CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO GRANDE VS. ARGENTINA
SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2011
EXCEPCIONES PRELIMINARES Y FONDO
En el caso Grande,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Diego García-Sayán, Presidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
Alberto Pérez Pérez, Juez, y
Eduardo Vio Grossi, Juez;
presente, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario,
de conformidad con el artículo 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO GRANDE VS. ARGENTINA
I. INTRODUCCIÓN A LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 3
II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 5
III. EXCEPCIONES PRELIMINARES 6
A. “Incompetencia ratione temporis del Tribunal” 8
B. “Violación del Derecho de Defensa del Estado Argentino durante la sustanciación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” 11
C. “Falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna” 17
IV. COMPETENCIA 19
V. PRUEBA 19
A. Declaración de la presunta víctima y prueba pericial 19
B. Admisión de la prueba documental 19
C. Admisión de la declaración de la presunta víctima y la prueba pericial 20
VI. ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 20
VII. PUNTOS RESOLUTIVOS 26
I
INTRODUCCIÓN A LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1. El 4 de mayo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Americana” o “la Comisión”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, una demanda contra la República Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”). La petición inicial fue presentada el 2 de noviembre de 1994 ante la Comisión por el señor Jorge Fernando Grande (en adelante también “el señor Grande” o “presunta víctima”). El 27 de febrero de 2002 la Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad No. 3/02 . Posteriormente, el 10 de noviembre de 2009, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 109/09 y recomendó al Estado que adoptara las medidas necesarias para que el señor Grande “reciba una adecuada y oportuna reparación que comprenda una plena satisfacción por las violaciones de los derechos humanos” y adopte las medidas investigativas correspondientes a fin de establecer las responsabilidades penales y administrativas”. Debido que en concepto de la Comisión las recomendaciones no fueron adoptadas de manera satisfactoria por parte del Estado, decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como Delegados a la señora Luz Patricia Mejía, Comisionada, y al señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido y Karla I. Quintana Osuna.
2. Los hechos alegados por la Comisión se refieren a que el Estado sometió al señor Grande “a un procedimiento penal marcado por irregularidades y demora indebida, el cual estuvo basado en prueba que luego fue declarada nula, y por no haberle brindado a la víctima un recurso adecuado para repararlo [a través del proceso contencioso administrativo] por los daños y perjuicios ocurridos durante el mencionado proceso penal”. No obstante, la petición del señor Grande, presentada el 2 de noviembre de 1994, con que da inicio al procedimiento ante la Comisión, versaba sobre las alegadas violaciones en el proceso contencioso administrativo y señalaba a las autoridades responsables de dichas presuntas violaciones a la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante también “Sala Segunda de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo”) y la Corte Suprema de Justicia.
3. La Comisión solicitó a la Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado porque ha incumplido con sus obligaciones al incurrir en las violaciones de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio del señor Grande, por no haberle brindado acceso a su derecho a un debido proceso y a un recurso efectivo.
4. El 27 de agosto de 2010 el señor Pedro Patiño-Mayer y Alurralde, en representación de la presunta víctima (en adelante “el representante”), presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Al igual que la Comisión Interamericana, solicitó a la Corte que declare la responsabilidad del Estado por la supuesta violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo instrumento, en perjuicio del señor Jorge Fernando Grande. Además solicitó que se declare la violación del artículo XXV (Derecho a la Protección contra la Detención Arbitraria) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”). El representante señaló que el señor Grande “no fue oído en un plazo razonable en el proceso penal en su contra”. Además, manifestó que la importancia del presente caso radica “en la necesidad de que en el ámbito interno del Estado Argentino se reconozca que la protección y respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana requieren el ejercicio activo de las funciones del Estado, en especial […] de respeto a las Garantías Judiciales [y] a la Protección Judicial, y […] asegurar el ejercicio de dichas garantías, [así como] investigar y sancionar su incumplimiento”. Asimismo, el representante solicitó diversas reparaciones.
5. El 18 de noviembre de 2010 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “contestación de la demanda). Las tres excepciones interpuestas por el Estado son: 1) Incompetencia ratione temporis [del Tribunal] para conocer los hechos de la demanda anteriores al 5 de septiembre de 1984”; 2) “No agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna disponibles”; y 3) “Violación del derecho de defensa del Estado argentino durante la sustanciación del caso ante la Comisión Interamericana […]”. Además, el Estado consideró que “el proceso penal seguido contra el señor Grande se desarrolló en un plazo razonable, conforme con el artículo 8.1 de la Convención”, y que la presunta víctima “gozó de un recurso efectivo para defender sus derechos[,] conforme el artículo 25.1 de la Convención”. En consecuencia, el Estado concluyó que en el presente caso no existen los elementos suficientes para determinar la violación de los derechos o garantías reconocidos por la Convención Americana. Finalmente, el Estado solicitó que la Corte “rechace la pretensión reparatoria exteriorizada por la parte peticionaria, y que conforme a las circunstancias del caso, determine las eventuales reparaciones debidas al [s]eñor Grande, conforme a los estándares internacionales aplicables”. El Estado designó al señor Ministro Eduardo Acevedo Díaz, Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, Agente, y al señor Alberto Javier Salgado, Director del Área Contencioso Internacional de la Dirección de Derechos Humanos, Agente Alterno.
6. Los días 17 y 18 de febrero de 2011 el representante y la Comisión Interamericana presentaron, respectivamente, sus alegatos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. Al respecto, tanto el representante como la Comisión solicitaron a la Corte desestime dichas excepciones.
II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
7. La demanda fue notificada al Estado y a los representantes los días 22 y 25 de junio de 2010, respectivamente.
8. Mediante Resolución de 15 de abril de 2010, el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir la declaración de una perito rendida ante fedatario público (affidávit), y convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar la declaración de la presunta víctima propuesta por los representantes, así como los alegatos orales de las partes sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo y reparaciones y costas, y además fijó plazo hasta el 16 de junio de 2011 para que las partes presentaran sus alegatos finales escritos.
9. El 5 de mayo de 2011 el representante remitió el peritaje de la señora Natalia Sergi. En esa misma fecha, mediante comunicación de la Secretaría, se concedió al Estado plazo hasta el 15 de mayo de 2011 para que presentara las observaciones que estimara pertinentes. El 12 de mayo de 2011 el Estado presentó algunas consideraciones sobre el referido peritaje.
10. La audiencia pública fue celebrada el 16 de mayo de 2011 durante el 43° Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la Ciudad de Panamá .
11. El 15 de junio de 2011 los representantes remitieron sus alegatos finales, junto con varios anexos, y el 16 de junio de 2011 el Estado y la Comisión presentaron sus alegatos finales escritos. El 21 de junio de 2011 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, concedió un plazo adicional al Estado para que presentara la información solicitada por la Corte durante la audiencia pública, la cual fue remitida el 7 de julio de 2011. Además, en dicha comunicación se concedió a las partes un plazo hasta el 15 de julio de 2011 para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes, según sea el caso, a los anexos remitidos por los representantes y por el Estado junto su comunicación de 7 de julio de 2011.
12. Los días 14 y 15 de julio de 2011 el Estado y los representantes presentaron, respectivamente, las observaciones solicitadas, y la Comisión Interamericana las presentó el 19 de julio de 2011. El 21 de julio de 2011 una vez revisadas las observaciones de las partes, la Secretaría constató que el Estado incluyó en su escrito algunos alegatos y anexos que no habían sido requeridos, así como que el representante y la Comisión, si bien realizaron algunas observaciones a la información y a los anexos presentados por el Estado, también presentaron alegatos que no fueron requeridos. En consecuencia, siguiendo instrucciones del Presidente, se les informó que éstos eran inadmisibles y que no serían considerados por la Corte.
III
EXCEPCIONES PRELIMINARES
13. El Estado interpuso tres excepciones preliminares, las cuales la Corte analizará en el siguiente orden: A) “Incompetencia ratione temporis del Tribunal para conocer los hechos de la demanda anteriores al 5 de septiembre de 1984”; B) “Violación del derecho de defensa del Estado argentino durante la sustanciación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, y C) “No agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna disponibles”.
14. Para considerar tales excepciones preliminares, el Tribunal comenzará por referirse a los hechos alegados por las partes en relación con las actuaciones policiales, las diligencias del proceso penal seguido contra el señor Grande, así como del proceso contencioso administrativo interpuesto por él.
a) Diligencias policiales y proceso penal
1. Hechos ocurridos antes del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por el Estado (5 de septiembre de 1984)
15. El 28 de julio de 1980 la División de Bancos de la Policía Federal Argentina tomó conocimiento por información brindada, en forma confidencial, por el señor Grande que en la Cooperativa de Crédito Caja Murillo (en adelante “la Cooperativa”), en donde laboraba él como Jefe de Créditos, se estaban otorgando créditos sin las garantías necesarias. Ese mismo día la Policía Federal Argentina, División de Bancos (en adelante “la Policía Federal”), allanó la sede de la Cooperativa y “secuestró” carpetas y otros documentos relacionados.
16. El 29 de julio de 1980 se dio intervención al titular del Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Federal No. 1 (en adelante “Juzgado en lo Criminal y Correccional No.1”) y el señor Grande fue detenido en las instalaciones del Banco de la Nación, lugar en el que se le había citado para que siguiera colaborando con la investigación.
17. El 12 de agosto de 1980 el Juzgado en lo Criminal y Correccional No.1 en la causa No. C-144/80 resolvió la situación de varios imputados, entre ellos, la del señor Grande. El Juez Federal “consideró que las irregularidades que se desprendían de la documentación secuestrada por la Policía Federal debían clasificarse como una subversión económica”. Los hechos analizados por el juez consistían en el supuesto manejo fraudulento de las carpetas correspondientes a los créditos otorgados por la Cooperativa.
18. Ese mismo día, el 12 de agosto de 1980, mediante auto dictado por el Juez en lo Criminal y Correccional No.1, se decretó la prisión preventiva contra el señor Grande, se le impuso el embargo de sus bienes por el delito doloso previsto en el artículo 7 de la Ley No. 20840, porque el hecho condujo a la liquidación de la Cooperativa, y fue excarcelado bajo caución juratoria. El señor Grande estuvo privado de libertad del 29 de julio al 12 de agosto de 1980, es decir, 14 días.
19. El 7 de noviembre de 1980 el Banco Central de la República Argentina solicitó ser tenido como querellante en la causa.
20. El 1 de agosto de 1983 se clausuró el sumario.
21. El 15 de agosto de 1983 el Procurador Fiscal Federal acusó a la presunta víctima como autor responsable del delito doloso previsto en el artículo 8 de la Ley No. 20840 con el agravante establecido en el artículo 6 inciso b). Según el Estado, el 3 de octubre de 1983 se dio traslado del requerimiento fiscal y de la querella a las defensas de los seis procesados.
2. Hechos ocurridos después del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por el Estado (5 de septiembre de 1984)
22. La defensa de uno de los procesados solicitó “la suspensión de plazo para contestar la vista en dos oportunidades”, y el 20 de marzo de 1985 se ordenó la prosecución del trámite respecto de los demás procesados.
23. El 11 de octubre de 1985 la defensa técnica de otro de los procesados planteó la nulidad del secuestro de la documentación, y el Juez Federal en lo Criminal y Correccional No.1 resolvió diferir la resolución hasta sentencia definitiva. Dicha decisión fue confirmada por la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (en adelante “Sala Segunda de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal) el 30 de junio de 1986.
24. El 2 de septiembre de 1986 el señor Grande contestó la acusación fiscal, tres años después de corrida la vista.
25. El 29 de diciembre de 1987 el juez encargado del proceso decidió abrir la causa a prueba, y mediante decisión de 18 de abril de 1988 ordenó la producción de diversas medidas de prueba.
26. El 24 de mayo de 1988 la Sala Segunda de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decretó la nulidad de los allanamientos a la Cooperativa y de todos los actos que fueran consecuencia de éstos, al considerar que los hechos se realizaron sin una autorización judicial. Esta decisión se basó en la excepción previa de falta de acción en el acusador interpuesta por un defensor de otro de los imputados, en la cual argumentó que las pruebas utilizadas para fundar la acusación fueron obtenidas ilegítimamente, ya que fueron producto de allanamientos irregulares. Dicha Sala Segunda de Apelaciones, a pesar de considerar la falta de idoneidad de la referida excepción, expresó que la nulidad de los actos puede ser decretada de oficio en cualquier etapa en la que se prueben las omisiones, violaciones o defectos que puedan afectar el orden público.
27. El 9 de junio de 1988 uno de los imputados solicitó su sobreseimiento definitivo ante el juez de grado. El 13 de enero 1989 el juez de la causa habilitó la feria judicial al solo efecto de resolver la presente causa.
28. El 24 de enero de 1989, con base en la nulidad decretada por la Sala Segunda de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal el 24 de mayo de 1988, el Juez Federal ordenó “sobreseer definitivamente” a los imputados, entre ellos, al señor Grande, “respecto de los hechos por los cuales se les indagó” y se les declaró extinguida por prescripción la acción penal.
b) Proceso contencioso administrativo
29. El señor Grande presentó en la jurisdicción contencioso administrativa una demanda de daños y perjuicios en contra de Argentina, por la presunta responsabilidad del Estado por el mal funcionamiento de la administración de justicia. El 14 de abril de 1992 el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “Juez de Primera Instancia”) emitió su sentencia, en la que resolvió hacer a lugar la demanda. En contra de este pronunciamiento, tanto los representantes del actor así como los del Estado, apelaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (infra párr. 85).
30. El 6 de abril de 1993 la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, revocó mediante sentencia, el fallo recurrido, y rechazó la demanda. El señor Grande presentó contra dicha sentencia un recurso extraordinario federal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, por la causal de arbitrariedad. El 10 de junio de 1993 se resolvió el recurso extraordinario federal, denegándolo y confirmando la sentencia recurrida.
31. Finalmente, la presunta víctima presentó una queja por la denegación del recurso extraordinario, y el 12 de abril de 1994 la Corte Suprema de Justicia resolvió denegarla. La decisión fue notificada al señor Grande el 3 de mayo de 1994.
32. A continuación este Tribunal procede a examinar las mencionadas tres excepciones preliminares interpuestas por el Estado.
A. “Incompetencia ratione temporis del Tribunal”
Alegatos de las partes
33. El Estado manifestó que “los hechos que motivaron la causa penal N° C144/80 tuvieron lugar en 1980” y, asimismo, los “hechos que el señor Grande alega para fundar su reclamo indemnizatorio, son también anteriores a la entrada en vigor de la Convención para la República Argentina”, a saber, el 5 de septiembre de 1984 “y, por tanto, quedan excluidos del ámbito de esa Honorable Corte”. Señaló, además, que con ocasión del reconocimiento de la competencia “dejó constancia de que las obligaciones contraídas solo tendrán efecto con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento”. En apoyo a su argumentación, el Estado citó el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y señaló que en ese sentido la Corte se pronunció en el caso Cantos Vs. Argentina, teniendo en consideración el principio de la irretroactividad de las normas internacionales, consagrado en dicha Convención y en el derecho internacional general.
34. Por su parte, el representante señaló que “si bien es cierto que la fecha de aceptación de la jurisdicción de la Corte por parte del Estado de Argentina se produce el 5 de septiembre de 1984, no es menos cierto que los hechos denunciados […] se remontan al 28 de julio de 1980 y perduran hasta el 3 de [m]ayo de 1994”. Al respecto, alegó que la posición planteada por el Estado pretende dejar de lado la práctica de los órganos de protección de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y lo establecido en la Declaración Americana. El representante destacó en particular que “los hechos que la Comisión presenta como conclusiones de hecho y de derecho están relacionadas con el proceso penal” a partir del 5 de septiembre de 1984 “y asimismo con relación al recurso contencioso – administrativo interpuesto por el señor Jorge Fernando Grande y cuya duración se extiende hasta el [3 de mayo de] 1994, esto es casi diez años después de la aceptación del Estado Argentino al sometimiento a la jurisdicción contenciosa de tan honorable [T]ribunal americano”. Finalmente, el representante indicó que respecto “a los hechos sucedidos antes de la competencia de la Corte existe una relación de causalidad con los hechos que ocurrieron después por lo que debe conocer la totalidad de los hechos”.
35. La Comisión observó que “las violaciones cuya declaratoria le solicitó a la Corte en su demanda, tuvieron lugar con posterioridad al 5 de septiembre de 1984. En efecto, parte importante del proceso penal al cual fue sometido el señor Jorge Grande, transcurrió entre el 5 de septiembre de 1984 y el 24 de enero de 1989. Asimismo, la demanda de daños y perjuicios cuyo resultado sustenta las conclusiones de derecho de la [Comisión] en lo relativo a la falta de protección judicial, fue interpuesta y sustanciada en su totalidad tras la aceptación de la competencia de la Corte”. La Comisión subrayó que, en “la narración del marco fáctico de la demanda” se refirió “a los antecedentes así como a la totalidad del proceso penal seguido contra el señor Grande, en tanto dicha información contextual resulta relevante en el análisis que realice el Tribunal sobre los hechos que se encuentran dentro de su competencia temporal”. En atención a lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que desestime esta excepción preliminar.
Consideraciones de la Corte
36. A efectos de determinar si la Corte tiene o no competencia para conocer un caso o un aspecto del mismo, de acuerdo con el artículo 62.1 de la Convención Americana , el Tribunal debe tomar en consideración la fecha de reconocimiento de la competencia por parte del Estado, los términos en que el mismo se ha dado y el principio de irretroactividad, dispuesto en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 .
37. Argentina reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 5 de septiembre de 1984 y en su declaración interpretativa indicó que el Tribunal tendría competencia respecto de “hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación” de la Convención Americana , efectuada en esa misma fecha. Con base en lo anterior y en el principio de irretroactividad, la Corte en principio no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la Convención y declarar una violación a sus normas cuando los hechos alegados o la conducta del Estado que pudieran implicar su responsabilidad internacional son anteriores a dicho reconocimiento de la competencia .
38. El Estado, al interponer la excepción preliminar, alegó, con fundamento en el reconocimiento de la competencia contenciosa del Tribunal efectuado el 5 de septiembre de 1984, que quedan fuera de la competencia de la Corte los hechos ocurridos en el presente caso con anterioridad a dicho reconocimiento, como son los que motivaron la causa penal ocurridos en el año 1980 y los que se alegan para fundar el reclamo indemnizatorio en la vía contenciosa administrativa.
39. La Corte hace notar que, en sus alegaciones a esta excepción preliminar, tanto la Comisión Interamericana como el representante, respectivamente, hicieron referencia a hechos o diligencias policiales o judiciales, tales como: a) el allanamiento de la sede de la Cooperativa de Crédito Caja Murillo; b) el secuestro de diversa documentación; c) la detención del señor Grande y su privación de libertad del 29 de julio al 12 de agosto de 1980, y d) así como todas aquellas actuaciones judiciales desarrolladas en el proceso penal entre el 29 de julio de 1980 y el 5 de septiembre de 1984, todos ellos ocurridos antes de que el Estado reconociera la competencia contenciosa de la Corte. En razón de lo expuesto, este Tribunal considera que dichos hechos, así como cualquier otro, ocurridos con anterioridad al reconocimiento de la competencia contenciosa efectuado el 5 de septiembre de 1984 por el Estado, quedan fuera de la competencia de la Corte.
40. Por tanto, el Tribunal es competente para conocer únicamente todos los hechos o actuaciones ocurridos con posterioridad al 5 de septiembre de 1984, respecto a las presuntas violaciones. En consecuencia, encuentra fundada la excepción preliminar en cuanto a los hechos ocurridos con anterioridad a dicha fecha.
B. “Violación del Derecho de Defensa del Estado Argentino durante la sustanciación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”
Alegatos de las partes
41. Respecto del escenario fáctico en que el peticionario planteó la denuncia inicial vinculado con la demanda por daños y perjuicios y ello respecto a los artículos 8.2 y 10 de la Convención, el Estado alegó que ejerció oportunamente su defensa en relación con los hechos referidos en tanto que se trataba de una denuncia vinculada con los resultados de una causa que se llevó a cabo en sede contenciosa administrativa. Fue “la propia […] Comisión la que luego, violando el derecho de defensa del Estado […] cambi[ó] el objeto procesal de la denuncia focalizando la misma respecto de lo que habría acontecido en el ámbito del proceso penal”. Además, el Estado señaló que la Comisión en su informe sobre el fondo del asunto “no trató los argumentos vertidos por el Estado […] en cuanto a la falta de coherencia entre el informe de admisibilidad y los hechos invocados por el peticionario en [la] denuncia. En efecto, la Comisión se limita a invocar la preclusión procesal respecto de los requisitos de admisibilidad de la petición”. Finalmente, consideró que “se vio en una situación de desigualdad puesto que no tuvo la oportunidad de oponer las defensas necesarias respecto de los hechos no invocados por el peticionario −y que por lo tanto no integraban la litis− incluidos por la [Comisión] en su informe de admisibilidad, lo que ha violado el derecho de defensa del Estado”.
42. En referencia a la presente excepción preliminar, el representante no formuló ninguna observación específica, porque consideró que la excepción estaba dirigida a la actuación de la Comisión en el procedimiento de admisibilidad de la petición.
43. Por su parte, la Comisión señaló que “desde el inicio del trámite [ante ella] el señor Grande indicó con precisión las fechas de inicio y finalización del proceso penal en su contra”. En todo caso, “de los escritos presentados por el Estado con anterioridad al pronunciamiento de admisibilidad, resulta claramente que el Estado argentino entendía como parte del objeto del caso los hechos relacionados con la duración del proceso, así como la posible violación de las garantías del artículo 8 de la Convención Americana”. La Comisión “oficiosamente mencionó en su informe de admisibilidad que analizaría los hechos planteados bajo los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en particular la garantía de plazo razonable”. Al respecto, mencionó que “ha sido práctica constante de los órganos del sistema interamericano efectuar un análisis de los hechos sometidos a su conocimiento […] que se limit[en] a las disposiciones legales invocadas […] sino que incorpora aquellas que resulten relevantes y aplicables a dichos hechos. Esta práctica encuentra sustento en el principio iura novit curia”. Por tanto, en su pronunciamiento de admisibilidad delimitó las disposiciones convencionales que podrían ser relevantes para el análisis del fondo del caso, en ejercicio de sus facultades y con base en el sustento fáctico de la petición y de toda la información recibida por ambas partes en la etapa de admisibilidad.
Consideraciones de la Corte
44. Este Tribunal observa que el Estado ha sostenido reiteradamente que no pudo ejercer el derecho de defensa en el procedimiento de admisibilidad de la petición, ya que según éste la Comisión cambió el objeto procesal de la petición, para lo cual el Estado controvirtió requisitos de admisibilidad, y la Comisión no los valoró. De acuerdo a dichas manifestaciones del Estado y lo expresado por la Comisión al respecto, este Tribunal considera oportuno en el presente caso examinar el procedimiento seguido ante la Comisión Interamericana.
45. Esta Corte ha sostenido que “[c]uando se alega como excepción preliminar un cuestionamiento a la actuación de la Comisión, en relación con el procedimiento seguido ante ésta, […] la Comisión Interamericana tiene autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a lo establecido por la Convención Americana y, particularmente, en el ejercicio de las funciones que le competen en el procedimiento relativo al trámite de peticiones individuales . A su vez, en asuntos que estén bajo su conocimiento, la Corte tiene la atribución de efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión , lo que no supone necesariamente revisar el procedimiento que se llevó a cabo ante ésta . La Corte revisará los procedimientos ante la Comisión cuando alguna de las partes alegue fundadamente que exista un error manifiesto o inobservancia de los requisitos de admisibilidad de una petición que infrinja el derecho de defensa.
46. La Corte, en su carácter de órgano jurisdiccional, procede en el presente caso a revisar lo actuado precedentemente y decidido por la Comisión, en aras de asegurar la procedencia de los requisitos de admisibilidad y los principios de contradicción, equidad procesal y seguridad jurídica .
a) Trámite ante la Comisión Interamericana
47. Este Tribunal recuerda que, en el procedimiento ante la Comisión, la petición de 2 de noviembre de 1994 del señor Grande versaba sobre la decisión de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que revocó la sentencia de primera instancia, rechazando su reclamo indemnizatorio con motivo del proceso penal, así como por la queja declarada inadmisible por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (supra párr. 2), las cuales fueron señaladas como las autoridades estatales responsables de la alegada violación a los derechos reconocidos en los artículos 8.2 (Presunción de Inocencia) y 10 (Derecho a Indemnización) de la Convención Americana . El 15 de junio de 1995 la Comisión inició el trámite de la petición, para lo cual transmitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia para que se pronunciara al respecto.
48. Mediante escrito de 14 de diciembre de 1995 el Estado reconoció, en relación con el reclamo indemnizatorio, que “se ha[bían] interpuesto y agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de conformidad con los principios del derecho internacional” . Posteriormente, luego de intentar las partes llegar a una solución amistosa sin éxito, el Estado, previamente al Informe de Admisibilidad, mediante el escrito de 19 de noviembre de 2001, se pronunció respecto de los alegatos del peticionario en relación con el procedimiento contencioso administrativo, alegando, en lo pertinente, que: “a) los hechos que el peticionario alega para fundamentar su reclamo indemnizatorio, son anteriores a la entrada en vigor de la Convención […] y por tanto quedan excluidos del ámbito de competencia de la Comisión”; b) “el peticionario no utilizó los recursos disponibles para impugnar su situación procesal”, por ejemplo a través de un planteo de nulidad, sino que además “consintió todos los actos procesales que a su respecto dispusieron las autoridades judiciales intervinientes […] la prolongación temporal de su situación procesal fue evidentemente, fruto de la displicencia o de la impericia jurídica del [señor] Grande y/o de quienes le hayan patrocinado legalmente”. Se trata de un pedido indemnizatorio basado en “una nulidad dictada por la justicia penal que [é]l no solicitó, respecto de un allanamiento que no sólo consintió espontáneamente, sino que fue consecuencia de su propia denuncia”; c) la inexistencia del error judicial (artículo 10) con base en las decisiones en lo contencioso administrativo y en la teoría de los actos propios y el principio de estoppel, y d) “el sobreseimiento definitivo del caso se fundó en la imposibilidad de obtener nuevas pruebas de cargo”, en relación con la violación de la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención).
b) Informe de Admisibilidad No. 3/02
49. Posteriormente, la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad No. 3/02 de 27 de febrero de 2002, en el cual analizó los requisitos de admisibilidad y consideró, en lo pertinente, que “las partes coinciden en que los recursos internos pertinentes respecto a la pretensión del señor Grande de obtener una indemnización quedaron agotados en base a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 12 de abril de 1994 que rechazó el recurso de queja”; y mencionó que, en cuanto al alcance de la petición, “las denuncias que le fueron planteadas se refieren a la detención del señor Grande, al procedimiento penal conexo incoado contra él en 1980, un proceso que siguió pendiente hasta que los cargos fueron definitivamente desechados (1989), y a las actuaciones civiles que el señor Grande inició en procura de una indemnización”.
50. En cuanto al plazo para la presentación de la petición, en consideración del expediente del trámite contencioso administrativo, la Comisión señaló que la “sentencia definitiva fue recibida por el señor Grande el 3 de mayo de 1994, y la petición fue presentada con fecha 31 de octubre de 1994, recibida […] el 2 de noviembre de 1994”, por lo que su presentación se efectuó dentro del plazo de 6 meses establecido en el artículo 46.1.b) de la Convención. Además en cuanto a las características de los hechos aducidos “con base en el principio iuria novit curia, en sus decisiones sobre el fondo [indicó que] se ocupará también de la cuestión prevista en los artículos [8 y 25 de la Convención], de que cualquier persona acusada de un delito debe ser juzgada y oída dentro de un plazo razonable”. Por último, desechó los alegatos relacionados con la presunta violación del artículo 10 de la Convención, “ya que no se dictó contra el señor Grande una sentencia definitiva, sino que fue sobreseído definitivamente”.
51. Con posterioridad al Informe de Admisibilidad, mediante escrito de 7 de noviembre de 2002, (en respuesta a la nota de la Comisión de 3 de septiembre de 2002), el Estado señaló, en lo pertinente, que: “el marco de referencia analítico del informe parecía no coincidir con el contenido y el objeto del alegato inicial del peticionario”. Al respecto, el Estado argumentó que “si bien es razonable inferir que del contenido general del relato del peticionario podrían surgir cuestionamientos a lo acontecido en el marco de los hechos vinculados con el allanamiento y posterior proceso penal, […] esa no parece haber sido la intención del peticionario. Ello atentó a que la lectura de su denuncia surge que el [señor] Grande se agravia de la presunta violación de los artículos 8.2 y 10 de la Convención, que a su juicio se habría configurado en el marco de la demanda por daños y perjuicios que fuera rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal”.
52. Además, en dicho escrito de 7 de noviembre de 2002, el Estado destacó que aunque la petición buscaba la declaración de la supuesta responsabilidad del Estado “por las consecuencias que habría generado un proceso fundado en pruebas luego desechadas, ello no autoriza a valorar tales hechos a la luz de la Convención y/o […] la compatibilidad de los hechos relativos al allanamiento y posterior procesamiento con las obligaciones asumidas por el Estado [siendo que] el reclamo estaría viciado de extemporaneidad, y seria por tanto inadmisible”. Agregó el Estado que “[p]arece claro que […] la supuesta incompatibilidad del allanamiento y del proceso penal con las obligaciones del Estado en el marco de la Declaración [Americana] y de la Convención, se aplicaría lo dispuesto por el artículo 46.1.b de ésta última”.
c) Informe de Fondo No. 109/09
53. La Comisión, en su Informe de Fondo No. 109/09 de 10 de noviembre de 2009, se limitó a señalar que “los argumentos del Estado relativos a la admisibilidad del caso […] no tienen lugar en este momento procesal. En relación con el alegato del Estado, la Comisión indicó que los requisitos de admisibilidad fueron analizados oportunamente en el Informe de Admisibilidad, en el capítulo pertinente al agotamiento de los recursos internos y del plazo para la presentación de la petición”. En razón de ello, la Comisión señaló que “no se referirá a dichos alegatos en el […] informe”.
54. De lo expuesto, la Corte observa que efectivamente en su Informe de Admisibilidad No. 3/02 la Comisión modificó, invocando el principio iura novit curia, el objeto de la petición del señor Grande, que se refería a las presuntas violaciones ocurridas en el proceso contencioso administrativo (supra párrs. 2 y 47). En específico, la Comisión incluyó la alegada violación del plazo razonable en el proceso penal y el análisis de los artículos 8 y 25 de la Convención, así como desestimó los alegatos del peticionario relativos a las alegadas violaciones a los artículos 8.2 y 10 de la misma, en relación con el reclamo indemnizatorio seguido en la jurisdicción contenciosa administrativa, y respecto de los cuales el Estado había emitido sus alegatos en la etapa de admisibilidad de la petición. Por tanto, fue en este momento cuando el Estado, procesalmente, tuvo conocimiento sobre el alcance del objeto de la petición en el presente caso.
55. Frente a este nuevo planteamiento de la Comisión, el Estado emitió distintos alegatos posteriores al Informe de Admisibilidad para controvertir la competencia de la Comisión para conocer del nuevo objeto de la petición, entre los que señaló la falta de agotamiento de los recursos internos por parte del peticionario en lo que respecta al proceso penal, así como “la extemporaneidad en la presentación del reclamo referente a la presuntas violaciones en relación con el proceso penal”, en aplicación del artículo 46.1.b) de la Convención. Sin embargo, en el Informe de Fondo No. 109/09 la Comisión se limitó a indicar que los argumentos de admisibilidad no tenían lugar en ese momento procesal, por lo que no se pronunció al respecto.
d) Admisibilidad de las peticiones individuales y el artículo 46 de la Convención Americana
56. La Corte ha señalado que “el trámite de las peticiones individuales se encuentra regido por garantías que aseguran a las partes el ejercicio del derecho de defensa en el procedimiento. Tales garantías son: a) las relacionadas con las condiciones de admisibilidad de las peticiones (artículos 44 a 46 de la Convención ), y b) las relativas a los principios de contradicción (artículo 48 de la Convención) y equidad procesal. Igualmente es preciso invocar aquí el principio de seguridad jurídica (artículo 39 del Reglamento de la Comisión)” .
57. En específico, el artículo 46.1.b) de la Convención exige como requisito de admisibilidad para interponer una petición que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.
58. Al respecto, llama la atención a este Tribunal que mientras en el Informe de Admisibilidad No. 3/02 la Comisión Interamericana realizó el examen de admisibilidad de la petición en relación con el proceso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 46.1.b) de la Convención, en dicho informe incluyó violaciones presuntamente incurridas en el procedimiento penal que había concluido en el año 1989, sin pronunciarse sobre tal requisito de admisibilidad respecto a dicho proceso.
59. Para este Tribunal resulta relevante señalar que, al momento de presentarse la petición el 2 de noviembre de 1994, el proceso penal ya había culminado con un sobreseimiento en favor del señor Grande desde el 24 de enero de 1989, es decir, cuatro años y diez meses antes de someterse el caso ante el sistema interamericano. Fue en el año 1992 cuando el Juez de Primera Instancia resolvió hacer a lugar la demanda de daños y perjuicios promovida por el señor Grande, proceso en el cual se agotó el último recurso concerniente a este reclamo con las decisiones de la Cámara de lo Contencioso Federal de 10 de junio de 1993 y de la Corte Suprema de Justicia de 12 de abril de 1994. Esta última decisión fue notificada el 3 de mayo de 1994.
60. Queda claro para esta Corte que la petición presentada dentro del plazo de seis meses exigido por el artículo 46.1.b) de la Convención era concerniente al reclamo indemnizatorio en el procedimiento contencioso administrativo, y no propiamente en relación con el proceso penal. Por tanto, respecto a las alegadas violaciones que fueron incluidas en el Informe de Admisibilidad No. 3/02, referentes a los hechos relacionados con el proceso penal, la Comisión no verificó debidamente el requisito de admisibilidad del artículo 46.1.b) de la Convención (supra párr. 57).
61. En consideración de lo anterior, en el presente caso, este Tribunal encuentra fundada la presente excepción preliminar, debido a que con motivo del cambio en el objeto de la petición en el Informe de Admisibilidad, y la posterior aplicación, por parte de la Comisión, de la preclusión procesal de los alegatos del Estado frente a requisitos de admisibilidad en su Informe de Fondo, la Comisión omitió verificar el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 46.1.b) de la Convención respecto del proceso penal. En consecuencia, la Corte no conocerá del referido proceso penal.
C. “Falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna”
Alegatos de las partes
62. El Estado interpuso la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos, y señaló que “la demanda en sede contencioso administrativa interpuesta por el señor Grande de ningún modo puede ser identificada como el remedio judicial a ser agotado, en tanto en ella se perseguía una indemnización por supuestos daños provocados por su procesamiento, y no una modificación de su situación en el proceso penal, objeto central de la demanda en responde”. Al respecto, el Estado señaló diversos recursos disponibles para combatir la supuesta demora judicial . El Estado además subrayó que “el señor Grande […] gozó de asesoramiento legal y que por lo tanto supo o debió haber sabido acerca de los recursos que se encontraban a su alcance y que su demanda de indemnización fue “rechazada por los tribunales internos al entender, inter alia, que tales cuestiones no […] habían sido objetadas oportunamente en el curso del proceso penal”. En respuesta a la invocación del principio de estoppel por la Comisión con respecto a la posición planteada por el Estado en su primera comunicación de diciembre 1995, relativa a que los recursos habían sido agotados, el Estado sostuvo que “dicho posicionamiento [se] refería exclusivamente a los agravios específicos formulados por el propio peticionario, referentes a los artículos 8.2 y 10 de la Convención”, en relación con el proceso contencioso administrativo, y no así sobre el procedimiento penal.
63. La Comisión indicó en cuanto a esta excepción preliminar que la “mayoría de los argumentos formulados por el Estado resultan extemporáneos”. La Comisión subrayó que de los “seis recursos mencionados por el Estado en su escrito de contestación ante la Corte Interamericana, solo uno –el planteo de nulidad sobre el secuestro de documentos- fue alegado en la etapa de admisibilidad ante la Comisión como sustento de la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos” . Por otra parte, la Comisión alegó que “el Estado no ha justificado de manera suficiente la necesidad de que el señor Grande interpusiera un –planteo de nulidad- contra el secuestro de documentos. [… N]o es claro de qué manera el señor Grande hubiera podido evitar el retraso procesal mediante el referido recurso”. Adicionalmente, destacó que “de lo indicado por el Estado no resulta claro que fuera exigible al señor Grande duplicar un recurso que había sido presentado en el marco del mismo proceso que se seguía contra él y cuyo resultado, como efectivamente sucedió, iba a tener implicaciones respecto de su situación procesal”. Además, la Comisión consideró “que en virtud del principio de estoppel el Estado no estaba facultado para cambiar la posición mantenida en la primera respuesta ante la Comisión”, en que habría reconocido que los recursos internos habían sido agotados de conformidad con los principios del derecho internacional.
64. El representante coincidió con los argumentos expuestos por la Comisión Interamericana con respecto a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos.
Consideraciones de la Corte
65. En cuanto a la interposición de la presente excepción preliminar, esta Corte se remite a lo ya resuelto en la excepción preliminar ratione temporis, respecto del período materia de su competencia, así como lo resuelto en la segunda excepción preliminar, en el sentido de que el Tribunal no conocerá las alegaciones referentes al proceso penal.
66. Asimismo, esta Corte considera innecesario analizar si los recursos disponibles en la jurisdicción interna en relación con el proceso penal fueron agotados o no, siendo que para la fecha en que fue presentada la petición ante la Comisión Interamericana, el 2 de noviembre de 1994, el procedimiento penal ya había culminado, cuatro y diez meses antes, con una decisión de sobreseimiento en favor del señor Grande.
67. Por otra parte, el Tribunal nota que no existe controversia entre las partes en relación con el agotamiento de los recursos internos en lo que concierne al proceso contencioso administrativo, el cual se encuentra dentro del objeto de análisis de esta Corte.
68. Por tanto, el Tribunal considera que no es procedente pronunciarse sobre la presente excepción preliminar, y siendo que los hechos relacionados con las presuntas violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención ocurridas en el proceso contencioso administrativo se encuentran dentro de la competencia de la Corte, éstas serán analizadas en el fondo de la presente Sentencia.
IV
COMPETENCIA
69. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, ya que Argentina es Estado Parte en la Convención desde el 5 de septiembre de 1984 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte esa misma fecha, es decir, el 5 de septiembre de 1984.
V
PRUEBA
70. Con base en lo establecido en el artículo 57 del Reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación , la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales, la declaración pericial rendida mediante affidávit, así como la declaración recibida en la audiencia pública celebrada en el presente caso. Para ello el Tribunal se atendrá a las reglas de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente .
A. Declaración de la presunta víctima y prueba pericial
71. La Corte recibió mediante declaración rendida ante fedatario público (affidávit) la siguiente declaración:
Natalia Sergi, propuesta por el representante, quien rindió peritaje sobre: i) la duración de los procesos penales en Argentina, y ii) la alegada falta de reparación por dichas violaciones a las personas afectadas.
72. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó la declaración de:
Jorge Fernando Grande, propuesto por el representante, quién declaró sobre: i) los alegados hechos del caso; ii) las presuntas violaciones, y iii) las supuestas afectaciones que ha tenido por las presuntas violaciones.
B. Admisión de la prueba documental
73. En este caso, como en otros , el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda.
74. Los representantes remitieron varios documentos junto con los alegatos finales escritos presentados el 15 de junio de 2011 relativos a diversas erogaciones en que incurrieron el representante y la presunta víctima como consecuencia de la celebración de la audiencia pública en el presente caso, y el Estado junto con su escrito remitido el 7 de julio de 2011 presentó varios documentos relacionados con la duración de los procesos penales en Argentina, en razón de que dicha información le fue solicitada por el Tribunal durante la audiencia pública. El Tribunal admite dicha documentación, de conformidad con los artículos 57 y 58 del Reglamento.
C. Admisión de la declaración de la presunta víctima y la prueba pericial
75. La Corte estima pertinente admitir la declaración de la presunta víctima (supra párr. 72), en cuanto se ajuste al objeto definido por el Presidente en la Resolución que ordenó recibirla (supra párr. 8). Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la declaración rendida por la presunta víctima, por tener un interés en el presente caso, no será valorada aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y consecuencias .
76. Por otra parte, en cuanto al dictamen pericial rendido por la señora Natalia Sergi, en sus observaciones el Estado señaló que el informe “carece de los elementos necesarios para ser considerado un peritaje” y excede el objeto de la pericia de acuerdo a la Resolución de la Corte de 15 de abril de 2011. Este Tribunal estima pertinente admitir dicha prueba en cuanto se ajuste al objeto definido por el Presidente en la Resolución que ordenó recibirla (supra párr. 8).
VI
ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
77. En el presente Capítulo la Corte procederá a analizar los hechos en relación con el reclamo indemnizatorio en el procedimiento contencioso administrativo, respecto del cual la Comisión y el representante alegaron las violaciones a las garantías y protección judiciales reconocidas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana.
Alegatos de las Partes
78. La Comisión Interamericana en el apartado de la demanda relativo al proceso contencioso administrativo, señaló que el señor Jorge Grande presentó una demanda de daños y perjuicios contra el Estado para reparar las violaciones procesales ocurridas dentro del proceso penal, con fundamento en que: “1) [h]ubo allanamientos violatorios de una norma constitucional; 2) [s]obre esa base ilegítima se desarrolló un proceso penal durante casi nueve años; 3) [e]se proceso implicó [su] detención y [su] procesamiento por un largo período, [y] 4) [f]inalmente, se [le] sobreseyó definitivamente, tras el reconocimiento de aquella irregularidad”. Además observó que los principales argumentos utilizados durante el proceso contencioso administrativo fueron: a) “la existencia o inexistencia de un error judicial durante el proceso penal al valorar las pruebas, con base en el artículo 1112 del Código Civil, pese a que dicho artículo es más amplio y se refiere a la existencia de cualquier hecho u omisión de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”, y b) “la presunta inactividad procesal del señor Grande”.
79. Al respecto, la Comisión indicó que en el fuero contencioso administrativo el recurso interpuesto por la presunta víctima se “rechazó, sin tomar en cuenta la ilegalidad de la prueba ya decretada en el foro penal, y sin tener en cuenta el lapso prolongado para tomar una decisión en el caso”. Por el contrario, se tomó en especial consideración “la presunta pasividad del señor Grande”, como si la “[o]bligación de impulsar un proceso penal y probar la inocencia [le] correspond[iera] al imputado”, lo cual constituye “un estándar que es inconsistente con las normas de la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana”. La Comisión concluyó que “[p]ese a que el propio Estado, a través de la Cámara Federal de Apelaciones, reconoció que hubo una violación al debido proceso del señor Grande en cuanto a la obtención de la prueba, el Estado no hizo nada para remediar dicha violación, ni a través de una reparación, ni en cuanto a una investigación administrativa disciplinaria para establecer si correspondía sancionar a policías o jueces”. La Comisión no presentó argumentaciones específicas sobre las alegadas violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención en el proceso contencioso administrativo en la audiencia pública ni en los alegatos finales escritos.
80. Por su parte, el representante manifestó que “[l]a sentencia de primera instancia en la jurisdicción contencioso administrativa que decidió a favor de Jorge Fernando Grande sobre la base de que existió un accionar ilegítimo del Estado, aunque luego revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones con el argumento tendente a demostrar que no había existido error judicial, debe ser tenida en cuenta en virtud de que en la misma se hace un claro reconocimiento a un accionar ilegítimo del Estado Nacional”. Adicionalmente, el representante señaló que “[e]l rechazo producido en el recurso interpuesto por el [s]eñor Grande en e[ste] foro fue fundamentado en la inexistencia de un error judicial sin tomar en cuenta [ni] la ilegalidad de la prueba que había sido decretada en el foro penal, [ni] el prolongado lapso habido hasta la toma de una decisión”. Además, reiteró algunas manifestaciones de la Comisión al respecto. Por último, el representante concluyó que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Grande. En la audiencia pública como en los alegatos finales orales reiteró algunos de sus argumentos precedentes, sin referirse concretamente a las alegadas violaciones.
81. Además, el Estado expresó que en el presente caso “entiende que se estaría configurando la denominada doctrina de la cuarta instancia, respecto al proceso contencioso-administrativo” y, al respecto, destacó que “el recurso extraordinario interpuesto … contra la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal fue rechazado por razones técnicas”. Agregó, que la presunta víctima acudió a la Comisión y a la Corte a hacer su reclamo “por la simple inconformidad con lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo”. Para concluir, el Estado indicó que “no se produjo en este caso, ninguna violación al debido proceso ni al acceso a la justicia, pues el señor Grande contó con [la] posibilidad de acceso a recursos idóneos y eficaces, y sin embargo, como quedó demostrado, hizo un mal uso de los mismos pretendiendo a la postre imputárselo al Estado”. Finalmente, indicó que “el señor Grande pretende conseguir una compensación económica bajo el argumento de supuestas violaciones operadas en la sede interna.” En su escrito de alegatos finales, el Estado reiteró algunas de las argumentaciones señaladas anteriormente.
Actuaciones Judiciales en el proceso contencioso administrativo
82. El señor Jorge Fernando Grande presentó en la jurisdicción contenciosa administrativa una demanda de daños y perjuicios en contra del Estado por la responsabilidad de éste por el mal funcionamiento de la administración de justicia, y su proceder irregular e ilegítimo . Al respecto el señor Grande citó que la doctrina aplicable señala que, “en los supuestos de error judicial o anormal funcionamiento de la administración de justicia, la responsabilidad del Estado es […] objetiva y directa,” porque toda resolución judicial debe ser el resultado de la constatación de los hechos sobre los cuales recae la interpretación y aplicación de las normas jurídicas a través de las cuales la situación conflictiva se soluciona. Por tanto, cuando esta interpretación se fundamenta “en una apreciación errónea de los hechos o en una inapropiada subsunción de los mismos en el ordenamiento, forzoso es concluir que el comportamiento del juzgador no es normal”. Por último, solicitó que se le indemnizara por daño material (lucro cesante), daño moral, y gastos de atención psicológica, y reclamó una compensación pecuniaria. Fundamentó su pretensión en los artículos 14, 16, 17 y 100 de la Constitución de la Nación Argentina de 1953, y en los artículos 43, 1078, 1109, 1112 y 1113 y consecutivos del Código Civil, doctrina y jurisprudencia.
83. El 14 de abril de 1992 el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal emitió su sentencia, en la que resolvió hacer a lugar la demanda promovida por el señor Grande, confirmó el accionar ilegítimo del Estado Nacional, y determinó la extensión de los daños y el monto de la reparación, para la cual fijó, en equidad, la cantidad de $150.000.00 (ciento cincuenta mil pesos) como indemnización . En su sentencia, el Juez Federal consideró los siguientes argumentos: a) la declaratoria de nulidad de los allanamientos y de todos aquellos actos que son su consecuencia en el proceso penal, por haberse dado en franca violación a la garantía de la inviolabilidad de domicilio; b) la nulidad, como institución jurídica que solo debe ser aplicable cuando surge en perjuicio concreto para una de las partes imposible de subsanarse de otro modo y que implica enderezar el proceso en beneficio de los encausados; c) que con base en la nulidad decidida, el juez penal ordenó sobreseer definitivamente al actor, respecto de los hechos por los cuales se lo indagó, dejando constancia que la formación del sumario no perjudicó el buen nombre y honor del que gozaba, y d) que habiendo transcurrido ocho años desde la iniciación de la causa, no se advierte la posibilidad de obtener nuevos elementos de prueba.
84. Además, el Juez de Primera Instancia se refirió a la responsabilidad del Estado por actos jurisdiccionales, y señaló que la doctrina ofrece diversas interpretaciones, pero en términos amplios, la responsabilidad del Estado y su correspondiente deber de indemnizar, puede resultar tanto de sus actividades legales como de las ilícitas, pues para su procedencia se requiere únicamente la efectiva existencia de un perjuicio, cuya causa directa e inmediata sea la conducta estatal. La responsabilidad del Estado por sus actos lícitos, que origina perjuicios a sus particulares, se traduce en el derecho a una indemnización plena. Agregó el Juez de Primera Instancia que “no se puede hablar técnicamente de un supuesto de responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional, entendida como la obligación de reparar un daño por un acto propio del Juzgador”, porque en el presente caso la nulidad declarada por la Cámara de lo Federal en lo Criminal y Correccional fue respecto de los actos efectuados por la Policía Federal Argentina sin intervención alguna del Poder Judicial de la Nación. Finalmente, señaló que se trata de una falta en el servicio, entendiéndola como un funcionamiento irregular en la administración de justicia y no un presupuesto de responsabilidad por actos jurisdiccionales y confirmó en la especie un accionar ilegítimo del Estado.
85. La sentencia emitida por el Juez de Primera Instancia fue apelada por ambas partes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal. Los representantes del actor lo hicieron respecto del monto de la compensación fijada (por considerarla exigua) , y los representantes del Estado sobre la procedencia de la acción (sobre el fondo) .
86. El 6 de abril de 1993 la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia, rechazó la demanda y concluyó que la acción reparatoria civil no resulta procedente . Dicha Sala Segunda de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo consideró inicialmente lo concerniente a la apelación presentada por el Estado, la cual fundamentó en que el actor no ha actuado a través de una conducta merecedora de la sanción impuesta, toda vez que la falta del planteo de la nulidad por parte del señor Grande, torna aplicable la doctrina de los actos propios y condiciona la procedencia de la acción reparatoria civil.
87. Asimismo, la Sala Segunda de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo razonó y advirtió que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que quien presta un servicio debe ser responsable de los perjuicios que causare su ejecución irregular, y que si bien esta doctrina ha sido aplicada en supuestos de daños producidos como consecuencia de errores judiciales, sólo cabe admitir la responsabilidad del Estado – Juez, cuando el error judicial es evidente y que, en el presente caso no hay tal característica, pues el señor Grande se benefició de la sentencia que declaró la nulidad de los allanamientos, sin haber planteado este recurso y habiendo sido el resultado de dicha nulidad, el que implicó enderezar el proceso y desechar todos aquellos elementos que adolecen de irregularidades. Este pronunciamiento habría cambiado el criterio del tribunal, al considerar carente de relevancia el consentimiento de quien sufrió el allanamiento, como causa de legitimación para invadir la intimidad de la morada. Por esta razón, no hubo error manifiesto en el procesamiento del actor, más aún cuando el sobreseimiento definitivo se fundó en la imposibilidad de obtener más pruebas. Además, la Sala Segunda de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo sostuvo que el señor Grande no usó todos los recursos legales para obtener remedio inmediato, pues permitió el ingreso de la Policía, y no se pronunció sobre los demás agravios.
88. El señor Jorge Grande presentó un recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Sala Segunda de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por la causal de arbitrariedad y solicitó que se tuviera por interpuesto el recurso extraordinario y que previa la concesión del mismo, se dispusiera la elevación de los autos a la Corte Suprema de Justicia . Para fundamentar el recurso señaló que: a) hay cosa juzgada sobre el hecho de que la causa que origina este juicio se basa en una actuación ilegítima del Estado, y b) los criterios por los que se revoca la sentencia de primera instancia se han aplicado a los supuestos de sometimiento regular a un proceso, pero que ello no puede extenderse a los casos en que ese proceso se haya dado en forma irregular, porque en ese caso se genera responsabilidad automática para el Estado en la medida en que existe un daño y que este razonamiento alcanza también al argumento de la sentencia recurrida, cuando manifiesta que el actor no utilizó todos los recursos legales para obtener remedio inmediato.
89. El 10 de junio de 1993 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió el recurso extraordinario federal, denegándolo y confirmando la sentencia recurrida . El razonamiento para esta denegación fue que no se ha refutado las consideraciones concretas en orden a la evaluación de la causa penal y el derecho aplicable.
90. El señor Grande presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la anterior decisión por la denegación del recurso extraordinario interpuesto . El 12 de abril de 1994 la Corte Suprema de Justicia resolvió denegar la queja , con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación . La decisión fue notificada al señor Grande el 3 de mayo de 1994 .
Consideraciones de la Corte
91. En lo que se refiere al procedimiento contencioso administrativo, el cual se tramitó dentro de la competencia contenciosa del Tribunal, esta Corte observa que el señor Grande interpuso una demanda de daños y perjuicios en la vía contenciosa administrativa para la determinación de sus derechos indemnizatorios, por considerar que hubo un error judicial en su contra, en el cual expuso su reclamos y fue oído por un juez competente. Asimismo, la presunta víctima tuvo la oportunidad de interponer todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna, como se señaló en los párrafos 82 al 90 de la presente Sentencia.
92. La Comisión y el representante alegaron la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en el referido procedimiento contencioso administrativo. Al respecto, la Comisión, para sustentar dicha violación, indicó en términos generales que: a) en el trámite del reclamo indemnizatorio no se tomó en cuenta la ilegalidad de la prueba recabada en el fuero penal ni el lapso prologando para tomar la decisión en la instancia penal, y b) el Estado no hizo nada para remediar la alegada violación del debido proceso en la jurisdicción penal, pese a que reconoció la irregularidad en la vía contencioso administrativa. Por su parte, el representante coincidió con los argumentos expresados por la Comisión, y en especial, señaló que la Sala Segunda de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo no consideró el accionar ilegítimo del Estado respecto a la ilegalidad de la prueba y la duración del proceso penal.
93. Al respecto, el Tribunal observa que ni la Comisión ni el representante presentaron alegatos y hechos específicos y autónomos ocurridos durante la tramitación del reclamo indemnizatorio en la jurisdicción contenciosa administrativa que puedan derivar violaciones al debido proceso y garantías judiciales. En consecuencia, no se demostró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Jorge Fernando Grande.
VII
PUNTOS RESOLUTIVOS
94. Por tanto,
DECLARA:
Por unanimidad, que
1. Admite la primera excepción preliminar, de conformidad con los párrafos 36 al 40 de la presente Sentencia.
2. Admite la segunda excepción preliminar, de conformidad con los párrafos 44 al 61 de la presente Sentencia.
3. No procede pronunciarse sobre la tercera excepción preliminar, de conformidad con los párrafos 65 al 68 de la presente Sentencia.
4. No fue demostrado que el Estado violó los derechos a las garantías y protección judiciales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 91 al 93 de la presente Sentencia.
Y DECIDE:
Por unanimidad,
1. Archivar el expediente.
Redactada en español e inglés, haciendo fe del texto en español, en Bogotá, Colombia, el 31 de agosto de 2011.
Diego García-Sayán
Presidente
Manuel E. Ventura Robles Margarette May Macaulay
Rhadys Abreu Blondet Alberto Pérez Pérez
Eduardo Vio Grossi
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Diego García-Sayán
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario