cada uno (v.g., R. Descartes, en el siglo XVII, y E. Husserl, en el inicio del siglo XX). Temo que, a pesar de todos estos esfuerzos en búsqueda de explicación, el tiempo continuará a circundar la existencia humana de misterio, como siempre lo ha hecho, ahora y siempre. El ser humano no es creador del tiempo, pero es condicionado por él, por su tiempo, – como bien lo saben los que han vivido en tiempos de dictaduras y tiranías. El tiempo desempeña un rol esencial en la situación existencial del ser humano (enteramente distinto de la visión que se pretende intemporal de la física clásica . El tiempo precede a la existencia de cada ser humano , y sobrevive a ella.
13. En la audiencia pública ante esta Corte en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, realizada en la sesión externa en San Salvador, El Salvador, los días 26 y 27 de junio de 2006, la interveniente común de los representantes de las víctimas y sus familiares, y también víctima en el presente caso (Sra. Mónica Feria Tinta), señaló que “14 años cambian y no cambian las cosas”. En cierto sentido, “el tiempo se ha paralizado”, por cuanto su vida ha sido consumida por nueve años en la investigación de este caso; entre las madres victimadas, una (Sra. Auqui) ha fallecido el año pasado), y otra le comentó sobre la muerte de su hijo. Los muertos no se han ido, pero están presentes en las reflexiones y los sueños de las sobrevivientes de la masacre de la Prisión de Castro Castro. Agregó que todo está frenado hasta que “pueda desencadenarse la justicia”, pero, mientras tanto, pasa el tiempo, “nos hacemos viejos y no viene la justicia y corre el reloj. Muchas de nosotras no hemos podido ser madres todavía”; hay un derecho a la memoria que “es parte del derecho a la verdad”, y en el presente caso “hicimos un esfuerzo sobre-humano para presentar evidencia que nos permita una sentencia” que ampare “este grupo de víctimas” .
14. En realidad, de este dramático alegato se pueden extraer algunas reflexiones y lecciones. Se formó aquí un décalage cruel entre, por un lado, el tiempo cronológico y biológico, y, por otro, el tiempo psicológico. El tiempo cronológico y biológico continúan a fluir, aumentando la desesperación de las víctimas, que envejecen en las tinieblas de la impunidad. El tiempo psicológico inmoviliza lo que sería en curso natural de la vida, pues hay que buscar la realización de la justicia, lo que consume tiempo.
15. Además, dada la extrema crueldad de los sufrimientos infligidos a las víctimas de la Prisión de Castro Castro (infra), muchas de las víctimas fueran privadas de su tiempo existencial (41 muertos identificados hasta la fecha). Otras tuvieron su tiempo biológico ciertamente reducido, en razón, v.g., de la invalidez, de daños en los pulmones y en la piel, de ceguera de un ojo, de la destrucción en los tejidos, de la mayor vulnerabilidad al cáncer . Las víctimas fueron privadas arbitrariamente del tiempo de vida, y, en muchos casos (41 ya identificados), de la propia vida.
16. En mi imaginario personal, no consigo escapar de la impresión de que muchas de las víctimas bombardeadas en el brutal ataque armado a la Prisión de Castro Castro (pabellón 1A) parecen Juanas de Arco de fines del siglo XX (sin pretensión alguna de canonización). Pero, como el personaje histórico (nacida en Domrémy, Vosgos, el 06.01.1412, y muerta el 30.05.1431), tenían sus ideas para liberar el entorno social, por lo que fueran aprisionadas, algunas sometidas a un juicio sin medios de defensa, o ni siquiera esto; en el referido ataque armado, muchas murieron poco después del bombardeo; a su vez, Juana de Arco, como se sabe, fue condenada a ser quemada viva. La victimización y el salvajismo prosiguen desafortunadamente a lo largo de los siglos, en distintos continentes.
IV. Los Hechos y los Sujetos de Derecho.
17. En lo que respecta a la milenaria brutalidad humana, los hechos superan en mucho a la imaginación humana. Cuando uno piensa que ha imaginado lo peor, surge entonces un hecho que demuestra que el ser humano es capaz de ir aún más allá en el trato brutal dispensado a sus semejantes:
“Dentro del edificio, el estruendo de los disparos, con resonancia ensordecedora en el espacio limitado del zaguán, había causado pavor. En los primeros momentos se creyó que los soldados iban a irrumpir en las salas barriendo a balazos todo lo que encontraran en su camino, que el Gobierno había cambiado de idea, optando por la liquidación física en masa (…). Vieron a los cuerpos amontonados, la sangre sinuosa arrastrándose lentamente por las losas como si estuviese viva, y las cajas de comida. (…) El peligro acecha a los imprudentes, en aquellos cuerpos sin vida, sobre todo en la sangre, quién podría saber qué vapores, qué emanaciones, qué venenosos miasmas estarían desprendiéndose ya de la carne destrozada de los ciegos. Están muertos, no pueden hacernos nada, dijo alguien[; …] fijaos, ni se mueven ni respiran, pero quién nos dice que esta ceguera blanca no será precisamente un mal de espíritu, y si lo es, partamos de esta hipótesis, los espíritus de aquellos ciegos nunca habrían estado tan sueltos como ahora, fuera de los cuerpos, y por tanto libres de hacer lo que quieran, sobre todo el mal, que, como es de conocimiento general, siempre ha sido lo más fácil de hacer” .
18. Es ésta una descripción de las consecuencias del ataque armado a la Prisión de Castro Castro? Aunque pudiera prima facie parecerlo, no lo es; trátase, más bien, de la alegoría del “brote epidémico de la ceguera blanca” de José Saramago , quien agrega:
“La conciencia moral, a la que tantos insensatos han ofendido y de la que muchos más han renegado, es cosa que existe y existió siempre, no ha sido un invento de los filósofos del Cuaternario, cuando el alma apenas era un proyecto confuso. Con la marcha de los tiempos, (…) acabamos metiendo la conciencia en el color de la sangre y en la sal de las lágrimas, y, como si tanto fuera aún poco, hicimos de los ojos una especie de espejos vueltos hacia dentro, con el resultado, muchas veces, de que acaban mostrando sin reserva lo que estábamos tratando de negar con la boca” .
19. A los penetrantes mensajes de las alegorías de A. Camus sobre la peste, y de J. Saramago sobre la ceguera, yo me permitiría agregar una brevísima ponderación, suscitada por los hechos del presente caso. De los escombros del bombardeo de la Prisión de Castro Castro, de la devastación del ataque armado perpetrado contra sus internos indefensos los días 06 al 09 de mayo de 1992, de la sangre de sus víctimas amontonadas, de las brutalidades prolongadas en el tiempo, de los daños causados a los ojos de los internos por las esquirlas (armas de fragmentación) y los gases, – de toda esa masacre sin piedad, emerge la conciencia humana manifestada y simbolizada hoy día por el monumento “El Ojo que Llora” , en reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y como expresión de solidaridad con ellas.
20. La solidaridad y, mediante la presente Sentencia de esta Corte, la justicia, por fin se sobrepusieron a la victimización criminal. Hoy, “El Ojo que Llora” desafía el pasar del tiempo, o pretende hacerlo, en señal de arrepentimiento por los ojos que ardieron o fueron perforados en la Prisión de Castro Castro, y de enseñanza de que a cada uno cabe perseverar en la búsqueda de su propia redención. Dada la finitud del tiempo existencial, hay los que buscan su superación mediante las expresiones del espíritu. En el presente caso, “El Ojo que Llora” lo demuestra. Como decía, en un ensayo de 1938, Stefan Zweig, con su característica sensibilidad, el “misterio de la creación artística” proporciona el “momento indescriptible” en el que “acaba la limitación terrenal de lo perecedero en nosotros, los humanos, y comienza lo perenne” .
21. En este caso de la Prisión de Castro Castro, la crueldad de los hechos causados por agentes del Estado efectivamente ultrapasa en mucho las alas de la imaginación. Como lo resumió uno de los testimonios rendidos ante esta Corte, estar bajo aquel bombardeo era “como un infierno” . No hay que pasar desapercibido que, quien presentó los hechos del cas d’espèce a esta Corte con mayor precisión y detalles fueron precisamente los representantes de las propias víctimas y sus familiares (a través de su interveniente común), como sujetos del Derecho Internacional que son, y no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La demanda por ésta presentada padece de imprecisiones apuntadas a lo largo de la presente Sentencia de la Corte, y varios de los hechos sólo figuraron en los Anexos de la demanda presentada por la Comisión. Pero los Anexos integran el documento principal, la referida demanda.
22. El presente caso, a mi juicio, sepulta, de una vez por todas, la visión anacrónica y paternalista del pasado de la presunta necesidad de una “intermediación” por la Comisión entre las víctimas y la Corte. En el presente caso, las víctimas – la verdadera parte sustantiva demandante ante la Corte, como siempre he sostenido – supieron presentar los hechos de forma mucho más completa y ordenada que la Comisión. El presente caso evidencia la emancipación de la persona humana vis-à-vis su propio Estado, así como vis-à-vis la Comisión, en el marco del sistema interamericano de protección.
23. El cas d’espèce, una vez más, destaca la posición verdaderamente central que ocupan las víctimas en el procedimiento contencioso ante la Corte. En la audiencia pública de 26-27.06.2006 ante esta Corte en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, en respuesta a preguntas que me permití dirigirle (recordándole que las víctimas ellas mismas habían reivindicado “medidas de reparación de impacto colectivo”), la Comisión admitió con acierto que las víctimas son la verdadera parte demandante ante la Corte (tesis que sostengo hace años en el seno de este Tribunal) y que las medidas de reparación de “impacto colectivo” eran pertinentes e importantes en las circunstancias del presente caso, en que los familiares de las prisioneras y los prisioneros eran también víctimas directas de “afectación psicológica” de las torturas infligidas a sus seres queridos privados de libertad .
24. En su Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas del 10.12.2005, sometido a la Corte Interamericana en el cas d’espèce, la representación legal de las víctimas y sus familiares relató que el pabellón 1A de la Prisión de Castro Castro “albergaba a aproximadamente 131 prisioneras mujeres entre las cuales se encontraban mujeres en avanzado estado de gestación y ancianas” Fueron atacadas en la madrugada del 06 de mayo de 1992 por 500 miembros de la policía y cerca de 1000 efectivos de las fuerzas armadas, con la utilización de armas pesadas; al mediodía usaron “gas de fósforo blanco contra las prisioneras mujeres encerradas en el pabellón 1A”, el cual causó “asfixia violenta” y “un sufrimiento excruciante: la sensación que la tráquea se partía en dos y que el sistema respiratorio se quemaba químicamente; piel y órganos internos quemaban como si hubiera sido un prendido en fuego. (…) Los explosivos causaban ondas expansivas que herían los tímpanos en fuego” (párr. 20).
25. Según el referido relato, “el carácter masivo de dicha inflicción de sufrimiento soportado por las víctimas durante el ataque, tornó dicho sufrimiento en más extremo y horrífico en naturaleza” (párr. 23). Asimismo,
“varias mujeres quienes estaban seriamente heridas pero quienes pudieron resistir y llegar vivas al hospital y a donde llegaron transportadas en camiones, una encima de la otra, fueron violadas en el hospital por personas encapuchadas quienes supuestamente las revisaban al llegar. No se les dio ninguna atención médica y algunas murieron como consecuencia.
Los sobrevivientes varones fueron obligados a permanecer por casi 15 días sin atención médica sometidos a posiciones forzadas, de cúbito ventral con las manos en la nuca (…). El 10 de mayo Fujimori inspeccionó la Prisión de Castro Castro personalmente, paseándose por entre los prisioneros torturados en la posición forzada de cúbito ventral, y aprobando el resultado de la operación. (…)
Las prisioneras mujeres fueron divididas en dos grupos. Un grupo fue llevado a prisión de Cachiche en Ica, y el otro a la prisión de Santa Mónica en Lima. Las mujeres de Santa Mónica fueran sujetas a similares condiciones a las de los varones: fueron forzadas a permanecer con las mismas ropas que habían usado desde la masacre y no se les permitió el ducharse por más de 15 días. Permanecieron completamente incomunicado del mundo exterior por caso 5 meses posterior a la masacre y sus paraderos fueron desconocidos por todo ese tiempo a sus familiares. Ningún acceso a abogados o visitas de familiares fue permitido hasta finales de septiembre de 1992. (…) Sólo una mujer sabe lo que es estar sangrando cada mes sin tener forma de cuidar de su higiene. Estas privaciones fueron intencionales: para infligir sufrimiento psicológico severo” (párrs. 25-27 y 29).
26. El mismo relato da cuenta de que dos de las prisioneras, en consecuencia de las brutalidades infligidas, perdieron el uso de la razón, perdieron su sanidad mental (la Sra. Benedicta Yuyali, de casi 70 años de edad, y la Sra. Lucy Huatuco – párr. 29). La presencia señalada del elemento de intencionalidad me parece de la mayor importancia para la configuración de la responsabilidad internacional del Estado en el presente caso de la masacre de la Prisión de Castro Castro: la incidencia de dicha mens rea, del animus agressionis del poder estatal, configura a mi juicio la responsabilidad internacional agravada del Estado demandado.
27. En la supracitada audiencia pública ante esta Corte en el presente caso, realizada en la ciudad de San Salvador, me permití preguntar a una de las víctimas, y testigo (Sra. Gaby Balcazar Medina) en el caso, cuáles eran “sus reflexiones hoy día sobre esta experiencia de contacto con la maldad humana” . Ella respondió:
“(…) Con todo lo que me han hecho yo sentí que no solamente me han dejado marcada en el cuerpo sino también en mi alma (…). En los primeros años tenía pesadillas, soñaba que me fusilaban, soñaba con los cadáveres (…). (…) Se que hay tanta maldad en el ser humano, hasta en los policías, pero hubo uno que me dio agua y no fue agua hervida, pedí una botella de agua [y] él se compadeció de calmar la sed.
(…) A partir del día de hoy, al ser escuchada, al darme Ustedes esta oportunidad, muchas jóvenes que han muerto van a poder descansar a partir de este día en paz, porque ha habido alguien que realmente ha contado lo que ocurrió esos cuatro días en el Penal de Castro Castro, – que es una gran mentira que fueron a trasladarnos porque ellos fueron a matarnos, – y esos jóvenes y madres que murieron van a descansar en paz a partir del día de hoy” .
28. Los hechos del presente caso, tal como presentados sobre todo por los sujetos de Derecho, hablan por sí mismos. Con base en el acervo probatorio que obra en el expediente, la Corte concluyó en la presente Sentencia que no hubo motín que justificase el llamado “Operativo Mudanza 1” del 06 al 09 de mayo de 1992 en la Prisión de Castro Castro (párr. 197.21). Lo que hubo fue un ataque armado ejecutado por fuerzas de seguridad del Estado para “atentar contra la vida e integridad de las internas e internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B” de la Prisión de Castro Castro (párrs. 215 y 216). Fue un ataque premeditado (párr. 197.23 y 26-33). La Corte, al destacar la “gravedad de los hechos” del presente caso, afirmó que lo sucedido en la Prisión de Castro Castro “fue una masacre” (párr. 234). La supracitada responsabilidad internacional agravada es generada, a mi juicio, en las circunstancias del presente caso, por la perpetración de un crimen de Estado.
V. El Surgimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado y el Principio de la Proporcionalidad.
29. En el procedimiento en el presente caso (fases escrita y oral), hay un detalle en la argumentación presentada ante la Corte que no puede pasar desapercibido. Con la mejor de las intenciones – la de buscar justicia, – la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo énfasis en la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza por los agentes estatales en la incursión en la Prisión de Castro Castro, mientras que la representación de las víctimas y sus familiares destacó como punto central la ilicitud del acto original (agravado por la intencionalidad). Esto me conduce a una breve recapitulación del origen o surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado.
30. En realidad, ya en mi Voto Concurrente (párrs. 1-40) en el caso de “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros versus Chile, Sentencia del 05.02.2001), examiné la cuestión del origen de la responsabilidad internacional del Estado; no es mi intención reiterar aquí las extensas consideraciones por mí desarrolladas al respecto en aquel Voto Concurrente, sino tan sólo dejar en este Voto Razonado esta muy breve referencia a ellas. Ahí sostuve en entendimiento en el sentido de que la responsabilidad internacional de un Estado Parte en un tratado de derechos humanos surge al momento mismo de la ocurrencia de un hecho – acto u omisión – ilícito internacional (tempus commisi delicti), imputable a dicho Estado, en violación de sus obligaciones bajo el tratado en cuestión.
31. Después de volver a referirme a la cuestión en mi Voto Razonado (párr. 4) en el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003), me permití reiterar, en mi Voto Razonado (párr. 14, y cf. párrs. 11-18), en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (Sentencia del 08.07.2004), mi entendimiento en el sentido de que
“(…) En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la responsabilidad internacional del Estado surge en el momento mismo de la violación de los derechos de la persona humana, o sea, tan pronto ocurra el ilícito internacional atribuible al Estado. En el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano o agente de éste, independientemente de su jerarquía, que violen los derechos protegidos por la Convención “.
32. En suma, a mi juicio, no puede haber duda, según la doctrina más lúcida del Derecho Internacional, de que la responsabilidad internacional del Estado (como sujeto del Derecho Internacional) se configura al momento mismo de la ocurrencia de un hecho ilícito (acto u omisión), violatorio de una obligación internacional, imputable al Estado . En el cas d’espèce, la responsabilidad internacional del Estado se configuró al momento de la incursión armada (con animus agressionis) de agentes estatales armados en la Prisión de Castro Castro.
33. La falta de proporcionalidad en el uso (enteramente indebido) de la fuerza constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad estatal ya configurada. No me eximo de ir aún más allá: en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, el animus agressionis (la mens rea) – que caracteriza las violaciones graves de los derechos humanos y la consecuente responsabilidad estatal internacional agravada se configura desde el momento de la toma de decisión y la planificación del ataque armado a los reclusos en la referida Prisión, perpetrado por muchos efectivos de la policía nacional, por el ejército peruano, y por unidades de fuerzas especiales (v.g., DINOES, UDEX, SUAT, USE), quienes, como señalado por la Corte en la presente Sentencia, “incluso se ubicaron como francotiradores en los techos del Penal y dispararon contra los internos” (párr. 216).
34. El llamado “Operativo Mudanza 1”, efectuado con gran brutalidad por estas distintas fuerzas de seguridad del Estado, no podría, a mi modo de ver, haber sido perpetrado, con tamaña magnitud (inclusive con armas de guerra) sin una previa planificación, decisión y autorización por parte de las más altas autoridades del Estado. Licence to kill, – fue un auténtico crimen de Estado. Se puede, pues, en tales circunstancias, retroceder en el tempus commisi delicti, para tomar en consideración, como elementos agravantes, la planificación del aparato estatal para cometer un acto ilícito internacional de particular gravedad.
35. El principio de la proporcionalidad, a su vez, es normalmente invocado en el marco del Derecho Internacional Humanitario; su invocación y observancia contribuyen a la clarificación de conducta en una situación de conflicto armado, imponiendo restricciones al comportamiento beligerante en medio a las hostilidades ; el principio de la proporcionalidad es relevante en este contexto. Ocurre que, en el presente caso de la Prisión de Castro Castro versus Perú, las víctimas no eran parte beligerante en un conflicto armado, sino más bien personas ya privadas de su libertad y en estado de indefensión, y que no estaban amotinadas. No están aquí en cuestión los temperamenta belli ; los principios fundamentales aquí invocables son, de orden distinta, el de la dignidad de la persona humana, y el de la inalienabilidad de los derechos que le son inherentes. Dichos principios informan y conforman los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, y violados en el cas d’espèce .
36. El ataque armado a la Prisión de Castro Castro no formó parte de un conflicto armado: fue una verdadera masacre. La flagrante ilicitud de los actos de brutalidad imputables al Estado, que configuran ab initio su responsabilidad internacional bajo la Convención Americana, asume una posición verdaderamente central en el razonamiento judicial de un tribunal internacional de derechos humanos como esta Corte; el principio de la proporcionalidad aparece como elemento adicional, en una posición tangencial, ante una responsabilidad internacional del Estado ya configurada. En su sustancial estudio sobre Customary Internacional Humanitarian Law, divulgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2005 , el principio de la proporcionalidad marca presencia como prohibición de atacar causando muertos y heridos en la población civil de modo excesivo con ventajas militares previstas.
37. No se trata, pues, en el presente caso, de determinar la desproporcionalidad del ataque y de las armas (de guerra) utilizadas, por cuanto éstos (uno y otras) ya estaban terminantemente prohibidos. No había un conflicto armado, no había rebelión en la cárcel, no había motín de presos, que se encontraban en estado de total indefensión. El ataque brutalmente perpetrado, de armamentos pesados de guerra, fue una masacre a sangre fría, que pretendió exterminar personas privadas de su libertad y en estado de completa indefensión.
38. El ilícito internacional agravado ya se había perpetrado y configurado de inmediato la responsabilidad internacional agravada del Estado. En el contexto del presente caso de la Prisión de Castro Castro, la representación de las víctimas y sus familiares, a través de su interveniente común (Sra. Mónica Feria Tinta) y también víctima en el caso concreto, captó, pues, además de los hechos (cf. supra), también los fundamentos del derecho aplicable, con más precisión y acierto que la Comisión, en relación con este punto específico.
39. Esto tampoco puede pasar desapercibido, y constituye para mí un hecho alentador, pues, – como vengo insistiendo hace años en el seno de esta Corte y en mis libros , – la verdadera parte demandante ante la Corte son los individuos peticionarios (y no la Comisión), quienes, como el presente caso lo indican, han alcanzado suficiente madurez para presentar en forma autónoma sus argumentos y pruebas, no solamente en materia factual, sino también en materia jurídica (cf. supra), incluso, en uno u otro caso, – como en el presente caso, – con más precisión y acierto que la propia Comisión. Quedan, pues, enteramente superada la visión parternalista y anacrónica que en el pasado sostenía que los individuos peticionarios necesitaban siempre un órgano como la Comisión que los “representase”. No siempre. El presente caso lo demuestra fehacientemente.
VI. La Recurrencia del Crimen de Estado: El Pensamiento Jurídico Olvidado.
40. El bombardeo de la Prisión de Castro Castro fue una masacre premeditada, planificada y ejecutada por agentes del Estado, desde la más alta jerarquía del poder estatal hasta los integrantes de las fuerzas de seguridad. Fue, como ya señalado, un crimen de Estado. Una vez más esta Corte decidió, mediante la presente Sentencia, sobre un crimen de Estado, cuya ocurrencia se muestra mucho más frecuente de lo que uno puede imaginar. Los crímenes de Estado que han alcanzado la justicia internacional son un microcosmo de las atrocidades del cotidiano, en distintos continentes, que todavía no han logrado ser alzadas al conocimiento de los tribunales internacionales contemporáneos.
41. La existencia y la frecuente ocurrencia de crímenes de Estado son, a mi juicio, incuestionables. Es lo que vengo advirtiendo, en el seno de esta Corte, – y frente al aparente letargo mental de una amplia e insensible corriente de la doctrina jusinternacionalista contemporánea, – en, v.g., mis sucesivos Votos Razonados en los casos de Myrna Mack versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003), Masacre de Plan de Sánchez versus Guatemala (Sentencias del 29.04.2004 y del 19.11.2004), de la Masacre de Mapiripán versus Colombia (Sentencia del 07.03.2004), de la masacre de la Comunidad Moiwana versus Suriname (Sentencia del 15.06.2005), de Almonacid Arellano y Otros versus Chile (Sentencia del 26.09.2006), de Goiburú y Otros versus Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), y de las Masacres de Ituango versus Colombia (Sentencia del 01.07.2006) .
42. En este último, – mi Voto Razonado en el caso de las Masacres de Ituango, – al desarrollar mis reflexiones sobre la planificación y ejecución de masacres como crímenes de Estado, me permití ponderar:
“Como es posible negar la existencia del crimen de Estado? Los jusinternacionalistas que lo han hecho (en gran mayoría) han simplemente cerrado los ojos a los hechos, y dado muestras de su falta de conciencia al negarse a extraer las consecuencias jurídicas de tales hechos. Su dogmatismo ciego ha frenado la evolución y la humanización del Derecho Internacional. Los crímenes de Estado – no hay cómo negarlo – han sido planificados y perpetrados por sus agentes y colaboradores, de forma recurrente, y en diferentes continentes. Los jusinternacionalistas tienen el deber de rescatar el concepto de crimen de Estado, inclusive para sostener la credibilidad de su oficio. (…)
Sucesivos crímenes de Estado – los ya determinados y comprobados, sumados a los de que no se tiene noticia – continúan a ocurrir, ante los ojos complacientes e indiferentes de la mayor parte de los jusinternacionalistas contemporáneos. Los crímenes de Estado no han dejado de existir por afirmar ellos que el crimen de Estado no existe y no puede existir. Todo lo contrario: el crimen de Estado sí, existe, y no debería existir, y los jusinternacionalistas deberían empeñarse en combatirlo y sancionarlo como tal. La mayor parte de la doctrina jusinternacionalista contemporánea ha sido omisa, al buscar eludir el tema . No pueden seguir haciéndolo, pues, afortunadamente, para buscar asegurar su no-repetición, las atrocidades han sido reconstituidas en relatos recientes , y la memoria ha sido preservada, por las publicaciones que empiezan a ampliarse de sobrevivientes de masacres como crímenes de Estado” (párrs. 30 y 41).
43. A tales masacres como crímenes de Estado corresponde la responsabilidad estatal internacional agravada, con sus consecuencias jurídicas, – como he reiterado en mis reflexiones desarrolladas en mi Voto Razonado (párrs. 24-36) en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez, y en mi Voto Razonado (párrs. 30-40) en el caso de la Masacre de Mapiripán. Anteriormente, en mi Voto Razonado en el caso Myrna Mack Chang me permití rescatar una corriente doctrinal que, hace décadas, ha admitido la existencia del crimen de Estado (párrs. 22-26), y que parece olvidada – deliberadamente o no – en nuestros días. No es mi propósito aquí reiterar mis reflexiones desarrolladas en mis Votos Razonados anteriores al respecto, sino agregar algunas nuevas consideraciones sobre este pensamiento jurídico olvidado.
44. No es mera casualidad que, ya a mediados de la segunda década del siglo veinte, en un libro inspirado y visionario publicado en Bucareste en 1925, titulado “Criminalité collective des États et le Droit pénal de l’avenir”, el jurista rumano Vespasien V. Pella advertía no sólo que es incuestionable la capacidad de un Estado de cometer crímenes internacionales, sino además que la criminalidad más peligrosa, y la más difícil de combatir, es la criminalidad organizada por el poder estatal . Siendo así, urgía la organización de una justicia internacional, inclusive para impedir y combatir la política criminal de los Estados . Y agregaba con lucidez V.V. Pella:
“Les théoriciens du Droit international public admettront eux-mêmes que, du jour où sera reconnu le caractère criminel de la guerre d’aggression, et en dehors de la disparition du droit de la guerre comme objet de leur discipline juridique, ils seront obligés de modifier les méthodes mêmes d’investigation scientifique qu’ils employaient jusqu’à l’heure actuelle.
Au lieu de cet empirisme diplomatique consistant quelquefois à étudier la guerre au seul point de vue de la matérialité des faits historiques, il sera nécessaire de procéder à des recherches approfondies dans le domaine de la criminalité internationale” .
45. Aún a fines de la década de los veinte, también H. Donnedieu de Vabres propugnaba (en 1928) por una “répartition de la compétence criminelle entre les États” en búsqueda de un derecho universal , capaz de cohibir las violaciones particularmente graves de derechos consagrados. Una década después, H. Lauterpacht sostuvo (en 1937) que no se podía limitar el crimen y la responsabilidad solamente al interior del Estado, pues esto permitiría que los individuos, “associés sous la forme d’État”, cometiesen actos criminales e invocasen la inmunidad, deteniendo así – con el poder estatal – “un poder de destrucción virtualmente ilimitado”; y advirtió en seguida, con gran lucidez, que
“(…) Il ne peut guère y avoir d’espoir pour le droit international et la morale si l’individu, agissant comme l’organe de l’État peut, en violant le droit international, s’abriter effectivement derrière l’État impersonnel et métaphysique; et si l’État, en cette capacité, peut éviter le châtiment en invoquant l’injustice de la punition collective” .
46. Dos años después (en 1939), Roberto Ago observó que los sujetos del Derecho Internacional, dotados de personalidad jurídica internacional, son capaces de cometer un delito internacional; recordó que también Hans Kelsen admitía que un hecho así incriminado, ordenado y cometido por un órgano (o agente) del Estado, puede ser imputado al Estado como sujeto del Derecho Internacional , en el marco del ordenamiento jurídico internacional. Transcurridos algunos años, a mediados del siglo XX, S. Glaser, centrándose en el Estado como “sujet d’une infraction internationale”, en su libro de 1954 identificó la guerra de agresión como un crimen de Estado en el ordenamiento internacional ; para él, “il y a des infractions internationales dont le sujet ne peut être qu’un État” .
47. Aún en la década de los cincuenta (en 1959), Pieter N. Drost publicaba su obra The Crime of State, en dos tomos, el primer dedicado a lo que designó como “humanicidio”, y el segundo al genocidio. Al abordar la primera categoría, recordó la existencia de estándares universales de razón y justicia, y conceptualizó el humanicidio como un crimen de Estado, perpetrado por agentes del Estado en abuso del poder público, en perjuicio de individuos, y en violación de los derechos humanos (tales como los consagrados en los artículos 3-21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), desafiando el Estado de Derecho .
48. A su juicio, tanto actos como omisiones pueden constituir crímenes de Estado, comprometiendo la responsabilidad internacional agravada del Estado – en razón de su criminalidad – como persona jurídica, el cual debe asumir las consecuencias jurídicas de dichos crímenes . Concluía P.N. Drost que se debe proteger los individuos contra el “humanicidio” como crimen de Estado, y, como este último puede inclusive “destruir el ordenamiento jurídico internacional”, debe ser sancionado y cohibido .
49. A fines del siglo XX, el Tribunal Penal Internacional ad hoc para la Ex-Yugoslavia, en sus Sentencias sobre el caso Tadic, del 07.05.1997 (Trial Chamber) y del 15.07.1999 (Appeals Chamber), señaló – en la primera Sentencia – que “the obligations of individuals under International Humanitarian Law are independent and apply without prejudice to any questions of the responsibility of States under International Law” (párr. 573); el Tribunal agregó – en la segunda Sentencia – que los actos de los individuos en cuestión “are attributed to the State, as far as State responsibility is concerned, and may also generate individual criminal responsibility” (párr. 144). La determinación de la responsabilidad penal internacional del individuo no exime, pues, el Estado de su responsabilidad internacional.
50. En mi reciente Curso General de Derecho Internacional Público ministrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya (2005), me permití exponer mi posición en el sentido de que el crimen de Estado sí existe, y tiene consecuencias jurídicas. Y relacioné, además, su sanción y prevención con los intereses fundamentales o superiores de la comunidad internacional como un todo y del ordenamiento jurídico internacional . Lo hice con base en mi experiencia en esta Corte, reiterando las reflexiones que he desarrollado al respecto en sucesivos Votos en Sentencias atinentes a determinados casos resueltos por esta Corte en los últimos años .
51. Ha habido ocasiones en que crímenes de Estado han sido cometidos más allá de las fronteras nacionales, en una escala verdaderamente interestatal. Al respecto, en mi reciente Voto Razonado en el caso Goiburú y Otros versus Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), me permití señalar que
“(…) Ha quedado demostrado que el presente caso Goiburú y Otros se inserta en una política de terrorismo de Estado que victimizó, del modo más cruel y brutal, miles de personas y sus familiares en los países que montaron la Operación Condor, la cual inclusive se permitió cometer violaciones graves de los derechos humanos ‘extra-territorialmente’, en otros países, y otros continentes. Cómo, ante una política de exterminio del Estado, negar la existencia del crimen de Estado?
El crimen de Estado sólo no existe dentro de la cabeza de los jusinternacionalistas ‘iluminados’ que afirman dogmáticamente que el Estado no puede cometer un crimen, y punto final. Siguen ignorando episodios como los del presente caso, históricamente comprobados, y otros casos de masacres adjudicados por la Corte Interamericana (casos, v.g., de la Masacre de Barrios Altos, de la Masacre de Plan de Sánchez, de los 19 Comerciantes, de la Masacre de Mapiripán, de la masacre de la Comunidad Moiwana, de la Masacre de Pueblo Bello, de las Masacres de Ituango), y asesinatos planificados al más alto nivel del poder estatal (casos, v.g., de Barrios Altos, y de Myrna Mack Chang), contando hoy inclusive con el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte de los Estados demandados por su ocurrencia.
Algo no deja de existir simplemente por que uno afirma que no puede existir. Los jusinternacionalistas no pueden seguir indiferentes al sufrimiento humano, que se desprende de hechos históricamente comprobados. Mientras la doctrina jusinternacionalista contemporánea insista en negar lo históricamente comprobado – los crímenes de Estado – estará eludiendo un tema de la mayor gravedad, con sus consecuencias jurídicas, comprometiendo su propia credibilidad. (…)” (párrs. 23-25).
52. A mi juicio, los responsables por la exclusión en 2000 de la concepción de “crimen de Estado” de los Artículos sobre la Responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas (adoptados en 2001) prestaron un deservicio al Derecho Internacional. No se dieron cuenta – o no se importaron con el hecho – de que dicha noción conlleva al propio “desarrollo progresivo” del Derecho Internacional. Presupone la existencia de derechos anteriores y superiores al Estado, cuya violación, en perjuicio de seres humanos, es particularmente grave y dañosa al propio sistema jurídico internacional. Dota este último de valores universales, al cohibir dichas violaciones graves y dañosas, y buscar asegurar el ordre juridique internacional.
53. Asimismo, da expresión a la creencia de que determinados comportamientos – que conforman, o son parte de, una política estatal – son inadmisibles, y generan de pronto la responsabilidad internacional agravada del Estado, con sus consecuencias jurídicas. Apunta el camino a recorrer hacia la construcción de una comunidad internacional organizada, del nuevo jus gentium del siglo XXI, del Derecho Internacional para la humanidad.
54. Al contrario de lo que parecen pretender los jusinternacionalistas apegados al oscurantismo (en su defensa incondicional de lo que hacen los Estados), la existencia del crimen de Estado encuéntrase empíricamente comprobada. Su ocurrencia es mucho más frecuente de lo que pueda uno suponer. El siglo XX como un todo y el inicio del siglo XXI han estado trágicamente repletos de crímenes de Estado. Y el Derecho Internacional contemporáneo no puede mantenerse indiferente a esto.
55. El crimen de Estado acarrea efectivamente consecuencias jurídicas, – como no podría dejar de ser, – con incidencia directa en las reparaciones debidas a las víctimas y sus familiares. Una consecuencia consiste en los “daños punitivos” lato sensu, concebidos estos, más allá de la acepción puramente pecuniaria a ellos atribuida inadecuadamente (en ciertas jurisdicciones nacionales), como determinadas obligaciones de reparación que deben asumir los Estados responsables por actos o práctica criminales, obligaciones éstas que se pueden configurar una respuesta o reacción apropiada del ordenamiento jurídico contra el crimen de Estado .
56. Trátase de obligaciones de hacer. Y, entre éstas, figura la obligación de identificar, enjuiciar y sancionar los perpetradores de los crímenes de Estado, que, por sus actos (u omisiones), incurrieron en responsabilidad penal internacional, además de comprometer la responsabilidad internacional de su Estado, en nombre del cual actuaron (o se omitieron), en la ejecución de una política criminal de Estado . No se trata de actos (u omisiones) puramente individuales, sino de una criminalidad organizada por el propio Estado . Tórnase, pues, necesario, tomar en cuenta, conjuntamente, la responsabilidad penal internacional de los individuos involucrados así como la responsabilidad internacional del Estado, esencialmente complementarias; al crimen de Estado corresponde la responsabilidad internacional agravada del Estado en cuestión .
57. La presente Sentencia de la Corte en el caso de la Prisión de Castro Castro contempla y ordena efectivamente una serie de obligaciones de hacer, en su capítulo XVI, sobre reparaciones. Estas son particularmente amplias, desde las indemnizaciones hasta medidas de satisfacción y garantías de no-repetición de los hechos lesivos. Entre estas últimas (reparaciones no-pecuniarias), figuran la identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables; y medidas educativas, así como de asistencia médica y psicológica. La Corte, una vez más, consideró, con propiedad, en su indisociabilidad, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana . Y, asimismo, subrayó con acierto que las violaciones graves, como las del presente caso, de los derechos humanos (conformando, a mi juicio, crímenes de Estado), infringen el jus cogens internacional .
VII. La Necesidad e Importancia del Análisis de Género.
58. El presente caso no puede ser adecuadamente examinado sin un análisis de género. Recuérdese que, como paso inicial, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) avanzó una visión holística de la temática, abordando los derechos de la mujer en todas las áreas de la vida y en todas las situaciones (inclusive, agregaría yo a la luz del cas d’espèce, en la privación de la libertad); la Convención clama por la modificación de patrones socio-culturales de conducta (artículo 5), y destaca el principio de la igualdad y no-discriminación , – principio este que la Corte Interamericana ya determinó, en su trascendental Opinión Consultiva n. 18 (del 17.09.2003) sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, que pertenece al dominio del jus cogens (párrs. 97-111) .
59. La presente Sentencia de la Corte en el caso de la Prisión de Castro Castro advierte con acierto para la necesidad del análisis de género, por cuanto, en el caso concreto,
“las mujeres se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres; (…) algunos actos de violencia se encontraron dirigidos específicamente a ellas y otros les afectaron en mayor proporción que a los hombres” (párr. 223).
Además, el presente caso parece revelar que la propia percepción del paso del tiempo puede no ser la misma para las mujeres y los hombres.
60. El presente caso de la Prisión de Castro Castro revela una aproximación entre el tiempo psicológico y el tiempo biológico, evidenciado por algo sagrado que ha sido en el presente caso violentado: el proyecto así como la vivencia de la maternidad. La maternidad, que debe ser cercada de cuidados y respeto y reconocimiento, a lo largo de toda la vida y en el pos-vida, fue violentada en el presente caso de forma brutal y en una escala verdaderamente intertemporal.
61. Hubo, de inicio, la extrema violencia pre-natal, evidenciada en las brutalidades a que fueron sometidas las mujeres embarazadas en la Prisión de Castro Castro, descritas en la presente Sentencia (párrs. 197(57), 292 y 298). ¿Cuáles han sido las secuelas de ese cuadro de extrema violencia en la mente – o en el inconciente – de los niños nacidos del vientre materno tan irrespetado y violentado, aún antes de su nacimiento?
62. Hubo, en seguida, la extrema violencia en la propia vivencia de la maternidad, frente a la brutalidad perpetrada contra los hijos. En la supracitada audiencia pública ante esta Corte en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, la describió con conmovedora elocuencia una madre (Sra. Julia Peña Castillo), testigo en el caso:
“(…) El día 06 de junio del año 1992, quien habla es madre de muchos niños (…), (…) la intuición de madre fue más que de casa, que de hacer los alimentos, dejé todo (…). Cuando he llegado allá [en Castro Castro] había más que la prensa, (…) habían muchos militares, unas camionetas entraban, otras salían, (…) allí he empezado a gritar, (…) gritaba y decía: – ‘que están haciendo, mis hijos, mis hijos’! Fue lo primero que relucieron mis palabras, mis hijos. (…)
(…) Allí realmente nosotras muchas madres nos hemos abrazado, nos hemos abrazado muy fuerte porque los estruendos del cañón eran algo que llegaba hasta nuestros corazones. Cada estruendo era un dolor muy fuerte porque se veían las esquirlas del pabellón que volaban. (…) Había una madre a mi lado, la abracé y me dijo ‘mi hija está viva, mi hija está viva’ (…). Me entusiasmó mucho el escucharla. Más tarde la cosa seguía peor, ya no se escuchaban voces, sólo se escuchaban muchos tiros como de metralleta o de una arma larga que escuchábamos (…), sonaba y luego paraba, y luego por el otro costado otra vez. (…) Seguían los tiroteos. Hemos pernotado ahí, no sabíamos nada, quiénes eran los muertos, quiénes eran los heridos, cuántos muertos eran, nada porque no nos daban información. Incluso los policías que salían (…). No nos dieron ninguna clase de información (…). (…) No les interesaba” .
63. En aún otra dimensión, muchas de las mujeres sobrevivientes del bombardeo de la Prisión de Castro Castro – como señalado en este Voto Razonado (párr. 13, supra) – no han podido ser madres todavía, pues, como señalado en la audiencia pública en el cas d’espèce ante esta Corte, han desde entonces consumido todo su tiempo existencial en búsqueda de la verdad y la justicia. Aquí estamos ante la maternidad denegada o postergada (un daño al proyecto de vida), por fuerza de las crueles circunstancias, como denunciado con toda pertinencia por la interveniente común de los representantes de las víctimas y sus familiares (supra).
64. Y, en la dimensión del pos-vida, también ha sido afectada gravemente, en el caso concreto, la vivencia de la maternidad. Lo ilustra la búsqueda desesperada, en las morgues, por parte de los familiares de las víctimas, de los restos de los internos muertos en el ataque armado a la Prisión de Castro Castro, frente a la indiferencia de las autoridades estatales. Como la Corte relata en la presente Sentencia,
“(…) Son coincidentes los testimonios que obran en el acervo probatorio al señalar que un elemento más de sufrimiento fue el hecho de encontrarse [las madres y familiares] en tal situación de incertidumbre y desesperación precisamente el ‘día de la madre’ (día domingo, 10 de mayo de 1992)” (párr. 338).
65. Más allá de las circunstancias del cas d’espèce, el análisis de género ha contribuido, de modo general, para revelar el carácter sistémico de la discriminación contra la mujer, y la afirmación de los derechos de la mujer (cf. infra), y su inserción por consenso en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, – como bien me acuerdo, por haber acompañado personalmente su elaboración, como integrante del Comité de Redacción de la II Conferencia Mundial de Viena de 1993 , – ha en fin reconocido las violaciones omnipresentes de los derechos de la mujer en los planos tanto público como privado . Tanto la referida Declaración y Programa de Acción de Viena como la Plataforma de Acción adoptada por la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995 contribuyeron las barreras enfrentadas por las mujeres en patrones culturales de comportamiento en las más distintas situaciones y circunstancias .
66. Ya los travaux préparatoires del Protocolo Facultativo a la Convención de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (adoptado en 1999), seguidos de la entrada en vigor, el 22.12.2000, del referido Protocolo, vinieron fortalecer el derecho de petición individual internacional, ampliando considerablemente, con enfoque de género, los círculos de personas protegidas, al abarcar los derechos de la mujer como jurídicamente exigibles . A su vez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994), que entró en vigor el 05.03.1995, expresa la convicción de que
“la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida” .
67. Siempre me ha parecido sorprendente, si no enigmático, que hasta hoy, más de una década de la entrada en vigor de la Convención de Belém do Pará, la Comisión Interamericana no haya jamás, hasta la fecha, buscado la hermenéutica de esta Corte sobre dicha Convención, como esta última expresamente le faculta (artículos 11-12). En el presente caso de la Prisión de Castro Castro, se han cometido actos de extrema violencia y crueldad contra los internos – mujeres y hombres, – constantes del expediente del caso, el cual, sin embargo, requiere un análisis de género en razón de la naturaleza de determinadas violaciones de derechos que sufrieron en particular las mujeres. Recuérdese, v.g., al respecto, lo relatado en el supracitado Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (del 10.12.2005) de la representación legal de las víctimas en el sentido de que varias de las prisioneras, quienes ya estaban “seriamente heridas” pero lograron al hospital, “transportadas en camiones, una encima de la otra”, fueron “violadas en el hospital por personas encapuchadas” .
68. En el procedimiento contencioso (en las etapas tanto escrita como oral) ante esta Corte, fue la representación de las víctimas y sus familiares, y no la Comisión, que insistió en vincular la normativa de protección de la Convención de Belém do Pará (particularmente sus artículos 4 y 7) a las violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este ejercicio viene atender al necesario análisis de género en el presente caso. El artículo 4 de la Convención de Belém do Pará determina que “toda mujer” tiene derecho al “reconocimiento, goce, ejercicio y protección” de todos los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales sobre la materia, entre los cuales menciona expresamente los derechos a la vida, a la integridad personal, a no ser sometida a torturas, al respeto a “la dignidad inherente a su persona” .
69. Y, mediante el artículo 7 de la Convención de 1994, los Estados Partes se comprometen a una serie de medidas para “prevenir, investigar, sancionar y erradicar” las distintas formas de violencia contra la mujer. En el presente caso de la Prisión de Castro Castro, en que, por primera vez en la historia de esta Corte, el análisis de género es planteado – para mi satisfacción como Juez – por los representantes de las propias víctimas y sus familiares (y no por la Comisión) como verdadera parte demandante ante la Corte y como sujetos del Derecho Internacional, se han violado con particular crueldad los derechos humanos de la mujer, configurando la responsabilidad internacional agravada del Estado demandado.
70. Los puntos resolutivos 4 y 6 (y los correspondientes párrafos que los motivan) de la presente Sentencia se pronuncian tanto sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos como sobre dos otras Convenciones sectoriales interamericanas: el punto resolutivo 4 sobre la Convención Interamericana contra la Tortura, y el punto resolutivo 6 sobre esta última y también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Las referidas Convenciones sectoriales interamericanas no son uniformes en sus respectivas cláusulas atributivas de jurisdicción, lo que no ha impedido esta Corte de pronunciarse, hasta la fecha, sobre dos de ellas: la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas .
71. La segunda contiene con acierto una cláusula expresamente atributiva de jurisdicción a la Corte Interamericana (además de a la Comisión – artículo XIII), pero la primera no: tratándose de una prohibición del jus cogens (la prohibición de la tortura), y teniendo en mente derechos inderogables, sus artículos 16 y 17, – en un ejemplo tajante de mala redacción, – por razones que escapan a mi comprensión sólo se refieren expresamente a la Comisión y no a la Corte, en un mundo en que se expande la jurisdicción internacional mediante la creación de nuevos tribunales internacionales, precisamente para sancionar e impedir, inter alia, la tortura! No me eximo de dejar aquí consignada mi posición firmemente crítica al respecto.
72. En cuanto a la Convención de Belém do Pará (cuya adopción presencié personalmente, en la Asamblea General de la OEA en 1994, pocas horas antes de mi elección por primera vez como Juez Titular de esta Corte), sobre la cual esta Corte se pronuncia por primera vez en la presente Sentencia, a fines de 2006, – su artículo 11 se refiere expresamente a la función consultiva de la Corte, pero, en cuanto a su función contenciosa, el artículo 12 de dicha Convención podría ser mucho más claro. El artículo 12 de la Convención de Belém do Pará no está a la altura de la noble causa que patrocina – la defensa de los derechos de la mujer – y podría haber sido mucho mejor redactado, requiriendo, por lo tanto, interpretación.
73. Prevé el artículo 12 expresamente sólo el derecho de petición a la Comisión Interamericana, pero al menos cuida de agregar que la Comisión considerará las peticiones “de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento” de la Comisión. Ocurre que, entre dichas normas para la consideración de peticiones, figura el artículo 51(1) de la Convención Americana, que prevé expresamente el envío por la Comisión de casos no por ésta solucionados a la Corte para su decisión. La Corte tiene, pues, jurisdicción sobre dichos casos, y puede y debe pronunciarse sobre alegadas violaciones de los derechos humanos de la mujer, – con el necesario análisis de género, como planteado en el presente caso, – bajo la Convención del Belém do Pará en tales circunstancias, dándole a esta última el debido effet utile.
74. Pero para prescindir de la necesidad de este ejercicio de interpretación, y para fortalecer su propio mecanismo de protección, la Convención de Belém do Pará debería haber incluido una cláusula de expresa atribución de jurisdicción a la Corte en materia contenciosa. Ni por eso la Corte está privada de jurisdicción; todo lo contrario, a mi juicio tiene jurisdicción, en el entendimiento y en los términos que resumí en el párrafo anterior de ese Voto Razonado. Los negociadores y redactores de instrumentos internacionales de derechos humanos deberían ser más precisos en su ejercicio legiferante, teniendo presentes los imperativos de protección de la persona humana, – en el presente caso, los derechos de la mujer, que lamentablemente son violados impunemente en el cotidiano de la vida, en algunas partes del mundo más que en otras.
VIII. Oprimidos y Opresores: La Dominación Insostenible y el Primado del Derecho.
75. Paso, en fin, a mi última línea de reflexiones en el presente Voto Razonado. Con su usual perspicacia, la gran pensadora mística Simone Weil advertía, en su penetrante ensayo Reflexiones sobre las Causas de la Libertad y de la Opresión Social (1934), el cual consideraba como su propio “testamento”, que
“el exterminio suprime el poder al suprimir el objeto. Así hay, en la misma esencia del poder, una contradicción fundamental que, propiamente hablando, le impide existir; aquellos a los que se llama amos, siempre obligados a reforzar su poder, (…) no son nunca sino la persecución de un dominio imposible de poseer, persecución de cuyos suplicios infernales la mitología griega ofrece bellas imágenes.
(…) Es así como Agamenon, que inmoló a su hija, revive en los capitalistas que, para mantener sus privilegios, aceptan a la ligera guerras que pueden arrebatarles a sus propios hijos. (…)
(…) El verdadero tema de La Ilíada es la influencia de la guerra sobre los guerreros y, a través de ellos, sobre todos los humanos: nadie sabe por qué se sacrifica y sacrifica a los suyos en una guerra mortal y sin objeto (…). En este antiguo y maravilloso poema aparece ya el mal esencial de la humanidad: la sustitución de los fines por los medios” .
76. En el mismo ensayo luminoso, Simone Weil insistía en su advertencia en el sentido de que
“Nada más fácil que difundir un mito cualquiera a través de una población. No hay que extrañarse, pues, de la aparición sin precedente en la historia, de regímenes ‘totalitarios’. (…) Allí donde las opiniones irracionales sustituyen a las ideas, la fuerza lo puede todo. (…) Siempre que los oprimidos han querido constituir agrupaciones capaces de ejercer una influencia real, estas agrupaciones (…) han reproducido en su seno las taras del régimen que pretendían reformar o abatir, a saber, la organización burocrática, la inversión de la relación entre los medios y los fines, el desprecio del individuo, la separación entre el pensamiento y la acción, el carácter mecánico del pensamiento mismo, la utilización del embrutecimiento y de la mentira como medios de propaganda, (…) una civilización que descansa en la rivalidad, en la lucha, en la guerra” .
77. Las reflexiones de 1934 de esta mujer admirablemente lúcida, Simone Weil, son pertinentes en relación a ejemplos sucesivos de opresión a lo largo de las décadas posteriores . Lo cierto es que la brutalidad ha estado siempre presente en las relaciones humanas, como se desprende ya del Génesis (IV.4). Ha estado presente antes y después de la creación del Estado, y, con éste, se ha magnificado con sus recursos y su monopolio del uso de la fuerza (como se enorgullecen de decir algunos publicistas miopes). Como señala con lucidez el Predicador, en el más breve y enigmático de los escritos del Antiguo Testamento (el bello Eclesiastés),
“Nunca faltará quien diga:
‘Esto sí que es algo nuevo!’
Pero aún eso ya ha existido
siglos antes de nosotros.
Las cosas pasadas han caído en el olvido,
y en el olvido caerán las cosas futuras
entre los que vengan después” .
78. Y continúa el Predicador, de modo implacable: “No te sorprendas si en algún país ves que se oprime al pobre y que se hace violencia a la justicia y al derecho, porque a un alto oficial lo encubre otro más alto, y otros más altos oficiales encubren a estos dos. Y a eso se le llama progreso del país (…)!” . Estas palabras, que han sobrevivido a siglos y siglos, se revisten de gran actualidad en nuestros días!. Podríamos perfectamente haberlas escuchado (si es que no ya las escuchamos, al menos la idea que encierran) en algunos de los miles y miles de seminarios y mesas-redondas que se realizan en nuestros días.
79. Pero el Predicador no para ahí. Y prosigue, con sabiduría y conocimiento de la naturaleza humana:
“Dirigí luego mi atención a los actos de opresión que se cometen en este mundo. Y vi que los oprimidos lloran, pero no hay quien los consuele; sus opresores les hacen violencia, pero no hay quien los consuele. Por eso consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven; aunque en mejores condiciones que estos dos están los que aún no han nacido, pues todavía no han visto la maldad que se comete en este mundo” .
80. Y el Predicador agrega que todo tiene su tiempo:
“En este mundo todo tiene su hora; hay
un momento para todo cuanto ocurre:
Un momento para nacer,
y un momento para morir.
Un momento para plantar,
y un momento para arrancar lo plantado. (…)
Un momento para llorar,
y un momento para reír.
Un momento para estar de luto,
y un momento para estar de fiesta. (…)
Un momento para abrazarse,
y un momento para separarse.
Un momento para intentar,
y un momento para desistir.
Un momento para guardar,
y un momento para tirar.
Un momento para rasgar,
y un momento para coser.
Un momento para callar,
y un momento para hablar”(…) .
81. Mi tiempo como Juez Titular de esta Corte está expirando. Todo tiene su hora, un momento para llegar y un momento para partir. En cuanto a las víctimas sobrevivientes del caso de la Prisión de Castro Castro, tuvieron ellas su tiempo de sufrimiento prolongado, su tiempo de sufrimiento con la impunidad, pero tienen ahora su tiempo de justicia. Después de las tinieblas ha llegado la luz, en el chiaoscuro de la frágil existencia humana. Para mí, la triste saudade anticipada de la partida de Corte es en parte compensada por la luz que pasa a alumbrar el camino de las víctimas, con el establecimiento de la verdad y la justicia.
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario