CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO DEL PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS. PERÚ
(INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DE FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)
SENTENCIA DE 2 DE AGOSTO DE 2008
En el Caso del Penal Miguel Castro Castro,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Sergio García Ramírez, Presidente ;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza;
Manuel E. Ventura Robles, Juez; y
Leonardo A. Franco, Juez;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;
De conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 59 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve las demandas de interpretación de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas dictada por la Corte el 25 de noviembre de 2006 en el Caso del Penal Miguel Castro Castro (en adelante “la Sentencia”), presentadas los días 16 y 20 de marzo de 2007, respectivamente, por la República del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”) y por los señores Douglass Cassel y Sean O’Brien, representantes de un grupo de víctimas quienes no son el interviniente común de los representantes en este caso .
I
INTRODUCCIÓN DE LAS DEMANDAS DE INTERPRETACIÓN
Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
1. El 25 de noviembre de 2006 la Corte emitió la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en este caso. Dicha Sentencia fue notificada a las partes el 20 de diciembre de 2006.
2. El 16 de marzo de 2007 el Estado presentó una demanda de interpretación de la Sentencia, de conformidad con los artículos 67 de la Convención y 59 del Reglamento. El Estado se refirió a seis puntos de la Sentencia “por aclarar o interpretar”: uno de ellos concierne al contenido de dos párrafos de la sección de hechos probados (infra párr. 28); tres puntos se relacionan con el cumplimiento de tres medidas de no repetición (infra párr. 29); y los dos últimos se refieren al pago de las indemnizaciones (infra párr. 30). Además, la demanda incluyó un apartado denominado “Algunas consideraciones finales”, diferente del capítulo sobre los “Puntos por aclarar o interpretar”, en el cual el Estado no solicita la interpretación o aclaración de un punto específico de la Sentencia, sino que se consulta a la Corte sobre “la responsabilidad [internacional] de grupos no estatales por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad” (infra párr. 32). Finalmente, en su demanda el Estado solicitó la realización de una “audiencia pública para sustentar [su] pedido de interpretación”, y reiteró dicha solicitud el 6 de junio y el 31 de julio de 2007 (infra párr. 10).
3. El 20 de marzo de 2007 los representantes presentaron una demanda de interpretación de la Sentencia, de conformidad con los artículos 67 de la Convención y 59 del Reglamento, en la cual se refirieron a tres puntos de la Sentencia relacionados con la determinación de víctimas y reparaciones ordenadas en la Sentencia (infra párr. 58).
4. El 9 de mayo de 2007 el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú presentaron un escrito en calidad de amicus curiae en relación con “la demanda de interpretación […] interpuesta por el Estado peruano” en el presente caso.
5. El 11 de mayo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) transmitió copia de ambas demandas de interpretación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) y a la señora Mónica Feria Tinta, interviniente común de los representantes de las víctimas en este caso (en adelante “la interviniente común”). Asimismo, la Secretaría transmitió copia de la demanda de interpretación del Estado a los representantes y de la demanda de los representantes al Estado, e informó a las partes que podrían presentar las observaciones escritas que estimaran pertinentes a más tardar el 1 de agosto de 2007. En esa oportunidad se recordó al Estado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 del Reglamento, “[l]a demanda de interpretación no suspend[e] la ejecución de la sentencia”.
6. El 31 de julio de 2007 el Estado presentó sus alegaciones escritas sobre la demanda de interpretación de Sentencia interpuesta por los representantes y señaló, inter alia, que la “Corte deberá aclarar la exclusión de Francisco Alcázar Miranda como parte lesionada”; que rechaza la intención de los representantes de “darle un plazo a familiares no incluidos en uno de los supuestos establecidos en […] la Sentencia en cuestión para que puedan ser insertados en ellos […]”, y que “los familiares a que se refiere [la Sentencia como beneficiarios de tratamiento médico y psicológico] son aquellos identificados en el anexo 2 [de la misma] y eventualmente los hijos de las internas acreditados en el plazo que se les otorgó”.
7. El 1 de agosto de 2007 los representantes presentaron sus alegaciones escritas acerca de la demanda de interpretación formulada por el Estado, y manifestaron su “oposición […] a la demanda de interpretación interpuesta por el Estado” de la Sentencia en el Caso Penal Miguel Castro Castro, y solicitaron al Tribunal que la “[…] declare inadmisible”.
8. El mismo 1 de agosto de 2007 la Comisión y la interviniente común presentaron sus alegaciones escritas en torno a las demandas de interpretación interpuestas. La Comisión Interamericana señaló que la demanda planteada por el Estado pretendía modificar ciertos aspectos de la Sentencia y provocar una ampliación de la materia del litigio. En relación con la demanda interpuesta por los representantes, la Comisión consideró que, más allá de la aclaración sobre la calidad de víctima de una persona en particular, las cuestiones planteadas “no [son] materia de interpretación de la sentencia”. Por su parte, la interviniente común manifestó que la demanda interpuesta por el Estado tiene por objeto ”proponer el cambio de [ciertos] términos [de la Sentencia] por no encontrarse conforme con éstos”. Respecto de la demanda de interpretación de los representantes, la interviniente común señaló que “no considera que haya nebulosidad alguna en el alcance de los pasajes referidos” por ellos en la Sentencia.
9. El 21 de agosto de 2007 la interviniente común remitió un escrito y varios anexos presentando argumentos sobre las alegaciones escritas remitidas por la Comisión Interamericana y el Estado en relación con “la permisibilidad de la inclusión de víctimas o beneficiarios de las reparaciones en el Anexo 2 [de la Sentencia] no determinados por la Corte […]”.
10. El 5 de noviembre de 2007, de acuerdo a lo decidido por la mayoría de los Jueces de la Corte, la Secretaría respondió la solicitud del Perú de realizar una audiencia pública (supra párr. 2). Mediante dicha comunicación se informó al Estado que, de conformidad con el artículo 59.5 del Reglamento, la Corte determinó que para resolver las presentes demandas de interpretación seguiría “el procedimiento escrito, tomando en cuenta para ello los planteamientos de las partes, que se refieren a puntos de derecho, y las características que aquellos revisten, cuya naturaleza y alcances se desprenden claramente de las demandas formuladas por quienes solicitaron la interpretación”, sin necesidad de aclaraciones o precisiones complementarias. A este respecto, “la Corte se atiene al carácter y al alcance del requerimiento de interpretación conforme al ordenamiento interamericano, que no supone nueva presentación de hechos ni consideraciones jurídicas sobre éstos, adicionales a los formulados por las partes en la contienda de fondo y analizados por el Tribunal para los fines de la Sentencia correspondiente”.
11. El 22 de noviembre de 2007 el Estado remitió una nota en la que hizo referencia a la carta de la Secretaría de 5 de noviembre de 2007 y manifestó que “comprendiendo […] que la Corte estaría en condiciones de conocer y resolver las demandas de interpretación planteadas”, reiteraba lo expresado en sus anteriores escritos.
12. El 29 de febrero de 2008 el Estado remitió “información adicional” respecto de su demanda de interpretación de Sentencia. En dicho escrito el Estado informó y remitió un ejemplar de un periódico de 25 de febrero de 2008, el cual se refiere a la detención y procesamiento de una persona que aparece en el Anexo 2 de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006 y reproduce “lo que serían las declaraciones que habría brindado” dicha persona ante una fiscalía en relación con su alegada vinculación con Sendero Luminoso. Asimismo, el Estado adjuntó una carta de la autora del monumento “El ojo que llora”, quien manifestó que esperaba que el hecho de grabar los nombres de las víctimas del caso La Cantuta en dicho monumento “no sea tomado como un precedente para que lo mismo pudiese pasar con las víctimas del [P]enal Castro Castro. Para ser más preciso no con aquellas personas que tienen un registro criminal comprobado de lesa humanidad […]”.
13. El 3 de abril de 2008 la interveniente común presentó observaciones al escrito del Estado de 29 de febrero de 2008. Manifestó que “es claro” que Perú “tiene el derecho [de] investigar penalmente a toda persona que el Estado considere [que] haya cometido un delito, de acuerdo a derecho”; sin embargo, el caso de la persona referida por el Estado no le permite “generalizar una alegada conducta delictiva y extender un comportamiento delictivo a otras personas beneficiadas en la sentencia […]”. Afirmó que el Estado está haciendo una generalización que viola elementales consideraciones de debido proceso e ignora que sus representados “han hecho expreso a lo largo de la litigación del caso […] su rechazo a Sendero Luminoso” y que los mismos se “han enfrentado con toda posición que haya intentado tergiversar el sentido del litigio […]”. Afirmó que el incidente de la detención informado por el Perú “es un pretexto para intentar justificar el incumplimiento de la sentencia por parte del Estado peruano en relación a víctimas que no tienen ninguna relación con [S]endero [L]uminoso”. Asimismo, informó sobre diversas gestiones realizadas ante el Estado para el cumplimiento de la Sentencia, las que habrían resultado infructuosas. Respecto a lo informado sobre “El ojo que llora”, entre otras consideraciones, la intervieniente común indicó que fue “precisamente el Estado peruano quien propuso a la […] Corte el incluir en [‘El ojo que llora’] los nombres de los internos asesinados en el [Penal] Castro Castro […]”, y recordó que ella y sus representados habían solicitado “que se construyera un área verde con árboles como medida simbólica de satisfacción”. Entre las consideraciones para optar por la preferencia de un parque con árboles “estuvo justamente el no dar lugar a usos políticos ajenos a [su] posición a la medida de carácter simbólico”; con un parque verde no se intentaba legitimizar otra idea que “un mensaje de vida”.
14. El 28 de abril de 2008 el Juez Alirio Abreu Burelli, entonces Vicepresidente en ejercicio para el presente caso, informó en forma urgente al Tribunal que por una grave e imprevista razón de fuerza mayor debió cancelar su viaje a la Sede de la Corte Interamericana, y que no podría participar del XXXIV Período Extraordinario de Sesiones a celebrarse el 1 de mayo de 2008, fecha en que la Corte deliberaría y estudiaría la posibilidad de dictar sentencia en el presente procedimiento. Posteriormente, el 2 de mayo de 2008, el Juez Alirio Abreu Burelli remitió una nota en la que manifestó que considerando que “[e]s la segunda vez que por causas absolutamente inevitables [se] encuentr[a] en la imposibilidad de estar presente en la resolución de dicho caso”, solicitó al Tribunal que lo “releve en [sus] funciones como Juez en este proceso”.
15. El mismo 2 de mayo de 2008, el Juez García Ramírez, Presidente en ejercicio en el presente caso, solicitó a la Presidenta del Tribunal, Jueza Medina Quiroga, que le indicara formalmente el orden de precedencia de los jueces que fueron elegidos en el XXXVI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada del 4 al 6 de junio de 2006. Ese mismo día la Jueza Medina Quiroga informó oficialmente al Juez García Ramírez que el Juez Leonardo A. Franco tenía la precedencia entre los jueces elegidos en aquella oportunidad. Consultado el Juez Leonardo A. Franco manifestó su aceptación a integrar el Tribunal para conocer el procedimiento de interpretación de sentencia en el presente caso, y mediante Resolución de 3 de mayo de 2008 la Corte resolvió “aceptar la renuncia para conocer el presente caso interpuesta por el Juez Alirio Abreu Burelli” e “integrar al Juez Leonardo A. Franco para que se incorpore al conocimiento del presente procedimiento de interpretación de sentencia en sustitución del Juez Alirio Abreu Burelli” . Todo ello de conformidad con los artículos 13, 16.1 y 59.3 del Reglamento.
16. El 23 de julio de 2008 Perú remitió un escrito de “fundamentos adicionales a la demanda”, y copias de la Sentencia de 13 de octubre de 2006 en el expediente No. 560-03 de la Sala Penal Nacional, y de la Ejecutoria Suprema de 14 de diciembre de 2007 de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República (Recurso de Nulidad No. 5385-06).
17. El mismo 23 de julio de 2008, la Secretaría transmitió dicho escrito y sus anexos a las partes e informó al Perú que serían puestos oportunamente en conocimiento de la Corte Interamericana con el objeto de decidir sobre su admisibilidad. Adicionalmente, se dio plazo a las partes hasta el 30 de julio para que presentaran observaciones.
18. El 30 de julio de 2008 los representantes presentaron sus observaciones solicitando que se declare la inadmisibilidad de dicho escrito, o en su defecto, que se desestime por falta de razón y fundamento.
*
* *
19. El Tribunal observa que las comunicaciones mencionadas en los párrafos 9, 11 a 13 y 16 de la presente Sentencia constituyen actos procesales escritos que no están previstos en la Convención Americana ni en el Reglamento, ni responden a una solicitud del Tribunal o su Presidente. No obstante lo anterior, respecto de aquellas manifestaciones realizadas por el Estado y la interviniente común en dichos escritos, así como aquellas de los representantes en su escrito de 30 de julio de 2008, que se refieren a materias relacionadas con la supervisión de cumplimiento de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas, en cuanto sea pertinente, serán consideradas por el Tribunal en el curso de dicho procedimiento, aun cuando la Corte toma nota de la nueva información aportada recientemente por el Estado respecto de la medida de reparación relacionada con el monumento “El ojo que llora”, así como de las observaciones de la intervieniente común, y hará las consideraciones y resolverá lo que estime pertinente en la presente Sentencia (infra párr. 57).
II
COMPETENCIA Y COMPOSICIÓN DE LA CORTE
20. El artículo 67 de la Convención establece que:
[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
21. De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de la demanda de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva (artículo 59.3 del Reglamento). En esta ocasión, la Corte se integra con los jueces que dictaron la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas cuya interpretación ha sido solicitada por el Estado y por los representantes, con la modificación antes mencionada (supra párrs. 14 y 15) .
III
ADMISIBILIDAD
22. Compete a la Corte verificar si las demandas de interpretación cumplen las normas aplicables a este supuesto procesal específico. Además del artículo 67 de la Convención antes mencionado, el artículo 59 del Reglamento dispone, en lo pertinente, que:
1. La demanda de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de fondo o de reparaciones y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en ella, con precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida.
[…]
4. La demanda de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia.
5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una sentencia.
23. Finalmente, el artículo 29.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.
24. La Corte ha constatado que tanto el Estado como los representantes interpusieron su demanda de interpretación de sentencia dentro del plazo establecido en el artículo 67 de la Convención, ya que las mismas fueron presentadas los días 16 y 20 de marzo de 2007, respectivamente, y la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas fue notificada a las partes el 20 de diciembre de 2006.
25. Tal como lo ha dispuesto anteriormente este Tribunal en su jurisprudencia constante e invariable, claramente sustentada en el ordenamiento aplicable, la demanda de interpretación de una sentencia no debe utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se solicita. Tiene como objeto, exclusivamente, desentrañar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva. Por lo tanto, no se puede pedir la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una demanda de interpretación .
26. Consecuentemente, la Corte ha establecido que la demanda de interpretación de sentencia no puede abordar y resolver cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales el Tribunal adoptó una decisión definitiva .
27. Para analizar la procedencia de las demandas de interpretación presentadas por el Estado y los representantes y, en su caso, aclarar el sentido o alcance de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 25 de noviembre de 2006, la Corte analizará, en primer lugar, las cuestiones planteadas por el Estado y posteriormente aquellas que fueron sometidas a consideración del Tribunal por los representantes.
IV
HECHOS PROBADOS Y CUMPLIMIENTO
DE DETERMINADAS MEDIDAS DE REPARACIÓN ORDENADAS EN LA SENTENCIA
(DEMANDA DE INTERPRETACIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO)
Demanda de interpretación del Estado
28. En su demanda de interpretación el Estado indicó que se deben aclarar dos de los hechos probados en la Sentencia de este Tribunal, incluidos en los párrafos 197.1 y 197.5, ya que “proyectan una situación que no coincide con la realidad de las acciones violentas que vivió el Perú a manos y por obra de [Sendero Luminoso]”, y que tales hechos “tienen su correlato lógico en Puntos Resolutivos” y “derivan, por cierta lógica intrínseca, en una determinada modalidad de cumplimiento de la Sentencia”. Respecto del hecho probado en el párrafo 197.1, que establece que hubo en el Perú un conflicto entre “grupos armados y agentes de las fuerzas policial y militar”, el Estado solicita que se aclare la referencia a “grupos armados”, ya que la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) consideró a Sendero Luminoso como un “movimiento subversivo terrorista responsable de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad”. Respecto del hecho probado en el párrafo 197.5, que se refiere a denuncias recibidas e información de la CVR sobre violaciones de derechos humanos en el Perú, el Estado solicita que se aclare el “carácter mayoritario de actos de violencia y violaciones de derechos humanos perpetrados por [Sendero Luminoso]”.
29. En lo que se refiere al cumplimiento de tres medidas de no repetición ordenadas en la Sentencia, el Estado señaló:
a) respecto del párrafo 440 de la Sentencia, que establece la obligación de “combatir [la] situación de impunidad y la importancia que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad de los hechos en el presente caso”, el Estado pregunta sobre “la factibilidad de referirse a hechos pasados de gravísima violación a los derechos humanos perpetrados por miembros de [Sendero Luminoso,] vinculados o como antecedentes de los sucesos de mayo de 1992”;
b) respecto del acto público de reconocimiento de responsabilidad, solicitó que se aclare si éste supone “el distinguir en el curso del acto mismo, una mención respetuosa y reflexiva a la condición jurídica de las víctimas en el momento de los hechos”, ya sea su situación de persona procesada o condenada por delitos relacionados con el terrorismo. Ello, según el Estado, en vista de que este caso se distingue de otros “en los que las víctimas no estuvieron privadas de su libertad en un centro penitenciario o jamás cometieron actos calificados como delito contra la tranquilidad pública – terrorismo, en particular”. Esa solicitud de aclaración se hace, según el Estado, “en respeto y memoria de las víctimas [de Sendero Luminoso]”; y
c) respecto de la difusión de la Sentencia, el Estado indicó que ésta fue la primera vez en que la Corte solicitó al Perú difundir por radio y televisión determinadas partes de la Sentencia. El Estado solicitó a la Corte que considere “el efecto más bien contrario que ello puede generar entre la población al referirse [a algunos aspectos de la Sentencia ordenada por el Tribunal como medida de reparación]”.
30. Sobre el pago de las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia, el Estado señaló que:
a) “habiendo algunas víctimas determinadas por la Corte que a la vez son personas que han cometido delitos y se encuentran actualmente cumpliendo prisión por ello”, dichas personas podrían “recibir la indemnización para, eventualmente, seguir manteniendo la conducta de subversión que los llevó a la prisión, financiar al denominado Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y a nuevos actos de violencia”. Por lo tanto, el Estado solicitó que “se destine la misma cantidad de dinero ordenada para pagarse como indemnización, traducida en la prestación de servicios en salud, educación alimentación, [etc.] Dicha prestación se efectuaría individualizadamente a través de un fondo intangible o fideicomiso cuyos montos serán los mismos dispuestos por la Corte, que podría ser administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o alguna entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que garantice su manejo objetivo e independiente”; y
b) respecto de las víctimas que “estuvieran condenadas en un debido proceso por delito de terrorismo y que adeuden al Estado o a las víctimas de sus delitos la reparación civil, se consulta si el Estado o los particulares que sean acreedores de la reparación civil, podrían deducir [de la indemnización otorgada por la Corte] la deuda previa de la persona o solicitar judicialmente la retención de la reparación que debe cancelar el Estado”.
31. El Estado afirmó que “en el caso de las víctimas absueltas en sede nacional se procedería exactamente a lo dispuesto literalmente por la […] Corte y sobre ello no se plantea ninguna aclaración o interpretación”.
32. Finalmente, la demanda incluyó un apartado denominado “Algunas consideraciones finales”, diferente del capítulo sobre los “Puntos por aclarar o interpretar”. En aquel apartado Perú, en base al “artículo 64 de la [Convención Americana,] consulta la Corte sobre la interpretación de ciertos tratados internacionales considerando el carácter sistémico, dinámico y evolutivo del derecho internacional de los derechos humanos”, respecto de “la responsabilidad [internacional] de grupos no estatales por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad”. Ello, con el fin de que la alegada interpretación dinámica “se constituya parte del marco jurídico en el cual [la Corte] aprecie las pretensiones desarrolladas en la demanda de interpretación” en apoyo “a su solicitud de un cambio en la modalidad de cumplimiento”.
Alegatos de la Comisión Interamericana
33. La Comisión presentó observaciones de carácter general y otras de carácter particular a la demanda de interpretación formulada por el Estado. Respecto de las primeras sostuvo que “el escrito sometido por el Estado […] no pretende que [la Corte] interprete el sentido o alcance del fallo […] sino que busca una revisión y ampliación de la sentencia definitiva e inapelable que dictara [el Tribunal] a materias que no fueron objeto de la litis, como lo reconoce el mismo recurrente”. En cuanto a las observaciones particulares señaló que “la forma en que debe realizarse el acto público de reconocimiento de responsabilidad y desagravio está claramente determinada en el párrafo 445 de la Sentencia”, por lo que referirse durante tal acto a “la situación jurídica de 31 personas […] quienes habrían sido condenad[a]s por las autoridades nacionales por su militancia en el grupo subversivo Sendero Luminoso […] o que según expresa el Estado, son plenamente reconocid[a]s por la sociedad como integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso”, resulta “impertinente e improcedente”. Asimismo, la Comisión señaló que el Estado propuso “una reconsideración sobre la difusión de las partes pertinentes de la sentencia por radio y televisión” en razón del alegado “efecto contrario que puede generar en la población el referirse únicamente a los hechos del presente caso sin hablar de la violencia imputable a Sendero Luminoso […]”, y afirmó que tal “pregunta del Estado resulta improcedente” y que “es […] en el marco del proceso de seguimiento y evaluación de la implementación de tales reparaciones donde puede plantearse ese tipo de consultas”. Finalmente, en relación con el pago de las indemnizaciones, la Comisión señaló que el “Tribunal ya determinó con total claridad la forma y los plazos en que deben efectuarse tales pagos” y que “la Sentencia establece con claridad […] que las indemnizaciones deben ser entregadas a sus beneficiarios. Cualquier procedimiento posterior al pago efectivo de tales indemnizaciones, que se lleve a cabo en el ámbito interno con el propósito de ejecutar las obligaciones civiles que algunos de dichos beneficiarios tuvieran pendientes, no es materia del presente caso”.
Alegatos de la interviniente común
34. La interviniente común señaló que la solicitud del Estado no consiste en un pedido de aclaración de puntos de la Sentencia que “tengan a su entender oscuridad o carezcan de claridad”. En particular, señaló que Perú “[…] tiene claridad sobre los puntos resolutivos y los términos consignados por el Tribunal en los Hechos Probados en la Sentencia, y el objeto de su escrito es más bien el proponer el cambio de dichos términos por no encontrarse conforme con estos”. Asimismo, la interviniente común manifestó que representa a “familiares de personas que nunca estuvieron en detención, ciudadanos peruanos quienes nunca han sido sometidos a proceso penal alguno […] así como víctimas directas del ataque a los pabellones 1A y 4B que fueron absueltos o indultados en los procesos que motivaron su detención y otros que habiendo sido sentenciados no son miembros de Sendero Luminoso”. Agregó que “entre los deudos y familiares de los prisioneros que fueron asesinados o que sufrieron el ataque […] se encuentran todo tipo de personas, incluidos miembros de la policía peruana […]”, y que “lo sucedido al conjunto de personas afectadas por la masacre ocurrida en el [Penal] Castro Castro alcanzó a todo sector de la sociedad peruana”. Finalmente, la interviniente común concluyó que la solicitud del Estado tampoco se ajusta a los términos del artículo 67 de la Convención, dado que su propósito es cambiar puntos resolutivos de la Sentencia.
Alegatos de los representantes
35. Los representantes manifestaron que las solicitudes del Perú son improcedentes, entre otros motivos, porque las “interpretaciones y aclaraciones solicitadas por el Estado van más allá de interpretar [la Sentencia] y hasta modifican el sentido y alcance [de la misma]”. Asimismo, los representantes argumentaron que “ser o no partidario del PCP no afecta en nada [los] derechos fundamentales” de los “presos indefensos, atacados y masacrados por un gobierno represivo”. En relación con el acto de reconocimiento de responsabilidad señalaron que lo solicitado por el Estado “desnaturaliza lo ordenado por la Corte” y se traduciría en que todas las víctimas serían “estigmatizad[a]s [como] terroristas, [aun] cuando no hay la más mínima prueba en su contra”. Según los representantes, lo solicitado por el Estado en relación con la transmisión por radio y televisión, “tendría la consecuencia de minimizar la efectividad de la medida”. Finalmente, sobre la reparación pecuniaria los representantes afirmaron que todas las víctimas y sus familiares “tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano para recibir indemnizaciones cuando se les viola sus derechos humanos”.
Consideraciones de la Corte
36. La Corte observa que el Estado en diversas oportunidades manifestó que su solicitud de interpretación de la Sentencia no pretende en ninguna medida cambiar el fondo y la sustancia de la misma y que en todo momento “[…] reconoce los hechos que motivaron la sanción al Estado peruano por violaciones graves a los derechos humanos por los hechos acaecidos en mayo de 1992 e inclusive durante los meses que siguieron […]”.
37. Sin embargo, el Tribunal observa que en ciertas preguntas formuladas por el Estado subyacen dudas sobre el alcance de lo dispuesto en la Sentencia de fondo, reparaciones y costas, y en razón de ello procederá a hacer las consideraciones que estime necesarias sobre determinados aspectos de la demanda de interpretación.
*
* *
Dos párrafos de los hechos probados de la Sentencia
38. La Corte estima oportuno referirse a lo mencionado por el Estado en su demanda de interpretación respecto de dos párrafos del Capítulo VIII, Hechos Probados de la Sentencia (supra párr. 28). La primera mención que señala el Estado aparece en el párrafo 197.1 que consta en el apartado de “Antecedentes y contexto jurídico”, mientras que el párrafo 197.5 se ubica en el apartado de la Sentencia que se refiere a “La Comisión de la Verdad y Reconciliación”. Al respecto, y en primer lugar, resulta necesario aclarar que en ninguno de esos dos párrafos cuestionados por el Estado se incluye información errónea. El primero de ellos se refiere a la caracterización que el Tribunal hizo sobre Sendero Luminoso y otros grupos armados con la cual el Estado no concuerda; mientras que el segundo párrafo se refiere a información que el Tribunal ha obtenido de la prueba aportada por las partes en el presente caso, respecto de la cual el Estado ha mostrado preocupación sobre las posibles inferencias que de dicha información se pudiera derivar.
39. Asimismo, resulta necesario precisar que en el caso sometido a conocimiento de la Corte no estaba bajo análisis el conflicto vivido en el Perú desde comienzos de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, ni la decisión sobre a quién debería atribuirse el “carácter mayoritario” de violencia ejercida, ni la “verdad histórica” de lo ocurrido en dicho conflicto. Por el contrario, los hechos por los cuales la Comisión Interamericana presentó una demanda y el Estado reconoció su responsabilidad internacional se circunscriben a lo ocurrido en el Penal Miguel Castro Castro en mayo de 1992 y que constan, entre otros, en el párrafo 221 de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas.
40. Como lo ha señalado en otras oportunidades, la Corte no está facultada para pronunciarse sobre la naturaleza y circunstancias agravantes de los hechos delictuosos atribuidos a las víctimas. Esta es la característica de un tribunal internacional de derechos humanos, que no es un tribunal penal. Al resolver otros casos, la Corte hizo notar que no es un tribunal penal en el sentido de que en su seno pueda discutirse la responsabilidad penal de los individuos . Por ello, la Corte determina las consecuencias jurídicas de los hechos que ha tenido por demostrados dentro del marco de su competencia y concluye si existe o no responsabilidad del Estado por violación de la Convención y no puede examinar las manifestaciones de las partes sobre la presunta responsabilidad penal de las víctimas, materia que corresponde a la jurisdicción nacional o eventualmente, bajo ciertas circunstancias, a la jurisdicción penal internacional. En este sentido, la Corte observa que el Estado en su demanda de interpretación reconoció que “[…] no es competencia de la Corte pronunciarse sobre conductas que son ajenas y distintas a la responsabilidad internacional del Estado, como la de SL [Sendero Luminoso]” (énfasis agregado).
41. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, resulta amplia y públicamente conocido el sufrimiento causado a la sociedad peruana por Sendero Luminoso. En efecto, como se lee en su Sentencia en el presente caso, el Tribunal no desconoce que dicho grupo armado actuaba al margen de la ley, y tampoco desconoce los efectos del accionar de dicho grupo.
42. Esta Corte ha afirmado en anteriores ocasiones su más enérgico rechazo a la violencia terrorista, particularmente en casos respecto de Perú al indicar que:
“un Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad, aunque debe ejercerlos dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana. Obviamente, nada de esto conduce a justificar la violencia terrorista -cualesquiera que sean sus protagonistas- que lesiona a los individuos y al conjunto de la sociedad y que merece el más enérgico rechazo” .
43. Finalmente, el Tribunal tampoco desconoce que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en relación con la atribución de responsabilidad en el conflicto vivido en el Perú, concluyó que Sendero Luminoso “fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales [reportadas a dicha Comisión]” .
*
* *
Tres medidas de no repetición
44. Respecto a las consideraciones del Estado en su demanda de interpretación, relacionadas con las tres medidas de no repetición ordenadas por la Corte en la Sentencia (supra párr. 29, literales a, b, y c), referidas a la obligación de investigar, al acto público de reconocimiento de responsabilidad y a la difusión de la Sentencia, este Tribunal estima oportuno hacer las consideraciones que siguen a continuación.
45. En relación con el párrafo 440 de la Sentencia el Estado preguntó sobre “la factibilidad de referirse a hechos pasados de gravísima violación a los derechos humanos perpetrados por miembros de [Sendero Luminoso,] vinculados o como antecedentes de los sucesos de mayo de 1992”.
46. La Corte advierte que el párrafo al que se refiere el Estado se encuentra en el Capítulo XVI de Reparaciones de la Sentencia en donde se establece, entre otras obligaciones, la de investigar penalmente los hechos que generaron las violaciones del presente caso, e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
47. La Corte ha reiterado en diversos casos que la falta en su conjunto de investigación, persecución, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana es considerada como impunidad . Precisamente, es por medio de las acciones de investigación, persecución, detención, enjuiciamiento y, en su caso, condena que realiza el Estado de los responsables de dichas violaciones, que las víctimas y sus familiares estarán en condiciones de conocer la verdad de los hechos, lo cual constituye un medio de reparación .
48. La Corte observa que el párrafo 440 de la Sentencia se refiere a la investigación penal que debe llevar adelante el Estado en relación con los hechos conocidos y decididos por la Corte Interamericana en el presente caso. La Corte considera que el cumplimiento de dicha obligación internacional es diferente y compatible con las eventuales investigaciones penales que pudiese llevar adelante Perú respecto de los alegados delitos atribuibles a personas a las que el Estado relaciona con hechos delictuosos.
49. En relación con el acto público de reconocimiento de responsabilidad, el Estado solicitó que se aclare si era posible “distinguir en el curso del acto mismo, una mención respetuosa y reflexiva a la condición jurídica de las víctimas en el momento de los hechos (ya sea su situación de persona procesada o condenada por delitos reconocidos por la legislación penal vigente en la época de los hechos) o con posterioridad a los sucesos de 6 a 9 de mayo de 1992” (supra párr. 29.b). Ello “en respeto y memoria de las víctimas de [Sendero Luminoso]”.
50. Un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional es una medida de reparación que la Corte Interamericana usualmente ordena en ciertos casos en los que ha encontrado violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Los hechos sobre los cuales las partes se pronunciaron y la Corte dictó su Sentencia fueron aquellos ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro y algunos posteriores directamente vinculados con los mismos, como lo ocurrido con ciertos familiares y las respectivas acciones judiciales, por lo que la medida de reparación debe circunscribirse a los hechos conocidos y decididos por el Tribunal. Por otra parte, al ordenar esta medida de reparación el Tribunal tomó en cuenta que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por los hechos ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro durante la tramitación del presente caso. Por ello, en los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado ante esta Corte, el Estado debe realizar dicho reconocimiento ahora en su jurisdicción interna.
51. Finalmente, respecto de la difusión de la Sentencia, el Estado indicó que ésta fue la primera vez en que la Corte solicitó al Perú difundir por radio y televisión determinadas partes de la Sentencia. El Estado solicitó a la Corte que considere el efecto “acumulativo” de las diferentes formas de difusión de la Sentencia y el “efecto más bien contrario que ello puede generar entre la población […]”. Asimismo, Perú afirmó que “apoya su consulta en el propósito que las víctimas o sus familiares entiendan que sería razonable limitar en horarios de cobertura la transmisión del acto de desagravio justamente para proteger el interés superior del niño, ya expuesto a altas dosis de violencia a través de los medios masivos de comunicación”. Finalmente, el Estado alega que hace esta consulta con el fin de “no brindar mensajes ambiguos, o equívocos al conjunto de la población en el sentido de tolerar, auspiciar, o reivindicar a algunas personas comprometidas con Sendero Luminoso o inclusive hacerlo a favor de dicho grupo, caracterizado por su metodología y práctica terrorista […]”.
52. La Corte estima pertinente señalar que el sentido de esta medida de reparación es dar a conocer la verdad de los hechos que fueron conocidos por el Tribunal en el presente caso con el propósito de evitar su repetición en el futuro; hechos por los cuales el Estado reconoció su responsabilidad internacional en su contestación de la demanda, en la audiencia pública y en el escrito de alegatos finales. Las consideraciones relacionadas con el cumplimiento de esta medida de reparación, sobre su modalidad y la forma de alcanzar el objetivo que la misma persigue, pueden ser sometidas a consideración de la Corte por el Estado en el proceso de supervisión de cumplimiento de Sentencia y serán valoradas por el Tribunal en dicho procedimiento.
*
* *
Indemnizaciones
53. En cuanto a lo alegado por el Estado sobre la posibilidad de que acreedores, terceros y el propio Estado accionen legalmente contra algunos de los beneficiarios de las reparaciones económicas por deudas previas que éstos pudieran tener (supra párr. 30.b), en primer lugar el Tribunal recuerda que en su Sentencia ordenó, como lo ha hecho invariablemente, que las cantidades asignadas por concepto de indemnización y reintegro de costas y gastos no sean afectadas o condicionadas por motivos fiscales. Ello constituye un supuesto de hecho distinto a la pregunta del Estado. Al respecto, la Corte observa que las eventuales deudas que en el derecho interno tengan las personas que accedieron al sistema interamericano y las acciones legales que pudieran intentar sus posibles acreedores, sean privados o públicos, son asuntos ajenos al proceso internacional ante este Tribunal que el Estado debe resolver conforme a su derecho interno.
54. En cuanto a lo solicitado por el Estado en relación con la modalidad de cumplimiento de las reparaciones económicas (supra párr 30.a), el Tribunal advierte que en dicho punto de la demanda de interpretación no se solicita que se aclare el sentido o se precise el alcance de dicho aspecto de la Sentencia, sino que pide que se revise y modifique lo que fue establecido y ordenado en esa decisión. El propio Estado expresó su pretensión de modificación al indicar que “[…] la piedra angular de [su] argumento […], respetuosamente, busca un cambio en la modalidad de cumplimiento de algunos puntos resolutivos […]” (énfasis agregado). La Corte carece de atribuciones para resolver dicho aspecto de la demanda de interpretación, por cuanto no lo permiten los artículos 67 de la Convención, 29.3 y 59 del Reglamento. Las cuestiones relacionadas con esta medida de reparación que sean materia del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la Sentencia serán consideradas por el Tribunal oportunamente.
*
* *
Sobre la consulta en los términos del artículo 64 de la Convención
55. La Corte observa que el Estado, con base en el “artículo 64 de la [Convención Americana,] consulta a la Corte sobre la interpretación de ciertos tratados internacionales considerando el carácter sistémico, dinámico y evolutivo del derecho internacional de los derechos humanos”, respecto de “la responsabilidad [internacional] de grupos no estatales por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad”. Ello con el fin de que la alegada interpretación dinámica “se constituya parte del marco jurídico en el cual [la Corte] aprecie las pretensiones desarrolladas en la demanda de interpretación” en apoyo “a su solicitud de un cambio en la modalidad de cumplimiento”.
56. Este Tribunal estima que este aspecto de la demanda de interpretación fundamentado en el artículo 64 de la Convención Americana que regula la interposición de opiniones consultivas, y que no se refiere a un aspecto concreto de la Sentencia por aclarar, sino a “la interpretación de ciertos tratados”, resulta extraño al presente procedimiento de interpretación conforme se desprende de la misma Convención Americana, por lo que no se manifestará sobre el particular en la presente Sentencia.
*
* *
57. En cuanto a la medida de reparación relacionada con el monumento “El ojo que llora” (supra párrs. 12, 13 y 19), si bien dicha información fue aportada extemporáneamente y no formó parte de la demanda de interpretación, la Corte estima oportuno recordar, como se aprecia en el párrafo 453 de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas que, ante el pedido de la Comisión Interamericana y la interviniente común, sobre la construcción de monumentos y la creación de un parque en la zona de Canto Grande, fue el Estado quien alegó que “se ha erigido ya un monumento (denominado el Ojo que Llora) en favor de todas las víctimas del conflicto, en un lugar público de la capital de la República y que es materia de continuos actos de recuerdo y conmemoración”. En atención a dicho planteo del Estado, la Corte ordenó la medida de reparación que consta en la Sentencia. Con el fin de superar la dificultad informada por el Perú en su escrito de 29 de febrero de 2008, la Corte acepta que el Estado establezca un parque o erija un monumento que satisfaga el sentido y fin de la medida de reparación ordenada por el Tribunal en su Sentencia. Para cumplir con esta medida el Estado cuenta con un plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
V
DETERMINACIÓN DE VÍCTIMAS
Y DERECHO A MEDIDAS DE REPARACIÓN ORDENADAS EN LA SENTENCIA
(DEMANDA DE INTERPRETACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE VÍCTIMAS
QUE NO SON EL INTERVINIENTE COMÚN)
Demanda de interpretación de los representantes
58. En su demanda de interpretación, los representantes se pronunciaron en relación con la determinación de las personas consideradas víctimas en la Sentencia indicando lo siguiente:
a) en el párrafo 433.d la Sentencia otorgó un plazo de 8 meses a los hijos de las internas que en la época de los hechos eran menores de 18 años para que acrediten su condición de víctimas ante las autoridades internas. Los representantes solicitaron que se “[…] aclare si el plazo de 8 meses al que se refiere el párrafo 433.d de la sentencia” se extiende también a familiares “que no ha[yan] sido determinad[os] en el anexo 2 de la Sentencia”, para que “puedan demostrar ante las autoridades competentes del Estado peruano en un plazo de 8 meses que se encuentran en los supuestos establecidos en [la Sentencia en los párrafos] 336 [familiares de internos que estuvieron en el exterior del penal entre el 6 y el 9 de mayo], 337 [familiares de los internos que recorrieron hospitales y morgues en su búsqueda] y 340 [familiares de los internos víctimas de incomunicación y restricción de visitas que no eran hijos menores de 18 años de internas] y por consiguiente recibir las reparaciones correspondientes”;
b) “existe duda […] sobre cuáles de los familiares de las víctimas específicamente la Corte estima son beneficiarios del tratamiento médico y psicológico”, ya que 1) el Tribunal refiere que los beneficiarios de estas medidas son “víctimas y familiares”, sin hacer referencia a un grupo particular de víctimas, ni limitar la categoría de familiares, ni hacer referencia a ningún anexo; y 2) los familiares mencionados en el anexo 2 de la Sentencia fueron declarados víctimas, por lo que “no pareciera que el tratamiento deba estar limitado solamente a ellos ya que en dicha circunstancia habría bastado al Tribunal otorgarlo a las ‘víctimas’, en lugar de a las ‘víctimas y familiares’”. En consecuencia, los representantes solicitaron que se aclare quiénes deben recibir dicho tratamiento, ya que según los representantes deben ser “todos los familiares de las víctimas fallecidas y sobrevivientes”. Por último, piden que la Corte aclare que el plazo de 8 meses para probar la calidad de familiares es aplicable a todos los familiares, conforme a lo antes indicado; y
c) pese a que habrían sido probadas las lesiones que sufrió y la condición de interno sobreviviente del señor Francisco Alcázar Miranda, su nombre no consta en el anexo 2 de la Sentencia; por ello, solicitaron que se “aclare si la referida exclusión […] se deb[ió] a un error tipográfico u omisión involuntaria y por lo tanto se [le] debe incluir […] en la lista”.
Alegatos de la Comisión
59. La Comisión indicó que la Sentencia “determina con claridad que familiares fueron considerados víctimas y por ende individualizados en el Anexo 2 de la [S]entencia“ y que “los únicos familiares de las víctimas no individualizados en el Anexo 2 de la Sentencia, a quienes el Tribunal otorga la posibilidad de acreditar dentro de los 8 meses siguientes a la notificación de la Sentencia[,…] son los hijos de las internas que a dicha época eran menores de 18 años”. Asimismo, señaló que “el propósito del párrafo 461[, que ordena el tratamiento médico y psicológico,] es fijar esta reparación a favor de los familiares declarados víctimas por el Tribunal en los párrafos 336, 337 y 340 e individualizados en el ‘Anexo 2’; y de los que sean identificados en virtud de lo dispuesto por el párrafo 433(d), en el plazo previsto para tal efecto”. La Comisión añadió que “este asunto no es materia de interpretación de la sentencia porque no responde a la necesidad de precisión de un texto […] en cuanto a lo decidido en sus puntos resolutivos [o] en cuanto a la determinación del alcance, el sentido y la finalidad de sus consideraciones”. Por último, manifestó que “en la medida en que exista en el expediente evidencia de que [el señor Francisco Alcázar Miranda] efectivamente resultó lesionad[o] a consecuencia de los hechos, pudiera resultar necesario que se haga constar expresamente que es víctima y beneficiario de […] reparación”.
Alegatos de la interviniente común
60. La interviniente común manifestó su desacuerdo con algunas observaciones de los representantes y señaló, entre otras consideraciones, que “la Sentencia es clara con respecto al número de heridos e ilesos, sin embargo, dejó abierta la posibilidad [de] que personas no incluidas en la lista de heridos […] demostraran [tal] condición de acuerdo a los términos de la Sentencia”.
Alegatos del Estado
61. El Estado manifestó que al dictar la Sentencia el Tribunal “consideró contar con suficientes pruebas para determinar a los familiares de los internos acreedores de indemnización por la violación de su derecho a la integridad personal, en tres situaciones [establecidas en los párrafos 336, 337, y 340 y 341 de la Sentencia]”. Según el párrafo 433.d de la Sentencia sólo la última de las tres situaciones, que se refiere a familiares de internos víctimas de incomunicación y restricción de visitas, podrá ser ampliada con los hijos de las internas que en la época de los hechos eran menores de 18 años. Manifestó que “considera que los parientes a los que se refiere la Corte son aquellos incluidos en el anexo 2 de la Sentencia […] y eventualmente los hijos de las internas acreditados en el plazo que se les otorgó”. Además, el Estado entiende que el referido plazo de 8 meses “se otorgó a las víctimas para que acrediten su residencia fuera del Perú y que necesitan de tratamiento médico y psicológico”. Por último, señaló que “la Corte deberá aclarar la exclusión de Francisco Alcázar Miranda como ‘parte lesionada’ y acreedor […] de reparación”.
Consideraciones de la Corte
62. La Corte estima que en las preguntas formuladas por los representantes subyacen dudas sobre el alcance de lo dispuesto en la Sentencia de fondo, reparaciones y costas y en razón de ello procederá a interpretar el fallo en los aspectos solicitados.
a) Sobre las víctimas a las que se aplica el plazo de 8 meses previsto en el párrafo 433.d
63. En los párrafos 334 y siguientes de la Sentencia, la Corte estableció las razones por las cuales concluyó que los hechos del caso constituyeron una violación de la integridad personal de determinados familiares de los internos en el Penal Miguel Castro Castro. Los familiares allí declarados víctimas, con la única excepción de algunos de los hijos menores de las internas, fueron identificados en el Anexo 2 de la Sentencia. Debido a que la Corte no conocía la identidad de todos los hijos de las internas, concedió un plazo de 8 meses para que éstos se presenten a las autoridades estatales competentes, demuestren su filiación y edad y reciban la indemnización correspondiente. Los representantes solicitaron una aclaración sobre la situación de los familiares de los internos que no fueron declarados víctimas en la Sentencia y preguntaron si pueden ser equiparados con la situación de los hijos de las internas que en la época de los hechos eran menores de 18 años con el fin de concederles también un plazo de 8 meses para que puedan presentarse a las autoridades nacionales y acreditar la alegada condición de víctima.
64. Como se desprende de la lectura de los párrafos pertinentes de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas y de lo dicho anteriormente, se tratan de supuestos distintos y por ello claramente diferenciados por el Tribunal. Por un lado, en el caso de los familiares sobre quienes se acreditó ante la Corte que se encontraron en el exterior del penal entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 y presenciaron el ataque, o recorrieron hospitales y morgues en búsqueda de sus familiares, o sufrieron debido a la estricta incomunicación y restricción de visitas aplicadas a los internos, el Tribunal concluyó que sufrieron una violación a su integridad personal. La situación individual de esas personas fue analizada y probada en el momento procesal oportuno ante la Corte. De la prueba aportada por las partes al proceso resultó un número determinado de esos familiares quienes fueron declarados víctimas e identificados en el Anexo 2 de la Sentencia. La eventual existencia de familiares que no fueron declarados víctimas por la Corte y respecto de quienes se podría alegar que vivieron o fueron sometidos a uno de los supuestos fácticos mencionados que determinaron la vulneración de la integridad personal, debió ser demostrada en el momento procesal oportuno, esto es, durante el trámite de fondo del caso.
65. Por otro lado, distinta es la situación de los hijos menores de 18 años de edad de las internas del Penal Castro Castro. La Corte declaró una violación del artículo 5 de la Convención en perjuicio de toda persona que a la época de los hechos fuera hijo menor de edad de una interna porque entendió que “la privación de contacto y relación con sus madres internas”, consecuencia de las medidas de incomunicación aplicadas por el Estado, violó la integridad personal de dichos niños. La Corte les otorgó un plazo de 8 meses para efectos únicamente de que acrediten su filiación y edad, dado que su condición de víctima quedó establecida en la Sentencia. Lo que sugieren los representantes (supra párr. 58 literal a) abriría la posibilidad de que otros familiares a quienes la Corte no declaró víctimas, y que por ello no están comprendidos en el párrafo 433.d ni identificados en el Anexo 2, sean considerados como tales, lo que no se encuentra previsto en la Sentencia emitida en el presente caso.
b) Familiares de las víctimas que son beneficiarios del tratamiento médico y psicológico
66. Con respecto a lo manifestado por los representantes en el sentido de que “existe duda […] sobre cuales de los familiares de las víctimas […] son beneficiarios del tratamiento médico y psicológico”, la Corte recuerda que estableció como obligación del Estado en el párrafo 449 de la Sentencia “brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares, incluyendo los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual”. Por su parte, en el párrafo 461 de la Sentencia la Corte ordenó, inter alia, que dicho tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares debía “brindarse en forma inmediata a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que el Estado realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente […]”.
67. En razón de lo anterior, para determinar los familiares que son beneficiarios de la reparación otorgada, es suficiente observar quienes han sido declarados víctimas en la Sentencia. Esto fue precisado por la Corte en los párrafos considerativos 342, 408 y 418, así como en los puntos resolutivos quinto y sexto de la Sentencia en los cuales fueron declarados víctimas los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 2, y los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados, los que fueron individualizados en el Anexo 3. Dichos familiares incluidos en el Anexo 2 y en el Anexo 3 de la Sentencia fueron declarados víctimas y por ello son beneficiarios de la medida de reparación referente a la atención médica y psicológica.
68. Asimismo, respecto de los familiares inmediatos de las 41 víctimas fallecidas identificadas, de acuerdo a la prueba allegada en la etapa de fondo del presente caso, la Corte individualizó a algunos de los referidos familiares, cuyos nombres, como se ha mencionado, se encuentran en el Anexo 3. Sin embargo, como se desprende del párrafo 420 de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas, en dicho Anexo se incluyeron solamente a aquellas personas respecto de quienes se contaba con prueba que permitió determinar que estaban vivos en la época de los hechos. En relación con los demás familiares inmediatos de las 41 víctimas fallecidas identificadas que no fueron individualizados entonces, la Corte dispuso que la compensación que les corresponde se les entregue directamente de la misma manera que se prevé respecto de quienes están individualizados, luego de que se presenten ante las autoridades competentes del Estado, dentro de los 8 meses siguientes a la notificación de la Sentencia, y demuestren, a través de un medio suficiente de identificación, su relación o parentesco con la víctima y que estaban vivos a la época de los hechos. Es decir, dichos familiares inmediatos de las 41 víctimas fallecidas identificadas, que hayan sido así individualizados, también fueron considerados víctimas por el Tribunal oportunamente y beneficiarios de las reparaciones correspondientes, incluyendo el tratamiento médico y psicológico.
C) Condición del señor Francisco Alcázar Miranda
69. Sobre la condición del señor Francisco Alcázar Miranda, la Corte observa que conforme al párrafo 173 de la Sentencia, dicha persona fue considerada presunta víctima sobreviviente, debido a que había sido incluida en un escrito de uno de los grupos de representantes aportado por la interviniente común como anexo a su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Los representantes proporcionaron a la Corte como prueba para mejor resolver la denuncia original presentada ante la Comisión Interamericana en la que consta el nombre del señor Francisco Alcázar Miranda, como uno de los internos que se encontraba en el Penal al momento de los hechos y que presentaba “golpiza en la cara y pecho”.
70. La Corte observa que por error material no se incluyó al señor Francisco Alcázar Miranda en el Anexo 2 de víctimas de la Sentencia. El señor Alcázar Miranda debió figurar en el referido Anexo 2, en la condición de interno sobreviviente, en perjuicio de quien el Tribunal declaró la violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, y en conexión con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En razón de lo anterior, a los efectos de establecer las reparaciones se aplica al señor Francisco Alcázar Miranda, en lo que resulte pertinente, las determinaciones previstas en los párrafos 425 y 433.c. Los plazos allí previstos en su único caso se contarán a partir de la notificación de la presente Sentencia de interpretación.
VI
PUNTOS RESOLUTIVOS
71. Por las razones expuestas,
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 29.3 y 59 del Reglamento,
DECIDE:
Por unanimidad,
1. Declarar admisible la demanda de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en el Caso del Penal Miguel Castro Castro interpuesta por el Estado.
2. Determinar el sentido y alcance de lo dispuesto en la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en los términos de los párrafos 36 a 57 de la presente Sentencia de interpretación.
3. Declarar admisible la demanda de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en el Caso del Penal Miguel Castro Castro interpuesta por los representantes.
4. Determinar el sentido y alcance de lo dispuesto en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas, en los términos de los párrafos 62 a 70 de la presente Sentencia de interpretación.
5. Requerir a la Secretaría del Tribunal que notifique la presente Sentencia al Estado, a la Comisión Interamericana, a los representantes y a la interviniente común de los representantes de las víctimas y sus familiares.
Los Jueces Sergio García Ramírez, Antônio A. Cançado Trindade y Manuel E. Ventura Robles hicieron conocer a la Corte sus Votos Razonados, los cuales acompañan a la presente Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 2 de agosto de 2008.
Sergio García Ramírez
Presidente
Antônio Augusto Cançado Trindade Cecilia Medina Quiroga
Manuel Ventura Robles Leonardo A. Franco
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Sergio García Ramírez
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DEL 2 DE AGOSTO DE 2008,
SOBRE INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DE FONDO Y REPARACIONES
EN EL CASO DEL PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO (PERÚ)
1. Formulo algunas consideraciones personales en torno a la sentencia de interpretación emitida por la Corte Interamericana con respecto al caso del Penal Castro Castro. Dicha sentencia fue adoptada por unanimidad de votos de los integrantes de este tribunal. En ella –objeto de amplia y libre deliberación– no figura ningún voto discrepante. La unanimidad abarca todos los puntos resolutivos. 2. Las presentes consideraciones obedecen a mi propósito de corresponder a inquietudes y planteamientos presentados a la Corte en el contexto de un caso que ha generado debates y suscitado opiniones diversas. Esos planteamientos, de diversas fuentes, merecen atención. Evito, como ha sido mi costumbre, manifestaciones que pudieran resultar desatentas o conflictivas y expresiones retóricas, inadecuadas en el pronunciamiento de un juzgador, que debe cuidar tanto el fondo de sus opiniones como la forma de expresarlas en sede jurisdiccional. El propósito de explicar mi parecer sobre la sentencia de interpretación me ha llevado a extenderme en el examen de algunos puntos y probablemente he incurrido en reiteraciones o en énfasis que pudieran parecer innecesarios. No lo son, sin embargo. Derivan del deseo de analizar con detenimiento las opiniones que se nos han manifestado, reconociendo la importancia que revisten. 3. Presidí la Corte para los efectos de esta interpretación, porque tuve a mi cargo esa función cuando se emitió la sentencia de fondo. Sugerí que se eligiese a otro juez para presidir las sesiones relacionadas con la interpretación. Mi solicitud consta por escrito en el expediente de este caso. Los integrantes de la Corte estimaron pertinente que yo presidiera esas sesiones. Atendí su petición. No sobra decir que quien preside la Corte –en cualquiera de las etapas de un asunto sujeto a juicio– no pretende ni podría pretender “conducir” la opinión de sus colegas, cuya libertad debe ser el primero en respetar y apreciar escrupulosamente. Por lo tanto, no respondo por los puntos de vista coincidentes ni censuro los discrepantes. Me limito a exponer el mío. 4. Estoy consciente de la responsabilidad que implica el ejercicio de una función jurisdiccional, que posee especial trascendencia cuando tiene alcance internacional. De ahí la necesidad de actuar con cuidado y prudencia en todos los extremos del enjuiciamiento: tanto la tramitación y las decisiones instrumentales del proceso, como la sentencia y las manifestaciones de los juzgadores en el ejercicio de su función. No sólo se trata de hacer justicia, sino de evitar, en la medida de lo posible, consecuencias indeseadas ajenas al fondo de la sentencia y a su alcance jurídico. Considero que la Corte Interamericana ha procurado sujetarse a esos requerimientos de justicia y pulcritud. 5. Los integrantes de un tribunal no pueden ignorar las circunstancias en las que se producen los hechos sobre los que se pronuncian, aunque aquéllas sean, en sí mismas, ajenas al litigio sometido al órgano jurisdiccional. Los juzgadores no actúan en una campana al vacío, ajenos a las preocupaciones de la sociedad. Deben ser respetuosos de los sentimientos y razonamientos de quienes intervienen en un proceso, e incluso de quienes no participan formalmente en éste pero se hallan atentos a su origen, a su curso y a sus resultados. La Corte dice en la sentencia de interpretación que “resulta amplia y públicamente conocido el sufrimiento causado a la sociedad peruana”. Ahora bien, esta recepción natural de los datos que informan o circundan las causas judiciales, no podría modificar la competencia del tribunal, restarle o agregarle atribuciones que no le han sido expresamente conferidas ni desviar el rumbo de su encargo institucional. Si lo hiciera comprometería su independencia, imparcialidad y competencia. En suma, faltaría a su obligación. 6. Estoy consciente de las cuestiones que se hallan en el origen de los hechos analizados en la sentencia de fondo, así como de los que surgen con motivo de la interpretación. Son problemas graves que han conmovido a la sociedad. Sobre ellos hay manifestaciones diversas e incluso encontradas. Merecen consideración profunda y decisiones puntuales, que deben ser adoptadas en el cauce de las facultades y responsabilidades de las instancias llamadas a atenderlas. La jurisdicción internacional de los derechos humanos interviene precisamente en los términos de sus facultades y responsabilidades, como lo hace la nacional en el ámbito de su propia competencia. Ninguna de ellas podría actuar de otro modo. 7. Se ha llamado la atención de la Corte sobre las circunstancias que prevalecían cuando ocurrieron los hechos sujetos a juicio en la instancia internacional. Los correspondientes planteamientos destacan las características de la conducta asumida por personas que luego figurarían como víctimas en el enjuiciamiento internacional, y ponen el acento en los sufrimientos de muchos ciudadanos que enfrentaron las graves consecuencias de la violencia. Reclaman para éstos el tratamiento de víctimas, máxime cuando se trataba de personas inocentes que padecieron los efectos del conflicto y merecen solidaridad y aprecio. 8. Quien sufre los efectos de una conducta injusta, cualquiera que sea su origen, es víctima de un abuso que debe ser sancionado. Hay vías legítimas para ello, en la doble escena nacional e internacional, a través de procesos seguidos con arreglo a las normas correspondientes. Otro tanto cabe decir sobre el empleo de medios adecuados para enfrentar amenazas o actos de violencia, con instrumentos y procedimientos legítimos y dentro del orden jurídico propio de una sociedad democrática. 9. En varias oportunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la obligación del Estado de proteger a la sociedad frente a la criminalidad. Son muchos los precedentes en opiniones consultivas y sentencias de casos contenciosos. Es obvio que el Estado debe brindar esa protección y que para ello ha de contar con medios idóneos de policía y justicia penal. Proveer seguridad a las personas es una “razón fundacional” del Estado. Concurre a explicar y justificar el establecimiento mismo de la sociedad política. 10. La Corte Interamericana no ha desconocido esa obligación del poder público ni puesto en duda la pertinencia –más aún: la absoluta necesidad– de que la asuma con eficacia y energía, conforme a la normativa y a los procedimientos característicos del Estado de Derecho. La misma determinación consta en el corpus juris interamericano. De ello ofrece testimonio, por ejemplo, la Convención Interamericana contra el Terrorismo. 11. Establecido lo anterior, que constituye una premisa para el examen y la comprensión de los pronunciamientos de la Corte, corresponde recordar cuál es el alcance de los derechos acogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la competencia específica que los Estados han conferido a ese tribunal, con exclusión de cualquier otra; competencia que vincula las actuaciones y decisiones de la Corte y de sus integrantes. 12. Los Estados partes en la Convención Americana han proclamado y asumido el deber de reconocer y garantizar esos derechos en favor de todas las personas, sin distinción, independientemente de que sean o no responsables de hechos delictuosos. Este es un principio fundamental del Derecho internacional de los derechos humanos. Los mismos Estados — que integran la garantía colectiva en esta materia– facultaron a la Corte Interamericana única y exclusivamente para conocer y resolver demandas sobre hechos, atribuidos a los Estados, que violen los derechos y libertades protegidos por ese tratado internacional. Esa es su competencia contenciosa. No otra. Al ejercer la tutela judicial de los derechos humanos, la Corte debe atenerse a las disposiciones de la Convención, del mismo modo que los tribunales internos deben observar las normas del orden penal. 13. Dentro de ese marco indispensable y riguroso, cuyo desbordamiento entrañaría una infracción, la Corte Interamericana emite decisiones acerca de los hechos violatorios de la Convención que implican responsabilidad internacional del Estado, no sobre transgresiones de normas diferentes que acarrean responsabilidad de otros sujetos. Esto explica que la Corte que dicta condena por violaciones a derechos humanos, no lo haga también en relación con acciones de terrorismo, que se hallan fuera de su competencia, ni se extienda en el análisis de aquéllas, que significaría un juicio penal extraño a sus atribuciones. No sobra mencionar que el propio Estado reconoció que “no es competencia de la Corte pronunciarse sobre conductas que son ajenas y distintas a la responsabilidad internacional del Estado, como la de SL” (Sendero Luminoso). 14. Por eso mismo, cuando la Corte Interamericana se refiere a “víctimas” de hechos ilícitos, sólo puede aludir a quienes han sido objeto de conductas violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hace las calificaciones que puede y debe hacer, sin incurrir en otras que no puede ni debe hacer y que se hallan a cargo de instancias diferentes, a las que es preciso dirigirse para que tomen las decisiones que les competen. Ciertamente son víctimas, en sentido amplio y general, cualesquiera personas que sufren la pérdida o el menoscabo de un bien jurídico –vida, integridad, libertad, patrimonio– como consecuencia de una conducta ilícita. Si ésta corresponde a una violación de la Convención Americana, la calificación de víctima y la sanción respectiva incumben a la Corte Interamericana. Si se refiere a una violación de la ley penal, la calificación y la sanción competen a otros tribunales. 15. El Estado observa que la Corte alude a determinadas personas como integrantes de “grupos armados”, en tanto que la Comisión de Verdad y Reconciliación los estima miembros de un “movimiento subversivo terrorista responsable de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad”. La Corte no ha variado, en modo alguno, los señalamientos de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Deja a salvo la calificación formulada por ésta. Los términos que la Corte utiliza –en el ámbito de su propia competencia y para los fines del proceso seguido ante ella– no pretenden “recalificar” lo que aquella Comisión ha apreciado conforme a su encomienda institucional. 16. Una sentencia de la Corte Interamericana debe instalarse sobre la prueba de los hechos violatorios de la Convención, de los que deriva la responsabilidad del Estado. Aun cuando el reconocimiento de los hechos y de su responsabilidad internacional por parte del Estado demandado no determina, por sí solo, el juicio de la Corte, es obvio que constituye un elemento de convicción relevante. En el asunto que ahora nos ocupa, hubo reconocimiento del Estado, explícito y reiterado, con respecto a hechos constitutivos de violaciones a la Convención Americana. 17. En la solicitud de interpretación de la sentencia de fondo, el Estado reiteró que “reconoce los hechos que motivaron la sanción al Estado peruano por violaciones graves a los derechos humanos por los hechos acaecidos en may de 1992 e inclusive durante los meses que siguieron (…)”. En la contestación a la demanda de la Comisión Interamericana, el Estado ya había mencionado: “Es innegable ocultar los hechos sucedidos y su magnitud”. Entonces manifestó que “las condiciones no sólo de descontrol sino de también los niveles de resistencia que muy probablemente se pudieron haber presentado (en el Penal, provocaron) la respuesta desmedida de los agentes estatales”. 18. En la audiencia pública sobre este caso, el representante del Estado observó que “en el escrito de contestación de la demanda, el Estado peruano está reconociendo ya esos hechos por la evidencia de los mismos y porque desde el momento mismo de haber acaecido (…) fueron sujetos de una amplia difusión en los medios de comunicación”. En los alegatos finales escritos, el Estado reiteró el reconocimiento de su responsabilidad parcial “en los hechos acaecidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992”. Agregó que “los hechos materia del presente proceso formaron parte de la estrategia del gobierno de turno para afrontar, violando derechos humanos, el conflicto interno”. Esas expresiones, citadas literalmente, son del Estado, no de la Corte. 19. En todos los casos –que son cada vez más numerosos– en que un Estado admite hechos, se allana a pretensiones y reconoce responsabilidad internacional, la Corte ha destacado que esta actitud, ética y jurídicamente plausible, contribuye al fortalecimiento del sistema de protección de los derechos humanos y presta un importante servicio a la administración de justicia internacional. En este sentido, el tribunal recibió y estimó el reconocimiento formulado por el Estado, en los términos en que éste lo expuso y confirmó. 21. En su demanda de interpretación, el Estado solicita un pronunciamiento de la Corte acerca de la responsabilidad de grupos no estatales por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Para ello, invoca el “carácter sistémico, dinámico y evolutivo del derecho internacional de los derechos humanos”. Desde luego, este no es un punto de interpretación de la sentencia de fondo, en sentido estricto, que no se ha referido a esta materia porque se halla fuera de la competencia contenciosa que la Corte ejerció para conocer y resolver el caso del Penal Castro Castro. Evidentemente, quien incurre en delitos que implican violación de derechos humanos, debe responder por su conducta y recibir las sanciones que procedan. Por lo que toca al caso que nos ocupa, el punto en cuestión no es la responsabilidad penal de personas que infringen la ley penal, sino la definición del órgano llamado a conocer de esas infracciones y aplicar las penas respectivas. 22. Por otra parte, el propio Estado sugiere el análisis de esta materia por la vía de la opinión consultiva, puesto que invoca expresamente el artículo 64 de la Convención Americana. Este es el marco normativo de las opiniones consultivas, no de los casos contenciosos. Ahora estamos ante un asunto planteado, tramitado y resuelto por la vía contenciosa. La Corte no puede modificar la materia sujeta a su conocimiento, la vía por la que actúa y la naturaleza de sus decisiones. Sería diferente el planteamiento –que no se hizo y que pudieron formular el Estado o la Comisión Interamericana, entre otros sujetos legitimados para ello– en torno a la interpretación, en su caso, de un tratado sobre derechos humanos aplicable a países americanos. 23. También es preciso tomar en cuenta que la Corte debe atenerse a los hechos invocados en la demanda presentada por la Comisión Interamericana. No está facultada para incorporar, motu proprio, otros hechos y emprender el examen de responsabilidades diferentes de las que pudieran corresponder al Estado demandado. Si lo hiciera, variaría el alcance subjetivo y material de su competencia, sin base normativa para ello. Por lo demás, la jurisprudencia del tribunal ha reiterado constantemente que los únicos hechos sobre los que versa una causa contenciosa y de los que ha de ocuparse la sentencia son los que plantea la demanda: la jurisdicción contenciosa tiene este objeto y este límite. 24. Paso a otro aspecto de la demanda de interpretación, que también suscita diversas opiniones y que debe ser atendido por la Corte Interamericana, como ha ocurrido. Me refiero a la petición de reconsiderar decisiones contenidas en la sentencia cuya interpretación se solicita. El Estado manifestó que desea la modificación de algunos extremos de la sentencia y que para ello formuló la petición que estamos analizando. En efecto, señaló que “la piedra angular de nuestro argumento (…) busca un cambio en la modalidad de cumplimiento de algunos puntos resolutivos”. Ahora bien, las modalidades de cumplimiento no constituyen acuerdos externos a la sentencia, sino forman parte de ella. En torno a esta materia, es pertinente volver a las atribuciones de la Corte Interamericana, a la naturaleza de la sentencia emitida por ésta, al carácter y alcance de un planteamiento de interpretación y a la jurisprudencia uniforme del tribunal sobre todos y cada uno de estos asuntos. 25. La Corte Interamericana no tiene atribuciones para modificar sus sentencias, atendiendo impugnaciones presentadas por la partes. La Convención no le confiere esta facultad, ni ha creado la posibilidad de que reforme las sentencias a través de un procedimiento que pudiera equipararse a la reconsideración, la apelación o la casación. Si lo hiciera, excedería sus atribuciones. 26. Lo que la Corte puede hacer con respecto a sentencias emitidas y notificadas, es interpretarlas a solicitud de las partes en el proceso. Esta es una cuestión diferente de la impugnación de una sentencia y su eventual modificación. Pero interpretar no es alterar los términos de la sentencia. No es sentenciar de nuevo, sino sólo aclarar o precisar el sentido y alcance de las decisiones adoptadas, que permanecen firmes. El ejercicio de la facultad de interpretación supone oscuridad o imprecisión en el texto de un pronunciamiento, pero no retroceso en el examen de una materia que ya ha sido analizada y resuelta, ni retiro de la firmeza que corresponde a una sentencia de fondo. 27. En el presente caso no es necesario que la Corte desarrolle mayores explicaciones acerca del sentido de las palabras empleadas o del significado de las decisiones adoptadas, que no son oscuras o imprecisas, sino claras y explícitas. Seguramente por eso la solicitud de interpretación ha mencionado el deseo de que la Corte “cambie” –no apenas interprete– ciertos aspectos de la sentencia. En fin de cuentas, la Corte se atuvo –como lo expresó– “al carácter y al alcance del requerimiento de interpretación conforme al ordenamiento interamericano, que no supone nueva presentación de hechos ni consideraciones jurídicas sobre éstos, adicionales a los formulados por las partes en la contienda de fondo y analizados por el Tribunal para los fines de la Sentencia correspondiente”. 28. Se ha pedido que la Corte considere determinadas implicaciones de algunos puntos de la sentencia en lo que toca al reconocimiento público de responsabilidad, la difusión de la sentencia, el pago de indemnizaciones a diversas personas y la inscripción de nombres en el monumento conocido como “El ojo que llora”. 29. En el enjuiciamiento internacional el Estado admitió hechos que se le imputan y aceptó la responsabilidad internacional que le incumbe. Ahora se trata de que ese reconocimiento trascienda al plano interno, como es característico del sistema de protección internacional de los derechos humanos. La Corte no ha individualizado quiénes deben hacer el reconocimiento, ni ha pormenorizado en qué medios específicos, programas y horarios debieran difundirse partes de la sentencia. Los señalamientos generales y especiales en torno a estos puntos deben asociarse a la obtención del objetivo que se persigue con esas medidas, vinculado a la tutela actual y futura de los derechos humanos. Existe, pues, una conexión de aquéllas con el propósito al que pretenden servir y con la forma razonable de alcanzarlo. 30. Otro tanto se puede decir acerca de la inscripción de nombres en una plaza o monumento concebido para ese fin. Cuando la Comisión y la interviniente común solicitaron una medida de ese carácter, el Estado señaló que “ya se ha erigido en un lugar público de la capital un monumento (denominado el Ojo que Llora) a favor de todas las victimas del conflicto”; se trata de “un lugar público de la capital de la República y que es materia de continuos actos de recuerdo y conmemoración”. La Corte tomó nota de la sugerencia expresa. Luego se formularon aclaraciones sobre la disponibilidad de ese lugar. Considerando estas circunstancias, la sentencia de interpretación menciona la posibilidad de que los nombres consten en un monumento o en la denominación de una plaza dentro de la circunscripción territorial en que se halla “El ojo que llora”. Esta referencia atañe al sitio de inscripción de los nombres, no a la medida en sí misma. 31. Por lo que hace a la forma de efectuar el pago de indemnizaciones, la Corte ha seguido el criterio adoptado en su jurisprudencia constante cuando se trata de entregar sumas de dinero a adultos. No puede formular anticipaciones, que serían especulaciones o conjeturas, acerca del destino que los destinatarios individuales de la indemnización pudieran dar a las sumas percibidas. Desde luego, estos recursos, como cualesquiera otros, deberán tener un destino lícito. La Corte Interamericana carece de las atribuciones y de los instrumentos para vigilar ese destino e impedir la aplicación de bienes a objetivos ilegítimos. Las funciones supervisoras sobre la legitimidad de movimientos económicos, en general, se hallan en el ámbito de las potestades y posibilidades del Estado, conforme a sus facultades constitucionales y con observancia de las garantías correspondientes. 32. En cuanto a la existencia de adeudos de los destinatarios de las indemnizaciones frente a terceros, sean personas de derecho público o privado, la decisión de la Corte no excluye ni podría excluir la posibilidad, sujeta al derecho interno, de que los acreedores ejerzan las acciones que la ley les reconozca, en los términos del debido proceso legal. La sentencia no los priva de este derecho. Lo que la Corte pretende evitar, como se desprende de su jurisprudencia –y de la resolución específica del presente caso–, es que se eluda el cumplimiento de una decisión indemnizatoria a través de gravámenes fiscales que priven de la indemnización al destinatario de ésta. 33. Concluyo mi voto con un comentario sobre la solicitud de audiencia pública en este procedimiento, que la mayoría de los integrantes de la Corte –entre ellos yo mismo– no acogimos. Al respecto, es preciso tomar en cuenta los fundamentos que justifican la celebración de una audiencia para efectos de interpretación de sentencia, no sólo en lo que concierne al presente caso, sino en términos generales, como referencia para el asunto que ahora se analiza. 34. La Corte recibe en audiencia pública, cada vez que es necesario, las pruebas que las partes aporten para el esclarecimiento de una controversia, y escucha a éstas en forma directa. Esta no es la única forma de conocer los extremos del litigio y reunir elementos para resolverlo. Una importante parte del procedimiento jurisdiccional se tramita por escrito. Sólo la segunda etapa se desarrolla con inmediación, publicidad y oralidad, siempre sin perjuicio de que el tribunal reciba peticiones, elementos de prueba y alegaciones por escrito. 35. En el curso de los últimos años, el tribunal ha incrementado considerablemente el número de asuntos atendidos y resueltos, y de audiencias en los períodos ordinarios de sesiones. A ellas se han sumado las celebradas en períodos extraordinarios, fuera de la sede de la Corte, sistema que arraigó en esos mismos años. Además, el tribunal ha establecido una nueva práctica consistente en audiencias especiales sobre el avance en el cumplimiento de sentencias. 36. En suma, la realización de audiencias caracteriza el desempeño de la Corte, aunque no es el único medio del que se vale para el cumplimiento de sus tareas. La opción entre las diversas formas procesales –en lo que se refiere a la sustanciación escrita u oral– deriva de las disposiciones del reglamento, de las necesidades generales del despacho y de las condiciones de cada asunto sujeto a examen. Se observa una doble e ineludible regla: necesidad y pertinencia. De lo contrario, se incurriría en alguno de dos extremos indeseables: supresión o reducción de las audiencias, por una parte, o innecesaria multiplicación de éstas, por la otra. Cabe decir que la gran mayoría –casi la totalidad– de las etapas en que se toma conocimiento del fondo de la controversia y de las posibles reparaciones incluye la celebración de audiencias. No sucede lo mismo con la etapa de interpretación de sentencia. Se han realizado menos de cinco audiencias en los últimos dieciocho años, período en que el tribunal consideró más de veinticinco solicitudes. No fue necesario hacerlo porque se disponía de los elementos indispensables –como en el presente caso– para resolver sobre de la interpretación de las correspondientes sentencias. 38. La audiencia pública sirve al propósito de que las partes ofrezcan al tribunal elementos que informen su criterio para los efectos de la resolución que adoptará, cuando ello sea necesario. Se procura facilitar el acceso a la justicia, permitiendo la exposición pública de los agravios infligidos y de la respuesta probatoria y argumental de la contraparte. Por supuesto, existe una gran diferencia entre una deliberación académica, que es debate entre todos los participantes, y una audiencia judicial, en la que el debate ocurre sólo entre las partes, que dialogan para persuadir al tribunal. En esta hipótesis, el tribunal se coloca deliberadamente fuera del debate y conserva, en el fondo y en la forma –ambos importantes–, la actitud de imparcialidad que caracteriza su desempeño y concurre a establecer su ponderación y respetabilidad, sin constituirse en protagonista de una controversia. Sería absolutamente inadecuado que el tribunal o sus integrantes debatieran con las partes en una audiencia. 39. En este caso hubo audiencia pública en un período extraordinario de sesiones realizado en la ciudad de Guatemala. Ahí conoció la Corte lo que las partes desearon aportar y alegar ante el tribunal, constituido en pleno. El tema contencioso fue planteado con libertad y suficiencia en las condiciones de máxima publicidad y visibilidad que suelen caracterizar los períodos extraordinarios de sesiones. Es posible que surjan diferencias entre las partes sobre la manera de expresar las respectivas posiciones, e incluso acerca de la tramitación que debe efectuar la Corte, pero ningún planteamiento evitó, difirió o alteró la celebración de la audiencia, realizada con absoluta normalidad. 40. Dictada y notificada la sentencia, las partes quedaron en posibilidad de solicitar la interpretación de aquélla, conforme a las normas aplicables a esta materia, esto es, pedir al tribunal –como he manifestado supra– la aclaración de términos oscuros o ambiguos, el esclarecimiento de frases o palabras, la precisión de conceptos, no así la modificación de la sentencia misma. 41. Hecha la solicitud de interpretación, la Corte pasó a examinar los argumentos y resolver las preguntas recibidas. Para ello consideró la necesidad y pertinencia de convocar a audiencia, tomando en cuenta las características de esta diligencia procesal, que no tiene como objeto abrir un foro para reiterar posiciones ampliamente expresadas en diligencias anteriores del mismo carácter; aportar nuevos elementos para resolver cuestiones de fondo o de reparación ya resueltas; escuchar preguntas y suscitar respuestas, eventualmente muy polémicas, ya desahogadas o innecesarias para los fines del juicio; ni fijar la posición del tribunal o de sus integrantes, en general o en puntos concretos, que se establece por escrito en la resolución colegiada o en los votos individuales. 42. Lo que la Corte debía establecer con la formalidad y objetividad características de un tribunal, era la necesidad de convocar a una audiencia en función de la carencia, insuficiencia o extrema complejidad de los elementos de juicio disponibles para el único y exclusivo fin de esta etapa: interpretar la sentencia. Si esto era impracticable con los elementos disponibles, resultaría indispensable realizar la audiencia, que en ningún caso tendría por objeto revisar asuntos de fondo y modificar la sentencia. Si la interpretación era practicable con dichos elementos –tanto la propia sentencia de fondo como los planteamientos de las partes con respecto a la interpretación– no sería necesario realizarla. En este supuesto la Corte podría resolver considerando las aportaciones escritas de aquéllas. Por supuesto, me refiero a aportaciones sobre el sentido del texto sujeto a interpretación, no acerca del fondo de la causa, ya analizado extensamente, debatido pormenorizadamente y resuelto claramente. 43. La Corte adoptó la decisión, por mayoría, de prescindir de la audiencia y resolver las solicitudes de interpretación como lo hace la resolución a la que agrego este voto. Para ello tomó en cuenta –y así lo dijo– “los planteamientos de las partes, que se refieren a puntos de derecho, y las características que aquellos revisten, cuya naturaleza y alcances se desprenden claramente de las demandas formuladas por quienes solicitaron la interpretación”. Es obvio que no se requería una audiencia para reiterar planteamientos expresados por escrito, alentar contiendas en torno a temas contenciosos atendidos o analizar el sentido de palabras bien definidas conforme a su significado ordinario. 44. Como señalé en el inicio de este texto, mi voto se limita a expresar mis propios puntos de vista y de ninguna manera cuestiona otros pareceres y mucho menos el rumbo general de las decisiones de la Corte. Unos y otro merecen el respeto con el que siempre he manifestado, pública y privadamente, mis coincidencias y mis discrepancias. Otra cosa sería impropia de un juzgador y no correspondería a la forma en que invariablemente he expuesto mi parecer.
Sergio García Ramírez
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1. He concurrido con mi voto a la adopción de la presente Sentencia de Interpretación que viene de adoptar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Prisión de Castro Castro versus Perú, en la cual declara admisibles las demandas de Interpretación sometidas a su consideración tanto por el Estado recurrente como por los representantes legales (otros que la interveniente común) de un grupo de víctimas, y en la cual busca aclarar los puntos planteados por dichas demandas. Sin embargo, considero el razonamiento de la Corte insuficiente e insatisfactorio en relación con algunos puntos por ella abordados, por lo que me veo en la obligación de dejar constancia, en el presente Voto Razonado, de mi propio razonamiento, como fundamentación de mi posición sobre la materia tratada. Antes de pasar a los puntos sustantivos en cuestión, permítome trazar algunas consideraciones previas, a empezar por el contenido mismo, en particular, de la demanda estatal de Interpretación de Sentencia sometida a la consideración de la Corte.
I. El Contenido de la Cuestión Central Objeto de la Sentencia de Interpretación de la Corte.
1. Demanda Estatal de Interpretación.
2. En su demanda de Interpretación de Sentencia, del 15 de marzo de 2007, en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, el Estado peruano se refiere a distintos puntos de la Sentencia de fondo y reparaciones en el cas d’espèce de esta Corte (del 25.11.2006), resumidos en la presente Sentencia de Interpretación que viene de adoptar la Corte (párrs. 2, 6, 12 y 28-32). La preocupación que se desprende de dicha demanda de interpretación, de 33 páginas, es, sin embargo, obtener de la Corte aclaraciones, en forma de obiter dicta, acerca de todo el conjunto de los miles de victimados en el conflicto armado interno peruano, o sea, las víctimas de los actos terroristas tanto del Sendero Luminoso como de agentes del Estado. En su demanda, el Estado argumenta tener presente la protección debida a la totalidad de estas víctimas, “sin asimetrías que corren el riesgo de ser percibidas como injusticias por la reacción concernida” (párr. 6.20).
3. La Corte debe, naturalmente, atenerse a los hechos constantes de la demanda inicial, que conllevó a la Sentencia de fondo y reparaciones. El propio Estado recurrente declara, al inicio de su demanda de interpretación, que no busca de modo alguno una revisión de la anterior Sentencia de la Corte, ni una rediscusión de cuestiones de hecho o de derecho ya determinadas por la Corte (párr. 3.4). Declara, además, que, “honrando el principio pacta sunt servanda”, respeta y acatará los mandatos emanados de la Sentencia de la Corte (párr. 3.2). Lo que busca el Estado recurrente son sobre todo aclaraciones sobre los puntos expuestos en su demanda de Interpretación de Sentencia, inclusive los avances doctrinales sobre “la responsabilidad de grupos no-estatales por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa-humanidad” (párr. 6.2).
2. Escritos Sometidos a la Corte sobre la Demanda Estatal de Interpretación.
4. Varios escritos fueron presentados a la Corte en relación con la demanda de Interpretación de Sentencia interpuesta por el Estado. En uno de sus tres escritos (todos del 31.07.2007) sometidos a la Corte, la Representante legal e interveniente común de las víctimas (Sra. Mónica Feria Tinta) observó que
“Un conjunto considerable de víctimas representado por esta representación legal está constituido por familiares de personas que nunca estuvieron en detención, ciudadanos peruanos quienes nunca han sido sometidos a proceso penal alguno y contribuyentes de sus impuestos como todo ciudadano, así como víctimas directas del ataque a los pabellones 1A y 4B que fueron absueltos o indultados en los procesos que motivaron su detención y otros que habiendo sido sentenciados no son miembros de Sendero Luminoso. Este conjunto de víctimas por tanto no considera relevante para sí las consideraciones hechas por el Ilustrado Estado peruano en relación a un grupo minoritario de personas que serían miembros de Sendero Luminoso a cuyo nombre les corresponde pronunciarse a sus representantes legales. (…) La Sentencia de la Corte en el caso del Penal de Miguel Castro Castro es la afirmación de la recta ratio por sobre una lógica que pretende desdeñar el hecho que existen reglas de derecho también en las guerras y que existen normas de jus cogens que no son derogables ni en el caso extremo de una situación de conflicto armado y que no descansan en principios de reciprocidad.
(…) Entre los deudos y familiares de los prisioneros que fueron asesinados o que sufrieron el ataque representados por la suscrita se encuentran todo tipo de personas, incluidas, miembros de la Policía peruana. Acaso ello sirva de reflexión al Estado peruano para entender que los efectos de lo sucedido al conjunto de personas afectadas por la masacre ocurrida en el Penal de Castro Castro alcanzó a todo sector de la sociedad peruana y que por tanto la insistencia en estigmatizar a dicho conjunto como ‘terroristas’ que hemos visto reflejada en algunos sectores, se desdice con la realidad” (párrs. 7-8).
5. A su vez, los abogados del “Grupo Canto Grande 92” de víctimas (Srs. Douglass Cassel y Sean O’Brien) señalaron, en su escrito del 01.08.2007, que la demanda estatal de interpretación se refería a entidades y personas no participantes en el presente proceso (p. 3), y que la condenación por el Estado al terrorismo tiene que darse mediante “procesos judiciales, conforme a los principios de un Estado de Derecho” (p. 8). Recordaron, al respecto, que la Corte Interamericana, en el caso Lori Berenson versus Perú (Sentencia del 25.11.2004, párr. 91), dejó bien claro su “más enérgico rechazo” a la “violencia terrorista – cualesquiera que sean sus protagonistas – que lesiona a los individuos y al conjunto de la sociedad” (p. 11); asimismo, recordaron que la Corte Interamericana, en su Sentencia (del 25.11.2003, párr. 134.8-13) en el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala, en su “ampliación del contexto histórico” del caso, “no pretendió condenar a ninguna entidad o persona ausente del proceso” (p. 4).
6. De su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su escrito del 01.08.2007, observó que la demanda estatal de interpretación se refiere a materias que “no fueron objeto de la litis, como lo reconoce el mismo recurrente” (párr. 5), y agregó que la Sentencia de la Corte en el presente caso de la Prisión de Castro Castro (párrs. 424-428) estableció con claridad que “las indemnizaciones deben ser entregadas a sus beneficiarios” (párr. 21). Finalmente, la Corte recibió un escrito (el 11.05.2007), en calidad de amici curiae, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sometiendo nuevos argumentos a su consideración. Observaron que “la calidad de víctima de violación de los derechos humanos no depende de la conducta previa de la persona perjudicada”, y sostuvieron que lo ocurrido en la Prisión de Castro Castro “fue un crimen cometido por agentes estatales”, en el cual “deliberadamente se privó de la vida a 41 personas encarceladas en el citado centro penitenciario, violándose también otros derechos fundamentales de los internos e internas sobrevivientes” (párrs. 5-6).
7. En seguida, el IDL y la CNDH solicitaron a la Corte que considerara, en su Sentencia de Interpretación,
“el sufrimiento y los graves problemas sociales, económicos y políticos que Sendero Luminoso generó al Perú. Creemos que ello podría contribuir a que la sociedad peruana entienda mejor, y sin apasionamientos, el trascendental rol que cumple la Corte Interamericana en la defensa de los derechos humanos en la región (…).
(…) Todo Estado tiene el deber de asegurar que todas las medidas adoptadas para combatir el terrorismo se ajusten a sus obligaciones contraídas en virtud del Derecho Internacional, en especial las normas de derechos humanos, el Derecho de los Refugiados, y el Derecho Internacional Humanitario.
(…) [Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación] Sendero Luminosos fue el causante del 54% de las víctimas del conflicto armado, siendo los pobres e indefensos la población más afectada. (…) Ésta fue una de las excusas – aunque no la única, por cierto – para que el Estado peruano reaccionara de forma abusiva y extrema y con ello aumentara el número de víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
(…) La ilustre Corte podría `ejercer una función narrativa’ (…), enriqueciendo su análisis sobre el contexto histórico del conflicto armado interno vivido en el Perú (…). Ésta no sería la primera vez que la honorable Corte efectuara una ampliación del análisis del contexto histórico (…). En el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (2003), se realizó un breve análisis del contexto social que atravesaba Guatemala en el momento en que se produjo el lamentable asesinato de la investigadora y socióloga Myrna Mack Chang” (párrs. 7, 14. 21-22 y 26-27).
3. Nuevos Escritos Sometidos por las Partes.
8. Más recientemente, el Estado sometió nuevos escritos, el 26.02.2008 sobre los beneficiarios de reparaciones con base en la Sentencia de fondo y reparaciones en el cas d’espèce y sobre el monumento “El Ojo que Llora”, y el 23.07.2008 con datos adicionales a su demanda de interpretación . La Representante legal e interveniente común de las víctimas presentó, en su escrito del 26.03.2008 (recibido en la Corte el 03.04.2008), argumentos contrarios a los del Estado sobre estos puntos , y se refirió a la Sentencia de fondo y reparaciones de la Corte como “un triunfo de la razón y del Estado de Derecho” . Tal como señalado en la presente Sentencia, los representantes de las víctimas, en sus observaciones del 30.07.2008, solicitaron a la Corte que desestimara el escrito del 23.07.2008 del Estado (párr. 18).
II. Consideraciones Preliminares sobre la Referida Demanda de Interpretación de Sentencia.
9. Fueron éstos, en suma, los argumentos principales sometidos a la Corte por los intervenientes en el presente proceso de Interpretación de Sentencia. Es cierto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, en su extenso Informe Final (2003), al abordar los factores que conllevaron a la violencia generalizada y al “desencadenamiento del conflicto armado interno”, responsabilizó el Sendero Luminoso por el “54% de las víctimas fatales” que le fueron reportadas . De su parte, la Corte Interamericana procedió naturalmente a su propia determinación de los hechos en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, a partir de la demanda que fue sometida a su conocimiento.
10. En relación con los hechos probados en el cas d’espèce, la Corte señaló, en su Sentencia del 25.11.2006, que “a partir del golpe de Estado de 05 de abril de 1992, y con el fin de combatir a grupos subversivos y terroristas, el Estado implementó en las prisiones prácticas incompatibles con la efectiva protección del derecho a la vida y otros derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos, así como el uso desproporcionado de la fuerza en circunstancias críticas” (párr. 197.9). La Corte acudió a partes relevantes (tomos VI-VII) del propio Informe Final (2003) de la CVR, para la resolución del caso concreto, y observó, también en cuanto a los hechos probados, que
“La CVR recibió miles de denuncias sobre actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes producidos durante el período comprendido entre 1980 y 2000. En su Informe Final afirma que de 6443 actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registrados por dicho órgano, el 74.90% correspondió a acciones atribuidas a funcionarios del Estado o personas que actuaron bajo su autorización o aquiescencia, y el Informe Final expresó que `la desaparición forzada de personas fu[e…] uno de los principales mecanismos de lucha contrasubversiva empleados por los agentes del Estado, adquiriendo las características de una práctica sistemática o generalizada’. `Del total de víctimas reportadas a la CVR como ejecutadas o cuyo paradero continúa desconocido por responsabilidad de agentes del Estado, el 61% habrían sido víctimas de desaparición forzada’” (párr. 197.5).
11. Aunque los escritos sometidos a la Corte en el presente proceso de Interpretación de Sentencia (supra) se posicionen de maneras distintas en cuanto a que ésta dé o no respuesta a la cuestión básica planteada por el Estado recurrente, sin embargo todos los escritos dieron respuesta a dicha cuestión al presentar sus puntos de vista al respecto. Trátase de una cuestión que, a mi juicio, atañe al sentido o alcance de la Sentencia de fondo y reparaciones de la Corte en el presente caso de la Prisión de Castro Castro. Dicha cuestión ha sido objeto de cuidadosa atención, en distintos foros jurídicos internacionales, por parte de la doctrina jusinternacionalista contemporánea, y merecería ser aclarada con el mayor detenimiento y la más sólida fundamentación por parte de la Corte Interamericana.
12. El presente caso de la Prisión de Castro Castro se enmarca en una situación de violencia crónica y generalizada, en que se reaccionó a atrocidades con atrocidades, al terrorismo del Sendero Luminoso con el terrorismo del Estado, multiplicando los miles y miles de víctimas, y descomponiendo el tejido social. La tragedia a que se aludió en el presente proceso legal de Interpretación de Sentencia, – cuyo examen debería haber sido profundizado por la Corte, sin de modo alguno modificar en lo más mínimo su Sentencia de fondo y reparaciones del 25.11.2006, – me suscita una serie de reflexiones personales, que – como ya señalé – dejo consignadas a continuación, en el presente Voto Razonado, como fundamentación de mi posición sobre la materia tratada.
13. Mis reflexiones versan sobre los puntos siguientes: a) el primado del Derecho sobre la fuerza bruta en el pasaje histórico de la venganza privada a la justicia pública; b) la perennidad de la búsqueda por la justicia; c) la importancia del procedimiento oral y la necesidad de realización de audiencias públicas; d) razón y persuasión; e) el imperativo kantiano y el debido proceso legal; f) aclaración y fundamentación; g) el primado del Derecho en cualesquiera circunstancias, inclusive en la lucha contra el terrorismo; h) la salvaguardia de los derechos humanos en medio a la lucha contra el terrorismo; i) las víctimas y las precisiones en cuanto al derecho aplicable; j) la ceguera de la venganza privada y el “Ojo que Llora” aún más; y k) el derecho de acceso directo a la justicia (nacional e internacional) como derecho de realización de la misma, y como imperativo del jus cogens. Paso, pues, al examen de cada uno de los puntos aquí señalados.
III. De la Venganza Privada a la Justicia Pública: El Primado del Derecho sobre la Fuerza Bruta.
14. Todos están sometidos al Derecho, en una sociedad democrática en el sentido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, – tanto los gobernados como los gobernantes. Nadie está sustraído a la protección del Derecho; están protegidas, y con derecho a reparación, tanto las víctimas de violaciones de derechos humanos como las víctimas de actos terroristas. Hay, sin embargo, precisiones a ser formuladas, en cuanto al derecho aplicable a las situaciones de unas y otras, como indicaré más adelante (cf. infra). Las necesidades contemporáneas de protección se han visto revestidas de dificultades alegadas ante el actual fenómeno de la diversificación de fuentes, estatales y no-estatales, de violaciones de los derechos humanos (cf. infra).
15. Es este un punto relevante a revelar la complejidad de la materia, planteada como un todo en la presente Interpretación de Sentencia en el caso de la Prisión de Castro Castro versus Perú. En perspectiva histórica, fue necesario esperar mucho tiempo, en realidad siglos, para que se alcanzara el grado de evolución culminando en el primado del Derecho sobre la fuerza bruta, – que ciertamente seguirá adelante – en el universo conceptual del Derecho. Sus raíces históricas encuéntranse en la antigüedad. Concentrémonos, de inicio, en la protección y reparación, aseguradas por el Derecho, a todas las personas y todas las víctimas de violaciones de sus derechos, perpetradas tanto por agentes estatales como por agentes no-estatales y clandestinos.
16. En la trilogía de tragedias de La Orestíada de Ésquilo, la cadena de venganzas privadas que afligían y victimizaban sus personajes sólo logró suspenderse o interrumpirse con la emergencia (en la tercera pieza de la tríada) de diké, la figura emblemática de la constitución de un tribunal penal, – con la identificación de las partes (víctima y acusado), la instrucción del proceso el juicio justo (due process, procès équitable), y la sentencia. La justicia correctiva o restaurativa se sobrepuso a la justicia privada (la venganza), la respuesta racional a la reacción brutal, reconstruyendo de ese modo el tejido social.
17. En su Orestíada, un clásico literario de la antigua Grecia esencialmente sobre la justicia, Ésquilo no capituló frente al espíritu de la tragedia, pues, en medio al intenso sufrimiento humano, reveló su creencia en la ascensión ética; en Las Euménides, pieza final (458 a.C.), ponderó Ésquilo que, al fin y al cabo, debían prevalecer, para el bien común, el bien de todos, la razón y la persuasión de lo justo . En Las Euménides, la creación del tribunal del Areópago, – el primer del mundo clásico, – logró poner fin al ciclo destructivo de las venganzas privadas, en medio a la ausencia, hasta entonces, de instituciones públicas de justicia penal.
18. Al final de la Orestíada, las Furias se encolerizaron con Atenea, pero ésta logró persuadirlas en el sentido de la aceptación del veredicto y de su nuevo lugar como “metoikoi benéficas de la ciudad”, como “deidades tutelares del tribunal”, como Euménides (Bondadosas); de ahí la escena final del juicio de Las Euménides, la aclaración del sentido de la justicia, el establecimiento de la diké como justicia legal . La perenne lección de la Orestíada de Ésquilo sigue actual y válida en nuestros días, en los turbulentos final del siglo XX e inicio del siglo XXI. La trilogía trágica evolucionó del caos a la ley de la polis, de la oscuridad a la luz, de la incomunicación al entendimiento, de las venganzas de sangre a la justicia legal de la razón .
19. El ciclo de venganzas privadas de sangre, que consumirá a toda la familia, – al heroico Agamemnón, a Clitemnestra, a Orestes (al final absuelto por el tribunal de Atenea, pero también tragado por la violencia), – sólo tuvo fin con la instauración del tribunal de justicia y la aserción del primado del Derecho sobre la fuerza bruta. Como bien se ha señalado en relación con la Orestíada de Ésquilo, “la trilogía transforma la oscuridad en luz, la túnica ensangrentada de Agamemnón en los atuendos festivos de la procesión final (…) de Las Euménides” . La comprensión de la tragedia griega puede ayudarnos a “mitigar la presión que las formas modernas de la vida ejercen sobre nosotros” (sin que esto implique en retorno indeseable al pasado), teniendo presente “la sabiduría duramente obtenida que adviene con el sufrimiento”, la cual es deber de todos nosotros cultivar .
IV. La Perennidad de la Búsqueda por la Justicia.
20. La perenne actualidad de la tragedia griega es ilustrada por la tragedia del Perú, del terrorismo de agentes clandestinos enfrentado por el terrorismo de Estado, conllevando a un ciclo de venganzas que causó más de 30 mil muertos, y que hasta hoy flagela la sociedad peruana. Del seno de esta misma sociedad emergió la conciencia de la necesidad de la búsqueda de justicia, de la justicia pública, para poner fin al ciclo autodestructor de venganzas. Como en la Orestíada de Ésquilo, se entendió que ya no más se podía sobrevivir en medio a la descomposición creciente del tejido social, en medio al dolor intenso de los familiares sobrevivientes de tantas víctimas fatales. Se comprendió que cabía salir de la oscuridad en búsqueda de la luz, que cabía abandonar la violencia en pro de la solución de los problemas sociales con base en la razón.
21. Las víctimas no pueden caer en el olvido. Hay un deber de memoria, como señaló Primo Levi en el siglo XX, en su lucha tenaz por la preservación de la memoria en honor de las víctimas, sobre todo en un mundo de rápida mutación, un tanto “livré au hasard” . Inclusive para defender la memoria – como forma de reparación – hay que acudir a la justicia. La justicia, de Atenea en la Orestíada, se impone, para asegurar la debida reparación por los daños sufridos por todas ellas, – en nuestros tiempos las víctimas tanto del terrorismo por actos de agentes clandestinos como del terrorismo de Estado. En el seno de esta Corte, he destacado el deber de memoria en mi Voto Razonado en el caso Gutiérrez Soler versus Colombia (Sentencia del 12.09.2005).
22. Aunque el derecho aplicable sea distinto en diferentes situaciones, de perpetración de ilícitos imputables a agentes estatales o a grupos no-estatales (cf. infra), todas las víctimas encuéntranse bajo el manto protector del Derecho (precisamente para evitar la trágica escena de la túnica ensangrentada de Agamemnón). Y todos los responsables, tanto los grupos no-estatales como el propio Estado, encuéntranse bajo el Derecho (el rule of Law, la préeminence du Droit, en una sociedad democrática), nadie encuéntrase sustraído a la protección o a las prescripciones (incluso punitivas por ilícitos perpetrados) del Derecho. Las propias relaciones jurídicas no pueden ser consideradas in abstracto, haciendo abstracción de los justiciables; la “administración” de justicia no puede perder de vista a los justiciables.
23. Durante años, en el seno de esta Corte, he sostenido la imperiosa necesidad de buscar una mayor aproximación entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal contemporáneo (v.g., en mis Votos Razonados en los casos de Myrna Mack Chang versus Guatemala, Sentencia del 18.09.2003; de Goiburú y Otros versus Paraguay, Sentencia del 22.09.2006; de Almonacid Arellano versus Chile, Sentencia del 26.09.2006). Lo he hecho precisamente para asegurar la realización de la Justicia en todas y cualesquiera circunstancias, y hacer frente a un nuevo fenómeno perturbador para la protección (internacional) de los derechos humanos: el de la diversificación de las fuentes de violaciones de los derechos humanos.
24. En suma, todas las víctimas tienen derecho a las reparaciones por el sufrimiento que padecieron, y todos los agentes perpetradores de actos ilícitos (nacionales e internacionales) deben asumir las consecuencias jurídicas de los ilícitos cometidos.
En lo que concierne a los tratados de derechos humanos, la propia doctrina jurídica contemporánea hoy día se esfuerza por determinar sus efectos en relación con terceros , precisamente con miras a asegurar una protección integral de los derechos humanos consagrados.
25. En este Voto Razonado en la presente Interpretación de Sentencia en el caso de la Prisión de Castro Castro versus Perú (2007), no podría dejar de evocar mis reflexiones consignadas en dos otros de mis Votos Razonados en dos casos de masacres atinentes a distintos Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a saber, el caso de la Masacre de Mapiripán, concerniente a Colombia (Sentencia del 15.09.2005), y la Masacre de Plan de Sánchez, referente a Guatemala (Reparaciones, Sentencia del 19.11. 2004) . En efecto, en mi Voto Razonado en el caso de la Masacre de Mapiripán, me permití ponderar que
“No se combate el terror con el terror, sino en el marco del Derecho. Los que acuden al uso de la fuerza bruta se brutalizan ellos mismos, creando una espiral de violencia generalizada que termina por victimar los inocentes, inclusive niños. (…)
La fuerza bruta genera la fuerza bruta, y, al final, qué tenemos? La nada, la devastación general, la descomposición del tejido social, las venganzas, las torturas y ejecuciones sumarias y otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la transformación de los seres humanos en meros instrumentos de la confrontación y destrucción, – abriendo heridas que requerirán generaciones para cicatrizar” (párrs. 46-47).
26. Y, en el mismo Voto Razonado en el caso de la Masacre de Mapiripán, agregué:
“Como me permití recordar en mi Voto Razonado en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez (reparaciones, Sentencia del 19.11.2004), “ya los antiguos griegos se daban cuenta de los efectos devastadores del uso de la fuerza bruta y de la guerra tanto sobre vencedores como sobre vencidos, revelando el gran mal de la sustitución de los fines por los medios” (párr. 29); desde la época de la Ilíada de Homero hasta hoy, todos los partidarios de la fuerza bruta se transforman en piezas del engranaje de la máquina de matar. Como en la Ilíada de Homero, “no hay vencedores ni vencidos, todos son tomados por la fuerza, poseídos por la guerra, degradados por la devastación de las brutalidades y las masacres” (párr. 30), que se perpetúan en el tiempo, multiplicando sus víctimas inocentes.
Mucho después de Homero, en el siglo III de nuestra era, Plotino (204-270), en sus Eneades, sostuvo que la suerte de los seres humanos no puede estar abandonada al acaso, a la fortuna, pues los seres humanos son dotados de razón, que debe primar en todas circunstancias, y que no es una razón cualquiera, sino noble, que queda por encima del estado natural, y que orienta a todos . La perenne lección de Plotino, quién tanto buscó la “liberación” o “emancipación” del alma , debe ser recordada en estos tiempos sombríos en que vivimos” (pars. 48-49).
V. La Importancia del Procedimiento Oral y la Necesidad de Realización de Audiencias Públicas.
27. Me permito, en el presente Voto Razonado, dejar constancia de la importancia que atribuyo al procedimiento oral ante la Corte y la necesidad – que siempre he sostenido en el seno de este Tribunal, – de la realización de audiencias públicas ante la Corte. Son estas esenciales para la mejor instrucción del proceso; en el ejercicio de la función judicial, deben, a mi juicio, siempre prevalecer la búsqueda de la verdad y realización de la justicia, sobre el actual afán de “productividad” de la mayoría de la Corte.
28. Reitero, pues, mi firme desacuerdo en relación con el criterio de la mayoría de la Corte (párr. 10 de la presente Sentencia), por no haber estimado necesario realizar una audiencia pública para emitir la presente Sentencia de interpretación, por no haber, a su modo de ver, “duda jurídica” que resolver. Lo que parece motivar a la mayoría de la Corte hoy día es la “productividad”, un mal hábito heredado de tribunales nacionales, los cuales, al final de cada año judicial, exhiben, orgullosos, gráficos de productividad mostrando cantidades crecientes de casos por ellos “resueltos” (o, mejor dicho, simplemente “despachados”).
29. En mi entender, las audiencias públicas se realizan no sólo para resolver “dudas jurídicas”, una visión flagrantemente utilitarista de la función judicial. Las audiencias públicas se realizan para dar a las partes la oportunidad de revelar a la Corte sus puntos de vista, su versión o percepción de los hechos, sus argumentos en cuanto al derecho (aunque no haya en la mente de los jueces “dudas jurídicas”). En el seno de esta Corte, en determinados casos he dado la mayor importancia (aún ante alguna resistencia de la mayoría) a los peritajes psicológicos, antropológicos, sociológicos, que han contribuido a enriquecer tantas Sentencias de esta Corte en casos de particular complejidad, de denso contenido cultural (como los casos de Bámaca Velásquez versus Guatemala (2000-2002), de la Comunidad Moiwana versus Suriname (2002), entre tantos otros). Es, para mí, incomprensible que esta Corte, decidiendo contra el reloj, no haya estimado imprescindible la realización de por lo menos una audiencia pública en el caso de tanta importancia histórica como el de Goiburú y Otros versus Paraguay (atinente a la siniestra “Operación Cóndor”), que podría en mucho haber enriquecido su Sentencia.
30. Un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente “resuelve” dudas y casos, sino además dice cual es el Derecho, realiza la Justicia, y restaura la dignidad de las víctimas. Para decir cual es el Derecho, hay que beneficiarse de otras ramas del conocimiento humano, pues, al contrario de lo que arrogantemente creían los positivistas, el Derecho no es autosuficiente y el jurista tiene mucho que aprender con otras áreas del conocimiento humano. Para realizar la Justicia, hay que dar oportunidad a las partes de exponer todos sus argumentos. Y para restaurar la dignidad de las víctimas, hay que dejarlas expresarse libremente, hay que oírlas atentamente, incluso como forma de reparación.
31. Las víctimas de malos tratos y tortura (v.g., casos Loayza Tamayo versus Perú, 1997-1998; Suárez Rosero versus Ecuador, 1997-1999; Cantoral Benavides versus Perú, 2000-2001; Tibi versus Ecuador, 2004; entre otros), duramente humilladas, por primera vez se sienten jurídicamente iguales a los Estados demandados, al presentar personalmente su caso ante la Corte y al reivindicar personalmente ante ésta la reparación. Las víctimas actúan como verdaderos sujetos de derecho y no como simples objetos de protección. Esto contribuye también a evitar la repetición de las violaciones. Y la propia jurisprudencia debe reflejar la interdisciplinariedad (Derecho, psicología, antropología, sociología) en la atención y las reparaciones a las víctimas.
32. Durante los años de mi Presidencia de la Corte Interamericana, invariablemente hice hincapié en oír, en audiencias públicas, no solamente testigos, sino también peritos, provenientes de diferentes áreas del conocimiento humano. Siempre he atribuido la mayor relevancia a dichas audiencias públicas, por una serie de razones: a) contribuyen ellas a la materialización de la igualdad de armas (equality of arms / égalité des armes), de modo que las partes tengan igual oportunidad a presentar todos sus argumentos y pruebas ante la Corte; b) aseguran la observancia del principio del contradictorio , de modo que las partes se sientan, ellas mismas, satisfechas de que todas sus pruebas han sido producidas ante la Corte para la determinación de los hechos, y todos sus argumentos han sido presentados ante la Corte para su evaluación de lo ocurrido; y c) constituyen, para las víctimas, como anteriormente señalado, una forma de reparación, y para ellas de las más importantes.
33. A contrario de lo que está subyacente a la decisión de la mayoría de la Corte sobre el particular en el presente caso, las dudas que tienen que ser aclaradas, tanto jurídicas como factuales, no son tan sólo las dudas de los Jueces, pero sí – y principalmente – también las de las partes. Y, para ese fin, las audiencias públicas son no sólo apropiadas sino además necesarias. Por este motivo, en el curso del presente proceso de Interpretación de Sentencia, me permití dirigir una carta a la Secretaría de la Corte, el día 10 de agosto de 2007, recomendando la realización de una audiencia pública en relación con las solicitudes – formuladas por todas las partes procesales intervenientes en el presente caso de la Prisión de Castro Castro – de Interpretación de Sentencia, pero la mayoría del Tribunal prefirió prescindir de dicha audiencia.
34. El presente caso de la Prisión de Castro Castro es paradigmático en lo que atañe a las malas condiciones de detención y al ataque violento a personas indefensas, que se encontraban bajo la custodia del Estado. Los peticionarios presentaron argumentos mejor construidos que los da la propia Comisión Interamericana (v.g., en cuanto a la cuestión del principio de la proporcionalidad), en una demostración de que las víctimas, como sujetos del Derecho Internacional, están en mejores condiciones de presentar su caso a un tribunal como la Corte Interamericana que cualquier intermediario actuando presumiblemente en su nombre. En cuanto a la subjetividad internacional de grupos de individuos, el caso de la Comunidad Moiwana versus Suriname (Sentencia de fondo del 15.06.2005) presenta una pertinente ilustración de un caso de derechos de los pueblos .
35. En la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro, la Corte aclaró la consulta a ella formulada acerca de la determinación de víctimas y derecho a medidas de reparación (párrs. 62-70), pero no hizo lo mismo, de modo satisfactorio, en forma de obiter dicta, en cuanto a la cuestión central de la demanda estatal de interpretación. No realizó una audiencia pública, y ha perdido así una ocasión de abordar con profundidad la referida cuestión a ella presentada, que ocupa hoy una posición de destaque en la agenda internacional contemporánea de los derechos humanos.
36. A mi juicio, el artículo 67 de la Convención Americana habilita perfectamente la Corte a aclarar los puntos a ella planteados por todas las partes procesales o intervenientes (el Estado recurrente, la Representante legal e interveniente común de las víctimas, los abogados del “Grupo Canto Grande 92” de víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además del IDL y de la CNDH). Los artículos 29(3) y 59 del Reglamento también sirven de base para dicha aclaración. Además, el artículo 58 del Reglamento determina que la Corte resolverá las demandas de interpretación mediante una sentencia, la cual contendrá los fundamentos de derecho (artículo 55(1)(f) del Reglamento). También la Convención determina que las Sentencias de la Corte deben ser motivadas (artículo 66(1)). Asimismo, el artículo 44 del Reglamento habilita a la Corte, “en cualquier estado de la causa”, a requerir “cualquier medida de instrucción” (prueba, informe, dictamen, información, opinión, o cualquier otra).
37. Dada la relevancia de las cuestiones planteadas en el presente proceso de Interpretación de Sentencia, inclusive de la preocupación central del Estado recurrente, solicité en vano a la Corte, mediante cartas que dirigí a su Secretaría los días 13.06.2007 y 04.12.2007, la realización de una audiencia, porque tenía cuestiones a plantear a las partes. La Corte podría haberla convocado – puede hacerlo “en cualquier estado de la causa”, e inclusive en la etapa de supervisión de cumplimiento de Sentencia, – para mejor instruir el proceso. No lo hizo, y su mayoría se contentó con un razonamiento que, a mi juicio, podría ser más elaborado y satisfactorio.
VI. Razón y Persuasión.
38. Me permito aquí retomar la ponderación de Ésquilo, en Las Euménides, en 458 a.C., atinente a la necesidad de prevalencia de la razón y la persuasión de lo justo (cf. supra). En la pieza, Atenea, al anunciar la creación, “para siempre”, del tribunal del Areópago, – el primer tribunal permanente del mundo antiguo, con la función de juzgar los crímenes de homicidio, – consideró necesario explicar la razón básica de su decisión. No se eximió Atenea de la labor de convencimiento, de persuasión, y ponderó:
“A partir de este día y para todo el siempre el pueblo
(…) tendrá la incumbencia de mantener intactas
las normas adoptadas en este Tribunal (…).
(…) La reverencia y el temor (…)
evitarán que los ciudadanos comentan crímenes,
excepto si ellos prefieren
aniquilar las leyes para su bien (…).
Ni opresión, ni anarquía: es este el lema
que los ciudadanos deben seguir y respetar .
(…) Espero que no sea vuestra intención exacerbar
la cólera en el corazón de los ciudadanos
y en ellos instilar la sed de homicidios
que lanza hermanos insanamente contra hermanos
hasta llevarlos al exterminio recíproco (…)” .
39. En la actualidad, la misma labor de convencimiento, de persuasión, encuéntrase reservada a los tribunales, a todos los tribunales, nacionales e internacionales. Además de la motivación de sus sentencias, deben hacer ver a las partes que la decisión a que llevaron está conforme al derecho aplicable. No pueden, en mi entender, dejar de aclarar las dudas que les sometan las partes, en cualquier momento del trámite del caso, inclusive en forma de solicitudes, como en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, de Interpretación de Sentencia.
40. La razón y la persuasión de lo justo, la perenne lección de Las Euménides, es lo que les incumbe exponer, en beneficio de los justiciables. No son estos meros elementos de la “operación de la justicia” (para utilizar una expresión “moderna” o “pos-moderna”), sino más bien sujetos de derechos. Tienen, ambas partes, – los demandantes y el demandado, – el derecho de esperar por la razón y la persuasión de lo justo. Este derecho ha dado expresión a una aspiración humana que se ha transmitido de generación a generación, a lo largo de los siglos.
41. En nuestros días tal derecho ha sido invocado en relación con la labor de los tribunales internacionales contemporáneos. En realidad, la sentencia de un tribunal, – como tan bien ha señalado J.G. Merrills, – debe dar “razones cumulativas” en sustentación de su conclusión, para que tenga persuasión; esto se aplica con aún más fuerza a un tribunal internacional de derechos humanos, cuyo derecho aplicable está orientado no tanto por reglas, sino más bien por principios generales del derecho . Sólo así se puede aplicar y al mismo tiempo desarrollar el derecho, para obtener resultados en búsqueda de la realización plena de la justicia, lo que corresponde a mi propia visión del ejercicio de la función judicial internacional.
42. Estudios del pasado contraponían la “judicial restraint” a la “judicial legislation” , al referirse a la distancia entre la visión ortodoxa y la creativa, respectivamente, del ejercicio de la función judicial internacional. Considero más apropiado caracterizarlas de otro modo, como la autolimitación judicial, que considero enteramente inadecuada a un tribunal internacional de derechos humanos, y la ecuanimidad judicial, que he sostenido por tantos años en el seno de esta Corte, en búsqueda de la realización de la justicia. Estas distintas concepciones se han reflejado, a lo largo de los años, en la labor de la Corte también en materia de Interpretación de Sentencias.
43. Ya me referí a la extraordinaria contribución, reconocida internacionalmente, dada por la Corte Interamericana a la evolución del propio Derecho Internacional de Derechos Humanos, mediante su Interpretación de Sentencia en el caso Barrios Altos (supra). Hay una sensible distancia entre la postura de ecuanimidad judicial de la Corte en la Interpretación de Sentencia en el caso de Barrios Altos, que le ha valido el reconocimiento internacional de la más lúcida doctrina jusinternacionalista, y la predisposición restrictiva que se desprende claramente, v.g., de los párrafos 25-26 de la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro .
44. Permítome aquí evocar un otro ejemplo de la jurisprudencia de la Corte. En su Interpretación de Sentencia (del 01.10.1999) en el caso Blake versus Guatemala, la Corte Interamericana recordó el criterio prevaleciente en la jurisprudencia internacional al respecto, según el cual la interpretación de una sentencia implica no sólo la precisión de lo decidido por el Tribunal, sino también la determinación del alcance, el sentido y la finalidad de la decisión, de acuerdo con las consideraciones que la motivaron (párr. 18).
45. La Corte consideró que, aunque eran “claros el alcance y el contenido” de lo dispuesto en su anterior Sentencia sobre reparaciones en el caso Blake, era “útil dilucidar los puntos planteados por el Estado para disipar cualquier duda” al respecto . En efecto, aunque la sentencia de un tribunal sea final y no susceptible de modificaciones, nada impide que su finalidad suscite alguna cuestión en forma de una solicitud sometida al tribunal para la interpretación de dicha sentencia .
46. “Sentido” y “alcance” no son, a mi modo de ver, aptos a una predeterminación dogmática o restrictiva, conducente a una conclusión única y uniforme. Todo lo contrario, el “sentido” es el entendimiento o razón que se forma al discernir algo, sobre el cual se emite un juicio o una interpretación . El “alcance” atañe más bien a la significación o efecto o trascendencia de algo . El sentido y el alcance encuéntranse, pues, en mi entender, más directamente ligados al sujeto cognoscente que al objeto cognoscible. Como tales, para su determinación el énfasis recae en la razón humana, o sea, en el ejercicio de razón y persuasión.
47. En un tribunal internacional de derechos humanos como esta Corte, la razón y la persuasión, en mi entender, priman necesariamente sobre la producción (de sentencias). La razón y la persuasión se imponen per se, y no se dejan captar por datos estadísticos. Lo que estos últimos no revelan son el tiempo y los esfuerzos de un tribunal internacional como la Corte Interamericana, dedicados a su labor de razonar y persuadir, para fundamentar sus decisiones y realizar la justicia.
48. Por ejemplo, el célebre caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (Sentencias de fondo, 25.11.2000, y de reparaciones, 22.02.2002), contó con cuatro audiencias públicas ante esta Corte (sobre fondo y reparaciones), que consumieron ocho días de audiencias . Entre 1987 y 2002, once casos contaron con tres audiencias públicas cada uno, sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones (Velásquez Rodríguez versus Honduras, Godínez Cruz versus Honduras, Neira Alegría y Otros versus Perú, Caballero Delgado y Santana versus Colombia, Loayza Tamayo versus Perú, Castillo Páez versus Perú, Paniagua Morales y Otros versus Guatemala, Cesti Hurtado versus Perú, Cantoral Benavides versus Perú, Durand y Ugarte versus Perú, y Las Palmeras versus Colombia).
49. Los dos últimos casos que contaron con dos audiencias cada uno fueron los de Cantos versus Argentina (Sentencia del 28.11.2002) y 19 Comerciantes versus Colombia (Sentencia del 05.07.2004). El procedimiento de Interpretación de Sentencia no excluye necesariamente la realización de audiencias públicas: lo ejemplifica, v.g., la Sentencia de Interpretación en el caso Cesti Hurtado versus Perú, la cual fue debidamente precedida de una audiencia pública (el 25.01.2001).
50. Parece haber estadísticas para todo, menos para la razón y la persuasión. Desde 1990 hasta fines de 2006, la Corte Interamericana había emitido 19 Sentencias de Interpretación; de este total, nueve Sentencias de Interpretación fueron emitidas solamente en el bienio 2005-2006. El total de solicitudes de interpretación de Sentencia parece haber así acompañado la disminución del total de audiencias públicas ante la Corte. En definitiva, me permito insistir, parece haber gráficos estadísticos para todo, menos para la razón y persuasión. Gráficos estadísticos no me impresionan en lo más mínimo, tengo verdadera aversión por ellos.
51. Y en esto estoy en buena compañía. El historiador Arnold J. Toynbee, notable por su profunda erudición, criticaba, hace más de tres décadas, el “enfoque estadístico” y la “cuantificación” que pasaban a predominar en el mundo contemporáneo, y que, a su juicio, tienen un valor bastante limitado en los “human affairs”. Para él, “the permanent and regular element in human affairs is human nature, – the whole psychosomatic unity of a human being” . Confesó él que, en la parte final de su monumental A Study of History, experimentó
“a sense of awe and wonder at human destiny, and human affairs in general, in which the historian is on common ground with the poet or the visual artist. So perhaps he is half-way between the scientist and the poet. (…)
I am very conscious of the tragedy of human events (…). When I study history I try to penetrate beyond the human phenomena to what lies behind them. (…) My curiosity leads me on to be curious about the nature and meaning of destiny (if there is such a thing), about existence as a whole. (…) For me history is a way of entering into and trying to comprehend the universe. Every human being has a feeling that life is mysterious, and every human being is to some extent trying to comprehend the incomprehensible” .
52. Cada caso de derechos humanos sometido a la consideración de esta Corte es un universo en si mismo, que, en mi percepción, revela – algunos con más densidad – las incertidumbres y los misterios que circundan la existencia humana, las indagaciones sobre el supuesto destino, y la tragedia de la condición humana. Un tribunal internacional de derechos humanos es llamado a conocer y pronunciarse sobre hechos que frecuentemente revelan la violencia y las injusticias que victimizan diariamente a tantos seres humanos. La naturaleza humana efectivamente no parece haber cambiado a lo largo de los siglos.
53. Me es difícil escapar de la impresión de que, someter la noble labor de un tribunal internacional de derechos humanos como esta Corte, a cuantificaciones y gráficos estadísticos, es trivializar indebidamente la misión que le está reservada. Cabría aquí una breve precisión adicional, también en relación con cuantificaciones que me parecen vacías de todo sentido. Casos bajo supervisión de ejecución de Sentencias de la Corte no son casos “en trámite”, así indebidamente caracterizados para intentar alimentar gráficos estadísticos de “productividad” de este Tribunal (e impresionar a los incautos). Son, más bien y precisamente, casos ya tramitados en cuanto al fondo y reparaciones, y que aguardan el cumplimiento integral de las respectivas Sentencias, o sea, casos total o parcialmente incumplidos por los respectivos Estados demandados hasta la fecha.
VII. El Imperativo Kantiano y el Debido Proceso Legal.
54. Esto me conduce a otra línea, correlata, de reflexión. La conceptualización de la persona humana fue enaltecida en el pensamiento de Emmanuel Kant, al reconocer a esta última una dignidad intrínseca, la cual exige respeto por uno mismo y en las relaciones de uno con todos los demás seres humanos. Cada persona, como ser moral (homo noumenon), sujeto de razón práctica, es un fin en sí misma, no pudiendo jamás ser tratada como un medio para los fines de otros. En sus Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres (1785) E. Kant enunció su célebre imperativo, según el cual cada persona debe obrar sólo según una máxima que aspire al mismo tiempo que se torne ley universal .
55. De ahí los imperativos de deber de cada ser racional, de uno con todos los demás. Cada ser racional existe como fin en sí mismo, y jamás como medio para los demás. Subyacente al razonamiento kantiano está el principio de la dignidad inherente a cada ser humano, el cual marca presencia, en nuestros días, en todo el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos . Su preocupación fundamental es con la protección de la dignidad humana, en toda y cualquier situación.
56. Se puede de ahí extraer algunas ilaciones. En primer lugar, el imperativo kantiano está siempre presente, cuando se trata de defender y preservar la dignidad de la persona humana, la dignidad de su propia humanidad. En segundo lugar, incide él en todas las esferas del relacionamiento humano, tanto en las relaciones de uno con agentes del poder público o estatal, como con otros seres humanos, con particulares . En tercer lugar, puede ser invocado en la protección de cada persona humana aisladamente, así como de grupos de personas amenazadas o lesionadas. Y, en cuarto lugar, puede ser invocado en la salvaguardia de distintos derechos humanos a ser protegidos.
57. En la concepción kantiana, el comportamiento (moral) del ser humano es guiado por la razón, y no por interés propio o búsqueda de ventajas personales. Su imperativo hipotético orienta a uno a alcanzar una determinada meta sin referencia a un valor intrínseco, mientras que su imperativo categórico orienta a uno a escoger un curso de acción de conformidad con el valor intrínseco de la meta a alcanzar . Es precisamente aquí que su actuar debe aspirar a que al mismo tiempo configure una ley universal (supra). En razón de su humanidad, cada persona es un fin en sí misma, jamás un medio, y debe así ser vista por los demás. El imperativo kantiano se reviste de un profundo sentido humanista.
58. E. Kant es clarísimo al advertir que el ser humano
“existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré; dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que dans celles qui concernent d’autres êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme fin” .
Su imperativo, – como él propio lo señala, – se extiende a todos los seres dotados de razón, a toda la humanidad, que debe ser considerada como un fin en si misma . Para Kant, “faire preuve d’humanité consiste à prendre part au sort des autres hommes; l’inhumanité est l’attitude de celui qui est indifférent au sort des hommes” .
59. El imperativo kantiano ha efectivamente sido invocado en la vindicación de distintos derechos humanos. Un ejemplo pertinente es el de las garantías del debido proceso legal. Es imperativo que un ser humano, que acude a un tribunal por considerar que sus derechos fueron lesionados, conozca las razones que motivaron la sentencia que le concierne, y se sienta libre para solicitar su interpretación si no le parece suficientemente clara. No se puede tratar a un justiciable como si fuera un simple medio en la así-llamada “administración u operación de la justicia” (para mencionar una expresión pos-moderna, que me parece particularmente irritante).
60. Cabe aquí invocar el imperativo kantiano, según el cual ninguna persona debe ser tratada como un simple medio (ni siquiera para la “operación de la justicia”), sino más bien como un fin en sí misma. Esto requiere escucharla atentamente en audiencia pública, darle las razones que fundamentan la decisión judicial que la concierne, aclarar las dudas que pueda todavía tener después de dicha decisión. Sólo así la persona justiciable no se sentirá como un medio (para la labor de otros), y pasará a sentirse como un fin en sí misma .
61. Hay deberes de justicia en relación con los demás, revestidos de cuño universal, entre los cuales se sitúa, en el pensamiento kantiano, el respeto (Hochachtung) del derecho de los demás; se impone a cada uno el deber de respetar el derecho de los demás . Y, como ya señalado, cada persona tiene el derecho de conocer las razones que sirvieron de fundamento de una sentencia que le concierne, y de participar con toda libertad [de expresión] en el juicio correspondiente. Si, al fin y al cabo, resta algo a aclarar, no hay razón para que el Tribunal se exima de hacerlo, – sin que esto implique en lo más mínimo una modificación, o deferencia a un aparente intento de impugnación, de la respectiva sentencia.
VIII. Aclaración y Fundamentación.
62. El artículo 67 de la Convención Americana dispone que “el fallo de la Corte será definitivo e inapelable”, y que “en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventas días a partir de la fecha de la notificación del fallo”. La indicación que se desprende del artículo 67 de la Convención Americana, es en el sentido de que el sentido o alcance del fallo debe ser aclarado en la Interpretación de Sentencia. Es precisamente lo que hizo la Corte, de forma ejemplar, en su histórica Interpretación de Sentencia del 03.09.2001 en el caso de Barrios Altos versus Perú (párr. 13), en la cual aclaró que, dada la violación constituida por las leyes de autoamnistía en el cas d’espèce, lo resuelto por la Corte en la Sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tenía efectos generales (párr. 18 y punto resolutivo n. 2).
63. La Corte dio, así, respuesta a la solicitud de interpretación sometida a la Corte en el caso Barrios Altos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al dejar claro que los efectos del punto resolutivo 4 de la Sentencia de fondo (del 14.03.2001) de la Corte tenían incidencia no sólo en aquel caso concreto, sino además, de modo genérico, en todos los casos de violaciones de derechos humanos en que se hubieran aplicado las referidas leyes de autoamnistía. Precisamente por haber aclarado el sentido o alcance del fallo en su Interpretación de Sentencia, tuvo esta un profundo impacto – hoy día bien conocido y reconocido en los círculos jurídicos latinoamericanos – en el ordenamiento jurídico interno no solamente del Estado demandado, sino también de distintos Estados de América del Sur. Además, contribuyó de manera valiosa al combate a la impunidad.
64. Si, en aquel caso histórico de Barrios Altos, la Corte Interamericana hubiera seguido un razonamiento restrictivo, en toda probabilidad no hubiera aportado la importante aclaración sobre algo que no estaba precisado en la Sentencia de fondo (del 14.03.2001) en el mismo caso Barrios Altos. El punto planteado a la Corte en la demanda de Interpretación de Sentencia no había sido tratado en el procedimiento contencioso que culminó en la mencionada Sentencia de fondo de la Corte, pero ni por eso dejó la Corte de proveer la aclaración solicitada a posteriori, precisamente para aclarar el sentido o alcance del referido fallo.
65. En su Interpretación de Sentencia en el caso Barrios Altos, la Corte actuó plenamente conciente de su rol fundamental de decir cuál es el Derecho. De ahí el impacto que tuvo su decisión en nuestra región, en nuestra parte del mundo, mucho más allá de lo que anticipábamos en 2001. El artículo 29(3) del Reglamento, invocado por la Corte en el dispositif de la presente Interpretación de Sentencia, no sirve de base a la decisión por ella tomada: el artículo 29(3) se refiere a la improcedencia de impugnación de sentencias y resoluciones de la Corte, – lo que no es el caso. Aquí nuevamente se torna presente su predisposición restrictiva, la cual, sumada al afán de “productividad” de decisiones, ni siempre producen resultados satisfactorios o bien fundamentados.
66. En realidad, esta tendencia viene ocurriendo ya hace algún tiempo (a partir de fines de 2004), como lo señalé en mi extensos Votos Disidentes (párrs. 1-49 y 1-75, respectivamente) en las Sentencias de excepciones preliminares (del 23.11.2004), y de fondo y reparaciones (del 01.03.2005), en el caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador . Para evocar otra ilustración, trascurrida media década desde la trascendental Interpretación de Sentencia en el caso Barrios Altos, la Corte ya no parecía más tener el mismo ánimo de aclarar lo planteado ante ella, v.g., en la demanda de Interpretación de Sentencia en el caso de la Comunidad Moiwana versus Suriname.
67. En su Interpretación de Sentencia del 08.02.2006 en este caso de la Comunidad Moiwana, la Corte se frenó y se autolimitó a tal punto que me vi en el deber de suplir, en un Voto Razonado (párrs. 1-32), lo que la Corte prefirió abstenerse de hacer. Centré mis reflexiones en tres puntos, a los cuales atribuí particular importancia, a saber: a) la delimitación, demarcación, titulación y entrega de la tierra como forma de reparación (no-pecuniaria); b) la garantía del retorno voluntario y sostenible (de los miembros desplazados de la Comunidad); y c) la necesidad de reconstrucción y preservación de la identidad cultural . En aquél caso de la Comunidad Moiwana, como en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, me he mantenido fiel, – como en todo mi período como Juez Titular de la Corte Interamericana, – a mi concepción del rol fundamental de un tribunal internacional de derechos humanos, el cual no se agota en “resolver” una controversia sometida a su conocimiento, sino requiere, además, de él, decir cuál es el Derecho.
IX. El Primado del Derecho en Cualesquiera Circunstancias, inclusive en la Lucha contra el Terrorismo.
68. En los últimos años, los casos de violaciones de derechos humanos en medio a un estado crónico de violencia generalizada han generado dificultades que ultrapasan el plano puramente conceptual, y se extienden al propio alcance del derecho aplicable y a la determinación de los titulares del derecho a la reparación. Por consiguiente, considero de todo apropiado dedicar las consideraciones que siguen, del presente Voto Razonado, a los distintos aspectos del primado del derecho aún en circunstancias de violencia crónica, inclusive en la llamada lucha contra el terrorismo. La cuestión ocupa una posición central en la presente Interpretación de Sentencia en el caso de la Prisión de Castro Castro.
1. Las Víctimas de Masacres.
69. Los casos de masacres que hoy día alcanzan los tribunales internacionales (Cortes Interamericana y Europea) de derechos humanos, han generado grandes dificultades – quizás perplejidades – para los estudiosos no sólo para el Derecho (v.g., la determinación de las víctimas para efectos de reparaciones) sino también para las ciencias sociales en general. De inicio, el fenómeno de los masacres desafía todo intento de comprensión: no parece tener cualquier sentido o propósito, es profundamente perturbador, parece ser producto de la locura y crueldad humanas.
70. En seguida, no se presta a cualquier intento de “teoría general”: cada masacre – exterminio de no-combatientes, – entre hombres y mujeres, niños y ancianos, – en general enteramente indefensos, ha sido perpetrado en un determinado contexto histórico, político y cultural distinto . Dicho fenómeno difícilmente se prestaría a cualquier intento de generalización.
71. Por otro lado, los autores intelectuales y materiales de los masacres intentan sistemáticamente caracterizar las víctimas, aunque inocentes e indefensas, como “enemigos” que deben ser eliminados o exterminados, – buscan, en suma, deshumanizarlas antes de matarlas . Con esto, buscan “protegerse” del propio sentimiento de culpa por sus actos de extrema crueldad. El elemento de la intencionalidad parece estar siempre presente, a mi juicio como circunstancia agravante, inclusive para efectos de reparaciones.
72. La noción de “masacre” empieza a ser tomada como una “unité lexicale de référence”: en dichos casos de masacres, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas fatales traen consigo la carga de sus sufrimientos personales sumados a los sufrimientos de los que fueron masacrados . Es esta una circunstancia agravante, sumada a la premeditación e intencionalidad que conllevaron a la perpetración de los masacres. En fin, en los esfuerzos por lograr la justicia restaurativa, hay necesariamente que tomar en cuenta los profundos efectos traumáticos de las masacres, no sólo y obviamente en las víctimas y sus familiares, sino también en el propio tejido social, en la propia población por afectada por las masacres como un todo.
73. Significativamente, el hecho de que víctimas de masacres, y personas que se encuentran en situaciones de la más aguda adversidad (como, inter alii, los detenidos en condiciones infra-humanas), logran hoy día alcanzar la jurisdicción internacional para hacer valer sus derechos. Tal hecho, – difícil de anticipar hace algunas décadas, – revela los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en medio a tantas dificultades. Constituye, en mi percepción, una de las manifestaciones de la humanización del Derecho Internacional contemporáneo, que revela, además, el impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Internacional Público, y, en última instancia, lo que yo conceptuaría como la evolución corriente del Derecho Internacional hacia el Derecho de Gentes .
74. Esta evolución viene a rescatar las raíces del pensamiento humanista, y su florecimiento a lo largo de los tiempos, en medio a las sucesivas atrocidades perpetradas por los individuos contra sus semejantes. Recuérdese, por ejemplo, que, en fines del siglo XVIII (en 1793), en luminoso ensayo escrito poco antes de ser ejecutado, Condorcet advertía que existía
“une science du droit des gens: mais malhereusement on chercha des lois des nations, non dans la raison et la nature (…). On s’occupa moins des droits de l’humanité, de la justice envers les individus, que de l’ambition, de l’orgueil ou de l’avidité des gouvernements” .
No obstante, agregaba él con admirable esperanza que
“les principes de la philosophie, les maximes de la liberté, la connaissance des véritables droits de l’homme et de ses intérêts réels, sont répandus dans un trop grand nombre des nations, et dirigent dans chacune d’elles les opinions d’un trop grand nombre d’hommes éclairés, pour qu’on puisse redouter de les voir jamais tomber dans l’oubli” .
2. La Salvaguardia de los Derechos Humanos en Medio a la Lucha contra el Terrorismo.
75. El presente caso de la Prisión de Castro Castro no es el primero en que se plantea ante la Corte Interamericana la cuestión de la salvaguardia de los derechos humanos en medio a una situación prolongada de lucha contra el terrorismo. Recuérdese que, hace una década, ya en el caso Loayza Tamayo versus Perú (Sentencia del 17.09.1997), en su valoración de las pruebas, la Corte tomó nota de lo señalado por el Estado demandando “en cuanto al terrorismo”, el que conducía, – en su evaluación, – a “una escalada de violencia en detrimento de los derechos humanos”. La Corte advirtió, sin embargo, que no se podían invocar “circunstancias excepcionales en menoscabo de los derechos humanos”. Y agregó que
“Ninguna disposición de la Convención Americana ha de interpretarse en el sentido de permitir, sea a los Estados Partes, sea a cualquier grupo o persona, suprimir el goce o ejercicio de los derechos consagrados, o limitarlos, en mayor medida que la prevista en ella (artículo 29(2). Dicho precepto tiene raíces en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 30)” (párr. 44).
76. En el mismo caso Loayza Tamayo, en relación con el fondo, la Corte volvió a advertir que
“Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana (…) en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona” (párr. 57).
77. En realidad, al interpretar y aplicar la Convención Americana, como le corresponde, en relación con los casos concretos sometidos a su conocimiento, la Corte Interamericana ha reiteradas veces sostenido el primado del Derecho, y la integridad y salvaguardia de los derechos protegidos, aún en las circunstancias más difíciles, como, v.g., la de la lucha contra el terrorismo. Así, en el caso Cantoral Benavides versus Perú (Sentencia del 18.08.2000), por ejemplo, reiteró la Corte que “las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona” (párr. 96).
78. Del mismo modo, en el caso Maritza Urrutia versus Guatemala (Sentencia del 27.11.2003), la Corte volvió a advertir que
“La prohibición de la tortura es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas” (párr. 89).
79. La Corte reiteró esta advertencia ipsis literis en los casos de los Hermanos Gómez Paquiyauri (Sentencia del 08.07.2004, párr. 111), y de Lori Berenson (Sentencia del 25.11.2004, párr. 100), ambos relativos al Perú, así como en el caso Tibi versus Ecuador (Sentencia del 07.09.2004), en que además afirmó que “existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio del jus cogens (párr. 143). Aún sobre la materia en examen, en mi Voto Razonado en el caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia (Sentencia del 15.09.2005), me permití ponderar que
“No se combate el terror con el terror, sino en el marco del Derecho. Los que acuden al uso de la fuerza bruta se brutalizan ellos mismos, creando una espiral de violencia generalizada que termina por victimar los inocentes (…).
La fuerza bruta genera la fuerza bruta, y, al final, qué tenemos? La nada, la devastación general, la descomposición del tejido social, las venganzas, las torturas y ejecuciones sumarias y otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la transformación de los seres humanos en meros instrumentos de la confrontación y destrucción, – abriendo heridas que requerirán generaciones para cicatrizar” (párrs. 46-47).
80. En confirmación del entendimiento sostenido de la Corte sobre el punto en examen, la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002) dispone, en su artículo 15, que las medidas adoptadas por los Estados Partes de conformidad con su normativa “se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales” (párr. 1). Salvaguarda, en seguida, las obligaciones convencionales de los Estados Partes, de conformidad con “el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados” (párr. 2). Y agrega que “a toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional” .
3. Las Víctimas y las Precisiones en cuanto al Derecho Aplicable.
81. En mi Curso General de Derecho Internacional Público , ministrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 2005, al referirme a Informes finales de Comisiones de la Verdad contemporáneas , me permití señalar precisamente que
“They warn against responding to crimes committed by non-State entities (including terrorist groups) with crimes perpetrated by the State itself: the results are invariably the disruption of the rule of law (État de droit), social decomposition, killings of innocent people, impunity and corruption” .
En la misma línea de pensamiento, agregué, en mi Voto Razonado en el caso Acosta Calderón versus Ecuador (Sentencia del 24.06.2005), que “los graves males de nuestros tiempos, – el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, entre otros tantos, – deben ser combatidos dentro del Derecho, pues simplemente no se puede enfrentarlos con sus propias armas: dichos males sólo pueden ser vencidos dentro del Derecho” (párr. 8).
82. A su vez, las víctimas de violaciones de derechos humanos en consecuencia de actos terroristas pueden encontrarse en situaciones jurídicas distintas, en caso de que dichos actos hayan sido perpetrados, por un lado, por simples particulares o agentes clandestinos o no-identificados, o, por otro lado, por agentes del propio Estado. Unas y otras víctimas encuéntranse, todas, bajo la protección del Derecho, aunque el derecho aplicable sea distinto en uno caso u otro. La preocupante diversificación contemporánea de las fuentes de violaciones de los derechos humanos ni por eso priva o sustrae a las víctimas de la protección del Derecho, que a ellas es debida, en todas y cualesquiera circunstancias.
83. Las víctimas de violaciones de derechos humanos imputables al Estado cuentan con la protección de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (a la par de los derechos constitucionalmente consagrados), el cual determina precisamente la responsabilidad internacional del Estado, – mientras que las víctimas de actos terroristas imputables a agentes o grupos no-estatales cuentan con la protección de la normativa del derecho penal, que determina precisamente la responsabilidad penal de individuos, y cuya aplicación debe estar en conformidad con la normativa internacional de derechos humanos que vincula el Estado en cuestión. De ese modo, nadie queda sustraído a la protección del Derecho, aunque el derecho aplicable sea distinto según las circunstancias de cada caso concreto.
84. Tanto el Estado a través de sus poderes o agentes, como los simples particulares (inclusive agentes clandestinos o no-identificados), están obligados a no violar los derechos inherentes a la persona humana. Dicha obligación encuéntrase consagrada, sea en los tratados de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (que vinculan el Estado en cuestión), sea en las normas del derecho penal interno (que deben ser aplicadas en conformidad con aquellos tratados). Las víctimas de actos terroristas o sus familiares cuentan con el derecho penal para buscar la justicia. Como ha señalado un estudio reciente sobre la materia,
“The issue of the obligations of the non-State actor as regards the right to life hardly arises in practice. Taking a life is clearly illegal under national law and there would normally be no reason to raise this before a national court in terms of human rights law” .
85. Se puede, sin embargo, acudir a la normativa de derechos humanos, para reforzar la argumentación legal en el marco del derecho penal interno, e inclusive para buscar la aplicabilidad de las normas relevantes de los tratados de derechos humanos que vinculan al Estado en cuestión en el ámbito de su derecho interno. Pero si los actos terroristas contaron con la participación, o connivencia, o conocimiento y negligencia del Estado en cuestión, – dotado del poder legiferante en materia penal, entre otras materias, – comprometiendo prontamente su propia responsabilidad internacional, aplícase de inmediato la normativa pertinente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para la determinación de la responsabilidad del Estado.
86. Además de esto, como los hechos son más ricos que las normas y requieren de éstas un constante aggiornamento, inclusive para extender mayor protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, hay situaciones de alta complejidad que requieren clarividencia, de parte del tribunal o juez llamado a dirimir un diferendo, en cuanto a la propia identificación del derecho aplicable. Un ejemplo se encuentra en la determinación del efecto potencial de un tratado de derechos humanos en relación a terceros (el Drittwirkung), – que podrían ser los perpetradores de actos terroristas.
87. La incidencia de la normativa internacional de derechos humanos se daría, en tales circunstancias, a partir de la teoría de las obligaciones positivas de protección por parte del Estado. En el sistema europeo de protección, encuéntrase este punto desarrollado, v.g., en monografía pionera, por el jurista luxemburgués Dean Spielmann . En el sistema interamericano de protección, el mismo punto encuéntrase desarrollado en numerosos de mis Votos en el seno de esta Corte acerca del Drittwirkung . Si el Estado no asume sus obligaciones positivas de protección, se configura su responsabilidad por negligencia u omisión en el plano internacional, concomitantemente con la responsabilidad penal de los perpetradores de actos terroristas en el plano del derecho interno.
88. El Estado es responsable por la protección de todas las personas bajo su jurisdicción, por la seguridad de la persona humana, inclusive contra actos terroristas. No puede, sin embargo, con este propósito (asegurar la seguridad humana), practicar él mismo actos terroristas; debe actuar dentro del Derecho. Y aquí paso a un segundo ejemplo de situación de alta complejidad. Me refiero a una situación de violencia generalizada, de conflicto armado interno o no-internacional: en tal situación, a la par de la aplicación del derecho penal a los perpetradores de actos terroristas, y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación con violaciones perpetradas por órganos o agentes del Estado, también se aplica – con sus actuales carencias institucionales – el Derecho Internacional Humanitario.
89. Hace años vengo sosteniendo la aplicación concomitante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (cf. infra). Importa, en última instancia, asegurar que nadie quede fuera de la protección del Derecho. La cuestión del ámbito preciso de las personas destinatarias de la normativa del Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados internos o no-internacionales ha dado margen a debates y controversias. La doctrina inclínase por considerar a todos involucrados en tales conflictos, inclusive los que apoyan las partes en ellos involucrados, como destinatarios de aquella normativa, y vinculados por ella . La aplicabilidad del Derecho Internacional a todos los involucrados en conflictos armados internos tiene el efecto de fortalecer gradualmente la protección de los indefensos , de las víctimas potenciales.
90. Esto significa que, movido por las propias necesidades de protección, el Derecho Internacional Humanitario ha trascendido su óptica inter-estatal del pasado, y hoy extiende su ámbito de aplicación también a entidades y grupos no-estatales, a grupos armados que se oponen en conflictos internos, que pueden tener su responsabilidad penal comprometida (cf. infra). Este desarrollo no se limita al plano puramente doctrinal, y ha encontrado hoy expresión también en la jurisprudencia internacional: recientemente, la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona sostuvo, en el caso Prosecutor versus Sam Hinga Norman (jurisdicción, decisión del 31.05.2004), que
“it is well settled that all parties to an armed conflict, whether States or non-State actors, are bound by International Humanitarian Law, even though only State may become parties to international treaties” .
91. Así, las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario se imponen tanto a los Estados como a individuos y grupos, a entidades no-estatales, a insurgentes armados en general, y este notable desarrollo del Derecho Internacional Humanitario no ha sido cuestionado por los Estados en la práctica . Él atiende, además, a las crecientes necesidades de protección del ser humano en situaciones de conflicto armado interno (y también internacional). De ese modo, la responsabilidad del individuo, actuando aisladamente o en grupos, puede configurarse por violación del Derecho Internacional Humanitario.
92. Este último prohíbe cualquier acto de terrorismo. Recuérdese, al respecto, que la IV Convención de Ginebra de 1949 sobre la Protección de Civiles expresamente prohíbe inter alia cualquier acto de intimidación o de terrorismo (artículo 33). Esta disposición sirvió de base para la prohibición absoluta subsiguiente, consignada en el Protocolo Adicional II de 1977 a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, de “actos de terrorismo” (artículo 4(2)(d)). En relación con la protección de la población civil, el Protocolo Adicional II prohíbe cualesquiera actos o amenazas de violencia con el propósito de diseminar el terror en la población civil (artículo 13(2)). Esta misma prohibición se encuentra igualmente consagrada en el Protocolo Adicional I (artículo 51(2)). La referencia a “actos o amenazas de violencia” torna la prohibición particularmente amplia, de modo a abarcar “todas las circunstancias posibles” .
93. El reconocimiento de que las violaciones del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados (internacionales o internos) configuran la responsabilidad penal individual ha sido considerado como un “acontecimiento histórico” . Esto ocurre con aún mayor rigor cuando se trata de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (artículos 50/51/130/147 de las Convenciones I-IV de Ginebra de 1949, además del artículo 85 del Protocolo Adicional I de 1977), en relación a las cuales los Estados Partes en las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 están obligados a cerciorarse de que su legislación prevé las “sanciones penales adecuadas” a ser aplicadas, a los responsables, por los propios tribunales nacionales (artículos 49/50/129/146 de las Convenciones I-IV de Ginebra de 1949) .
94. En la práctica, varios Estados ya han adaptado su legislación nacional a los requisitos de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, práctica ésta que se ha ampliado a partir de mediados de la década de noventa, con la creación de los Tribunales Penales ad hoc para la Ex-Yugoslavia y para Rwanda . En nada sorprende, pues, que, en los últimos años, las atenciones se vengan centrando – en la teoría y la práctica – en la implementación nacional (en el plano del derecho interno de los Estados) de la normativa del Derecho Internacional Humanitario .
95. Las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (que son violaciones graves también de los derechos humanos), consignadas en las cuatro Convenciones de Ginebra y el Protocolo Adicional I (supra) han venido marcando presencia también en el Estatuto de Roma de 1998 del Tribunal Penal Internacional ; su artículo 8, al identificar los elementos de los crímenes de guerra, por ejemplo, contiene una lista bien más amplia (que la de las cuatro Convenciones de Ginebra) de las referidas violaciones graves . El concepto de dichas violaciones graves en materia de crímenes de guerra se extiende hoy día también a violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (y de los derechos humanos) perpetrados en conflictos armados internos o no-internacionales.
96. Esto desvenda otra situación en medio a la complejidad de los conflictos armados (internos o no-internacionales, así como internacionales) contemporáneos: en caso de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (o de los derechos de la persona humana) , tiene aplicación el Derecho Penal Internacional contemporáneo. Quedan claras las complejidades de situaciones de conflictos armados (internos o internacionales), que revelan la apremiante necesidad de protección de todas las víctimas, y de provisión de reparación a todas ellas, o sea, – las víctimas de actos terroristas perpetrados tanto por simples particulares (inclusive agentes clandestinos o no-identificados) como por el propio Estado. En tales circunstancias, todos se encuentran vinculados por las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional.
97. En el pasado, la justicia retributiva y la justicia restaurativa han sido abordadas paralelamente, de forma compartimentalizada. Sin embargo, en los últimos años, parece formarse una nueva tendencia, reflejada en avances recientes en el Derecho Penal Internacional (a partir de la adopción del Estatuto de Roma de 1998), de dejar de contraponer la justicia retributiva (centrada en la sanción de la conducta criminosa) a la justicia restaurativa (atenta a la situación de las víctimas y su rehabilitación). En mi entendimiento, la justicia retributiva y la justicia restaurativa no se autoexcluyen, sino más bien se complementan. Hay una convergencia entre la búsqueda de la justicia mediante la sanción de los responsables por violaciones de los derechos humanos (la justicia retributiva) y la búsqueda de la rehabilitación de las víctimas de tales violaciones (la justicia restaurativa) .
4. La Hermenéutica Integradora y la Protección del Derecho.
98. Es así que se combate el terrorismo: dentro del Derecho. Aquí, el Derecho Internacional Humanitario viene al encuentro del derecho penal interno para sancionar los responsables por aquellas violaciones graves, atendiendo así a los reclamos por justicia de los victimados por actos terroristas. Lo que es inadmisible, además de criminal, es combatir el terrorismo con sus propias armas, acudiendo al terrorismo de Estado, y multiplicando de ese modo el número de víctimas inocentes e indefensas. También los desarrollos recientes y notables en el Derecho Penal Internacional vienen impulsar estas nuevas aproximaciones o convergencias, – ahora entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. Fue necesario esperar tantos años para que esto ocurriese, lo que hoy se debe al despertar de la conciencia jurídica universal – a mi juicio fuente material última de todo el Derecho – para atender a una apremiante necesidad de protección de la persona humana en situación de conflictos armados.
99. Estas nuevas aproximaciones o convergencias se suman a las otras que, durante años, vienen siendo objeto de mi reflexiones y estudios, a saber, las aproximaciones o convergencias – en los planos normativo, hermenéutico y operativo – entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Refugiados ; a éstas tres vertientes se protección hay que agregar hoy día el Derecho Penal Internacional contemporáneo en plena evolución (con su impacto en el derecho interno de los Estados). A mi juicio, el Derecho es uno sólo, y todas estas vertientes deben ser abordadas desde la perspectiva de una hermenéutica necesariamente integradora.
100. En el presente dominio de protección de la persona humana, todavía resta un largo camino que recorrer, no obstante los significativos avances de la doctrina y práctica jusinternacionalistas en los últimos años. Se han dado los primeros pasos, en los planos nacional e internacional, en la lucha contra la impunidad, y en pro de la prevalencia del derecho a la verdad y a la justicia. En su demanda de interpretación, del 15 de marzo de 2007, de la Sentencia de fondo y reparaciones en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, el Estado peruano invocó el derecho a la verdad (párr. 52), al mismo tiempo en que reconoce la labor en pro de este derecho realizada en el Perú por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (párr. 5.20), debidamente tomado en cuenta por la Corte Interamericana (párr. 5.23).
101. El Estado recurrente se refirió a la comprobada “multiplicidad de hechos criminales” perpetrados por integrantes del Sendero Luminoso que victimaron la población y que “se mantienen en la conciencia colectiva de la nación” (párr. 5.20), al mismo tiempo en que reconoció que ellos “no son parte directa en este caso” de la Prisión de Castro Castro (párr. 5.2). Es comprensible que el Estado recurrente evoque, en el mismo escrito, la protección de todas las víctimas (párr. 6.20), en el trágico conflicto armado que flageló el país, y en particular su población, así como busque una aclaración del derecho aplicable y de los avances doctrinales recientes al respecto (párr. 6.2).
102. Lo que no es cierto (exacto) es presumir que el sistema jurídico internacional no esté construido para situaciones como las del referido conflicto armado peruano (párr. 6.27). Las consideraciones que desarrollé anteriormente revelan un cuadro de complejidades que conllevan más bien a precisiones en cuanto al derecho aplicable (cf. supra). Pero – permítome insistir en este punto – nadie se encuentra fuera de la protección del Derecho. En cuanto a la Corte Interamericana, su jurisdicción, en los términos de la Convención Americana, está dirigida a la determinación de la responsabilidad del Estado, para lo que debe atenerse a los hechos constantes de la demanda. Pero la normativa de protección de la Convención Americana no excluye la aplicación concomitante del Derecho Internacional Humanitario, y la del derecho penal (interno e internacional); y esta última está dirigida a la determinación de la responsabilidad penal individual.
103. En sucesivos Votos Razonados y Concurrentes que he presentado en diversas Sentencias de esta Corte, he sostenido la complementaridad (e inclusive la aplicación concomitante en determinadas circunstancias) de la normativa pertinente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y del Derecho Internacional de los Refugiados (DIR). Sobre este punto, me permito referirme a mi Voto Razonado en el caso Las Palmeras versus Colombia (excepciones preliminares, Sentencia del 04.02.2000), mi Voto Razonado en el caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (fondo, Sentencia del 25.11.2000), mi Voto Concurrente en el caso del Pueblo Indígena Kankuamo versus Colombia (Resolución del 05.07.2004), mi Voto Concurrente en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó versus Colombia (Resolución del 15.03.2005), entre otros.
104. En la misma línea de razonamiento, he sostenido, además, la necesidad de promover la complementaridad de la responsabilidad internacional del Estado y de la responsabilidad penal internacional del individuo, de modo a revelar una necesaria confluencia entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional contemporáneos . En este sentido me he pronunciado en mi Voto Razonado en el caso de Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 18.09.2003), mi Voto Razonado en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez versus Guatemala (fondo, Sentencia del 20.04.2004), mi Voto Razonado en el caso de Goiburú y Otros versus Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), mi Voto Razonado en el caso Almonacid Arellano versus Chile (Sentencia del 26.09.2006), entre otros.
105. De ese modo, nadie está sustraído a la aplicación del Derecho, ni las víctimas de violaciones de sus derechos por órganos o agentes del Estado, ni las víctimas de violaciones de sus derechos por actos terroristas. No diviso imposibilidad o dificultad alguna para que la Corte Interamericana aclarase este punto en la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro; no lo hizo porque no lo quiso hacer, pero a mi juicio debería haberlo hecho. Si lo hubiera hecho, no estaría actuando ultra vires, sino más bien cumpliendo su función a cabalidad en las circunstancias del cas d’espère, aclarando debidamente el sentido y alcance de su anterior Sentencia, de fondo y reparaciones, del 25.11.2006, en el caso de la Prisión de Castro Castro.
106. En el presente caso, el Estado recurrente no fue el único a solicitar interpretación de aquella Sentencia; también los abogados de las víctimas (otros que la representante de las víctimas y el interveniente común) solicitaron aclaraciones sobre puntos distintos. La Corte aclaró una demanda de interpretación, esta última, pero a mi juicio no aclaró, de forma suficiente o satisfactoria, los puntos suscitados en la demanda estatal de interpretación.
107. A mi juicio, si hubiera aclarado todos los puntos planteados ante ella en el presente proceso de Interpretación de Sentencia, hubiera la Corte contribuido a fortalecer inclusive la posición de las víctimas en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, en el marco del rule of law bajo la Convención Americana. Hubiera, además, resuelto con claridad la cuestión central planteada en la demanda estatal, imbuida del reconocimiento de la importancia de la razón y la persuasión en su fundamentación de la Sentencia de Interpretación. Como la Corte se abstuvo de hacerlo, dejo aquí constancia de mi propio razonamiento personal, en el presente Voto Razonado, como fundamento de mi posición al respecto.
X. La Ceguera de la Venganza Privada y el “Ojo que Llora” Aún Más.
108. En mi Voto Razonado en la anterior Sentencia de fondo y reparaciones (del 25.11.2006) en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, me permití ponderar que
“(…) De los escombros del bombardeo de la Prisión de Castro Castro, de la devastación del ataque armado perpetrado contra sus internos indefensos los días 06 al 09 de mayo de 1992, de la sangre de sus víctimas amontonadas, de las brutalidades prolongadas en el tiempo, de los daños causados a los ojos de los internos por las esquirlas (armas de fragmentación) y los gases, – de toda esa masacre sin piedad, emerge la conciencia humana manifestada y simbolizada hoy día por el monumento “El Ojo que Llora” , en reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y como expresión de solidaridad con ellas.
La solidaridad y, mediante la presente Sentencia de esta Corte, la justicia, por fin se sobrepusieron a la victimización criminal. Hoy, “El Ojo que Llora” desafía el pasar del tiempo, o pretende hacerlo, en señal de arrepentimiento por los ojos que ardieron o fueron perforados en la Prisión de Castro Castro, y de enseñanza de que a cada uno cabe perseverar en la búsqueda de su propia redención. Dada la finitud del tiempo existencial, hay los que buscan su superación mediante las expresiones del espíritu. En el presente caso, “El Ojo que Llora” lo demuestra. (…)” (párrs. 19-20).
109. En la presente Sentencia de Interpretación, la Corte se refiere al monumento “El Ojo que Llora”, en el marco de una precisión que formula en cuanto a una medida de reparación no-pecuniaria en beneficio de las víctimas y sus familiares en el cas d’espèce (párr. 57). En el período trascurrido entre la anterior Sentencia de fondo y reparaciones, y la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro, ocurrió un incidente que constituye, en mi entender, motivo de gran preocupación.
110. Es este incidente, más que la consideración de la Corte, que me permito abordar en las consideraciones que siguen, pues considero que no debe pasar aquí desapercibido. Ya me referí, en el presente Voto Razonado, al pasaje histórico del ciclo de destrucción de la venganza privada al advenimiento de la justicia pública, con el correspondiente primado del Derecho sobre la fuerza bruta, – eternizado en la trilogía de tragedias de La Orestíada de Ésquilo, en la antigua Grecia (cf. supra). Parece que ni siempre este pasaje se ha dado en forma linear, sino mediante avances y retrocesos, propios de la triste condición humana.
111. El referido incidente – que pronto se tornó de conocimiento público y notorio – ocurrió el día domingo 23.07.2007, cuando un grupo de manifestantes de identidad desconocida atacó al memorial “El Ojo que LLora” en Lima, dedicado a las víctimas de la represión y violencia políticas que flagelaron el país entre 1980 y 2000. Los manifestantes, en un chocante acto de vandalismo, golpearon el monumento, destruyeron una parte fundamental de su piedra central, sacaron de su sitio diversas piedras con los nombres de las víctimas, y rompieron parte de ellas. Fue un acto de violencia, esta vez dirigida contra el respeto a la memoria de los que perdieron la vida durante el ciclo de dos décadas de extrema violencia que flageló el país. Como la cuestión de la memoria colectiva de todas las víctimas de la tragedia peruana encuéntrase subyacente a toda la presente demanda estatal de Interpretación de Sentencia, no puedo dejar de consignar en este Voto Razonado mis reflexiones sobre este incidente.
112. Los agresores del memorial, no conmovidos con las numerosas víctimas fatales de violencia de distintas procedencias, volvieron su odio en contra de un memorial en respeto a la memoria de los victimados. Fue un ataque, a la vez, contra el futuro (la búsqueda de la paz con justicia en el Perú) y el pasado (el respeto por los muertos, a las víctimas de la violencia y represión). Su acto de vandalismo generó prontamente manifestaciones públicas – que también se tornaron de conocimiento público y notorio – de repudio al ataque al monumento, que culminaron en una movilización pública en el Campo de Marte, en Lima, el día jueves 27.09.2007, que rindió un acto de desagravio al memorial “El Ojo que Llora”. Todas las víctimas, – las del terrorismo del Sendero Luminoso así como las del terrorismo de Estado, – deben ser reverenciadas por la memoria de sus seres queridos sobrevivientes y de todo el medio social.
113. Las formas de dar expresión al deber de memoria – en el ejercicio del derecho a la memoria – varían, – el monumento “El Ojo que LLora” es una de ellas, – pero son todas emanaciones del espíritu humano, de los lazos de solidaridad entre los vivos y sus muertos, que los actos de vandalismo no consiguen afectar. Actos de vandalismo como el perpetrado contra el monumento “El Ojo que LLora” son movidos por un odio ciego, y perpetrados en vano, pues no alcanzan el objetivo nefasto que persiguen, el de borrar la memoria de las víctimas. La memoria, y el respeto por los muertos, han sobrevivido, a lo largo de la historia, al odio, a los vanos intentos de borrarlos.
114. En la historia de la humanidad hay sucesivos ejemplos de este primado del espíritu sobre la materia, – primado este que parece generar la desesperación en los vándalos, auto-consumidos por su propio odio. A lo largo de la historia se han destruido monumentos, memoriales, templos y obras de arquitectura, obras de arte y de literatura, archivos y bibliotecas . Los que han hecho la guerra no se han contentado en matar los seres humanos (rotulados como “enemigos”), incluidos ahí los ancianos, las mujeres y los niños indefensos; han destruido familias enteras, y han, además, buscado destruir la historia de las víctimas, su historia, su modo de pensar, su identidad cultural, las expresiones concretas de sus sentimientos, su memoria.
115. Aquí se han equivocado: es imposible imponer el olvido. Los productores de cadáveres no han logrado aniquilar el espíritu de los victimados, que sobrevive en sus seres queridos que los recuerdan con nostalgia, y, en definitiva, en todo su medio social. La búsqueda de la justicia abarca también la preservación de la memoria, el honor a los victimados, a todos los victimados del terrorismo (perpetrado por grupos clandestinos así como por el propio Estado). Las manifestaciones de la identidad cultural encuéntranse igualmente al abrigo y amparo del Derecho, como lo ilustra la normativa pertinente de numerosos tratados contemporáneos de derechos humanos y de protección de los bienes y expresiones culturales .
116. Tampoco los más fieles amigos del ser humano, los buenos libros, han escapado de la voracidad de los guerreros, asesinos y vándalos a lo largo de la historia. Tanto es así que ya se han producido inclusive versiones de la historia universal de la destrucción de los libros . Aunque hayan destruido bibliotecas enteras, y libros de perseguidos que se transformaron en autores universales (como, entre tantos otros, Dante Alighieri), en distintas épocas históricas, invocando para esto “razones de Estado”, no han logrado destruirlos como lazos de memoria. En efecto, la memoria de los victimados ha sobrevivido a las más horribles atrocidades, no obstante los intentos de encubrirlas y de imponer el olvido.
117. En sus recuerdos de la guerra civil española, por ejemplo, George Orwell denuncia las mentiras que llevaron centenas y centenas de personas a la lucha armada y a la muerte, y que buscaron en seguida deshonrar los muertos . Ante la posibilidad de que tantas mentiras pasasen a la historia, confesaba “la sensación de que el propio concepto de verdad objetiva está desapareciendo del mundo” . Confesaba además su temor ante el propósito de los “liderazgos” en el poder de controlar no sólo el futuro, sino también el pasado; “esta perspectiva”, – agregaba G. Orwell, – “me asusta mucho más que las bombas” .
118. Al recordarse de un miliciano italiano que había conocido y que desapareció en aquella guerra civil, G. Orwell expresó, en verso, toda su repugnancia por la guerra y la inutilidad de los sacrificios humanos, al mismo tiempo en que también afirmó su fe en la conciencia humana y en el primado del espíritu sobre la materia:
“(…) Su nombre y sus actos fueron olvidados,
Antes que sus huesos se secaran,
Y la mentira que lo mató fue enterrada
Por debajo de una mentira aún mayor;
Pero lo que vi en sus rostro
Ningún poder consigue desheredar:
Ninguna bomba irá jamás
Quebrar el cristal del espíritu” .
119. Sin embargo, la memoria humana ha sobrevivido a una sucesión de brutalidades, y hoy la conciencia humana ha despertado para el deber de memoria y el derecho de memoria, en sus dimensiones tanto individual como social. Para este despertar ha contribuido decisivamente la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general (movida, como la de todo el Derecho, por la conciencia jurídica universal), y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en particular, sobre todo en sus Sentencias en casos de gran densidad cultural, como, v.g. los casos Bámaca Velásquez versus Guatemala (2000-2002) y Comunidad Moiwana versus Suriname (2005-2006), de cuyas audiencias públicas me acuerdo como si hubieran ocurrido ayer. Ante la triste condición humana, hay que seguir luchando por el primado de la memoria de las víctimas sobre la crueldad humana.
120. En efecto, en las últimas décadas parece haberse despertado la conciencia humana para el deber de memoria de las víctimas de brutalidades y atrocidades. Esto se viene materializando mediante la construcción, en diferentes partes del mundo, de memoriales, “sitios de conciencia”, “museos pedagógicos”, monumentos . Varias veces se ha sentido la necesidad de inscribir los trazos de la memoria en la piedra , para que resistan al pasar del tiempo. Estos esfuerzos o iniciativas de memorialización – en los cuales se inserta el monumento “El Ojo que Llora” – buscan recordar y honrar a las víctimas, meditar sobre las atrocidades del pasado (y la necesidad de que se asuma responsabilidad por ellas), extraer de ellas lecciones para el presente y el futuro, buscando asegurar que no más se repitan.
121. Favorecen efectivamente un espíritu más crítico y una mayor concientización sobre hechos pasados, intentando evitar que los abusos y violaciones graves de los derechos humanos vuelvan a ocurrir en el presente y el futuro. Aún así, – y tal como lo revela el reciente ataque al monumento “El Ojo que Llora” en Lima, – las heridas del pasado están todavía abiertas, no han cicatrizado. Muchas heridas toman un largo tiempo, quizás décadas o generaciones, para cicatrizar. Es cierto que el cumplimiento del deber de memoria es una forma de reparación simbólica a las víctimas (y sus familiares), pero también es cierto que la preservación de la memoria colectiva ha enfrentado dificultades hasta la fecha.
122. Entre tales dificultades, se han identificado algunas, como, por ejemplo: a) los memoriales no garantizan que los abusos y atrocidades del pasado no vuelvan a ocurrir; b) ni siempre ha habido consenso sobre la inclusión de nombres de víctimas en memoriales (v.g., la búsqueda de identificación de “víctimas inocentes”); c) ni siempre la memoria histórica es más aguda poco después de la ocurrencia de los hechos violatorios de los derechos humanos (puede ocurrir que se torne más aguda con el pasar del tiempo); d) la percepción de hechos pasados se altera con el pasar del tiempo; y e) todavía no hay mucha claridad en cuanto a la correlación entre la memorialización de atrocidades pasadas y la creación de un Estado de Derecho estable en sociedades democráticas (en los términos de los tratados de derechos humanos).
123. El reciente ataque al monumento “El Ojo que LLora” en Lima no ha sido el único del género en los últimos tiempos. Ha sido precedido por otros, y seguido por tres más, en el curso del presente año de 2008, todos igualmente de conocimiento público y notorio. El 05.06.2008, el memorial Belower Wald, erigido en memoria de las víctimas de un campo de concentración (de Sachsenhausen, al final de la II guerra mundial), y situado en el Estado oriental de Brandenburg en Alemania, fue atacado, tal como lo había sido anteriormente en 2002 . El 09.11.2008, también fue atacado un memorial de piedra en la ciudad de Frankfurt an der Oder, construido en honor a la memoria de las víctimas de la persecución contra los judíos (en la destrucción de un templo en la Kristallnacht en 1938) .
124. El 10.04.2008, el Memorial del Genocidio en Ruanda también fue atacado. Dicho memorial, – en el Gisozi Genocide Memorial Centre, en la ciudad de Kigali en Ruanda, – había sido inaugurado en abril de 2004, con ocasión del décimo aniversario de la tragedia del genocidio en Ruanda. El memorial pasó a abrigar los restos mortales de 250 mil, del total de más de 800 mil víctimas, del genocidio de 1994 en Ruanda; aún así, viene de ser atacado, por primera vez, el 10.04.2008, durante una vigilia organizada en memoria de las víctimas de la referida tragedia . Dichos ataques a memoriales en honor de la memoria de víctimas de atrocidades, en diferentes parques del mundo, levantan interrogantes sin duda inquietantes.
125. La memoria incomoda, y aún así hay que cultivarla. La memoria nos persigue, y aún así hay que convivir con ella. Más que esto, hay que luchar por ella. Los sentimientos de odio y de venganza son difíciles de erradicar , como se desprende de La Orestíada de Ésquilo. La memoria colectiva busca, en lugar de la venganza, da realización de la justicia, en honor a los victimados . La preservación de la memoria requiere conciencia y determinación. Todo el debate al cual ha dado origen el monumento “El Ojo que LLora”, ha revelado que aún resta un largo camino que recorrer, para que cicatricen las heridas profundas de la tragedia vivida por el pueblo peruano .
126. Ya me referí a la necesaria lucha por el primado de la memoria de las víctimas sobre la crueldad humana . Subyacente a todo este desafío, encuéntrase el misterio insondable que envuelve la existencia humana: el pasar del tiempo. No se puede impedir el recuerdo (destruyendo memoriales, templos, bibliotecas, obras de arte), trátase de una verdadera necesidad humana, en la lucha ingrata, pero ineludible, contra los efectos del pasar del tiempo. Esta preocupación encuéntrase presente en las más distintas culturas. En la cultura swahili, por ejemplo, los muertos permanecen en la memoria de sus sobrevivientes como “vivos-muertos, que sólo mueren del todo cuando desaparecen los últimos que estaban en condiciones de recordarlos” . Es una preocupación que se manifiesta en los planos tanto individual como colectivo.
127. En una antología de la Academia Universal de las Culturas titulada “Por Qué Recordar”, se señaló que, en muchas sociedades, las víctimas de la violencia (en general, los pobres y los más vulnerables) desaparecen en el “insulto del olvido”, y esta lamentable actitud de desprecio hacia el sufrimiento humano a todos “nos deja al margen de todo derecho” . Jacqueline de Romilly ponderó que uno de los propósitos del deber de cultivo de la memoria es buscar asegurar que los mismos horrores no vuelvan a ocurrir .
128. En el plano colectivo, los traumas producidos en los medios sociales más afectados por las brutalidades humanas han conllevado las conciencias a confrontarse con la crueldad; tales tragedias colectivas dejan trazos profundos, pues, aún después de superado el ciclo de violencia, “el pasado continúa retumbando en las conciencias”; se ha advertido que “la deshumanización que heredamos amenaza nuestra supervivencia” . Es una necesidad vital recordar los muertos, los victimados de la violencia humana, todas las víctimas del terrorismo (perpetrado tanto por grupos de exterminio como por el propio Estado).
129. Tampoco hay que minimizar la fuerza de la memoria. Después de décadas de silencio y aparente “olvido”, nunca se ha recordado tanto las víctimas de los masacres de los armenios (de 1915) como en nuestros días, más de nueve décadas después de ocurridas . Otro ejemplo de la fuerza de la memoria encuéntrase en la impresionante historia moderna de Polonia, país que ha aprendido a convivir íntimamente con la tragedia, y que desapareció del mappa mundi en 1795 para volver a figurar en él a partir de 1918. Durante estos 123 años, Polonia, en medio a sucesivas guerras, particiones, persecuciones y represiones, y actos de violencia, sobrevivió en la cultura, la literatura, la religión, en suma, en el espíritu, de su gente sufrida .
130. En definitiva, en los planos tanto individual como social, no se puede descuidar de la memoria , la cual, en nuestros días, emerge fortalecida por el despertar de la conciencia humana para la necesidad vital de recordar y reverenciar las víctimas de la crueldad humana. El memorial “El Ojo que Llora” es uno de los símbolos de la tragedia vivida por el pueblo peruano en las dos últimas décadas del siglo XX, que generó llagas profundas que no han cicatrizado. No se puede impedir que “El Ojo que Llora” siga llorando, pues cada ser humano y cada medio social deben aprender a convivir con su propia parcela de culpa.
XI. El Derecho de Acceso Directo a la Justicia (Nacional e Internacional) como Derecho de Realización de la Misma, y como Imperativo del Jus Cogens.
131. Con esto, paso a mis consideraciones finales, sobre un punto que ha sido mi bandera a lo largo de todos mis años como Juez Titular de la Corte Interamericana: el derecho de la persona humana de acceso directo a la justicia – en los planos nacional e internacional – como derecho de realización de la misma, configurándose como un imperativo del jus cogens. El presente caso de la Prisión de Castro Castro pone de relieve este punto, para lograr la superación de la venganza privada por la justicia pública, – como se desprende de La Orestíada de Ésquilo.
132. No es mi propósito reiterar aquí todo lo que ya he escrito al respecto, sino más bien destacar algunos aspectos de la materia, que se configuran particularmente relevantes en el contexto de la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro. El derecho de acceso a la justicia lato sensu (el derecho a la prestación jurisdiccional) constituye un pilar básico de la protección de los derechos humanos. Encuéntrase consagrado, en la Convención Americana, en relación con los planos tanto nacional (artículos 25 y 8) como internacional (artículo 44), conformando un verdadero derecho al Derecho.
1. El Derecho de Acceso a la Justicia Lato Sensu.
133. En su jurisprudence constante, la Corte Interamericana, en relación con el plano del derecho interno de los Estados Partes en la Convención Americana, ha correctamente esposado la concepción lato sensu del derecho de acceso a la justicia, al sostener la íntima correlación entre el derecho a un recurso efectivo (artículo 25) y las garantías del debido proceso legal (artículo 8). En relación con el plano internacional, el derecho de petición individual, concebido con la más amplia liberalidad (artículo 44) ha probado ser un medio eficaz de resolver no solamente casos individuales, sino también casos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos .
134. Hace más de doce años, en las Sentencias de la Corte sobre excepciones preliminares en los casos de Castillo Páez y Loayza Tamayo (de 30 y 31.01.1996, respectivamente), atinentes al Perú, avancé, en mis Votos Razonados, los argumentos en apoyo a la otorga del locus standi in judicio a los peticionarios en todas las etapas del procedimiento ante la Corte (párrs. 14-17). Dichos argumentos fueron tomados en cuenta para la introducción de los históricos cambios efectuados por el artículo 23 del tercero, y cuarto y actual, Reglamentos de la Corte (de 1996 y 2000). En mi extenso Voto Concurrente en la Sentencia de la Corte (sobre excepciones preliminares en el caso Castillo Petruzzi y Otros versus Perú (del 04.09.1998), destaqué el carácter fundamental del derecho de petición individual internacional (artículo 44) (párrs. 3 y 36-38), como “rescate histórico” de la posición del individuo como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotado de plena capacidad jurídica internacional (párrs. 5 y 12).
135. Asimismo, pasé en revista la historia juris de dicho derecho de petición (párrs. 9-15), y señalé la expansión de la noción de “víctima” en la jurisprudencia bajo los tratados de derechos humanos (párrs. 16-19), además de referirme a la autonomía del derecho de petición individual internacional vis-à-vis el derecho interno de los Estados (párrs. 21, 27 y 29). Y advertí que, si no fuera por el ejercicio de este derecho, en muchos casos de violaciones graves no se hubiera hecho justicia (párrs. 33 y 35).
136. En realidad, el acceso a la justicia es un imperativo en los planos tanto internacional como nacional. Hay aquí, hoy día, una convergencia entre el derecho internacional y el derecho público interno, que torna anacrónicos los enfoques del pasado basados en la visión estática de la “subsidiaridad” del ordenamiento jurídico internacional. Hace un cuarto de siglo, me permití señalar que, desde la perspectiva de las personas protegidas, los recursos internos efectivos (v.g., artículo 25 de la Convención Americana) integran la protección internacional de los derechos humanos .
137. La otorga del locus standi in judicio a los individuos ante la Corte Interamericana fue anunciada por el artículo 23 del tercer Reglamento de la Corte (adoptado el 16.09.1996 y en vigor a partir del 01.01.1997), concedido solamente en la etapa de reparaciones. El paso decisivo y gran salto cualitativo ocurrió con la adopción del cuarto y actual Reglamento de la Corte (del 24.11.2000, en vigor a partir del 01.06.2001, hasta la fecha). El nuevo Reglamento otorgó la legitimación activa o participación directa (locus standi in judicio) a los individuos peticionarios (las supuestas víctimas, sus familiares o representantes legales debidamente acreditados) en todas las etapas del procedimiento ante la Corte (artículo 23).
138. En perspectiva histórica, fue ésta la modificación más trascendental introducida por el Reglamento de la Corte, un verdadero turning-point en la evolución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como un todo. En efecto, la consolidación del locus standi in judicio de los individuos ante la Corte constituye un desarrollo apropiado y lógico, pues no parece razonable reconocer derechos en el plano internacional sin la capacidad jurídica correspondiente para vindicarlos. Con base en el derecho de petición individual se erige el mecanismo jurídico de emancipación de ser humano vis-à-vis el propio Estado para la protección de sus derechos en el dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, – una emancipación que viene enfin atribuir un contenido ético a las normas tanto del derecho público interno como del derecho internacional.
2. El Derecho de Realización de la Justicia Material.
139. El entendimiento de la materia avanzado por la Corte Interamericana en su construcción jurisprudencial en los últimos años – la cual no admite retrocesos – ha sido en el sentido de que el derecho de acceso a la justicia (lato sensu) en los planos nacional e internacional corresponde a un derecho de realización de la justicia material. Como tal, abarca no solamente el acceso formal a un tribunal o juez, sino además las garantías del debido proceso legal, el derecho a un juicio justo, las reparaciones (siempre que debidas), y la fiel y cabal ejecución de las sentencias.
140. Según la jurisprudence constante de la Corte hasta la fecha, la Convención Americana requiere no solamente el acceso formal a la justicia en el plano del derecho interno (el derecho a un recurso efectivo bajo el artículo 25), pero además la propia realización de la justicia material. Con este propósito, la Convención determina la fiel observancia de las garantías judiciales (artículo 8), estas últimas tomadas lato sensu, abarcando la totalidad de los requisitos procesales que deben ser observados para que todos los individuos puedan defenderse adecuadamente de cualquier acto emanado del poder estatal que pueda afectar sus derechos.
141. Como recordé en mi extenso Voto Razonado (párrs. 35-43) en el caso de la Masacre de Pueblo Bello, referente a Colombia (Sentencia del 31.01.2006), la Corte ha hasta la fecha relacionado consistentemente la protección judicial (artículo 25) a las garantías judiciales (artículo 8) . Sigue ésta siendo su posición hasta la fecha de hoy, 02 de agosto de 2008, de adopción de la presente Sentencia de Interpretación en el caso de la Prisión de Castro Castro. Es ésta un área que no admite retrocesos; caso éstos vengan a ocurrir en el futuro, los responsables por eventuales retrocesos tendrán que responder, por sus alteraciones impensadas o infundadas, ante la historia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
142. Movido por esta preocupación – quizás un tanto ambiciosa – en evitar retrocesos, permítome aquí volver a advertir que el actual Reglamento de la Corte, al conceder el acceso directo de los individuos peticionarios a la Corte Interamericana – en la forma de locus standi, a ser seguido por el jus standi – forma parte de un proceso de perfeccionamiento y fortalecimiento del mecanismo de protección bajo la Convención Americana. El próximo paso en esta línea de evolución debe consistir, como vengo sosteniendo por muchos años, en un Protocolo de Reformas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos , para en este incorporar, y de ese modo consolidar, los avances reglamentarios ya logrados, e ir más allá.
143. Con este propósito preparé, por designación de mis pares, como relator y Presidente de la Corte, y presenté a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en mayo de 2001, mi Informe titulado Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para Fortalecer Su Mecanismo de Protección . Desde entonces dicho Informe ha invariablemente marcado presencia en la agenda de la Asamblea General de la OEA de 2001 hasta 2008 (en los documentos pertinentes de las Asambleas de San José de Costa Rica en 2001, de Bridgetown/Barbados en 2002, de Santiago de Chile en 2003, de Quito en 2004, además de las Asambleas subsiguientes de 2005-2006 y 2007-2008). El Informe supracitado nutre la esperanza de que el jus standi de los individuos directamente ante la Corte Interamericana pueda ser alcanzado en el futuro.
3. El Derecho de Acceso a la Justicia como Imperativo del Jus Cogens.
144. Paso, en fin, al último punto de mis reflexiones finales en el presente Voto Razonado, acerca del derecho de acceso a la justicia como imperativo del jus cogens. Hace tres años, en mi Curso General de Derecho Internacional Público, ministrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 2005, caractericé la construcción doctrinal y jurisprudencial del jus cogens internacional como propia de un nuevo jus gentium, el Derecho Internacional para la Humanidad. Sostuve, además, que, en este entendimiento, y por definición, el jus cogens internacional va más allá que el derecho de los tratados, extendiéndose al derecho de la responsabilidad internacional del Estado, y a todo el corpus juris del Derecho Internacional contemporáneo, y abarcando, en última instancia, a todo acto jurídico. Al abarcar todo el Derecho Internacional, se proyecta también sobre el derecho interno, invalidando cualquier medida o acto incompatible con él. El jus cogens tiene incidencia directa en los propios fundamentos de un Derecho Internacional Universal, y es un pilar básico del nuevo jus gentium .
145. No es mi propósito aquí reiterar las extensas consideraciones que desarrollé en mi referido Curso General en la Academia de La Haya, sino más bien complementarlas con un aspecto adicional, de gran relevancia, que no puede pasar desapercibido: el de la ampliación del contenido material del jus cogens, a la cual me he dedicado con toda convicción, en la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana. En efecto, durante mis más de doce años de labor como Juez Titular de la Corte Interamericana, ésta última (seguida del Tribunal Penal Internacional ad hoc para la Ex-Yugoslavia), ha sido el tribunal internacional contemporáneo que más ha contribuido para la evolución conceptual del jus cogens, en el fiel ejercicio de sus funciones de protección de la persona humana, inclusive cuando se encuentra ésta en situaciones de la más completa adversidad o vulnerabilidad.
146. Hace más de doce años, advertí para la necesidad del desarrollo jurisprudencial de las prohibiciones del jus cogens, en mis Votos Razonados en el caso Blake versus Guatemala (excepciones preliminares, Sentencia del 02.07.1996 ; fondo, Sentencia del 24.01.1998 ; y reparaciones, Sentencia del 22.01.1999 ). En una etapa inicial de notable evolución jurisprudencial (en casos contenciosos), la Corte afirmó la prohibición absoluta, del jus cogens, de la tortura, en toda y cualquier circunstancia, seguida de la misma prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes (Sentencias del 18.08.2000, en el caso Cantoral Benavides versus Perú, párr. 99; del 08.07.2004, en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú, párrs. 111-112; del 07.09.2004, en el caso Tibi versus Ecuador, párr. 143; entre otros ).
147. En la misma línea de pensamiento, reiteré mi posición al respecto en mi Voto Concurrente en la Sentencia (del 14.03.2001) en el caso Barrios Altos versus Perú , así como en mi Voto Razonado en la Sentencia (del 01.09.2001) en el caso Hilaire versus Trinidad y Tobago ; en mi Voto Concurrente en la Sentencia (del 27.11.2003) en el caso Maritza Urrutia versus Guatemala ; en mi Voto Razonado en la Sentencia (del 08.07.2004) en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (del 08.07.2004) ; y en mi Voto Disidente en el caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador (Sentencia sobre excepciones preliminares del 23.11.2004) .
148. En una nueva etapa de su construcción jurisprudencial al respecto, la Corte fue más allá, al ampliar el contenido material del jus cogens en su histórica Opinión Consultiva n. 18 (del 17.09.2003), sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de modo a abarcar el principio básico de la igualdad y la no-discriminación (párrs. 97-101 y 110-111) . Sobre este otro gran avance jurisprudencial paralelo emití un extenso Voto Concurrente (párrs. 1-89), en el cual respaldé la posición de la Corte, reconociendo que este principio básico permea todo el ordenamiento jurídico, y llamando atención para su importancia, y la de todos los principios generales del derecho, de los cuales emanan las normas y reglas, y sin los cuales, en última instancia, no hay “ordenamiento jurídico” alguno (párrs. 44-46 y 65) .
149. Desde entonces, pasé a insistir, en el seno de la Corte, en sucesivos casos contenciosos, en la necesidad de ampliar aún más el contenido material del jus cogens, de modo a abarcar del mismo modo el derecho de acceso a la justicia , y atender a las necesidades apremiantes de protección de la persona humana. Lo hice, inter alia, en mi Voto Razonado (dedicado al derecho de acceso a la justicia lato sensu) en la Sentencia de la Corte (del 31.01.2006) en el caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, en el cual ponderé inter alia que
“La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana (…) conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia entendido como la plena realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del jus cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el sentido de los artículos 25 y 8 tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales, comunes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario , tienen una vocación universal al aplicarse en todas y cualesquiera circunstancias, conforman un derecho imperativo (perteneciendo al jus cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de protección” (párr. 64).
150. Poco después, en mi Voto Razonado en el caso López Álvarez versus Honduras (2006) me permití insistir en mi entendimiento en el sentido de que el derecho al Derecho (el acceso a la justicia lato sensu) es un imperativo del jus cogens (párrs. 52-55). Asimismo, en mi Voto Razonado en la Sentencia de la CtIADH en el caso Baldeón García versus Perú (fondo y reparaciones, del 06.04.2006), al recordar sus precedentes de la construcción jurisprudencial de las prohibiciones del jus cogens (cf. supra), discrepé del razonamiento de la mayoría de la CtIADH que consideró que las obligaciones estatales de prevención, investigación y sanción de los responsables serían simples obligaciones “de medio, no de resultados”. Distintamente de la mayoría de la Corte, ponderé en aquel Voto Razonado que
“En mi entendimiento, el acceso a la justicia también integra el dominio del jus cogens internacional. (…)
(…) Estamos ante un derecho imperativo, y, por consiguiente, las obligaciones estatales de prevención, investigación y sanción de los responsables, no son simples obligaciones `de medio, no de resultados’, como afirma la Corte en el párrafo 93 de la presente Sentencia. Me permito discrepar de este razonamiento de la mayoría de la Corte.
Tal como lo señalé en mi Voto Razonado (párr. 23) en la reciente Sentencia de la Corte, adoptada el 29.03.2006 en la ciudad de Brasilia, en el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay:
`(…) Las obligaciones del Estado son de diligencia y resultado, no sólo de mera conducta (como la adopción de medidas legislativas insuficientes e insatisfactorias). En efecto, el examen de la distinción entre obligaciones de conducta y de resultado ha tendido a efectuarse en un plano puramente teórico, presuponiendo variaciones en la conducta del Estado, e inclusive una sucesión de actos por parte de este último , – y sin tomar suficiente y debidamente en cuenta una situación en que súbitamente ocurre un daño irreparable a la persona humana (v.g., la privación del derecho a la vida por la falta de la debida diligencia del Estado)’.
Trátase, en definitivo, de obligaciones de resultado y no de comportamiento, pues, de lo contrario, no estaríamos ante un derecho imperativo, y esto conllevaría además a la impunidad” (párrs. 5-7 y 9-12).
Más recientemente, insistí en este mismo punto en mi extenso Voto Disidente (párrs. 1-60) en el caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú (Sentencia de Interpretación, del 30.11.2007).
151. Pero fue en el caso de Goiburú y Otros versus Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), relativo a la siniestra “Operación Cóndor” de los llamados “servicios de inteligencia” de los países del Cono Sur de América del Sur (en la época de las dictaduras de tres décadas atrás), que la Corte en fin endosó la tesis que yo venía sosteniendo en su seno ya por más de dos años , al efectivamente ampliar aún más el contenido material del jus cogens, de modo a abarcar el derecho de acceso a la justicia en los planos nacional e internacional .
152. Efectivamente, en su mencionada Sentencia del 22.09.2006 en el caso de Goiburú y Otros, la Corte, al constatar violaciones del jus cogens en el cas d’espèce, afirmó que
“(…) El acceso a la justicia constituye una norma imperativa del Derecho Internacional, y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones (…)” (párr. 131) .
Poco después, en su Sentencia del 29.11.2006 en el caso La Cantuta versus Perú, la Corte volvió a hacer esta misma afirmación (párr. 160). La gradual expansión del contenido material del jus cogens, abarcando recientemente el derecho de acceso a la justicia, ha ocurrido pari passu con la reciente condenación judicial de violaciones graves de derechos humanos y de masacres, que conforman, en mi entender, verdaderos crímenes de Estado .
153. Si la Corte viniera a lamentablemente abandonar esta construcción jurisprudencial, estaría dejando de cumplir con su función de órgano judicial máximo de salvaguardia de los derechos humanos en el sistema interamericano de protección, y en el marco de la universalidad de los derechos humanos. Como lo señala la doctrina jusinternacionalista, el jus cogens internacional amplía en ámbito de operación de un verdadero ordre public internacional, atiende a los intereses más altos de la comunidad internacional como un todo, y realza la necesidad de control judicial de la observancia de las normas perentorias del Derecho Internacional .
154. En nada sorprende que ha sido precisamente en el dominio de la protección de los derechos fundamentales de la persona humana que el contenido material del jus cogens viene siendo definido . Nadie cuestionaría hoy día, v.g., que las prohibiciones de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario son efectivamente prohibiciones del jus cogens internacional , que se proyectan también en el ordenamiento jurídico interno de los Estados . Los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se muestran aquí en interacción, en el combate a violaciones del jus cogens.
155. Estamos ante un ordre public humanizado (o mismo verdaderamente humanista) en que el interés público o el interés general coincide plenamente con la prevalencia de los derechos humanos , – lo que implica el reconocimiento de que los derechos humanos constituyen el fundamento básico, ellos propios, del ordenamiento jurídico , en los planos internacional y nacional. Subyacente al concepto de jus cogens encuéntrase el pensamiento jusnaturalista, que conlleva a normas perentorias a partir de la afirmación y consagración de valores éticos que buscan beneficiar a la humanidad como un todo .
156. En lo que atañe al derecho de acceso a la justicia, el hecho de no figuraren los artículos 25 y 8 de la Convención Americana en la lista de derechos inderogables del artículo 27(2) de la misma es un problema más aparente que real. Las derogaciones sólo serían posibles si no fueran incompatibles con las obligaciones que el Derecho Internacional impone a los Estados, como lo advierte el artículo 27(1) de la Convención; aquí, el carácter imperativo del derecho de acceso a la justicia pone en evidencia tal incompatibilidad. Los Estados Partes en la Convención tienen aquí, en mi entender, obligaciones de resultado.
157. Sería inconcebible negar a cualquier persona el derecho de acceso a la justicia. Podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento jurídico que efectivamente salvaguarde los derechos inherentes a la persona humana . Es este un imperativo del jus cogens. Efectivamente, sin el derecho de acceso a la justicia, no hay en realidad un verdadero sistema jurídico. Sin el derecho al Derecho, no hay Derecho. Y sin el Derecho, sin la justicia pública, no alcanzamos la alentadora culminación que pone fin a la trilogía de tragedias de La Orestíada de Ésquilo.
158. Espero que mis reflexiones, que dejo consignadas en el presente Voto Razonado, sirvan para algo: que sirvan para ayudar a aclarar todas las consultas formuladas a la Corte en el presente proceso de Interpretación de Sentencia en el caso de la Prisión de Castro Castro; que sirvan para asegurar el cumplimiento por el Estado recurrente – fiel a su mejor tradición jurídica – de la Sentencia de fondo y reparaciones en el cas d’espèce, aquí debidamente aclarada (la res interpretada sobre la res judicata); y que sirva para ayudar a la Corte a seguir adelante en su construcción jurisprudencial más garantista, que ha beneficiado a tantas víctimas en situaciones de la más aguda adversidad. Me atrevo a alimentar la confianza en que no sea esto tal vez esperar demasiado.
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO RAZONADO
JUEZ MANUEL E. VENTURA ROBLES
I
INTRODUCCIÓN
1. He concurrido con mi voto a la adopción de esta sentencia de interpretación de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el caso del Penal Castro Castro vs. Perú (en adelante “el Estado”), por dos razones fundamentales: primero, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) admitió la solicitud de interpretación formulada por el Estado; y segundo, porque me pareció conveniente extenderme en las razones por las cuales voté a favor de la sentencia que el Perú solicita interpretar.
2. Cabe señalar, además, que la solicitud de interpretación de sentencia presentada por el Estado ha despertado en mí una serie de reflexiones, que corresponden tanto a asuntos de índole jurídico como metajurídicos, que deseo compartir con los principales actores del sistema interamericano que son, además de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”), órganos de protección convencionales, los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y las organizaciones no gubernamentales que litigan ante la Corte, así como las víctimas que acceden al sistema.
II
LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR EL ESTADO
3. El Estado ha comunicado a la Corte, mediante su solicitud de interpretación de sentencia, no un asunto de índole jurídico sino de índole metajurídico: la percepción entre la población peruana, que por muchos años sufrió la violencia del terrorismo, de que la sentencia de la Corte favorece a infractores o presuntos infractores de la legislación interna antiterrorista, a quienes la sentencia denomina víctimas y los hace acreedores de una reparación. Y esto lo haría moralmente inaceptable para muchos peruanos. Tanto el Estado, como muchos de sus nacionales, quisieran que la Corte hubiera hecho de una manera explícita y fuerte una condena al terrorismo y hubiera abundado en consideraciones sobre este fenómeno penal, social y político, así como dispuesto otro tipo de reparaciones.
III
LA SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA SUSTENTAR EL PEDIDO DE INTERPRETACIÓN DE SENTENCIA PRESENTADA POR EL ESTADO
4. En su solicitud de interpretación de sentencia, el Estado ha solicitado la realización de una audiencia pública para sustentar oralmente sus principales argumentos. Contra mi criterio, la mayoría de los señores y señoras Jueces estimó que para responder la solicitud de interpretación no era necesaria la audiencia. En mi opinión, si el Estado deseaba hacer públicamente determinadas manifestaciones sobre la sentencia, fueran cuales fueran los motivos para hacerlo, aceptar la solicitud de audiencia pública era, por lo menos, un acto de cortesía diplomática que, en el contexto de particular complejidad en el que ocurrieron los hechos del caso, había que tener con el Estado Parte, que de buena fe hizo un planteamiento serio a la Corte dentro de un proceso judicial en el que aparece como demandado. Además, la experiencia ha sido que siempre en las audiencias públicas la Corte recaba información de suma importancia, de una fuente directa, que ayuda, por lo menos, a comprender mejor la posición del solicitante, inclusive cuando de la lectura de los textos escritos el juzgador considere que no tiene dudas jurídicas. Ya la Corte ha realizado en otras oportunidades audiencias públicas sobre interpretaciones de sentencias .
IV
EL ASPECTO JURÍDICO DE LA SOLICITUD DE
INTERPRETACIÓN DE SENTENCIA
5. La problemática que presenta el Estado peruano, que no debe ignorarse por no ser propiamente técnico-jurídica, se origina en los principios mismos de la razón de ser de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, en este caso el sistema interamericano, que fueron aprobados por los propios Estados, que es la protección de los derechos fundamentales del ser humano frente a las violaciones de los Estados, por lo que la esencia misma del sistema es la subsidiariedad. Los órganos del sistema no suplantan al Estado en su obligación primaria y fundamental de proteger y garantizar los derechos humanos de su población, sino que dan esa protección una vez que el Estado no lo ha hecho, como es su obligación primaria. En este caso, desde que ocurrieron los hechos en el año 1992 hasta la fecha de la sentencia 2006, habían transcurrido catorce años.
6. Además, el litigio ante el sistema interamericano es totalmente diferente al litigio penal que se desarrolla en el sistema interno de los Estados: en el segundo, intervienen el Estado como parte acusador contra un individuo supuestamente responsable de violar la legislación interna, por lo que el propósito principal del proceso es determinar y, en su caso, declarar la responsabilidad penal del victimario. En cambio, en la jurisdicción internacional el individuo se convierte en una supuesta víctima de la violación por el Estado de alguno de los derechos protegidos por la Convención Americana u otro tratado internacional aplicable. Y si se comprueba la violación, de acuerdo con el artículo 63 de la Convención Americana, debe restituírsele el derecho conculcado y, en su caso, si procede, el pago de una justa indemnización. En este sentido, el Tribunal ha señalado:
La Corte considera fundamental reiterar, como lo ha hecho al resolver otros casos, que no es un tribunal penal en el que pueda analizarse la responsabilidad penal de los individuos .
7. Es decir, creo que la percepción equivocada de una parte de la población peruana de lo que es un proceso ante la Corte Interamericana, radica en que cree que éste es un tribunal penal internacional que determina responsabilidades penales individuales, que es una instancia superior que conoce el mismo proceso que se desarrolló en el derecho interno y, dentro de él, no solo absuelve a presuntos terroristas, sino que además ordena el pago de una indemnización a su favor.
8. Debe señalarse, una vez más, que la Corte Interamericana es un tribunal de control de legalidad convencional en relación con los actos u omisiones de los Estados Partes en la Convención Americana, que son los únicos que pueden ser declarados internacionalmente responsables por faltas a la Convención. Es un proceso diferente al proceso interno, en el que las partes, el objeto del mismo y la legislación aplicable son diferentes. En uno se aplica el derecho penal interno y en el otro el derecho internacional de los derechos humanos, ya que uno se realiza en sede de un tribunal penal interno o nacional, y en otro se realiza un proceso en sede de un tribunal internacional.
9. De aquí nace la confusión entre algunas personas legas en Derecho, las que suponen que la Corte Interamericana ha determinado erróneamente responsabilidades penales, que a todas luces son obvias para ellos y que, además, como si fuera poco, todavía ordena pagarles una indemnización a los supuestos culpables. Debe quedar claro entre la opinión pública, y es responsabilidad de los Estados Partes en la Convención hacerlo saber, la naturaleza diferente de ambos procesos. O sea, aclarar que si el caso llegó a la Corte Interamericana, es porque el Estado no subsanó las violaciones mediante sus propios tribunales.
10. Sin embargo, a mi entender, una cosa es solicitar la interpretación de una sentencia, cualquiera que ésta sea, y otra pretender que se defina a través de la interpretación las modalidades de cumplimiento de la sentencia, lo que es materia de la supervisión del cumplimiento de aquella. Algunas de las inquietudes del Estado pudieran ser objeto de consideración por el Tribunal en esa etapa del proceso. En este sentido, el Tribunal ha señalado:
[…] la Corte considera que dicho planteamiento no constituye una cuestión acerca del sentido y alcance de la Sentencia, sino se refiere a los medios que el Estado deberá emplear para dar acatamiento a ésta. Por no corresponder a un supuesto de interpretación de la Sentencia bajo las normas aplicables, el referido planteamiento debe ser declarado inadmisible y, en cuanto sea oportuno y pertinente, podrá ser analizado en la etapa de supervisión de cumplimiento de la Sentencia .
11. La otra posibilidad, de que la Corte se hubiera explayado en sus consideraciones sobre el terrorismo, lo que ha hecho en otras sentencias, será considerado dentro del apartado siguiente.
V
EL ASPECTO METAJURÍDICO DE LA SOLICITUD DE
INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA
12. He dejado el tratamiento de la solicitud del Estado sobre que la Corte no se extendiera más en sus consideraciones sobre el fenómeno del terrorismo, lo que ha hecho en otros casos sometidos a su decisión por la Comisión Interamericana en relación con varios Estados , o a la posibilidad de que se hubiera dictado un “obiter dictum” sobre la materia en el texto de la sentencia, que tiene su razón de ser en las condiciones de trabajo de la Corte, que para resolver casos de la envergadura que tiene el presente y muchos otros, dispone de cuatro sesiones de dos semanas de duración cada una de ellas.
13. En una sesión de dos semanas la Corte dicta usualmente cuatro o cinco sentencias, celebra audiencias públicas, emite resoluciones sobre medidas provisionales y tramitación de casos y otros asuntos importantes, lo que la obliga a trabajar contra el reloj en jornadas de trabajo que terminan por agotar a los Jueces y al personal de Secretaría. Y en esas ocho semanas cada año, la Corte delibera, fundamentalmente, porque la lectura de los expedientes y la preparación de las sentencias entre los jueces relatores y equipos abogados y pasantes de la Secretaría se hace fuera de sesiones, cuando las actividades a las que cada Juez se dedica se lo permiten. Si otras fueran las condiciones de trabajo para los Jueces, sería posible dictar sentencias a las que se pudiera dedicar más tiempo y extenderse en consideraciones que los Estados Partes consideran importantes. Es obligación de los Estados Partes garantizar que la Corte pueda sesionar el tiempo suficiente para la consideración apropiada de los casos .
14. Con los reglamentos reformados, de la Corte y de la Comisión, que entraron en vigencia en el año 2001, se ha más que duplicado el número de casos sometidos a consideración de la Corte por la Comisión, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) financia las mismas ocho semanas de sesiones al año, lo que ha llevado a que la Corte reciba en audiencia pública solamente los testimonios y peritazgos más importantes, ordenando la recepción de los restantes mediante declaraciones juradas (affidavits), y reducido el tiempo de deliberación en todos los casos contenciosos.
Toda esta situación incide en la problemática presentada por el Perú en su solicitud de interpretación de sentencia fundamentada en el artículo 67 de la Convención, por lo que en la sección siguiente me referiré a posibles soluciones a ella.
VI
REFLEXIÓN SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
15. La única solución que existe para mejorar el Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos, es continuar con el proceso de reflexión para su perfeccionamiento y mejoramiento que la Asamblea General ha ordenado realizar, año con año, a su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Lo que ha sucedido es que desde 1996 que la Asamblea dispuso realizar esta actividad por primera vez, con motivo de las reuniones pertinentes sobre esta materia que se realizaron en la Casa Amarilla en el año 2001, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, se tomaron acuerdos por consenso entre todas las partes involucradas, Estados Partes, Corte y Comisión, cuyas consecuencias fueron de la mayor importancia: las reformas a los Reglamentos de la Corte y de la Comisión, el paso adelante más importante desde la Conferencia Especializada Interamericana celebrada en Costa Rica en 1969.
16. Este proceso de diálogo entre los actores principales del sistema: los órganos de protección, Corte y Comisión, los Estados Partes en la Convención Americana, y la sociedad civil, especialmente aquellas organizaciones no gubernamentales que litigan con frecuencia en el sistema, debe ser retomado con vigor para alcanzar acuerdos en grupos de trabajo que después se eleven al Consejo Permanente y a la Asamblea General.
17. Las siguientes resoluciones de la Asamblea General se refieren a alguno de los puntos que deben ser objeto del diálogo : AG/RES. 1633 (XXIX-O/99), AG/RES. 1652 (XXIX-O/99), AG/RES. 1701 (XXX-O/00), AG/RES. 1716 (XXX-O/00), AG/RES.1827 (XXXI-0-01), AG/RES.1828 (XXXI-0-01), AG/RES.1833 (XXXI-0-01), AG/RES.1850 (XXXII-0-02), AG/RES.1890 (XXXII-0-02), AG/RES.1918 (XXXIII-0-03), AG/RES.1925 (XXXIII-0-03), AG/RES.2030 (XXXIV-0-04), AG/RES.2043 (XXXIV-0-04), AG/RES.2129 (XXXV-0-05), AG/RES.2075 (XXXV-0-05), AG/RES.2223 (XXXVI-0-06), AG/RES.2220 (XXXVI-0-06), AG/RES. 2291 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2292 (XXXVII-O/07), y AG/RES. 2407 (XXXVIII-O/08).
18. A los siguientes temas mencionados anteriormente se pueden sumar otros no menos relevantes. Cabe hacer una lista de temas, no exhaustiva, que puede ser complementada por los participantes interesados.
1. Acceso directo de la víctima a la Corte Interamericana, luego de agotarse el proceso ante la Comisión.
2. Corte y Comisión permanentes.
3. Aplicación del artículo 65 de la Convención por incumplimiento de sentencias.
4. Supervisión de cumplimiento de sentencias por la Corte Interamericana.
5. Naturaleza, clase y montos de las reparaciones.
VII
CONCLUSIONES
1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos que, desde que entraron en funcionamiento los Reglamentos de la Corte y de la Comisión en el año 2001, decidió dictar en general en una sola sentencia las excepciones preliminares, el fondo y las reparaciones, y recibir en audiencia pública solamente algunos de los testimonios y peritazgos y los demás mediante declaración jurada (affidavits), mantiene su agenda al día, un logro muy importante por la disminución de la duración del proceso ante el Tribunal, como consecuencia de lo anterior.
2. La consecuencia negativa, de tantas positivas, ha sido la tendencia a reducir la celebración de audiencias públicas en casos de solicitudes de interpretación de sentencia y de medidas provisionales que, cuando se realizan, han sido de gran utilidad para la formación del criterio de los Jueces, precisamente por la inmediatez de los alegatos.
3. En mi opinión, los argumentos de agendas sobrecargadas o de no existir dudas jurídicas, no son suficientes para no atender la solicitud de audiencia pública de un Estado Parte, especialmente sobre un tema al que éste ha dado la mayor importancia.
4. La solución para que la Corte pueda desarrollar más algunos temas en sus sentencias es que tengan más tiempo para sesionar y deliberar los Jueces, tanto en uso de su función contenciosa como consultiva.
Manuel E. Ventura Robles
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario