Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Bayarri vs. Argentina
Sentencia de 30 de octubre de 2008
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Bayarri
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, la “Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:
Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;
Diego García-Sayán, Vicepresidente;
Sergio García Ramírez, Juez;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza, y
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
presente, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario**.
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1. El 16 de julio de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”), la cual se originó en la denuncia presentada el 5 de abril de 1994 por el señor Juan Carlos Bayarri. El 19 de enero de 2001 la Comisión aprobó el Informe No. 02/01, mediante el cual declaró admisible la petición del señor Bayarri. El 8 de marzo de 2007 la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 15/07, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 16 de abril de 2007. Tras considerar la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del Informe de fondo, y “en razón de que consideró que el Estado no había adoptado sus recomendaciones de manera satisfactoria”, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Comisión designó como delegados a la señora Luz Patricia Mejía, Comisionada, y a Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a las abogadas Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Manuela Cuvi Rodríguez y Paulina Corominas.
2. La demanda de la Comisión Interamericana se relaciona con la alegada detención ilegal y arbitraria del señor Juan Carlos Bayarri el 18 de noviembre de 1991 en la provincia de Buenos Aires, Argentina, sus supuestas tortura, prisión preventiva excesiva y subsiguiente denegación de justicia, en el marco de un proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de secuestros extorsivos reiterados. La Comisión indicó que “el señor Bayarri estuvo privado de su libertad por casi 13 años sobre la base de una confesión que fue obtenida bajo tortura. No obstante que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina consideró probada la tortura a la que fue sometido, transcurridos casi 16 años desde que ocurrieran los hechos, el Estado argentino no ha provisto de una respuesta judicial adecuada al señor Bayarri respecto de la responsabilidad penal de los autores, ni lo ha remediado de modo alguno por las violaciones sufridas”.
3. La Comisión solicitó a la Corte que determine que el Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respetar los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri. Asimismo, solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación a favor de la presunta víctima y de sus familiares.
4. El 17 de octubre de 2007 los señores Carlos A.B. Pérez Galindo y Cristian Pablo Caputo, representantes de la presunta víctima (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. Además de reiterar lo alegado por la Comisión Interamericana, los representantes manifestaron, inter alia, que “el daño provocado por mantener [a la presunta víctima] casi 13 años injustamente privad[a] de [su] libertad pese a ser totalmente inocente, produjo además de los daños y perjuicios provocados y desencadenados [en su] contra […], graves y tremendas consecuencias adicionales sobre los demás integrantes de [su] familia”, a saber: Juan José Bayarri (padre), Zulema Catalina Burgos (madre), Claudia Patricia De Marco de Bayarri (esposa), Analía Paola Bayarri (hija), José Eduardo Bayarri (hermano) y Osvaldo Oscar Bayarri (hermano). Por ello, solicitaron que se declare al Estado responsable por la vulneración de los derechos establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.2, 7.3, 7.5, 8 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri, y en consecuencia se repare a la presunta víctima y a sus familiares por los daños ocasionados.
5. El 28 de diciembre de 2007 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). En dicho escrito Argentina presentó una excepción preliminar relacionada con la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos. En el evento de que la excepción preliminar interpuesta fuera declarada sin lugar, el Estado indicó que “no pone en tela de juicio la veracidad de los hechos denunciados”, en tanto los mismos han encontrado “adecuada reparación en el ámbito de la jurisdicción interna”. El Estado solicitó a la Corte que rechace “la pretensión reparatoria exteriorizada por [los representantes], y que conforme a las circunstancias del caso, determine las eventuales reparaciones debidas al señor Juan Carlos Bayarri y a las personas que [este Tribunal] entienda corresponder, conforme los estándares internacionales aplicables”. El Estado designó al señor Jorge Nelson Cardozo como Agente y a Alberto Javier Salgado como Agente Alterno en este caso. Por su parte, la Comisión y los representantes solicitaron al Tribunal que rechace la excepción preliminar interpuesta por el Estado (infra párrs. 10 y 11).
II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
6. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes el 28 de agosto de 2007. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Presidenta de la Corte ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), las declaraciones de testigos ofrecidos por los representantes, así como de peritos ofrecidos por el Estado , respecto de quienes las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Asimismo, conforme al artículo 45.2 del Reglamento, la Presidenta del Tribunal ordenó al Estado la presentación de copias legibles y completas de expedientes judiciales y administrativos relacionados con el presente caso, como prueba para mejor resolver . Además, en consideración de las circunstancias particulares del caso, la Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de la presunta víctima y de dos peritos, así como los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas .
7. La audiencia pública fue celebrada el 29 de abril de 2008 durante el XXXIII Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras . Al final de dicha audiencia los jueces solicitaron al Estado y a los representantes que presentaran, junto con sus alegatos finales escritos, mayor información respecto a diversas posiciones jurídicas observadas en el transcurso de la misma. Dicha solicitud fue reiterada al Estado y a los representantes el 7 de mayo de 2008 .
8. Luego de varias prórrogas concedidas, los días 18 de abril y 17 de junio de 2008 el Estado presentó, en versión digital, copia de la documentación solicitada como prueba para mejor resolver (supra párr. 6).
9. Los días 11, 14 y 15 de julio de 2008 los representantes, la Comisión Interamericana y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos, respectivamente.
III
EXCEPCIÓN PRELIMINAR
“Cambio sustancial del objeto de la demanda” y falta de agotamiento de recursos internos
10. Al contestar la demanda interpuesta por la Comisión en este caso, el Estado invocó “la excepción de no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna” (supra párr. 5). Alegó que dicha excepción “encuentra su fundamento en el hecho evidente de que, en el presente caso, se produjo un cambio sustancial del objeto procesal de la demanda interpuesta por la […] Comisión Interamericana […] toda vez que los agravios principales [alegados en la misma] han sido debidamente resueltos en sede interna del Estado” (infra párr. 15). En ese sentido, según su consideración, señaló que el objeto de este proceso se “limita única y exclusivamente a requerir a este […] Tribunal la determinación de las reparaciones a que eventualmente se considere tenga derecho el señor Bayarri, sin que previamente se hayan agotado los remedios judiciales disponibles en el ámbito interno” para tal fin.
11. El Estado alegó que a la fecha en que la Comisión Interamericana resolvió interponer la demanda en el presente caso, “el peticionario disponía en sede interna de recursos idóneos y eficaces que de haber sido interpuestos en tiempo y forma, le hubieran permitido obtener la reparación económica que ahora pretende en sede internacional” . Agregó que “no es necesario invocar la competencia de este […] Tribunal para determinar la existencia o no de responsabilidad del Estado en los hechos denunciados” y cuestionó la decisión de la Comisión Interamericana de elevar este caso a la Corte.
12. Por su parte, la Comisión Interamericana indicó que “el objeto del presente caso siguió siendo el de obtener una decisión sobre la responsabilidad internacional del Estado como consecuencia de la totalidad de las violaciones cometidas contra el señor Bayarri. No porque alguna de las violaciones hubiera cesado, dejaba el Estado de ser responsable de las mismas, ni dejaba la víctima de tener derecho a una adecuada reparación”. La Comisión manifestó que, en todo caso, el Estado no alegó ante la Comisión durante la etapa de admisibilidad de la petición la falta de agotamiento de recursos internos por la no interposición de una acción de indemnización por daños y perjuicios, por lo cual no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto. La Comisión informó que el “Estado alegó la falta del agotamiento de estos recursos con posterioridad a los informes de admisibilidad y de fondo”, y tal como se dejara consignado en la demanda, aquella tuvo en consideración dicho argumento al momento de decidir sobre el envío del caso ante la Corte (supra párr. 1). Además, sostuvo que, no obstante, la jurisdicción contencioso administrativa no es el recurso adecuado para subsanar las violaciones cometidas contra el señor Bayarri, “por lo cual no es necesario que sea agotado en un caso como el presente como condición para la admisibilidad”.
13. Los representantes dieron cuenta de diversos obstáculos procesales y fácticos que impedirían que la presunta víctima y su grupo familiar puedan reclamar con “mínima posibilidad de éxito” una reparación ante el fuero contencioso administrativo o por ante cualquier otro fuero jurisdiccional argentino.
14. El Estado reconoce que alegó ante la Comisión Interamericana “el cambio de objeto procesal y el consecuente no agotamiento de recursos internos” disponibles para el reclamo de una indemnización por daños y perjuicios, al momento de responder al Informe previsto por el artículo 50 de la Convención y no durante la etapa de admisibilidad de la petición.
15. En efecto, de la revisión del trámite de la petición llevado a cabo ante la Comisión Interamericana en este caso se desprende que, posteriormente a la emisión del Informe de admisibilidad, el Estado hizo del conocimiento de la Comisión que “[s]e había producido una modificación sustancial en las circunstancias relativas al presente caso; tanto respecto de la situación procesal [del señor Bayarri] como de la investigación que se est[aba] llevando a cabo internamente sobre las presuntas torturas de las que habría sido víctima” y, en este sentido, manifestó que “[l]as presuntas violaciones alegadas por el peticionario en el presente caso, enc[ontraban] un adecuado tratamiento al amparo de los recursos de la jurisdicción interna” . Asimismo, que posteriormente a la emisión del Informe de fondo (supra párr. 1), en la nota de 12 de julio de 2007, el Estado señaló a la Comisión que el señor Juan Carlos Bayarri no había interpuesto demanda alguna contra el Estado en procura de una indemnización por los daños y perjuicios que alega haber padecido .
16. De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal , el alegato del Estado sobre la falta de agotamiento de recursos internos “para obtener una indemnización pecuniaria” resulta extemporáneo, ya que no fue interpuesto sino hasta después del Informe de admisibilidad. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado renunció en forma tácita a presentar esta defensa en el momento procesal oportuno.
17. Ahora bien, Argentina considera que a raíz de dos circunstancias ocurridas con posterioridad al Informe de admisibilidad emitido en este caso (supra párr. 1) surgió un cambio del objeto del proceso en curso ante la Comisión Interamericana que le permitiría invocar por primera vez, en una etapa distinta a la de admisibilidad, la falta de agotamiento de recursos internos para el reclamo de una indemnización por daños y perjuicios. El Estado se refirió a la decisión adoptada el 1 de junio de 2004 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en la cual se resolvió que la presunta víctima había sido “sometid[a] a prácticas de apremios ilegales en virtud de los cuales confesó su supuesta autoría en el secuestro extorsivo [y se] decretó la nulidad de la causa penal contra éste seguida, y su inmediata libertad”; y la decisión adoptada el 30 de mayo de 2006 por la fiscalía interviniente en la causa en la que se investigó la tortura alegada por el señor Bayarri, en la cual “se declaró clausurada la etapa de instrucción y se elevó la causa para sentencia”.
18. Este Tribunal hace notar que la denuncia interpuesta por la presunta víctima ante la Comisión Interamericana el 5 de abril de 1994, así como su admisibilidad de 19 de enero de 2001, precedieron a las decisiones adoptadas en el fuero interno que conforme a lo alegado por el Estado darían origen a dicho cambio del objeto del proceso (supra párrs. 10 y 17), es decir, los mecanismos del sistema interamericano de protección de derechos humanos ya habían sido activados cuando el Estado adoptó medidas para reparar las violaciones alegadas. Esto ha ocurrido en otros casos conocidos por el Tribunal .
19. La Corte debe reiterar que la responsabilidad internacional del Estado se genera de inmediato con el ilícito internacional a él atribuido, aunque sólo puede ser exigida ante los organismos que integran el sistema interamericano de protección de derechos humanos una vez agotados los recursos internos, según la regla establecida en el artículo 46 de la Convención Americana. Con base en este principio, una posible reparación llevada a cabo en el derecho interno cuando el conocimiento del caso ya se ha iniciado bajo la Convención Americana , esto es, cuya admisibilidad haya sido determinada, no inhibe a la Comisión ni a la Corte de continuar su conocimiento, ni brinda al Estado una nueva oportunidad procesal para cuestionar la admisibilidad de la petición que ya ha sido establecida. Los efectos de una posible reparación llevada a cabo en el ámbito interno en estas circunstancias son cuestiones valoradas en el análisis que sobre esta materia realizan tanto la Comisión Interamericana como este Tribunal, que no constituyen una excepción preliminar. En general, mediante un acto procesal de aquella naturaleza (excepción preliminar) se cuestionaría la admisibilidad de un caso o la competencia ratione personae, materiae, temporis o loci del Tribunal para conocer un determinado caso o algún elemento de éste .
20. Que la Comisión Interamericana haya continuado la evaluación de los méritos del caso y decidido presentar un caso ante la Corte con un “criterio despojado de toda consideración a lo acontecido en sede interna”, como lo alega el Estado, no puede ser un argumento válido para impedir al Tribunal conocer de este caso. Al respecto, resulta necesario reiterar que si bien la Convención Americana atribuye a la Corte plena jurisdicción sobre todas las cuestiones relativas a un caso sujeto a su conocimiento, incluso las de carácter procesal en las que se funda la posibilidad de que ejerza su competencia, según lo ha interpretado esta Corte, los motivos para el envío de un caso ante la Corte no pueden ser objeto de una excepción preliminar. La Comisión está facultada para decidir si somete el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana, en atención a lo que dicho organismo considere sea la alternativa más favorable para la tutela de los derechos establecidos en la Convención .
21. En razón de todo lo anterior, el Tribunal desecha el argumento del Estado relativo al “cambio sustancial del objeto de la demanda” y la falta de agotamiento de recursos internos y pasa a valorar los hechos que fundamentan dichos supuestos cuando analice el fondo y reparaciones de este asunto.
*
* *
22. Finalmente, el Estado alegó que la Comisión incumplió el plazo contemplado por el artículo 23.2 de su Estatuto para la adopción de una resolución sobre el fondo del asunto. A entendimiento del Estado, esto constituye un “claro vicio procesal” que “desencadenó que la Comisión [no considerara] los cambios sustanciales que se produjeron en el caso”. No obstante, indicó que este alegato “no ha sido formulad[o] por el Estado en calidad de excepción preliminar autónoma” y que se “une en un todo indisoluble con la excepción preliminar interpuesta”. Debido a que dicho alegato está vinculado a la “excepción preliminar”, una vez desechada esta última (supra párr. 21), este Tribunal no considera necesario pronunciarse sobre el mismo.
IV
COMPETENCIA
23. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Argentina es Estado Parte en la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha. El 31 de marzo de 1989 Argentina ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “CIPST”).
V
CONSIDERACIONES PREVIAS
Controversia sobre los hechos objeto del presente caso
24. Antes de analizar el fondo del caso, la Corte examinará el alcance de las manifestaciones del Estado para determinar si subsiste controversia sobre los hechos, de conformidad con su jurisprudencia y las normas que rigen el procedimiento.
25. En la contestación de la demanda el Estado indicó que consideraba “innecesario formular observaciones respecto a la materialidad de los hechos alegados por la […] Comisión y por la parte peticionaria en tanto las mismas […] han encontrado adecuada reparación en el ámbito de la jurisdicción interna”. Indicó que “habiendo sido tales alegatos hechos dilucidados y resueltos ante la jurisdicción local, […] no pone en tela de juicio [su] veracidad”. El Estado se refirió a la sentencia dictada el 1 de junio de 2004 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que resolvió absolver de culpa y cargo a Juan Carlos Bayarri y ordenó su inmediata libertad al considerar que éste había sido víctima de “apremios y torturas”, así como a la decisión que ordena la clausura de la etapa de instrucción del sumario iniciado para investigar los hechos de tortura y detención ilegal denunciados. Asimismo, en su escrito de contestación de la demanda el Estado presentó una descripción pormenorizada del trámite de las dos causas penales relacionadas con este caso, la cual coincide y aclara lo narrado al respecto por la Comisión Interamericana en su demanda y por los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos.
26. La Comisión Interamericana consideró que “los fundamentos de hecho del presente caso […] referidos a la detención ilegal y arbitraria del señor Juan Carlos Bayarri, su tortura y los procesos penales relacionados, no se encuentran en controversia” en atención a lo indicado por el Estado en su contestación de la demanda. Los representantes sostuvieron, por su parte, que conforme al artículo 38.2 del Reglamento del Tribunal el Estado “directa, indirecta y/o tácitamente [el Estado] se ha allanado en cuanto a la existencia de los hechos y graves violaciones a los derechos humanos perpetrados contra la [presunta víctima] y demás integrantes de su grupo familiar” por lo que consideraron que “se encuentran acreditados y admitidos como ciertos e indubitables […] todos los hechos, circunstancias y cuestiones accesorias” denunciadas.
27. El artículo 38.2 del Reglamento, invocado por los representantes, establece que:
El demandado deberá declarar en su contestación si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice, y la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas.
28. De conformidad con el artículo 38.2 del Reglamento, la Corte tiene la facultad, no la obligación, de considerar aceptados los hechos que no hayan sido expresamente negados y los alegatos que no hayan sido expresamente controvertidos. Por ello, en ejercicio de su potestad de determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compétence), la Corte determinará en cada caso la necesidad de establecer los hechos, tal como fueron presentados por las partes o tomando en cuenta otros elementos del acervo probatorio .
29. Este Tribunal entiende que el Estado, al no haber controvertido los hechos que la Comisión planteó en su demanda (supra párr. 25), ha admitido éstos, que constituyen la base fáctica de este proceso. La Corte observa que los representantes formularon afirmaciones de hecho relacionadas con el fondo de este asunto que no se encuentran en la demanda de la Comisión Interamericana. No obstante, el Estado refirió que no controvertía los hechos alegados “por la Comisión Interamericana y la parte peticionaria” sin distinguir entre ellos (supra párr. 25), por lo que dejó de ejercer su defensa al respecto.
30. Por lo tanto, a la luz de la admisión del Estado, la Corte valorará los hechos establecidos en la demanda y los hechos presentados por los representantes sólo en tanto sirvan para aclarar o contextualizar aquellos planteados por la Comisión , en conjunto con las pruebas presentadas por las partes, y con base en los mismos hará las determinaciones correspondientes a la luz de los estándares internacionales aplicables. Los hechos planteados por los representantes que excedan el marco fáctico trazado por la demanda no serán valorados.
VI
PRUEBA
31. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver solicitada por la Presidenta, así como las declaraciones rendidas mediante affidávit y las recibidas en audiencia pública. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente .
A) Prueba documental, testimonial y pericial
32. Por acuerdo de la Presidenta de la Corte fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por las siguientes personas:
a) José Enrique Villasante, testigo propuesto por los representantes, quien declaró sobre los sufrimientos padecidos por la presunta víctima y su familia como consecuencia de las amenazas y atentados supuestamente sufridos por ellos, y sobre las aparentes calumnias expresadas en los medios de comunicación social respecto a la presunta víctima ;
b) Clotilde Elena Rodríguez, testigo propuesta por los representantes, quien declaró sobre las actividades empresariales que desarrollaban la presunta víctima y su familia, y sobre su supuesto drástico empobrecimiento y aislamiento social y vecinal a consecuencia de las noticias en los medios de comunicación social respecto a los aparentes delitos cometidos por la presunta víctima ;
c) Matías Alejandro Colaci, testigo propuesto por los representantes, quien declaró sobre los temores y el estado de angustia y desesperación en que se encontraba la familia de la presunta víctima durante la privación de su libertad, y sobre el supuesto grave estado depresivo y temores que padeció y sigue padeciendo en la actualidad la presunta víctima como consecuencia de los trastornos que le produjo su detención , y
d) Noemí Virginia Julia Martínez, testigo propuesta por los representantes, quien declaró sobre el sufrimiento y “las angustias” padecidas por la presunta víctima y su familia, así como el empobrecimiento y aislamiento social de la misma como consecuencia de los hechos .
33. También fueron recibidas las pericias de:
a) Juan Carlos Ziella, perito médico generalista propuesto por el Estado, quien rindió dictamen sobre el grado del daño producido a la presunta víctima y consecuencias atribuibles a los hechos denunciados , y
b) Aviel Tolcachier, perito médico psiquiatra propuesto por el Estado, quien rindió dictamen sobre el impacto y las consecuencias que pudieron haber generado los hechos denunciados en la presunta víctima .
34. Por otro lado, la Corte escuchó en audiencia pública la declaración de las siguientes personas:
a) Juan Carlos Bayarri, presunta víctima, declarante propuesto por la Comisión Interamericana y los representantes, quien se refirió a las circunstancias en que alegó haber sido privado de la libertad, torturado y sometido a prisión preventiva; la supuesta falta de respuesta judicial apropiada respecto de la responsabilidad penal de los autores de los delitos cometidos en su contra; y los daños ocasionados a su persona;
b) Luis Eduardo Garré, perito propuesto por la Comisión Interamericana y los representantes, quien rindió dictamen sobre las consecuencias físicas para la presunta víctima derivadas de la alegada privación ilegal y arbitraria de la libertad y tortura, así como por la falta de respuesta judicial apropiada a las violaciones alegadas, y
c) Susana Estela Quiroga, perito propuesta por los representantes, quien rindió dictamen sobre las consecuencias psicológicas para la presunta víctima derivadas de la alegada privación ilegal y arbitraria de la libertad y tortura, así como por la falta de respuesta judicial apropiada.
B) Valoración de la prueba
35. En este caso, como en otros , el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en la debida oportunidad procesal que no fueron objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.
36. El Estado objetó parte de la prueba documental ofrecida por los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos, ya que ésta “no fue acompañada en modo alguno ante la Corte”. El Estado alegó que “se trata de elementos probatorios de los que no se ha dado traslado al Estado junto con la demanda, razón por la cual no se ha podido alegar respecto de su existencia, verosimilitud y procedencia”. Los representantes indicaron que se trata de prueba remitida por ellos a la Comisión Interamericana para ser incorporada al expediente ante esta Corte.
37. La mayor parte de la prueba objetada fue presentada por la Comisión Interamericana junto con la demanda, en particular dentro del apéndice 3, tomo 8 de la misma y fue debidamente remitida al Estado . Aquellos documentos que no fueron remitidos por la Comisión junto con su demanda fueron solicitados por la Presidenta a la Comisión Interamericana (supra párr. 6), de conformidad con el artículo 44.2 del Reglamento .
38. En relación con los documentos de prensa remitidos por las partes en la debida oportunidad procesal, este Tribunal considera que pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso .
39. En relación con los documentos aportados por el Estado como prueba para mejor resolver (supra párr. 6), los representantes de la presunta víctima indicaron, mediante nota de 2 de julio de 2008, que éstos “se encuentran incompletos y/o peor aún posiblemente manipulados a fin de impedir que [el Tribunal] pudiese conocer hasta el tenor del mismo de lo auténticamente tramitado y acontecido en dichos legajos”, por lo que solicitaron al Tribunal “dejar sin efecto el envío de los expedientes solicitados como prueba en ese medio tan inseguro y poco confiable sistema ‘acrobat reader’, y que en su lugar remita copias comunes y corrientes de todos y cada uno de los expedientes solicitados como prueba, las que deberían ser autenticadas y certificadas […] por los actuarios a cargo de las Secretarías judiciales correspondientes”. Anteriormente, durante la audiencia pública celebrada en este caso, los representantes cuestionaron la presentación en soporte digital de la prueba requerida. Asimismo, los representantes remitieron una resolución de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Argentina , que consideraron no fue aportada por el Estado, a pesar de constar en uno de los expedientes judiciales cuya copia fue solicitada.
40. La Comisión no formuló observaciones a dicha solicitud. Por su parte, el Estado solicitó que la misma sea rechazada en tanto resulta extemporánea y contraria a lo dispuesto en el artículo 29.3 del Reglamento de la Corte.
41. La Corte ha señalado reiteradamente, en cuanto a la recepción y la valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas . Este Tribunal ha reconocido, a través de su práctica, el papel esencial que juega la tecnología en el buen despacho de la justicia interamericana . Teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes, los avances tecnológicos incorporados al proceso ante esta Corte están dirigidos a facilitar su gestión eficiente y económica, a través de un eventual reemplazo del “soporte de papel” por el “soporte digital”. Los medios de recepción de pruebas no deben ser ajenos a estos avances.
42. La documentación presentada por el Estado aparenta estar completa y no se evidencian signos de que haya sido manipulada. Debido a lo anterior, este Tribunal no encuentra motivos para rechazar la prueba remitida en soporte digital, por lo que la incorpora al acervo probatorio.
43. Además de la documentación remitida en calidad de anexos a su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes presentaron prueba adicional junto con sus alegatos escritos de 7 de abril de 2008 sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado, así como con sus alegatos finales escritos (supra párrs. 5 y 9). Por su parte, el Estado también remitió prueba adicional con sus alegatos finales escritos (supra párr. 9).
44. Conforme los artículos 44.3 y 45 del Reglamento de la Corte, el Tribunal admite aquella prueba remitida por los representantes con sus alegatos escritos sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado (supra párr. 5) , producida con posterioridad a la remisión del escrito de solicitudes y argumentos, es decir, considerada como superviniente. Dicha documentación no fue objetada y su autenticidad o veracidad no fueron puestas en duda. La prueba remitida por los representantes en esa misma oportunidad procesal que no se refiere a hechos supervinientes se incorpora al acervo probatorio en tanto no ha sido objetada por el Estado y puede ser útil para la determinación, por parte del Tribunal, de los hechos en el presente caso, por lo que la valorará en conjunto con el resto del acervo probatorio y dentro del marco fáctico en estudio.
45. En lo que se refiere a los documentos remitidos por los representantes, así como por el Estado con los alegatos finales escritos, esta Corte incorpora al acervo probatorio, como prueba para mejor resolver, aquellos que responden a requerimientos realizados por el Tribunal durante la audiencia pública celebrada en este caso (supra párr. 7) . La Corte valorará toda esta información aplicando las reglas de la sana crítica y dentro del marco fáctico en estudio.
46. En cuanto a los documentos, artículos de prensa y libros ofrecidos por los representantes de la presunta víctima que no se refieren a los requerimientos formulados por el Tribunal (supra párr. 7), los representantes alegaron que se trata de “prueba adicional [que] se encuentra en algunos casos, vinculada a hechos o planteos novedosos, introducidos por los representantes del […] Estado de Argentina en la audiencia pública […], mientras que en otros se trata de probanzas referidas a cuestiones acaecidas recientemente, por lo que jamás habríamos podido necesitar acreditar cosa alguna al respecto con anterioridad”. En todo caso, los representantes indicaron que se trataba de “pruebas iure et de iure, que jamás podrían ser cuestionadas en cuanto a su autenticidad”. La Comisión no formuló objeciones a la incorporación de dicha prueba. Por su parte, el Estado solicitó que la misma sea “desestimada de plano por tratarse de una presentación claramente extemporánea”. Al respecto, el Tribunal admite aquellos elementos probatorios que se refieren a hechos supervinientes, los cuales serán valorados en conjunto con el resto del acervo probatorio, dentro del marco fáctico en estudio (supra párr. 30). El resto de la prueba ofrecida en esta oportunidad debe ser rechazada por extemporánea.
47. El 2 de julio de 2008 los representantes remitieron documentación relacionada con el estado de salud de la presunta víctima al momento de que se le practicaran las pericias médicas y psicológicas ofrecidas por el Estado. Esta información puede ser útil para la determinación de los hechos en este caso, por lo cual será valorada en conjunto con el resto del acervo probatorio, dentro del marco fáctico en estudio (supra párr. 30).
48. Este Tribunal decide incorporar al acervo probatorio la documentación presentada por los representantes en sus observaciones a la prueba aportada por el Estado con sus alegatos finales escritos, en tanto pretende aclarar la información brindada por éste, así como la documentación remitida el 29 de agosto de 2008 que se refiere a un hecho superviniente. El Estado no presentó objeciones a la incorporación de dicha prueba, por lo que será valorada en conjunto con el resto del acervo probatorio, sólo en tanto corresponda al marco fáctico en estudio (supra párr. 30).
49. Respecto de los testimonios y peritajes, la Corte los estima pertinentes en cuanto se ajusten al objeto definido por la Presidenta en la Resolución en que ordenó recibirlos (supra párr. 6), tomando en cuenta las observaciones presentadas por las partes. Este Tribunal estima que la declaración testimonial rendida por el señor Bayarri no puede ser valorada aisladamente, dado que el declarante tiene un interés directo en este caso, razón por la cual será apreciada dentro del conjunto de pruebas del proceso .
50. El Tribunal admite los documentos aportados por los peritos en el transcurso de la audiencia pública, porque los estima útiles para la presente causa y además no fueron objetados ni su autenticidad o veracidad puestas en duda.
51. Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el expediente, la Corte pasa a analizar las violaciones alegadas, tomando en cuenta las pretensiones formuladas por las partes y la admisión de los hechos efectuada por el Estado (supra párrs. 29 y 30) .
VII
ARTÍCULO 7 (DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL)
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
52. En su demanda, la Comisión Interamericana alegó la violación del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7.2, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri. Sostuvo que el señor Bayarri “fue privado de su libertad ilegalmente, al margen de los motivos y condiciones establecidos en la legislación argentina y en los estándares internacionales”. En particular, alegó que la detención de la presunta víctima no estuvo precedida de orden judicial ni de flagrancia. Asimismo, indicó que “los métodos utilizados por los policías federales para privarlo de su libertad result[aban] incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo”. Finalmente, sostuvo que “el Estado no cumplió con su deber de impulsar diligentemente el proceso penal tratándose de personas que están privadas de su libertad y mantuvo, indebidamente, al señor Juan Carlos Bayarri en prisión preventiva durante casi 13 años”. Los representantes coincidieron con los alegatos presentados por la Comisión y añadieron que el señor Bayarri fue detenido por “funcionarios de la Policía Federal Argentina, quienes […] pese a no contar con orden legítima de juez competente, y de carecer además de facultades judiciales para hacerlo por encontrarse en extraña jurisdicción territorial, procedieron a privar[lo] ilegalmente de [la] libertad”. Asimismo, alegaron que, con la excusa de la gravedad de los hechos que le eran imputados, el señor Juan Carlos Bayarri no recibió el beneficio de excarcelación, contemplado en la Ley 24.390 “que establece que nadie puede estar en prisión preventiva más de dos años salvo casos excepcionales de causas complejas o graves en las cuales puede estar un año más”.
53. Como ya se dijo, el Estado no controvirtió los hechos denunciados y manifestó que las violaciones alegadas ya habían sido resueltas en el fuero interno a favor de la presunta víctima (supra párrs. 29 y 30). Tomando en cuenta lo anterior, en este capítulo, el Tribunal analizará los alegatos de la Comisión Interamericana y los representantes en cuanto a: a) legalidad de la detención del señor Bayarri ocurrida en el marco del proceso penal seguido en su contra y, b) límites temporales de la prisión preventiva a la que fue sometida la presunta víctima, todo ello a la luz de los principios y las normas de la Convención Americana.
A) Legalidad de la detención del señor Juan Carlos Bayarri
54. El artículo 7.2 de la Convención Americana establece que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Este Tribunal ha señalado que al remitir a la Constitución y leyes establecidas “conforme a ellas”, el estudio de la observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho ordenamiento. Si la normativa interna no es observada al privar a una persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención Americana , a la luz del artículo 7.2. La tarea de la Corte, por consiguiente, es verificar si la detención del señor Juan Carlos Bayarri se realizó conforme a la legislación argentina.
55. La Constitución de la Nación Argentina de 1853, vigente al momento de los hechos, establecía en su artículo 18 que nadie puede ser “arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente […]” . Por su parte, el Código de Procedimientos en Materia Penal vigente al momento de la detención del señor Juan Carlos Bayarri, disponía en su artículo 2 que “nadie puede ser constituido en prisión preventiva sin orden escrita de Juez competente, expedida contra persona determinada, y a mérito de existir contra ella semiplena prueba de delito o indicios vehementes de culpabilidad”.
56. De la normativa vigente al momento de los hechos surge que toda detención, salvo aquella practicada por delito in fraganti, debía ser precedida de orden escrita de juez competente. Bajo este supuesto, la persona detenida debía ser puesta inmediatamente a disposición del juez competente, quien debía practicar las diligencias necesarias para decretar su prisión preventiva o su libertad. Toca a este Tribunal examinar si la detención del señor Bayarri cumplió estos extremos.
Orden judicial emitida por autoridad competente
57. La Comisión Interamericana indicó en su demanda que el señor Juan Carlos Bayarri fue detenido sin orden judicial previa alrededor de las 10 horas del 18 de noviembre de 1991 por varios elementos de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, quienes, armados y vestidos de civiles, lo interceptaron en la localidad Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y lo introdujeron, maniatado y con los ojos vendados, en uno de los automóviles que conducían, trasladándolo a un centro de detención clandestino . La detención de la presunta víctima tuvo lugar en el marco del sumario iniciado por la comisión de secuestros extorsivos reiterados en la causa No. 4227, caratulada “Macri, Mauricio. Privación Ilegal de la Libertad”, tramitada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción No. 25 de la Capital de la República Argentina . En su declaración ante esta Corte, el señor Juan Carlos Bayarri confirmó las circunstancias, el lugar y tiempo de su detención y agregó que al momento de su detención se encontraba con su padre .
58. Conforme a lo señalado por el Estado en el procedimiento ante este Tribunal (supra párrs. 29 y 30), la Corte tiene por establecidos dichos hechos, los cuales además se desprenden del acervo probatorio.
59. En particular, la Corte resalta que el 11 de mayo de 2005 el Juzgado Nacional de Instrucción No. 13, que llevó la causa No. 66.138 por apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de la presunta víctima, dictó auto de prisión preventiva en contra de nueve funcionarios de la Policía Federal Argentina, dando por acreditado, con el grado de convencimiento requerido en esa etapa del proceso penal, que la detención del señor Bayarri ocurrió el 18 de noviembre de 1991 en el Partido de Avellaneda sin previa orden escrita de juez competente .
60. El 25 de julio de 2005 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción anteriormente referida y determinó que “Juan Carlos Bayarri y su padre fueron privados efectivamente de modo ilegítimo de la facultad de desplazarse libremente, lo que se comprueba con la circunstancia de que sus aprehensiones fueron ocultadas, no se dio intervención en su caso al juez del lugar y sólo el primero de ellos resultó colocado a disposición del Juez interviniente en el sumario respectivo, en la data posterior” .
61. En efecto, no consta en el expediente del sumario seguido en contra de la presunta víctima (supra párr. 57) una orden de captura librada por autoridad competente territorialmente con anterioridad a la detención . En consecuencia, la Corte encuentra que el Estado es responsable por la violación al artículo 7.1 y 7.2 de la Convención en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri.
Procedimiento aplicado en la detención
62. La Comisión Interamericana solicitó a la Corte que declarara la violación al artículo 7.3 de la Convención Americana debido a que el señor Bayarri fue detenido utilizando métodos incompatibles con los derechos humanos (supra párr. 52). Al respecto, la Corte reitera, conforme a su jurisprudencia más reciente, que la arbitrariedad de la que habla el artículo 7.3 convencional tiene un contenido jurídico propio , cuyo análisis sólo es necesario cuando se trata de detenciones consideradas legales. En este caso, el Tribunal ya estableció que el señor Bayarri fue detenido de manera ilegal (supra párr. 61), por lo que no es necesario analizar la violación del artículo 7.3 de la Convención Americana.
Presentación sin demora ante el juez competente y efectividad del control judicial
63. El artículo 7.5 de la Convención dispone, en su parte inicial, que la detención de una persona debe ser sometida sin demora a revisión judicial. La Corte ha determinado que el control judicial sin demora es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia .
64. De conformidad con los artículos 2 y 6 del Código de Procedimientos en Materia Penal, una vez detenidas, las personas deben ser puestas inmediatamente a disposición del Juez competente, quien procederá en las primeras horas hábiles de su despacho a interrogarlas y a practicar las diligencias necesarias para decretar su prisión preventiva o su libertad (supra párrs. 55 y 56).
65. Consta en el expediente del presente caso que, el 19 de noviembre de 1991, el Jefe de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina puso al señor Bayarri a disposición del Juzgado de Instrucción No. 25, y que el Secretario de dicho Juzgado ordenó mantener su detención . En este acto el señor Bayarri no fue llevado personalmente al Juzgado, por lo que no satisface la obligación dispuesta en el artículo 7.5 de la Convención de ser llevado ante un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales” . La Corte ha reiterado que el juez debe oír personalmente al detenido y valorar todas las explicaciones que éste le proporcione, para decidir si procede la liberación o el mantenimiento de la privación de libertad . Lo contrario equivaldría a despojar de toda efectividad el control judicial dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención.
66. Posteriormente, el 24 de noviembre de 1991 Juan Carlos Bayarri fue trasladado al Palacio de Justicia de la Capital Federal para rendir declaración indagatoria ante el Juzgado de Instrucción No. 25 . Dicha actuación además de no ajustarse a lo establecido en la legislación argentina, vulnerándose así el artículo 7.2 de la Convención (supra párrs. 56 y 64), fue realizada casi una semana después del acto de detención y por lo mismo no satisfizo la exigencia de presentación del detenido “sin demora” ante la autoridad judicial del artículo 7.5 de la Convención Americana.
67. Para que constituya un verdadero mecanismo de control frente a detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél . Como ya se dijo, el juez es garante de los derechos de toda persona bajo custodia del Estado, por lo que le corresponde la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias y garantizar un trato conforme el principio de presunción de inocencia. En el caso sub judice, el acto mediante el cual el juez de la causa recibió personalmente por primera vez a Juan Carlos Bayarri (supra párr. 66), quien rindió en ese momento declaración indagatoria inculpándose de la comisión de varios hechos delictivos, no abarcó oportunamente aquellos aspectos que pudieran sustentar o no la legalidad de su detención para poder ejercer el control de la misma. Tampoco se dispuso un examen médico para determinar las causas del estado de salud de la presunta víctima, no obstante que presentaba signos de traumatismo severo (infra párr. 90). Asimismo, el Tribunal observa que luego de tomar su declaración indagatoria, el juez ordenó el traslado de Juan Carlos Bayarri a un centro penitenciario, sin decretar su prisión preventiva como lo establece el Código de Procedimientos en Material Penal (supra párrs. 55, 56 y 64). No fue sino tres meses después, el 20 de febrero de 1992, que ésta fue ordenada de forma definitiva. Todo lo anterior evidencia que la intervención judicial no resultó un medio efectivo para controlar la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales encargados de la detención y custodia de Juan Carlos Bayarri y reestablecer sus derechos.
68. Por todo lo expuesto, la Corte encuentra que el señor Bayarri no fue presentado sin demora ante un juez competente con posterioridad a su detención y que éste no ejerció un efectivo control judicial de la detención practicada, vulnerándose así el artículo 7.1, 7.2 y 7.5 de la Convención.
B) Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad
69. Este Tribunal ha observado que la prisión preventiva “es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática” , pues “es una medida cautelar, no punitiva” .
70. El artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad. La tarea de este Tribunal es examinar si la prisión preventiva a que fue sometido Juan Carlos Bayarri excedió los límites de lo razonable.
71. En el presente caso las autoridades judiciales impusieron al señor Bayarri una medida cautelar de prisión preventiva, ordenada mediante resolución de 20 de diciembre de 1991 y confirmada en apelación el 20 de febrero de 1992 . Esta medida se prolongó hasta el 1 de junio de 2004 cuando fue ordenada su libertad “al absolver[lo] libremente de culpa y de cargo” . En total, el señor Bayarri permaneció aproximadamente 13 años en prisión preventiva .
72. La presunta víctima formuló en tres oportunidades un pedido de excarcelación , con fundamento en la Ley No. 24.390, la cual se autocalifica como reglamentaria del artículo 7.5 de la Convención Americana. El artículo 1 de esta ley establecía que la prisión preventiva no podía ser superior a dos años, a saber :
la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, ésta podrá prorrogarse un año más por resolución fundada que deberá comunicarse de inmediato al tribunal de apelación que correspondiese para su debido contralor.
73. Las autoridades nacionales denegaron en todas las oportunidades el pedido de excarcelación argumentando que la Ley No. 24.390 “no ha derogado las normas rituales que rigen el instituto de la excarcelación” y que estas normas no garantizan un “sistema de libertad automática” . Las autoridades nacionales valoraron las “características del delito que se imputó a Bayarri, sus condiciones personales como Suboficial de la Policía Federal Argentina y las penas solicitadas para presumir fundadamente que de otorgarse su libertad […] eludirá la acción de la justicia” .
74. La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron la adopción de la medida cautelar. El Tribunal ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad , la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable. En este caso, el Tribunal entiende que la Ley No. 24.390 establecía el límite temporal máximo de tres años luego del cual no puede continuar privándose de la libertad al imputado (supra párr. 72) . Resulta claro que la detención del señor Bayarri no podía exceder dicho plazo.
75. La Corte considera que la duración de la prisión preventiva impuesta al señor Bayarri no sólo sobrepasó el límite máximo legal establecido, sino fue a todas luces excesiva. Este Tribunal no encuentra razonable que la presunta víctima haya permanecido 13 años privado de la libertad en espera de una decisión judicial definitiva en su caso, la cual finalmente lo absolvió de los cargos imputados.
76. El Tribunal resalta que, además, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen , y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón . En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe.
77. Tomando en cuenta lo anterior, la Corte considera que el Estado violó el derecho del señor Bayarri a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, de conformidad con el artículo 7.5, 7.2 y 7.1 de la Convención Americana.
VIII
ARTÍCULO 5 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL) EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1
(OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) DE LA
CONVENCIÓN AMERICANA
78. En su demanda, la Comisión Interamericana sostuvo que el señor Bayarri fue sometido a una detención ilegal en condiciones de incomunicación, durante la cual agentes de la Policía Federal argentina deliberadamente le infligieron golpes en el tórax, cara y oído derecho, así como descargas eléctricas con el objeto de amenazarlo y coaccionarlo para obtener una confesión respecto de ciertos hechos ilícitos. Alegó, además, que el Estado disponía de información en cuanto a que el señor Juan Carlos Bayarri había sufrido lesiones mientras estaba bajo su custodia y aun cuando esto requería una investigación por parte del Estado que pudiera confirmar y sancionar los hechos, el Estado “no ha producido ninguna explicación convincente sobre la lesión sufrida por el señor Juan Carlos Bayarri” hasta la fecha, lo cual constituye una violación de sus obligaciones internacionales.
79. Los representantes alegaron que durante tres jornadas consecutivas y mientras se encontraba detenido en el centro clandestino conocido como “el Olimpo”, Juan Carlos Bayarri fue “salvajemente golpeado en diversas partes del cuerpo, luego de ello torturado con la aplicación del suplicio conocido como la ‘picana eléctrica’, así como con un método de tormento denominado ‘submarino seco’, el que consiste en la colocación de una bolsa plástica en la cabeza para impedirle respirar a la víctima, mientras simultáneamente fuese golpeado reiteradamente en [sus] oídos”. Los representantes señalaron que, una vez trasladado al Departamento Central de Policía, lo amenazaron con posibles daños a sus familiares con el objeto de que se declarara culpable por la comisión de diversos hechos delictivos. Indicaron que si bien desde el primer momento se podía constatar la existencia de lesiones, funcionarios del Estado evitaron proceder a una revisión completa e integral de su persona, conforme al artículo 66bis del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
80. El Estado no controvirtió los hechos sobre la supuesta tortura de Juan Carlos Bayarri y manifestó que las violaciones configuradas en relación con ellos ya habían sido resueltas en el fuero interno a favor de la víctima (supra párrs. 29 y 30). Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal pasa a analizar en este capítulo la alegada violación del artículo 5 de la Convención Americana, con base en el acervo probatorio y los hechos establecidos.
A) Actos constitutivos de tortura
81. La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional . La Corte ha entendido que se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato sea: a) intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con cualquier fin o propósito , entre ellos, la investigación de delitos.
82. En el curso de su declaración testimonial, rendida el 8 de enero de 1992 ante el Juzgado de Instrucción No. 13 a cargo de la investigación de los hechos de tortura denunciados, Juan Carlos Bayarri manifestó que una vez detenido:
[l]o trasladan a un lugar que desconoce y al cual denominaban el pozo, allí le hacen saber que su padre había sido también traído a ese lugar y que estaba en las mismas condiciones que él, es decir vendado y atado […]. Lo desnudan, lo acuestan en un catre tipo de goma […] y le hacen preguntas relacionadas con secuestros extorsivos. Ante el desconocimiento […] de tales hechos que se le imputaban proceden a aplicarle lo que se conoce como picana, en [los] genitales, pene, tetillas, ano y planta del pie derecho […]. Que como continúa su negativa, lo vuelven a picanear y luego proceder a torturarlo con la denominada capucha, consistente en ponerle sobre la cabeza una bolsa plástica con el fin de impedirle la respiración, oportunidad en la cual también recibía golpes de puño en el tórax, golpes con manos abiertas en ambos oídos, hasta que con un golpe muy fuerte en el oído derecho a puño cerrado, lo que le produce una hemorragia y luego se descubre que tuvo perforación de tímpano. […] Ante el Juzgado declara lo que le habían enseñado en defraudaciones, no creyendo conveniente en ese momento hablar de los apremios que de todos modos estaban a la vista y si tuvo mucho miedo por la integridad física de su familia .
83. La materialidad de los hechos denunciados por la víctima en dicha oportunidad ha quedado acreditada según se desprende de distintas decisiones adoptadas por los tribunales argentinos. El 1 de junio de 2004 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió el recurso de apelación interpuesto en favor de Juan Carlos Bayarri, el cual tenía por objeto que se declarara la nulidad de actuaciones a partir de la detención del señor Bayarri, ya que su defensa argumentó que “los funcionarios policiales a cargo del caso [lo] coaccionaron y torturaron […] hasta lograr una confesión”. La Sala I absolvió al señor Bayarri al considerar que dicha confesión fue obtenida bajo “la aplicación de tormentos” .
84. Para resolver el recurso de apelación, la mencionada Sala I valoró, a partir de los exámenes médicos realizados a la víctima durante las dos primeras semanas de su detención , que el señor Juan Carlos Bayarri presentó lesiones cuando se encontraba bajo custodia de agentes de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina.
85. “Dejando de lado el análisis de las responsabilidades que le caben a cada uno de los intervinientes en los hechos denunciados por Bayarri […]”, la mencionada Sala I concluyó que las lesiones advertidas fueron producidas con ocasión de “apremios y torturas por parte del personal policial que intervino en el caso”. Al absolver de toda culpa y cargo a Juan Carlos Bayarri, la Sala I se apoyó en las pruebas recabadas en el curso de la investigación iniciada por estos hechos:
Los hechos demostrados por la justicia de instrucción de la Capital, no pueden ser tildados de excesos policiales en la utilización de la fuerza pública imprescindible para cumplir con el deber legal de detener a una persona sobre la que pesa un pedido de captura. En este caso, se ha acreditado que la aplicación de tormentos sobre la persona de […] Bayarri tuvieron por finalidad arrancar una confesión autoincriminante. El contenido de[l] dicho de […] Bayarri […] fue volcado en el expediente por medio de declaraciones testimoniales de personal policial y, […] se agregaron al expediente dos constancias de su puño y letra.
El hecho de que los informes elaborados por Barriocanal que, como se dijo, daban cuenta de lesiones; la circunstancia de que [el señor Bayarri] haya tenido marcas de maltratos visibles y la omisión de haber efectuado un completo informe médico forense de salud de[l] detenido, dan una pauta del clima hostil en el que […] Bayarri declar[ó].
86. Con posterioridad a esta decisión, en el curso de la investigación iniciada por estos hechos, el 25 de agosto de 2005 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal consideró que “el cúmulo de elementos reunidos […] permite otorgar sustento a la versión de Bayarri, en cuanto al padecimiento de torturas” .
87. La Corte Interamericana considera suficiente acoger la conclusión a la que llegaron los tribunales argentinos y, sin perjuicio de la responsabilidad penal que debe dirimirse en el ámbito interno, estima que Juan Carlos Bayarri fue sometido a tortura. El maltrato aplicado en su contra por agentes estatales fue producto de una acción deliberada llevada a cabo con la finalidad de arrancarle una confesión incriminatoria (supra párr. 85). La gravedad de las lesiones constatadas en este caso permite a esta Corte concluir que Juan Carlos Bayarri fue sometido a maltrato físico que le produjo intenso sufrimiento. Los golpes aplicados a la víctima causaron una perforación de la membrana timpánica . Fue establecido en el ámbito interno que se aplicó tortura en forma reiterada durante tres días y que fue amenazado por sus captores con causar daño a su padre, con quien tenía una relación estrecha y cuyo paradero le era desconocido . Esto causó a la víctima severos sufrimientos morales . El Tribunal considera que todo lo anterior constituye una violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en perjuicio de Juan Carlos Bayarri.
B) Deber de iniciar de oficio y de inmediato una investigación
88. La Corte ha señalado que de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes . Esta obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, de la que Argentina es Estado Parte (supra párr. 23), que obligan al Estado a “tomar[…] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Convención,
[c]uando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.
89. Desde el 30 de abril de 1989, fecha en que entró en vigor en Argentina la referida Convención Interamericana contra la Tortura conforme a su artículo 22, es exigible al Estado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado.
90. A pesar de que al momento de rendir su declaración indagatoria la víctima presentaba lesiones en el rostro y oído , apreciables a simple vista , el Juez de Instrucción No. 25 no dejó constancia de ello en aquella actuación . Tampoco existe constancia en el expediente de que el Juez de Instrucción haya tomado nota de las diligencias médicas practicadas al señor Bayarri y, en consecuencia, ordenado de manera inmediata y ex officio la práctica de un examen médico integral y el inicio de una investigación para determinar el origen de las lesiones evidenciadas, tal como lo contempla la legislación argentina . Por el contrario, está probado que por orden expresa de dicho juzgador, la revisión practicada por el doctor Primitivo Burgo, del Cuerpo Médico Forense, el 28 de noviembre de 1991, se limitó a la evaluación de lesiones en los oídos . El médico Primitivo Burgo declaró que la víctima le manifestó que se le había aplicado corriente eléctrica, y que había sufrido otros maltratos. Cuando consultó telefónicamente al Juzgado de Instrucción sobre el alcance del examen que había de practicar, el médico Burgo fue informado que debía circunscribirse a evaluar las lesiones de los oídos .
91. Por su parte, el Jefe de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, quien tuvo a la víctima bajo su custodia los primeros seis días de su detención, declaró ante las instancias judiciales nacionales que si bien el señor Juan Carlos Bayarri mostraba huellas de haber recibido golpes, “nada le preguntó [al respecto] pues en ese momento estaba más interesado en la investigación” . La investigación por los hechos de tortura se inició hasta que el abogado defensor de la víctima puso en conocimiento del juzgado los apremios cometidos en de Juan Carlos Bayarri (infra párr. 112).
92. A la luz de lo anterior, este Tribunal debe reiterar que aun cuando la aplicación de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no haya sido denunciada ante las autoridades competentes, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento . Es indispensable que el Estado actúe con diligencia para evitar las prácticas de tortura, tomando en cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos. A las autoridades judiciales corresponde el deber de garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura . El Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos de manera que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión .
93. En el caso Bueno Alves Vs. Argentina la Corte enfatizó que cuando existen alegatos de supuestas torturas o malos tratos, el tiempo transcurrido para la realización de las correspondientes pericias médicas es esencial para determinar fehacientemente la existencia del daño, sobre todo cuando no se cuenta con testigos más allá de los perpetradores y las propias víctimas y, en consecuencia, los elementos de evidencia pueden ser escasos .
94. En el presente caso, la Corte observa que las autoridades estatales no actuaron con arreglo a esas previsiones. Los funcionarios judiciales encargados de la instrucción de la causa no ordenaron de oficio el inicio de una investigación minuciosa que garantizara la pronta obtención y preservación de pruebas que permitieran establecer lo que había sucedido a Juan Carlos Bayarri. Por el contrario, obstaculizaron la obtención de aquéllas (supra párrs. 90 y 91). La legislación argentina prevé claramente los deberes del juez de la causa a este respecto (supra párr. 90). En consecuencia, y tomando en consideración la admisión de los hechos formulada por el Estado, la Corte Interamericana concluye que el Estado no investigó con la debida diligencia la tortura a la que fue sometido el señor Juan Carlos Bayarri, en violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, en aplicación del principio iura novit curia, la Corte encuentra que el Estado es responsable de la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST.
*
* *
95. En sus alegatos finales escritos, los representantes solicitaron al Tribunal que califique los actos de tortura perpetrados en perjuicio del señor Bayarri como delitos de lesa humanidad.
96. Con los elementos disponibles en el presente caso, la Corte no puede concluir que la tortura de la que fue víctima el señor Juan Carlos Bayarri tuvo lugar en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas.
IX
ARTÍCULO 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR
LOS DERECHOS) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
97. La Comisión Interamericana sostuvo que existió demora en la tramitación de las dos causas penales iniciadas en relación con este caso. Respecto de la causa en la que el señor Bayarri figuró como procesado, la Comisión señaló que su tramitación demoró casi trece años, período en que la víctima estuvo privada de libertad. Respecto de la causa en la que el señor Bayarri es querellante, la Comisión Interamericana señaló que el Estado tardó más de catorce años en concluir la investigación de los hechos y que han transcurrido más de dieciséis sin que exista sentencia de primera instancia que se pronuncie sobre la responsabilidad penal de los agentes estatales que intervinieron en los hechos. Al respecto, señaló que “sin perjuicio de que se hayan tomado un número sustancial de medidas, […] el proceso judicial como un todo, no ha podido confirmar o descartar que se hubiera cometido una violación de derechos humanos, ni ha producido ninguna explicación alternativa sobre las lesiones”.
98. Por otro lado, la Comisión argumentó que “[l]a prolongada prisión preventiva a la que estuvo sometido el señor Bayarri, implic[ó] que el Estado de Argentina presumi[era] su culpabilidad y que como tal lo trat[ara]”, en contravención del principio de presunción de inocencia. Asimismo, la Comisión Interamericana alegó que el Estado violó el artículo 8 de la Convención Americana “[e]n razón de la coacción a que fue sometido para extraerle una confesión de culpabilidad”.
99. Por su parte, los representantes reiteraron los alegatos de la Comisión acerca de la violación del artículo 8 de la Convención. Manifestaron, además, que las personas acusadas por los delitos de privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales en perjuicio de Juan Carlos Bayarri gozan de “[t]otal amparo y fuerte respaldo institucional […] por parte de las autoridades de la Policía Federal Argentina”, y que existe “[u]n sistemático encubrimiento institucional [y] la total falta de voluntad e interés por parte del Estado Argentino por sancionar y/o tan siquiera sumariar a los responsables de los delitos cometidos por magistrados y funcionarios judiciales [que] encubriesen denodada y sistemáticamente a los policías federales autores del delito de torturas y demás violaciones a los derechos humanos […]”.
100. El Estado no controvirtió los hechos objeto del presente caso. Sin embargo, manifestó que las violaciones alegadas ya habían sido resueltas en el fuero interno en forma favorable a la presunta víctima (supra párrs. 29 y 30). Con relación a la supuesta dilación en la sustanciación de los procesos, el Estado alegó que asumía las demoras procesales ocurridas hasta el 1 de junio de 2004, fecha en la que el señor Bayarri fue absuelto y puesto en libertad. No obstante, respecto al proceso en el cual es querellante el señor Bayarri, el Estado argumentó que el retraso a partir de esa fecha es atribuible a la conducta procesal de la víctima. A pesar de que el 30 de mayo de 2006 se decretó la clausura de la etapa de instrucción y se elevó la causa a juicio oral, el señor Bayarri “[s]e opuso tenazmente a la solicitud de los imputados de ejercer la opción por que [sic] el proceso judicial seguido en su contra se tramite de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación vigente […]” y solicitó la aplicación de la legislación procesal anterior. El Estado alegó que dichas pretensiones fueron rechazadas por improcedentes, por lo que “[r]ecién el 4 de marzo de 2008 la fiscalía interviniente tuvo la posibilidad procesal de solicitar la elevación de la causa a juicio oral”.
101. El artículo 8.1 de la Convención consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal”, que implica, entre otras cosas, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos .
102. El artículo 25.1 de la Convención ha establecido, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley .
103. En virtud de la protección otorgada por los artículos 8 y 25 de la Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las garantías judiciales, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) .
104. A la luz de lo anterior, la Corte analizará los hechos objeto del presente caso, así como la prueba aportada sobre la supuesta violación de las garantías judiciales y la protección judicial.
CAUSA 4.227 CARATULADA “MACRI, MAURICIO. PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD”
A) Derecho a ser oído y a que se resuelva la causa dentro de un
plazo razonable
105. La Corte ha establecido que “el plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal que se desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva” y que, en esta materia, el plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito .
106. Como lo determinó el Tribunal (supra párr. 59), la detención del señor Bayarri tuvo lugar el 18 de noviembre de 1991. Asimismo, del expediente se desprende que el 20 de diciembre de ese año el Juzgado de Instrucción No. 25 dictó auto de prisión preventiva en su contra (supra párr. 71) y que la sentencia de primera instancia que condenó al señor Bayarri a reclusión perpetua fue dictada el 6 de agosto de 2001 , es decir, aproximadamente diez años después. El recurso de apelación interpuesto por la presunta víctima fue resuelto mediante sentencia de 1 de junio de 2004 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que lo absolvió y ordenó su libertad . El Tribunal observa que este proceso judicial duró aproximadamente trece años, período durante el cual el señor Bayarri estuvo sometido a prisión preventiva (supra párr. 71).
107. En casos anteriores, al analizar la razonabilidad de un plazo procesal la Corte ha valorado los siguientes elementos: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales . No obstante, el Tribunal considera que existe un retardo notorio en el proceso referido carente de explicación razonada. En consecuencia, no es necesario realizar el análisis de los criterios mencionados. Tomando en cuenta, asimismo, el reconocimiento de hechos formulado (supra párrs. 29 y 30), la Corte estima que respecto de la causa penal en estudio el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención Americana en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri.
B) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a
declararse culpable
108. Ya quedó establecido en esta Sentencia que mediante tortura el señor Bayarri confesó la comisión de varios hechos delictivos (supra párr. 87). Asimismo, no escapa al conocimiento de este Tribunal que la Sala I de la Cámara de Apelaciones declaró invalida dicha confesión y anuló los actos procesales derivados de la misma (supra párr. 83), lo que constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de la referida violación a las garantías judiciales cometida en perjuicio de Juan Carlos Bayarri. Debido a ello, la Corte considera oportuno destacar los fundamentos empleados por dicha Sala I al respecto:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el conocido caso “Montenegro” (Fallos 303:1938) tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la validez de las confesiones de los imputados prestadas bajo tormento. En ese caso la [Suprema] Corte advirtió que existía un conflicto entre dos intereses distintos: por un lado, el interés social de aplicar rápida y eficientemente la ley penal y, por otro, el interés de la comunidad de que los derechos de los individuos no resulten menoscabados por métodos inconstitucionales de ejecución de la ley penal. [El] máximo Tribunal se inclin[ó] por la supremacía del interés mencionado en segundo término, sosteniendo: “[…] tal conflicto se halla resuelto en nuestro país desde los albores de su proceso constituyente cuando la Asamblea de 1813, calificando al tormento como “invención horrorosa para descubrir los delincuentes” mandó a quemar los instrumentos para aplicarlo […], decisión que se concretó en la prohibición contenida en el artículo 18 de la Constitución de obligar a alguien a declarar contra sí mismo […] el acatamiento por parte de los jueces de ese mandato constitucional no puede reducirse a disponer el procesamiento y castigo de los eventuales responsables de los apremios, porque otorgar valor al resultado de su delito y apoyar sobre él una sentencia judicial, no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria de un hecho ilícito”.
[…]
La verificación de la violación de este derecho fundamental impone, en primer término, el deber de separar del análisis del caso todas las piezas de actuación que den cuenta de las manifestaciones que […] Bayarri […] pronunci[ó] bajo efectos de los apremios, amenazas y tormentos.
[…]
[A] pocas horas de haberse producido los actos de tortura, en oportunidad de prestar declaración indagatoria en el juzgado, [el señor Bayarri] brind[ó] una versión acorde con lo relatado en las declaraciones testimoniales del personal preventor […]. A pesar de ello, [el] dicho prestado por […] Bayarri no pued[e] ser tenido en cuenta como prueba de confesión dado que de las circunstancias que rodearon a [su declaración] tornan inverosímiles las explicaciones de los imputados en cuanto afirman que procedieron a ratificar el contenido de las declaraciones testimoniales del personal policial porque estaban amenazados por los mismos funcionarios que lo torturaron y trasladaron al juzgado a declarar.
Es de destacar en este contexto que dicho acto procesal fue llevado a cabo sin la presencia de s[u] defenso[r] letrad[o], circunstancia que da una pauta de la falta de garantías que rodearon a la […] declaraci[ón] indagatori[a]. A ello hay que agregarle el particular trato que, según se deduce de la declaraci[ón] recibi[ó] en la sede del juzgado. Bayarri, se encontraba con marcas visibles de haber sufrido lesiones de reciente data y, sin embargo, el juzgado de instrucción ordenó que los médicos forenses sólo lo revisaran con relación a la alegada dolencia en el oído derecho.
[…]
Conforme con lo narrado, nos encontramos ante un supuesto de exclusión de prueba obtenida ilegalmente. De acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Estado no puede hacer valer como prueba de cargo aquellos elementos que han sido incorporados a una investigación de manera ilegal, es decir afectando derechos individuales reconocidos constitucionalmente […].
Además es menester establecer si la legalidad de los mencionados actos acarrea consecuencias más allá de esta misma exclusión. En este supuesto, se debe aplicar la doctrina del fruto del árbol venenoso, que postula que no sólo se debe excluir la prueba obtenida en forma ilegal sino que igualmente deben dejar de considerarse otras evidencias que se encontraron o que fueron fruto de la información obtenida ilegalmente.
Por aplicación de esta regla, que encuentra reflejo legal en lo normado por los artículos 511 y 512 del Código de Procedimientos en Materia Penal, deberán declararse nulos los actos procesales que fueron dictados como consecuencia de l[a] mencionad[a] declarac[ión] indagatori[a] .
109. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal concluye que el Estado violó el artículo 8.2.g) de la Convención Americana en perjuicio del señor Bayarri.
C) Presunción de inocencia
110. Este Tribunal ha establecido que, al ser la prisión preventiva una medida cautelar y no punitiva, existe una “[o]bligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia” . Proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia . Efectivamente, en ocasiones anteriores, el Tribunal ha estimado que al privar de la libertad, en forma innecesaria o desproporcionada, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, el Estado incurre en una violación del derecho de toda persona a que se le presuma inocente, reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana . A igual conclusión se debe llegar si el Estado mantiene a una persona privada de su libertad preventivamente más allá de los límites temporales que impone el derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención Americana (supra párr. 70).
111. Ya quedó establecido que la víctima permaneció en prisión preventiva aproximadamente trece años y que dicho período excedió el plazo máximo previsto por la legislación interna (supra párr. 77). La Corte también consideró que durante ese tiempo el señor Bayarri estuvo sujeto a un proceso penal en el cual se violaron diversas garantías judiciales (supra párrs. 107 y 108). Tomando en cuenta todo lo anterior, el Tribunal estima que la prolongada duración de la prisión preventiva de Juan Carlos Bayarri en el transcurso de un proceso penal violatorio de la Convención Americana convirtió aquella en una medida punitiva y no cautelar, lo cual desnaturaliza dicha medida. El Tribunal estima que el Estado violó el derecho del señor Bayarri a ser presumido inocente y que, en consecuencia, es responsable por la violación del artículo 8.2 de la Convención Americana en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri.
CAUSA 66.138 CARATULADA “BAYARRI JUAN CARLOS. APREMIOS ILEGALES”
A) Acceso a la justicia, derecho a ser oído y a que se resuelva la
causa dentro de un plazo razonable, y efectividad de los recursos
112. El 19 de noviembre de 1991 el señor Juan José Bayarri denunció la detención ilegal de su hijo, Juan Carlos Bayarri (supra párr. 59). El 23 de diciembre de ese mismo año el abogado defensor de la víctima presentó una denuncia por los apremios cometidos en su contra. Ambas causas se acumularon en la número 66.138/96. Dentro de esta causa, el Juzgado de Instrucción No. 13 dictó auto de sobreseimiento provisional a favor de los acusados en dos oportunidades . Estas decisiones fueron revocadas casi en su totalidad por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal al considerar que el examen de los hechos denunciados por Juan Carlos Bayarri requería la práctica de otras diligencias probatorias .
113. Del expediente se desprende que el 30 de mayo de 2006 se decretó la clausura de la etapa instructora y se ordenó remitir las actuaciones al juzgado correspondiente para la tramitación de la plenaria. No obstante, dicha orden no pudo formalizarse debido a que en diversas fechas del mes de abril de ese año, los imputados solicitaron la aplicación del Código Procesal Penal vigente , por lo cual se suspendió el trámite de la causa hasta en tanto fuera dirimido el punto . La petición fue aceptada el 13 de marzo de 2007 por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal. En consecuencia, se ordenó la devolución de los autos al tribunal originario para su tramitación de acuerdo con el código procesal penal vigente . El 28 de marzo de 2007 el señor Bayarri interpuso un recurso extraordinario federal que fue rechazado el 12 de noviembre de 2007 . El 25 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente, Juan Carlos Bayarri y la Fiscal Nacional en lo Criminal de Instrucción asignada solicitaron la elevación de la causa a juicio. El 1 de marzo de 2008 los acusados se opusieron a la elevación a juicio e interpusieron la excepción de la prescripción de la acción penal .
114. El Tribunal constata que han transcurrido aproximadamente diecisiete años y la causa penal sigue tramitándose en el fuero interno. El Estado aceptó la existencia de demora, que se había prolongado hasta el 1 de junio de 2004, y alegó que a partir de esa fecha el retraso se explica por la complejidad del caso y por la oposición de los representantes del señor Bayarri a que los imputados sean procesados conforme al Código Procesal Penal vigente. Si bien el Tribunal reconoce que a partir del año 2006 el Estado ha orientado, con relativa celeridad, diversas actuaciones judiciales, particularmente las concernientes a la resolución del conflicto de aplicación de la legislación procesal penal, el período de aproximadamente quince años que demoró la investigación es excesivo. Lo mismo se puede decir de los diecisiete años que han transcurrido sin que exista sentencia definitiva. Esto contraviene el derecho de las presuntas víctimas y sus familiares a conocer, dentro de un plazo razonable, la verdad de lo sucedido, lo cual supone diligencia y eficacia en las actuaciones del Estado. En consecuencia, el Tribunal considera que no es necesario analizar los criterios establecidos para valorar la razonabilidad de los plazos procesales (supra párr. 107).
115. Por otra parte, esta demora ha generado otras consecuencias, además de la vulneración del plazo razonable, tal como una evidente denegación de justicia. En primer lugar, el hecho de que la instrucción del sumario se prolongara por quince años incidió en el proceso penal seguido en contra de Juan Carlos Bayarri, quien no pudo obtener el oportuno esclarecimiento de la tortura que le fue infligida. En segundo lugar, el transcurso de más de 16 años desde la interposición de las denuncias y el inicio de la investigación puede frustrar la continuidad del proceso penal en curso . Está demostrado que el 10 de agosto de 2007 el Juez de Instrucción No. 41 declaró extinguida por prescripción la acción penal respecto de dos identificados en esta causa como presuntos responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de la víctima . Asimismo, consta en el expediente que el 1 de marzo de 2008 los acusados se opusieron a la elevación a juicio e interpusieron la excepción de la prescripción de la acción penal . La Corte no tiene información sobre la resolución de este punto hasta la fecha de emisión de la presente Sentencia.
116. La denegación del acceso a la justicia se relaciona con la efectividad de los recursos, en el sentido del artículo 25 de la Convención Americana, ya que no es posible afirmar que un proceso penal en el cual el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal imputada se hace imposible por una demora injustificada en el mismo, pueda ser considerado como un recurso judicial efectivo. El derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso en forma que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos .
117. La Corte considera que con motivo de la falta de una resolución pronta y definitiva de la denuncia penal presentada en este caso por hechos de tortura y privación ilegal de la libertad se afectó el derecho de la víctima a la debida protección judicial. Este derecho comprende no sólo el acceso del ofendido a los procesos penales en condición de querellante, sino el derecho a obtener un pronunciamiento definitivo mediante mecanismos efectivos de justicia. Asimismo, tomando en cuenta tanto el notorio retardo en la investigación y en el proceso referido, sin que exista explicación razonada, como el reconocimiento de hechos formulado por el Estado, la Corte estima que Argentina violó los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri.
B) Derecho a ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial
118. Los representantes alegaron una serie de hechos relacionados con el supuesto encubrimiento por parte de magistrados y funcionarios judiciales de las personas acusadas por la privación ilegal de la libertad y tortura del señor Bayarri, las cuales también gozarían de la protección de la Policía Federal Argentina. Al respecto, este Tribunal ha establecido que la presunta víctima, sus familiares o sus representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión, sobre la base de los hechos presentados por ésta . Los hechos que darían origen a las alegadas parcialidad y falta de independencia de las autoridades judiciales en el trámite de dicha causa penal no se desprenden de la demanda y, en consecuencia, la Corte se ve impedida de analizarlos (supra párrs. 29 y 30).
X
REPARACIONES
(APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)
119. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente . En sus decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana .
120. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional puede realizarse, siempre que sea posible, a través de la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación cometida. Si esto no es posible, como en efecto no lo es en la totalidad de los casos, cabe al tribunal internacional determinar las medidas conducentes a garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, disponer el pago de una indemnización en calidad de compensación por los daños ocasionados , y asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso . El derecho internacional regula todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) del deber de reparar, que no puede ser modificado o incumplido por el Estado invocando disposiciones de su derecho interno .
121. Las reparaciones consisten en medidas con las que se procura suprimir o moderar, y compensar los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de la violación y del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial .
122. De acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte, ésta se pronunciará sobre las pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes, y la postura del Estado respecto de las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños.
A) Parte Lesionada
123. La Corte considera como “parte lesionada”, conforme al artículo 63.1 de la Convención, al señor Juan Carlos Bayarri, en su carácter de víctima de las violaciones declaradas, por lo que será acreedor a las reparaciones que fije el Tribunal.
124. Los representantes alegaron que “el daño provocado por mantener [a la presunta víctima] casi 13 años injustamente privad[a] de [su] libertad […] produjo […] graves y tremendas consecuencias adicionales sobre los demás integrantes de [su] familia”, a saber: Juan José Bayarri (padre), Zulema Catalina Burgos (madre), Claudia Patricia De Marcos de Bayarri (esposa), Analía Paola Bayarri (hija), José Eduardo Bayarri (hermano) y Osvaldo Oscar Bayarri (hermano), por lo que solicitó que el Estado les garantice una reparación adecuada. En igual sentido, la Comisión identificó a los familiares del señor Juan Carlos Bayarri como beneficiarios de las reparaciones solicitadas.
125. No obstante lo anterior, la Corte observa que la Comisión no los declaró víctimas de alguna violación a la Convención en su Informe de fondo (supra párrs. 1 y 2), ni solicitó expresamente que este Tribunal declare una violación de la Convención en su perjuicio.
126. El Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho consagrado en la misma. Al respecto, conforme a las más recientes decisiones del Tribunal, las presuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el Informe de la Comisión adoptado según el artículo 50 de la Convención . Además, de conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento de la Corte, corresponde a la Comisión, y no a este Tribunal, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas . Lo anterior no ha ocurrido en el presente caso y, por ende, los familiares del señor Juan Carlos Bayarri no pueden ser considerados beneficiarios de reparaciones dentro de este proceso.
B) Indemnizaciones
Daño material
127. La Corte ha reiterado en su jurisprudencia que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos y cualquiera otras consecuencias de carácter pecuniario generados con motivo de los hechos del caso en estudio .
128. En el caso sub judice, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que ordene al Estado el pago de una indemnización por daño emergente y lucro cesante. Por su parte, los representantes solicitaron que el Estado indemnice a la víctima por: a) “daño patrimonial”; b) “lucro cesante”; c) “derecho de chance”; d) “daño punitivo”; e) “gastos médicos incurridos”; y, f) “gastos médicos futuros, en cuanto a los tratamientos psicológico y físico pendientes.
129. A continuación, el Tribunal fijará las indemnizaciones correspondientes al concepto de daño material con base en las violaciones declaradas en la presente Sentencia tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso, la prueba ofrecida por las partes y sus alegatos.
i) “daño emergente”
130. La Comisión sostuvo que “[e]l señor Bayarri y su familia debieron realizar esfuerzos económicos importantes con el fin de reclamar justicia y para solventar los tratamientos psicológicos necesarios para poder sobrellevar las consecuencias que acarrearon las graves violaciones sufridas.” Además, señaló que “[l]a impunidad de los responsables y la falta de reparación, transcurridos casi 16 años desde los hechos han alterado el proyecto de vida del señor Bayarri y de su familia”.
131. Por concepto de “gastos médicos incurridos” los representantes solicitaron indemnizar a la víctima por los gastos “[d]e farmacia y adquisición de la prótesis al año 1995 a lo que debe adunarse lo gastado en atención psicológica desde que recuperase su libertad en junio de 2004 hasta comienzos de 2007 en que debiese interrumpir su tratamiento por falta de recursos.” Solicitaron la suma de US $15,000.00 [quince mil dólares de los Estados Unidos de América] hasta el año 1996 más US $3,000.00 [tres mil dólares de los Estados Unidos de América] hasta el año 2007 más una tasa de interés del 18% anual a cada uno de estos montos los cuales suman en total US $42,300.00 [cuarenta y dos mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América]. A su vez, alegaron que “de la compra de muchos medicamentos no se han guardado las boletas correspondientes, dado la particularísima situación vivida por [la familia] Bayarri, pese a que muchos de los recetarios para la adquisición de medicamentos se encuentran agregados a la causa No. 66.138/96, donde fuesen oportunamente aportados como prueba”. En sus alegatos finales escritos, los representantes solicitaron, además, la suma de US $2,000,000.00 [dos millones de dólares de los Estados Unidos de América] “[p]or la incapacidad locomotriz, con pérdida definitiva de la capacidad de caminar normalmente, de realizar actividades deportivas, sostener cargas, saltar, y/o realizar largos desplazamientos, y/o permanecer parado durante prolongado lapso”.
132. Al respecto, el Estado alegó que “[la víctima] no adjunta un solo comprobante […] de los gastos médicos o psicológicos que dice haber efectuado a los largo de los años”. Asimismo el Estado alegó que “[e]n el período señalado [la víctima] estaba privad[a] de su libertad de manera tal que sus eventuales padecimientos físicos o psicológicos eran atendidos por los servicios médicos y psiquiátricos del establecimiento en el que se encontraba alojado”.
133. La Comisión Interamericana manifestó que según el peritaje presentado por el doctor Eduardo Garré, “[l]a falta de atención y cuidado dental mientras estuvo en prisión preventiva significó que [la víctima] perdiera varias piezas dentales, de modo que de las 32 que debiera tener, sólo cuenta con siete”. La Comisión también refirió que la pérdida de varias piezas dentales fue constatada por el doctor Juan Carlos Ziella en su peritaje.
134. Por gastos médicos futuros, los representantes manifestaron que “[e]n los trece años en que estuvo preso [la víctima] tuvo un deterioro total y absoluto de su dentadura, ya que […] el único tratamiento odontológico que se brinda en las cárceles argentinas es la extracción dentaria, por lo que la dentadura del [señor] Bayarri […] debe ser reparada con una prótesis con implantes […]”. Señalaron, además, que “[e]ste tratamiento en la República Argentina tiene un costo de US $18,000.00 [dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América]. Por otro lado, los representantes indicaron que el señor Bayarri “[d]ebe continuar con su terapia psicológica para tratar de elaborar el duelo de casi trece años privado de su libertad”. Al respecto, solicitaron la cantidad de US $15,000.00 [quince mil dólares de los Estados Unidos de América]. Con relación a la discapacidad auditiva que sufre la víctima, los representantes señalaron que se debe “[c]onsiderar que la salud auditiva del [señor] Juan Carlos Bayarri resulta […] crítica con una pérdida de su audición del 40% en su oído derecho y un 20% aproximado de su oído izquierdo, lo que implica que deberá ser sometido a una nueva intervención quirúrgica y/o utilizar en un futuro y de por vida audífonos para poder superar el grave problema que lo aqueja a raíz de las torturas a las que fuese sometido […]”. Los representantes calcularon un gasto futuro en caso de cirugía correctiva ótica de US $35,000.00 [treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América] y de US $30,000.00 [treinta mil dólares de los Estados Unidos de América] en caso de tener que adquirir audífonos, uno para cada oído, en los próximos 20 años de posible expectativa de vida. En total, los representantes solicitaron un monto US $65,000.00 [sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América] por gastos médicos futuros.
135. Al respecto, el Estado argumentó que la víctima no adjuntó “[u]n conjunto de certificados […] relativos a una presunta disminución auditiva que padecería Juan Carlos Bayarri hacia el año 1995, una intervención quirúrgica en el año 1996 y sucesivas audiometrías”. Agregó que “[t]ales manifestaciones no contienen referencia alguna a las causas que habrían originado la presunta disminución auditiva que [la víctima] dice padecer”. Por último, el Estado señaló que la víctima no adjuntó “[p]resupuestos o proyecciones de gastos que acrediten los montos que debería devengar en el futuro”. El Estado solicitó a la Corte que rechace estos rubros por improcedentes.
136. En su escrito de argumentos y pruebas, así como durante la audiencia pública, los representantes solicitaron indemnizaciones respecto a lesiones óticas, odontológicas, psicológicas y con relación a lesiones en los pies de la víctima. La Corte observa que el objeto de los peritajes médicos y psicológicos practicados en el presente caso fue la determinación de las consecuencias físicas y psicológicas para la presunta víctima derivadas de las supuestas privación ilegal y arbitraria de la libertad y tortura, así como del grado de daño y consecuencias atribuibles a los hechos denunciados, y del impacto y las consecuencias que pudieron haber generado tales hechos . En este tenor, el Tribunal estima pertinente analizar en primer lugar, la existencia de los daños alegados por los representantes, su relación con los hechos del presente caso y, posteriormente, determinar las indemnizaciones que eventualmente estime pertinentes.
137. Con relación a las lesiones físicas, el médico Luis Eduardo Garré refirió en su dictamen pericial una lesión timpánica que presentaba el señor Bayarri cuando ingresó al Servicio Penitenciario Federal la cual, no obstante, fue atendida quirúrgicamente cuatro años después. El perito señaló que el tiempo que tardó su solución generó una “[l]esión permanente […] agravada[,] producida o facilitada durante su detención”. El perito indicó que la discapacidad auditiva actual del señor Bayarri corresponde a una pérdida de audición en el oído derecho del 40%. Por su parte, el médico Juan Carlos Ziella, cuyo peritaje fue ofrecido por el Estado, llegó a conclusiones similares sobre la pérdida de la audición indicando que la víctima presenta una “[h]ipoacusia perceptiva laboral, con pérdida auditiva del 7,7% en el oído izquierdo, y del 36,7% en el oído derecho”. Asimismo, los peritos médicos concluyeron que la víctima padece en ambos pies una lesión de tipo degenerativo e inflamatorio que le causa intensos dolores. Durante la audiencia pública el doctor Garré mencionó que dicha lesión no es “[c]onsecuencia […] de la prisión en sí misma [ni] de la detención sino de que no se implementaron medidas preventivas o curativas en el momento apropiado”. El doctor Ziella estableció como causas el “[e]mpleo de calzado inadecuado durante un tiempo prolongado y la influencia de acentuada humedad ambiental.” Ambos peritos coincidieron en señalar que el señor Bayarri requiere de una intervención quirúrgica en ambos pies . Del peritaje del doctor Garré también se desprende que el señor Bayarri “[t]iene ausencia de molares y de premolares en maxilares superiores e inferiores [lo que] ha generado una pérdida de la función masticatoria [y] simplemente tiene la posibilidad de utilizar los incisivos para morder no para masticar.” El perito mencionó que existen constancias de que la víctima “[i]ngresó al servicio carcelero con la dentadura completa [y que] si hubiera habido un adecuado servicio odontológico donde se le hubiese tratado cada pieza dental muy probablemente no se hubiera llegado a [la pérdida de piezas dentales].” Como solución médica señaló que el señor Bayarri “[r]equiere de un tratamiento de reemplazo, de implantes y varias prótesis en su boca porque varias piezas dentarias que sí tiene [7 u 8] están en un estado muy defectuoso”. Sobre las alternativas hospitalarias públicas o privadas para ser atendido, durante la audiencia pública el perito Garré refirió que “[aunque] el sistema de medicina en la Argentina es de excelencia […] en términos generales la expectativa de turno cuando no es una enfermedad urgente […] es extremadamente larga y en algunos hospitales puede medirse en años”, por lo que señaló que si el tratamiento fuera a través de servicios privados sería inmediato. Asimismo, mencionó que Argentina “[t]iene un gran déficit en el tratamiento odontológico”.
138. Respecto de los daños psicológicos y psiquiátricos, el doctor Aviel Tolcacher, perito ofrecido por el Estado, concluyó que la víctima padece un “[t]rastorno por Estrés Post Traumático [y que] ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido […] amenazas para su integridad física [y que] ha respondido con temor y horror intenso”. La doctora Susana E. Quiroga arribó a conclusiones similares agregando, además, que se trata de un trastorno crónico producido por la tortura y por los trece años que estuvo privado de su libertad por lo que recomendó “[i]nmediata atención psicoterapéutica de alta frecuencia [más de dos veces por semana] y duración prolongada [podría ser toda la vida], llevada a cabo por profesionales expertos y de excelencia […]” . Asimismo, al ser cuestionada durante la audiencia pública (supra párr. 7) sobre la posibilidad de que el tratamiento psicológico fuera llevado a cabo en hospitales del Estado, la perito señaló que “[l]e [iban] a dar hora dentro de dos meses o tres meses para verlo, a su vez, una vez por semana” y que “[sería atendido por un] profesional joven que está haciendo su residencia y que está aprendiendo”. Enfatizó que el señor Bayarri requería de “[p]rofesionales de mucha experiencia […]” y que estos tratamientos son de alto costo.
139. Los peritajes médicos practicados en el presente caso demuestran que existe un nexo causal entre las lesiones que presenta la víctima y los hechos denunciados. En efecto, los golpes que fueron inferidos al señor Bayarri y las lesiones que provocaron en sus oídos (supra párr. 87), particularmente el derecho, no fueron atendidos debidamente mientras estuvo privado de la libertad a cargo del Estado, lo que generó que se agravaran a su estado actual. Por otra parte, si bien ha quedado establecido que las lesiones en los pies y la pérdida de piezas dentales no fueron resultado de la tortura y maltrato recibido por la víctima durante su detención, es razonable concluir, con base en la opinión del perito (supra párr. 137) que una atención adecuada y oportuna mientras estuvo privado de la libertad hubiera evitado o aminorado las lesiones actuales. A su vez, con base en los dictámenes psicológicos de los peritos Susana E. Quiroga y Aviel Tolcacher, así como de la declaración rendida por la víctima en este caso, esta Corte considera demostrada la existencia de daños psicológicos derivados de las violaciones de la Convención Americana de que fue objeto el señor Bayarri.
140. El Estado alegó que los “eventuales padecimientos físicos o psicológicos” del señor Bayarri fueron atendidos por los servicios médicos y psiquiátricos del establecimiento donde se encontró recluido. No obstante, el Estado no aportó prueba al respecto. Asimismo, el Estado refutó que la cirugía correctiva ótica que alegaron los representantes hubiera sido realizada. Sin embargo, el doctor Juan Carlos Ziella, perito ofrecido por el Estado, señaló que “[q]ueda[ba] demostrada […] la intervención quirúrgica sobre el oído derecho […] habiendo transcurrido más de 12 años de la cirugía correctiva practicada” . También el doctor Garré se refirió a una cirugía que se le practicó al señor Bayarri “[a]penas cuatro años después” de su ingreso al Servicio Penitenciario Federal debido a un leve trastorno auditivo .
141. La Corte observa que el señor Bayarri recibió atención médica y psicológica a consecuencia de los hechos alegados en el presente caso. No obstante, sobre la base de la prueba existente en el expediente el Tribunal no puede cuantificar con precisión el monto que el señor Bayarri y sus familiares han erogado. En vista de ello, y tomando en cuenta el tiempo transcurrido, el Tribunal fija en equidad la suma de US $18,000.00 (dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América) que deberán ser cancelados por el Estado al señor Bayarri por concepto de reembolso por gastos en atención médica y psicológica.
142. Asimismo, tomando en cuenta lo anterior, es posible concluir que los padecimientos físicos y psicológicos del señor Bayarri subsisten hasta ahora. Como lo ha hecho en otras oportunidades , la Corte estima fijar una indemnización que comprenda los gastos futuros por tratamiento psicológico. Considerando las circunstancias y necesidades particulares de la víctima expresadas por los peritos, la Corte considera razonable entregarle la cantidad de US $22,000.00 (veintidós mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos futuros de atención psicológica.
143. Asimismo, el Estado debe brindar gratuitamente y por el tiempo que sea necesario, la atención médica y odontológica requerida por el señor Juan Carlos Bayarri en relación con las lesiones que han quedado establecidas en la presente Sentencia. El Estado debe asegurar que el señor Bayarri sea atendido de forma inmediata y que se le otorguen todas las facilidades necesarias para ello.
ii) pérdida de ingresos
144. Los representantes argumentaron que la víctima, antes de ser detenida, era “[u]n próspero empresario del rubro automotor con ingresos mensuales de aproximadamente US $7,500 [siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América] y de repente [se] encontró impedido de desarrollar dicha actividad en forma definitiva como consecuencia de encontrarse privado de su libertad, y [que] al recuperar la misma[,] por encontrarse moral y espiritualmente destruido, acobardado, lleno de temores [y] desprestigiado social y vecinalmente por ser un ex presidiario […] se encuentra psicológica y auditivamente dificultado para trabajar”. Por lo anterior, los representantes solicitaron que se ordene al Estado indemnizar a la víctima por este concepto con la cantidad de US $3,750,000.00 [tres millones setecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América], resultantes de la multiplicación del monto mensual referido por los 187 meses en los que la víctima dejó de percibir este monto, más un interés anual de 18%.
145. La Comisión señaló que “[e]l testimonio del señor Bayarri, así como los peritajes de los doctores Garré y Quiroga, producidos en la audiencia pública del presente caso, y los peritajes ofrecidos por el Estado de los doctores Ziella y Tolcachier demuestran la magnitud de las consecuencias físicas y psicológicas sufridas por el señor Bayarri como consecuencia de los hechos vividos”.
146. El Estado indicó que “[la víctima] no adjunt[ó] documentación que permita acreditar los ingresos que manifiesta […] tales como comprobantes de pago de impuestos nacionales, provinciales o municipales, registros de aportes a la Administración Nacional de la Seguridad Social, facturas de venta o facturas de compra extendidas por proveedores del supuesto local, balances comerciales o registros bancarios”. A su vez, argumentó que “[la víctima] ni siquiera adjunta elementos que acrediten de manera fehaciente la existencia misma al momento de los hechos denunciados de la agencia de automotores Bernal Motors Car”. El Estado solicitó a la Corte que rechace la solicitud de indemnización por este rubro por ser improcedente.
147. La Corte observa que en su declaración el señor José Enrique Villasante manifestó que, “[p]or haber sido amigo del ahora difunto suegro del Sr. Juan Carlos Bayarri, […] tuvo relación con la familia Bayarri, habiendo concurrido en una oportunidad a la agencia de automotores que la familia Bayarri tenía en una esquina, cerca de la estación Bernal, frente a las vías del ferrocarril […] y que era muy importante, ya que tenían muchos automóviles valiosos para la venta, algunos importados de gran valor y hasta autos de colección, pero que a raíz de lo sucedido a los Bayarri se había `venido totalmente abajo’, y por ese motivo el señor Juan José Bayarri, […] tampoco vendía autos en su domicilio ya que decía que tenía que ver a abogados y ocuparse de atenderlo a Juan Carlos y luego de ello lograr su libertad” . Por su parte, la testigo Clotilde Elena Rodríguez manifestó que Juan José Bayarri y su hijo Juan Carlos “[t]enían en sociedad una agencia de automóviles muy importante en la zona de Bernal, a pocas cuadras de la estación y de la casa que tenían los Bayarri en la calle Belgrano, agencia de automotores que ella conoció [y que] en esa agencia se encontraban en exposición y venta automóviles muy valiosos, algunos autos importados y hasta autos antiguos, aunque no recuerda las marcas ya que de automóviles no sabe mucho” . Por último, la testigo Noemí Virginia Julia Martínez declaró que “[laboró] en la agencia de automotores que la familia Bayarri tenía en Avenida San Martín 742 Esquina Cerrito 10 de Bernal, a pocas cuadras de la estación de tren”. La testigo refirió que “[e]n esa agencia había mucho movimiento comercial, ya que tenían vehículos baratos pero también otros muy valiosos, todos eran autos usados, algunos importados y también vehículos antiguos que el Sr. `Don Juan’ Bayarri, restauraba en talleres de mecánicos amigos para poder venderlos a buen precio a coleccionistas y/o a personas que buscan ese tipo de automóviles, inclusive venían a comprarle autos de colección desde el exterior” .
148. Los representantes presentaron como prueba documental de las actividades comerciales del señor Bayarri un acta de habilitación del local; una copia certificada del Libro de Actas de la agencia de automotores, con fecha de 27 de marzo de 1989, extendido por el Departamento Comercios de la Municipalidad de Quilmes; una copia certificada del Libro de Exposición y ventas de Automotores y, una fotografía del frente del comercio denominado “Bernal Motors Car”. Asimismo, manifestaron que en el “[a]llanamiento policial perpetrado en [su] domicilio de la calle Belgrano 716 de Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires el 21 de noviembre de 1991, [se llevaron] copiosa documentación con la excusa de tener que verificarla, la que jamás se asentó en acta alguna ni tampoco [les] fue restituida”.
149. El Tribunal constata que la veracidad de los documentos y testimonios aportados por los representantes no fue controvertida por el Estado (supra párr. 49). Por otro lado, del expediente de la causa 4.227 “Macri, Mauricio, s/ Privación Ilegal de la Libertad” se desprende que el día 21 de noviembre de 1991 se realizó un allanamiento en el domicilio de la víctima donde se secuestró dinero y documentación. No obstante, el acta de allanamiento no deja constancia del secuestro de documentos relativos a las actividades comerciales de la víctima . Sin embargo, cabe resaltar que consta en el mismo expediente que el 7 de noviembre de 1991 el Juzgado Nacional de Instrucción No. 25 solicitó al Jefe de la División Defraudaciones y Estafas que se practicaran tareas y labores de inteligencia relacionadas con Juan Carlos Bayarri, para lo cual se le identificó como un “suboficial de la Policía Federal […,] robusto, de 1.78 m de estatura, calvo, con barba, que explotaría una agencia de automotores en San Martín y Cerrito [en Bernal]” .
150. La determinación de la indemnización por pérdida de ingresos en el presente caso debe calcularse con base en el período de tiempo que la víctima permaneció sin laborar como consecuencia de la violación. En este caso, la Corte ya dio por demostrado que Juan Carlos Bayarri permaneció privado de su libertad durante trece años, y que dicho encarcelamiento constituyó una violación de su derecho a la libertad personal (supra párr. 75). En esta oportunidad, considera demostrado, luego de analizar el acervo probatorio, que la víctima realizaba actividades comerciales en el rubro de automotores al momento de su detención. Sin embargo, los representantes no aportaron pruebas que acrediten el ingreso que percibía el señor Juan Carlos Bayarri.
151. Por todas las consideraciones expuestas, en equidad, la Corte estima que el Estado debe entregar la suma de US $50,000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Bayarri, por concepto de indemnización por los ingresos que dejó de percibir durante los trece años que estuvo privado de su libertad en violación del artículo 7 de la Convención Americana.
iii) otros daños
152. La Comisión y los representantes alegaron que los daños de índole física y psicológica producidos al señor Bayarri son permanentes.
153. Este Tribunal considera evidente que las lesiones tanto físicas como psicológicas del señor Bayarri afectan su vida laboral futura, como ocurriría a toda persona en estas circunstancias. Al respecto, el Tribunal resalta que Juan Carlos Bayarri fue privado ilegalmente de su libertad cuando contaba con 41 años de edad y permaneció detenido durante una parte importante de su vida adulta y laboral, lo cual debe ser valorado.
154. Al respecto, el peritaje presentado por la psicóloga Quiroga estableció que “[el señor] Juan Carlos Bayarri presenta una incapacidad laboral total resultante del deterioro cognitivo-intelectual, afectivo, volitivo y comportamental, como consecuencia de los sucesos traumáticos padecidos [y no] se halla en condiciones de retomar la actividad que realizaba junto a su padre (venta de automotores usados) con anterioridad a los hechos catastróficos que lo afectasen a partir de noviembre de 1991”. También señaló que debido a causas “[d]e orden individual, por su marcada desconfianza actual hacia otras personas; y de orden social por su condición de ex presidiario y como persona difamada por el periodismo durante largos años [el señor] Juan Carlos Bayarri no podría entablar una relación comercial-social–laboral de base segura con los otros vínculos necesarios para el desarrollo en los distintos espacios vitales” .
155. El Tribunal considera apropiado fijar la suma de US $50,000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) por los impedimentos psicológicos que afectan la capacidad laboral de la víctima.
156. Por otro lado, los representantes solicitaron que como consecuencia del secuestro de dinero que portaba el señor Bayarri al privársele de la libertad, así como del existente en su domicilio al realizarse un allanamiento, se ordene al Estado que pague a la víctima la cantidad de US $2,113.00 (dos mil ciento trece dólares de los Estados Unidos de América) los cuales a una tasa de interés anual del 18% suman US $57,051.00 (cincuenta y siete mil cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América)”.
157. El Estado alegó que la víctima no acompañó a su escrito de solicitudes y argumentos ni la boleta de recibo de efectos personales que le habría sido otorgada al ingresar como detenido a la policía federal ni el acta de allanamiento que se habría producido a su domicilio. Agregó que “[la víctima] tampoco adjunt[ó] elemento alguno en el que se acredite que tales montos no le fueron restituidos [y que] no adjunta constancias de haber efectuado las denuncias correspondientes por la presunta restitución de los montos que reclama […]”. Por último, el Estado señaló que la tasa de interés anual de 18% fue aplicada “[s]in proporcionar […] una mínima justificación respecto de los criterios jurídico legales conforme los estándares internacionales que habilitarían [esa] actualización sobre los montos reclamados en concepto de indemnización”. El Estado solicitó al Tribunal que rechace el rubro daño patrimonial por improcedente.
158. Esta Corte observa que de acuerdo a la prueba presentada, en el marco del proceso seguido contra el señor Bayarri, tuvo lugar un allanamiento en su domicilio el 21 de noviembre de 1991 y que, efectivamente, fueron secuestrados USD $1,013.00 [mil trece dólares de los Estados Unidos de América] y 4,500,000 [cuatro millones quinientos mil] australes . Asimismo, consta en el acervo probatorio que al momento en que la víctima ingresó como detenido a la policía federal se le secuestraron 6,303,800 australes . La Corte reitera que la posesión establece por si sola una presunción de propiedad a favor del poseedor y, tratándose de bienes muebles, vale por título . Tomando en cuenta que la víctima se encontraba detenida bajo su custodia, el Estado no probó que efectivamente devolvió las sumas indicadas por los representantes, lo cual era su obligación una vez que la víctima fue absuelta de toda responsabilidad en dicho proceso penal, o con anterioridad, al demostrarse que el dinero incautado no guardaba relación con el delito investigado.
159. Por lo anterior, el Tribunal ordena al Estado la devolución del monto secuestrado en el allanamiento y al ser detenido el señor Bayarri. Dicho monto ascendería a US $2,113.00 (dos mil ciento trece dólares de los Estados Unidos de América). La Corte valora el tiempo transcurrido desde el secuestro del dinero y el perjuicio económico que en consecuencia se causó al señor Bayarri, por lo que decide otorgar, en equidad, la cantidad total de US $5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por este concepto.
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160. Los representantes también solicitaron una indemnización por concepto de “derecho de chance”, es decir, por el “[e]l derecho frustrado del [señor Bayarri] de mejorar sus actividades comerciales e incrementar su patrimonio.” Asimismo, durante la audiencia pública y en sus alegatos finales escritos, los representantes solicitaron la aplicación del “instituto […] de los daños punitivos” es decir, que se incremente el rubro indemnizatorio total “[e]n función de la actitud que tiene el Estado [de] negación de los derechos [del señor] Bayarri” y “[a] los fines de asegurar la no repetición de conductas como las perpetradas contra [el señor Bayarri y su familia]”. Los representantes solicitaron un incremento del 30%.
161. Al respecto, la Corte reitera el carácter compensatorio de las indemnizaciones , cuya naturaleza y monto dependen del daño ocasionado, por lo que no pueden significar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para las víctimas o sus sucesores . Asimismo, ha rechazado pretensiones de indemnizaciones ejemplarizantes o disuasivas . Por lo tanto, el Tribunal considera improcedentes estas pretensiones.
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162. En sus alegatos finales escritos, los representantes se refirieron a “nuevos daños físicos, locomotrices, funcionales y estéticos” que aparentemente sufre el señor Bayarri y, en consecuencia, solicitaron una indemnización al respecto. Los representantes alegaron que la víctima “[e]stá padeciendo un daño estético por desfiguración del rostro como producto de la secuela de las torturas que le fuesen infligidas, [se trata] de una importante cicatriz en la zona fronto nasal [que] proviene de lesiones mal curadas mientras estuviese detenido […]”. Asimismo, señalaron que al señor Bayarri “[a su regreso] de la Ciudad de Tegucigalpa [luego de la audiencia pública celebrada en el presente caso] [s]e le ha desencadenado una gastropatía ulcerosa así como un problema cardíaco [sic] severo […]”. Al respecto, el Tribunal observa que la solicitud sobre la supuesta lesión desfigurativa en el rostro es extemporánea. Con relación a la gastropatía y al problema cardiaco, si bien son lesiones constatadas en el peritaje del doctor Juan Carlos Ziella la Corte no cuenta con elementos que le permitan tener por acreditado el nexo causal de dichas lesiones con los hechos del presente caso. Por lo anterior, el Tribunal no valorará dichas pretensiones.
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163. El Estado deberá efectuar el pago de la indemnización por concepto de daño material directamente al señor Bayarri dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 195 a 199 infra.
Daño inmaterial
164. El daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y las aflicciones, el menoscabo de valores muy significativos para las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima. No siendo posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, para fines de la reparación integral a las víctimas sólo puede ser objeto de compensación de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, a las cuales se referirá más adelante la Corte, que tengan como efecto, entre otros, reconocer la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones , teniendo en cuenta además que la jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación .
165. La Comisión sostuvo que el señor Bayarri “[e]xperimentó y sigue experimentando secuelas físicas y sufrimientos psicológicos profundos, producto de las torturas de las que fue objeto mientras se encontraba en custodia estatal.” Señaló, además, que “[e]l sufrimiento y la angustia se originan en las torturas y se agravan debido a la impunidad persistente [lo cual] alteró las condiciones de existencia de la víctima y su familia”.
166. Los representantes alegaron que “[l]os distintos medios de comunicación social reiteraron como ciertas […] calumniosas y dilacerantes […] referencias sobre el Sr. Juan Carlos Bayarri [de ser un peligroso secuestrador y asesino] que en definitiva lo mantuvieron […] encerrado en cárceles de máxima seguridad”. Como consecuencia, solicitaron que el Estado debe indemnizar al señor Bayarri “[t]anto por la difamación de la que fuese víctima, como por el hecho de haber estado en prisión preventiva durante casi trece años”. Al respecto, solicitaron una reparación de US $5,000,000.00 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) por el daño moral debido a las calumnias y la difamación de la que fuese víctima el señor Bayarri y, además, la suma de US $1,500,000.00 (un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América) por cada año de prisión. El monto total solicitado es de US $19,500,000.00 (diecinueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América).
167. El Estado indicó que la víctima “[n]o identifica quienes serían los responsables de las supuestas calumnias e injurias ni explica las razones por las cuales sería el Estado y no los supuestos autores de las mismas quien debería hacerse cargo de los alegados perjuicios”. También, señaló que “[e]n caso de determinarse el pago de una compensación por el daño inmaterial presuntamente padecido por el señor Bayarri, su alcance debería determinarse conforme a la ‘aplicación del razonable’ arbitrio judicial y en ‘términos de equidad´”.
168. La Corte toma en cuenta, inter alia, que el señor Bayarri, i) fue sometido a tortura para que se incriminara en la comisión de varios delitos (supra párr. 87); ii) permaneció recluído en prisión preventiva por casi trece años, en violación de su derecho a la libertad personal (supra párr. 75), tiempo durante el cual estuvo separado de su familia; y, iii) sufrió debido a la demora en el esclarecimiento de los hechos que le fueron imputados y continúa sufriendo por la impunidad que persiste sobre la determinación de los responsables de la detención y tortura de que fue objeto. En consecuencia, todo ello le ha causado un perjuicio moral.
169. Siguiendo el criterio establecido en otros casos , la Corte considera que el daño inmaterial infligido al señor Bayarri resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a torturas experimente un profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, por lo que este daño no requiere pruebas. Asimismo, la Corte se remite a las conclusiones del capítulo referente al derecho a la libertad y a la integridad personal, así como a las consecuencias de orden físico y psicológico que la tortura y la detención produjo a la víctima establecidas en la presente Sentencia.
170. Consecuentemente, la Corte considera pertinente fijar en equidad la suma de US $100,000.00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) como compensación por los daños inmateriales que las violaciones de los derechos humanos declaradas en esta Sentencia causaron al señor Bayarri.
171. El Estado deberá efectuar el pago de la indemnización por concepto de daño inmaterial directamente al señor Bayarri dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 195 a 199 infra.
C) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
172. La Comisión alegó que “[l]a primera y más importante medida de reparación en el presente caso es la cesación de la denegación de justicia, la que ha durado casi 16 años”. Señaló que aún existe la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de los hechos del presente caso, en particular, que se establezcan las responsabilidades penales, disciplinarias y civiles a que haya lugar.
173. Los representantes señalaron que, dado que existe impunidad con respecto a las violaciones cometidas, el señor Bayarri tiene temor fundado de ser “[v]íctima nuevamente de un proceso penal inventado.” Por lo tanto, solicitaron a este Tribunal que ordene al Estado iniciar sumarios administrativos contra todos los policías que intervinieron en los hechos, así como garantizar juicios penales rápidos “[e]n los cuales se le impida a estas personas hacer lo que quieren y contar con el apoyo de los magistrados para implementar todo tipo de trucos procesales”. Los representantes solicitaron a la Corte que dé “seguimiento a las sentencias para garantizar la no repetición de estos hechos”.
174. El Estado, por su parte, indicó que el 30 de mayo de 2006 el Juzgado Nacional de Instrucción No. 49 decretó la clausura de la etapa instructora del sumario en la causa 66.138, por lo que consideró que había dado cumplimiento a su deber de investigar los hechos del presente caso.
175. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la jurisprudencia de este Tribunal , la Corte dispone que el Estado debe concluir el procedimiento penal iniciado por los hechos que generaron las violaciones del presente caso (supra párrs. 112 a 117) y resolverlo en los términos que la ley prevea.
176. Finalmente, los representantes informaron al Tribunal que desde el año 2005 la víctima está siendo sometida a un proceso penal por el supuesto falso testimonio “cometido al denunciar a los policías que [supuestamente] lo torturasen” y que ha recibido amenazas recientes para que desista de las acciones judiciales que ha llevado a cabo en contra de los que él identifica como responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra . Al respecto, la Corte reitera al Estado su obligación de asegurar que la víctima tenga pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias del proceso en el que el señor Juan Carlos Bayarri es querellante (supra párr. 112), de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana , lo cual incluye el deber de garantizar a aquella la protección necesaria frente a hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos o encubrir a los responsables de los mismos. Cuando la víctima denuncia el uso de recursos judiciales como herramienta de intimidación, el Estado deberá garantizar a la víctima su derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial con las garantías del debido proceso en el trámite de dichos recursos.
D) Medidas de satisfacción y garantías de no repetición
177. En este apartado el Tribunal determinará las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición que buscan reparar el daño inmaterial y que no tienen naturaleza pecuniaria.
i) publicación de las partes pertinentes de la presente sentencia
178. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado argentino “[l]a publicación de las partes pertinentes de la sentencia”. Los representantes ni el Estado presentaron alegatos al respecto.
179. Como lo ha hecho en otros casos , la Corte considera oportuno ordenar como medida de satisfacción que el Estado publique en el Diario Oficial nacional y en otros dos diarios de amplia circulación nacional, por una sola vez, los capítulos I, VII, VIII y IX de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma. Al efecto, se fija un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente Sentencia.
ii) eliminación de antecedentes penales
180. En otros casos en los que las víctimas han sido procesadas por el Estado en violación de sus derechos humanos y absueltas posteriormente por las propias autoridades judiciales nacionales, la Corte ha dispuesto la eliminación de los antecedentes penales como reparación . En el presente caso la Corte ha establecido que el señor Bayarri fue objeto de un proceso que implicó la violación de su derecho al debido proceso (supra párrs. 107, 108 y 111). Por lo tanto, el Tribunal dispone que el Estado debe asegurarse de eliminar inmediatamente el nombre del señor Juan Carlos Bayarri de todos los registros públicos, especialmente policiales, en los que aparezca con antecedentes penales relacionados con dicho proceso.
iii) otras medidas
181. El Estado señaló que “[a]tento a lo dispuesto en […] las recomendaciones que la [Comisión Interamericana] efectuó al Estado argentino en su Informe de Fondo […] se encuentra actualmente en estudio un proyecto de ley tendiente a la implementación de un Mecanismo o Sistema Nacional […] de prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes […] de acuerdo con lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura [de Naciones Unidas].” Asimismo, mencionó que en el marco de ese proyecto de ley “[s]e han realizado diversos encuentros y seminarios tanto nacionales como internacionales, así como visitas que permitieron intercambiar ideas, modelos de trabajo y experiencias valiosas respecto de la presente temática” .
182. La Corte valora positivamente las iniciativas adelantadas por el Estado. Al respecto, el Tribunal considera que éste debe incorporar, en la medida en que aún no lo haya hecho, a los miembros de las fuerzas de seguridad, de los órganos de investigación y de la administración de justicia en las actividades de difusión y formación señaladas, con el fin de evitar que hechos como los del presente caso se repitan.
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183. En sus alegatos finales escritos, los representantes solicitaron adicionalmente otras reparaciones, relacionadas con la situación del señor Juan Carlos Bayarri como policía federal retirado al momento en que tuvieron lugar los hechos alegados en el presente caso: a) se reconozca a la víctima el lapso de tiempo transcurrido entre el 18 de noviembre de 1991 y el 1 de junio de 2004 como antigüedad en servicio para el cómputo del retiro y el haber jubilatorio correspondiente; y, b) se le otorgue un ascenso extraordinario en un acto público institucional y que “[se publique] simultáneamente en la Orden del Día Interna de la Policía Federal Argentina”. Al respecto, la Corte observa que dichas solicitudes fueron presentadas extemporáneamente y, en consecuencia, no serán valoradas.
184. Asimismo, en sus alegatos finales escritos los representantes también solicitaron adicionalmente: a) “[s]e ordene a la Policía Federal Argentina que decida en el sumario administrativo No. 465-18-000.222/91, que fuese labrado […] contra […] Juan Carlos Bayarri [y] lo sobresea administrativamente en forma inmediata por medio de resolución firme, dejando expresa mención de que la formación del mismo no afecta su buen nombre, honor y reputación como integrante de la Policía Federal Argentina; b) la actualización “[d]el monto de haber de retiro jubilatorio que [el señor Bayarri] debiera estar percibiendo, e inexplicablemente no se le abona desde mediados del año 2006”; y, c) la restitución al señor Bayarri de “[s]u derecho inmediato al uso y goce de todos y cada uno de los beneficios de la Obra Social de la Policía Federal Argentina que le corresponden en razón de su jerarquía y estado policial […]”.
185. Como fuere solicitado por el Tribunal durante la audiencia pública (supra párr. 7), en sus alegatos finales escritos, el Estado puso en conocimiento de la Corte que:
[d]e acuerdo a lo informado por la Policía Federal Argentina […] el ex Sargento 1 RP 162.134 […] Juan Carlos Bayarri, ingresó a las filas policiales en fecha 5 de julio de 1971, pasando a Retiro Voluntario el 1 de octubre de 1988, el cual fue convertido en Cesantía el 15 de mayo de 2006, en el marco del sumario administrativo No. 465-18-000.222-91, instruido a raíz de las actuaciones judiciales caratuladas “SECUESTROS EXTORSIVOS”, con intervención del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción No. 25, a cargo del Dr. Nerio Norberto Bonifati, Secretaría No. 145 del Dr. Eduardo Albano Larrea.
Como consecuencia de su cesantía, el señor Bayarri actualmente no goza de los beneficios de la Obra Social, habiendo sido dado de baja de la misma con fecha 17 de mayo de 2006.
Por su parte, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina ha informado que el cesante está registrado en dicho ente provisional bajo la Clase 23 […] encontrándose, en principio, en condiciones de realizar personalmente las tramitaciones tendientes a la obtención de un haber de pasividad mínimo, consistente en el [82%] de haber de retiro del que gozaba antes de ser segregado de la institución .
186. Con posterioridad los representantes informaron al Tribunal que la víctima no había sido notificada de dicha resolución administrativa mediante la cual la Policía Federal había decidido darle de baja, y solicitaron que “ordene a quien corresponda, que a la mayor brevedad se le notifique en legal forma […] con el objeto de poder articular en su caso, todos y cada uno de los instrumentos impugnativos contemplados en la ley […]”.
187. El Tribunal considera que el proceso administrativo iniciado en contra del señor Juan Carlos Bayarri no forma parte de la base fáctica de la demanda de la Comisión Interamericana, por lo que no se pronunciará al respecto. En consecuencia, el Tribunal tampoco examinará las reparaciones relativas al mismo solicitadas por los representantes.
E) Costas y Gastos
188. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana .
189. La víctima solicitó en concepto de “[G]astos de Justicia, costas ya saldadas y honorarios de profesionales actuantes y consultas de distintos profesionales del derecho” la cantidad de US $170,000.00 (ciento setenta mil dólares de los Estados Unidos de América). Asimismo, solicitó “[el] pago de costas causídicas y honorarios profesionales […] en favor de [sus] letrados apoderados [los cuales] deberán ser fijados en atención a la importancia y magnitud de este proceso”. Al respecto, solicitó el pago por parte del Estado argentino del 33% del importe que le sea otorgado como indemnización por los daños sufridos en favor de sus representantes en el presente caso, con base en lo dispuesto por la legislación argentina sobre aranceles profesionales.
190. Asimismo, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal “[h]acer efectivo el pago de las costas y gastos en que ha incurrido la víctima para litigar este caso en el ámbito interno, así como ante la Comisión y la Corte, y los honorarios razonables de sus apoderados”.
191. El Estado alegó que “[e]n ningún caso se han acompañado comprobantes de pago por los supuestos gastos que [el señor Bayarri] reclama […]”. Asimismo, argumentó que la víctima “[s]e limita a fijar un monto que no resiste ni mínimamente el parámetro de razonabilidad establecido por la jurisprudencia [del Tribunal] en cuyo marco únicamente se han reconocido aquellos gastos estrictamente necesarios para llevar adelante la defensa de un caso tanto en sede interna como en la internacional”, por lo que solicitó a la Corte rechazar dichas pretensiones.
192. Respecto al reembolso de las costas y gastos, el Tribunal ha señalado que le corresponde apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en la equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable .
193. En el presente caso, los representantes no han remitido al Tribunal prueba que respalde su pretensión en materia de costas y gastos. Por otro lado, respecto a la valoración de su monto, el Tribunal no se encuentra sujeto a lo que determine la legislación interna de los Estados. Por ello, la estimación presentada por los representantes no es la adecuada ni su monto es razonable.
194. En razón de lo anterior, y tomando en cuenta el largo plazo del trámite del proceso contra el señor Bayarri así como la demora de la causa en la que es querellante actualmente, el Tribunal estima, en equidad, que el Estado debe abonar la cantidad de US $50,000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Bayarri, quien entregará la cantidad que estime adecuada a sus representantes, para compensar las costas y los gastos realizados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano. Este monto incluye los gastos futuros en que pueda incurrir el señor Bayarri a nivel interno o durante la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia. El Estado deberá efectuar el pago por concepto de costas y gastos dentro de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
F) Modalidad de Cumplimiento de los Pagos Ordenados
195. El pago de las indemnizaciones establecidas en favor del señor Juan Carlos Bayarri será hecho directamente a aquél. Lo mismo se aplica respecto al reembolso de costas y gastos. En caso de que fallezca antes de que le sea entregada la indemnización respectiva, ésta se efectuará a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.
196. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda argentina, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
197. Si por causas atribuibles al beneficiario de las indemnizaciones o a sus derechohabientes, respectivamente, no fuese posible que éstos las reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera argentina, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de 10 años la indemnización no ha sido reclamada, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.
198. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas al beneficiario en forma íntegra conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.
199. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Argentina.
200. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana, de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma.
XI
PUNTOS RESOLUTIVOS
201. Por tanto,
LA CORTE
DECIDE:
Por unanimidad,
1. Desestimar la excepción preliminar de “cambio sustancial del objeto de la demanda” en relación con la falta de agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado, de conformidad con los párrafos 15 a 22 de la presente Sentencia.
DECLARA:
Por unanimidad, que:
2. El Estado violó el derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7.1, 7.2 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri, de conformidad con los párrafos 61, 68 y 77 de la presente Sentencia.
3. El Estado violó el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri, de conformidad con los párrafos 87 y 94 de la presente Sentencia.
4. El Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8.1, 8.2 y 8.2.g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri, de conformidad con los párrafos 107, 109 y 111 de la presente Sentencia.
5. El Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri, de conformidad con el párrafo 117 de la presente Sentencia.
6. El Estado incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia la tortura a la que fue sometido el señor Juan Carlos Bayarri, según lo estipulado en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de conformidad con el párrafo 94 de la presente Sentencia.
Y DISPONE:
Por unanimidad, que:
7. Esta Sentencia constituye, per se, una forma de reparación.
8. El Estado debe pagar al señor Juan Carlos Bayarri las cantidades fijadas en los párrafos 141, 142, 151, 155, 159, 170 y 194 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 195 a 199 del mismo.
9. El Estado debe brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento médico requerido por el señor Juan Carlos Bayarri, en los términos del párrafo 143 de la presente Sentencia.
10. El Estado debe concluir el procedimiento penal iniciado por los hechos que generaron las violaciones del presente caso y resolverlo en los términos que la ley prevea, conforme a los párrafos 175 y 176 de la presente Sentencia.
11. El Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otros dos diarios de amplia circulación nacional, por una sola vez, los capítulos I, VII, VIII y IX de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos del párrafo 179 del mismo.
12. El Estado debe asegurar la eliminación inmediata del nombre del señor Juan Carlos Bayarri de todos los registros públicos con los que aparezca con antecedentes penales en los términos del párrafo 180 de la misma.
13. El Estado debe incorporar, en la medida en que no lo haya hecho, a los miembros de las fuerzas de seguridad, de los órganos de investigación y de la administración de justicia en las actividades de difusión y formación sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en los términos del párrafo 182 de la presente Sentencia.
14. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma, en los términos del párrafo 200 de este fallo.
Redactada en español e inglés haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 30 de octubre de 2008.
El Juez Sergio García Ramírez comunicó a la Corte su Voto Concurrente, el cual acompaña esta Sentencia.
Cecilia Medina Quiroga
Presidenta
Diego García-Sayán Sergio García Ramírez
Manuel E. Ventura Robles Margarette May Macaulay
Rhadys Abreu Blondet
Pablo Saavedra Alesandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Cecilia Medina Quiroga
Presidenta
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO CONCURRENTE
DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA
SOBRE EL CASO BAYARRI (ARGENTINA),
DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008
1. El examen y la sentencia del Caso Bayarri promueven diversas cuestiones relevantes a propósito de la tutela de los derechos humanos en el marco del procedimiento penal, que constituye un escenario complejo y peligroso para el encuentro entre los poderes del Estado y los derechos del individuo. Entre esas cuestiones figura la privación cautelar de la libertad del procesado, tema frecuentemente destacado en los pronunciamientos de la Corte como también, por supuesto, en la práctica de la persecución penal, plagada de vicisitudes , que ha producido ya un “cuerpo de doctrina” sobre esta materia que pudiera y debiera proyectarse —a título de interpretación formal de la Convención Americana— en la normativa y las decisiones internas.
2. He aquí una materia adecuada para la armonización que se pretende a través del Derecho internacional de los derechos humanos. Destacados tratadistas —así, Julio Maier, Martín Abregú y Juan Carlos Hitters, entre otros— han adelantado la fundada opinión de que es hora de revisar, y acaso reconstruir, el enjuiciamiento penal de nuestros países, que ya registra desarrollos notables, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A esta fuente del “nuevo derecho” conviene agregar, con el mismo rango e idéntico espíritu, la tradición humanista y democrática que arraiga en las tradiciones constitucionales —sus aplicaciones son otra cosa— de los países americanos. Esta es, en consecuencia, la doble fuente o el amplio cimiento del Derecho Procesal Penal contemporáneo característico de la sociedad democrática, comprometido con los derechos humanos, el imperio de la justicia y la preservación de la seguridad pública, que también constituye, por cierto, un derecho humano.
3. En otras oportunidades, siguiendo los pronunciamientos de la Corte Interamericana, me he ocupado de la prisión preventiva, que suele ser, en rigor, un encarcelamiento represivo, adelanto de la pena, expediente del control social que va mucho más allá del enjuiciamiento en el que se dispone y aplica. Lo he hecho, por ejemplo, en mis votos concurrentes a las sentencia de los casos Tibi vs. Ecuador y López Alvarez vs. Honduras. Últimamente ha surgido —o se ha renovado, mejor dicho— una importante bibliografía que examina la prisión preventiva bajo la óptica de su racionalidad, siempre en entredicho, y de sus alcances y limitaciones conforme a la jurisprudencia interamericana. En esta línea, cada vez más concurrida, cabe citar, sólo por ejemplo, las valiosas aportaciones de Paola Bigliani y Alberto Bovino, en Argentina, y Guillermo Zepeda Lecuona, en México, autores de obras muy recientes.
4. La prisión preventiva, que precede a la punitiva en la historia de la privación de la libertad vinculada a la sanción actual o futura de los delitos, tropieza con obstáculos éticos y lógicos de primera magnitud. Basta recordar —evocando al clásico Beccaria— que constituye una pena anticipada a la proclamación oficial de la responsabilidad penal de quien la sufre. Este dato pone en guardia frente a la “justicia” de una medida que suprime, restringe o limita la libertad (en rigor, varias libertades o manifestaciones de la libertad humana: la ambulatoria, sin duda, pero también otras, irremisiblemente arrastradas por aquélla) aun antes de que el Estado resuelva, por el conducto pertinente, que existe un fundamento cierto y firme para suprimir, restringir o limitar esa libertad. Hay, pues, un juicio adelantado y en este sentido inoportuno, pero no por ello menos efectivo, sobre la responsabilidad penal del inculpado.
5. Difícilmente se podría sostener, pues, que la prisión preventiva es una medida “justa”, aunque se practique al amparo de la justicia. Si es injusto castigar para saber si se puede castigar, habrá que buscar otros argumentos —a reserva de hallar, mejor aún, medidas sucedáneas de la privación de libertad— para sustentar la legitimidad de semejante medida. En otros términos, será preciso establecer que la privación cautelar de la libertad es “necesaria” desde la perspectiva de la justicia misma —en el caso concreto, por supuesto— y se halla provista por las razones y consideraciones que facultan al Estado para restringir derechos de los individuos: no hay derecho absoluto; todo derecho halla su límite en la frontera de los derechos ajenos, el bien común, el interés general, la seguridad de todos, siempre en el marco —estricto y exigente— de la sociedad democrática (artículos 30 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Cabe formular las mismas consideraciones, por cierto, a propósito de la otra vertiente privativa de la libertad: la prisión punitiva, medida penal en sentido estricto, que debiera reducirse a su expresión indispensable. Pero no es éste el tema del presente voto.
6. La prisión preventiva forma filas entre los medios de que se vale el Estado para asegurar —cautelar o precautoriamente— la buena marcha de la justicia y el eficaz cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales. En este sentido, la preventiva obedece a los mismos factores y debiera atender las mismas reglas que gobiernan otros expedientes cautelares. Todos éstos entrañan cierta anticipación en el juicio, con el propósito de salvar el juicio mismo, si se permite la expresión. Empero, la preventiva es la más intensa y devastadora de esas medidas, incomparablemente más severa que la vigilancia por la autoridad, el aseguramiento de bienes, la prohibición de realizar determinadas operaciones o actividades, la limitación en la libertad de tránsito, etcétera. En realidad, todas las medidas precautorias generan daños difícilmente reparables, aunque compensables; la preventiva causa, por su parte, un daño absolutamente irreparable, como es la pérdida de tiempo de vida, con todo lo que ello significa: de ahí la necesidad de analizarla y adoptarla con infinito cuidado.
7. No sobra reiterar lo que tanto se ha dicho: existe una tensión casi insoluble entre el gran aporte del liberalismo penal, que rescata los derechos del individuo y acota los poderes de la autoridad: la presunción o principio de inocencia —raíz de múltiples derechos particulares y fundamento de numerosos deberes públicos—, por una parte, y la prisión preventiva, por la otra. La subsistencia de ésta —no se diga su proliferación y agravamiento— militan directamente contra aquel principio: ¿cómo justificar la privación de libertad de quien es presuntamente inocente y debe ser tratado en los términos, tan garantistas, de esa presunción que le favorece? ¿Cómo confinar al inocente, incomunicarlo, restringir el ejercicio de otros derechos inevitablemente afectados, exponerlo a la vista pública como un presunto —o seguro— culpable?
8. No obstante los argumentos que campean para la reducción racional de la privación cautelar de la libertad, en diversos lugares se ha observado el empleo creciente, hasta ser desmesurado, de este medio supuestamente precautorio. Esta expansión resulta de lo que he llamado la “desesperación y exasperación” de la sociedad —la opinión pública o las corrientes que la informan y administran— frente al auge de la delincuencia. El temor que ésta impone a la sociedad, ante la impotencia de los instrumentos formales e informales del control social —ineficacia, insuficiencia, indiferencia, colusión—, sugiere al legislador una vía sencilla y expedita, aunque cuestionable y regularmente ineficaz: imponer la prisión preventiva en un creciente número de hipótesis, casi siempre en condiciones que igualan o empeoran las que rigen —constantemente denunciadas en las resoluciones de la Corte Interamericana— en un elevado número de reclusorios, que no hacen honor a su designio como planteles de readaptación, rehabilitación, reeducación, reinserción, etcétera.
9. La doctrina de la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva —que acoge y precisa, en la circunstancia americana— los estándares prevalecientes a este respecto, se sustenta en diversos principios que conviene recordar ahora y en los que es preciso insistir para contener y reducir la tendencia a extremar los supuestos de privación cautelar de la libertad. Es obvio que cualquier privación de libertad —detención, prisión preventiva, internamiento cautelar, educativo o terapeútico, sanción administrativa o penal— debe hallarse prevista en la ley, con claridad, moderación y precisión, como corresponde al Estado de Derecho. Existe en este punto, pues, un campo para la “reserva de ley”, el principio de legalidad en términos rigurosos —ley formal y material, conceptos que también ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana—, que cierra el paso al arbitrio autoritario, pero también a las normas que carecen de aquel rango y no se hallan rodeadas, por lo tanto, de las garantías que supone una verdadera ley: disposiciones administrativas, reglamentarias; reglamentos “autónomos” cuya emisión depende de autoridades de esta naturaleza, que resuelven la configuración de los supuestos de privación de libertad —faltas—, las consecuencias correspondientes y los procedimientos para aplicarlas.
10. La gran regla de intervención penal mínima —que posee implicaciones especiales en la materia que ahora examino— conduce a reducir los supuestos de privación cautelar de libertad a su igualmente mínima expresión: no los más, sino los menos; no sistema o regla, sino excepción o salvedad. De aquí derivaría una deliberada reelaboración legislativa que despeje el espacio actualmente ocupado por la prisión preventiva. Este designio enlaza con la decisión de que la preventiva entre en la escena cuando ello resulte verdaderamente necesario, ha dicho la jurisprudencia; podemos exigir más —como también se ha exigido alguna vez—: que entre en la escena cuando ello resulte indispensable.
11. Obviamente, la condición de necesidad o “indispensabilidad” no queda a capricho de la autoridad o del clamor popular, que pudieran calificar como necesario o indispensable lo que en realidad es prescindible o sustituible. Para cumplir los deberes de respeto y garantía de los derechos humanos, el Estado debe organizar el aparato público con tal designio, echando mano de todos los medios a su alcance con la más amplia —no con la más reticente o modesta— aplicación de los recursos disponibles. Esto mismo ocurre en materia de libertad, control del inculpado, desarrollo de la investigación, preservación de la prueba en el curso del enjuiciamiento penal. De ahí que el Estado deba emplear con la frecuencia posible —que es mucha— sustitutivos cautelares de la privación de libertad. ¿Es fácil? ¿Es “barato”? Tal vez no. Pero tampoco es sencilla, ni económica la prisión preventiva, además de hallarse fundada en un delicado compromiso —una compleja transacción— entre la justicia y la necesidad, que operan en incierto equilibrio.
12. La prisión preventiva, he reiterado, es medida cautelar: sirve a los fines inmediatos del enjuiciamiento; atiende a las necesidades apremiantes de éste; permite que fluya y concluya en términos razonables y que la sentencia sea cumplida, no burlada. Aunque entrañe, inevitablemente, fuerza aflictiva, no debe adquirir formalmente esa calidad: no debe constituir pena o medida penal que cargue a un individuo con la pérdida o el menoscabo de un derecho fundamental para atender fines ajenos —y a menudo remotos— del proceso que se le sigue. Obedece, entonces, a necesidades procesales imperiosas e inmediatas, a saber: la efectiva sujeción del inculpado al enjuiciamiento que se le sigue (existe, indeseable, la alternativa del juicio en ausencia, que provoca otro caudal de problemas) y la buena marcha de éste. Obviamente, ambos factores de la privación de libertad deben hallarse suficientemente establecidos: no basta el alegato del acusador o la impresión ligera del juzgador. Es preciso acreditar el riesgo real de sustracción del inculpado a la justicia y el peligro, asimismo efectivo, en que se halla la marcha regular del enjuiciamiento. Se trata de mandatos restrictivos de un derecho fundamental; de ahí la necesidad de que se hallen debidamente motivados y fundados.
13. Quedan excluidos otros objetivos, que pueden ser plausibles en sí mismos y obligar al Estado, pero que no figuran en la naturaleza estricta —y restringida— de la medida procesal cautelar: tales son, por ejemplo, la prevención general de delitos o el aleccionamiento social. Bien que se prevenga el crimen, y bien que la sociedad perciba que el poder público provee a la seguridad colectiva y reduce la impunidad. Estos datos de la política criminal —como otros elementos de ella— pueden y deben ser atendidos por el Estado con medios diversos. Por ello la jurisprudencia de la Corte ha rechazado las disposiciones que excluyen la libertad del inculpado en forma genérica, sin atender a las necesidades del caso concreto, sólo en función del delito que ha cometido. Esto implica una suerte de “prejuicio” legislativo sobre la pertinencia de la libertad o la prisión, que deben ser resueltas en cada caso —no genéricamente— conforme a las probadas circunstancias de éste, atendiendo a la presencia del inculpado en el juicio y a la marcha regular del enjuiciamiento.
14. La delicada, difícil, comprometedora determinación pública de privar de libertad a una persona señalada como “posible o probable” autor de una también “posible o probable” infracción, reclama gran cuidado en la comprobación del hecho punible y la vinculación del inculpado con aquél. No digo que ha de existir firme convicción, fundamento necesario de la sentencia condenatoria, pero debe hallarse suficientemente acreditada la existencia de un hecho punible —bajo la denominación que cada sistema nacional disponga, a condición de que no excluya elementos constitutivos de la infracción, que convierten la conducta admisible en comportamiento punible— y encontrarse razonablemente establecida la probable participación del sujeto en aquél. Estas son garantías de primer orden, indispensables, si no se quiere someter la libertad al capricho de una legislación tiránica o de un aplicador arbitrario. La reducción en las exigencias probatorias sobre ambos extremos —hecho y probable responsabilidad— agravia la libertad y enrarece la justicia. No es razonable aducir que todo esto llegará cuando acuda la hora de la sentencia, quizás mucho tiempo después de iniciado el enjuiciamiento y al cabo de semanas, meses o años de privación —irreparable—de la libertad. Es indispensable que los derechos del individuo —que se proyectan en los derechos y garantías de toda la sociedad— se hallen a buen amparo desde el momento en que el poder del Estado toma la libertad del ciudadano.
15. De las consideraciones señaladas se desprenden otras consecuencias, que revisten, a su turno, la calidad de principios sobre la prisión preventiva. Entre ellos se halla el carácter provisional de ésta, temporal, limitado, acotado en el tiempo y, además, en la forma de practicarla. Es inadmisible que la preventiva se prolongue cuando han cesado las condiciones para imponerla o cuando ha transcurrido el tiempo necesario para que una investigación razonable, conducida con seriedad y eficacia acredite la existencia del delito y de la responsabilidad penal y permita, por lo tanto, concluir el proceso y dictar sentencia.
Sergio García Ramírez
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario