CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO GUDIEL ÁLVAREZ Y OTROS (“DIARIO MILITAR”) VS. GUATEMALA
SENTENCIA DE 19 DE AGOSTO DE 2013
(Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Gudiel Álvarez y otros,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes jueces :
Diego García-Sayán, Presidente;
Leonardo A. Franco, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza, y
Alberto Pérez Pérez, Juez;
presentes además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve la solicitud de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida por este Tribunal el 20 de noviembre de 2012 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia”), interpuesta el 20 de marzo de 2013 por las representantes de las víctimas (en adelante “las representantes”).
I
SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN
Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
1. El 20 de noviembre de 2012 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 21 de diciembre del mismo año.
2. El 5 de marzo de 2013 la República de Guatemala (en adelante “Guatemala” o “el Estado”) presentó un escrito, mediante el cual “manifest[ó] su postura” de “desacuerdo” frente a la Sentencia. El 20 y 25 de marzo de 2013 las representantes y la Comisión presentaron sus observaciones respecto de dicho escrito estatal, respectivamente.
3. El 20 de marzo de 2013 las representantes presentaron una solicitud de interpretación de la Sentencia “por encontrar contradicciones e imprecisiones relacionadas con el pago de indemnización económica a las víctimas y sus familiares”. En particular, las representantes solicitaron aclaraciones sobre la forma de pago del lucro cesante y del daño inmaterial ordenado en la Sentencia a favor de las víctimas desaparecidas y sus familiares, así como sobre el plazo para pagar las indemnizaciones fijadas en dicha decisión.
4. El 1 de abril de 2013, de conformidad con el artículo 68.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría transmitió la referida solicitud de interpretación al Estado y a la Comisión y les otorgó un plazo hasta el 1 de mayo de 2013 para presentar las alegaciones escritas que estimaran pertinentes.
5. El 30 de abril de 2013 la Comisión y el Estado presentaron sus alegaciones escritas respecto de la referida solicitud de interpretación.
II
COMPETENCIA
6. El artículo 67 de la Convención establece que:
El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
7. De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de la solicitud de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda, el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión, la Corte se integra, en su mayoría, con los jueces que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada por las representantes (supra nota 1).
III
ESCRITO DEL ESTADO DE 5 DE MARZO DE 2013
Y MANIFESTACIONES SIMILARES EN EL
ESCRITO DEL ESTADO DE 30 DE ABRIL DE 2013
8. El Tribunal observa que, dentro del plazo de noventa días establecido en la Convención para la interposición de una solicitud de interpretación, el Estado presentó un escrito “con el fin de hacer constar su desacuerdo con la interpretación que la Corte […] [aplicó] a la reserva que hizo oportunamente al aceptar su competencia contenciosa”, en tanto “los hechos que genera[ron] la controversia en este caso, están fuera del ámbito de competencia temporal de la […] Corte”, por lo cual “no acepta la sentencia pronunciada en el caso del Diario Militar”. En particular, el Estado manifestó: (i) su oposición a la calificación de los hechos en el presente como desaparición forzada, pues conllevaría una aplicación retroactiva de las normas pertinentes; (ii) una alegada imposibilidad de condenar al Estado por el delito de desaparición forzada, en tanto constituye un delito y como tal es cometido por una persona y debe ser determinado por una jurisdicción penal; (iii) su oposición a considerar el delito de desaparición forzada como permanente; (iv) la irrelevancia para la interpretación de la competencia temporal del Tribunal de “que se haya aceptado con anterioridad la competencia de la Corte […] y por tanto de las sentencias dictadas”, así como de la aceptación de responsabilidad realizada por “un agente del Estado” en el presente caso, y (v) su oposición a las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia. Sin embargo, manifestó que “continúa con el compromiso de resarcir a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, ocurridas durante el Conflicto Armado Interno por medio del Programa Nacional de Resarcimiento, siempre que acudan a dicho programa a solicitar su indemnización”. Asimismo, la Corte nota que en su escrito de observaciones de 30 de abril de 2013 (supra párr. 5), el Estado reiteró algunas de las manifestaciones contenidas en el escrito de 5 de marzo de 2013 e indicó que consideraba que “la Sentencia de todas formas no es vinculante para el Estado de Guatemala”.
9. Tanto las representantes como la Comisión manifestaron su oposición a las consideraciones realizadas por el Estado, resaltando, entre otros aspectos, el carácter definitivo e inapelable de las decisiones del Tribunal, la obligación de los Estados de cumplir con dichas decisiones y la competencia de la Corte para ordenar las reparaciones que estime conveniente, conforme a lo establecido en los artículos 63, 67 y 68 de la Convención Americana. En particular, las representantes resaltaron que “[c]ada uno y todos los temas tocados por el Estado fueron resueltos por la Sentencia después de siete años de litigio, durante los cuales el Estado tuvo amplia oportunidad para exponer sus argumentos”, por lo cual “[e]n este momento procesal, […] los argumentos del Estado relacionados con la jurisdicción de la Corte, la responsabilidad estatal por las violaciones cometidas y las reparaciones son inadmisibles”.
10. La Corte considera que los cuestionamientos formulados por el Estado en su escrito de 5 de marzo de 2013 no constituyen una solicitud de interpretación. Si bien el Estado no denominó dicho escrito como tal ni realizó ninguna solicitud en este sentido, el Tribunal estima oportuno recordar que la interpretación de una sentencia no puede abordar y resolver cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales el Tribunal adoptó una decisión definitiva , ni pretender que el Tribunal valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas por éste en su Sentencia . Por otro lado, la Corte también ha señalado que la formulación de situaciones abstractas o hipotéticas no tiene relación alguna con el objeto de una solicitud de interpretación de Sentencia . Asimismo, tal como lo ha dispuesto anteriormente este Tribunal , la interpretación de una sentencia no debe utilizarse como un medio de impugnación, sino únicamente debe tener como objeto desentrañar el sentido de un fallo cuando una de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva .
11. Asimismo, este Tribunal considera, como lo ha hecho anteriormente , que la debida implementación de las medidas de reparación será evaluada durante la etapa de supervisión del cumplimiento de la Sentencia, por lo cual la Corte valorará oportunamente aquella información y observaciones que las partes pudieran presentar al respecto durante dicha etapa.
12. En el marco del procedimiento de interpretación de la Sentencia, corresponde a esta Corte resolver los desacuerdos que sean planteados por las partes respecto al sentido y alcance de la Sentencia. Por tanto, este Tribunal considera que las inconformidades manifestadas por el Estado en su escrito de 5 de marzo de 2013 no se refieren a dudas sobre el sentido y alcance de la Sentencia y, en consecuencia, no son materia de interpretación ni afectan el carácter definitivo e inapelable de la Sentencia. De esta forma, en la presente Sentencia la Corte solamente se pronunciará sobre la solicitud de interpretación presentada por las representantes el 20 de marzo de 2013 (supra párr. 3).
13. Igualmente, las manifestaciones similares del Estado contenidas en su escrito de 30 de abril de 2013 (supra párrs. 5 y 8), no serán abordadas por este Tribunal en esta decisión, en la medida en que no se refieren a dudas sobre el sentido y alcance de la Sentencia ni a las preguntas planteadas por las representantes en su solicitud de interpretación.
IV
ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN
14. Corresponde a la Corte verificar si la solicitud presentada por las representantes cumple con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de Sentencia, a saber, el artículo 67 de la Convención, anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento que dispone, en lo pertinente, que:
1. La solicitud de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de excepciones preliminares, fondo o reparaciones y costas y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en ella, con precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida.
[…]
4. La solicitud de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia.
5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una sentencia.
15. Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.
16. La Corte ha constatado que las representantes remitieron la solicitud de interpretación el 20 de marzo de 2013, dentro del plazo establecido en el artículo 67 de la Convención para la presentación de una solicitud de interpretación de la Sentencia (supra párr. 6), ya que la misma fue notificada el 21 de diciembre de 2012. Por ende, la solicitud resulta admisible en lo que se refiere al plazo de su presentación.
V
ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN
17. A continuación el Tribunal analizará la solicitud de las representantes para determinar si, de acuerdo a la normativa y a los estándares desarrollados en su jurisprudencia, procede aclarar el sentido o alcance de algún punto de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas. La Corte examinará las cuestiones planteadas por las representantes, así como los alegatos presentados por el Estado y la Comisión, respectivamente.
18. La Corte nota que, en su solicitud de interpretación, las representantes solicitaron que se aclarara tres aspectos de la Sentencia relativos a las reparaciones por concepto de daño material e inmaterial: (i) la forma de pago y distribución de las indemnizaciones por ingresos dejados de percibir; (ii) la forma de pago y distribución de las indemnizaciones por daños inmateriales, y (iii) la fecha de vencimiento de la obligación de pagar las indemnizaciones. Este Tribunal procederá a analizar los argumentos presentados por las representantes en el marco de la solicitud de interpretación, se pronunciará sobre la procedencia de los mismos y, en su caso, realizará las aclaraciones que estime pertinentes.
19. Al examinar las dudas planteadas por las representantes, este Tribunal encuentra similitud en las interrogantes formuladas con respecto a dos de los aspectos reseñados supra. En consecuencia, a continuación la Corte examinará los argumentos en el siguiente orden: (A) el plazo para el cumplimiento del pago de las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia, y (B) los criterios de distribución de las indemnizaciones por ingresos dejados de percibir y por daños inmateriales.
A. Plazo para el cumplimiento del pago de las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia
Argumentos de la Comisión y de las partes
20. Las representantes solicitaron al Tribunal aclarar cuál es el plazo para que el Estado efectúe el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la Sentencia, en virtud de plazos diferentes establecidos en los párrafos 367, 384 y 388 de la Sentencia.
21. Al respecto, el Estado señaló que “cada uno de los párrafos de la [S]entencia que […] han comparado [las representantes], se refiere a una indemnización distinta”. No obstante, Guatemala indicó que “si la […] Corte considera prudente aclarar la fecha exacta de cada pago, el Estado no tiene inconveniente alguno, ya que […] el Estado no acepta la [S]entencia […], y ofrece por tanto indemnizar a los peticionarios por medio del Programa Nacional de Resarcimiento”.
22. Por su parte, la Comisión señaló entender que el párrafo 367 se refiere específicamente al daño emergente, por lo cual el plazo establecido para tal pago es el de un año. Sin perjuicio de ello, la Comisión resaltó que “los párrafos 384 y 388 relacionados con la modalidad de cumplimiento de todos los pagos por daño material, inmaterial, costas y gastos, parecieran establecer plazos distintos para los mismos y, por lo tanto, sería procedente una aclaración al respecto”.
Consideraciones de la Corte
23. La Corte observa que las representantes solicitaron una aclaración respecto del plazo establecido en la Sentencia para que el Estado dé cumplimiento al pago de las indemnizaciones fijadas en dicha Sentencia.
24. Al respecto, el Tribunal nota que el párrafo 384 de la Sentencia otorga al Estado un plazo de dos años para efectuar el pago de todas las indemnizaciones establecidas en la Sentencia y el reintegro de costas y gastos a las representantes . No obstante, el Tribunal nota que, efectivamente en los párrafos 367 y 388 de la Sentencia se hace referencia a un plazo de un año para el pago de las indemnizaciones por concepto de daño emergente, en el primero, y todas las indemnizaciones, en el segundo . La Corte considera que, de la lectura de las referidas disposiciones se desprende que las menciones a un plazo de un año en los párrafos 367 y 388 constituyen errores materiales. El Tribunal resalta que el párrafo 384, contenido en el subcapítulo sobre la “modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados”, constituye la disposición específica contenida en la Sentencia respecto al plazo para el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias establecidas en dicha decisión. El propósito principal del párrafo 384 es precisamente establecer dicho plazo, a diferencia de los párrafos 367 y 388 de la Sentencia, donde la referencia a un plazo es incidental, pues dichos párrafos tienen otros objetivos. El propósito del párrafo 367 es la fijación de las indemnizaciones por concepto de daño emergente a favor de las víctimas, mientras que el del párrafo 388 es la entrega de las indemnizaciones establecidas en la Sentencia de forma integral “sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales”.
25. Por tanto, en aplicación del artículo 76 del Reglamento del Tribunal , este Tribunal procede a rectificar las referencias a plazos de un año para el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias en la Sentencia, contenidas en los párrafos 367 y 388. Por consiguiente, se deja establecido con claridad que, para efectuar el pago de las indemnizaciones y el reintegro de costas y gastos, el Estado cuenta con “un plazo de dos años contado a partir de la notificación de la […] Sentencia, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor”.
26. Asimismo, a efectos de la eventual publicación y difusión de la Sentencia, se dispone la remisión a las partes y a la Comisión de una versión corregida de la Sentencia con las rectificaciones pertinentes de los errores materiales constatados. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal recuerda que, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento, la interpretación de una sentencia no suspende su ejecución, por lo cual los plazos dispuestos en la Sentencia deberán contarse a partir de la notificación de la versión original de dicha decisión, es decir, a partir del 21 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que las rectificaciones realizadas no afectan el cumplimiento por parte del Estado de las medidas de reparación allí establecidas.
B. Los criterios de distribución de las indemnizaciones por ingresos dejados de percibir y por daños inmateriales
Argumentos de la Comisión y de las partes
27. Las representantes solicitaron aclaraciones sobre cuatro aspectos del párrafo 364 de la Sentencia, respecto a la distribución de las indemnizaciones ordenadas por concepto de ingresos dejados de percibir a las víctimas de desaparición forzada. En particular, indicaron:
1. [El] literal b del citado párrafo hace referencia “al momento de la muerte” de la víctima de desaparición forzada, [por lo cual] solicita[ron] respetuosamente que la […] Corte aclare si por momento de la muerte debe entenderse la fecha de desaparición forzada consignada en el Diario Militar.
2. [El] literal d se refiere al caso en que el pago corresponda “a sus padres o, en su defecto, a sus hermanos en partes iguales”, solicita[ron] aclaración sobre si ello significa que el eventual pago corresponde a los padres en partes iguales y, en el caso que alguno hubiere fallecido, corresponde al sobreviviente la totalidad del pago. En tal sentido, si ninguno de los padres viviera, solicita[ron] que la […] Corte aclare si el pago corresponde a los hermanos de la víctima en partes iguales.
3. [El] literal e del mismo párrafo, establece “(…) la indemnización deberá ser pagada a los herederos de acuerdo con el derecho sucesorio interno”. Respecto de esta disposición, [alegaron que] no queda claro si se refiere a que para efectos de la distribución del pago deberán utilizarse los criterios que establece la legislación civil guatemalteca o si debe iniciarse un proceso sucesorio en los términos que dicha legislación preceptúa. [De acuerdo a las representantes, ello] es relevante en atención a las implicaciones que generaría el desarrollo de un proceso sucesorio en virtud que esto necesariamente conlleva un costo económico y de tiempo, tiempo que podría superar los plazos establecidos por la Corte. […]
4. Con relación a la aplicación de los citados criterios y para efectos de la eventual distribución de los pagos, [solicitaron que se aclarara si] ¿debe considerarse a los familiares de las víctimas desaparecidas que no fueron identificados durante el litigio del caso ante la Comisión y la Corte? Es decir, [si puede resultar que las indemnizaciones se entreguen a] personas que no fueron nombradas como peticionarios durante el litigio ante la Comisión y reconocidas como víctimas en su condición de familiar en el fallo de la Corte.
28. Asimismo, respecto a las indemnizaciones por daños inmateriales, las representantes consultaron “[q]ué disposición prevalece” entre los párrafos 375 y 385 de la Sentencia, puesto que “encontra[ban] contradicción en cuanto a si deben respeta[r] los criterios establecidos por la Corte, mismos que sitúan al derecho sucesorio interno como última opción, o si por otra parte y en atención a lo contenido en el párrafo 385, debe recurrirse inmediatamente al derecho interno aplicable”. Resaltaron que “los criterios establecidos en la [S]entencia no sólo evitan las cargas que implica un proceso sucesorio sino que, más importante aún, garantizan el respeto del espíritu que motiva al resarcimiento económico”. Asimismo, manifestaron “algunas dudas relacionad[a]s con la eventual distribución de pagos [conforme a los criterios del párrafo 364] si el beneficiario es un familiar que ha fallecido”. En particular, solicitaron que se aclarara “si al aplicar el literal b del párrafo 364 s[e] toma en cuenta [los familiares] que tenía el familiar [víctima] al momento de su muerte aunque fueran distintos de los que tenía al momento de la desaparición de la víctima [de desaparición forzada de quien es familiar]”, y si “debe considerarse a los familiares de las víctimas desaparecidas que no fueron identificados durante el litigio”.
29. El Estado alegó que no era necesario interpretar los puntos indicados por las representantes, en la medida en que “se encuentran en su mayoría regulados dentro del contenido que regula el Código Civil vigente en Guatemala”, pues “se refieren en sí a dudas sobre la aplicación de la normativa interna”. Al respecto, indicó que “no se opone a que la […] Corte interprete lo solicitado”, pero que ello “de ningún modo sustituye lo preceptuado en la legislación interna vigente”, por lo cual “los beneficiarios deben acatar los procedimientos internos si pretenden ser resarcidos”, ya que “es requisito indispensable […] para que cualquier persona pueda recibir una indemnización”. Respecto a la duda de las representantes sobre la aplicación del criterio relativo “al momento de la muerte” de las víctimas desaparecidas, el Estado señaló que “solamente podrá tomar en cuenta lo que el Juez, que declare la muerte presunta de cada persona, decida”. Por otra parte, respecto a los literales d y e del párrafo 364 de la Sentencia, alegó que en “lo relativo a la sucesión hereditaria”, “el Estado se regirá por los preceptos establecidos en la legislación nacional, independientemente del tiempo y los gastos, que llevar a cabo un proceso sucesorio les implique a los beneficiarios”. Asimismo, el Estado “se op[uso] a que se […] considere” “a los familiares de las víctimas desaparecidas que no fueron identificadas durante el litigio del caso ante la Comisión y la Corte”. No obstante, indicó que “las […] personas que pudieran recibir los montos establecidos por la Corte […] son las personas identificadas [en] la [S]entencia, o sus herederos según la normativa interna vigente y debidamente acreditados”. Respecto a las indemnizaciones por daño inmaterial, el Estado alegó entender que la Corte “indica que debe seguirse un proceso sucesorio interno”, sobre lo cual “establec[ió] que no es posible que se realice el pago a herederos sin que antes los mismos sean declarados en esta calidad por medio de los procesos legales establecidos en la legislación”, lo cual “es de carácter obligatorio según la ley y de ninguna manera puede ser sustituido aunque la […] Corte indicara que se les puede dispensar de cumplir con este requisito”.
30. La Comisión señaló que “el literal b) del párrafo 364 de la [S]entencia hace referencia a la muerte de la víctima y, por lo tanto, resultaría consistente con el resto de la [S]entencia una modificación del lenguaje de dicho párrafo por el del inicio de ejecución de la desaparición forzada. Respecto de los literales d) y e), la Comisión estim[ó] útil y relevante una precisión de los aspectos puntuales planteados por l[a]s representantes, a fin de facilitar el cumplimiento expedito de las reparaciones ordenadas”. Respecto a las indemnizaciones por daños inmateriales, la Comisión señaló que, de conformidad con el párrafo 375 de la Sentencia, los criterios para la liquidación del daño inmaterial son los mismos establecidos en el párrafo 364 en lo relativo al daño material. Sin embargo, “corresponde a la Corte valorar si el párrafo 385 afecta dichos criterios y, de ser el caso, aclarar el punto”.
Consideraciones de la Corte
31. La Corte reitera que una solicitud de interpretación debe buscar claridad o precisión de los puntos resolutivos de la sentencia o de consideraciones que inciden en la parte resolutiva del fallo, sin constituir un medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere (supra párr. 10). Asimismo, recuerda que no se puede pedir la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación . De igual manera, por esta vía tampoco se puede intentar que se amplíe el alcance de una medida de reparación ordenada oportunamente .
32. La Corte observa que las representantes plantearon distintas dudas con respecto a la aplicación del párrafo 364 de la Sentencia, para el pago de las indemnizaciones por ingresos dejados de percibir y por daños inmateriales fijadas en la Sentencia, así como de su combinación con el párrafo 385 de la Sentencia. La Corte reitera que abordará conjuntamente las interrogantes sobre estas dos indemnizaciones (ingresos dejados de percibir y daños inmateriales), puesto que considera que las dudas de las representantes sobre los criterios establecidos en la Sentencia para el cumplimiento de ambas indemnizaciones son similares y están relacionadas (supra párr. 19).
33. La Corte nota que en las preguntas formuladas por las representantes subyacen dudas sobre el alcance de lo dispuesto en la Sentencia de fondo, reparaciones y costas, respecto a la distribución de algunas de las indemnizaciones establecidas en dicha decisión. En consecuencia, la Corte considera procedente interpretar el sentido y alcance de los aspectos solicitados por las representantes (infra párr. 36). El Tribunal advierte que dicha interpretación no modifica las medidas de reparación, sino busca aclarar las disposiciones adoptadas por el Tribunal, las cuales la Corte reitera son definitivas e inapelables (supra párrs. 6, 14 y 15).
34. Antes de analizar, de forma específica, las preguntas formuladas por las representantes, la Corte considera pertinente realizar determinadas aclaraciones generales sobre los criterios establecidos en el párrafo 364 de la Sentencia, en el cual se establece lo siguiente:
364. Los montos dispuestos a favor de las personas indicadas anteriormente por concepto de ingresos dejados de percibir, deben ser pagadas a sus familiares en el plazo que la Corte fije para tal efecto (infra párr. 384), de acuerdo con los siguientes criterios:
a) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización se repartirá, por partes iguales, entre los hijos de la víctima. Si uno o varios de los hijos hubieren fallecido ya, la parte que le o les corresponda acrecerá a las de los demás hijos de la misma víctima;
b) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización deberá ser entregada a quien fuera cónyuge, compañero o compañera permanente de la víctima, al momento de la muerte de ésta;
c) en el evento que no existieren familiares en alguna de las categorías definidas en los literales anteriores, lo que hubiere correspondido a los familiares ubicados en esa categoría, acrecerá a la parte que le corresponda a la otra categoría;
d) en el caso de que la víctima no tuviere hijos ni cónyuge ni compañera o compañero permanente, la indemnización del daño material será entregado a sus padres o, en su defecto, a sus hermanos en partes iguales[,] y
e) en el evento que no existieren familiares en alguna o algunas de las categorías definidas en los literales anteriores, la indemnización deberá ser pagada a los herederos de acuerdo con el derecho sucesorio interno.
35. De la lectura de dicha disposición, la Corte constata que en la misma se establecen cuatro supuestos para la distribución de las indemnizaciones otorgadas a nombre de las víctimas desaparecidas, en orden de aplicación alternativo. Es decir, el segundo supuesto sólo debe aplicarse en ausencia del primero, el tercero sólo debe aplicarse en ausencia del primero y el segundo, mientras que el cuarto supuesto, debe aplicarse exclusivamente si no existieran ninguno de los familiares establecidos en los tres supuestos anteriores. De esta forma, en dicha norma se establece que: (i) en primer lugar, las indemnizaciones pertenecientes a las víctimas desaparecidas o fallecidas, deberán entregarse y repartirse entre sus hijos y cónyuge, compañera o compañero en las proporciones ahí establecidas. Si la víctima no tuviera hijos o no hubiera tenido cónyuge, compañera o compañero, el cincuenta por ciento correspondiente a la categoría que no exista “acrecerá a la parte que le corresponda a la otra categoría” que sí exista (literales a, b y c del párrafo 364 de la Sentencia); (ii) en segundo lugar, la Sentencia establece que en el evento de que la víctima desaparecida no hubiera tenido hijos ni cónyuge, compañera o compañero entonces las indemnizaciones establecidas en su nombre en la Sentencia se entregarán y repartirán entre sus padres (primera parte del literal d del párrafo 364); (iii) el tercer supuesto establece que “en […] defecto” de los padres, las indemnizaciones de las víctimas desaparecidas o fallecidas deberá entregarse a los hermanos en partes iguales (última parte del literal d del párrafo 364), y (iv) el cuarto supuesto es aplicable solamente en caso de que la víctima desaparecida o fallecida no hubiera tenido ni hijos, ni cónyuge, compañera o compañero, ni padres ni hermanos, por lo cual entonces debe aplicarse lo que contemple “el derecho sucesorio interno” (literal e del párrafo 364).
36. Una vez realizadas las consideraciones anteriores, este Tribunal procede a examinar las solicitudes específicas de las representantes, teniendo en cuenta las alegaciones del Estado y la Comisión al respecto, en el siguiente orden: (B.1) la aplicación de los párrafos 364, 375 y 385 de la Sentencia; (B.2) los beneficiarios o herederos de las indemnizaciones fijadas en la Sentencia; (B.3) la aplicación del literal “b” del párrafo 364 de la Sentencia; (B.4) la aplicación del literal “d” del párrafo 364 de la Sentencia, y (B.5) el alcance y la aplicación del literal “e” del párrafo 364 de la Sentencia.
B.1) Aplicación de los párrafos 364, 375 y 385 de la Sentencia
37. Primeramente, la Corte procede a interpretar el alcance y sentido de los párrafos 364, 375 y 385 de la Sentencia, en virtud de las dudas planteadas por las representantes sobre su aplicación. Al respecto, este Tribunal considera que la interpretación de dichas disposiciones se encuentra directamente relacionada con las interrogantes de las representantes sobre el universo de personas beneficiarias a quienes corresponde entregar las indemnizaciones establecidas en la Sentencia (supra párrs. 27 y 28). Por tanto, la Corte estima pertinente realizar unas consideraciones generales respecto de las víctimas del presente caso, para luego examinar las preguntas específicas formuladas por las representantes.
38. En este sentido, la Corte hace notar que, de conformidad con la Sentencia, las víctimas del presente caso pueden agruparse, principalmente, en dos grupos: las veintiséis víctimas de desaparición forzada registradas en el “Diario Militar” (también identificadas como “víctimas desaparecidas” a lo largo de la Sentencia) y los familiares de éstas últimas que fueron declarados víctimas, por derecho propio, de los hechos examinados en el presente caso (también identificados como “familiares de las víctimas desaparecidas” a lo largo de la Sentencia). Además de estos dos grupos de personas, también fueron declarados víctimas por derecho propio: una víctima fallecida registrada en el “Diario Militar” (Rudy Gustavo Figueroa) y sus familiares, por el incumplimiento por parte del Estado de investigar efectivamente su muerte, así como Igor y Wendy Santizo Méndez, por el incumplimiento del Estado de investigar efectivamente la alegada detención y tortura cometida en contra de ambos. A efectos de facilitar el análisis de las preguntas formuladas por las representantes, en la presente Sentencia de interpretación la Corte identificará a las víctimas del presente caso en dos grupos: (i) las “víctimas registradas en el Diario Militar” (en el cual se incluyen a las 26 víctimas de desaparición forzada y a Rudy Gustavo Figueroa Muñoz) y los “familiares víctimas” (en el cual se incluyen a los familiares de las víctimas desaparecidas y a los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, que fueron declarados como víctimas por derecho propio en la Sentencia).
39. La Corte considera que está suficientemente claro en la Sentencia, específicamente en los párrafos 217, 222, 267, 281, 282, 291, 292, 302, 308, 312, 318, 325 y el Anexo de dicha decisión, las personas que fueron consideradas víctimas del presente caso por este Tribunal. De conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, las indemnizaciones ordenadas en dicha Sentencia, como medida de reparación, fueron fijadas a favor de las personas declaradas víctimas en dicha decisión. En este sentido, en el referido párrafo 325 se establece que:
El Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a aquellas personas identificadas en el Anexo sobre víctimas de [dicha] Sentencia, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en los Capítulos VIII-1, VIII-2 y VIII-3, serán considerados beneficiarios de las reparaciones que ordene el Tribunal.
40. Asimismo, la Corte resalta que en el presente caso no se aplicó la excepción prevista en el artículo 35.2 del Reglamento de este Tribunal , de forma tal que se puedan incluir a otras personas como víctimas con posterioridad a la emisión de la Sentencia, a diferencia de otros casos resueltos por esta Corte . Por tanto, la Corte resalta que, tal como fue alegado por el Estado, las víctimas del presente caso son exclusivamente aquellas personas declaradas como tales en las partes pertinentes de la Sentencia.
41. De conformidad con lo anterior, las indemnizaciones ordenadas en dicha decisión se fijaron exclusivamente a favor de las víctimas del presente caso, tal como se desprende de los párrafos 325, 363, 367, 371, 373 y 374 de la Sentencia. No obstante, en ausencia de los titulares de dichas indemnizaciones, sea por su desaparición o por su fallecimiento, este Tribunal estableció dos formas de entregar dichas indemnizaciones a sus herederos o derechohabientes.
42. Por un lado, la Corte recuerda que el párrafo 364 establece los criterios a adoptarse para la distribución de las indemnizaciones, por ingresos dejados de percibir, de las víctimas de desaparición forzada establecidas en la Sentencia (supra párr. 34).
43. Asimismo, con respecto a las indemnizaciones establecidas en la Sentencia por concepto de daño inmaterial, este Tribunal estableció en el párrafo 375 de su Sentencia que:
375. […] Los montos dispuestos a favor de las personas desaparecidas o de aquellas víctimas o sus familiares que hubieran fallecido deberán ser liquidadas de acuerdo con los criterios señalados anteriormente (supra párr. 364).
44. Por otro lado, en el párrafo 385 de la Sentencia se lee:
385. En caso de que los beneficiarios hayan fallecido o fallezcan antes de que les sea entregada la indemnización respectiva, ésta se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.
45. En su jurisprudencia constante, al disponer el pago de indemnizaciones a las víctimas fallecidas o desaparecidas forzadamente en aplicación el artículo 63.1 de la Convención, este Tribunal ha dejado establecido la forma en que se deberán entregar esas indemnizaciones a los familiares o herederos . En algunos casos, la Corte ha ordenado que dichas indemnizaciones se distribuyan entre los familiares o herederos de acuerdo a los criterios que establezca el derecho interno aplicable. Sin embargo, en determinados casos este Tribunal ha considerado adecuado establecer en la propia Sentencia los criterios con base en los cuales el Estado debe distribuir las indemnizaciones fijadas a favor de víctimas fallecidas o desaparecidas . Estos criterios no necesariamente coinciden con lo dispuesto en el derecho interno en materia sucesoria, para lo cual la Corte ha ponderado los efectos de sus fallos en función del marco fáctico del caso .
46. Respecto a lo alegado por el Estado, en el sentido de que “debe seguirse un proceso sucesorio interno” independientemente de lo que indique la Corte al respecto (supra párr. 29), el Tribunal recuerda que el artículo 63.1 de la Convención otorga a la Corte Interamericana la facultad de determinar las medidas que permitan reparar las consecuencias de la violación y regular todos sus aspectos . Al disponer las distintas medidas de reparación el Tribunal no se encuentra limitado por el derecho interno del Estado responsable .
47. Cuando la Corte establece criterios de distribución de las indemnizaciones fijadas a favor de personas desaparecidas o fallecidas, es precisamente para evitar, en la medida de lo posible, que los familiares de las víctimas, quienes ya acreditaron su identidad y relación de parentesco ante este Tribunal, tengan que acudir a un proceso sucesorio interno, que pudiera dilatar innecesariamente la entrega de las indemnizaciones fijadas en la Sentencia.
48. En el presente caso, a partir de la información aportada por la Comisión y las representantes que no fue controvertida por el Estado, en la etapa de fondo y reparaciones del presente caso se identificaron a los familiares de las víctimas registradas en el Diario Militar, que a su vez fueron considerados víctimas por derecho propio de ciertas violaciones declaradas en la Sentencia (identificados en esta Sentencia como “familiares víctimas”, supra párr. 38). Por el contrario, en la Sentencia no se individualizaron a las personas a quienes correspondería recibir, en calidad de derechohabientes, las indemnizaciones fijadas en la Sentencia a favor de los “familiares víctimas”. En virtud de lo anterior, la Corte considera que de la lectura conjunta de las tres disposiciones sobre distribución de indemnizaciones se desprende que el párrafo 364 de la Sentencia establece los criterios que debe aplicar el Estado a efectos de entregar las indemnizaciones fijadas en la Sentencia a favor de las víctimas registradas en el Diario Militar (las 26 víctimas de desaparición forzada y Rudy Gustavo Figueroa Muñoz), mientras que las indemnizaciones fijadas a favor de los “familiares víctimas” que hubieran fallecido deberán entregarse “directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable”.
49. Por tanto, esta Corte interpreta que el párrafo 375 de la Sentencia aplica solamente para la distribución de las indemnizaciones inmateriales fijadas a favor de las víctimas registradas en el Diario Militar, y que lo aplicable a los “familiares víctimas” es lo dispuesto en el párrafo 385 de dicha decisión. En consecuencia, se deriva que la referencia a “sus familiares” en el párrafo 375 constituye un error material.
50. Asimismo, la Corte nota que el párrafo 385 utiliza el término “beneficiarios”, por lo cual además de los “familiares víctimas” también abarca a las víctimas registradas en el Diario Militar (supra párr. 44). Al respecto, este Tribunal estima pertinente aclarar que, si bien la disposición establecida en el párrafo 385 de la Sentencia constituye el criterio prevaleciente para la entrega de las indemnizaciones fijadas a favor de los “familiares víctimas”, dicha disposición debe interpretarse como subsidiaria y complementaria a los criterios establecidos en el párrafo 364 de dicha decisión para las víctimas registradas en el Diario Militar, tal como se desprende del literal “e” de dicho párrafo. Por tanto, para la distribución de las indemnizaciones de las víctimas registradas en el Diario Militar se deberán aplicar los criterios establecidos en los literales a, b, c y d del párrafo 364 de la Sentencia, y solamente en caso de que no se hubiera acreditado la existencia de hijos, cónyuge, compañera o compañero, padres o hermanos deberá aplicarse el derecho sucesorio interno (supra párr. 35).
51. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos 26, 48, 49 y 50 supra y conforme al artículo 76 del Reglamento, la Corte considera pertinente rectificar el error material del párrafo 375 de la Sentencia, en los términos expuestos en el presente Fallo, a fin de brindar mayor claridad a lo dispuesto en el mismo y que no se generen futuras confusiones luego de la publicación y difusión de la Sentencia a nivel interno o durante la etapa de supervisión de cumplimiento de la misma.
B.2) Beneficiarios o herederos de las indemnizaciones fijadas en la Sentencia
52. Una vez determinado el sentido y alcance de los párrafos 364, 375 y 385 de la Sentencia, la Corte pasa a pronunciarse sobre las preguntas de las representantes respecto a los beneficiarios o herederos de las indemnizaciones. En este sentido, las representantes consultaron a este Tribunal si, para efectos de la distribución de las indemnizaciones, conforme a los párrafos 364, 375 y 385 de la Sentencia, deben considerarse solamente a los familiares de las víctimas que fueron identificados e individualizados en el proceso o si, por el contrario, deberá tomarse en cuenta a los familiares de las víctimas que no fueron identificados durante el litigio del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
B.2.a) Distribución de las indemnizaciones de los “familiares víctimas”
53. Primeramente, este Tribunal reitera que las indemnizaciones fijadas en la Sentencia fueron ordenadas a favor de las personas declaradas víctimas en dicha decisión. Como se mencionó previamente, dentro de las víctimas se encuentran algunos familiares de las víctimas registradas en el Diario Militar, quienes a su vez fueron declarados víctimas por derecho propio (supra párr. 38). De esta forma, las indemnizaciones establecidas a favor de los “familiares víctimas” les corresponden directamente a ellos, es decir, ellos son los titulares de dichas indemnizaciones. De acuerdo a los párrafos 384 y 385 de la Sentencia, estas indemnizaciones deberán ser entregadas directamente a sus titulares, salvo que hubieran fallecido, en cuyo caso el pago correspondiente se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable (supra párrs. 38, 39, 48 y 49).
54. Ahora bien, la Corte recuerda que en la Sentencia no se identificaron a las personas a quienes correspondería recibir, en calidad de derechohabientes, las indemnizaciones fijadas en la Sentencia a favor de los “familiares víctimas” que hubieren fallecido (supra párr. 48). Por tanto, este Tribunal advierte que efectivamente las indemnizaciones fijadas a favor de los “familiares víctimas” que hubieran fallecido o fallezcan, deberán entregarse a sus derechohabientes en el derecho interno, independientemente de que éstos sean o no víctimas del presente caso.
B.2.b) Distribución de las indemnizaciones de las víctimas registradas en el Diario Militar a sus familiares
55. Por otro lado, respecto de las víctimas registradas en el Diario Militar, la Corte recuerda que deberán aplicarse los criterios establecidos en el párrafo 364 de la Sentencia para la entrega de sus indemnizaciones a sus familiares (supra párrs. 48, 49 y 50). La Corte precisa que los familiares de las víctimas registradas en el Diario Militar que son víctimas por derecho propio de los hechos del presente caso, fueron debidamente identificados durante el procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente ante la Corte, y las violaciones de derechos humanos cometidas en su perjuicio fueron debidamente acreditadas y probadas durante el procedimiento de fondo del presente caso. Como se mencionó previamente, cuando la Corte establece criterios de distribución de las indemnizaciones fijadas a favor de personas desaparecidas o fallecidas, busca facilitar el pago de las indemnizaciones a sus familiares, quienes, en principio, se encuentran identificados en la Sentencia (supra párr. 47).
56. Ahora bien, a partir de lo indicado por las representantes en su solicitud de interpretación, la Corte entiende que posiblemente existen otros familiares de las víctimas registradas en el Diario Militar a quienes correspondería recibir, en calidad de sucesores o herederos, parte de las indemnizaciones establecidas en la Sentencia a favor de las víctimas registradas en el Diario Militar. Este Tribunal considera que la Sentencia, y en particular los párrafos 364 y 385 de la misma, no excluye la posibilidad de que familiares no identificados o acreditados como víctimas del caso, puedan recibir, en calidad de sucesores o herederos, parte de las indemnizaciones establecidas a favor de su familiar registrado en el Diario Militar. Sin embargo, a diferencia de otros casos, en el presente caso el Tribunal no estableció en la Sentencia un mecanismo específico para la determinación de otros posibles familiares de las víctimas registradas en el Diario Militar.
57. Sin perjuicio de ello, la Corte considera que sí se desprende con claridad de la Sentencia que el Estado debe pagar las indemnizaciones ordenadas en dicha decisión a favor de las víctimas registradas en el Diario Militar en el plazo de dos años y en la forma como dispone el párrafo 364. Por tanto, la Corte considera pertinente que, para facilitar que el Estado pueda cumplir con el pago de las indemnizaciones de dichas víctimas en el plazo y forma establecido en la Sentencia, los eventuales familiares de las víctimas registradas en el Diario Militar que no se encuentran identificados en el Anexo de la Sentencia y se encuentren dentro de alguna de las categorías del párrafo 364 de la Sentencia, deberán presentarse a acreditar tal calidad ante la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) o ante la entidad del Poder Ejecutivo que a tal efecto designe el Estado, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de esta decisión. Luego de transcurridos estos treinta días los eventuales familiares tienen un plazo de seis meses para presentarse ante COPREDEH o, de ser el caso, ante la entidad designada por el Estado, con los documentos de identificación pertinentes, documentos oficiales que acrediten su relación de parentesco u otros medios probatorios que acrediten de manera fehaciente su identidad y relación de parentesco con las víctimas del presente caso registradas en el Diario Militar. Si luego de transcurridos esos seis meses, no se han presentado ante las autoridades nacionales competentes otros familiares de las víctimas registradas en el Diario Militar correspondientes a las categorías establecidas en el párrafo 364, el Estado podrá repartir las indemnizaciones establecidas en la Sentencia a favor de las víctimas desaparecidas y de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz entre los familiares identificados en la Sentencia. Respecto de estos últimos, el Tribunal resalta que el Estado no podrá exigir el cumplimiento de requisitos adicionales a nivel interno o la interposición de un procedimiento sucesorio a los “familiares víctimas” ya identificados en la Sentencia, a efectos de la distribución de las indemnizaciones de las víctimas registradas en el Diario Militar (infra párr. 61).
58. Asimismo, la Corte advierte que, a efectos de su participación en la distribución de las indemnizaciones conforme a los criterios establecidos en el párrafo 364 de la Sentencia, el Estado deberá tomar en cuenta lo indicado en el párrafo 372 de la misma, en el sentido de que se deberá asimilar a Laurenta Marina Sosa Calderón como la madre de Orencio Sosa Calderón, pues si bien es su hermana fue quien se hizo cargo de su crianza y cuidado, al morir la madre de ambos, así como que se deberá asimilar a los sobrinos de Rubén Amílcar Farfán como sus hijos, en virtud de que, conforme a la información aportada por las representantes y no controvertida por el Estado, éstos lo consideraban su padre . Si bien dicha asimilación fue expresada por el Tribunal, a efectos de fijar las indemnizaciones inmateriales, la Corte aclara que dichos criterios también deberán tomarse en cuenta a efectos de la participación de dichas personas en la distribución de las indemnizaciones materiales e inmateriales de sus respectivos familiares desaparecidos.
59. Por otra parte, esta Corte reitera y resalta que la identificación y acreditación de otros familiares no otorga a estos posibles sucesores o herederos de las víctimas registradas en el Diario Militar, el carácter de víctimas del presente caso, a efectos de las reparaciones establecidas en la Sentencia. Sin embargo, el Tribunal hace notar que ello no precluye la posibilidad de que tales personas interpongan las acciones que estimen les correspondan a nivel interno en relación con los hechos del presente caso.
60. La Corte nota que el Estado alegó que “no hay forma que se pueda resarcir a los beneficiarios sin que acrediten su derecho a recibirlo”, cumpliendo con “todos los requisitos que establece la legislación” interna a tal efecto. Sin embargo, al mismo tiempo Guatemala indicó que “[s]i se trata del beneficiario establecido en la [S]entencia, debe identificarse conforme a la ley y si se trata de herederos por haber fallecido, los beneficiarios establecidos, deben acreditar su calidad de herederos en observancia de lo que la legislación interna estipula”. En virtud de lo anterior, para esta Corte no es claro si lo alegado por el Estado, respecto a la necesidad de cumplir con los requisitos de la legislación interna para recibir las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia, abarca a las víctimas del presente caso o si dichos alegatos se referían a otros posibles herederos de las víctimas que no fueron identificados o individualizados en la Sentencia.
61. No obstante lo anterior, la Corte estima pertinente precisar que la determinación de las víctimas beneficiarias de las reparaciones establecidas en la Sentencia, fue realizada al momento de dictar la Sentencia, con base en lo alegado por los intervinientes en el caso y el acervo probatorio aportado al proceso, a la luz de la normativa de la Convención Americana y los principios que la informan. En consecuencia, esa determinación no puede ser modificada por el Estado invocando disposiciones de su derecho interno . En razón de ello, la Corte advierte que, en el ámbito interno no puede exigirse prueba adicional de su condición de víctimas o familiares de las víctimas desaparecidas o beneficiarias de las reparaciones a personas que ya han sido expresamente declaradas como tales por la Corte en la Sentencia, pues esto implicaría reabrir cuestiones de hecho y de derecho ya decididas en la misma . La Corte reitera que la obligación de reparar se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, y no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello disposiciones o dificultades de su derecho interno .
62. Por otro lado, respecto de los posibles familiares adicionales de las víctimas registradas en el Diario Militar, el Tribunal considera que, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 57 supra, el Estado tiene cierto margen de discrecionalidad en cuanto a los demás aspectos sobre la determinación de los otros posibles familiares de las víctimas registradas en el Diario Militar, a efectos de entregarles las proporciones de las indemnizaciones que les correspondan (supra párr. 34 y 35), en su calidad de herederos o sucesores. La Corte toma nota de lo alegado por el Estado, en el sentido de que “se regirá por los preceptos establecidos en la legislación nacional, independientemente del tiempo y los gastos, que llevar a cabo un proceso sucesorio les implique a los beneficiarios” (supra párr. 29). Al respecto, advierte que el cumplimiento efectivo de los pagos ordenados en la Sentencia en el plazo de dos años es una obligación del Estado, y este no puede por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida . Además, la Corte recuerda que, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 383 de la Sentencia, “en el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la presente Sentencia, [la Corte] podrá disponer que el Estado reembolse a las víctimas o sus representantes los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal”. Por esta razón, como lo ha resaltado en otros casos , incumbe al Estado la obligación de aplicar los mecanismos que resulten idóneos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de la manera más expedita y eficiente, en las condiciones y dentro del plazo establecido en la Sentencia y, particularmente, de adoptar las medidas adecuadas para asegurar que la indemnizaciones fijadas a favor de las víctimas registradas en el Diario Militar sean entregadas, conforme a los criterios de distribución establecido en el párrafo 364 de la Sentencia y en el plazo de dos años establecido en el párrafo 384 de la misma decisión.
B.3) Aplicación del literal “b” del párrafo 364 de la Sentencia
63. Este Tribunal observa que las representantes consultaron cómo debe interpretarse la expresión “al momento de la muerte”, en el literal “b” del párrafo 364, respecto de las víctimas desaparecidas.
64. Al respecto, la Corte constata que en su Sentencia fue clara y reiterativa en cuanto a que la desaparición forzada de personas, en tanto un fenómeno complejo de violación de derechos humanos, es de carácter continuado o permanente, en el sentido de que inicia con la privación de libertad de la víctimas y continúa cometiéndose hasta tanto se conozca el paradero de la víctima o, de ser el caso, se identifiquen fehacientemente sus restos, momento en el cual puede considerarse finalmente que cesó la violación. Este carácter continuado o permanente de la desaparición forzada ha sido reconocido en el artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como en otros instrumentos internacionales, la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, decisiones del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y decisiones de altos tribunales nacionales . En este sentido, en el párrafo 191 de la Sentencia se establece claramente que “[e]n su jurisprudencia desde 1988, la Corte ha establecido el carácter permanente o continuado de la desaparición forzada de personas, el cual ha sido reconocido de manera reiterada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” . Asimismo, en el párrafo 195 de la Sentencia se reitera que “la naturaleza permanente de la desaparición forzada implica que la misma permanece hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida y se determine con certeza su identidad”, por lo cual “aún no ha cesado [la] desaparición forzada [con respecto a 24 de las víctimas desaparecidas], puesto que hasta la fecha se desconoce el paradero o destino de las mismas” . En el mismo sentido, en los párrafos 206 y 207 de la Sentencia se aclara que, si bien el Diario Militar aparentemente registra la ejecución de 17 de las 26 víctimas desaparecidas en el presente caso, en casos de desaparición forzada en que existan indicios de que la víctima ha fallecido, la determinación de si se ha configurado dicho fenómeno y la cesación del mismo, en su caso, implica, necesariamente, ubicar los restos y establecer de la manera más fehaciente su identidad, siendo que mientras los restos no sean identificados, la desaparición forzada sigue ejecutándose .
65. No obstante el carácter continuado de la desaparición forzada, la Corte considera que una lectura razonable de la Sentencia deriva en que el cónyuge, compañera o compañera a quien le corresponde heredar parte de las indemnizaciones fijadas en la Sentencia a favor de las víctimas desaparecidas, se refiere a aquel o aquella que tuviera la víctima al inicio de su desaparición forzada. Por tanto, la Corte advierte que la frase “al momento de la muerte” en el literal “b” del párrafo 364 de la Sentencia, incurre en una omisión material al no precisar que, respecto de las víctimas desaparecidas, el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización deberá ser entregada a quien fuera cónyuge, compañero o compañera permanente de la víctima, al inicio de su desaparición. En aplicación del artículo 76 del Reglamento y tomando en cuenta lo dispuesto en el párrafo 26 supra, este Tribunal estima pertinente rectificar dicha omisión material en la Sentencia. Asimismo, la Corte advierte que deberá tomarse como fecha de inicio de la desaparición forzada de las 26 víctimas desaparecidas las fechas establecidas en este sentido en los hechos probados de la Sentencia.
66. La Corte nota que el Estado alegó que “la legislación guatemalteca establece el procedimiento mediante el cual ha de determinarse la fecha de muerte de una persona desaparecida”, por lo cual independiente de lo que se interpretara “el Estado solamente podrá tomar en cuenta lo que el Juez, que declare la muerte presunta de cada persona, decida” (supra párr. 29). Al respecto, el Tribunal reitera que la obligación de reparar se regula en todos los aspectos por el Derecho Internacional, por lo cual no puede ser modificada o incumplida por el Estado invocando para ello su derecho interno (supra párr. 61).
B.4) Aplicación del literal “d” del párrafo 364 de la Sentencia
67. La Corte observa que las representantes consultaron sobre la forma de distribución de las indemnizaciones de las víctimas desaparecidas, en el supuesto de que deban entregarse a los padres y hermanos de dichas víctimas. Al respecto, la Corte considera que, de la lectura del literal “d” del citado párrafo 364 se desprende que, en el supuesto que deba entregarse la indemnización fijada a favor de las víctimas registradas en el Diario Militar a sus padres, ésta deberá repartirse en partes iguales entre ambos padres. Igualmente, conforme a su jurisprudencia, el Tribunal interpreta que si uno de los padres hubiere fallecido deberá entregarse la totalidad de la indemnización al padre o madre sobreviviente . En ausencia de ambos padres, entonces se aplicaría el tercer supuesto establecido en el párrafo 364 de la Sentencia, bajo el cual se entregaría la indemnización fijada a favor de la víctima registrada en el Diario Militar a sus hermanos en partes iguales (supra párr. 35).
B.5) Alcance y aplicación del literal “e” del párrafo 364 de la Sentencia
68. Por otra parte, la Corte observa que las representantes consultaron cuestiones específicas relativas a la eventual aplicación del literal “e” del párrafo 364 de la Sentencia. En particular, consultaron si la referencia al derecho sucesorio interno en dicho supuesto “se refiere a que para efectos de la distribución del pago deberán utilizarse los criterios que establece la legislación civil guatemalteca o si debe iniciarse un proceso sucesorio en los términos que dicha legislación preceptúa” (supra párr. 27). Este Tribunal reitera que la aplicación del derecho sucesorio interno, para la distribución de las indemnizaciones de las víctimas registradas en el Diario Militar, representa la última alternativa luego de agotar los demás supuestos establecidos en dicho párrafo (supra párr. 35). No obstante, este Tribunal nota que la referencia al derecho interno en el literal “e” del párrafo 364 no lo limita a los criterios de distribución del derecho sucesorio interno, sino que remite a que se reparta la indemnización de acuerdo con dicha rama del derecho, lo cual incluye los requisitos de forma y procedimiento que sean exigibles. Por tanto, sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 57, 58 y 61 supra, en los casos en que deba aplicarse dicho supuesto, se deberán cumplir los requisitos que para tal efecto prevea la legislación interna, como lo ha dispuesto esta Corte en otros casos .
VI
PUNTOS RESOLUTIVOS
69. Por tanto,
LA CORTE
de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 31.3 y 68 del Reglamento,
DECIDE:
Por unanimidad,
1. Declarar que el escrito del Estado de 5 de marzo de 2013 y las manifestaciones similares, contenidas en el escrito del Estado de 30 de abril de 2013, no constituyen una solicitud de interpretación, ni afectan el carácter definitivo e inapelable de la Sentencia en el presente caso, de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana.
2. Declarar admisible la solicitud de interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en el caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala interpuesta por las representantes de las víctimas.
3. Rectificar los errores materiales contenidos en los párrafos 367 y 388 de la Sentencia, respecto del plazo para el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias ordenadas en la Sentencia, así como en el literal “b” del párrafo 364 y en el párrafo 375, sobre los beneficiarios y la forma de distribución de las indemnizaciones fijadas en la Sentencia, a efectos de que reflejan las rectificaciones realizadas en los párrafos 24 al 26, 48 al 51 y 65.
4. Precisar por vía de interpretación el sentido y el alcance de lo dispuesto en los párrafos 364, 375 y 385 de la Sentencia, respecto a los criterios de distribución y beneficiarios de las indemnizaciones fijadas en la Sentencia, en los términos de los párrafos 31 al 51, 53 a 62, 65, 67 y 68 de la presente Sentencia de Interpretación.
5. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia a la República de Guatemala, a las representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 19 de agosto de 2013.
Diego García-Sayán
Presidente
Leonardo A. Franco Margarette May Macaulay
Rhadys Abreu Blondet Alberto Pérez Pérez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Diego García-Sayán
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario