Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil
Sentencia de 28 de noviembre de 2006
(Excepciones Preliminares y Fondo)
En el Caso Nogueira de Carvalho y otro,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza;
Manuel E. Ventura Robles, Juez; y
Diego García-Sayán, Juez;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario; y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;
de acuerdo con el artículo 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 29, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1. El 13 de enero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió ante la Corte una demanda contra la República Federativa del Brasil (en adelante “el Estado” o “el Brasil”), la cual se originó en la denuncia No. 12.058, recibida en la Secretaría de la Comisión el 11 de diciembre de 1997.
2. La Comisión presentó la demanda con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de Jaurídice Nogueira de Carvalho y Geraldo Cruz de Carvalho (en adelante “las presuntas víctimas”), por la supuesta falta de debida diligencia en el proceso de investigación de los hechos y sanción de los responsables de la muerte de Francisco Gilson Nogueira de Carvalho (en adelante “Gilson Nogueira de Carvalho” o “el abogado”), y la falta de provisión de un recurso efectivo en el presente caso. La Comisión señaló que las presuntas víctimas son los padres de Gilson Nogueira de Carvalho, quien era un abogado defensor de derechos humanos que dedicó parte de su labor profesional a denunciar los crímenes cometidos por los “muchachos de oro”, un supuesto grupo de exterminio del que formarían parte policías civiles y otros funcionarios estatales, así como se dedicó a impulsar las causas penales iniciadas en contra de dichos agentes estatales. El abogado fue asesinado el 20 de octubre de 1996 en la ciudad de Macaíba, Estado de Rio Grande do Norte, Brasil. La demanda indicó que el trabajo de Gilson Nogueira de Carvalho “se enfocaba en tratar de hacer cesar la situación de total impunidad en Rio Grande do Norte, [en la cual] agentes estatales secuestraban, asesinaban y torturaban personas, sin recibir sanción alguna”. La Comisión solicitó a la Corte un pronunciamiento sobre las supuestas violaciones que ocurrieron con posterioridad al 10 de diciembre de 1998, fecha en que el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte e indicó que “la deficiente actuación de las autoridades estatales, vista en su conjunto, llevó a la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables del homicidio [de Gilson Nogueira de Carvalho y que] después de más de [diez] años, no se ha identificado y sancionado a los responsables, y por ende, [sus] padres no han podido promover un recurso con el objeto de obtener una compensación por los daños sufridos”.
3. Consecuentemente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda, y que reintegre las costas y gastos originados tanto en la tramitación del caso a nivel nacional como ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
II
COMPETENCIA
4. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en razón de que el Brasil es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1992 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
5. El 11 de diciembre de 1997 el Centro de Derechos Humanos y Memoria Popular (CDHMP), el Holocaust Human Rights Project y el Group of International Human Rights Law Students (en adelante “los peticionarios”) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana contra el Brasil, en la cual señalaron la responsabilidad del Estado por la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, asesinado el 20 de octubre de 1996. Los peticionarios alegaron que el Estado había faltado a su obligación de garantizar a Gilson Nogueira de Carvalho el derecho a la vida y a realizar una investigación seria sobre su muerte, procesar a los responsables y promover los recursos judiciales adecuados. El 21 de agosto de 2000 Justicia Global se incorporó como co-peticionario. La denuncia fue presentada en inglés.
6. El 21 de enero de 1998 la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y le concedió un plazo de 90 días para que informara al respecto. El 26 de enero de 1998 el Estado solicitó la remisión de una versión en portugués de la denuncia. El 6 de febrero de 1998 la Comisión solicitó a los peticionarios la respectiva traducción, la cual le fue remitida el 13 de octubre de 1998. Ese mismo día se transmitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia en portugués, y se le solicitó que informara sobre cualquier elemento de juicio que permitiera a la Comisión verificar si en el caso habían sido o no agotados los recursos de la jurisdicción interna, para lo cual concedió un nuevo plazo de 90 días.
7. El 1 de abril de 1999, en consideración de que el Estado no presentó su respuesta, la Comisión le concedió un plazo de 30 días para hacerlo y le advirtió sobre la posibilidad de aplicar el artículo 42 del Reglamento de la Comisión entonces vigente, presumiendo la veracidad de los hechos denunciados. El 1 de mayo de 2000 la Comisión concedió al Estado un plazo adicional de 30 días para presentar la información requerida respecto a la denuncia.
8. El 29 de junio de 2000 el Estado informó que, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte, el proceso sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho se encontraba en fase de pronúncia, lo que equivale a un reconocimiento por parte del juez competente de que hay elementos de convicción en cuanto a la existencia de un crimen e indicios de autoría. En el presente caso, el juez competente confirmó la existencia de los referidos elementos y dictó la sentencia de pronúncia, determinando que el caso debería ser juzgado por el Tribunal de Jurado. Al respecto, el Estado informó que, debido a la posición contraria del Ministerio Público respecto de esa decisión judicial, el Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte debería decidir sobre la procedencia de dicha sentencia.
9. El 2 de octubre de 2000, durante su 108º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 61/00, mediante el cual declaró admisible la denuncia recibida y señaló, entre otros, que “el silencio del Estado [sobre el agotamiento de los recursos internos] constituye en el presente caso una renuncia tácita a la invocación de esa exigencia”. Dicho Informe fue transmitido a los peticionarios y al Estado el 15 de noviembre de 2000.
10. El 29 de agosto de 2003 la Comisión se puso a disposición de las partes en el marco del procedimiento de solución amistosa. El 1 de octubre de 2003 los peticionarios indicaron que preferían continuar con el análisis sobre el fondo del caso. El Estado no se pronunció al respecto.
11. El 10 de marzo de 2004, durante su 119º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Fondo No. 22/04. En el referido Informe, la Comisión manifestó que “los peticionarios alegaron una serie de hechos que no fueron controvertidos por el Estado[, y que si éste] no contradice los hechos de fondo ni produce pruebas destinadas a cuestionarlos, la Comisión puede presumir verdaderos los hechos alegados, siempre que no existan elementos de convicción que pueden hacerla concluir de otra manera”. La Comisión concluyó, inter alia, que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, todos en conexión con el artículo 1.1 de dicho tratado, y recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para subsanar las mencionadas violaciones.
12. El 13 de abril de 2004 la Comisión Interamericana transmitió el Informe de Fondo No. 22/04 al Estado y fijó un plazo de dos meses para que éste informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones formuladas. El plazo concedido al Estado fue prorrogado en dos ocasiones a solicitud de éste, y el Estado aceptó en forma expresa e irrevocable que la concesión de las prórrogas suspendía el plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención para presentar el caso a la Corte. Ese mismo día la Comisión notificó a los peticionarios la adopción del Informe y su transmisión al Estado y les solicitó que informaran su posición respecto de someter el caso ante la Corte Interamericana. El 18 de mayo de 2004 los peticionarios solicitaron a la Comisión que sometiera el caso ante la Corte.
13. Los días 10 de agosto y 13 de octubre de 2004 el Estado se refirió al estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Fondo No. 22/04. Informó, entre otros, que el Ministerio Público, alegando nulidad absoluta, había apelado la sentencia del Tribunal de Jurado que absolvió al único imputado por la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, y que el Gobierno Federal iniciaría negociaciones con el Gobierno del Estado de Rio Grande do Norte para obtener el reconocimiento de su responsabilidad por el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho y acordar las reparaciones con los familiares. Señaló que la reconquista democrática del Brasil se encuentra estrictamente relacionada con la lucha de los defensores de derechos humanos, por lo que, además de la adopción de otras iniciativas dirigidas a la protección de los defensores, estaba concluida la elaboración del Programa Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, el cual sería oficialmente divulgado en fecha próxima a la remisión del informe estatal.
14. El 12 de enero de 2005 el Estado presentó su tercer informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las tres recomendaciones formuladas en el Informe de Fondo No. 22/04. El Estado reiteró lo informado anteriormente, e indicó que el imputado Otávio Ernesto Moreira había sido absuelto por el Tribunal de Jurado y que el Ministerio Público había interpuesto una apelación con fundamento en una nulidad absoluta ante el Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte. Asimismo, recalcó que el Ministerio Público manifestó su compromiso de interponer todos los recursos que eventualmente cabrían ante el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Por ello, señaló que no se deberían considerar concluidas las etapas recursivas del proceso, ya que el imputado podría ser condenado en las instancias superiores. El Estado manifestó que la Secretaría Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República había realizado insistentes gestiones ante el Gobierno del Estado de Rio Grande do Norte para iniciar negociaciones con vistas a la reparación de los daños morales y materiales sufridos por los familiares de Gilson Nogueira de Carvalho, pero que había encontrado resistencia por parte de las autoridades del Estado de Rio Grande do Norte.
15. El 21 de diciembre de 2004, en consideración de los informes presentados por el Estado, la Comisión consultó nuevamente a los peticionarios sobre el envío del caso a la Corte. El 27 de diciembre de 2004 los peticionarios expresaron que era “extremamente importante el envío del caso a la Corte Interamericana [… debido a] que el Estado [no había cumplido] con las tres recomendaciones [formuladas por la] Comisión.”
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
16. El 13 de enero de 2005 la Comisión presentó la demanda ante la Corte, adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a José Zalaquett y Santiago A. Canton, y como asesores legales a Ariel Dulitzky, Ignacio Álvarez y Víctor Hugo Madrigal Borloz. El 11 de febrero de 2005 la Comisión remitió la demanda en portugués.
17. El 21 de febrero de 2005 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó la demanda y sus anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el caso.
18. El 21 de febrero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 literales d y e del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a Justicia Global y al Centro de Derechos Humanos y Memoria Popular, designados en la demanda como representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) y les informó sobre el plazo para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
19. El 21 de marzo de 2005 el Estado comunicó la designación de la señora Danielle Aleixo Reis do Valle Souza como Agente, y el 29 de marzo de 2005 la designación de los señores Murilo Vieira Komniski, Renata Lúcia de Toledo Pelizón, Carolina Campos de Melo y Cristina Timponi Cambiaghi como Agentes Alternos. En ambas oportunidades el Estado señaló que se reservaba la prerrogativa de indicar oportunamente a otros representantes para actuar en el referido caso.
20. El 18 de abril de 2005 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual adjuntaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial. Los representantes indicaron que el Estado tiene responsabilidad internacional por la falta de investigación de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho y por la falta de sanción de sus responsables, lo cual no implicaría únicamente la violación de los derechos establecidos en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, sino también la violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de dicho instrumento, y que la Corte es competente para pronunciarse sobre esos tres artículos en conexión con el artículo 1.1 de la Convención. Además, solicitaron al Tribunal que ordenara el pago de la indemnización por daños materiales e inmateriales, la adopción de medidas de no repetición, y el reintegro de las costas y gastos.
21. El 21 de junio de 2005 el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación de la demanda”), al cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial. El Estado interpuso, en primer lugar, la excepción preliminar de “incompetencia ratione temporis de [la] Corte”, por entender que la Comisión, aunque alegara únicamente la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, buscaba en realidad la declaración de la violación del derecho a la vida, y en segundo lugar, la excepción de “no agotamiento de los recursos internos”. Asimismo, el Estado rechazó las alegadas violaciones de los artículos 4.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana.
22. Los días 15 y 18 de agosto de 2005 los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y solicitaron que la Corte las rechace por improcedentes.
23. El 30 de noviembre de 2005 la Corte Interamericana dictó una Resolución mediante la cual requirió que Percílio de Souza, propuesto como testigo por la Comisión, Plácido Medeiros de Souza, propuesto como testigo por los representantes, y Augusto César Oliveira Serra Pinto, Célio de Figueiredo Maia y Gerson de Souza Barbosa, propuestos como testigos por el Estado, prestaran testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit). También requirió que Belisário dos Santos Júnior, propuesto como perito por la Comisión, y Luiz Flávio Gomes, propuesto como perito por los representantes, aportaran dictámenes mediante declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit). La Corte otorgó a las partes un plazo hasta el 11 de enero de 2006 para presentar todas las declaraciones requeridas. Además, en la referida Resolución, el Tribunal convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte Interamericana el 8 de febrero de 2006, para escuchar los alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como los testimonios de Fernando Batista de Vasconcelos, propuesto por la Comisión, y de Gilson José Ribeiro Campos y Henrique César Cavalcanti, propuestos por el Estado. Por último, la Corte informó a las partes que contaban con un plazo improrrogable hasta el 10 de marzo de 2006 para presentar sus alegatos finales escritos en el presente caso.
24. El 21 de diciembre de 2005 el Estado comunicó que designaba como Agente Alterno al señor Milton Nunes Toledo Júnior.
25. El 11 de enero de 2006 la Comisión informó que desistía de la presentación de la declaración de Percílio de Souza y del peritaje de Belisário dos Santos Júnior.
26. El 11 de enero de 2006 los representantes remitieron la declaración rendida por Plácido Medeiros de Souza ante la Fiscalía de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de Natal, con firma autenticada por notario público. Ese mismo día Luiz Flávio Gomes remitió su peritaje, el que fue suscrito también por Alice Bianchini, y el 24 de enero de 2006 envió una aclaración sobre la participación de Alice Bianchini en el dictamen.
27. El 11 de enero de 2006 el Estado presentó las declaraciones, con firma autenticada por notario público, de Augusto César Oliveira Serra Pinto y Gerson de Souza Barbosa, e informó que desistía de la presentación del testimonio de Célio de Figueiredo Maia. Adicionalmente, el Estado presentó una declaración rendida por Tálita de Borba Maranhão e Silva y solicitó que la misma fuera admitida como prueba en el presente caso.
28. El 27 de enero de 2006 la Comisión presentó sus observaciones a las declaraciones del perito y de los testigos remitidas por los representantes y por el Estado. La Comisión no presentó objeciones al dictamen del perito Luiz Flávio Gomes, en consideración de la comunicación de éste de 24 de enero de 2006 (supra párr. 26). En relación con las declaraciones de Augusto César Oliveira Serra Pinto y Gerson de Souza Barbosa, la Comisión consideró que no se ajustan al objeto propuesto, ya que presentaron sus opiniones sobre la investigación interna y no informaron sobre hechos de los cuales son conocedores en razón de sus funciones. En cuanto a la declaración de Tálita de Borba Maranhão e Silva, pese a que fue ofrecida por el Estado en la lista definitiva de testigos y peritos, la Comisión indicó que su declaración no fue requerida por la Corte. No presentó observaciones respecto a la declaración de Plácido Medeiros de Souza.
29. El 30 de enero de 2006 los representantes presentaron sus observaciones a las declaraciones testimoniales remitidas por el Estado. En cuanto a la declaración de Tálita de Borba Maranhão e Silva señalaron que no debía ser considerada, ya que ello produciría un desequilibrio procesal entre las partes. Sin embargo, subsidiariamente, presentaron algunas observaciones al contenido de esa declaración. También hicieron algunas observaciones respecto a las declaraciones de Augusto César Oliveira Serra Pinto y Gerson de Souza Barbosa. En lo que se refiere a la declaración de este último consideraron que es evidente su parcialidad, ya que el declarante afirma haber constatado y participado durante varios años en la búsqueda de la verdad y de los responsables del homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho, y en dicha declaración hace una defensa incondicional de las actuaciones policiales en la investigación del caso.
30. El 27 de enero de 2006 el Estado impugnó el dictamen firmado por Luiz Flávio Gomes y Alice Bianchini, alegando que el peritaje no logra evaluar de forma objetiva e imparcial los hechos relativos a la averiguación policial y judicial de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho. En el caso de que no se excluya dicho dictamen del acervo probatorio, el Estado solicitó que se descalifique como prueba pericial y sea tomado como una opinión personal. El 31 de enero de 2006, en atención a la aclaración remitida por Luiz Flávio Gomes (supra párr. 26), el Estado solicitó que se excluyera de los autos el referido dictamen, en razón de que el ofrecimiento del perito Gomes fue extemporáneo; que el dictamen rendido no tiene un contenido técnico, y que Alice Bianchini no fue ofrecida por los representantes para hacer un peritaje sobre el caso de Gilson Nogueira de Carvalho.
31. El 8 de febrero de 2006 se celebró una audiencia pública en la cual comparecieron ante la Corte: a) por la Comisión Interamericana: los señores Evelio Fernández, Ignacio J. Álvarez, Víctor H. Madrigal Borloz, Leonardo Jun Ferreira Hidaka, y la señora Lilly Ching; b) por los representantes: los señores James Louis Cavallaro, Fernando Delgado, Carlos Eduardo Gaio, Daniel Alves Pessoa, Roberto de Oliveira Monte, Jonathan Kaufman y las señoras Luciana Silva García y Deborah Popowski; y c) por el Estado: las señoras Danielle Aleixo Reis do Valle Souza, Maria Luiza Ribeiro Viotti, Renata Lúcia de Toledo Pelizón y Márcia Adorno Ramos y los señores Milton Nunes Toledo Júnior, Francisco Soares Alvim Neto, Christiano Sávio Barros Figuerôa, Carlos Santa Rosa D‘Álbuquerque Castim, Romeo Olmar Klich. Durante la audiencia pública los representantes y el Estado presentaron diversos documentos.
32. El 10 de marzo de 2006 los representantes y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos. Los representantes adjuntaron varios anexos, los cuales fueron recibidos en su totalidad el 17 de marzo de 2006. El 11 de marzo de 2006 la Comisión remitió sus alegatos finales escritos.
33. El 30 de octubre de 2006 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, requirió a la Comisión, a los representantes y al Estado, de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento, la remisión de algunos documentos como prueba para mejor resolver.
34. El 14 de noviembre de 2006 el Estado y los representantes remitieron parte de la prueba para mejor resolver solicitada. El 15 de noviembre de 2006 la Comisión informó que se vía imposibilitada de presentar los documentos solicitados ya que no contaba con esa información.
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35. El 28 de julio de 2006 varias organizaciones y personas presentaron un escrito en carácter de amici curiae.
V
EXCEPCIONES PRELIMINARES
36. El Estado interpuso las siguientes excepciones preliminares: incompetencia ratione temporis de la Corte para conocer el presente caso y no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. A continuación la Corte procederá a analizar dichas excepciones preliminares considerando los alegatos escritos y orales del Estado, la Comisión y los representantes.
PRIMERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR
Falta de competencia ratione temporis
Alegatos del Estado
37. El Estado señaló que la Corte Interamericana no tiene competencia para conocer de la demanda, ya que aunque la Comisión alega únicamente la violación de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, ésta busca una condena encubierta del Estado por la violación del artículo 4 de la Convención. Ello se evidencia en los pedidos de reparaciones formulados por la Comisión, propios de una violación del derecho a la vida y no de una denegación de justicia, a saber: a) adopción de una política global de protección de defensores de derechos humanos; b) identificación y sanción de los responsables por la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho; y c) compensación por daños materiales e inmateriales por el sufrimiento causado a raíz de la muerte del abogado. La muerte de Gilson Nogueira de Carvalho es un hecho anterior al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por el Estado, y que tuvo lugar dos años antes de tal reconocimiento, por lo que el Tribunal no puede pronunciarse sobre tal hecho.
Alegatos de la Comisión
38. La Comisión Interamericana solicitó a la Corte un pronunciamiento por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención y por el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 1.1 de este tratado, por la falta de debida diligencia en el proceso de investigación de los hechos y sanción de los responsables, y por la falta de provisión de un recurso efectivo en el presente caso. La demanda se refiere a hechos y omisiones, consumados en forma independiente después de la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del Estado, relacionados con su obligación de investigar efectiva y adecuadamente, y en un plazo razonable, el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho. Es incorrecto suponer, por lo tanto, que se busca una condena encubierta por la violación del artículo 4 de la Convención, ya que no se puede hacer una interpretación extensiva de lo que fue expresamente solicitado en la demanda. Los hechos que dieron origen a la violación del derecho a la vida de Gilson Nogueira de Carvalho están fuera de las violaciones alegadas en la demanda.
Alegatos de los representantes
39. Los representantes alegaron que la violación del derecho a la vida no se relaciona únicamente con la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, sino que comprende el incumplimiento del deber del Estado de investigar la muerte y sancionar a sus responsables. Esa obligación tiene un carácter continuado y recae bajo la competencia temporal de la Corte. El Tribunal no sólo es competente para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, sino también de la violación del artículo 4 de la Convención, para determinar en qué medida la denegación de justicia constituye una violación del derecho a la vida en conjunto con el artículo 1.1 de la Convención, ya que esta violación se extiende en el tiempo hasta que el Estado investigue de forma efectiva, castigue a los responsables y adopte medidas para evitar la repetición de esos hechos violatorios. El reconocimiento de violaciones continuas del artículo 4 de la Convención Americana podría ser limitada a los casos en los cuales hay una responsabilidad prima facie de agentes estatales por el hecho original.
Consideraciones de la Corte
40. El Estado cuestiona la competencia ratione temporis de la Corte para conocer del presente caso. Alegó que si bien la demanda se refiere solamente a la presunta violación de los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana, la Comisión busca también una condena por la violación del artículo 4 de la Convención, lo que según el Estado no sería posible ante la limitación de la competencia temporal del Tribunal.
41. Al interpretar la Convención conforme a su objeto y fin, la Corte debe actuar de tal manera que se preserve la integridad del mecanismo previsto en el artículo 62.1 de este instrumento. Sería inadmisible subordinar el sistema tutelar de los derechos humanos previsto en la Convención y, por lo tanto, la función jurisdiccional de la Corte, a restricciones que lo hagan inoperante .
42. Además, el Tribunal reitera lo establecido en otros casos, en el sentido de que la cláusula de reconocimiento de la competencia de la Corte es esencial para la eficacia del mecanismo de protección internacional, pero debe ser interpretada y aplicada considerando el carácter especial de los tratados de derechos humanos y su implementación colectiva. En tal sentido, la Corte ha dicho que
[l]os Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tal como la referente a la cláusula de aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal .
43. En el presente caso el Estado no estableció limitaciones a la competencia temporal de la Corte en su declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa. En consecuencia, el Tribunal, para determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compétence), debe tomar en cuenta exclusivamente el principio de irretroactividad establecido en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 .
44. La Corte ya ha expresado que no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la Convención y declarar una violación a sus normas cuando los hechos alegados o la conducta del Estado demandado que pudiera implicar responsabilidad internacional son anteriores al reconocimiento de la competencia del Tribunal . En consecuencia, la Corte no puede conocer del hecho de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho.
45. Sin embargo, el Tribunal es competente para examinar las acciones y omisiones relacionadas con violaciones continuas o permanentes, las cuales comienzan antes de la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte y persisten aún después de esa fecha, sin infringir el principio de irretroactividad , y cuando los hechos violatorios son posteriores a la fecha de reconocimiento de su competencia.
46. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer las alegadas violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, a partir de la fecha de reconocimiento de la competencia contenciosa por parte del Estado, y en consecuencia se rechaza la presente excepción preliminar.
SEGUNDA EXCEPCIÓN PRELIMINAR
No agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna del Estado
Alegatos del Estado
47. El Estado alegó que:
a) durante el trámite de admisibilidad de la denuncia informó a la Comisión que el proceso penal que investigaba los hechos se encontraba en trámite, por lo que la Comisión no debió declarar el caso admisible;
b) dos recursos están pendientes de decisión en la jurisdicción interna: el recurso especial y el extraordinario, interpuestos por los padres de Gilson Nogueira de Carvalho. Si tales recursos fueran admitidos, podría producirse un nuevo juzgamiento con posible superveniencia de una condena penal. En consecuencia, es “imprudente y prematuro el conocimiento del presente caso” por la Corte; y
c) los representantes solicitaron el pago de una indemnización ante la Corte a favor de los padres y de la presunta hija de Gilson Nogueira de Carvalho; sin embargo, nunca recurrieron a las instancias nacionales para hacer un pedido similar.
Alegatos de la Comisión
48. La Comisión alegó lo siguiente:
a) el Estado no ha indicado que la decisión de la Comisión se haya basado en informaciones erróneas o que fuera producto de un proceso en el cual las partes vieran coartada su igualdad de armas o derecho a la defensa. El contenido de las decisiones de admisibilidad adoptadas por la Comisión conforme a su Reglamento y a la Convención, no deberían ser materia de nuevo examen sustancial;
b) transcurridos casi tres años desde el inicio de la tramitación del caso, y ante el silencio del Estado, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 61/00. En dicho Informe la Comisión consideró que al no haber sido alegada la falta del agotamiento de los recursos internos en el único escrito remitido durante la etapa de admisibilidad, podía presumirse la renuncia tácita del Estado a dicha defensa; y
c) hubo un retardo injustificado en la conducción del proceso, primero por la falta de investigación adecuada que llevó a su archivo, y después por la falta de investigación y procesamiento de la mayoría de los posibles responsables. Lo anterior se enmarca en la excepción prevista por el artículo 46.2.1 de la Convención, según la cual el requisito del agotamiento está subordinado a la existencia de recursos internos efectivos, lo que no se observa en este caso.
Alegatos de los representantes
49. Los representantes señalaron que la denuncia fue presentada cuando ya se encontraban agotados los recursos internos disponibles para la investigación de los hechos, ya que el 19 de junio de 1997 la investigación policial fue archivada por el juez competente, acogiendo una solicitud del Ministerio Público que afirmaba que no existían medios probatorios suficientes para formular una acusación penal en el caso. Dicho archivo representó, en aquel momento, el agotamiento de los recursos internos para la determinación de las circunstancias en que ocurrió el homicidio, por lo que seis meses después, el 11 de diciembre de 1997, los representantes interpusieron la denuncia contra el Estado ante la Comisión.
Consideraciones de la Corte
50. El artículo 46.1.a de la Convención dispone que para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con los artículos 44 ó 45 de la Convención, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna .
51. La Corte ya ha establecido criterios claros que deben atenderse sobre la interposición de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos. De los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, a los cuales se refiere la regla del agotamiento de los recursos internos, resulta, en primer lugar, que el Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita a la invocación de esa regla. En segundo lugar, la excepción de no agotamiento de recursos internos debe plantearse, para que sea oportuna, en la etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión, o sea, antes de cualquier consideración en cuanto al fondo; si no es así, se presume que el Estado renuncia tácitamente a valerse de ella. En tercer lugar, la Corte ha señalado que la falta de agotamiento de recursos es una cuestión de pura admisibilidad y que el Estado que la alega debe indicar los recursos internos que es preciso agotar, así como acreditar que esos recursos son adecuados y efectivos .
52. El 29 de junio de 2000 el Estado, en su única manifestación anterior a la emisión del Informe de Admisibilidad por la Comisión Interamericana, señaló que “el proceso que busca[ba] solucionar la muerte del abogado Gilson Nogueira de Carvalho se encontra[ba] en fase de pronúncia, lo que significa[ba] el reconocimiento por parte [del juez competente] de que ha[bía] elementos de convicción en cuanto a la existencia del crimen e indicios de la autoría” (supra párr. 8). Es decir, el Estado no invocó la excepción de no agotamiento de los recursos internos, tal como lo estableció la Comisión en el mencionado Informe, en la única respuesta estatal a la denuncia interpuesta, ya que sus otras tres manifestaciones buscaban demostrar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Fondo. A la luz de lo anterior, la Comisión consideró que el silencio del Estado constituyó una renuncia tácita a la invocación de esa exigencia, lo que la eximía de llevar a cabo otras consideraciones sobre su cumplimiento y permitió la declaración de admisibilidad del caso.
53. La Corte observa que el Estado, de acuerdo con los criterios citados anteriormente, al no indicar expresamente durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión Interamericana cuáles serían los recursos idóneos y efectivos que deberían haber sido agotados, renunció implícitamente a un medio de defensa que la Convención Americana establece en su favor e incurrió en admisión tácita de la inexistencia de dichos recursos o del oportuno agotamiento de éstos . El Estado estaba, por lo tanto, impedido de alegar el no agotamiento de los recursos especial y extraordinario en el procedimiento ante la Corte.
54. En razón de lo expuesto, en consideración de los razonamientos de la Comisión Interamericana, y tomando en cuenta la jurisprudencia constante de la Corte , se desestima la segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado.
VI
PRUEBA
55. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su valoración , la Corte procederá a examinar y valorar las declaraciones testimoniales rendidas ante el Tribunal, así como los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver que les fue solicitada por instrucciones del Presidente .
A) PRUEBA DOCUMENTAL
56. Los representantes remitieron una declaración testimonial y un peritaje, y el Estado remitió dos declaraciones testimoniales, todas con firma autenticada por notario público, en respuesta a lo dispuesto por la Corte en su Resolución de 30 de noviembre de 2005 (supra párr. 23). Dichas declaraciones y dictamen se resumen a continuación:
1. Declaración presentada por los representantes:
a) Plácido Medeiros de Souza, Comisario de la Policía Civil del Estado de Rio Grande do Norte
En el año 1993 Gilson Nogueira de Carvalho le pidió ayuda en sus investigaciones sobre homicidios supuestamente cometidos por un grupo de policías civiles, ya que el testigo, como comisario de policía, tenía acceso a archivos que contenían informaciones sobre las víctimas de ese grupo. Inició algunas investigaciones y verificó que Gilson Nogueira de Carvalho estaba en lo cierto, pues en la mayoría de los casos de homicidios mencionados por él no se habían iniciado investigaciones policiales. A partir de entonces, el testigo pasó a colaborar en el trabajo de Gilson Nogueira de Carvalho.
Por medio de las investigaciones realizadas por Gilson Nogueira de Carvalho el Ministerio Público obtuvo información para formalizar denuncias contra algunos policías civiles que pertenecían a un grupo que mataba a personas de clases sociales menos favorecidas y que trabajaban en el despacho del entonces jefe de policía y actual Subsecretario de Seguridad Pública y Defensa Social del Estado de Rio Grande do Norte, Maurílio Pinto de Medeiros. Ese grupo de policías, conocido como “muchachos de oro”, estaba compuesto por Jorge Luiz Fernandes, conocido como “Jorge Abafador”, Admílson Fernandes, Ranulfo Alves y Maurílio Pinto de Medeiros Júnior, este último, hijo de Maurílio Pinto de Medeiros. De estas personas, únicamente “Jorge Abafador” se encuentra detenido.
Los miembros del grupo “muchachos de oro” eran sospechosos de la autoría del asesinato de Gilson Nogueira de Carvalho. Al inicio de las investigaciones no se siguieron los indicios que apuntaban hacia los autores del homicidio.
Dos o tres semanas después de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, el testigo, en ejercicio de su función de comisario supervisor, visitó el Cuartel del Comando del Cuerpo de Bomberos del Estado de Rio Grande do Norte (en adelante “el Cuartel de Bomberos” o “el Cuartel”), donde “Jorge Abafador” estaba preso, pero no lo encontró. El libro de novedades diarias que le fue mostrado indicaba que el detenido había salido del Cuartel el día 18 de octubre de 1996, dos días antes de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho. Estaban también registradas otras salidas sin que hubiese una orden judicial que lo permitiera. Las hojas que contenían los registros de salida y regreso de “Jorge Abafador” al Cuartel antes y después de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho fueron fotografiadas, pero las seis fotos tomadas nunca fueron adjuntadas a los autos de la investigación policial. Se enteró de la desaparición de las fotografías cuando rindió su declaración en el juicio. La jueza encargada del proceso penal sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho solicitó el envío del libro de novedades diarias para ser analizado, oportunidad en la cual, según el testigo, mandaron otro libro con registros diferentes de los que él había visto anteriormente. Tampoco constaban en los autos de la investigación policial iniciada el 20 de octubre de 1996 los retratos hablados realizados con base en informaciones de testigos oculares del homicidio.
Los testigos de la muerte de Antônio Lopes, conocido como Carla, quien hizo investigaciones particulares para elucidar las circunstancias de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, sufrieron amenazas, y no querían ofrecer declaraciones a la policía. Los autores del homicidio de Antônio Lopes, así como los de Gilson Nogueira de Carvalho, se encuentran en la impunidad.
Debido a la lucha incesante que ha emprendido el testigo contra los crímenes cometidos por policías, éste ha sido perseguido en su vida profesional por Maurílio Pinto de Medeiros, quien ejerce continuamente cargos de mando en la estructura de la Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Norte, a pesar de haber sido sindicado en decenas de procesos penales, en los cuales nunca ha sido condenado. El testigo continúa recibiendo amenazas de muerte.
2. Declaraciones presentadas por el Estado:
a) Augusto César Oliveira Serra Pinto, Comisario de la Policía Federal, Clase Especial, Superintendente Regional del Departamento de Policía Federal en el Estado de Piauí
El 20 de octubre de 1996 el comisario regional de Macaíba abrió una investigación policial para esclarecer las circunstancias y los autores del homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho. Dicha investigación fue asumida posteriormente por la Policía Federal. Después de exhaustivas diligencias y de la recepción de más de ochenta declaraciones, el comisario de la policía responsable presentó un informe el 9 de junio de 1997, en el cual concluyó que en la investigación policial realizada no se había encontrado elementos suficientes para denunciar a persona alguna como autor de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, por lo que la investigación fue archivada.
El 31 de agosto de 1998 el Fiscal del Ministerio Público de Macaíba solicitó desarchivar la mencionada investigación policial, la cual fue posteriormente reabierta por decisión judicial. En esa oportunidad el Ministerio Público recibió las declaraciones que habían sido recabadas por Antônio Lopes, conocido como Carla, pero en su mayoría las informaciones dadas por las personas entrevistadas por él no fueron confirmadas.
Durante una diligencia judicial realizada en la residencia y en la finca del policía civil retirado Otávio Ernesto Moreira, fue encontrada una escopeta Remington, la cual fue examinada y comparada con el cartucho calibre 12 encontrado donde Gilson Nogueira de Carvalho fue asesinado. El dictamen confirmó que el cartucho usado provenía de la escopeta. En razón de lo anterior, solicitó la expedición de una orden de prisión preventiva de Otávio Ernesto Moreira, quien fue interrogado y acusado por el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho.
b) Gerson de Souza Barbosa, abogado, representante de la Orden de los Abogados del Brasil indicado para participar en calidad de observador en la investigación policial por el homicidio del abogado Gilson Nogueira de Carvalho
Durante los años de la investigación sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, los policías civiles y militares del Estado de Rio Grande do Norte y policías federales, así como los notarios y peritos, realizaron una incansable búsqueda de la verdad para identificar a los verdaderos responsables y esclarecer las circunstancias de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho.
Sin embargo, durante la investigación no hubo colaboración, ni interés por parte de los miembros de las organizaciones de derechos humanos locales. Esas personas querían que prevaleciese la línea de investigación según la cual los integrantes del grupo de exterminio “muchachos de oro” eran los autores del homicidio, en detrimento de la verdad y en perjuicio de las demás hipótesis de la investigación sobre la autoría de la muerte. La población de la ciudad de Macaíba tampoco colaboró con la investigación, ya que no aportó información verdadera e imparcial a la policía.
3. Dictamen presentado por los representantes
a) Luiz Flávio Gomes, especialista en derecho penal y en derechos humanos
El Estado fue negligente en la investigación sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, ya que no hubo una investigación seria y efectiva de los hechos. Entre esas deficiencias, se encuentra que varios policías civiles que podrían estar vinculados con el asesinato de Gilson Nogueira de Carvalho, en razón de la intensa actividad del abogado en la defensa de los derechos humanos, no fueron investigados con la seriedad necesaria.
B) PRUEBA TESTIMONIAL
57. El 8 de febrero de 2006 la Corte recibió en audiencia pública las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana y por el Estado (supra párr. 23). A continuación el Tribunal resume las partes relevantes de dichas declaraciones.
1. Testigos propuestos por la Comisión
a) Fernando Batista de Vasconcelos, quien en la época del homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho era Fiscal de Justicia en la Comarca de Macaíba. Actualmente es Fiscal de Justicia de Defensa del Patrimonio Público en la ciudad de Natal
En el año de 1993, Gilson Nogueira de Carvalho firmó una denuncia por la actuación de un supuesto grupo de exterminio existente en el Estado de Rio Grande do Norte al cual atribuía la comisión de aproximadamente treinta homicidios. El Fiscal General de Justicia instituyó entonces una Comisión Especial de Fiscales para investigar dichos homicidios. Como consecuencia de su trabajo en la Comisión Especial, el testigo estableció una estrecha relación con Gilson Nogueira de Carvalho.
Al enterarse de la muerte del abogado fue a Macaíba, donde participó en los primeros momentos de la investigación. Algunos días después del homicidio, sin embargo, solicitó al Fiscal General de Justicia que fuera retirado del caso porque temía por su seguridad, ya que miembros de la referida Comisión Especial habían recibido amenazas y porque él había sido uno de los fiscales que suscribió las denuncias contra el supuesto grupo de exterminio. Entendía, además, que el origen del homicidio estaría relacionado con personas ligadas a la policía y, posiblemente, a grupos políticos de la ciudad de Macaíba.
La Comisión Especial de Fiscales logró desenmascarar y llevar a juicio a algunas personas por crímenes relacionados a este grupo, por ejemplo, a Jorge Luiz Fernandes, conocido como “Jorge Abafador”, quien fue condenado en dos procesos, cuya sumatoria de las penas es aproximadamente de sesenta años.
Gilson Nogueira de Carvalho había participado en el proceso electoral de Macaíba, lo que también podría relacionarse con su muerte, ya que el homicidio fue entre quince y veinte días después de la elección municipal. Fueron considerados otros posibles motivos de la muerte, tales como el tráfico de drogas y la compra de animales, los cuales, sin embargo, no fueron incluidos en el proceso como hechos concretos.
En el año 1998, cuando el testigo ya trabajaba en la Fiscalía de Defensa de los Derechos Humanos de Natal, lo buscó Antônio Lopes, conocido como Carla, quien decía haber hecho una investigación particular sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho y le entregó una serie de casetes en los que constaban declaraciones de algunas personas. El testigo entregó dichos casetes al Fiscal de Macaíba, Henrique César Cavalcanti, quien solicitó la reapertura del proceso ante la nueva información. Posteriormente, Antônio Lopes fue asesinado y el testigo considera que su muerte estuvo relacionada con su intento de esclarecer el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho.
La Policía Civil del Estado de Rio Grande do Norte inició la investigación, y a partir del quinto o sexto día, la Policía Federal asumió el caso. El comando y el control de la investigación la tenía la policía, pero el Ministerio Público participó en las investigaciones durante todo el tiempo y los miembros de la Orden de los Abogados del Brasil las acompañaron en calidad de observadores.
En los autos de la investigación consta un informe del sector de inteligencia de la Policía Federal del Estado de Pernambuco, según el cual el homicidio había sido cometido por policías, pero no presenta elementos de prueba.
Los grupos de exterminio son una constante en su país y realizan lo que se llama “limpieza social”, actuando como jueces, fiscales, investigando, ejecutando y juzgando a personas que tengan algún antecedente criminal.
2. Testigos propuestos por el Estado
a) Gilson José Ribeiro Campos, quien en la época del homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho era Director de la División de Derechos Humanos de la Policía Federal. Actualmente es Comisario Especial de la Policía Federal
El Gobernador del Estado de Rio Grande do Norte solicitó al Ministro de Justicia que designase una autoridad federal para investigar el caso. En la investigación que se inició el 20 de octubre de 1996, a pesar del gran número de policías que participaron en ella y de los esfuerzos que realizaron, no se logró recabar pruebas suficientes para identificar al autor del homicidio, por lo que la investigación fue archivada. Otros órganos del Estado acompañaron la investigación como observadores y otros participaron de forma activa. La autoridad policial, el Ministerio Público o la autoridad judicial podrían solicitar la reapertura de las investigaciones, en el supuesto de que surjan nuevos hechos que, de forma contundente, puedan llevar al esclarecimiento del caso.
b) Henrique César Cavalcanti, quien en la época del homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho era Fiscal del Ministerio Público
Solicitó la reapertura de las investigaciones del asesinato de Gilson Nogueira de Carvalho por entender que el caso debía ser mejor investigado a partir de los elementos aportados por Antônio Lopes, conocido como Carla, que le fueron presentados por Fernando Batista Vasconcelos, entonces Fiscal de Derechos Humanos en Natal. Las informaciones que Antônio Lopes decía tener, sin embargo, no fueron confirmadas después de escuchadas las personas referidas por él.
Posteriormente, el 15 de noviembre de 1998, en el marco de otra investigación, la Policía Federal realizó una diligencia en la finca de Otávio Ernesto Moreira, policía civil retirado, en la cual se incautaron diversas armas de fuego, entre las cuales había una escopeta Remington calibre 12. Por medio de una comparación balística realizada en un laboratorio, se estableció la compatibilidad de un cartucho que había sido recogido el día de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho con la referida escopeta, lo que constituía un elemento concreto para fundamentar la interposición de una denuncia contra Otávio Ernesto Moreira.
La investigación policial fue dirigida por la Policía Federal y fue seguida por una comisión compuesta por tres Fiscales de Justicia. También intervinieron representantes de la Orden de los Abogados del Brasil en condición de observadores. A su vez, todas las decisiones del proceso judicial fueron debidamente fundamentadas y contaron con el parecer del Ministerio Público y no hubo nulidad procesal o violación del debido proceso legal en ningún momento. El traslado del lugar donde sesionaría el Tribunal de Jurado que juzgaría a Otávio Ernesto Moreira de la ciudad de Macaíba a la ciudad de Natal se debió a la existencia de una fuerte y fundada duda relacionada con la imparcialidad del jurado. Tal duda se deriva del hecho de que en el año en que el proceso de Gilson Nogueira de Carvalho sería sometido al Tribunal de Jurado, teniendo como imputado a Otávio Ernesto Moreira, Francisco Gilberto Nogueira de Carvalho, hermano de Gilson Nogueira de Carvalho, asumió el cargo de vicealcalde de Macaíba. Existía la posibilidad de que la garantía constitucional de un juzgamiento imparcial de Otávio Ernesto Moreira fuese violada. Además, Gilson Nogueira de Carvalho y su familia eran muy conocidos en la ciudad, mientras que Otávio Ernesto Moreira era un extraño en Macaíba. El traslado del lugar donde sesiona el Tribunal de Jurado puede ocurrir en virtud de tres situaciones, a saber: cuando el traslado sea de interés público, y cuando haya dudas tanto respecto de la imparcialidad del jurado, como sobre la seguridad personal del imputado.
El Ministerio Público defendió la tesis de que había elementos para que Otávio Ernesto Moreira fuese condenado, pero también existía la posibilidad de que el sindicado fuese inocente.
En cuanto a las preguntas sometidas al jurado que conocía del caso para determinar la culpabilidad del imputado Otávio Ernesto Moreira, el testigo se refirió a la primera pregunta que cuestionaba si Moreira habría efectuado los disparos contra Gilson Nogueira de Carvalho causándole las lesiones descritas en el protocolo de autopsia. Al respecto, señaló que esa pregunta no podría haber sido elaborada de otro modo, porque no se podría desvincular los disparos supuestamente efectuados por el acusado con la muerte de la víctima, es decir, la pregunta no podría cotejar la posibilidad de que el autor habría disparado y fallado al no acertar su blanco. La pregunta formulada es conforme con la teoría de la autoría del delito. El jurado, por mayoría de cinco contra dos votos, decidió que no se podía asegurar la autoría que llevaría a una condena. El recurso interpuesto por el Ministerio Público ante el Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte contra la decisión del jurado no solicitaba que se subsanara nulidad alguna, sino que se refirió al mérito del juzgamiento.
Además, el testigo se refirió a la declaración de Angélica da Silva Campelino rendida en un proceso judicial distinto a los procesos seguidos por la muerte de Antônio Lopes y de Gilson Nogueira de Carvalho, en la cual nombró a una tercera persona que habría escuchado informaciones sobre la muerte de este último. En consideración de ello, el testigo señaló que habría sido necesario que esta tercera persona fuese escuchada y ofreciera elementos probatorios más concretos. Asimismo, el testigo indicó que James Cavallaro y John Maier entregaron un casete a la Policía Federal, el que fue incorporado a los autos de la investigación, en el que se mencionaban a tres policías que posiblemente actuaban con Otávio Ernesto Moreira en el supuesto grupo de exterminio, quienes también fueron oídos e investigados.
Por otra parte, el testigo manifestó que sería necesario otro elemento que pudiese vincular a Lumar Pinto, Palmério y Gilson Ramos, policías mencionados por Otávio Ernesto Moreira en su declaración, a quienes éste prestaba su escopeta, con el caso de Gilson Nogueira de Carvalho, debido a que Otávio Ernesto Moreira negó que su arma fuera la utilizada en el crimen y que ese día ésta estuviera fuera de su alcance. Además, los nombres de dichos policías no correspondían a aquellos señalados como integrantes del grupo de exterminio “muchachos de oro”, por lo que la declaración de Otávio Ernesto Moreira no tenía utilidad probatoria. El testigo aclaró que la investigación policial indagaba única y exclusivamente sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, de modo que investigaciones relacionadas con muertes eventualmente ejecutadas por el grupo “muchachos de oro” se apartaban del objetivo de la misma.
C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Valoración de la Prueba Documental
58. La Corte admite en este caso, como en otros , el valor probatorio de los documentos presentados por las partes en su debida oportunidad procesal o como prueba para mejor resolver, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue cuestionada.
59. La Corte agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento y por estimarlos útiles para resolver este caso, los documentos presentados por los representantes y el Estado durante la audiencia pública celebrada el 8 de febrero de 2006, documentos que conocieron todas las partes presentes en dicha audiencia, así como los documentos aportados por los representantes como anexos a sus alegatos finales escritos (supra párrs. 31 y 32).
60. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio los documentos presentados por los representantes y el Estado como parte de la prueba para mejor resolver requerida (supra párrs. 33 y 34).
61. Asimismo, la Corte agrega otros documentos al acervo probatorio, en aplicación del artículo 45.1 del Reglamento, por considerarlos útiles para la resolución de este caso .
62. En relación con la declaración testimonial rendida por Plácido Medeiros de Souza ante la Fiscalía de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de Natal con firma autenticada por notario público (supra párr. 56.1.a), y las declaraciones testimoniales con firmas autenticadas por notario público rendidas por Augusto César Oliveira Serra y Gerson de Souza Barbosa (supra párrs. 56.2.a y 56.2.b), este Tribunal las admite en cuanto concuerden con su objeto señalado en la Resolución de 30 de noviembre de 2005 (supra párr. 23), y las aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica. Al respecto, la Corte ha tomado en cuenta las observaciones presentadas por la Comisión y los representantes respecto a las declaraciones rendidas por Augusto César Oliveira Serra y Gerson de Souza Barbosa (supra párrs. 28 y 29).
63. En lo que se refiere a la declaración rendida por Tálita de Borba Maranhão e Silva, en consideración de lo expresado por la Comisión y los representantes, y la Resolución de la Corte de 30 de noviembre de 2005, esta Corte no admite como parte del acervo probatorio del caso la declaración presentada al efecto por el Estado (supra párrs. 23, 27, 28 y 29).
64. Respecto del dictamen rendido por Luiz Flávio Gomes (supra párr. 56.3.a), que fue firmado también por Alice Bianchini, esta Corte observa que el perito aclaró que dicha señora únicamente “colaboró con la investigación y levantamiento de informaciones para el dictamen” y que él “fue el responsable por la apreciación de los hechos y, por lo tanto, por el escrito y todas las ideas contenidas en éste”. En razón de lo anterior, el Tribunal lo admite como dictamen presentado por Luiz Flávio Gomes, en cuanto concuerde con el objeto señalado en la Resolución de 30 de noviembre de 2005 (supra párr. 23), y lo aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica.
65. En cuanto a los documentos de prensa presentados por la Comisión, los representantes y el Estado, este Tribunal considera que podrían ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso .
Valoración de la Prueba Testimonial
66. Este Tribunal admite los testimonios de los señores Fernando Batista de Vasconcelos (supra párr. 57.1.a), Gilson José Ribeiro Campos (supra párr. 57.2.a) y Henrique César Cavalcanti (supra párr. 57.2.b), por estimar que son útiles para resolver el presente caso, y los incorpora al acervo probatorio aplicando las reglas de la sana crítica.
VII
HECHOS PROBADOS
67. Con fundamento en las pruebas aportadas y considerando las manifestaciones de las partes, la Corte considera probados los hechos que se detallan a continuación, los cuales están divididos en dos partes. La primera, se refiere a los hechos anteriores al reconocimiento por el Estado de la competencia contenciosa de la Corte, por lo que el Tribunal únicamente los considerará como antecedentes al caso y no determinará ninguna consecuencia jurídica con base en ellos. La segunda parte, contiene aquellos hechos acaecidos a partir de la fecha del referido reconocimiento de competencia (supra párr. 4) .
Antecedentes
A) La labor de Gilson Nogueira de Carvalho como defensor de derechos humanos, su muerte, la apertura en el año 1996 y el archivo en el año 1997 de la investigación policial sobre su muerte, y la reapertura en el año 1998 de dicha investigación policial
67.1 Gilson Nogueira de Carvalho nació el 27 de junio de 1964, en la ciudad de Macaíba, Estado de Rio Grande do Norte. Sus padres son Jaurídice Nogueira de Carvalho y Geraldo Cruz de Carvalho. Su hija es Luana Gabriela Albuquerque Nogueira de Carvalho .
67.2. Gilson Nogueira de Carvalho era un abogado activista de derechos humanos que trabajaba para la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos y Memoria Popular, organización afiliada al Movimiento Nacional de Derechos Humanos. El abogado dedicó parte de su labor profesional a denunciar la actuación de un supuesto grupo de exterminio existente en el Estado de Rio Grande do Norte, los “muchachos de oro” . A raíz de las denuncias proferidas por Gilson Nogueira de Carvalho, entre otras personas, fueron iniciadas investigaciones en contra de diversos integrantes de la policía civil del Estado de Rio Grande do Norte por delitos tales como homicidio, secuestro y tortura . Como consecuencia de su actividad profesional y de las denuncias por él formuladas, Gilson Nogueira de Carvalho fue objeto de numerosas amenazas de muerte. En razón de ello, en el año de 1995 el Ministerio de Justicia del Brasil le otorgó protección policial, la que fue suspendida el 4 de junio de 1996 .
67.3. El 19 de octubre de 1996 Gilson Nogueira de Carvalho asistió a una fiesta pública llamada “Festa do Boi”, y mientras se encontraba en compañía de amigos y de la joven MdS, recibió una amenaza mediante una llamada telefónica .
67.4. El 20 de octubre de 1996, aproximadamente a las 12:00 a.m., cuando se dirigía a su finca acompañado de la joven MdS, fue seguido por un automóvil modelo Gol, color rojo, sin matrícula, ocupado por tres hombres que tenían sus rostros descubiertos. Mientras Gilson Nogueira de Carvalho se encontraba frente al portón de su finca, el vehículo Gol se posicionó frente a su automóvil. Los ocupantes de ambos vehículos se miraron por algunos instantes. Enseguida, el hombre que ocupaba el asiento del acompañante del vehículo Gol sacó por la ventana un arma tipo escopeta y disparó una vez, a lo que Gilson Nogueira de Carvalho reaccionó dando marcha atrás con su automóvil en un intento frustrado de fuga. El siguiente disparo impactó a Gilson Nogueira de Carvalho en la cabeza. Siguieron varios disparos y luego el vehículo Gol tomó el rumbo de donde había venido .
67.5. Gilson Nogueira de Carvalho murió como consecuencia de hemorragia intracraniana debida a heridas penetrantes producidas por proyectiles de arma de fuego. El vehículo conducido por Gilson Nogueira de Carvalho fue impactado al menos por 18 disparos de arma de fuego. La muerte de Gilson Nogueira de Carvalho fue producida, por lo menos, por tres autores materiales, siendo probable la existencia de autores intelectuales .
67.6. El vehículo utilizado por los autores del homicidio en la emboscada fue quemado con posterioridad a ésta. Dicho automóvil presentaba una perforación producida por un disparo de arma de fuego, con una trayectoria de adentro hacia afuera del vehículo, que impactó el techo del automóvil en su lado derecho, en la parte superior del asiento del acompañante .
67.7. El 20 de octubre de 1996 la Policía Civil del Estado de Rio Grande do Norte determinó la apertura de la investigación policial para esclarecer la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho. El 25 de octubre de 1996 dicha investigación fue trasladada a la Policía Federal en razón de que el 21 de octubre de 1996 el Gobernador del Estado de Rio Grande do Norte solicitó al Ministro de Justicia que las investigaciones sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho fuesen realizadas por una autoridad policial externa a la administración pública de Rio Grande do Norte. Lo anterior, entre otros, porque Gilson Nogueira de Carvalho había hecho acusaciones públicas de que existiría en el ámbito de la Policía Civil del Estado de Rio Grande do Norte un grupo de exterminio, del que podrían ser parte miembros de la cúpula de la institución .
67.8. El 25 de octubre de 1996 la Policía Federal instauró la investigación policial No. 296/96-SR/DPF/RN “con el objetivo de [investigar] las circunstancias y autoría del homicidio perpetrado contra el abogado […] Gilson Nogueira de Carvalho”. El 26 de octubre de 1996, en una de las primeras declaraciones que tomó, la Policía Federal enseñó a MdS una fotografía del policía civil Ranulfo, de Maurílio Pinto de Medeiros y del policía civil conocido por “Jorge Abafador”. Dicha joven manifestó no reconocer a alguna de esas personas como las que efectuaron los disparos contra Gilson Nogueira de Carvalho. El 28 de octubre de 1996 la Policía Federal solicitó copia del libro de novedades diarias del Cuartel de Bomberos, donde se encontraba recluido “Jorge Abafador”, referente al período de 18 a 21 de octubre de 1996, así como información del juez competente sobre si había autorizado la salida de dicha persona .
67.9. La Policía Federal tomó las declaraciones de los siguientes integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública: el 8 de noviembre de 1996 de Maurílio Pinto de Medeiros Júnior; el 29 de abril de 1997 de “Jorge Abafador”; el 15 de mayo de 1997 de Admílson Fernandes de Melo; y el 20 de mayo de 1997 de Maurílio Pinto de Medeiros .
67.10. En el curso de la investigación se plantearon seis distintas hipótesis sobre los presuntos responsables de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, a saber:
a) policías civiles de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Norte, ya que a raíz de su labor como defensor de derechos humanos Gilson Nogueira de Carvalho denunció a diversos miembros de la policía civil, y era el defensor de los familiares de las supuestas víctimas de crímenes cometidos por los policías;
b) familiares o compañeros de trabajo del fallecido policía militar Júlio Lima, en razón de la relación del hermano de Gilson Nogueira de Carvalho con la muerte del policía militar. Gilmar Francisco Nogueira de Carvalho, hermano del abogado, fue absuelto de la acusación por el homicidio de Júlio Lima;
c) autoridades políticas de la ciudad de Macaíba, ya que el homicidio ocurrió en fecha cercana a las elecciones municipales y Gilson Nogueira de Carvalho había impugnado las candidaturas de algunas personas y había estado involucrado en el proceso electoral;
d) compradores de ganado, cuyos intereses podrían haber sido contrariados en causas judiciales defendidas por Gilson Nogueira de Carvalho;
e) asaltantes de la Empresa Nordeste; y
f) asaltantes de carros, porque un automóvil robado fue utilizado en el homicidio .
67.11. El 22 de noviembre de 1996 el comisario de policía encargado de la investigación solicitó una extensión en el plazo para su conclusión, en razón “del grado de dificultad del caso”. El pedido fue acogido por la jueza de la Primera Sala del Juzgado de Macaíba, quien otorgó un plazo de 30 días para que se realizaran las últimas diligencias. El 14 de enero y el 25 de marzo de 1997 nuevas prórrogas de 60 días fueron concedidas .
67.12. El 9 de junio de 1997 el comisario de la Policía Federal presentó su informe sobre la investigación por la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho e indicó que “no ha[bía] en los autos instrumentos idóneos que posibilit[aran] la definición de autoría”, motivo por el cual, daba por concluidos los trabajos y sugería el archivo de la investigación. Ese mismo día, con base en dicho informe, el Ministerio Público concluyó que, no obstante las decenas de diligencias realizadas en el marco de la investigación, el trabajo y la dedicación invertidos en la búsqueda de los responsables por la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, no existían fundamentos para denunciar a persona alguna por la comisión de dicho delito. El 19 de junio de 1997, con vistas a lo manifestado por el Ministerio Público y por entender que se habían agotado “todas las fórmulas legales y posibles para resolver el crimen, sin que se haya llegado a una conclusión lógica respecto de la identidad del autor o de posibles autores”, la Jueza de la Primera Sala del Juzgado de Macaíba acogió el pedido de archivo de las investigaciones, resaltando la posibilidad de que las mismas fuesen reabiertas, si surgiesen otros hechos que ameritasen su reapertura .
67.13. Con posterioridad al archivo de la investigación, Antônio Lopes, conocido como Carla, y amigo de Gilson Nogueira de Carvalho, realizó investigaciones de carácter particular sobre el homicidio y envió sus conclusiones a la Fiscalía de Justicia de Defensa de los Derechos Humanos del Juzgado de Natal. El 3 de agosto de 1998 dicha Fiscalía informó al representante del Ministerio Público de Macaíba que entendía que en razón de las informaciones recabadas por ésta y por Antônio Lopes, se verificaba la existencia de contradicciones entre algunos testimonios rendidos y elementos que no habían sido debidamente aclarados, lo cual ameritaba la realización de nuevas investigaciones en el caso .
67.14. El 31 de agosto de 1998 el Fiscal del Ministerio Público de Macaíba solicitó que la investigación policial sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho fuese desarchivada, en razón de que “los elementos [que habían sido llevados] al conocimiento del [Ministerio Público eran] verdaderamente importantes” y que “exig[ían una] investigación acuciosa y [ofrecían] una orientación [según la cual] la autoría intelectual del crimen recaer[ía] en los políticos de Macaíba” .
67.15. El 24 de septiembre de 1998 la Jueza de la Primera Sala del Juzgado de Macaíba acogió el pedido del Ministerio Público, y determinó que la investigación policial No. 296/96 sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho fuera desarchivada y reabierta .
67.16. El 15 de noviembre de 1998 una delegación de policías federales, en una investigación distinta a la de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, ejecutó una orden de búsqueda y aprehensión dictada por un juez federal con la finalidad de verificar la existencia de un cementerio clandestino en la finca del ex policía Otávio Ernesto Moreira. En esa diligencia, la Policía Federal aprehendió en la casa del ex policía dos ametralladoras calibre 9 mm, modelo M-953 y una escopeta calibre 38, que pertenecían y eran de uso de la Secretaría de Seguridad Pública y que, según Otávio Ernesto Moreira, por negligencia suya no habían sido devueltas a dicha institución pública cuando él se retiró. Asimismo, fueron encontradas en la finca de dicho señor una pistola calibre 380, marca Glock, y una escopeta calibre 12, marca Remington. En esa oportunidad, Otávio Ernesto Moreira fue detenido preventivamente .
67.17. Otávio Ernesto Moreira es un policía civil retirado, quien trabajó por un largo período, incluso en la época de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Norte, directamente bajo las órdenes del Subsecretario de Seguridad Pública, Maurílio Pinto de Medeiros y en el ámbito de esa institución prestaba su escopeta a compañeros de trabajo .
B) Hechos posteriores al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por el Brasil
67.18. El 10 de diciembre de 1998, en respuesta a la solicitud del comisario de Policía Federal a cargo de las investigaciones, el Instituto Nacional de Criminalística de la Policía Federal concluyó que un cartucho usado que fue encontrado en el lugar de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho había sido disparado por la escopeta calibre 12, marca Remington, aprehendida en poder de Otávio Ernesto Moreira .
67.19. El 14 de enero de 1999 Otávio Ernesto Moreira declaró ante la Policía Federal que “antes de jubilarse, siempre que algún compañero policía iba a participar de una operación de gran dimensión, acostum[braba] prestar la […] escopeta [Remington, calibre 12]”, y que no recordaba si dicha arma se encontraba en su poder o en poder de terceros en el día de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho. Informó que ya había prestado la escopeta a distintos policías civiles, entre ellos estarían Palmério y Lumar Pinto, quienes trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Norte, y Gilson Ramos. Posteriormente, ante el Juzgado de Macaíba, informó que la escopeta estaba en su casa el día de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho .
67.20. El 25 de enero de 1999, once días después de la declaración de Otávio Ernesto Moreira ante la Policía Federal, el Ministerio Público presentó una denuncia en contra del ex policía, con fundamento en la investigación policial No. 296/96. El Ministerio Público señaló que Otávio Ernesto Moreira, “junto con otras dos personas no identificadas, también armadas, efectuaron disparos contra el abogado […] Gilson Nogueira de Carvalho, habiendo uno de los [disparos impactado] la región craniana, causándole las lesiones descritas en el [protocolo de autopsia]”. Agregó que “el acusado […] apuntó su arma hacia afuera de la ventana del vehículo apuntando al abogado-víctima, habiendo disparado sin acertar el blanco”. Concluyó el Ministerio Público que no había dudas de que el ex policía Otávio Ernesto Moreira fuera uno de los autores materiales del homicidio del abogado Gilson Nogueira de Carvalho y que “[era] cierto, pues, que el acusado [incurrió en] el tipo penal previsto en el artículo 121, § 2°, incisos I y IV (homicidio calificado por motivo torpe – venganza-, por la emboscada y mediante recurso que tornó imposible la defensa de la víctima) del Código Penal brasileño” .
67.21. El 3 de marzo de 1999 fue asesinado Antônio Lopes, conocido como Carla, quien había realizado investigaciones de carácter particular para esclarecer las circunstancias de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho .
67.22. El 16 de junio de 1999 el Juzgado de Primera Instancia de Macaíba dictó sentencia de pronúncia mediante la cual, considerando la existencia de los supuestos de admisibilidad de la acusación, determinó que el acusado fuera juzgado por el Tribunal de Jurado. El 19 de julio de 1999 la defensa de Otávio Ernesto Moreira interpuso un recurso en contra de dicha decisión. Éste fue rechazado el 27 de octubre de 2000 por el Tribunal de Justicia que señaló que para determinar que el juzgamiento sea realizado por el Tribunal de Jurado, “es necesario, […] que el juzgador [esté convencido] de la existencia del crimen y […] de los indicios de autoría”, lo que se daba en el presente caso, por lo que debería ser juzgado por el Tribunal de Jurado .
67.23. El 30 de marzo de 2001 el Ministerio Público presentó su acusación, y el 18 de abril de 2001 la defensa del acusado presentó su descargo .
67.24 El 25 de junio de 2001 Otávio Ernesto Moreira solicitó al Juzgado de Macaíba que se cambiara el lugar donde se realizaría la sesión del Tribunal de Jurado al que el acusado sería sometido. El 24 de octubre de 2001 el Tribunal de Justicia decidió acoger el pedido y determinar el traslado del lugar donde sesionaría el Tribunal de Jurado de la ciudad de Macaíba para la ciudad de Natal, capital del Estado de Rio Grande do Norte, ya que “varias organizaciones locales est[aban] involucradas en manifestaciones [a favor de la] condena[; que se] trata de un juzgamiento [de amplia] repercusión [y, que] el hermano de la víctima [era entonces el] vicealcalde de la ciudad de Macaíba” .
67.25. El 4 de diciembre de 2001 los padres de Gilson Nogueira de Carvalho, en calidad de coadyuvantes de la acusación, interpusieron un “recurso de interpretación” respecto a la sentencia de 24 de octubre de 2001. En su recurso, alegaron que la decisión contenía omisiones que deberían ser aclaradas y solicitaron que se concediera efectos suspensivos al recurso en relación con todos los actos procesales practicados después de la publicación de la sentencia recurrida. El 19 de diciembre de 2001 el Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte no dio entrada al recurso interpuesto, afirmando la falta de legitimación procesal de los coadyuvantes de la acusación para recurrir la solicitud de traslado del lugar donde sesionaría el Tribunal de Jurado, de la ciudad de Macaíba para la ciudad de Natal .
67.26. El 11 de marzo de 2002 los padres de Gilson Nogueira de Carvalho, en calidad de coadyuvantes de la acusación, interpusieron un recurso especial y un recurso extraordinario, en los que solicitaron que fuera declarada su legitimidad para recurrir y que fuera declarada la nulidad del traslado del lugar donde se realizaría la sesión del Tribunal de Jurado, porque la sentencia que lo determinó no se encontraba fundada en situaciones concretas y objetivas, y en razón de que ni ellos ni el Ministerio Público de la jurisdicción de origen habían sido intimados para manifestarse sobre la solicitud del traslado. El 30 de abril de 2002 el Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte negó dar seguimiento a dichos recursos, confirmando la ilegitimidad procesal de los recurrentes .
67.27. El 2 de mayo de 2002 el Ministerio Público del Estado de Rio Grande do Norte solicitó que fuera admitida a los autos del proceso penal la declaración rendida por Angélica da Silva Campelino en la cual había declarado que conocía a una persona que sabía que Otávio Ernesto Moreira y “Jorge Abafador” habían participado en el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho. Los días 20 y 23 de mayo de 2002 los padres de Gilson Nogueira de Carvalho, en calidad de coadyuvantes de la acusación, reiteraron el pedido del Ministerio Público y solicitaron que fueran adjuntadas a los autos copias del proceso que investigaba la muerte de Antônio Lopes, conocido como Carla .
67.28. Los días 10 y 31 de mayo de 2002 los padres de Gilson Nogueira de Carvalho, en calidad de coadyuvantes de la acusación, interpusieron recursos contra la decisión que negó dar seguimiento tanto al recurso especial, como al recurso extraordinario por falta de legitimidad procesal (supra párr. 67.26), y un recurso con carácter incidental sobre la materia principal, en el cual alegaron la nulidad absoluta del traslado del lugar donde sesionaría el Tribunal de Jurado y la necesidad de que dicho Tribunal sesionara en la ciudad en que ocurrieron los hechos, donde la población conoció la gravedad del homicidio .
67.29. El 3 de junio de 2002 los padres de Gilson Nogueira de Carvalho interpusieron un recurso en el que solicitaron que se postergara la sesión del Tribunal de Jurado que juzgaría a Otávio Ernesto Moreira, ya que estaban pendientes de análisis los recursos referentes al traslado del lugar de juzgamiento de dicho Tribunal .
67.30. El 4 de junio de 2002 el Ministerio Público emitió su opinión respecto de la solicitud de la defensa del acusado de aportar a los autos del proceso una nota que pretendía controvertir el análisis del Laboratorio de Criminalística de la Policía Federal de que la escopeta de Otávio Ernesto Moreira había sido una de las armas usadas en el homicidio, y sobre el pedido de los coadyuvantes de la acusación para suspender la realización del Tribunal de Jurado y, de no ser así, para oír a la testigo Angélica da Silva Campelino durante la sesión de dicho Tribunal. El Ministerio Público no se opuso a que se adjuntara la nota sobre la escopeta por parte de la defensa; se manifestó por la improcedencia de los pedidos formulados por los coadyuvantes de la acusación, quienes no tendrían la legitimidad procesal necesaria para hacerlo, y manifestó que la solicitud de oír a Angélica da Silva Campelino era extemporánea .
67.31. Los días 6 y 7 de junio de 2002 el Tribunal de Jurado realizó la sesión de juzgamiento en la que pasó a decidir sobre la procedencia de la acusación de homicidio en contra de Otávio Ernesto Moreira. Inicialmente, el Presidente del Tribunal de Jurado decidió los recursos interpuestos antes de la sesión del Tribunal (supra párrs. 67.27, 67.28 y 67.29) y manifestó que la declaración de Angélica da Silva Campelino ya constaba en los autos del proceso y la solicitud para que fuera escuchada era extemporánea; que el recurso interpuesto por los padres de Gilson Nogueira de Carvalho no tenía efecto suspensivo, por lo que no podía suspender la sesión del Tribunal en razón de dicho recurso, y porque los coadyuvantes de la acusación no tenían legitimidad para interponerlo; e incorporó a los autos, con carácter de opinión, la nota técnica presentada por la defensa del acusado. Posteriormente, finalizadas las declaraciones de los testigos y las manifestaciones de las partes acusatoria y de defensa, el Juez Presidente del Tribunal del Jurado formuló las preguntas que el jurado debería contestar, y cuya respuesta determinaría el veredicto. La primera pregunta, formulada de forma equivalente a la denuncia penal presentada por el Ministerio Público, decía “¿el día 20 de octubre de 1996, en el inicio de la madrugada, en la calle Projetada[, sin número], el imputado Otávio Ernesto Moreira, utilizando una escopeta Remington, de fabricación americana, modelo Wingmaster 870, calibre 12, […] efectuó disparos contra la persona de […] Gilson Nogueira de Carvalho, causándole las lesiones descritas en el [protocolo de autopsia correspondiente]?”. A esa pregunta el jurado contestó, por cinco votos a dos, “no”, lo que significó el veredicto que absolvió al acusado .
67.32. El 28 de junio 2002 el Ministerio Público interpuso una apelación contra la decisión del Tribunal de Jurado, solicitando la realización de un nuevo juicio con otro jurado, alegando que la decisión recurrida fue contraria a las pruebas que constaban en los autos. También apelaron la decisión los padres de Gilson Nogueira de Carvalho en su condición de coadyuvantes de la acusación, el 16 de julio de 2002. El 6 de marzo de 2004 la Segunda Sala Criminal del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte rechazó las excepciones preliminares interpuestas por los coadyuvantes de la acusación y declaró sin lugar el recurso del Ministerio Público, justificando que la decisión del jurado no puede considerarse contraria a la prueba constante en los autos del proceso cuando existen elementos probatorios que sustentan su decisión, en ese caso, la tesis de la defensa. El 9 de marzo de 2004 los padres de Gilson Nogueira de Carvalho, en su condición de coadyuvantes de la acusación, interpusieron un “recurso de interpretación” contra la sentencia de 6 de marzo de 2004, el cual fue rechazado por el mencionado Tribunal de Justicia el 16 de diciembre de 2004, porque “inexist[ía …] acto que viciara la [decisión recurrida]” .
67.33. El 20 de enero de 2005 los padres de Gilson Nogueira de Carvalho, en calidad de coadyuvantes de la acusación, interpusieron un recurso especial y un recurso extraordinario en el que solicitaron la anulación del juzgamiento realizado por el Tribunal de Jurado. El 16 de febrero de 2005 Otávio Ernesto Moreira presentó sus alegatos solicitando que el Tribunal de Justicia no procediera a enviar dichos recursos a los tribunales superiores. En esa última fecha el Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte recibió los “autos concluidos” para decidir sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos. El 11 de mayo de 2005 los recursos fueron remitidos por el Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte al Superior Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal .
VIII
ARTÍCULOS 8.1 Y 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL)
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
(OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS)
Alegatos de la Comisión
68. La Comisión alegó, inter alia, que:
a) no se pronunció respecto de la presunta violación del artículo 4 de la Convención.
b) respecto de los derechos a las garantías y a la protección judiciales, manifestó que:
i. la actuación de las autoridades en la investigación de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho fue deficiente, tomando en cuenta los indicios que existían previamente respecto a la posible implicación de integrantes de la policía civil del Estado de Rio Grande do Norte en el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho, el descubrimiento ulterior de una de las armas utilizadas en el homicidio en poder de Otávio Ernesto Moreira, quien para el momento del crimen, era integrante activo de la referida policía, y la declaración de dicho señor afirmando que su escopeta era utilizada por él y por otros policías. Todo ello debió significar la adopción de ciertas medidas mínimas de investigación, tales como: investigar a quiénes Otávio Ernesto Moreira prestaba su arma e interrogar a dichas personas; determinar si su arma había sido utilizada en otros delitos imputados a los “muchachos de oro”; investigar los motivos específicos que podría tener Otávio Ernesto Moreira para asesinar a Gilson Nogueira de Carvalho, así como su amistad y dependencia laboral con otros integrantes de la policía civil que tuvieran motivos para ordenar el homicidio; incorporar a los autos del proceso sobre la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho una copia de la investigación de la muerte de Antônio Lopes, y estudiar la relación entre ambos crímenes; e interrogar nuevamente a todos los testigos tomando en cuenta las nuevas perspectivas que ofrecía la investigación a partir de la experticia balística de 10 de diciembre de 1998;
ii. tanto la investigación policial, como el proceso judicial seguido contra la única persona acusada por los hechos, sufrieron fallas evidentes que obstaculizaron y obstaculizarán en toda instancia el esclarecimiento de la muerte. Como ejemplo de estas fallas se encuentran que: el Tribunal de Jurado y el Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Norte omitieron manifestarse sobre la solicitud de incorporar a los autos del proceso copia del expediente judicial en que se investigaba la muerte de Antônio Lopes; el presidente del Tribunal de Jurado negó el pedido de los padres de Gilson Nogueira de Carvalho de que se escuchara a la testigo Angélica da Silva Campelino y permitió que la defensa del acusado incorporara al expediente una nota técnica de proveniencia indebida que controvertía los resultados del dictamen emitido por el Instituto Nacional de Criminalística de la Policía Federal; y no se esclarecieron evidentes contradicciones entre testimonios presentados en el proceso. Desde que Otávio Ernesto Moreira fue absuelto, el Estado no ha iniciado una nueva investigación para determinar la autoría de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho;
iii. los padres de Gilson Nogueira de Carvalho ejercitaron todos los recursos que estaban, en teoría, disponibles, sin embargo, éstos fueron desechados en forma sistemática; y
iv. la falta de debida diligencia en el proceso de investigación y recolección de evidencia esencial, sin la cual los procesos judiciales no podrían llevarse adelante, caracterizó una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. La ejecución mecánica de formalidades procesales condenadas de antemano a ser infructíferas, no constituye una búsqueda efectiva de justicia.
Alegatos de los representantes
69. Los representantes señalaron, inter alia, que:
a) la Corte es competente para determinar violaciones al artículo 4 de la Convención en el presente caso, por la falla del Estado en investigar los hechos relacionados con el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho, aunque su muerte haya ocurrido antes de la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte por el Estado. La garantía del derecho a la vida incluye el deber de investigar, el cual es conceptualmente distinto del deber sustantivo de proteger a las personas de privaciones ilegales de la vida. La falta del Estado en investigar efectivamente la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, constituye una violación del artículo 4 de la Convención Americana, independientemente de las violaciones que la Corte declare a los artículos 8 y 25 del mismo tratado;
b) respecto de los derechos a las garantías y a la protección judiciales:
i. las autoridades estatales fallaron en conducir una investigación seria y efectiva en el caso. Pese a las pruebas obtenidas en la investigación policial y a las contradicciones existentes en las declaraciones rendidas ante la policía, el Ministerio Público presentó una denuncia únicamente en contra del ex policía Otávio Ernesto Moreira por la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, desconociendo que el homicidio fue cometido por tres ejecutores materiales. Las autoridades competentes ignoraron evidencias y testimonios que reforzaban la tesis de que la muerte fuera un homicidio planeado por el grupo de exterminio “muchachos de oro”. La denuncia fue presentada tan solo 46 días después de la emisión de la experticia balística de 10 de diciembre de 1998, siendo que esta prueba podría ofrecer indicios de la participación de otros policías en la muerte. Con posterioridad a la detención de Otávio Ernesto Moreira y a la identificación del arma por medio de dicha experticia balística, el Estado dejó de realizar las diligencias necesarias para identificar a los demás participantes del homicidio. Por ejemplo, la Policía Federal no interrogó a los integrantes de la Policía Civil del Estado de Rio Grande do Norte a quienes Otávio Ernesto Moreira prestaba su arma, ni a los policías que supuestamente participaban en el grupo de exterminio, y tales diligencias tampoco fueron solicitadas por la fiscalía o por el juez competente. Cuando la investigación fue reabierta, el 24 de septiembre de 1998, los errores podrían haber sido corregidos, lo que no ocurrió. Las centenas de diligencias realizadas por la Policía Federal y por el poder judicial fueron el resultado de un simple cumplimiento mecánico de formalidades procedimentales. La forma en que las investigaciones fueron realizadas, así como la producción de pruebas, dificultó responsabilizar a las personas involucradas en la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho;
ii. el Ministerio Público y las autoridades judiciales que actuaron en el caso no fueron diligentes, ya que, entre otros, no requirieron la incorporación del expediente sobre la muerte de Antônio Lopes a los autos del proceso penal en contra de Otávio Ernesto Moreira para que se hiciera la debida conexión entre las dos muertes; no condujeron de forma diligente las investigaciones sobre la muerte de Antônio Lopes; no requirieron que la testigo Angélica da Silva Campelino prestara testimonio ante el Tribunal de Jurado; estuvieron de acuerdo con el contenido de la pregunta que se hizo al jurado en el sentido de que Otávio Ernesto Moreira había disparado y causado las lesiones descritas en el protocolo de autopsia, pese a que sabían que el acusado no había sido el autor material del homicidio; y
iii. ha habido una demora injustificada en el proceso penal, ya que más de nueve años después del homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho, el proceso no ha finalizado, y nadie ha sido responsabilizado. El alegato del Estado sobre la complejidad del caso no puede ser considerado un pretexto para la falta de resultados concretos en las investigaciones. La impunidad imperante en el presente caso es el resultado de la ineficiencia de la actuación de las autoridades competentes en los procedimientos investigativos.
Alegatos del Estado
70. El Estado manifestó, inter alia, que:
a) la Corte no tiene competencia temporal para pronunciarse respecto de la alegada violación del derecho a la vida, ya que el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho tuvo lugar dos años antes que el Estado reconociera la competencia contenciosa de la Corte, y los efectos de dicho reconocimiento no son retroactivos;
b) respecto de los derechos a las garantías y a la protección judiciales:
i. el Estado realizó una investigación seria y conforme a las reglas del debido proceso legal. Tanto la investigación policial como el proceso penal trascurrieron en un plazo admisible. La investigación fue supervisada por varios órganos públicos y fue realizada por la Policía Federal, y no por la Policía Civil del Estado de Rio Grande do Norte, porque existía la posibilidad de que miembros de esta última policía estuviesen relacionados con la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho;
ii. no hubo omisión ni negligencia en la conducción de la investigación ni del proceso judicial: más de cien testigos fueron interrogados, fueron elaborados diversos dictámenes, retratos hablados, aprehensión de vehículos, análisis de llamadas telefónicas recibidas y realizadas por Gilson Nogueira de Carvalho, y transcripción de los casetes entregados por Antônio Lopes. La investigación abarcó también otros Estados de la federación, tales como Tocantins, Goiás y Maranhão;
iii. el pedido de que la señora Angélica da Silva Campelino fuera oída por el Tribunal de Jurado fue extemporáneo. El presidente del Tribunal de Jurado permitió la incorporación de la nota técnica respecto de la balística del arma en calidad de opinión presentada por la defensa del acusado, y no como dictamen oficial. Estaba fuera de los límites de la investigación sobre el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho, investigar si la escopeta de Otávio Ernesto Moreira había sido utilizada en otros delitos imputados a los “muchachos de oro”. No fue incorporada una copia de la investigación policial respecto de la muerte de Antônio Lopes a los autos de la acción penal contra Otávio Ernesto Moreira, porque aquélla no presentaba resultados concluyentes o nuevos indicios referentes a la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho. La pregunta que debía responder el jurado para determinar la culpabilidad del acusado no podría haber sido formulada de manera distinta, ya que el Ministerio Público defendía la tesis de que Otávio Ernesto Moreira era el autor del homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho. La pregunta formulada estaba conforme con el derecho penal interno y no fue cuestionada por el Ministerio Público durante el juzgamiento. No hay elementos concretos para vincular la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho a su condición de defensor de derechos humanos, y lo que buscan los representantes es un pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre temas que escapan a su competencia; y
iii. el homicidio de Gilson Nogueira de Carvalho se caracteriza por una gran complejidad, con numerosos sospechosos y muchas versiones contradictorias sobre su autoría. Esas fueron las razones por las que el proceso judicial no resultó en una condena, y no la alegada lentitud u omisión del Estado. Además, el hecho de que no haya emitido una condena en el caso, no significa una violación de las reglas del debido proceso legal. Por último, sigue existiendo la posibilidad de que nuevos hechos surjan y de que la investigación sobre Gilson Nogueira de Carvalho sea nuevamente abierta.
Consideraciones de la Corte
71. El artículo 1.1 de la Convención Americana establece que:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
72. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que
[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
[…]
73. El artículo 25.1 de la Convención dispone que:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[…]
74. Gilson Nogueira de Carvalho era un abogado defensor de derechos humanos, quien fue objeto de amenazas de muerte y fue víctima de un homicidio, en una emboscada, el 20 de octubre de 1996. Tomando en cuenta que Gilson Nogueira de Carvalho se desempeñaba como defensor de derechos humanos, la Corte estima pertinente reiterar que los Estados tienen el deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos en la Convención . El Tribunal considera que, en una sociedad democrática, el cumplimiento del deber de los Estados de crear las condiciones necesarias para el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, está intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de la importancia del papel que cumplen los defensores de derechos humanos, como ha sido establecido en la jurisprudencia constante de la Corte .
75. La Organización de los Estados Americanos ha reconocido, entre otros, la necesidad del “respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de derechos humanos, [el] reconoc[imiento por] su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales [y la] condena [por los] actos que directa o indirectamente impiden o dificultan [su] tarea en las Américas” . El compromiso con la protección de los defensores de derechos humanos ha sido resaltado, además, en otros instrumentos internacionales .
76. El Tribunal considera que las amenazas y los atentados a la integridad y a la vida de los defensores de derechos humanos y la impunidad de los responsables por estos hechos, son particularmente graves porque tienen un efecto no sólo individual, sino también colectivo, en la medida en que la sociedad se ve impedida de conocer la verdad sobre la situación de respeto o de violación de los derechos de las personas bajo la jurisdicción de un determinado Estado.
77. Los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades ; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.
78. Como consecuencia de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho, el Estado inició una investigación policial el 20 de octubre de 1996, en la que se consideraron distintas hipótesis sobre la autoría del homicidio. Una de ellas relacionaba la muerte a las denuncias públicas realizadas por Gilson Nogueira de Carvalho como defensor de derechos humanos, respecto de la actuación de un supuesto grupo de exterminio denominado “muchachos de oro”, que estaría formado por funcionarios y agentes de policía del despacho de Maurílio Pinto de Medeiros, quien en la época de la muerte de Gilson Nogueira de Carvalho era el Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Norte. En razón de las denuncias del abogado se iniciaron investigaciones a diversos integrantes de la policía del Estado de Rio Grande do Norte por la supuesta comisión de homicidios, secuestros y torturas (supra párrs. 67.2, 67.7, 67.8 y 67.10).
79. En el presente caso, la Corte tomó en cuenta el acervo probatorio y los alegatos presentados por las partes, y efectuó un acucioso examen del conjunto de las actuaciones policiales y judiciales realizadas a partir del 10 de diciembre de 1998, es decir, desde la fecha de reconocimiento de la competencia contenciosa de este Tribunal por el Estado.
80. La Corte recuerda que corresponde a los tribunales del Estado el examen de los hechos y las pruebas presentadas en las causas particulares. No compete a este Tribunal sustituir a la jurisdicción interna estableciendo las modalidades específicas de investigación y juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor o más eficaz resultado, sino constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se violaron o no obligaciones internacionales del Estado derivadas de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
81. De lo expuesto, la Corte restringió su análisis a los hechos producidos en el período sobre el que tiene competencia, análisis realizado en los términos del párrafo 79 de la presente Sentencia, y considera que no se ha demostrado que el Estado haya violado los derechos a la protección y a las garantías judiciales, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con Jaurídice Nogueira de Carvalho y Geraldo Cruz de Carvalho.
IX
PUNTOS RESOLUTIVOS
82. Por tanto,
LA CORTE,
DECLARA,
Por unanimidad, que
1. Desestima las dos excepciones preliminares interpuestas por el Estado, de conformidad con los párrafos 40 al 46 y 50 al 54 de la presente Sentencia.
2. En razón del limitado soporte fáctico con que cuenta la Corte, no quedó demostrado que el Estado violó en el presente caso los derechos a las Garantías Judiciales y a la Protección Judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones expuestas en los párrafos 74 al 81 de la presente Sentencia.
Y DECIDE,
Por unanimidad,
3. Archivar el expediente.
Redactada en español y en portugués, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 28 de noviembre de 2006.
Sergio García Ramírez
Presidente
Alirio Abreu Burelli
Antônio A. Cançado Trindade
Cecilia Medina Quiroga
Manuel E. Ventura Robles
Diego García-Sayán
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Sergio García Ramírez
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario